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EL GARAGE – Consejería en salud en VIH, SIDA e ITS.
La diputada nacional Marina Salzmann cruzó al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por exigir al gobierno nacional el traspaso de la Autopista Presidente Perón desestimando las rutas provinciales como la 40.
«Los bonaerenses necesitamos que se termine la ruta provincial 40 que está en muy mal estado y se ha vuelto peligrosa para quienes la transitamos», dijo Salzmann, una diputada de Sergio Massa. «Si no hay recursos para terminar las rutas provinciales ¿De dónde van a salir los recursos para la autopista Presidente Perón?», escribió en las redes.
En las últimas horas, Katopodis reiteró al gobierno libertario el reclamo por el traspaso a la provincia de la Autopista Presidente Perón. El ministro sostiene que la obra estaba cerca de finalizarse, pero el gobierno de Javier Milei la frenó hace casi 3 años.
La autopista Perón es el tercer anillo de circunvalación del AMBA. El primero es la General Paz y el segundo es la ruta 4. Su traza de la autopista comprende 83 kilómetros en total. Inicia en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta 7 y baja hacia el sudoeste para alcanzar la Ruta 2, en La Plata.
En el tramo inicial faltan terminar unos 5 kilómetros entre Camino del Buen Ayre y Merlo. En tanto, el tramo final -entre Guernica y La Plata- comprende unos 25 kilómetros que quedarán para otra gestión.
La autopista Presidente Perón en Merlo.
Más allá de los fondos, la obra presenta problemas de expropiaciones. Tanto en Merlo, como en Guernica hay viviendas sobre la traza.
La autopista está transitable en casi todos sus tramos, pero sin iluminación, sin colectoras y sin control de seguridad vial. Todo genera un escenario ideal para el delito. En los últimos años, la autovía se fue transformando en un corredor vinculado al narcotráfico y al narcomenudeo.
Sin iluminación y sin controles, en jefes criminales se instalaron en las inmediaciones de la autovía. Compraron terrenos baratos y construyeron casas tapiadas. Hicieron sus propios accesos de la autopista a sus viviendas. Hay un motivo para esas inversiones: en la traza de la Presidente Perón están instaladas varias cárceles de seguridad.
Hace dos semanas, Salzmann presentó en el Congreso un pedido de informes al Ejecutivo Nacional, para saber en qué estado está la obra de la autopista, si existe un plan de mantenimiento y plazos para terminarla.
En cuanto a la ruta provincial 40, la construcción de la doble mano es una deuda histórica. Tanto Daniel Scioli como María Eugenia Vidal habían prometidos las obras, pero nunca avanzaron.
Durante el gobierno de Kicillof la obra comenzó y tuvo importantes avances sobre todo en el distrito de Marcos Paz. Sin embargo, siete años después aún no está terminada y en el distrito de Merlo los avances son prácticamente nulos.
«Hay tramos muy deteriorados, baches que no se arreglan y ya representa un peligro para quienes la transitan», dicen desde el massismo. «La Autopista Presidente Perón es una obra frenada por el gobierno nacional y la provincia debería priorizar el mantenimiento y finalización de sus rutas, para que sean un lugar de tránsito seguro y mejoren la conectividad», agregan.
Se llevó a cabo una nueva reunión del Ente Patagonia Argentina en la que se sentaron las bases para un trabajo conjunto entre todas las provincias a fin de reactivar el turismo internacional. El objetivo de este encuentro, que fue solicitado por representantes de operadores receptivos mayoristas de Buenos Aires, fue consensuar las condiciones que…
El lunes aterrizó Kristalina Georgieva en Buenos Aires para reunirse con Javier Milei en Casa Rosada. Fue el primer encuentro entre la directora del FMI y el Presidente argentino en diez meses. Hoy voló a Neuquén con el presidente de YPF, Horacio Marín, para recorrer Vaca Muerta. La escena es elocuente por lo que muestra y por lo que oculta: la autoridad del mayor acreedor de la Argentina caminando sobre el yacimiento que el Gobierno exhibe como prueba de que la restricción externa ya tiene solución. Pero detrás de la imagen hay una pregunta que ninguna recorrida oficial va a responder: ¿alcanza la renta de Vaca Muerta para pagar una deuda de esta escala con el Fondo, o se está usando ese activo estratégico para financiar, otra vez, el corto plazo político a costa de la soberanía sobre los recursos que lo generan?
