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La caución bursátil, conocida habitualmente como el «plazo fijo de la bolsa», comenzó a perder atractivo para los inversores que buscan obtener rendimiento en pesos mientras mantienen una elevada disponibilidad de sus fondos.

Con tasas cercanas al 20% anual y una inflación que todavía se proyecta por encima de ese nivel, el rendimiento real de esta alternativa puede ser negativo.

La caución se utiliza principalmente para administrar liquidez de corto plazo. El mecanismo permite colocar pesos durante períodos breves y obtener una tasa pactada, con la ventaja de operar dentro del mercado de capitales y conocer de antemano el rendimiento de la operación.

Sin embargo, el escenario cambia cuando el objetivo deja de ser simplemente estacionar dinero durante algunos días y pasa a ser preservar el poder adquisitivo del capital. En ese caso, otras alternativas de renta fija comienzan a ofrecer una relación más atractiva entre plazo y rendimiento.

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«La caución, con una tasa cercana al 20% anual, es una herramienta muy útil para administrar liquidez de corto plazo. Pero si la inflación esperada ronda el 30%, como vehículo de ahorro pierde atractivo porque el rendimiento real termina siendo negativo», explicó el asesor financiero Leandro Stainnekker.

Por eso, el ejecutivo planteó que para períodos de inversión algo más extensos conviene analizar instrumentos que permitan capturar una tasa superior. «Hoy, por ejemplo, la Lecap S30N6 ofrece una TIR cercana al 30% anual, bastante por encima de la caución», señaló.

El menú también incluye los Boncaps, que permiten fijar una tasa en pesos durante un período más prolongado, y los bonos ajustados por inflación. Entre estos últimos, Stainnekker mencionó al TX28, que actualmente ofrece un rendimiento aproximado de CER + 8,4% anual.

La caución, con una tasa cercana al 20% anual, es una herramienta muy útil para administrar liquidez de corto plazo. Pero si la inflación esperada ronda el 30%, como vehículo de ahorro pierde atractivo porque el rendimiento real termina siendo negativo.

Para el consultor Omar De Lucca, la comparación más directa de la caución ya no necesariamente debe hacerse contra un plazo fijo tradicional, sino contra las billeteras virtuales que remuneran los saldos.

«A mi opinión, rinde casi lo mismo que una billetera virtual, podrás tener 1 punto más, 1 punto menos», sostuvo. Según explicó, existe además una diferencia importante en materia de liquidez: los saldos en billeteras están disponibles diariamente, mientras que en una caución el inversor debe esperar el plazo pactado o el vencimiento para recuperar los fondos.

«Normalmente las cauciones son a una semana de plazo», indicó De Lucca. A cambio de esa menor liquidez, la caución ofrece una ventaja: se trata de una renta fija, mientras que las alternativas vinculadas a fondos de inversión pueden tener componentes de renta variable y rendimientos que no están necesariamente garantizados.

El experto también puso el foco en el atraso cambiario frente a la inflación, una cuestión que puede modificar las decisiones de los inversores.

«Si se estabiliza la inflación, claramente comienza a convenir más dolarizarte porque se viene un 2027 electoral», sostuvo. Por eso, el interrogante pasa por determinar cuál de las dos variables -el dólar o la inflación- tiene mayor recorrido alcista.

Así, la caución mantiene su utilidad como herramienta para administrar liquidez de muy corto plazo, pero pierde atractivo como instrumento de ahorro cuando se la compara con alternativas capaces de ofrecer tasas más elevadas o cobertura frente a la inflación. El desafío para los inversores será definir cuánto tiempo pueden inmovilizar sus pesos y cuánto riesgo cambiario están dispuestos a asumir.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.

El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».

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«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.