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EL GARAGE – Consejería en salud en VIH, SIDA e ITS.
Crece la tensión política en Morón a la par de un escándalo que toca de cerca a la gestión de Lucas Ghi, que será interpelado en el Concejo por el caso que involucra a Luna Ortigoza, ahora ex funcionaria del área de Género local a la que días atrás le allanaron la casa y le encontraron un ladrillo de más de medio kilo de cocaína.
Acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, Ortigoza permanece prófuga. Al trascender el hecho, la gestión Ghi informó la «inmediata la desvinculación» de la funcionaria.
El hecho se suma al caso de Karen Cufré, ex funcionaria de Seguridad municipal que fue detenida, acusada de integrar la banda de extorsionadores que operaba desde la cárcel de Magdalena y que se vincula al suicidio del soldado en la Quinta de Olivos.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto de interpelación
En ese marco, este jueves la oposición en el Concejo avanzó con el pedido de interpelación a Ghi al lograr los dos tercios para su tratamiento sobre tablas a partir del apoyo del bloque de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, lo que representó una nueva foto de la ruptura total del panperonismo de Morón.
El proyecto de interpelación habla de una «gravísima situación institucional» y recuerda que, el de Ortigoza es «el segundo escándalo penal en el último año que involucra a personal municipal.
Entre los puntos a interpelar a Ghi aparece su «responsabilidad política y funcional» en el caso y si, luego del Caso Cufré, la comuna implementó algún mecanismo preventivo, alertas tempranas, filtros de idoneidad y/o si tomó acciones judiciales.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto impulsado por los bloques opositores, que acusaron a la gestión Ghi de intentar «minimizar» el caso «con un tibio comunicado de prensa».
En sus canales oficiales de comunicación, la gestión municipal manifestó que lo hallado en el domicilio de Ortigoza fue en el marco de «allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad». En tanto, cerca de la comuna señalaron que el pedido de interpelación responde a intereses «políticos».
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Ante eso, en la oposición se hacen preguntas sobre la relación que puede tener un allanamiento impulsado por la comuna y una funcionaria municipal que estaba ausente al momento del operativo y que permanece prófuga.
Como sea, este episodio vino a recrudecer la ya detonada relación entre Nuevo Encuentro y Ghi.
En una encendida intervención, el jefe del bloque sabbatellista, Diego Spina acusó a Ghi de nombrar en el gabinete a dirigentes PRO y, en el caso de Género, dijo que el «equipo de profesionales» de Nuevo Encuentro fue corrido para poner a funcionarias como Ortigoza.
«Hablaron de su idoneidad, y que incluso había hecho masters en género, pero en el movimiento feminista nadie la conoce y no tiene ningún estudio hecho», sostuvo.
Y agregó: «Antes, fue nombrada en Género Laura De Peri, una funcionaria corrupta del departamento judicial. La fueron a buscar para garantizar la impunidad de los varones golpeadores y para hacer intervenciones espurias ante el Departamento Judicial de San Isidro y de Morón. Ella la trajo a esta funcionaria».
Cerca de Martín Sabbatella señalaron a LPO que Ortigoza militó en Nuevo Encuentro en Morón sur y que se quedó con Ghi con la ruptura. Es con ese corte que Ortigoza pasa de un puesto de empleada a un cargo de directora en el área de Género.
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Frente a eso, en Nuevo Encuentro acusan «operaciones» que intentan ligar a Ortigoza con el sabbatellismo. «Este Gobierno está lleno de traidores que antes eran de Nuevo Encuentro y se fueron. No me vengan a hablar de operaciones políticas, no le tenemos miedo a nada, tenemos la conciencia tranquila, queremos que se sepa la verdad», dijo Spina.
Con vehemencia, el concejal y mano derecha de Martín Sabbatella trazó diferencias en cuanto a cómo la gestión Ghi abordó los casos de Cufré y Ortigoza, por un lado, y el caso de Hernán Sabbatella (denunciado por violencia de género), por el otro.
Alineado a Ghi y peleado con su hermano, Hernán Sabbatella (por entonces secretario de Legal y Técnica local) fue alejado de la gestión con licencia por tiempo indeterminado, hasta que se esclarezca el caso.
«De las dos chicas sí dieron los nombres inmediatamente y al secretaria de Legal y Técnica salieron a decir que lo corrían con licencia especial, flor de licencia con goce de haberes, que además no está firmada», dijo Spina.
Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente
Y se preguntó: «¿Cuál es la licencia que le dieron para que el día de hoy siga cobrando más de 3 millones de pesos un funcionario que por ser varón no lo corrieron de la gestión?»
En esa línea, apuntó: «Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente».
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
Por eso, creen que escándalos de este calibre pueden llegar a repetirse. «Al lotear el municipio lo que perdió es control sobre la estructura. Corre el riesgo de que se le desbande todo», analizan.
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La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
Ser exitosa o exitoso es una premisa que caracteriza a las sociedades meritocráticas. Ahora, ¿qué es un sociedad meritocrática? Se podría decir que es toda aquella sociedad que premia democráticamente el mérito, y por ende al éxito de cada persona o sociedad. Esto no es tan sencillo como parece, ya que bajo la aparente libertad,…
