El CREAR otorgará subsidios a comerciantes y pymes

El CREAR pone en vigencia la asistencia económica a comerciantes y pymes de las localidades de Río Negro.

«Programa Específico de Asistencia a Unidades Económicas por Emergencia Sanitaria COVID – 19»,

BENEFICIARIOS Y MONTOS

Serán beneficiarios de este Programa los titulares (personas humanas) de las unidades económicas del sector privado con asiento en la provincia de Río Negro en las localidades consideradas de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” conforme al Decreto Nº 321/21 y las resoluciones pertinentes del Ministerio de Salud:

A) cuya actividad se encuentre totalmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia; o

B) cuya actividad se encuentre parcialmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia y además que su facturación por el período 2020 haya sido inferior a la del período 2019 incrementada en un 30%.

Todo ello siempre y cuando no sean actividades excluidas.

La presente asistencia económica no alcanzará a los estudios de profesionales.

Montos
a) De $15.000 Categoría A, B y C
b) De $25.000 Monotributista Categoría D, E y F
c) De $35.000 Monotributista Categoría G, H e I
d) De $45.000 Monotributista Categoría J y K
e) De $70.000 Responsables Inscriptos.

Para inscribirte deberás acceder al siguiente link:

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    El caso de la nutria cruelmente asesinada en Bahía Blanca derivó en un escándalo en el Concejo Deliberante cuando varios concejales recibieron amenazas de muerte y agresiones por negarse a declarar personas no gratas a los dos jóvenes que mataron al animal en el Barrio Universitario mientras se filmaban.

    Fue la presidenta del cuerpo, Gisela Caputo (PRO), quien presentó un proyecto para declarar personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los dos estudiantes universitarios oriundos de Coronel Suárez.

    El proyecto de Caputo generó revuelo de inmediato y pareció exagerado. Quienes se negaba a acompañarlo recordaron que la última persona que fue declarada como no grata en Bahía Blanca fue el represor Alfredo Astiz en 1998.

    De modo que la decisión de equiparar, en términos simbólicos e institucionales, el caso Astiz con el accionar de los jóvenes que mataron el animal abrió una polémica que generó una grieta en la ciudad del sur bonaerense.

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    Los concejales consideraron un exceso el proyecto de la concejal del PRO y pidieron avanzar con una disposición similar a la que utilizó la Universidad Nacional del Sur, que repudió el accionar de los jóvenes, pero no tomó medidas al respecto.

    Sin embargo, Caputo insistió e impuso el proyecto en la última sesión. La iniciativa estuvo lejos de conseguir las adhesiones necesarias (necesitaba 16 votos, y sólo consiguió 10). Sin embargo, generó una serie de repudios, agresiones y amenazas de muerte contra los concejales que votaron en contra.

    El clima de tensión y de escarnio público que se generó a partir del proyecto reavivó la polémica sobre el rol de Caputo al frente del Concejo. Ella llegó al organismo como cuarta integrante de la lista de La Libertad Avanza en 2025, pero a comienzos de este año generó una fractura entre los sectores del PRO y los libertarios a nivel local al desplazar de la presidencia del cuerpo a su compañero de lista, Mauro Reyes.

    Según sostuvieron en aquel entonces desde el bloque libertario, la jugada de Caputo fue «una doble traición a los votantes de La Libertad Avanza que la votaron y también a Reyes, por haberse quedado ella con la presidencia del cuerpo tras un acuerdo con el peronismo, a pesar de que estaba él había sido designado para ocupar ese cargo».

    El caso de la nutria conmovió a Bahía Blanca justo en un momento en el que la opinión pública estaba centrada en la investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en un gimnasio de la ciudad tras caer al vacío por una pared falsa.

    Se trata de un caso delicado para el gobierno de Federico Susbielles por las versiones sobre posibles fallas en las inspecciones realizadas por el área de Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Fiscalización.

     

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