La visita no ocurre en el vacío: coincide con la discusión de un nuevo proyecto para derogar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales —hoy sostenida solo por una cautelar judicial mientras la Corte Suprema decide su suerte— y con la aplicación de una versión ampliada del RIGI —el Súper RIGI— que extiende a nuevas industrias los mismos treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria que ya rigen para los proyectos de Vaca Muerta. No son dos agendas paralelas: es la misma agenda. Mientras se discute quién puede ser dueño de la tierra sobre la que se asientan los yacimientos, se profundiza el régimen que blinda por tres décadas la renta que esos yacimientos producen.
El resultado combinado de ambas reformas parte de un mismo diseño: condiciones cada vez más favorables para que capitales extranjeros se apropien de recursos naturales estratégicos y extraigan de ellos rentas extraordinarias.
Esa continuidad se vuelve todavía más nítida en la agenda privada de Georgieva. Además de sus encuentros con Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili, la directora del Fondo cenó el lunes por la noche con la cúpula empresarial argentina en el Palacio Duhau. Estuvieron Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Strategic Advisor) y Catalina Cascio (Ferrosider).
No es un detalle protocolar: se trata de la cúpula corporativa a la que el propio Banco Central señaló como contraparte directa de la fuga de capitales financiada por el FMI en 2018.
Durante la cena, Georgieva puso hincapié en profundizar las reformas destinadas a expandir el crédito privado, impulsar el desarrollo del mercado de capitales, avanzar en las concesiones de infraestructura y mantener el rumbo del proceso de desregulación económica. También tuvo tiempo para repasar un poco de historia: les consultó a los contertulios sobre los motivos detrás de la caída del régimen de convertibilidad. Los empresarios dieron sus interpretaciones: la devaluación brasileña de 1999, el empeoramiento del escenario internacional y los desequilibrios macroeconómicos que terminaron derivando en la crisis de 2001.
Tocata y fuga
Según el informe del BCRA de 2020, la formación de activos externos del sector privado entre mayo de 2018 y octubre de 2019 alcanzó 45.100 millones de dólares —una cifra casi calcada a los 44.500 millones que el Fondo desembolsó en ese mismo período—, y en el ciclo completo 2015-2019 esa fuga superó los USD 86 mil millones. El BCRA documentó, además, su grado de concentración: apenas cien agentes económicos explicaron 24.679 millones de esa salida, y el 1% de las empresas concentró la mayor parte de la formación de activos externos de personas jurídicas. Estos números dan cuenta de que la deuda que hoy asfixia al Estado no financió, en 2018, una expansión de la economía real: financió, dólar por dólar, una fuga de capitales de un puñado de grandes actores privados.
Que Georgieva se siente a cenar, ocho años después, con figuras clave que pertenecen al mismo universo corporativo que se benefició de manera directa de aquella fuga financiada con crédito del organismo que ella dirige, cierra el círculo de un mismo patrón: el Fondo presta, una porción sustancial de ese crédito termina afuera del país en manos de un puñado de grandes actores privados, y la cuenta de la deuda queda en las manos del pueblo argentino.
