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EL GARAGE – Consejería en salud en VIH, SIDA e ITS.
Con motivo de la celebración del 74° Aniversario de la República de Italia (02 deJunio), y del día del Inmigrante Italiano (03 de Junio) el Agente Consular Honorariode Italia en Villa Regina, Martín Vesprini, informa que por instrucciones precisas delConsulado General de Italia en Bahía Blanca SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOStodos los actos Oficiales conmemorativos que se…
La senadora Carolina Moisés le avisó a José Mayans que se va del interbloque Justicialista, liderado por el formoseño e integrado por la bancada del peronismo cristinista, la de Convicción Federal y los santiagueños del Frente Cívico, después que los interventores del PJ en Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, le notificaron su suspensión como afiliada partidaria.
La medida disciplinaria se fundó en que la legisladora compitió por fuera de la lista oficial del justicialismo en las elecciones provinciales de mayo pasado, una decisión que tomó en medio de su disputa contra la por entonces diputada y referente de La Cámpora en su provincia, Leila Chaher.
Pero, además, los interventores justificaron la decisión en los considerandos de la resolución por el voto de Moisés a favor del RIGI cuando se discutió en el Senado la Ley Bases, el 12 de junio de 2024, y su voto por la afirmativa para la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo los artículos que ajustaron sobre las partidas de Educación, Defensa, Ciencia y Tecnología.
Además de Moisés, Fernández y Menéndez suspendieron a otros 300 afiliados por «inconducta partidaria». La denuncia fue promovida por Chaher, en una maniobra que sus adversarios juzgan como una «purga»: «El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional», le dijo la senadora a LPO.
Con el portazo de Moisés, el interbloque de Mayans no solo podría perder una banca. La jujeña podría arrastrar al menos a otros tres miembros de Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil, la tucumana Sandra Mendoza, con terminal en Osvaldo Jaldo, y el puntano Fernando Salino, hombre de Alberto Rodríguez Saá. Es una incógnita lo que haría el riojano Fernando Rejal, quien se identifica con el gobernador Ricardo Quintela.
De todas formas, los cuatro senadores que integran el bloque junto a Moisés recién tomarían su decisión tras una reunión con ella, prevista para el próximo martes. En el peor de los casos para el formoseño, el interbloque Justicialista pasaría de 28 a 23 miembros, una sangría importante que dejaría al peronismo con un piso dramáticamente bajo, sin chances siquiera de garantizarse capacidad de bloqueo para leyes que requieran dos tercios de los 72 miembros totales de la cámara.
La defensa del federalismo y de los intereses de nuestras provincias son el mandato que me dieron los jujeños. Junto a los gobernadores @RaulJalil_ok@GustavoSaenzOk y @OsvaldoJaldo trabajamos en una agenda para sacar adelante nuestro norte argentino.Minería, inversiones,… pic.twitter.com/UefJ0pNE6f
Como informó LPO, la intervención del PJ fue solicitada en 2023 por la propia Moisés para destronar a Rubén Rivarola, socio político de Gerardo Morales y por entonces jefe de la bancada peronista en la Legislatura jujeña. Con sus votos, el exgobernador radical logró la reforma constitucional que hundió la provincia en una rebelión total, con pueblos originarios y trabajadores estatales cortando rutas y copando las calles de San Salvador.
En las PASO de aquel año Moisés y Chaher compitieron bajo el sello de UP y las diferencias entre ambas se agudizaron. Desde el entorno de la dirigenta camporista comentaron a LPO que, hacia principios de 2024, apoyaban a Moisés para liderar el partido pero su mirada cambió cuando la senadora apoyó el régimen de inversiones promovido por Javier Milei.
El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional.
La confrontación escaló a medida que un sector del peronismo empezaba a distanciarse o marcar diferencias cada vez más abiertas con el cristinismo, un proceso que se cristalizaba a través de las tensiones al interior de los bloques de UP en el Senado y la Cámara de Diputados. Cuando Cristina decidió ir por la conducción del PJ a nivel nacional, la pelea se profundizó y, pese a que la expresidenta habría tratado hasta inicios del 2025 que Moisés y Chaher llegaran a un acuerdo para que se turnaran en la presidencia del PJ jujeño, ninguna de las dos quería ceder el cetro en primer lugar.
