El CREAR pone en vigencia la asistencia económica a comerciantes y pymes de las localidades de Río Negro.
«Programa Específico de Asistencia a Unidades Económicas por Emergencia Sanitaria COVID – 19»,
BENEFICIARIOS Y MONTOS
Serán beneficiarios de este Programa los titulares (personas humanas) de las unidades económicas del sector privado con asiento en la provincia de Río Negro en las localidades consideradas de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” conforme al Decreto Nº 321/21 y las resoluciones pertinentes del Ministerio de Salud:
A) cuya actividad se encuentre totalmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia; o
B) cuya actividad se encuentre parcialmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia y además que su facturación por el período 2020 haya sido inferior a la del período 2019 incrementada en un 30%.
Todo ello siempre y cuando no sean actividades excluidas.
La presente asistencia económica no alcanzará a los estudios de profesionales.
Montos a) De $15.000 Categoría A, B y C b) De $25.000 Monotributista Categoría D, E y F c) De $35.000 Monotributista Categoría G, H e I d) De $45.000 Monotributista Categoría J y K e) De $70.000 Responsables Inscriptos.
Para inscribirte deberás acceder al siguiente link:
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¿Qué es el buen funcionamiento del organismo? El andar de nuestro organismo responde a todo lo que hago por él. Lo que hago por él puede ser consciente, darme alegría, dolerme, o todo lo contrario. Desde las Ciencias Naturales, exactas o duras, podemos decir que para lograr el buen funcionamiento del organismo es que comemos…
Lo sentí desde el primer momento, fue como una extraña sensación que sus dedos me rozaran en ese primer encuentro. Lo que más me llamó la atención fue su mirada, desorbitada, buscando no sé qué…, sin aparente dirección que lo guiara. Sus pupilas se convirtieron para mí en portales que se abren y se cierran…
El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas.
Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras.
Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años.
Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial.
Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026».
«La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.
La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto.
Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape.
La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.
Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.
Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».
En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años.
Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI.
La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera.
El campamento de Vicuña en San Juan.
No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores.
El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.
Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país.
Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.
Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».
Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho.
Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década.
Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio.
Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen.
El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina.
La Municipalidad de Villa Regina y el Movimiento Evita informan que se otorgaron todos los turnos para atención de oftalmología y odontología que los camiones de salud comunitaria brindarán en la ciudad los días viernes 21 y sábado 22 de 9.30 a 16.00. Por lo tanto se les solicita a los vecinos no asistir a…
El desembarco de Fernando Cerimedo en el negocio de la Hidrovía, revelado por LPO, estuvo precedido por una serie de vínculos políticos que involucraron a un candidato de Carolina Losada y a dirigentes relacionados con el poderoso Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA).
Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios y abastecimiento de combustible para remolcadores y barcazas.
Molins es pariente de Herme «Vino Caliente» Juárez, quien condujo durante décadas el destino del negocio portuario desde el gremio de estibadores y la poderosa Cooperativa de Trabajo Portuario hasta que llegó Macri al gobierno y el dirigente terminó preso y afuera del sector.
Esa historia no impidió que Molins jugase en el 2023 en la interna para la lista de Losada para la gobernación. Antes, en 2021, había respaldado a la radical cuando ganó una banca en el Senado por Juntos por el Cambio: «Felicitamos a Carolina Losada, a quien acompañamos como referente de nuestro espacio», escribió entonces.
Losada fue la dirigente santafesina que más apoyó a Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, mientras que la exministra de Seguridad fue la principal promotora de Losada en la interna contra Maxi Pullaro para la gobernación. En Santa Fe recuerdan que Patricia viajó a festejar el triunfo de la periodista, pero perdió por paliza contra Pullaro.
Al mismo tiempo, Patricia tiene vínculos con Cerimedo. El consultor libertario contó en una entrevista que ingresó a la política argentina a través de Bullrich en 2019 y continuó trabajando con ella hasta 2021. Nadia Beller, la mujer a la que Cerimedo habría mandado a asesinar, contó que el consultor decía que era «muy cercano» a Bullrich. Otro vínculo entre ambos sería el consultor «Andy» Rivas, un socio de Cerimedo que asesoró a la exministra.
