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Educación Vial en la Colonia de Vacaciones del Club Regina

El día 15 de enero, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina se continuó con  las actividades de educación y concientización vial del presente año en la colonia de vacaciones del Club Regina de nuestra ciudad.

En esta oportunidad, se realizaron diferentes actividades didácticas con los chicos y chicas entre 4 y 12 años de edad.

Convencidos, que la Educación Vial, debe ser una política de estado, desde la Dirección se trabajará durante todo el año esta temática con todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad.

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    El ajuste en la salud: Milei disuelve el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales

     

    A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Milei eliminó el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), un organismo clave en el estudio de la alimentación y la salud pública. La medida, presentada como una “reorganización”, despierta fuertes críticas por el impacto en la ciencia y en un contexto de creciente deterioro social.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Un cierre que no es técnico, sino político

    La decisión de disolver el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) quedó formalizada hopy mediante el Decreto 192/2026, en el marco de una reestructuración más amplia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS–Malbrán).

    Según el texto oficial, las funciones del organismo serían absorbidas por otras áreas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia y evitar superposiciones. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se esconde una realidad más profunda: el avance de un modelo de ajuste que recorta capacidades estratégicas del Estado en áreas sensibles.

    No se trata de una oficina más. El CNIN era un espacio especializado en el estudio de la nutrición, la calidad alimentaria y su impacto en la salud de la población argentina.


    Reorganización o desmantelamiento encubierto

    El decreto no solo elimina el CNIN, sino que también fusiona otros institutos dentro de la ANLIS, en una lógica de concentración que ya se repite en distintas áreas del Estado.

    El Gobierno sostiene que busca “optimizar recursos”. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos suelen derivar en menos equipos, menos investigación y menor capacidad operativa. En otras palabras: menos Estado donde más se lo necesita.

    En el campo de la salud pública, esto no es un detalle menor. Es un cambio estructural que puede afectar la capacidad del país para producir conocimiento propio y diseñar políticas basadas en evidencia.


    En un país con hambre, se elimina investigación sobre nutrición

    La medida resulta especialmente preocupante si se la analiza en contexto. Argentina atraviesa un escenario donde:

    • Crece la pobreza
    • Se deteriora el acceso a alimentos de calidad
    • Aumentan los problemas de malnutrición

    En ese marco, cerrar un organismo dedicado específicamente a estudiar la alimentación de la población no parece una decisión casual, sino profundamente ideológica.

    El CNIN no solo producía investigaciones: también aportaba datos clave para políticas públicas, diagnósticos sanitarios y estrategias de intervención.

    Eliminarlo implica dejar al Estado con menos herramientas para entender qué comen —y qué dejan de comer— millones de argentinos.


    El modelo Milei: ajuste, ciencia en retroceso y Estado mínimo

    La disolución del CNIN se inscribe en una política más amplia del gobierno de Milei: reducir el tamaño del Estado incluso en áreas críticas como salud y ciencia.

    El problema es que estas decisiones no son fácilmente reversibles. Desarmar equipos de investigación, interrumpir líneas de trabajo y dispersar profesionales tiene efectos que pueden durar años o décadas.

    Mientras tanto, las problemáticas que esos organismos abordaban —como la nutrición y la salud alimentaria— no desaparecen. Al contrario: se agravan.

     

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    Operativo cobardía frente al departamento de Adorni: blindaje policial ante el anuncio de una clase pública

     

    Un impresionante despliegue policial con decenas de efectivos y más de 20 móviles rodeó el departamento no declarado de Manuel Adorni en Caballito, en simultáneo con el anuncio de una protesta inédita: docentes universitarios que decidieron llevar el aula a la calle para denunciar el ajuste. La escena expone una postal brutal de prioridades del gobierno.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El contraste fue imposible de ignorar. De un lado, cientos de efectivos, móviles policiales y un operativo de seguridad desproporcionado desplegado en un barrio porteño. Del otro, docentes universitarios dando clases públicas en la vereda, con pizarrones improvisados y consignas contra el ajuste educativo. Todo se dará frente al departamento en Caballito que el propio Manuel Adorni admitió haber comprado y que no figuraba en su declaración jurada.

    Un operativo que generó más preguntas que respuestas

    Según distintas crónicas y registros que circularon durante la jornada, el gobierno montó un fuerte operativo policial con más de 20 móviles y una presencia masiva de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio. La magnitud del despliegue no pasó desapercibida: vecinos, estudiantes y docentes lo interpretaron como un intento de blindar políticamente a un funcionario en medio de un escándalo patrimonial.

    El dato no es menor. El departamento en cuestión había salido a la luz recientemente, en medio de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El propio Adorni reconoció la propiedad en una conferencia, luego de que trascendiera su existencia.

    Clases públicas frente al poder

    En paralelo, docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante una medida tan simbólica como contundente: clases públicas frente al domicilio del funcionario. La iniciativa fue impulsada como forma de visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior.

    La protesta no surgió de la nada. Según datos difundidos por organizaciones docentes, el sector perdió cerca de un 36% del poder adquisitivo, en un contexto de congelamiento salarial y crisis presupuestaria.

    La consigna fue clara: exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el vaciamiento del sistema. En ese marco, la elección del lugar —la casa de uno de los principales voceros del gobierno— no fue casual.

    La postal del ajuste

    La escena que se vive en Caballito sintetiza una tensión que atraviesa toda la coyuntura: recursos estatales destinados a la seguridad de funcionarios, mientras la educación pública se moviliza para sobrevivir.

    Mientras los docentes daban clases abiertas —en muchos casos con contenidos sobre economía, política y derechos sociales—, detrás se desplegaba un cordón policial que recordaba más a un operativo de alto riesgo que a una manifestación pacífica.

    Un conflicto que escala

    La protesta frente al domicilio de Adorni no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de conflictividad en el ámbito universitario, que incluye paros, movilizaciones y renuncias masivas en distintas instituciones.

    En ese contexto, la decisión de responder con un operativo de gran escala agrega un nuevo elemento: la securitización del conflicto social, incluso cuando se trata de manifestaciones docentes.

     

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