DOS DÉCADAS  DEL «NO A LA MINA» EN ESQUEL
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DOS DÉCADAS DEL «NO A LA MINA» EN ESQUEL

La tranquilidad del pueblo patagónico se vio sacudida en 2002 con la llegada de una multinacional minera que prometía trabajo y bienestar. Pero la población de Esquel se informó, organizó y, en una votación histórica, el 81% dijo «No» a la megaminería. Se transformó en una referencia en la lucha contra el extractivismo. Crónica de una victoria.

Esquel no conocía de megaminería, cianuro y drenajes ácidos. Pero tuvo un curso acelerado en 2002, cuando se enteraron por el diario que la multinacional Meridian Gold pretendía explotar oro y plata en las montañas a diez kilómetros del casco urbano. El pueblo vivió una revolución, tanto que fue el primer lugar de Argentina que votó contra la magerminería y el 81 por ciento dijo «No». Ese triunfo, inédito en el país, iluminó luchas en los 5000 kilómetros de Cordillera. A veinte años de aquella gesta, Viviana Moreno, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, repasa aquellos días, las dos décadas de lucha y también el futuro: «Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras».

Nacida en Santa Fe y afincada en Esquel desde hace casi cuatro décadas, Moreno estuvo desde la conformación de la Asamblea No a la Mina hasta la actualidad. En esta charla aborda todos los temas: de lo personal a lo colectivo, la política partidaria y la que se hace de forma horizontal, la defensa del territorio y los entregadores, el saber popular y el conocimiento científico. Y, a cuarenta años de la recuperación de la democracia, destaca una certeza: «Si estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo».

Crónica de una victoria: «No a la mina»

—¿Cómo recuerda ese 23 de marzo de 2003?

—Lo recuerdo con mucha alegría y con mucha emoción. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no me imaginé que sería por el 81 por ciento de los votos porque desde el gobierno y las mineras hicieron una campaña enorme para tratar de seducir a la gente, con plata, electrodomésticos, de todo. Pero la gente recibía lo que le daban y luego iban y votaban contra la megaminería. Y siempre destaco a los barrios más humildes, donde ya había problemas de acceso al agua, que fueron muy conscientes de lo que podía implicar la megaminería y de lo importante que era defender el agua. 

—¿Qué importancia le asignan, en estos veinte años, a la movilización permanente (en Esquel se marcha todos los 4 de cada mes)?

—El 23 de marzo fue felicidad absoluta. Pero algo que marcó dónde pararnos en esta lucha fue que en ese momento, que estábamos en la calle celebrando, un vecino dijo: «Miren que esto es solo una batalla». Lo entendimos de esa manera y al mismo tiempo que valorábamos muchísimo ese triunfo, seguimos trabajando para la toma de conciencia sobre el agua, la organización colectiva y el no dejar la calle.

—¿Qué la motivo, en lo personal, a sumarse a la lucha?

—Trabajaba en el hospital y recuerdo cuando vi la tapa del diario con el cerro y el anuncio de la llegada de la minera. Era 2002. Era muy notoria la desocupación y prometían puestos de trabajo, progreso. Me pareció una buena opción. Hasta que mi compañero de trabajo, bacteriólogo, me dijo: «Te voy a dar un artículo canadiense que habla sobre cómo este tipo de minería actual genera drenaje ácido (que contamina las fuentes de agua)». Y fue un viaje de ida. Confirmaron que de ninguna manera esta actividad puede resolver el drenaje ácido. Yo no podía estar de acuerdo con esa contaminación. Ahí fue muy importante también el accionar de académicos como Silvia González, Marta Sahores y Lino Pizzolón, que comenzaron a explicar los aspectos químicos y técnicos de la minería. Ahí comenzamos hablar de cianuro de sodio, detonaciones y el «no» se fue haciendo más fuerte.

—Y comenzaron las asambleas masivas…

—Todo fue muy rápido. La información comenzó a circular. La primera reunión en la que participé, que era la segunda reunión que se convocaba, ya éramos 600 personas. Y fueron cada vez más masivas.

—¿Cómo jugó la crisis social post 2001 y, al mismo tiempo, el proceso asambleario que se había dado en distintas ciudades del país?

—La crisis había aportado desocupación, empobrecimiento y eso era tierra fértil para el extractivismo. Por otro lado, ese furor social que hizo del movimiento asambleario una práctica fundamental, se aplicó en nuestro caso. Hubo una participación social activa, involucramiento. Eso también jugó a favor de la lucha. Y también, claro, estuvo la lucha de los pueblos originarios, que ya venían luchando por sus territorios. 

