El candidato de Petro lidera las encuestas en Colombia con una derecha dividida

El candidato de Petro lidera las encuestas en Colombia con una derecha dividida

 

Ivan Cepeda se consolida como el favorito para las elecciones que se realizarán en mayo, según la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en alianza con la revista Cambio. 

El sondeo se realizó entre el 15 y el 21 de enero y ubica a Cepeda, representante del Pacto Amplio, en primer lugar con el 28,2% en intención de voto.

En segundo lugar aparece el outsider Abelardo De la Espriella, con el 15,5%, seguido por el centrista Sergio Fajardo con 9,8%. Más atrás siguen Claudia López que obtiene 3,7%, Vicky Dávila (2,4%), Paloma Valencia (2,3%) y Juan Manuel Galán (2%). 

Otros aspirantes con más del 1% de intención de voto incluyen a Juan Daniel Oviedo (1,7%), Enrique Peñalosa (1,3%) y Juan Carlos Pinzón (1%). Entre quienes rondan el 1% o menos se encuentran Daniel Quintero, Carlos Caicedo, Aníbal Gaviria, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Camilo Romero, Maurice Armitage y Roy Barreras. El voto en blanco representa el 2,3%, la opción «ninguno» alcanza el 16,1% y los indecisos suman 7,5% de la muestra.

El uribismo elige a una trumpista como candidata a presidenta de Colombia 

La posibilidad de una coalición entre Fajardo y López se vislumbra relevante. La suma de ambos (13,5%) se acercaría al porcentaje de De la Espriella, e incluso superaría el total de los postulantes de la Gran Consulta por Colombia, que juntos obtienen 13%. 

El sondeo se realizó entre el 15 y el 21 de enero y ubica a Cepeda, representante del Pacto Amplio, en primer lugar con el 28,2% en intención de voto. En segundo lugar aparece el outsider Abelardo De la Espriella, con el 15,5%, seguido por el centrista Sergio Fajardo con 9,8%.

Según la revista Cambio, esta hipótesis coloca al centro como un posible actor determinante para ingresar a la segunda vuelta presidencial frente a la fragmentación de los sectores de centroderecha y derecha.

Gustavo Petro.

De cara a las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, el 39,7% de los encuestados manifiesta interés en participar en la Gran Consulta por Colombia y el 36,3% en la del Pacto Amplio. Un 16,8% descarta votar en alguna, mientras que el 7,7% se mantiene indeciso.

Las proyecciones para la primera vuelta presidencial después de marzo muestran que Cepeda alcanzaría el 33,4%, aún lejos del 51% requerido para evitar la segunda vuelta. De la Espriella se mantiene en segundo lugar con 16,9%. Fajardo y López obtendrían 10,9% y 7,7%, respectivamente. 

Las proyecciones para la primera vuelta presidencial después de marzo muestran que Cepeda alcanzaría el 33,4%, aún lejos del 51% requerido para evitar la segunda vuelta. De la Espriella se mantiene en segundo lugar con 16,9%. Fajardo y López obtendrían 10,9% y 7,7%, respectivamente.

En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda mantendría la ventaja ante cualquier rival. Frente a De la Espriella, lograría un 45,2% contra el 25,7%, mientras el 29,1% de los votantes permanecería indeciso.

Si Fajardo llegara a la segunda vuelta, la diferencia sería menor: Cepeda obtendría el 40,7% frente al 28% de Fajardo y los indecisos aumentarían a 31,3%. Ante Valencia, Cepeda alcanzaría el 47,7% y la candidata del Centro Democrático el 17,8%, con un 34,5% de indecisos.

El sondeo también explora la percepción ciudadana sobre asuntos nacionales e internacionales. Un 48,8% de los consultados mantiene una imagen positiva del presidente Gustavo Petro, mientras el 42,1% expresa una percepción negativa.

Este balance coincide con el porcentaje de personas que declara haberse beneficiado por el aumento del salario mínimo en un 23%, medida impulsada por el actual Gobierno. Respecto al rumbo del país, el 40,3% considera que Colombia progresa, el 38,8% opina que retrocede y el 18,8% percibe estabilidad sin cambios.

 

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  • Guerra abierta en el peronismo tucumano: Jaldo le intervino la Caja a Cisneros

     

    Osvaldo Jaldo le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros al diputado Carlos Cisneros tras acusarlo de filtrar imágenes de sus vacaciones en las playas de Aruba y abrió un conflicto en el peronismo tucumano de alcance impredecible.

