Dos nuevos talleres: ‘Canto y guitarra’ y ‘Reflexología para bebés’

La diputada libertaria volvió a quedar en el centro de la polémica tras una declaración aberrante contra Ian Moche, un niño con autismo que visibiliza el ajuste del Gobierno en discapacidad. Lejos de pedir disculpas, Lemoine profundiza una lógica de odio que ya es marca registrada del oficialismo.

Por Roque Pérez para NLI

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un nuevo escándalo público al poner en duda la condición de autismo de un niño de 12 años y acusar a su madre de hacerlo “actuar” para obtener rédito político, en una declaración televisiva que generó repudio transversal y volvió a exponer el nivel de degradación discursiva que promueve el espacio que gobierna la Argentina.

Ian Moche, un niño autista que se convirtió en una voz visible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, fue blanco directo de los dichos de la legisladora, quien sugirió que su madre lo manipula y lo expone deliberadamente. No solo se trata de una agresión personal, sino de una forma brutal de estigmatización y negacionismo, impropia de cualquier representante institucional.

El ajuste en discapacidad y la reacción violenta del oficialismo

Las declaraciones de Lemoine no son un exabrupto aislado. Se producen en un contexto donde el Gobierno de Milei enfrenta fuertes cuestionamientos por el ajuste salvaje en políticas de discapacidad, la demora en pagos, la falta de actualización de aranceles y el desfinanciamiento de prestaciones básicas.

Ante la incapacidad de responder con políticas públicas, el oficialismo parece optar por atacar a quienes visibilizan el problema, incluso cuando se trata de niños. En lugar de explicar por qué miles de familias están al borde del colapso, una diputada nacional elige cuestionar la condición neurológica de un menor, un límite ético que jamás debería cruzarse.

Crueldad como método y provocación como estrategia

Lemoine ya cuenta con un extenso prontuario de declaraciones misóginas, violentas y provocadoras. Desde relativizar el acoso hasta justificar la represión estatal, su rol dentro del esquema libertario parece ser el de correr permanentemente los márgenes de lo decible, funcionando como una vocera del desprecio social que Milei legitima desde el poder.

En este caso, el ataque resulta aún más grave: se estigmatiza a la neurodivergencia, se desacredita a una madre y se expone a un niño a la violencia simbólica y digital, todo para sostener un relato que niega derechos básicos.

Cuando el odio reemplaza a la política

El episodio deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tipo de democracia se construye cuando una diputada nacional usa su voz pública para humillar a un niño con discapacidad? La respuesta parece evidente. No se trata de libertad de expresión ni de debate político, sino de una estrategia de disciplinamiento y crueldad que busca silenciar reclamos legítimos.

Mientras el Gobierno ajusta y abandona, sus voceros atacan. Y cuando el blanco es un niño, queda claro que el problema no es Ian Moche ni su familia, sino un modelo político que necesita del odio para ocultar su fracaso.

Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.

La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.

Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan

Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.

En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.

El reparto de poder entre Aduana y Economía

El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.

Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.

Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado

Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.

El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.

Un DNU con destinatarios claros

El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.

Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.

En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.