Acciones de SANABRIA SRL
El Boletín Oficial de Santa Fe muestra que en junio de 2022 Molins tenía 175 de las 500 cuotas de Sanabria, equivalentes al 35% de la compañía, mientras Iván Alberto Sanabria concentraba las 325 restantes. En enero de 2023, Molins transfirió toda su participación a Sergio Ezequiel Amarilla y salió formalmente de la sociedad.
Ese mismo año, el dirigente aceitero Luciano Mandón compitió por la intendencia de Puerto General San Martín contra el peronista Carlos De Grandis. Fuentes al tanto del negocio portuario aseguraron a LPO que Sanabria tenía el compromiso de conseguir la habilitación municipal para entrar en el negocio portuario si Mandón lograba desplazar al histórico intendente.
Marcelo Molins, candidato a concejal de Puerto General San Martín por el espacio de Losada, fue dueño del 35% de Sanabria SRL, la antigua guardería náutica que Cerimedo pretendía convertir en una empresa de servicios portuarios
«La promesa era que con un cambio de gobierno municipal se destrabara la habilitación que Sanabria no podía conseguir», explicó a LPO una fuente que conoce las gestiones realizadas alrededor del predio.
Mandón fue concejal de Puerto General San Martín entre 2017 y 2025, preside la Mutual AMPIAVA e integra la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Antes de llegar a Unidos había transitado por el peronismo y por Unidad Popular, el partido de Claudio Lozano.
El SOEA es conducido por Daniel Succi que llegó a la secretaría general por un acuerdo con Mandón. En el sector agroexportador lo conocen como «el dirigente de Vicentin» por su histórica vinculación con la cerealera que entró en default el 2019.
El desembarco de Mandon en Unidos se produjo a través del sector evangélico que conduce el pastor y diputado Walter Ghione. Dentro del armado regional también contó con el respaldo de Mariano Soria, médico sanitarista, exsecretario de Salud de San Lorenzo y candidato a senador por el departamento San Lorenzo.
Soria y Mandón compartieron actividades políticas y vínculos con el sector aceitero. Fuentes al tanto del armado aseguran que ambos trabajaron para arrebatarle Puerto General San Martín a De Grandis, que gobierna la ciudad desde hace décadas.
Cuando la derrota de Mandón dejó sin efecto el compromiso para habilitar el negocio portuario a Sanabria, desembarca Cerimedo y a través de Surlibre Inversiones y aparece como directivo Vicente Quintanal, señalado como testaferro del consultor libertario preso en Bolivia acusado de intento de femicidio.
El aceitero Luciano Mandon junto a Clara García y dirigentes socialistas
A partir de ese momento, la antigua guardería aceleró las gestiones para reconvertirse en una prestadora de servicios navales. La empresa consiguió autorizaciones provisorias de Prefectura en tiempo récord, pese a que el municipio todavía no le había otorgado la habilitación definitiva por falta de documentación.
Fuentes del complejo agroexportador sostienen que esas autorizaciones son prácticamente imposibles de obtener sin contactos con las máximas autoridades. «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura te de luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en un negocio donde entran pocos jugadores», había explicado a LPO un empresario con décadas de experiencia en el sector.
De esta manera, Sanabria atravesó tres etapas. La primera asociada a Molins y al armado político de Losada; luego buscó apoyo en dirigentes vinculados al gremio aceitero para conseguir la habilitación municipal; finalmente, tras la derrota de Mandón, el proyecto llegó al entorno de Cerimedo y escaló hasta incluir la compra de uno de los mayores terrenos portuarios disponibles sobre el Paraná. La pregunta que queda flotando en el sector es ¿quién llevó el negocio al ex dueño de La Derecha Diario?
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