El Estado provincial deberá indemnizar a hijas de víctima de femicidio

La mató su pareja policía: el Estado deberá indemnizar a hijas de la víctima del femicidio

Un femicidio seguido del suicidio del autor dejó a dos adolescentes sin su madre en una localidad del Alto Valle. El autor del femicidio era un cabo de la Policía de Río Negro y para cometer el asesinato utilizó la pistola reglamentaria que le había proporcionado la institución.

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca confirmó esta semana la sentencia de primera instancia, ordenando que las hijas sean indemnizadas por el daño moral sufrido y por la pérdida de chance, tras verificar la responsabilidad última del Estado por haber dado el arma y el “estado policial” al autor del crimen de género.

El femicidio ocurrió en 2008, pero la demanda civil recién pudo ser iniciada después de cerrada la causa penal y cuando una de las hijas de la víctima ya era mayor de edad. Su hermana menor, en tanto, ingresó al proceso civil representada por su padre. Durante la tramitación del proceso se analizaron otras causas del fuero Penal y de Familia vinculadas con el hecho y finalmente se dictó la primera sentencia favorable a las hijas, que ahora fue confirmada prácticamente en su totalidad por la Cámara Civil.

En su apelación, la Provincia intentó excluir su responsabilidad afirmando que el femicida “no actuó en ejercicio de sus funciones, sino que se trató de un acto propio de su vida privada”. Contra esa argumentación, las hijas respondieron “que el estado policial que poseía el agente, que le implicaba la portación permanente del arma de fuego provista por la Institución policial, hacía que la Provincia por añadidura resultara responsable de los actos del agente, de cualquier índole, producidos por el citado arma. Que además, es responsabilidad del Estado provincial la selección de personas con los componentes psíquicos aptos como para esa portación, atento el riesgo que genera hacia terceros; por lo cual, habida cuenta del resultado producido en el caso, debe considerarse e la demandada responsable del hecho”.

En otro punto de la apelación, el Estado Provincial pidió que se reduzca la indemnización de un millón de pesos a cada hija en concepto de daño moral, por considerar la suma “exorbitante”.Ninguno de los planteos encontró eco en la Cámara Civil, que confirmó la sentencia inicial en casi todos sus alcances. La única modificación admitida fue en torno al modo de calcular la indemnización por “pérdida de chance”, es decir, por la repercusión económica que tuvo el homicidio de la madre en la vida de las hijas.“Cuando se ocasionan perjuicios a una persona como consecuencia del indebido uso de las armas de fuego, de titularidad de agentes de las fuerzas armadas, se genera la responsabilidad de la entidad pública oficial que los ha incorporado a sus filas, sin que sea causa de justificación el mero hecho de encontrarse de franco, puesto que tales agentes del Estado, se hallan en situación particular.

Dicha particularidad deriva de su obligación principal de prevenir el delito y de procurar la seguridad de todos los gobernados, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún a riesgo de su vida o integridad personal, resultando ella indivisible de la personalidad del policía. Es en virtud de ello que no puede resultar eximente de la responsabilidad de la entidad oficial -que los ha preparado de manera técnica y psíquica adecuada a tales fines- la circunstancia de que el agente, al momento de suceder el hecho dañino, se encuentre de franco”, fundamentó la Cámara sobre la responsabilidad estatal.

En cuanto al daño moral, la Cámara rechazó cualquier reducción, considerando que las hermanas fueron “testigos del asesinato de su madre, porque estaban en el hogar cuando ocurrió, escucharon las detonaciones y en los instantes siguientes presenciaron el cruento e inminente desenlace recién producido, con el incomensurable impacto en los sentimientos” que padecieron.

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    Hasta ahora lo que se detectaron en el país son células dormidas del PCC. 

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    El titular del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal, comisario general Pascual Mario Bellizzi.

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    Una fuerza especial santafesina que detectó a un grupo de brasileños viviendo en el barrio cerrado Campo Timbó de Oliveros, a 45 kilómetros al norte de Rosario. Estos eran buzos tácticos profesionales. Los grupos criminales utilizan la modalidad “rip-off” o “gancho ciego” para infiltrar cargas en buques, en especial de actividad agroexportadora.

    El elemento distintivo en esto es la condición de buzos tácticos de los sospechosos. Los grupos criminales utilizan la modalidad “rip-off” o “gancho ciego” para infiltrar cargas en buques en especial de actividad agroexportadora donde se introducen paquetes en contenedores de los cuales se rompen bisagras y luego se sueldan.

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    El año pasado agentes de Interpol detuvieron en el country Cardales al brasileño Elvis Riola de Andrade, a quien se sindica como miembro del PCC, con pedido de captura desde 2009 por el homicidio de un policía. La Policía Federal que lo seguía supo que tenía como asistente logístico en Argentina a Carlos Sergio Fiona que es un condenado por comercio de drogas.

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    Las últimas pesquisas que tienen foco en el abastecimiento de droga en Rosario exponen que el patrón de suministro en los últimos años cambió. La cocaína y marihuana proceden de la zona del AMBA, en especial del conurbano, aunque hayan ingresado por la zona del litoral por la actividad aérea o terrestre. Fuentes de seguridad de Santa Fe indicaron a LPO que no se advierten vínculos concretos en la provincia de intercambio de actores locales con el PCC. 

