DONAR SANGRE ES UN ACTO DE SOLIDARIDAD

En 1813 Manuel Belgrano destinó los 40.000 pesos de su premio militar a dotar cuatro escuelas públicas. La historia de ese legado y su vigencia dos siglos después.

Por Alcides Blanco para NLI

Cada 11 de septiembre, cuando la Argentina recuerda a los maestros y vuelve sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento, existe una tentación comprensible pero históricamente incompleta: pensar que la educación pública argentina comenzó con el gran proyecto escolar de la segunda mitad del siglo XIX. Sarmiento tuvo, sin dudas, un papel decisivo en la expansión de la enseñanza primaria, la formación profesional de los docentes y la construcción de instituciones educativas. Pero mucho antes de aquella etapa, cuando las Provincias Unidas todavía estaban atravesadas por la guerra de la Independencia y ni siquiera existía el Estado nacional argentino tal como lo conocemos, Manuel Belgrano ya había pensado la educación como una responsabilidad pública y como una herramienta indispensable para construir la nueva sociedad. En 1813, después de recibir una importante recompensa por sus victorias militares, tomó una decisión que todavía sorprende por su dimensión: resolvió destinar los 40.000 pesos del premio a la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras.

No se trata de una tradición transmitida únicamente por los manuales escolares. El Archivo General de la Nación conserva el documento mediante el cual el Gobierno aprobó el destino de esos fondos, y la documentación oficial identifica expresamente las cuatro ciudades: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El 27 de abril de 1813 quedó formalizada la decisión. Belgrano había recibido aquel premio por sus servicios a la causa revolucionaria y decidió que el dinero no se incorporara a su patrimonio personal, sino que se transformara en un fondo destinado a la educación.

La diferencia no es menor. El documento original del reglamento redactado por Belgrano el 25 de mayo de 1813 comienza señalando que había resuelto dotar las cuatro escuelas con los cuarenta mil pesos que le había concedido la Asamblea. El artículo primero establece que el capital debía distribuirse en 10.000 pesos para cada escuela, de manera que sus réditos permitieran sostenerlas. El reglamento incluso fija el destino de esos recursos: una parte debía utilizarse para el sueldo del maestro y otra para los gastos necesarios de funcionamiento. No estamos, entonces, frente a una declaración abstracta sobre la importancia de educar: Belgrano estaba diseñando un mecanismo concreto para financiar escuelas públicas.

Un reglamento para formar ciudadanos

El valor histórico del documento aumenta cuando se lo lee completo. Belgrano no se limitó a entregar dinero y dejar que otros decidieran qué hacer con él. Escribió personalmente el reglamento que debía organizar las cuatro escuelas, estableciendo criterios para la elección de los maestros, sus obligaciones, la enseñanza, la disciplina y hasta determinados gastos cotidianos.

Uno de los aspectos más significativos aparece en el artículo 18. Allí Belgrano sostiene que el maestro debía procurar con su conducta inspirar en sus alumnos “amor al orden”, respeto, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, inclinación al trabajo y desapego del interés particular. También debía fomentar un espíritu que llevara a los alumnos a preferir el bien público al privado.

La formulación resulta extraordinariamente significativa para 1813. La escuela que imaginaba Belgrano no debía limitarse a enseñar a leer y escribir: debía formar ciudadanos. Y el maestro tenía que ser, por su propia conducta, parte de esa formación. El reglamento establecía además que el acceso al cargo docente debía realizarse mediante oposición, una forma temprana de pensar la selección y profesionalización de quienes estaban al frente de la enseñanza.

Belgrano también contemplaba a los sectores más pobres. El proyecto incluía recursos para materiales escolares y establecía previsiones para que los niños que no pudieran afrontarlos no quedaran excluidos. Esa concepción encaja con otras expresiones del propio Belgrano sobre la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. En una de las formulaciones que el Estado argentino ha recuperado de su pensamiento sostuvo: “Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”.

Hay allí una concepción política de la educación que merece ser recuperada: la libertad conquistada por las armas necesitaba ser sostenida por ciudadanos capaces de ejercerla.

Las cuatro escuelas y una deuda que atravesó dos siglos

El destino posterior de aquellas cuatro escuelas fue mucho más complejo que lo que suele contar la efeméride.

La documentación del Instituto Nacional Belgraniano señala que las escuelas funcionaron de manera discontinua debido a las guerras de Independencia y a los enfrentamientos internos posteriores. También registra problemas con el envío del dinero y con las rentas destinadas a sostenerlas. Es decir, el proyecto educativo de Belgrano quedó atrapado en las mismas dificultades políticas y financieras que atravesaron a las Provincias Unidas durante aquellos años.

La primera en abrir fue la de Santiago del Estero. Según el Instituto Nacional Belgraniano, comenzó a funcionar en 1822, por iniciativa del gobernador Felipe Ibarra, y se estima que permaneció abierta hasta 1826. Belgrano ya había muerto cuando aquella escuela comenzó sus actividades, pero la apertura representaba el cumplimiento, aunque fuera parcial y tardío, de la voluntad expresada nueve años antes.

