El CREAR pone en vigencia la asistencia económica a comerciantes y pymes de las localidades de Río Negro.
«Programa Específico de Asistencia a Unidades Económicas por Emergencia Sanitaria COVID – 19»,
BENEFICIARIOS Y MONTOS
Serán beneficiarios de este Programa los titulares (personas humanas) de las unidades económicas del sector privado con asiento en la provincia de Río Negro en las localidades consideradas de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” conforme al Decreto Nº 321/21 y las resoluciones pertinentes del Ministerio de Salud:
A) cuya actividad se encuentre totalmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia; o
B) cuya actividad se encuentre parcialmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia y además que su facturación por el período 2020 haya sido inferior a la del período 2019 incrementada en un 30%.
Todo ello siempre y cuando no sean actividades excluidas.
La presente asistencia económica no alcanzará a los estudios de profesionales.
Montos a) De $15.000 Categoría A, B y C b) De $25.000 Monotributista Categoría D, E y F c) De $35.000 Monotributista Categoría G, H e I d) De $45.000 Monotributista Categoría J y K e) De $70.000 Responsables Inscriptos.
Para inscribirte deberás acceder al siguiente link:
Karina Milei excluyó a Patricia Bullrich de los actos oficiales y mandó a la senadora al fondo de la Catedral y no la dejó subir al escenario del Cabildo.
En medio de la pelea con Patricia, Karina ordenó que Bullrich se sentara bien lejos de las primeras filas de la Catedral, donde sí estuvo Santiago Caputo, el principal enemigo de la hermana presidencial.
«Son cosas del secundario. ‘Ahora vas a ver, te pongo bien atrás'», se burló una dirigente cercana a Bullrich. «Ella salió sola y feliz. Le gritaban Patricia presidente», explicó.
En todo momento Bullrich se movió con un pequeño grupo de gente y se mantuvo bien alejada del resto de los ministros. Más tarde, le permitieron salir al balcón de Casa Rosada antes de la reunión de gabinete paralela.
Para explicar la ausencia de la senadora en el Cabildo, desde la Secretaría General de la Presidencia, argumentaron que fue una cuestión de protocolo. Caputo sí estuvo en el palco, aunque en tercera fila y con un look que era elegante para los años ‘20.
Entre las fotos que distribuyó presidencia hubo dos con Adorni en primer plano, una menos que el presidente.
No hubo imágenes adentro de la Catedral, donde Milei sentó bien cerca a Santiago Caputo y a Martín Menem. Ya se sabía que Victoria Villarruel había sido excluída de la ceremonia.
Martín Menem, Karina y Adorni en una de las fotos que distribuyó presidencia,
El arzobispo porteño pronunció un discurso muy crítico de la filosofía libertaria frente a Milei. Jorge García Cuerva pidió proteger a todos los grupos ajustados por el gobierno, como los jubilados, los enfermos y los discapacitados.
García Cuerva aclaró que no quería que sus palabras fueran sacadas de contexto para generar más divisiones. A continuación, habló de cuatro hombres que acercaron un paralítico en camilla a Jesús y atravesaron varios obstáculos hasta llegar.
«Porque nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacitad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más», dijo García Cuerva.
Aprovechó el pasaje de Cafaranaúm para apuntar contra los haters «sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando».
Además, le reclamó a la política trabajar por la unidad. «Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación», dijo.
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
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