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¿La justicia social es un robo? La utopía extrema detrás del dogma de Milei
La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.
El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria
El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.
Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.
Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.
El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.
La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad
Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.
Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.
En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.
El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.
La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.
El caso argentino: justicia social como pacto democrático
En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.
Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.
El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.
Una consigna más ideológica que aplicable
La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.
La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.
Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.
La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.
El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.
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Alarma entre los intendentes por el derrumbe de la coparticipación y la recaudación por tasas
Se espiraliza la crisis recaudatoria municipal y el derrumbe de la cobrabilidad de las tasas locales aparece como una problemática central expuesta por los intendentes en sus mensajes de apertura de sesiones ordinarias.
A la nueva caída de la coparticipación que alarma en las provincias y que tiene su efecto dominó en las comunas, se suma el drástico descenso en el cobro de tributos municipales, que empuja a los intendentes a recortar los ya limitados planes de obras previstos con fondos propios.
El caso de Tandil es un exponente del golpe de la recesión en el interior bonaerense. El radical Miguel Lunghi alertó un desplome recaudatorio inédito en sus seis periodos como intendente, con una merma cercana a los 15 puntos.
En 2025, los niveles medios de cobrabilidad que estaban en el orden del 70%, cayeron a un 56%. Lunghi habló de «severas dificultades económicas» para los vecinos y que impacta en la percepción de tributos por parte del municipio.
A esa problemática, el intendente de Tandil sumó las deudas de los estamentos superiores. Así, acusó que la Provincia le debe a su municipio 2.500 millones y el Gobierno nacional, 500 millones. Eso, sumado a los 3.500 millones menos de lo previsto por coparticipación.
Alarma total en las provincias, la coparticipación cae más del 7 por ciento
«Son 6.500 millones de pesos que no llegaron a Tandil. Son, o mejor dicho, podrían haber sido, 80 cuadras de pavimento, o 140 de cordón cuneta, o la posibilidad de comenzar con una obra estratégica y necesaria para una ciudad en expansión», dijo.
Como contó LPO, la preocupación de las provincias está centrada en la debilidad persistente del IVA, impuesto directamente vinculado al consumo y que es un componente central de la masa coparticipable. Cuando cae el IVA, cae automáticamente la coparticipación.
Para febrero, se espera que los indicadores muestren una contracción del orden del 7% en los recursos coparticipables.
En Tandil, durante 2025 los niveles medios de cobrabilidad que estaban en el orden del 70%, cayeron a un 56%.
En Trenque Lauquen, el radical Francisco Recoulat, dijo que los números que ilustran la caída de la coparticipación son «sorprendentes» y «preocupantes». «Al 20 de febrero había ingresado solo el 50% de lo previsto. Eso nos obliga a un esfuerzo enorme para sostener servicios y salarios», dijo.
Con el mismo problema, otro intendente del noroeste bonaerense señaló a LPO que, con lo que hoy recauda su comuna, solo alcanza para cumplir los servicios esenciales. «No estamos pudiendo proyectar casi nada de obras o programas nuevos para el año», dijo.
En el conurbano, el desplome de la recaudación se siente con mayor fuerza en algunas zonas. Por caso, en Esteban Echeverría, Fernando Gray reveló: «Nos cayó un 30% la recaudación».
En su discurso de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante local, Gray señaló: «Estamos optimizando gastos porque vamos a tener que cubrir más cosas todavía» y detalló que la demanda en el Hospital Santamarina subió un 30%.