    La Caja Popular es un cuasi banco que no tiene el control del Banco Central. 

    En el imaginario popular de los tucumanos, la Caja es del sindicato La Bancaria que en la provincia lidera Cisneros. Es una mega estructura que entrega créditos a empleados públicos, hace operaciones financieras y hasta tiene el manejo del juego provincial en sociedad con el empresario Roberto Sagra. 

    Es una gigantesca fuente de poder que controla Cisneros, que suele ser un aliado ineludible de los gobernadores peronistas, hasta que alguna disputa de poder los hace chocar. Una situación muy similar a la actual ocurrió una década atrás entre Cisneros y el entonces gobernador José Alperovich, que le intervino la Caja y generó una amarga pelea que sigue hasta estos días. No así con Juan Manzur, que logró convivir en paz con el diputado. 

    La pelea por los jueces federales de Tucumán: Beatriz Ávila propone a Toledo y Gladys Medina a Casella

    Como sea, luego de meses de tensión subterránea entre Cisneros y el actual gobernador, el episodio de Aruba terminó de descarrilar la relación. Este miércoles, a su regreso de las vacaciones, Jaldo dio una conferencia de prensa con un nivel de tensión política explícita, poco habitual en la política tucumana, donde son especialistas en golpearse por detrás. 

    Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político.

    «Me tomé licencia por diez días hábiles por razones particulares, sin goce de sueldo. Quiero agradecer a los medios locales que han respetado la vacaciones que me tomé con mi familia. No así algunos medios nacionales que han sido motivados, incentivados, por personajes de esta querida provincia, que muy pronto se va a conocer quienes son. Esto ha sido un carancheo político», afirmó Jaldo.

    Si bien no mencionó a Cisneros en su conferencia de prensa, horas después quedó clarísimo a quien apuntaba cuando decidió intervenir la Caja, una decisión de altísimo voltaje político en Tucumán. 

    Jaldo nombró como interventor a Guillermo Norry, un dirigente que se desempeñaba como interventor del municipio de Alberdi, y desplazó al actual interventor de la Caja, José Díaz, que responde a Cisneros. El gobernador desde que asumió buscó una alianza con los intendentes -peronistas y radicales-, como parte de un entramado territorial que sigue pesando en la política tucumana.

    Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, aunque el año que pasó acumuló conflictos con pesos pesado de la política provincial. Entró en guerra con Miguel Chaiben Terraz, presidente del Tribunal de Cuentas cuando este empezó a habilitar auditorias picantes sobre la ayuda social que distribuye la Caja Popular. Pero también chocó con Edmundo ´Pirincho´ Jiménez, octagenario jefe de los fiscales de la provincia, que avanzó contra algunos medios y disparado el conflicto avisó: «yo ya no tengo nada que perder».

    Desde es momento, la gran pregunta que recorría la política tucumana era si Jaldo se animaría a dar el paso de tocarle la Caja Popular a Cisneros.

    Cisneros está acostumbrado a jugar fuerte, pero el año que pasó acumuló conflictos con dos pesos pesado de la política provincial: el presidente del Tribunal de Cuentas,Miguel Chaiben Terraz y el jefe de los fiscales, Edmundo ´Pirincho´ Jiménez.

    En 2024, tras sellar un acuerdo con el ex intendente de la capital, Germán Alfaro, el gobernador había amenazado con nombrarlo interventor de la Caja Popular. Pero quedó en la nada. El golpe a Cisneros se hizo esperar casi dos años en medio de tironeos y de mensajes cruzados, en la promiscua política tucumana. 

    Ahora, en la provincia esperan una guerra de guerrillas entre el gobernador y Cisneros que puede salpicar a otros dirigentes de peso, con el telón de fondo de las elecciones del 2027, donde todos los cargos ejecutivos se pondrán en juego. 

    En cuanto a la situación de la Caja, fuentes al tanto de la decisión, anticiparon a LPO que podría haber novedades desde el lado del Tribunal de Cuentas. 

    «Norry es un bonachón que va a hacer lo que pida Jaldo», afirmó a LPO un dirigente del peronismo tucumano, al analizar los márgenes de autonomía del flamante interventor.

     

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    Un Policía Federal se encadenó a la reja de la Casa Rosada: un grito de alerta contra la precarización salarial y la corrupción institucional

     

    Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.

    “Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada

    Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.

    Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.

    Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.

    Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural

    La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.

    Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.

    Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.

    La protesta que interpela al Gobierno

    Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.

    La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.

     

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