El día 15 de enero, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina se continuó con las actividades de educación y concientización vial del presente año en la colonia de vacaciones del Club Regina de nuestra ciudad.
En esta oportunidad, se realizaron diferentes actividades didácticas con los chicos y chicas entre 4 y 12 años de edad.
Convencidos, que la Educación Vial, debe ser una política de estado, desde la Dirección se trabajará durante todo el año esta temática con todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad.
El conflicto en el INTI escaló en los últimos días con denuncias de vaciamiento, baja de más de 900 servicios técnicos y un plan de despidos que, según los gremios, podría superar a los mil trabajadores. La reestructuración impulsada por el Gobierno en el marco del ajuste estatal afecta áreas sensibles como alimentos, materiales y control industrial, y generó protestas.
En ese contexto, la industria de la miel aparece como un caso testigo de la importancia del INTI en la estructura productiva. Hasta 2018, el sector enfrentaba rechazos recurrentes en aduana por problemas de contaminación de los tambores utilizados para exportación y por la falta de una normativa clara que garantizara estándares sanitarios.
La situación se estabilizó recién con el trabajo conjunto del INTI y el SENASA, que fijaron un sistema de certificación para los envases que permitió ordenar la trazabilidad y reducir los rechazos en mercados exigentes como la Unión Europea.
En ese esquema, el INTI auditaba los procesos, realizaba ensayos físicos y químicos y certificaba que los tambores donde se embazaba de hasta 340 kilos donde se embazaba la miel cumplieran con los estándares internacionales. Era un control clave para evitar contaminación por residuos o metales pesados, uno de los principales motivos de rechazo en destino.
Ahora ese sistema quedó en el aire. Según fuentes del sector que hablaron con LPO, el Gobierno dio de baja esos servicios dentro del INTI y trasladó las certificaciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada. En las empresas advierten que el cambio implica mayores costos a la industria y genera incertidumbre sobre la capacidad técnica.
Los tambores diseñados y controlados por INTI
Argentina es el cuarto exportador mundial de miel y concentra casi el 90% de sus ventas en tres mercados: Estados Unidos, Alemania y España. En especial Alemania, uno de los principales destinos que aplica controles extremadamente rigurosos sobre calidad y residuos.
Por eso, en la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: «Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego», sostuvo para LPO un especialista en producción de miel de Santa Fe.
Argentina es uno de los principales jugadores del mercado global de miel: en 2024 exportó más de 78 mil toneladas y se consolidó como el cuarto proveedor mundial, detrás de China, India y Ucrania aunque en el sector sospechan que Ucrania es una plaza que triangula con China.
En la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: «Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego
La actividad involucra a unos 22 mil apicultores en todo el país y tiene fuerte presencia en provincias como Entre Ríos y Santa Fe, donde la cadena productiva genera empleo y divisas en economías regionales que dependen casi exclusivamente de la exportación.
El negocio, además, está altamente concentrado en mercados externos exigentes: Estados Unidos absorbe cerca del 70% de los envíos, mientras que Alemania y España completan el grueso de las ventas.
Esa dependencia vuelve al sector particularmente sensible a cualquier falla en estándares sanitarios o de calidad. En ese contexto, la pérdida de controles técnicos como los que garantizaba el INTI no solo genera ruido en la industria, sino que pone en juego una de las economías regionales que sostiene volumen exportador de manera constante, o sea, en términos de la escuela austríaca, es muy competitiva.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse un nuevo viaje familiar a Bariloche en el que habría gastado más de 6.000 dólares solo en alojamiento en un hotel de lujo, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya lo tiene bajo la lupa.
Por Roque Pérez para NLI
Otro capítulo de gastos en dólares
Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el funcionario realizó una escapada junto a su familia durante un fin de semana largo, pocos meses después de asumir funciones, y se hospedó en el exclusivo hotel Llao Llao, uno de los más caros del país.
El dato más llamativo es que solo el costo de la habitación habría superado los 6.000 dólares, sin incluir pasajes aéreos ni consumos dentro del hotel, que suelen tener valores elevados.
Este nuevo episodio vuelve a exponer una contradicción cada vez más difícil de sostener: el discurso de austeridad del gobierno de Milei frente a los gastos personales de sus principales funcionarios.
Lujo en medio del ajuste
El hotel elegido por Adorni no es un destino cualquiera. Se trata de un símbolo del turismo premium en la Patagonia, frecuentado por empresarios y figuras de alto poder adquisitivo.
En ese contexto, el viaje generó fuertes cuestionamientos políticos, sobre todo porque ocurre en un escenario económico marcado por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el recorte del gasto público que impulsa Milei.
La imagen es difícil de disimular: mientras se le exige sacrificio a la población, un funcionario clave del gobierno aparece vinculado a consumos en dólares en uno de los hoteles más exclusivos del país.
Una causa judicial que se agrava
El viaje a Bariloche no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de movimientos que ya están siendo investigados por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Días atrás, se confirmó que Adorni también viajó a Aruba con su familia en primera clase, con pasajes que costaron unos 5.800 dólares en total, mientras se analizan los gastos de alojamiento en un resort all inclusive.
En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario para rastrear el origen de los fondos utilizados en estos viajes.
El problema político que crece
El caso empieza a tener un impacto político más amplio. No solo por el contraste con el relato oficial, sino porque cada nuevo viaje conocido amplía las dudas sobre la consistencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos.
Además, estas revelaciones contradicen declaraciones previas del propio Adorni, quien había minimizado sus viajes personales, lo que suma un nuevo elemento de desgaste en la escena pública.
En un gobierno que hizo de la “casta” su principal bandera discursiva, el escándalo golpea en un punto sensible: la credibilidad.
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