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Adorni contrató al abogado de Yabrán para defenderse en las causas de corrupción
Manuel Adorni contrató a Guillermo Ledesema, el abogado de Alfredo Yabrán, para defenderse en las causas por corrupción que pusieron su continuidad como funcionario de los hermanos Milei en la cuerda floja.
Pese a que el Presidente expresó su respaldo con una presunta hoja de ruta hasta 2027 para Adorni, el jefe de Gabinete sigue complicando al gobierno con cada paso que da desde que estalló el escándalo de los viajes en vuelos privados, la casa en el country y el departamento en Caballito con un nivel de ingresos incompatible con su patrimonio.
Las causas en las que deberá representarlo Ledesma serán la de presunto enriquecimiento ilícito y la que investiga su viaje a Punta del Este.
Pero, además, la transparencia de Adorni estaría comprometida hasta por la cartera de la escribana, Adriana Nechevenko, quien tuvo que desfilar por los tribunales de Comodoro Py hace 12 años por una serie de operaciones con narcos, tal como informó LPO. Sus clientes terminaron condenados en la Justicia por traficar efedrina para la producción de metanfetamina, la droga que popularizó la serie Breaking Bad.
«El caso Adorni es un reflejo de la predilección de Karina por lo runfla»
Ahora el jefe de Gabinete eligió para su defensa al abogado Ledesma, quien cosechó su prestigio por haber integrado la cámara que realizó el juicio a las juntas. Sin embargo, también fue defensor del empresario Yabrán e, incluso, llegó a tener una reunión con Antonini Wilson, el famoso venezolano que trató de meter una valija llena de dólares en 2007, para ser su representante.
El diario La Nación publicó que «Antonini había grabado la conversación» que mantuvo con Ledesma en Miami, cuando almorzaron en un restaurante de Ford Lauderdale. «Ledesma le aseguraba que no iba a ir preso y que la garantía de eso eran ‘Kirchner y Chávez'», reseñó el diario.
Al abogado le indignaba que se lo asociara a una operación de kirchnerismo para tranquilizar al venezolano. «En la desgrabación completa está claro. Yo le digo a Antonini: ´Si me contratan para vos y te defiendo, te digo todo. Me importan tres pomos los demás, sólo me importás vos. No soy kirchnerista ni lo quiero ser», fue el descargo que resumió La Nación.
Más allá de la competencia que tenga o no Ledesma para salvar a Adorni, los clientes del letrado no parecen ser de ayuda para la Casa Rosada.
Karina y Adorni.
Paradójicamente, fue un pedido del gobierno que Adorni se buscara un abogado. Hasta el ex ministro Mariano Cúneo Libarona se permitió sugerirlo con acidez: «es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto».
Para colmo, ambas causas recayeron en el juzgado de Ariel Lijo, quien padeció la fallida estrategia de Santiago Caputo en 2024 para llegar a la Corte Suprema y terminó expuesto al rechazo de su pliego en el Senado a principios de 2025. Ahora, el magistrado está a cargo de la investigación sobre las coimas de la Andis, además de la investigación sobre Adorni, y aspira a la Procuración General de la Nación.
Es un enorme expositor, brillante, pero en una causa propia es distinto.
El problema es que quedó del lado de Ricardo Lorenzetti y Guillermo Montenegro por el Ministerio de Justicia, una logia que contaba con el supuesto beneplácito de Javier Milei pero fue descartada por Karina para nombrar a Juan Bautista Mahiques. O sea que Adorni afronta no solo una tortuosa defensa, a través de un abogado que representó al empresario que pasó a la historia argentina como el símbolo de la corrupción menemista, sino también la definición que tome eventualmente Lijo.
Si bien todavía no tiene fecha fijada su posible citación a declaración indagatoria, Adorni deberá preparar con Ledesma esa presentación, al tiempo que también debería estudiar las respuestas a las preguntas que le formulen los diputados cuando deba rendir su informe mensual el próximo 29 de abril.
Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que la oposición ya trabaja para lograr en la sesión del próximo miércoles, cuando se discuta la modificación a la ley de glaciares, un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar pedidos de interpelación a Adorni.
Monteoliva desmintió que haya levantado custodias de entidades judías, pero en la comunidad lo confirman
Alejandro Monteoliva desmintió la primicia de LPO sobre el levantamiento de custodias a las entidades judías, pero desde la comunidad lo confirman y aseguran que hay templos que siguen sin la protección de la Policía Federal.
Este medio reveló que la ministra de Seguridad sacó la custodia de 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía y desató un conflicto con la DAIA. El traslado de los custodios se hizo con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el «FBI argentino» que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra.
«A las noticias falsas y la desinformación, les respondemos con la verdad. La custodia en los establecimientos de la comunidad judía no se redujo: fue reforzada y se mantiene activa», dijo Monteoliva mediante un comunicado de su ministerio.
La desmentida se choca con la realidad. Por caso, desde un templo de Once, que dejó de ser custodiado desde días atrás hasta el cierre de esta nota, se quejaron ante las autoridades nacionales en reiteradas ocasiones y no pudieron tener una respuesta de Monteoliva.
Fuentes de la DAIA dijeron a LPO que esa falla se debe a internas dentro de la propia Policía Federal. De hecho, hay una preocupación creciente en el gobierno porque Monteoliva no ejerce el mando real sobre la fuerza. Tampoco tiene ascendencia en las fuerzas Martín Ferlauto, el joven secretario de Seguridad Nacional.
Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA
La ministra enfrenta un incipiente reclamo de parte de los efectivos que exigen una recomposición salarial como la que obtuvo Gendarmería durante la gestión de Patricia Bullrich, muy cercana a los gendarmes.
Monteoliva ya había padecido una situación similar en 2013 cuando fue ministra de Seguridad de Córdoba y tuvo que renunciar por el acuartelamiento de la policía. En ese momento fue considerada una de las responsables políticas del motín de la fuerza, que desembocó en muertos, heridos y saqueos.