Por eso, la intervención pospuso sistemáticamente las elecciones internas pero, en el medio, se conformaron listas para competir en los comicios generales provinciales y en las elecciones nacionales de octubre. En ambas instancias, aducen los seguidores de Moisés, La Cámpora los dejó afuera y lo mismo sucedió con el propio Rivarola y Guillermo Jenefes, quienes llegaron a pactar con Chaher cuando los interventores los indultaron pero terminaron yendo con su propia boleta el 26 de octubre, una jugada en la que el kirchnerismo los culpó de dividir el voto beneficiando a los radicales.
La resolución de los interventores se publicó este miércoles y otorga a los afiliados suspendidos un plazo de 72 horas «para formular descargo, ofrecer prueba y ejercer su derecho de defensa y respetar el debido proceso». En el mismo documento, volvieron a suspender las elecciones internas, previstas por Fernández y Menéndez para el 15 de febrero, el fin de semana largo por carnaval.
La diputada Kelly Olmos elaboró un proyecto de reforma laboral alternativo al que dictaminó el oficialismo en el Senado a fines de diciembre, con el propósito de salvar los derechos de los trabajadores que la iniciativa amaga con barrer y bloquear el agujero fiscal sobre la coparticipación y las arcas de ANSES con el fondo de indemnizaciones.
La exministra de Trabajo reunió las firmas de sus pares Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero pero, al cierre de esta nota, no había logrado eco en La Cámpora. Aunque la exfuncionaria les mandó una copia de su proyecto tanto al senador José Mayans como al jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, legisladores de Fuerza Patria en ambas cámaras comentaron a LPO que todavía no había «una línea clara» sobre la estrategia opositora en este tema.
Olmos cree que «hay que generar un fuerte debate» sobre la reforma y se mostró optimista ante la consulta de LPO: «El mejor elemento es que ellos (por los legisladores libertarios) han intentado impulsarlo diciendo que ya lo aprobaban todo en diciembre pero lo tienen que seguir postergando porque, más allá de sobreactuar el resultado electoral, evidentemente no tienen los votos para garantizar el conjunto del proyecto», explicó.
La legisladora remarcó que el proyecto de Javier Milei «es regresivo desde el punto de vista de los derechos laborales pero también desde el punto de vista fiscal, con un costo enorme para la coparticipación federal».
El proyecto de Olmos y sus colegas peronistas propone «el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo», «la modificación del régimen de corresponsabilidad parental», «el financiamiento bancario de indemnizaciones», «la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales», «la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo», «la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo», «la regulación del trabajo en plataformas digitales» y «la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas».
Sin embargo, el trámite parlamentario de la ex ministra habría causado malestar en el bloque liderado por Martínez, después de una jugada similar que ensayaran Michel y Tolosa Paz tendiendo puentes con Miguel Pichetto. «Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes», apuntó un diputado en referencia a un mecanismo decisorio supervisado por Cristina Kirchner.
Paula Penacca y Germán Martínez.
El planteo reproduce las tensiones previas al recambio parlamentario, cuando los diputados ingresantes en representación de las provincias pretendieron disputarle la conducción del bloque a Martínez y La Cámpora, al tiempo que el peronismo se partió en tres bloques dentro del Senado. Acaso la falta de síntesis frente al modo de oponerse a la reforma laboral no haga más que agudizar ese agrietamiento.
Ya en diciembre, la comisión de Trabajo del PJ le había llevado a la expresidenta una serie de iniciativas que componían una suerte de compendio de ideas de modernización laboral, tal como informó LPO, hasta San José 1111, el edificio donde cumple arresto domiciliario. Una de las impulsoras de esa postura partidaria había sido la diputada Vanesa Siley y algunos de esos puntos guardaban lógica coincidencia con propuestas similares de otros legisladores de extracción sindical, como Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes.
Por eso, desde el cristinismo aseguran sin mayores precisiones que Fuerza Patria irá con dictamen propio al recinto, pese a que Mayans ordenó a su tropa no integrar la comisión donde se dictaminó la reforma laboral en la Cámara Alta. La jugada del formoseño parecía una maniobra para habilitar el camino de una eventual impugnación judicial porque Patricia Bullrich y sus aliados no habían respetado la «proporcionalidad» de las bancas para la integración de las comisiones.
Como sea, el gobierno trazó un itinerario para el tratamiento del proyecto que incluye una posible sesión para el 11 de febrero próximo en el Senado y otra en Diputados, prevista para dos semanas después, si consiguiera la media sanción. Mientras tanto, los legisladores que responden a los gobernadores peronistas se quejan que «no hay línea». «En el bloque nadie discute nada, parece que lo único que importa es la interna del PJ bonaerense», reprochó un diputado kirchnerista.