—¿Cómo fue la participación de los pueblos indígenas?

—Los pueblos originarios participaron desde un comienzo. Puntualmente recuerdo que, en diciembre de 2002, el Pueblo Mapuche hace un trawn (gran reunión) donde se nos invitó a todos. Mucha gente de la Asamblea del No a la Mina participó. Y de ahí salió un documento (que forma parte de la muestra por los 20 años) donde toman un posicionamiento muy claro respecto al agua y por el no a la magaminería. Muchas ideas de organización surgieron de ese famoso documento del trawn. 

—¿Cómo llegan de juntarse en asambleas, cada vez más masivas, a impulsar el plebiscito?

—En noviembre de 2002 comenzamos a ir al Concejo Deliberante. Para que tome partido por el proyecto minero. La primera vez éramos tantos que fue caótico. Suspendieron la sesión y la hicieron en un gimnasio. Ahí fue muchísima gente, tanto a favor como en contra. Y el Concejo Deliberante pidió 15 días para poder tomar una posición. Pero empezó el receso legislativo. Entonces se hizo una sesión extraordinaria los primeros días de febrero. Nos enteramos y fuimos cientos, con bombos y no paramos de cantar, presionar, hasta lograr lo que queríamos.

—¿Qué querían?

—Surgieron tres ordenanzas. La de prohibición de cianuro en el ejido municipal de Esquel (que a los pocos días el intendente la vetó). La segunda implicaba desafectarse de las leyes mineras nacionales. Y la tercera fue el plebiscito por «Sí» o «No» al proyecto minero. Terminada esa sesión, estuvimos horas marchando alrededor de la ciudad. Festejando ese primer triunfo, el de lograr el plebiscito. Lo logramos con la gente en la calle. 

Esquel, dos décadas de movilización

—¿Cómo ve hoy lo que sucedió en Esquel contra la megaminería y, también, en la provincia, por ejemplo el Chubutazo de 2021?

—Algo que aprendimos es que un pueblo dispuesto a luchar no tiene límites. Me emociona cada vez que hablo de esto. Fundamentalmente porque, por ejemplo, en el Chubutazo hubo mucha gente joven que salió a la calle. Fue el pueblo de Chubut que salió a la calle en toda la provincia. Yo creo de verdad que un pueblo unido jamás será vencido. Y fue así, era un pueblo unido por un objetivo determinado y estaba convencido. Luchamos por el agua de todos, luchamos por el agua de las generaciones futuras. Y cada uno de los que estuvieron poniéndole cuerpo a esto, a las balas, son héroes. Diciembre de 2021 fue una cacería organizada que tiraba contra todos, era tremendo, y ningún político de la provincia de Chubut se paró delante de una cámara de televisión o delante de una radio a repudiar lo que estaba pasando. 

—En esos días, justo a veinte años de diciembre de 2001, se dijo que había un encadenamiento de resistencias. ¿Saben que ustedes también han inspirado otras luchas? Recuerdo Loncopué (Neuquén) con la minería y Gualeguaychú contra las pasteras y sus referencias hacia Esquel. 

—Lo hemos escuchado pero creo que ni siquiera nosotros lo sabemos, quizá no somos conscientes. Imaginate una pequeña población luchando contra poderosos. Pudimos vencer a una multinacional apoyada por los gobiernos nacional, provincial y local. Me parece que el mensaje que dimos a la Argentina y a muchas otras luchas, no solo socioambientales, es que se puede. Unidos, decididos, convencidos: se puede. Creemos que los pueblos no deben estar sometidos a intereses ajenos y pueden elegir qué es lo que quieren para su presente y futuro.

—¿Cuáles son algunos de los hitos de estos veinte años?

—Siempre decimos que la embestida minera es cíclica. Ya sabíamos que puede parecer que se van pero al par de año vuelven. El oro y la plata están en la montaña e incluso ahora vale más que hace veinte años. Entonces la lucha nos enseñó que las mineras tienen mucho dinero y tiempo. Y contra eso resistimos. Una de los hechos más importantes es la conformación de la UACH (Unión de Asambleas de Chubut). Eso nos hace fuertes.

—¿Cómo fue ese proceso?

—Las asambleas de la Comarca nos acompañaron inmediatamente, desde el principio. El Bolsón, Lago Pueblo, El Hoyo, Epuyén. Estaban en nuestras marchas y ellos también hicieron, diríamos, el plebiscito con nosotros. Faltaba en ese momento el resto de la provincia. Pero la información comenzó a circular, nos fuimos conociendo y se fue fortaleciendo la lucha en la costa, con las asambleas de Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia. Fue muy importante. Y después vino la Meseta (en centro geográfico de la provincia). El Gobierno en esos años decía que la minería iba a entrar por la Meseta. Y, entre todos, logramos también hacer fuerte la lucha ahí. La lucha y el «no a la minería» se provincializó, y eso es un logro enorme.