La escala del problema no es un detalle retórico: es lo que separa una discusión de política económica de un simple episodio protocolar. En setenta años de vínculo bilateral, un director gerente del FMI pisó suelo argentino cuatro veces, y las tres visitas anteriores comparten un patrón inequívoco. Horst Köhler llegó en 2003, en plena crisis de deuda, para presionar a un Kirchner recién asumido. Rodrigo Rato aterrizó en agosto de 2004 por apenas diez horas, custodiado por la policía, para exigir un acuerdo que la Argentina terminó rechazando. Christine Lagarde estuvo en marzo de 2018, en el marco del G20, semanas antes de que el país cerrará el mayor préstamo de la historia del organismo —el mismo episodio en el que Macri, para instalar confianza sobre la negociación en curso, invitó a los argentinos a «enamorarse» de la titular del Fondo—. Ese romance terminó en la exposición más alta jamás sostenida por un país miembro del FMI. Que Georgieva repita hoy ese mismo gesto, con un gobierno otra vez alineado, siendo un acreedor seniority por representar un 34% de la deuda del FMI entre todos los países del mundo, no es protocolo: es la prueba de que el Fondo nunca visitó la Argentina para auditar cuentas, sino para bendecir gobiernos en medio de crisis de financiamiento.
La cuenta que no cierra: superávit energético versus stock de deuda
Vaca Muerta va a «pagar la deuda». Esa es la muletilla del discurso oficial. Los números, tomados de las fuentes oficiales, obligan a matizarlo. En 2025 la balanza energética argentina cerró con un superávit récord de 7.815 millones de dólares, el más alto de la historia impulsado por exportaciones de combustibles y energía por 11.086 millones. En el primer semestre de 2026 ese superávit ya alcanzó unos 6.987 millones, un salto interanual de casi 62%, y las proyecciones del sector para el año completo rondan los 12.500 millones.
Son cifras notables. Pero al compararlas con la exposición vigente, se ve que Argentina le debe hoy al FMI el equivalente al 1.311% de su cuota, unos 57 mil millones de dólares de capital. No el doble ni el triple del límite normal, sino más de seis veces el techo acumulado que rige en este mismo momento para cualquier otro país miembro.
Traducido a dólares, el tramo que excede los parámetros normales de acceso vigentes al momento de cada desembolso se ubica en 37.800 millones de dólares. No es un matiz menor: representa entre la mitad y las dos terceras partes de toda la deuda que la Argentina mantiene hoy con el organismo.
Si se destinara la totalidad del superávit energético anual —sin un solo dólar para importaciones, salarios, inversión o cualquier otro uso— a cancelar exclusivamente ese stock, con las proyecciones más optimistas de YPF para 2026 se necesitarían más de cuatro años solo para cubrir el capital, sin contar intereses, sobrecargos, ni el resto de los vencimientos de deuda pública que la Argentina también enfrenta en dólares. Y esa cuenta ni siquiera contempla que buena parte de esa renta energética no queda enteramente disponible para el fisco: una porción se destina a las regalías provinciales, otra a la rentabilidad de las empresas —muchas de ellas extranjeras— que operan bajo el régimen de estabilidad de treinta años.
Vaca Muerta puede ser, con el tiempo, una fuente relevante de divisas. Lo que no puede ser, con esta escala de deuda, es la solución por sí sola. Confundir un superávit sectorial —por más récord que sea— con la capacidad de repago de una exposición trece veces superior a la cuota es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una forma de demorar la discusión de fondo: qué parte de esa deuda es técnica, qué parte es un excedente de naturaleza política y qué instrumentos legales existen para tratarla como corresponde.
Un gesto político, no un dictamen técnico
En abril de 2025, durante las Reuniones de Primavera del FMI en Washington, la directora gerente advirtió que resultaba «importante» que la Argentina no «descarrilara» su rumbo de cambio de cara a las elecciones legislativas de octubre, sugiriendo que un resultado favorable a la oposición peronista implicaría, de manera casi automática, un salto en el tipo de cambio o una corrida sobre las reservas. El episodio no quedó en la declaración: minutos después, en el mismo panel, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le obsequió un prendedor con forma de motosierra, que Georgieva aceptó y se colocó en la solapa ante las cámaras. La oposición calificó la intervención de Georgieva de intromisión electoral y el propio organismo debió aclarar al día siguiente, que el mensaje estaba dirigido al Gobierno y no al electorado.
