El CREAR otorgará subsidios a comerciantes y pymes

El CREAR pone en vigencia la asistencia económica a comerciantes y pymes de las localidades de Río Negro.

«Programa Específico de Asistencia a Unidades Económicas por Emergencia Sanitaria COVID – 19»,

BENEFICIARIOS Y MONTOS

Serán beneficiarios de este Programa los titulares (personas humanas) de las unidades económicas del sector privado con asiento en la provincia de Río Negro en las localidades consideradas de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario” conforme al Decreto Nº 321/21 y las resoluciones pertinentes del Ministerio de Salud:

A) cuya actividad se encuentre totalmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia; o

B) cuya actividad se encuentre parcialmente suspendida en virtud de leyes nacionales y/o provinciales, decretos nacionales y/o provinciales y/o las resoluciones del Ministerio de Salud de la Provincia y además que su facturación por el período 2020 haya sido inferior a la del período 2019 incrementada en un 30%.

Todo ello siempre y cuando no sean actividades excluidas.

La presente asistencia económica no alcanzará a los estudios de profesionales.

Montos
a) De $15.000 Categoría A, B y C
b) De $25.000 Monotributista Categoría D, E y F
c) De $35.000 Monotributista Categoría G, H e I
d) De $45.000 Monotributista Categoría J y K
e) De $70.000 Responsables Inscriptos.

Para inscribirte deberás acceder al siguiente link:

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    Al igual que con el quórum, los libertarios contaron con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y casi todos los representantes de Innovación Federal, la bancada que responde a Carlos Rovira y Gustavo Sáenz. Para obtener ese apoyo, Diego Santilli gastó los teléfonos de los gobernadores en la previa de la sesión prometiendo un alivio para las tarifas eléctricas bajo la forma de un canje de «zona cálida por zona fría».

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    Biella, por su parte, se preguntó si el dinero tributado sería imputado al pago de obras, como debería suceder con el impuesto a los combustibles, o jubilaciones. Miembro del bloque Innovación Federal, que responde a Gustavo Sáenz, el legislador había dicho antes de dar quórum que votaría contra la ley porque «en Salta hace más frío que en Mendoza».

    Sobre el debate acerca del financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, el ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodrígez, recordó que «presentó superávit en 2021, 2022 y 2023, pero apenas asumió Javier Milei entró en déficit». Según sus cálculos, en 2021 hubo un superávit de 16 mil millones de pesos; en 2022, fue de 7697 millones de pesos; y en 2023, alcanzó 39 mil millones de pesos de balance positivo, mientras que en 2024 cayó en un déficit de 54 mil millones de pesos.

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    En medio del escándalo, en las últimas horas Daniel Passerini despidió de la Municipalidad de Córdoba a Barrelier, quien había ingresado como «becario» a la comuna capitalina en 2021.

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    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.

    Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.

    Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo

    La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.

    Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.

    El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.

    En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.

    La investigación sigue abierta

    La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.

    Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.

    Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.

    La vara de la moralidad

    Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.

    Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.

    No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.

     

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