Gobiernos, organizaciones y Derechos Humanos

—En muchos de los escritos de la Asamblea queda claro la diferencia de qué es la democracia desde las asambleas y, por otro lado, cómo entienden la democracia los gobiernos, por ejemplo el actual gobernador Mariano Arcioni.

—El gobernador Mariano Arcioni siempre mostró una insensibilidad hacia el sentimiento del pueblo, sea éste un reclamo salarial o el rechazo a la megaminería. No puede o no quiere entender qué significan las luchas del pueblo. Muchas veces no actúa como un político, sino más bien como un patrón. En vez de mirarnos como el representante del pueblo votado en democracia, la mirada o la actitud para con nosotros fue siempre de patrón. Y esas actitudes son irreconciliables con la lucha socioambiental.

—¿Qué lectura hacen de los distintos gobiernos de estos 20 años?

—Desde el menimismo hasta hoy la megaminería es política del Estado y las leyes nacionales son absolutamente a favor del extractivismo. Esté quien esté, ya sea en el gobierno nacional o provincial, todos están a favor del extractivismo. En lo provincial se da que, muchas veces, apoyan la minería por conveniencias individuales, por dádivas, no por un convencimiento político. Hubo claros casos de legisladores que apoyaban la Iniciativa Popular (una propuesta de Ley impulsada por las asambleas) y, poco tiempo después, esos mismos aprobaron la zonificación a favor de la minería. Acá nos conocemos todos y también sabemos de cuestiones de dinero que circulan. Incluso el gobernador Mario Das Neves, que estaba a favor de la minería en su primer gobierno, pocos meses antes de fallecer reconoció que más importante que la minería era el agua. Contó las presiones que tenía de parte de Macri para explotar el proyecto Navidad (de la multinacional Pan American Silver) y decidió hacer una cumbre ambiental. En su discurso, que se puede ver en internet, reconoce que las mineras vienen con valijas de dinero para comprar a otros políticos. 

—El 23 de marzo es una fecha histórica para Esquel y las luchas socioambientales. El 24 de marzo es una fecha emblemática para todo el país. ¿Cómo entienden que hay gobiernos, políticos, académicos y hasta organizaciones sociales, entre otros actores, que hablan de la defensa de los derechos humanos pero impulsan el extractivismo en los territorios?

—Yo lo veo como una enorme contradicción. Si vos estás a favor de los derechos humanos, no podés estar a favor del extractivismo de ninguna manera. Es muy claro que el extractivismo se impone con la violación de los derechos humanos. Latinoamérica lleva infinidad de muertos y en Chubut tuvimos criminalización y represiones. Incluso hubo servicios de inteligencia que hicieron espionaje. Y en otros lugares, como Andalgalá, se ve igual o peor, con mucha represión y decenas de judicializados. Entonces, o defendés de verdad los derechos humanos o estás con el extractivismo, no se pueden ambas cosas. 

Fuente, Agencia Tierra Viva
Link, https://agenciatierraviva.com.ar/veinte-anos-del-no-a-la-mina-en-esquel-un-pueblo-dispuesto-a-luchar-no-tiene-limites/
Foto, Viviana Moreno

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    El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga unas 90 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo.

    El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la ANMAT y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.

    Para la investigación penal, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales».

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    «A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», explicó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

    En la resolución aparece el rol del ministro de Salud Mario Lugones en el entramado que terminó con un escándalo. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», dice Kreplak y destaca los descargos efectuados por Mantecón y Bisio donde asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

    Por caso, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

    Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la ANMAT el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá'».

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    Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la ANMAT. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la ANMAT en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomiendan prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas.

    Las dos funcionarias le ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio de que presenten un plan de acción.

    En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Saben que Lugones podría quedar formalmente involucrado en el expediente durante el transcurso de la investigación. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo de ministro.

    En una estrategia insólita, desde el gobierno libertario buscaron culpar a los ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias por entonces. El problema es que los hechos ocurrieron durante la presidencia de Javier Milei.

    Mantecón Fumadó dijo que previo a firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios lo consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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    Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

    En marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envía un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consulta si ese texto es suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la ANMAT.

    A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

    Kreplak advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en el seno de ANMAT e INAME. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

    El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de ANMAT y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

    El obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que había recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

    No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

     

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