Edeca SA, la constructora sospechada de pagarle a Bailaque para frenar una causa
La investigación sobre el patrimonio de la familia del ex juez federal Marcelo Bailaque dio indicios de acciones presuntamente ilícitas que motivaron medidas judiciales. El jueves pasado los fiscales del caso pidieron allanar a una de las mayores constructoras de Rosario, con amplia trayectoria nacional, ante la presunción de que el juez no avanzó en una causa penal tributaria contra ella a cambio de un beneficio en provecho propio con un terreno.
La autorización judicial para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de la esposa e hijos del magistrado, actualmente investigado en tres causas penales, había motivado una disputa cargada de tensiones entre la defensa del juez y los fiscales que la pidieron. Para estos es necesario indagar en la situación del núcleo familiar más estrecho a partir de las pesquisas en curso que forzaron a Bailaque -actualmente en prisión domiciliaria- a pedir la renuncia de su cargo, la que fue aceptada por Javier Milei el 26 de junio pasado.
La apertura del estado fiscal de la esposa de Bailaque permitió ver que a su nombre figura un inmueble del barrio privado Vida que explotó la empresa constructora Edeca SA, una de las más importantes del rubro como contratista de obras públicas en todo el país, la que por ejemplo construyó en Buenos Aires los estacionamientos subterráneos en la avenida 9 de Julio y que tiene muy importantes obras civiles, portuarias y desarrollos privados en distintos lugares de Argentina.
Ahora investigan las cuentas de la familia del ex juez Bailaque
En este momento es la adjudicataria de la reconstrucción de la pista en el aeropuerto de Rosario. Lo fue del Museo del Deporte, de la avenida Jorge Newbery, de la cárcel de Piñero y del Hospital Alassia de Santa Fe. Fue subcontratista de Supercemento y es adjudicataria de obras de servicios en distintos municipios.
Edeca tuvo una causa penal tributaria por subfacturación de IVA en el juzgado que desde el año 2008 hasta hace dos meses estuvo a cargo de Bailaque. Según reveló a LPO un abogado que conoce ese expediente el trámite por delitos penales económicos se abrió en 2018. Tras una larga demora sin movimientos la causa terminó con un sobreseimiento por prescripción en 2024.
Marcelo Bailaque
La detección del inmueble de Edeca anotado a nombre de la esposa de Bailaque, que es funcionaria de la Justicia provincial de Santa Fe, disparó el allanamiento de esta constructora rosarina fundada en los años 70 por el empresario Roberto Podadera, que se caracteriza por su fuerte presencia en concursos públicos y privados para obras civiles e hidráulicas con gran afectación de maquinaria en distintas zonas de la ciudad. Actualmente a la compañía la conduce Marcelo Burgués, un ingeniero civil que fue escalando posiciones en la firma hasta quedar como CEO en el directorio.
La causa estuvo seis años en trámite hasta la extinción penal el año pasado que es cuando se advierte justamente que el juez que controlaba la denuncia habría dejado la causa dormida hasta la prescripción y la empresa denunciada por malversar el IVA le vendió a su esposa un terreno en el barrio Privado Vida Club de Campo, en Funes. Las oficinas de la firma Edeca fueron allanadas el jueves de la semana pasada por Gendarmería Nacional en su sede rosarina de Polledo 2527.
Ahora se impulsará una auditoría dentro del juzgado federal para establecer hasta dónde puede llegar la maniobra. También están actuando los peritos para realizar un informe socioambiental en la familia del juez Bailaque que se suma a la pesquisa financiera, fiscal y bancaria de esposa e hijos para determinar si las inversiones en inmuebles, servicios u ocios se corresponde con la licitud de sus ingresos regulares por sus empleos formales.
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En forma paralela a esta pesquisa el fiscal Juan Argibay Molina solicitó también el allanamiento al abogado y escribano santafesino Santiago Busaniche, un lobista del Poder Judicial Nacional, a quien le secuestraron el teléfono celular.
Este allanamiento fue ordenado a raíz de los contenidos extraídos del teléfono celular del ex director regional de ARCA en Rosario Carlos Vaudagna. Este está imputado junto a Bailaque de haber participado en una extorsión contra el agente de Bolsa Claudio Iglesias quien reveló en audiencia que le pidieron 200 mil dólares para cerrarle una causa por lavado de dinero que tramitaba en el juzgado del ex magistrado.
