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Educación Vial en la Colonia de Vacaciones de Adultos Mayores

En el día de la fecha, el equipo de Educación Vial de la Dirección de Tránsito Municipal de Villa Regina, se hizo presente en la Colonia de Adultos mayores, la cual se desarrolla en las instalaciones del Club Círculo Italiano. Hoy nos acompañó el Intendente, Marcelo Orazi, el Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros, y el Director de deportes, Damián Álvarez.

En esta oportunidad la charla de concientización y educación vial fue mediante un juego de preguntas y respuestas para que nuestros adultos mayores disiparan dudas acerca del tránsito vehicular en nuestra ciudad. Estamos convencidos de que la educación vial debe ser una política de Estado y desde nuestra Dirección trabajaremos durante todo el año esta temática con todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad.

Agradecemos a la profesora Patricia Oliveros y al equipo de trabajo por permitirnos llevar está charla, participar y colaborar con las actividades desarrolladas.

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  • País de boludos

     

    El meme: país de boludos

    ¿Cómo tomar en serio a alguien que toma a todos los argentinos como una sarta de boludos? ¿Para qué detenerse sobre algo tan transparente, tan cristalinamente autoincriminatorio? ¿Qué sentido tendría desnudar algo que ya se desnuda solo? ¿Cómo escribir sobre las declaraciones de Adorni algo que no sea un meme?

    El meme, ya ha sido dicho desde Trump vuelto meme en Pepe el Sapo, condensa la estrategia comunicacional estrella de una nueva forma de gobernanza global, en la que procesos de desregulación institucional se corresponden con procesos de desinhibición discursiva que aplanan la palabra en un juego obnubilante de obscenidades y evidencias. Volverse meme es un modo de forzar, en el gesto autosatírico, la neutralización de la crítica y el debate por anticipado.

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno.

    Si esto es así, que el vocero del presidente libertario se haya convertido en un meme viviente no debería ser motivo para restarle importancia, todo lo contrario: es una razón para ahondar en los modos en que la descomposición política e institucional exige formas de descomposición comunicacional y mediática, que sitúan al meme como eje de nuestra amainada vida simbólica. 

    La extrema desregulación estatal promovida por el gobierno requiere una extrema desregulación cognitiva del discurso público general.

    Lanzar las inverosímiles y alucinatorias fabulaciones que anoche ofreció Manuel Adorni pretendiendo que sean recibidas como explicaciones plausibles de su situación patrimonial, contradiciendo sus propios dichos en esta farsa (y hacerlo además a horas del inicio del mundial), es tomarnos de boludos a los 45 millones de argentinos. Entonces, cómo llegó a tener el patrimonio que tiene es una preocupación que contiene otra, acaso más profunda: ¿cómo pudo un boludo del tamaño de Adorni llegar a tomar por boludos al resto de los argentinos?

    Necesitamos memes, pero necesitamos también ir más a fondo. Porque ellos sí que están yendo a fondo con un modelo de gobierno, de estado y de economía del cual el caso Adorni no es más que el testimonio más insólito, exótico y lumpen. Apenas la punta de iceberg de un modelo de país que el gobierno está construyendo para unos pocos. 

    Legalizar lo ilegal: el estado como agente paraestatal

    La verdadera cuestión en relación al caso Adorni es menos su declaración irrisoria que la Ley de Inocencia Fiscal con la que se busca lavar todos los desfalcos e irregularidades en que incurrió el actual jefe de Gabinete. Y con él, las de toda una lista de rufianes -entre los que se encuentran el actual ministro Sturzenegger y el cancelado ex candidato a legislador Espert- que ahora pueden blanquear bienes que tenían en negro sin explicar sus origen ni pagar multas. Un  ordenamiento legal diseñado para la perpetuación del desfalco y la irregularidad.

    Este gobierno, se ha dicho muchas veces, supo leer los efectos de la informalidad que aquejaba la vida económica en la Argentina, sobre todo al mundo de la informalidad laboral, cuyos problemas, frustraciones y resentimientos -no tenidos en cuenta por los gobiernos anteriores – fueron escuchados y atendidos por Milei. Pero el objetivo del gobierno en relación a esas zonas de informalidad no fue ni eliminarlas ni regularlas, sino convertirlas en el modelo de una nueva estatalidad reducida que garantizara el libre juego de fuerzas para-institucionales, en las que pudiera construirse una exótica alianza de clases lumpen entre los de muy abajo, para los que las regulaciones nunca fueron una ayuda, y los de muy arriba, para los que las regulaciones nunca fueron un problema.

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    El actual gobierno llega al estado como agente paraestatal. No es vano repetir que Milei, hoy inmolándose en defensa de Adorni, es quien formuló su tarea en la máxima magistratura como la del topo que llega al Estado para destruirlo desde dentro. Milei, que tendrá razones turbias para defender al indefendible Adorni, es el que repite como un mantra que los impuestos son un robo, y que quienes evaden son héroes. “Defender lo indefendible” se llama el libro que Milei regaló a todo su gabinete como obsequio navideño del año pasado. Entre los crímenes que se reivindican en ese libro atroz, los de Adorni son un juego de niños.

    En este contexto tan extraño y distorsivo en el que un jefe de Estado usa su posición para legitimar la descomposición del Estado como ordenador de la distribución de la riqueza del país, la “corrupción” cambia de sentido. ¿Cómo se resignifica en un país en el que se legitima la evasión de impuestos? ¿Qué implica un acto delictivo en un debate público en el que se propone ese dejar hacer?

