El día 15 de enero, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina se continuó con las actividades de educación y concientización vial del presente año en la colonia de vacaciones del Club Regina de nuestra ciudad.
En esta oportunidad, se realizaron diferentes actividades didácticas con los chicos y chicas entre 4 y 12 años de edad.
Convencidos, que la Educación Vial, debe ser una política de estado, desde la Dirección se trabajará durante todo el año esta temática con todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad.
La autopsia del cuerpo de Agostina Vega confirmó que el cuerpo de la adolescente fue desmembrado, confiaron fuentes policiales. El escabroso detalle conmocionó aún más a la sociedad cordobesa impactada por el caso.
El descubrimiento del cuerpo en menos de 72 horas fue celebrado por la gestión provincial, pero el éxito de la investigación quedó opacado por las desafortunadas declaraciones del fiscal Raúl Garzón, que pidió «una medalla» para el perro que lo encontro.
En el gobierno de Martín Llaryora de todas maneras destacan que el fiscal y el ministro Quinteros lograron en un tiempo récord rastrillar con éxito un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. El cuerpo de Agostina se encontró en una zona de bosque ubicada dentro del mismo predio.
Llaryora recibió esta domingo a los abuelos de Agostina que le agradecieron la celeridad del operativo y luego se reunió con el padre de la chica, un ex policía a quien se mantuvo permanentemente al tanto de la investigación.
Durante la fallida conferencia de prensa de este sábado, el fiscal Garzón reveló que el crimen ocurrió entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.
El único sospechoso sigue siendo el puntero Gabriel Barrelier, ex novio de la madre de Agostina, que está detenido y este domingo habría intentado quitarse la vida.
Garzón confirmó que hay varias líneas de investigación que incluyen el entorno de Agostina y confirmó que se encontraron elementos probatorios relevantes durante la investigación.
El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.
La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.
El regreso del modelo de los ‘90
La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.
Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.
Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.
Tarifas, negocios y control social
El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.
La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.
El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.
Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.
La Municipalidad de Villa Regina y la Comisión Administradora de la Feria del trueque y usado informan que la feria no se realizará durante los próximos fines de semana. Esto se debe a que se decidió reajustar los protocolos establecidos para su funcionamiento en el marco de la pandemia por COVID-19. Para ello, en el…
Donald Trump activó el «Escudo de las Americas» para reunir el respaldo de países latinoamericanos al gobierno de Bolivia en medio de la crisis por las protestas de los movimientos sociales y la huelga de las centrales sindicales.
En ese marco, los países integrantes de la iniciativa de seguridad regional «Shield of the Américas» (Escudo de las Américas) emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo a Rodrigo Paz y manifestaron su preocupación por las protestas y bloqueos de rutas que, según sostienen, buscan alterar el orden constitucional del país.
El comunicado, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala que los miembros del bloque observan con inquietud las acciones de grupos que «intentan desestabilizar a Bolivia mediante manifestaciones y cortes de rutas».
La declaración se produce en medio de una creciente tensión política en Bolivia, donde distintos sectores vinculados al expresidente Evo Morales impulsan movilizaciones para exigir su habilitación como candidato presidencial.
El gobierno boliviano ha denunciado que algunos de esos bloqueos afectan el abastecimiento y el normal funcionamiento de la economía. Los países miembros del Escudo de las Américas también hicieron un llamado a resolver las diferencias políticas mediante mecanismos democráticos y pacíficos, evitando acciones que puedan agravar la situación interna. Asimismo, ratificaron su apoyo a las autoridades bolivianas para preservar el orden constitucional y garantizar la seguridad de la población.
El Escudo de las Américas es una coalición impulsada por Donald Trump que nuclea a líderes de derecha y dice estar orientada a coordinar esfuerzos regionales contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad hemisférica. La iniciativa reúne países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago
La declaración sobre Bolivia constituye una de las intervenciones políticas más explícitas realizadas hasta ahora por el bloque, que originalmente fue concebido como un mecanismo de coordinación en temas de seguridad.
Esto refleja la creciente voluntad de sus miembros de actuar también frente a crisis políticas consideradas una amenaza para la estabilidad regional y la defensa cerrada de todos los gobiernos de derecha que orbita bajo el liderazgo de Trump.
¡Sumate a la Iniciativa Popular contra la megaminería contaminante en la provincia de Río Negro! Listado de Organismos Públicos para Firmar ***** VALCHETA: en la Comisaria XV y Juzgado de Paz (Contacto: Neyen Mapu. Asamblea en Defensa del Agua y el Terriotiro de Valcheta https://www.facebook.com/neyen.mapu.9) JACOBACCI: en el Juzgado de Paz, Casa de Justicia y Concejo Deliberante…
Suelo pensar que vivir en éste mundo es una eterna dualidad. Por suerte existen opciones, para que cada uno se sienta libre de elegir su camino. Unas de las cosas que me deja perpleja al observar con detalle el modo en el que vivimos, es ver cómo nos introdujeron en nuestro subconsciente la cultura de…
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