La Feria ReEmprender tuvo el fin de semana pasado su edición especial de Pascuas, con dos días donde las roscas y los huevos artesanales fueron los protagonistas.
Como en cada edición especial, se realizó un sorteo de productos aportados por los feriantes y un obsequio de la Dirección de Turismo.
Cada emprendedor tomó los datos de los compradores y al finalizar se realizó el sorteo, donde dos fueron los ganadores del combo de productos artesanales y el huevo gigante de la Dirección.
‘Son cada vez más son los emprendedores y artesanos que se acercan a la Oficina de Turismo a consultar e inscribirse en la Feria ReEmprender. Estamos muy contentos de ver artesanos y emprendimientos nuevos cada fin de semana’, manifestó la Directora de Turismo Katerina Iogna.
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El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.
La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.
Menos Estado, más castigo
Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.
La derogación implica un cambio de paradigma: el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.
En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.
Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie
Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.
El capítulo contemplaba:
Diferencias de escala
Modalidades productivas específicas
Volúmenes reducidos
Condiciones territoriales y sociales propias
Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.
El resultado es previsible: más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.
Modernización sin reemplazo
La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular: no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.
No hay:
Nuevo régimen para agricultura familiar
Nuevo esquema de asesoramiento digital
Nuevas herramientas de acompañamiento técnico
Solo hay vacío normativo.
Responsabilidad individual y retirada estatal
La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.
El mensaje es claro: cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.
Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.
Una decisión técnica con consecuencias políticas
Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida: debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.
No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.
Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.
El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este viernes la obra de la cárcel de alto perfil El Infierno, un penal de máxima seguridad al estilo Nayib Bukele donde se alojarán a los narcos y sicarios más peligrosos de Rosario. La construcción ya tiene un 40% de avance y estaría terminada en octubre.
Para el gobierno provincial, El Infierno es símbolo de su política de seguridad pública y fue anunciada a principios del año pasado. El complejo penitenciario tendrá capacidad para más de 1.100 internos de alto perfil, contará con cuatro módulos y un edificio central, doble muro perimetral y torre de vigilancia de 36 metros, además de un diseño que minimiza el contacto entre reclusos y limita la posibilidad de actividades delictivas interna.
Es que uno de los ejes del gobierno en su combate contra la inseguridad estaba puesto en la necesidad de aislar a los presos más peligrosos para cortar su vínculo con el delito en el territorio. Tanto la justicia como los funcionarios tenían pruebas de sobra que la mayoría de los crímenes y la administración del negocio narco se monitoreaba desde las cárceles. Cuando cortaron las posibilidades de contacto entre los detenidos con el exterior disminuyeron los homicidios.
Con la baja sostenida de la violencia en Rosario, Pullaro recorrió las obras de la Unidad Penitenciaria N°8, ubicada en la localidad de Piñero, junto al titular de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone.
«Vamos a separar a los presos más violentos para romper el vínculo con el afuera», afirmó el gobernador durante la visita, insistiendo en la idea de que el nuevo penal removerá la posibilidad de que los líderes narco sigan organizando delitos desde adentro de las cárceles
El Infierno ocupa un lugar central en el discurso del gobernador: allí serán trasladados unos 500 presos considerados de alto perfil, con el objetivo de evitar que sigan operando desde las cárceles, una de las críticas históricas al sistema penitenciario santafesino.
En el mismo sentido, Pullaro volvió a subrayar el volumen de la inversión y aseguró que su gestión construirá en cuatro años más celdas que las realizadas en un siglo. La cárcel estaría terminada en octubre. Para el gobierno, su puesta en marcha busca cerrar el círculo entre control carcelario y pacificación del territorio, en una provincia donde la seguridad sigue siendo el principal termómetro político.
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