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Cristina Fernández de Kirchner decidió reforzar su estrategia judicial con la incorporación de dos abogados de reconocimiento internacional, con experiencia en causas de alto impacto político en América Latina. La exmandataria busca llevar su condena a nuevos escenarios jurídicos y profundizar el reclamo por lo que considera una persecución política con consecuencias institucionales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una nueva etapa en la defensa de Cristina Kirchner
La condena en la causa Vialidad abrió una nueva etapa en la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia que impuso seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta decidió modificar el esquema de su defensa y sumar especialistas extranjeros con trayectoria en litigios vinculados a derechos humanos y persecución política.
En la carta abierta difundida este miércoles, Cristina anunció la incorporación de dos abogados de prestigio internacional que tendrán como objetivo avanzar en una discusión que exceda los tribunales argentinos: el planteo de que su caso debe ser analizado bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La decisión no es solamente jurídica. En el entorno de la exmandataria interpretan que la disputa dejó de estar limitada al expediente por la obra pública en Santa Cruz y pasó a convertirse en una discusión sobre los límites entre una condena penal y sus efectos sobre la participación democrática de una dirigente política.
Cristiano Zanin y Marco Stabile, los nombres detrás de la nueva estrategia
Uno de los nuevos abogados que se incorporará a la defensa es Cristiano Zanin Martins, reconocido internacionalmente por haber sido el abogado principal del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la batalla judicial derivada de la causa Lava Jato.
Zanin tuvo un rol central en la estrategia que logró revertir las condenas contra Lula, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil declarara la incompetencia del juez Sergio Moro y cuestionara la actuación judicial que había llevado adelante la causa. Su incorporación a la defensa de Cristina no es casual: el paralelismo entre ambos procesos forma parte del argumento político que el kirchnerismo viene sosteniendo desde hace años alrededor del concepto de lawfare, entendido como la utilización de herramientas judiciales con fines de disputa política.
El otro nombre que se suma al equipo es el abogado italiano Marco Stabile, especialista en derecho internacional y derechos humanos. Su participación apunta a reforzar la dimensión internacional del reclamo y a explorar vías ante organismos externos al sistema judicial argentino.
Del expediente argentino a la discusión internacional
La incorporación de estos abogados marca un cambio de enfoque. Hasta ahora, la defensa de Cristina había concentrado sus esfuerzos principalmente en las instancias nacionales, con planteos de nulidad, cuestionamientos al proceso y críticas a la actuación de jueces y fiscales.
La nueva estrategia apunta a instalar el caso en otro terreno: el de los derechos políticos y las garantías democráticas. En su carta, Cristina sostuvo que la verdadera sanción que enfrenta no es únicamente la condena penal, sino la imposibilidad de volver a competir electoralmente por una inhabilitación de por vida.
Ese punto es clave porque transforma el eje de la discusión. Mientras sus adversarios sostienen que la prohibición de ejercer cargos públicos es una consecuencia legal de una sentencia firme, desde el kirchnerismo argumentan que esa medida produce un efecto político equivalente a una proscripción, al impedir que sea la ciudadanía quien decida sobre su futuro electoral.
La apuesta de la defensa será, entonces, intentar que esa discusión sea observada bajo parámetros internacionales y no únicamente desde la interpretación de los tribunales argentinos.
La sombra del lawfare y el antecedente Lula
La elección de Zanin tiene además un fuerte componente simbólico. El abogado brasileño se convirtió en una figura asociada a la defensa de Lula frente a una estructura judicial que, según denunció el Partido de los Trabajadores brasileño, había sido utilizada para impedir su regreso a la política.
Para el kirchnerismo, el recorrido de Lula funciona como antecedente de una disputa donde una condena judicial puede tener consecuencias electorales determinantes. Para sus críticos, en cambio, se trata de casos diferentes en los que las condenas deben analizarse por sus pruebas y fundamentos propios.
Esa tensión atraviesa hoy el escenario argentino: la discusión ya no se limita a si Cristina Kirchner es responsable o no de los delitos por los que fue condenada, sino a si una decisión judicial puede tener como consecuencia excluir definitivamente a una dirigente del sistema político.
Una batalla judicial que también es política
La llegada de los nuevos abogados confirma que Cristina Kirchner no piensa cerrar la discusión con la resolución de la Corte Suprema. Por el contrario, busca trasladar el conflicto a nuevos ámbitos y convertir su situación judicial en una discusión sobre democracia, representación y derechos políticos.
En un escenario donde el peronismo atraviesa una etapa de reorganización y el gobierno de Javier Milei busca consolidar su proyecto político, la estrategia judicial de Cristina vuelve a tener un impacto directo sobre la disputa política nacional.
