En el día de la fecha, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito Municipal de Villa Regina, se hizo presente en la Colonia de Adultos mayores, la cual se desarrolla en las instalaciones del Club Círculo Italiano. Hoy nos acompañó el Intendente, Marcelo Orazi, el Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, y el Director de deportes, Damián Álvarez.
En esta oportunidad la charla de concientización y educación vial fue mediante un juego de preguntas y respuestas para que nuestros adultos mayores disiparan dudas acerca del tránsito vehicular en nuestra ciudad. Estamos convencidos de que la educación vial debe ser una política de Estado y desde nuestra Dirección trabajaremos durante todo el año esta temática con todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad.
Agradecemos a la profesora Patricia Oliveros y al equipo de trabajo por permitirnos llevar está charla, participar y colaborar con las actividades desarrolladas.
Es la tasa de degradación de materiales plásticos más veloz que se conoce en el mundo sobre materiales plásticos. Científicos de la Universidad de Sydney reportaron una posible solución para el gran problema mundial de la contaminación por residuos plásticos. Los investigadores descubrieron hongos de jardín que son capaces de descomponer completamente el plástico en…
Luego de permanecer en silencio frente al recorte que el año pasado ejecutó Nación en la asistencia a la ciudad tras el trágico temporal, ahora Federico Susbielles amenaza con demandar al gobierno de Javier Milei en la Justicia de consumarse la exclusión de Bahía Blanca de los subsidios contemplados en el régimen de Zona Fría.
Para ese cambio de temporamento, el intendente bahiense busca el paraguas del Concejo Deliberante, donde este viernes presentó un proyecto en el que solicita un apoyo del legislativo frente a una eventual demanda judicial contra Milei.
«Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional», dijo Susbielles en redes.
En la oposición acusan que Susbielles podría hacer la presentación judicial sin necesidad de pasar por el Concejo y leen esta movida como una intención del jefe comunal de exponerlos ante un tema sensible.
«Se equivoca y lo único que está logrando es unir a la oposición», dijo a LPO un dirigente bahiense del arco opositor en alusión al escenario de fragmentación que, hasta el momento, imperó en los dos espacios que jugaron juntos en las pasadas legislativas, el PRO y La Libertad Avanza.
Como contó LPO, la pelea por la presidencia del Concejo, que finalmente quedó para la ritondista Gisela Caputo, generó una ruptura con los libertarios que responden al diputado Oscar Liberman.
Sin embargo, el debate en torno a la exclusión de la ciudad del régimen de Zona Fría alineó en una misma postura a ambos sectores de la oposición.
«Defender a Bahía Blanca no es hacer conferencias de prensa anunciando juicios. Defender a Bahía Blanca es decir la verdad: la nueva ley mantiene beneficios para quienes más los necesitan y corrige privilegios que nunca debieron existir», dijo el concejal y referente del PRO en Bahía, Emiliano Álvarez Porte.
Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que depende del Concejo. «No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos»
En esa línea, el dirigente ritondista recordó que, cuando el municipio, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, promovió un amparo contra la empresa Camuzzi «el resultado fue una derrota judicial y miles de vecinos atrapados en años de incertidumbre, reliquidaciones y conflictos».
En esa línea, al discutirse el tema en la Legislatura, Liberman sostuvo que el Régimen de Zona Fría «es un privilegio para los más ricos: el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% más rico».
Y agregó: «¿Por qué los hogares vulnerables tienen que subsidiar el gas a un intendente, al CEO de una empresa o a mí, que lo podemos pagar?»
Fuentes de la oposición bahiense sostienen que Susbielles pretende una avanzada judicial mediante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, la Omic, que depende del Concejo.
«No quiere perder él solo y quiere arrastrar al Concejo a perder con él», analizan, aunque advierten que el intendente «no tiene los votos» para un eventual apoyo del legislativo local a una judicialización del tema.
Es que, para eso, primero el proyecto debería pasar por dos comisiones en las que el oficialismo no tiene mayoría para que tenga despacho y se trate en el recinto. Y, si lo pide sobre tablas, necesita 16 votos.
Ahí, calculan que Susbielles, en el mejor de los casos alcanzaría la mitad de las voluntades y, en caso de desempate, define la titular del Concejo, Gisela Caputo, del PRO.
Hola!!! Me presento. Mi nombre es Vic Mos, soy una amante de la cocina, de la naturaleza, un poco bruja, alquimista, viajera y también soñadora. Hace ya nueve lunas que estoy viajando por Brasil. Toda una gestación maravillosa de momentos y experiencias increíbles. Estas tierras nuevas donde hoy estoy caminando me hacen sentir como en…
El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.
Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.
Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos
La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.
Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.
Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.
Organismos estratégicos bajo la mira
Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.
También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.
El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.
La lógica de Milei: menos Estado, más mercado
La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.
Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro los requerimientos establecidos en la Ley Provincial 5292 para la readecuación tarifaria del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales. De acuerdo a la legislación indicada, el Departamento Provincial de Aguas…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
