El CREAR pone en vigencia la asistencia económica a comerciantes y pymes de las localidades de Río Negro.
«Programa Específico de Asistencia a Unidades Económicas por Emergencia Sanitaria COVID – 19»,
BENEFICIARIOS Y MONTOS
Serán beneficiarios de este Programa los titulares (personas humanas) de las unidades económicas del sector privado con asiento en la provincia de Río Negro en las localidades consideradas de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” conforme al Decreto Nº 321/21 y las resoluciones pertinentes del Ministerio de Salud:
A) cuya actividad se encuentre totalmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia; o
B) cuya actividad se encuentre parcialmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia y además que su facturación por el período 2020 haya sido inferior a la del período 2019 incrementada en un 30%.
Todo ello siempre y cuando no sean actividades excluidas.
La presente asistencia económica no alcanzará a los estudios de profesionales.
Montos a) De $15.000 Categoría A, B y C b) De $25.000 Monotributista Categoría D, E y F c) De $35.000 Monotributista Categoría G, H e I d) De $45.000 Monotributista Categoría J y K e) De $70.000 Responsables Inscriptos.
Para inscribirte deberás acceder al siguiente link:
No sé si notaron que la gran mayoría de les que ocupan el papel de comisario en las series actuales son mujeres. investigo un poco y resulta lo que sospechaba: eso no es cierto si se coteja con las estadísticas. ¿Que la ficción mainstream sea así de políticamente correcta es un triunfo del discurso feminista? ¿O el asunto debería indicarnos algo más?
Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
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Carolina Losada se sumó a la rebelión encabezada por Patricia Bullrich y le avisó a Javier Milei que no votará a favor de retirar el pliego para jueza de María Verónica Michelli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
La senadora santafesina integra el bloque de la UCR, pero es muy cercana a la Casa Rosada y vota todo junto a La Libertad Avanza. Pero ahora se despegó y no avalará el pedido del gobierno para retirar el pliego.
«Yo voy a avalar a la jueza porque no encuentro ninguna explicación que me parezca para sacarle mi firma», declaró Losada en Cadena 3 Rosario. «La verdad que no sé qué hay detrás, pero lo que hay adelante no alcanza como para que lo apoyemos», agregó la radical que fue una de las firmantes del dictamen en la Comisión de Acuerdos.
El desplante de Losada muestra otra fisura del gobierno y también la capacidad de daño de Patricia, que logró despertar a algunos oficialistas que venían avalando sin chistar los pedidos de los Milei.
Un dato para sumar a esta trama es que Bullrich acaba de sumar al gobierno de Maxi Pullaro en Santa Fe a su mano derecha Federico Angelini, después de su renuncia al gobierno nacional. Losada tiene una relación tirante con Pullaro, pero lo que resalta es el movimiento de Patricia sobre el armado provincial.
Yo voy a avalar a la jueza porque no encuentro ninguna explicación que me parezca para sacarle mi firma. No sé qué hay detrás, pero lo que hay adelante no alcanza como para que lo apoyemos
A la rebelión de Bullrich también se sumó el formoseño Francisco Paoltroni, que el año pasado volvió al bloque de La Libertad Avanza de donde se había ido casualmente por rechazar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.
Ahora, Paoltroni dijo que querer retirar el pliego de Michelli «es una desprolijidad muy grande». El formoseño habló de «una impericia» de quienes mandaron los pliegos y resaltó que Michelli en el concurso quedó en el puesto 19, por lo que alguien maniobró mucho para que sea la elegida.
Otro dos senadores libertarios que podrían sumarse a Bullrich son los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, muy cercana a la jefa del bloque.
Fiel a su estilo, Juez fue ambiguo y dijo que «no hay atajo jurídico» para retirar el pliego, aunque evitó confirmar si votará a favor o en contra. «Ese pliego debe ser tratado. Tendrá los votos o no, eso es otra discusión», declaró el cordobés
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