El gobierno porteño prohibió el ingreso de materiales de construcción para frenar el crecimiento de la Villa 31. El Ejecutivo instaló retenes policiales y peatonalizó calles para impedir nuevas edificaciones.
Desde hace varios meses el gobierno porteño puso el foco en el orden público y publicitó los desalojos a propiedades que llevaban años usurpadas. Además, en la última semana, Jorge Macri anunció que el IVC dejaría de destinar recursos a la urbanización de barrios populares.
«Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad», dijo Macri luego de un operativo donde se instalaron bolardos en varias calles para impedir el paso de vehículos.
Como parte del operativo también fueron clausurados corralones de materiales que estaban en el interior del barrio.
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Cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos fueron transformadas en calles peatonales, tres pasarán a tener puestos permanentes de la policía porteña y dos calles se convirtieron en contramano.
Desde el gobierno aseguraron que «la urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación».
«No podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos», dijo Macri.
La idea de prohibir el ingreso de materiales a la villa más grande de la Ciudad ya fue implementada durante el primer gobierno de Mauricio Macri. El efecto inmediato fue el encarecimiento del cemento, arena y piedras, pero las construcciones siguieron. En ese entonces, la restricción terminó por favorecer a empresarios como Oscar Remorino, un conocido puntero del barrio.
El Gitano continuó con su negocio y luego se convirtió en proveedor del gobierno porteño, lo que le permitió incluso comprar un inmueble subastado por el AABE en 2017.