Ayer, al mismo tiempo que Georgieva aterrizaba en Buenos Aires, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley del bloque de diputados de Unión por la Patria para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso. La propuesta, avalada por quince diputados del principal bloque opositor, hace foco además en las asimetrías institucionales y contradicciones como las que se presentan entre la directora que interviene políticamente en un proceso electoral doméstico y el propio staff técnico que viene señalando el incumplimiento de la meta de superávit primario y la insuficiencia de reservas. La alerta es clara: el FMI opera, al mismo tiempo, como acreedor, como auditor de sus propios programas y como actor con intereses geopolíticos explícitos, cuya conducción no es ajena al resultado de los procesos electorales de sus principales deudores.
Se trata de la misma lógica de discrecionalidad política —aplicada ahora al plano de la comunicación y la campaña— que en 2018 permitió aprobar un programa por fuera de los criterios técnicos de sostenibilidad. La corresponsabilidad que reclama el proyecto no es sólo jurídica: es también política, y empieza por reconocer que las decisiones del Fondo sobre la Argentina nunca fueron, ni son hoy, puramente técnicas. Son profundamente políticas.
Un patrón que se repite: desembolsos que llegan cuando la política los necesita
El caso argentino ofrece, además, una serie temporal que resulta difícil de leer como pura coincidencia técnica. El préstamo de 2018 se cerró bajo un gobierno de Cambiemos en pleno año electoral legislativo, con Lagarde elogiando en Bali «la disciplina» fiscal de Macri semanas antes de los comicios de octubre. Siete años después, en 2025, el patrón se repitió: el Fondo desembolsó 14 mil millones de dólares en abril, en el tramo final de una negociación que incluyó un viaje de Milei y Caputo a Mar-a-Lago para conseguir el respaldo público de Donald Trump, y Georgieva llegó a declarar sobre un desembolso inicial más alto que el gobierno argentino se “había ganado” por su desempeño.
En 2025, previo a las elecciones legislativas, el Tesoro de Estados Unidos anunció un swap de monedas con el Banco Central por otros 20 mil millones, y el propio Trump condicionó públicamente ese respaldo al resultado electoral del oficialismo, en una frase que generó un desplome inmediato de los mercados argentinos. Bloomberg tituló, sin medias tintas, que el FMI respaldaba la ayuda de Washington a la Argentina antes de esos comicios.
La nueva arquitectura de endeudamiento: cuando el prestamista es también el padrino político
Lo que ocurrió en 2025 agrega, además, una capa novedosa y que vuelve más urgente su lógica: la aparición del Tesoro de Estados Unidos como actor de financiamiento directo, por fuera del propio FMI. El swap de 20 mil millones de dólares anunciado por la administración Trump no es un crédito del organismo multilateral: es una línea bilateral del Tesoro norteamericano, activada en medio de una corrida cambiaria y explícitamente atada, según las propias palabras del presidente estadounidense, al resultado electoral.
En apenas veinte meses de gestión, el Gobierno acumuló préstamos por 20 mil millones con el FMI, otros 12 mil millones con el Banco Mundial, USD 10 mil millones con el BID y montos adicionales con la Corporación Andina de Fomento, además de esa línea del Tesoro estadounidense.
Esta arquitectura combinada —FMI, banca multilateral y ahora también el Tesoro de un país miembro actuando directamente como prestamista de última instancia— desdibuja todavía más la frontera entre asistencia técnica y respaldo político-electoral. El propio FMI reconoció el peso de esa variable: su directora llegó a admitir que el respaldo de la Casa Blanca resulta clave para destrabar desembolsos, y la sintonía personal entre Milei y Trump se volvió, en los hechos, una variable tan relevante para el programa económico como el cumplimiento de las metas fiscales.
