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El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

De la protesta social al control de conductas

Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

Bases de datos, vigilancia y centralización

Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

El orden como narrativa de gobierno

Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.

Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.

En una Feria del Libro atravesada por debates políticos, económicos y culturales, Axel Kicillof presentó su nuevo libro De Smith a Keynes y aprovechó el escenario para lanzar una durísima crítica contra el programa económico de Milei. El gobernador bonaerense reivindicó el pensamiento keynesiano, defendió el rol del Estado y cuestionó el ajuste libertario ante una sala colmada de militantes, economistas, estudiantes y lectores.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Kicillof expuso sobre su obra “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, una reedición y actualización de su trabajo académico sobre las distintas escuelas económicas y el enfrentamiento histórico entre las ideas del libre mercado absoluto y las teorías que defienden la intervención estatal.

Un libro contra el “pensamiento único”

El texto, editado por Siglo XXI Editores, propone un recorrido histórico que va desde Adam Smith hasta John Maynard Keynes, revisando las principales corrientes del pensamiento económico y cuestionando la idea de que existe una única verdad económica válida.

Según la descripción editorial, el libro busca recuperar “la diversidad de puntos de vista” frente al predominio del neoliberalismo y plantea que la economía debe estudiarse ligada a los conflictos sociales, políticos e históricos de cada época.

Kicillof explicó que el trabajo surge de años de docencia universitaria y de investigación académica, especialmente en la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio. El gobernador sostuvo que la enseñanza económica dominante “congela” las teorías y oculta las disputas ideológicas que atraviesan a la disciplina.

La crítica directa al modelo libertario

Pero la presentación dejó rápidamente de ser una simple charla académica. Kicillof vinculó las ideas de Keynes con la situación actual de la Argentina y apuntó directamente contra Milei y su programa económico.

“Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir”, lanzó el mandatario bonaerense durante su exposición en La Rural, despertando aplausos y cánticos del público presente.

El gobernador cuestionó el desmantelamiento del Estado, el ajuste sobre jubilados y trabajadores y la caída del consumo, y afirmó que el Gobierno nacional está aplicando “un experimento que no tiene pies ni cabeza”. Según sostuvo, las recetas ultraliberales ya demostraron históricamente sus consecuencias recesivas y destructivas.

Kicillof también rechazó el discurso oficial sobre el llamado “riesgo kuka” y aseguró que la falta de inversión no responde al temor empresarial frente al peronismo sino al “desastre” económico actual. “Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados y garantizar educación y salud”, remarcó durante el acto.

La economía como disputa política

La escena tuvo además un fuerte contenido simbólico. Mientras Milei convirtió su propia presentación editorial de 2024 en un show político-musical en el Luna Park, Kicillof eligió la Feria del Libro para reivindicar la discusión teórica y el debate económico desde una perspectiva académica y política.

No es casual. Desde hace años, Kicillof construye parte de su identidad pública alrededor de la economía heterodoxa y de la recuperación de autores como Keynes y Marx frente a las doctrinas neoliberales. Su nuevo libro aparece justamente en un contexto donde el ajuste libertario vuelve a poner en discusión el papel del Estado, el mercado y la distribución del ingreso.

En un país donde la economía dejó hace rato de ser un debate técnico para convertirse en una pelea cotidiana por el salario, el empleo y la supervivencia, la presentación de De Smith a Keynes terminó funcionando menos como un lanzamiento editorial y más como una intervención política en plena crisis argentina.