El CREAR otorgará subsidios a comerciantes y pymes

El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la conferencia de prensa en la que se presentó la décima edición del ‘Pedaleando por un sueño’ que se desarrollará el 20 y 21 de noviembre. Estuvieron presentes Martín Torres, presidente del Club de Leones, institución organizadora; Osvaldo Ruiz Díaz, director del hospital local e integrantes de…

 Como esos futbolistas que firman su primer contrato en Primera y salen a acomodarle la vida a toda la familia, Manuel Adorni intentó hacer lo mismo cuando se convirtió en funcionario del gobierno de Javier Milei y creyó que comenzaba su carrera al estrellato.

El problema es que lo hizo de forma tan desprolija que terminó complicando a todos; a sus hermanos, a la madre y ahora a uno de sus tíos, que quedó bajo la lupa judicial por el alquiler de una casa en un country, Fincas de Iraola II, en el partido de Berazategui.

A esa propiedad Adorni mudó a su madre, como anticipó LPO en exclusiva, y según comentan en el barrio, pidió pagar las expensas en efectivo. Ante la revelación de este medio, la justicia que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de Javier Milei, le pidió a los administradores del country que confirmen que allí vive la madre de Adorni y le remitan toda la documentación de la operación.

El Renacido

De ese requerimiento surgió que el contrato no está a nombre de Silvia Pais sino de Juan Pais, tío del jefe de Gabinete y hermano de su madre. El acuerdo fue firmado por dos años con un valor mensual de 1.100 dólares. Pero lo más llamativo es que se habría pagado un año de alquiler por adelantado, con el desembolso de 12.000 dólares en efectivo, en lo que ya es una marca registrada de los movimientos de dinero de la familia Adorni.

El contrato no está a nombre de Silvia Pais, la madre de Adorni, sino de Juan Pais, tío del vocero y hermano de la mujer. El acuerdo fue firmado por dos años con un valor mensual de 1.100 dólares. El alquiler se habría pagado un año por adelantado con el desembolso de 12.000 dólares en efectivo.

La información fue remitida al juzgado junto con otros datos como el monto de las expensas, que rondan los 500 mil pesos mensuales, y la documentación vinculada a la ocupación de la vivienda.

La revelación que se pagó un año del alquiler por adelantado se suma a otras revelaciones escandalosas de los gastos de Adorni que se conocieron esta semana, como la compra de sábanas de lujo por ocho millones de pesos y un flipper de los Locos Addams por ocho mil dólares. 

Adorni formó parte de la comitiva que acompañó a Milei a Rosario el Día de la Bandera

La Justicia ya había comenzado a investigar la mudanza de la madre de Adorni al exclusivo barrio privado, concretada hace unas semanas atrás y ahora buscan saber cómo se financia su estadía en el lugar.

Los investigadores quieren determinar quien afronta los gastos y bajo qué condiciones se firmó el contrato de alquiler, bajo la hipótesis que la mudanza es parte del desbordado giro de gastos de Adorni desde que es funcionario público, un indicio muy claro de enriquecimiento ilícito, que se suma a su confesión de haber evadido impuestos por al menos medio millón de dólares, un delito por el que podrían inhibirlo de ocupar cargos de por vida.

 [Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Adorni por mentir en las declaraciones juradas]  

La incorporación del tío de Adorni a esta operación arrastra a otro integrante de la familia al caso. La semana pasada, el fiscal Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del vocero y legislador bonaerense, por las inconsistencias en su declaración juradas, que modificó dos veces, la última para bajar el monto del patrimonio que declaró inicialmente.

Francisco Adorni arrastra escándalos desde el inicio de la gestión de Milei, cuando como reveló LPO en exclusiva, el actual jefe de Gabinete hizo que lo nombraran en el Ministerio de Defensa en el preciso momento que se despedía a decenas de miles de empleados del Estado, y luego logró que lo ascendieran. 

La Justicia analiza el destino de los dólares que los hermanos Adorni dicen haber encontrado años atrás en una caja de zapatos la casa de su padre, una de las coartadas elegidas junto con la aparición de Bitcoins en un pendrive, para justificar su desmesurado crecimiento patrimonial.

También se supo por esa época que la madre y la tía del jefe de Gabinete habían sido nombradas en la Legislatura bonaerense. Parecía una contradicción para quien se la pasaba despotricando contra el Estado y los ñoquis, pero luego vendría el escándalo interminable cuando subió a su esposa, Betina Angeletti al avión presidencial para pasear por Nueva York a expensas del erario público.

Ahora, la Justicia analiza el destino de los dólares que los hermanos Adorni dicen haber encontrado años atrás en una caja de zapatos la casa de su padre, una de las coartadas elegidas junto con la aparición de Bitcoins en un pendrive, para justificar su desmesurado crecimiento patrimonial. El problema es que la supuesta herencia contradice declaraciones del propio Adorni que dijo en los medios que sólo heredó deudas.

Con un agravante, como los dos hermanos Adorni no coordinaron bien sus declaraciones juradas y la supuesta herencia declarada no coincidía en ambas presentaciones, por eso se amontonan las rectificaciones.

 Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. 

El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

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Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.

Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.

La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.

El juez federal Alejo Ramos Padilla.

Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.

El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.

La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.

El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.