La defensa renovada no sólo buscará revertir o cuestionar aspectos jurídicos de la condena, sino instalar una pregunta que atraviesa todo el debate: si una dirigente elegida durante dos décadas por millones de argentinos puede quedar definitivamente fuera de la competencia electoral por una decisión judicial.
La respuesta a esa pregunta será, en los próximos meses, uno de los principales capítulos de la disputa institucional argentina.
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El gobierno de Javier Milei decidió el desmantelamiento y virtual cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, creada en 1925 y motor del crecimiento del pueblo que, ahora, se ve amenazado con el traslado de 300 militares y 185 civiles que representan el principal movimiento de la economía local.
La decisión es mudar a la Base Comandante Espora de Bahía Blanca las escuadrillas de vigilancia marítima de aviones B2000 y la escuela que es considerada cuna de la aviación naval.
El intendente de Punta Indio, el peronista David Angueira, fue notificado de la medida este jueves en una reunión con el contraalmirante de las Fuerzas Armadas Enrique Olivero y el Jefe de Base Mariano Rivolta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
«Esto significa un golpe muy fuerte para nuestra comunidad desde lo social y económico», dijo Angueira, que convocó este viernes a una asamblea en la que se creó una comisión de defensa de la Base, integrada por todas las instituciones de la comunidad y por concejales de todos los bloques, incluso de La Libertad Avanza.
«Está toda la comunidad movilizada. Muchos trabajadores no podían hablar del estado en que estaban, llorando por su puesto de trabajo, por el impacto que va a tener en la comunidad», dijo a LPO tras la asamblea el ex intendente de Punta Indio y actual subadministrador de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta.
Asamblea de vecinos e instituciones de Punta Indio en defensa de la Base Aeronaval.
Como primera acción, la comisión solicitó una audiencia de urgencia con el ministro de Defensa, Carlos Presti. «Queremos escuchar de su boca lo que tiene para decir y, si no se logra revertir el traslado, vamos a manifestarnos de distintas maneras. Esta decisión el pueblo de Punta Indio no la va a aceptar», sostuvo Y Zurieta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
En Punta Indio también hay bronca por la manera en que se comunicó una medida tan sensible para la comunidad. Nadie del Ministerio habló con el intendente, que fue convocado a la base por el comandante, que después convocó a los civiles e hizo una formación para dar el anuncio.
«No hubo forma de conmoverlo ni que entienda lo que estaba anunciando. Hoy todo el personal llorando no podía creer la frialdad con la que comunicaron esto», dijo Y Zurieta, que analizó que la llamada «reestructuración» planteada entrama el final de la Base.
En Punta Indio destacaron que todos los bloques políticos apoyaron la comisión en defensa de la Base. Incluso los dirigentes de La Libertad Avanza local le pidieron información dirigentes provinciales y nacionales
La medida establece el traslado a Bahía Blanca en enero para los militares, mientras que para el personal de civil le darán la opción de pedir el pase a otro destino de la Fuerza.
«Genera un golpe emocional muy fuerte porque es gente que está instalada en este pueblo y no se imagina yéndose de acá. Tienen sus hijos en nuestras escuelas, en nuestros clubes. Es un pueblo que con esto le están dando un golpe letal, le sacan el recurso más importante que tiene», dijo el ex intendente.
La localidad de Punta Indio cuenta con poco más de 1.000 habitantes, mientras que el distrito en su totalidad (con la ciudad de Verónica como cabecera), cuenta con más 12 mil habitantes. La Base Aeronaval se inauguró en 1925, poco después de la fundación del pueblo.
El impacto de la medida hizo que la asamblea de este viernes congregue a todas las instituciones del pueblo. Y en el plano político, la convocatoria del intendente tuvo el acompañamiento de concejales del PRO, UCR y de La Libertad Avanza.
«Todos apoyaron la comisión. Incluso los que tienen más responsabilidad, que son los de La Libertad Avanza, hablaron con algunos dirigentes. Ellos pidieron información y hablan de una reestructuración, que no se va a cerrar, pero lo que anunciaron es que se van los aviones», dijo Y Zurieta.
Trascendidos que llegaron a Punta Indio señalan que, a partir del traslado de casi toda la estructura, el Gobierno sostendría la Base abierta en 2027 pero no da garantías de continuidad a 2028, por lo que calculan un destino de cierre total.
«Hablan de una reestructuración que implica llevar a Bahía Blanca a los aviones destinados a custodiar el sur, pero no tiene sentido, porque se llevan aviones escuela que tranquilamente podrían quedarse acá. Es parte del ajuste», dijo Y Zurieta.
El actual funcionario de Vialidad bonaerense sostuvo que ya hablaron por este tema con Axel Kicillof. Este viernes, el gobierno provincial manifestó su «preocupación y rechazo» frente a esta medida y acompañó las medidas que surjan de la comisión de defensa de la Base.
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