Es exactamente el escenario que la doctrina de corresponsabilidad busca nombrar y ordenar: si el financiamiento externo de la Argentina depende, en última instancia, de alineamientos geopolíticos y ciclos electorales antes que de criterios técnicos verificables, entonces la salida de esa dependencia no puede limitarse a pedirle prolijidad al Fondo.
Una deuda política necesita una solución política
La discusión que busca llevar al Congreso el bloque de Unión por la Patria apunta a darle un techo legal a la deuda, control parlamentario obligatorio y una negociación explícitamente política para la porción de deuda generada no por un cálculo técnico, sino por un que un ciclo político.
El planteo central del proyecto de ley puede resumirse en una sola idea, tan simple como incómoda: hay que distinguir lo que se debe pagar siempre —la cuota, el crédito ordinario— de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas —el excedente que, en el caso argentino, representa la enorme mayoría de la deuda—.
Si el origen de ese excedente fue una decisión política —del Directorio del Fondo, que aprobó en 2018 el mayor préstamo de la historia del organismo pese a que la propia evaluación técnica dudaba de su sostenibilidad, y del gobierno argentino, que lo tramitó incumpliendo sus propios procedimientos institucionales—, entonces su resolución no puede ser exclusivamente técnica. Necesita una negociación política con objetivos políticos: un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento de la economía argentina, que no descargue el ajuste sobre la distribución del ingreso de las y los argentinos.
Durante este jueves se procedió a la colocación de dos decrementadores (segunderos) en los pescantes de los semáforos de calle Cipolletti y Yapeyú para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. El Intendente Marcelo Orazi y el Director de Tránsito Mario Figueroa estuvieron presentes durante la colocación de estos dispositivos. Los decrementadores contienen…
‘Las Perlas’ se consagró campeón de la Liga de Fútbol Femenino, cuyas instancias finales se desarrollaron el domingo. Inter se quedó con el segundo puesto y Botineras completó el podio tras derrotar a Fem. Matadero en el partido por el tercer lugar. Además del campeonato, ‘Las Perlas’ se quedó con los reconocimientos a Julieta Salto…
La Universidad de Buenos Aires nació hace más de dos siglos como una institución destinada a formar profesionales, pero con el paso del tiempo se convirtió en uno de los grandes símbolos del conocimiento público argentino. De sus aulas surgieron cinco premios Nobel, científicos reconocidos internacionalmente, referentes culturales y miles de profesionales que transformaron la vida del país. Su historia también es la historia de una discusión permanente: el valor de una educación pública que busca que el acceso al conocimiento no dependa del origen social.
Por Redacción de NLI
Hay instituciones que forman parte de la identidad de un país más allá de sus edificios y sus autoridades. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una de ellas. Desde su creación en 1821, atravesó guerras, crisis económicas, golpes de Estado, reformas políticas y transformaciones sociales, pero mantuvo una característica que marcó profundamente la historia argentina: la idea de que el conocimiento superior podía ser una herramienta de ascenso social y desarrollo nacional.
Durante más de dos siglos, la UBA se convirtió en una de las universidades más importantes de América Latina y en una de las pocas instituciones públicas de la región con reconocimiento global. Su prestigio no surgió únicamente de sus rankings internacionales, sino de una producción científica, cultural y profesional que tuvo impacto concreto dentro y fuera del país.
Por sus aulas pasaron presidentes, escritores, científicos, médicos, abogados, economistas, artistas y trabajadores que encontraron en la educación pública una posibilidad que, de otro modo, hubiera sido inaccesible.
La historia de la UBA es también una historia sobre el papel del Estado en la construcción de igualdad de oportunidades.
Una universidad nacida para construir un país
La Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1821, durante el gobierno de Martín Rodríguez y bajo el impulso de Bernardino Rivadavia, en un momento en que las Provincias Unidas del Río de la Plata buscaban organizar sus instituciones después de la independencia.
Desde sus primeros años, la universidad estuvo vinculada a la formación de profesionales necesarios para el desarrollo del país. Medicina, Derecho, Ciencias Exactas y Filosofía fueron algunas de las áreas que marcaron su crecimiento inicial.