    “Se examinan de modo minucioso todos los indicios en este sentido. Se lo hizo con personas aludidas en cárceles de la provincia. Se toma esto muy en serio. No surgieron datos indicativos de organizaciones locales ligadas al PCC más que apoyos eventuales muy difusos ligados a brasileños”, señalaron.

     

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  • Los libertarios ahora se despegan de la comisión investigadora que propone Giudici por el fentanilo

     

    La Libertad Avanza dejó sola a la diputada bullrichista Silvana Giudici con su proyecto de creación de una comisión investigadora para indagar sobre la crisis sanitaria por el fentanilo adulterado.

    Fuentes del bloque oficialista dijeron a LPO que Giudici “es una aliada estratégica pero veremos qué pasa post pedido de informes”, en referencia al proyecto con 26 preguntas dirigidas al ministro Mario Lugones y el ANMAT que se aprobó por unanimidad este miércoles en la comisión de Salud.

    La expectativa en la bancada que conduce Gabriel Bornoroni es que, con el pedido de informes, “se despierte la Justicia”. “Hay muchas cuestiones en juego y no estamos tan seguros del rol investigativo del Congreso”, explicaron.

    El problema es que la gravedad de la emergencia sigue escalando: ya se computaron 97 personas fallecidas por ser inyectadas con ampollas contaminadas con la bacteria letal y el gobierno es el principal apuntado por la falta de controles de ANMAT.

    Diputados de todos los bloques acordaron exigir informes a Lugones por la falta de controles al fentanilo

    Por eso, un legislador libertario reconoció que “está complicado el tema de la comisión investigadora”. “En parte, la culpa la tiene el ANMAT anterior pero, en gran parte, el ANMAT actual”, sostuvo para dar por tierra con la excusa de Federico Sturzenegger para disculparse con Lugones.

    Para colmo, este jueves presentó un nuevo proyecto de comisión investigadora el radical Pablo Juliano, titular del bloque de Facundo Manes, y lo propio hizo el lunes el fueguino Jorge Neri Hernández Araujo, miembro de UP y médico de profesión.

    Pablo Juliano, en comisión.

    El proyecto de Hernández Araujo contempla la creación de una comisión dentro de la de Salud y Acción Social, integrada por dos representantes de espacio que ya pertenezcan a ese ámbito. El patagónico habría actuado por “sensibilidad frente a la gravedad”, después de haberlo meditado en su provincia desde el viernes, y avisó a sus compañeros de bloque al llegar a Buenos Aires esta semana, un rato antes que Pablo Yedlin abriera la comisión.

    El de Juliano, en cambio, es casi idéntico al de Giudici, con el articulado de la composición, la designación de autoridades y el plazo de funcionamiento casi calcado del texto que reforma la comisión Libra. “Seguramente tengamos que ponernos a analizar cuál es el diseño del ANMAT y no dejar que la conversación quede reducida a las frases deplorables de Struzenegger”, expresó el autor, y agregó: “acá hay que hablar de la responsabilidad del ANMAT, hay que hablar de la responsabilidad que les toque a los ministros de salud de las distintas jurisdicciones porque estamos ante una crisis sanitaria que no sucedió ni siquiera con el COVID”.

    Revelan que inyectaron a 45 mil pacientes de todo el país con el fentanilo contaminado

    Lo que temen en Casa Rosada es el efecto boomerang, pese a las versiones que atribuyen a la astucia de los estrategas del gobierno la acusación de Giudici al kirchnerismo por vaciar la sesión del miércoles de la semana pasada, cuando debía tratarse su iniciativa, una vez agotado el temario previsto.

    En rigor, Giudici agitó la creación de la comisión investigadora al comienzo de esa jornada para forzar el apartamiento del orden del día, tal como se le llama a la hoja de ruta con los proyectos a tratar, y evitar las 12 derrotas al hilo que sufrió el gobierno ese día. El líder del bloque de UP, Germán Martínez, acordó con ella que el asunto se abordara al final del temario.

    Giudici es una aliada estratégica pero veremos qué pasa post pedido de informes. Hay muchas cuestiones en juego y no estamos muy seguros del rol investigativo del Congreso.

    Ese momento llegó a las 0:40 de la madrugada del jueves pero de los 257 diputados solo quedaban alrededor de 50 en sus bancas. Giudici cargó contra el kirchnerismo por voltear el quórum pero faltaban otros 100 legisladores más, por fuera de los peronistas.

    Pero, además, la diputada del PRO ya no propuso la comisión a esa altura de la noche sino que planteó la votación de un pedido de informes, el mismo que terminó unificado con el de Victoria Tolosa Paz y el de Yedlin para recibir el respaldo de todos los bloques esta semana.

    De hecho, en el bloque peronista dudan que Giudici quiera impulsar la comisión investigadora, algo que la propia diputada aseguró que seguiría empujando ante la consulta de LPO. Una legisladora de UP conjeturó que “sería razonable que lo frenara”, después que Tolosa Paz revelara que fue en septiembre de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, que se sacó el fentanilo del listado de medicamentos trazables. 

     

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