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El Grupo México del magnate Germán Larrea aparece como el caballo del comisario de la administración libertaria para quedarse con el Belgrano Cargas, el tren de cargas más importante de la Argentina. A tal punto que en el sector ferroviario comentan que ejecutivos de ese holding frecuentan diariamente las oficinas del Belgrano Cargas en Palermo.
El dato circuló con fuerza entre empresarios y técnicos del sector. Un vocero de la empresa lo negó a LPO. Es que si se confirmara, empañaría todo el proceso licitatorio que el gobierno pretende adjudicar en las próximas semanas.
Sin embargo, el nivel de discusión que tiene este grupo con el gobierno se asemeja bastante a las condiciones que pone una empresa que está a punto de asumir la conducción del ferrocarril, más que a un competidor en ua licitación abierta. La gente del Grupo México le marcó al Gobierno de Milei tres límites para hacerse cargo del Belgrano Cargas: no acepta que le adosen una línea de pasajeros, rechaza el sistema de Open Access y descarta un modelo de licitación atomizado donde por un lado se liciten las vías, por otro los talleres y en un tercer rubro el material rodante.
Sucede que mientras que el tren de cargas es el que genera rédito económico, el de pasajeros tiene que ser subsidiado por el Estado. Es por eso que en los ’90, cuando Carlos Menem privatizó los ferrocarriles lo hizo con el criterio que suele utilizarse a nivel mundial: obligar a que los concesionarios de carga también se hagan cargo de un ramal de pasajeros. Sin embargo, el Grupo México aclaró al gobierno de Milei que no acepta ese modelo.
«Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan», confirmó a LPO un empresario ferroviario. A fines de noviembre visitó Buenos Aires del CEO de la filial ferroviaria del grupo, que maneja un doble discurso: en México dicen que la posibilidad de invertir en la Argentina no está entre sus prioridades y en la Argentina afirman que están muy interesados en quedarse con el Belgrano Cargas.
Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan.
El dueño del Grupo México es el magnate Germán Larrea Mota-Velasco, que no está en un buen momento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que le tiene pisada la habilitación de una mega mina de cobre en baja California. El cobre es el core bussines de este grupo, que tiene minas en México, España y Perú. En otra señal de su momento complejo en México, el año pasado intentó crecer en el sistema financiero, pero perdió la pulseada para quedarse con la operación del Citibanamex.
Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola, minera e industrial de la región del Cuyo a los puertos.
El presidente Javier Milei.
El grupo se quedó en los 90 con el tren de cargas que conecta a México con Texas y desarrollo know how en el tipo de cargas que trabajaría en la Argentina.
Sin embargo, la licitación plantea algunos desafíos. Al grupo mexicano no le convence el sistema Open Access que es uno de los puntos requeridos por el sector agroexportador. Ese sistema habilita a distintos operadores a circular por la misma infraestructura pagando un canon, algo que el Gobierno evalúa como forma de fomentar competencia.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los más fervientes defensores de la modalidad Open Access.
Para los mexicanos ese esquema diluye los incentivos a invertir, porque quien pone el capital no controla ni la vía ni la carga. La idea del Open Acces cobró fuerza durante el gobierno de Macri cuando Guillermo Dietrich se embanderó detrás de los intereses de los agroexportadores que reclamaban esta modalidad. Sin embargo, en el Grupo México recuerdan el antecedente del Reino Unido, donde la fragmentación del sistema terminó en mayores costos, menor eficiencia y una red ferroviaria degradada.
Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola y minera a los puertos.
Con los mismos argumentos explican el rechazo al esquema de desintegración de la licitación, frente a la idea de la Casa Rosada de separar la concesión de las vías, los talleres y la operación, además de vender el material rodante existente para financiar obras. El planteo mexicano es exactamente el opuesto: sin control integral del sistema, el negocio no cierra. Más carga, trenes más largos y previsibilidad operativa son las únicas variables que permiten ganar competitividad frente al camión y justificar inversiones de largo plazo.
En el mercado estiman que poner en valor el sistema ferroviario argentino requiere inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares. El grupo mexicano asegura tener la espalda para afrontar ese desembolso, pero pone una condición central: que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sea aplicable a las privatizaciones ferroviarias.
Pero la avanzada mexicana deberá enfrentar intereseslocales. Un consorcio de grandes agroexportadoras -ACA, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill y Dreyfuss- impulsa una propuesta alternativa para quedarse con el Belgrano Cargas. En paralelo, la minera Rio Tinto sigue de cerca la definición del esquema logístico, clave para sus proyectos de litio y cobre.