Pero la UBA no permaneció aislada de los grandes debates nacionales. A lo largo de su historia fue escenario de discusiones políticas, científicas y sociales que reflejaron las tensiones de cada época.
Su comunidad universitaria participó activamente en procesos históricos fundamentales, desde las luchas por la reforma universitaria hasta los debates sobre democracia, derechos humanos y desarrollo científico.
La Reforma Universitaria y la democratización del conocimiento
Uno de los momentos más importantes de la historia universitaria argentina ocurrió en 1918 con la Reforma Universitaria de Córdoba, un movimiento que transformó para siempre la educación superior en América Latina.
La reforma impulsó principios como el cogobierno universitario, la autonomía, la participación estudiantil y una concepción de la universidad vinculada con la sociedad.
Esos cambios modificaron la relación entre las instituciones educativas y el conjunto de la comunidad. La universidad dejó de ser pensada solamente como un espacio reservado para las élites y comenzó a consolidarse como un ámbito de producción de conocimiento abierto a nuevas generaciones.
Décadas más tarde, la gratuidad universitaria implementada en 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón profundizó ese proceso al eliminar las barreras económicas que impedían a muchos sectores populares acceder a estudios superiores.
Esa medida cambió la composición social de las universidades argentinas y permitió que miles de jóvenes fueran los primeros profesionales de sus familias.
Ciencia argentina nacida en las aulas públicas
La UBA también fue protagonista de algunos de los mayores logros científicos del país. De sus laboratorios y centros de investigación surgieron trabajos que alcanzaron reconocimiento internacional.
Entre sus graduados se encuentran cinco premios Nobel argentinos: Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir en Medicina, César Milstein en Fisiología o Medicina, además de Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel vinculados al Nobel de la Paz.
Estos reconocimientos no fueron hechos aislados. Fueron consecuencia de una tradición científica construida durante décadas mediante universidades, institutos de investigación y organismos públicos.
La producción científica argentina demuestra que una universidad pública no solamente entrega títulos profesionales: también genera conocimiento capaz de competir a nivel mundial.
Una institución atravesada por la historia política argentina
Como pocas instituciones, la UBA refleja los cambios políticos del país. Durante las dictaduras militares sufrió intervenciones, persecuciones y expulsión de docentes e investigadores.
Uno de los períodos más oscuros fue la llamada “Noche de los Bastones Largos” en 1966, cuando la policía ingresó violentamente a la Facultad de Ciencias Exactas y expulsó a docentes y estudiantes que protestaban contra la intervención universitaria.
Aquel episodio provocó una pérdida enorme para la ciencia argentina, ya que muchos investigadores debieron emigrar al exterior.
La recuperación democrática en 1983 permitió reconstruir la autonomía universitaria y recuperar parte del proyecto científico y educativo que había sido interrumpido.
El debate actual: universidad pública y futuro nacional
En los últimos años, las universidades públicas volvieron a estar en el centro de una discusión política sobre financiamiento, investigación y el papel del Estado.
Quienes defienden el sistema universitario sostienen que la educación superior pública es una de las principales herramientas de movilidad social y desarrollo tecnológico del país. Señalan que detrás de cada médico, científico, ingeniero o docente formado existe una inversión colectiva que beneficia a toda la sociedad.
La discusión excede el presupuesto universitario: plantea qué tipo de país se busca construir. Uno donde el acceso al conocimiento sea un derecho amplio o uno donde la formación superior quede cada vez más condicionada por la capacidad económica individual.
La historia de la UBA muestra que la educación pública argentina no fue solamente un sistema de enseñanza: fue una herramienta para transformar vidas, producir ciencia y construir una sociedad con mayores posibilidades de integración.
A dos siglos de su creación, la pregunta sigue vigente: qué lugar ocupará el conocimiento en el futuro argentino y si el país elegirá preservar una de sus mayores riquezas, una universidad pública capaz de formar generaciones enteras.