    La Ley de Inocencia Fiscal es sólo el ejemplo más reciente, y uno de los más extremos, de un proceso de desregulación a favor de los ricos que está en el corazón del programa de este gobierno. El cometido fundamental de ese Terminator calvo en el que proyectan al ministro de desregulación “Arnold” Sturzenegger: dar fuerza de ley a la ley del más fuerte. Así como, también por vía de la “legalización”, se intenta legitimar la entrada de los tecnomagnates para apropiarse del territorio y los datos de los argentinos a través del Súper RIGI, muy pronto a tratarse en el Congreso. 

    Porque de futuros anticipados y tecnologías delirantes estamos hablando. Un mundo soñado y promovido por las estrechas mentes de los superricos que pretenden digitar nuestro futuro.

    Laboratorio de un mundo posdemocrático: Adorni y Peter Thiel

    Uno de esos tecnomagnates se ha instalado en nuestro país, y su presencia nos obliga a conectar el escándalo de superficie con movimientos mucho más hondos de la historia presente. Si el iceberg que estamos por chocar tiene a Adorni en la punta, en lo profundo de sus sombras reinan figuras como las de Peter Thiel.

    El escándalo Adorni tiene como trasfondo real la reformulación de la estructura legal del estado para normalizar comportamientos como los de Adorni, es decir, para que lo que considerábamos “corrupción” pase a ser considerado un conjunto de prácticas normales y legales. Lo que antes era excepción, busca hacerse sitio como nueva regla. Innovaciones legales que van desde el proyecto de gemelo digital o de “corporaciones no humanas” hasta el régimen de inocencia fiscal son expresión de una reformulación integral del sentido del estado como tal.

    Y allí es donde la presencia de Thiel en la Argentina oficia de recordatorio siniestro acerca del horizonte histórico hacia el que Milei pretende llevarnos. 

    El escándalo Adorni es el rostro bobo de la inquietante utopía tecnocapitalista de desestatización de la soberanía, en la que el mercado, la tecnología y la competencia entre jurisdicciones reemplazarían progresivamente funciones históricamente asociadas al Estado.

    Algunos aspectos centrales de esta agenda que necesitamos tener a la vista son:

    1. Los impuestos son concebidos como una expropiación de la innovación y la acumulación. La tributación aparece menos como mecanismo redistributivo o de financiamiento de bienes públicos que como obstáculo para la creatividad empresarial y el crecimiento económico.

    2. La soberanía estatal es vista como ineficiente y monopolística. Frente al monopolio territorial del Estado, se fabula un ecosistema de jurisdicciones en competencia: ciudades privadas, zonas económicas especiales, comunidades flotantes, plataformas digitales o incluso redes de gobernanza algorítmica.

    3. La tecnología funciona como sustituto de la política. Problemas tradicionalmente resueltos mediante deliberación democrática y conflicto político aspiran a ser abordados mediante mecanismos técnicos, incentivos de mercado o sistemas automatizados.

    4. La ciudadanía se transforma en elección de pertenencia. El modelo deja de ser el ciudadano sujeto a una soberanía territorial para acercarse a la figura del consumidor que selecciona entre distintas ofertas de gobernanza.

    En este marco, la “corrupción” cambia su marco teórico, y en tiempos de “defender lo indefendible” y de celebración de la “incorrección política” puede convertirse en una nueva forma de heroísmo del nuevo orden posdemocrático en construcción. 

    Por eso hay que insistir en que la crítica a los impuestos no es simplemente económica: es parte de un proyecto más amplio de erosión de la capacidad estatal para identificar, registrar, controlar y redistribuir la riqueza, función indispensable para que el estado pueda seguir siendo un estado democrático. 

    La Ley de Inocencia Fiscal no debe leerse, entonces, como una medida tributaria puntual, sino como un síntoma de esa imaginación política más amplia. La idea de presumir la legitimidad de los fondos no declarados, reducir los mecanismos de fiscalización y desplazar la carga de la prueba hacia el Estado expresa una concepción según la cual la circulación privada del capital debe gozar de una autonomía creciente frente a las capacidades de inspección pública, es decir, de contralor democrático.

    Lo interesante es que aquí aparece una tensión. Estas corrientes suelen presentarse como defensoras de una sociedad capaz de funcionar con menos Estado. Sin embargo, la historia muestra que los mercados requieren infraestructuras jurídicas, monetarias y coercitivas complejas para operar. Por eso algunos críticos sostienen que la promesa de una “gobernanza sin Estado” no implica realmente la desaparición del poder, sino su relocalización: desde instituciones públicas relativamente universalistas-democráticas hacia actores privados-corporativos capaces de ejercer funciones cuasi soberanas.

    La crítica tecnocapitalista a los impuestos no apunta únicamente a reducir la presión fiscal, sino a debilitar uno de los fundamentos materiales de la soberanía estatal. Desde Peter Thiel hasta Nick Land, emerge una imaginación política que concibe la competencia entre jurisdicciones, la innovación tecnológica y la autonomía del capital como sustitutos de la mediación democrática. 

    En ese horizonte, herramientas como la Ley de Inocencia Fiscal pueden interpretarse como anticipaciones parciales de una utopía postestatal: una sociedad donde la circulación de la riqueza quede progresivamente desacoplada de los mecanismos públicos de registro, control y redistribución, y donde la gobernanza adopte formas cada vez más privatizadas y tecnificadas.

    Adorni es la cara boba de un mismo proyecto cuya cara siniestra acaba de instalarse en una mansión en Barrio Parque. Es fácil hacer de Adorni un meme. No pasa lo mismo con Thiel, verdadero Terminator que llega, como el verdadero Schwarzenegger, de un futuro distópico que se está haciendo realidad gracias a la apariencia grotesca de sus operadores locales.

    La entrada País de boludos se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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