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Dos nuevos talleres: ‘Canto y guitarra’ y ‘Reflexología para bebés’

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para dos nuevos talleres: ‘Canto y guitarra’ y ‘Reflexología para bebés’.

El primero se dictará los miércoles a partir de las 15 horas mientras que ‘Reflexología para bebés’, los martes y jueves de 15 a 17 horas.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91.

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    La discapacidad bajo ajuste: qué esconde el decreto 942/2025 de Milei

     

    Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

    Por Roque Pérez para NLI

    La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

    La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

    El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

    Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

    Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

    En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

    Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

    Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

    “el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

    La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

    La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

    El decreto habilita legalmente ese escenario.

    El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

    El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

    Esto puede traducirse en:

    • Trámites más lentos
    • Mayor discrecionalidad administrativa
    • Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

    Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

    Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

    La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

    En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

    • Retrasos en los pagos a prestadores
    • Revisión de convenios
    • Reducción de coberturas
    • Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

    No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

    Mucha Convención, poca participación real

    El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

    Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

    Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

    La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

    Menos Congreso, menos control, menos garantías.


    Un cambio de paradigma peligroso

    El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

    Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

    En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?

     

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  • La volatilidad de las tasas complica la apuesta al crédito para reactivar

     

    El año comanzó con una mala noticia financiera: el regreso del descontrol de las tasas, una dinámica errática que complica una de las pocas palancas que el gobierno libertario tiene para empujar la economía real. 

    En el primer día hábil del año hubo un alivio fugaz. La liquidez se colo por una hendija y la la tasa de caución a un día se desplomó en apenas dos ruedas desde niveles arriba del 65% a la zona del 35%. Duró poco. Mientras transcurría la primer semana de enero, se dispararon a picos cercanos al 150% anualizado. 

    La City se volcó a capturar saltos puntuales de rentabilidad. Una lógica de trading defensivo diametralmente opuesto al financiamiento productivo. 

    La suba de la inflación agrava el problema de la deuda en pesos y Caputo enfrenta otro vencimiento grande

    El problema es que esas apuestas financieras golpea a las empresas. Ledesma lo señaló sin vueltas. Cerró el último ejercicio con pérdidas cercanas a los $25.000 millones y apuntó de lleno al impacto de las tasas de interés. El costo financiero se volvió una carga imposible de absorber, incluso para una compañía con espalda y diversificación. 

    En la misma línea habló Milagros Brito, heredera del Grupo Macro. Su frase incomodó al relato libertario respecto al clima de negocios. «Con tasas así no hay inversión que cierre», dijo.  El diagnóstico no vino de una pyme asfixiada, sino de una de las familias más representativas del capitalismo local. 

    Con tasas así no hay inversión que cierre.

    Ahí aparece la contradicción de fondo. Un gobierno que, en teoría, promueve la inversión privada y la previsibilidad, convive con un manicomio de tasas que destruye balances. La valuación de las empresas se resiente. El endeudamiento se vuelve impagable. Y el crédito deja de ser una palanca para transformarse en un ancla. 

    Pero el problema no es solo el nivel de la tasa en pesos. Desde que asumió Milei muchas empresas tomaron deuda en dólares. Cuando el financiamiento se cortó y varias compañías entraron en default. Con el crédito restringido, los ratios clásicos pierden sentido. El deterioro de esa relación, destruye los balances de las compañías.  

    El presidente de Citrícola San Miguel, el empresario mileista Otero Monsegur.

    Los casos lo muestran con crudeza. La citrícola San Miguel tuvo que reestructurar su deuda y sigue al borde del default. Bioceres, otra agroindustrial que supo ser modelo de innovación, no pudo evitar la cesación de pagos.

    El empresario mileista Otero Monsegur, en crisis porque citrícola San Miguel quedó al borde del default 

    El estrés financiero pasó a ser un rasgo dominante del mapa empresario. La energética Albanesi es otro de los casos emblemático. El grupo creció apalancado, con fuerte presencia en generación térmica. El problema no fue la expansión, sino el contexto. Tasas altas, refinanciaciones cada vez más caras y un esquema financiero que empezó a crujir. La compañía debió encarar varias reestructuraciones para evitar el default.

    Muy parecido al caso de Aconcagua. La petrolera de capitales argentinos apostó a crecer rápido y financiarse en el mercado de capitales. Funcionó mientras hubo apetito por ONs y cobertura en dólares. Cuando esa ventana se cerró, la empresa quedó atrapada en el clásico problema de liquidez: activos de largo plazo financiados con deuda que se acorta.

    Todas estas empresas revelan que no se trata de una discusión de innovación o potencial productivo. Es un problema macro de debilidad financiera del modelo. 

     

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