En Jujuy, la situación fue diferente. El Instituto Belgraniano registra la inauguración de la escuela en 1825, con funcionamiento hasta aproximadamente 1828. La historia posterior de aquel legado terminó dando lugar, casi dos siglos más tarde, a la Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”, inaugurada en San Salvador de Jujuy en 2004, después de una obra que había comenzado en 1999. La institución existe actualmente y continúa llevando ese nombre, aunque su edificio es, naturalmente, contemporáneo y no el establecimiento de 1813.

El caso de Tarija es todavía más extraordinario porque la ciudad pasó a formar parte de Bolivia después de la independencia. La escuela prevista por Belgrano no se concretó en el siglo XIX. Según los Anales del Instituto Nacional Belgraniano, el Poder Ejecutivo argentino creó formalmente la escuela mediante un decreto de abril de 1967 y Argentina financió el proyecto, la construcción y el equipamiento. El establecimiento fue entregado al Gobierno boliviano el 27 de agosto de 1974, bajo el nombre de Escuela Argentina Manuel Belgrano, es decir, 161 años después de la donación original.

Tucumán tuvo la historia más prolongada y problemática. El propio Estado argentino reconoció décadas después que allí quedaba una deuda pendiente. En 2022, el Ministerio de Educación de la Nación anunció la construcción de una nueva Escuela de la Patria Manuel Belgrano y habló explícitamente de la necesidad de “saldar definitivamente” esa deuda histórica. En mayo de 2023 comenzaron obras de ampliación y refacción del establecimiento, destinadas a los niveles inicial y primario, con nuevas aulas y espacios deportivos para una comunidad educativa de alrededor de 1.300 estudiantes.

Y la historia no terminó allí. La Escuela de la Patria Manuel Belgrano continúa funcionando en Tucumán: en julio de 2025 el Ministerio de Educación provincial informó que el establecimiento funcionaba normalmente y en 2026 alumnos de esa escuela participaron en los actos oficiales por el aniversario de la Independencia.

El recorrido de las cuatro escuelas permite comprender algo que suele perderse cuando se reduce la historia a una fecha y una estatua: el proyecto de Belgrano fue inmediato en su concepción, pero extraordinariamente lento en su concreción. Santiago del Estero y Jujuy tuvieron experiencias escolares tempranas pero discontinuas; Tarija necesitó 161 años para materializarse en la forma que conocemos; y Tucumán atravesó una larga historia institucional que todavía obligó al Estado argentino a realizar obras en el siglo XXI.

Belgrano murió pobre, pero dejó una idea de riqueza pública

El gesto adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa qué ocurrió con el propio Belgrano.

No convirtió aquella recompensa militar en una fortuna personal. Y tampoco terminó su vida disfrutando de una posición económica acorde con el reconocimiento que había recibido. Murió el 20 de junio de 1820 en una situación de extrema precariedad económica, después de años de servicio, enfermedades, dificultades financieras y salarios que el Estado le adeudaba.

El contraste es poderoso, aunque debe ser contado sin convertirlo en una leyenda sentimental. No sería correcto afirmar que Belgrano quedó pobre exclusivamente porque donó los 40.000 pesos: su situación económica tuvo múltiples causas. Pero sí es un hecho que cuando tuvo la posibilidad de disponer de una importante recompensa personal decidió transformarla en un fondo destinado a escuelas.

En su respuesta al reconocimiento de la Asamblea aparece con claridad el principio que guiaba aquella decisión. Belgrano sostuvo que “ni la virtud ni los talentos tienen precio” y que resultaba despreciable para un hombre de bien convertir el servicio público en una búsqueda de riqueza. Por eso decidió destinar los 40.000 pesos a las cuatro escuelas.

No hace falta idealizarlo para reconocer la magnitud de esa elección.

Belgrano tuvo la oportunidad de convertir una recompensa por sus victorias en patrimonio propio y decidió convertirla en patrimonio educativo.

Antes de Sarmiento ya existía una idea de educación pública

Reconocer esto no significa quitarle importancia a Sarmiento. Todo lo contrario: permite ubicarlo correctamente.

Cuando Sarmiento impulsó décadas después la expansión de la enseñanza primaria, la formación de maestros y la creación de escuelas normales, trabajó sobre un problema mucho más amplio y con instrumentos estatales que Belgrano no tenía a su disposición. La posterior Ley 1420 de 1884 tampoco fue obra de Belgrano ni de Sarmiento en forma individual. La educación pública argentina fue el resultado de un proceso prolongado en el que participaron gobiernos, provincias, legisladores, maestros, educadores y comunidades.

Pero Belgrano fue uno de sus antecedentes fundamentales.

En 1813 ya había pensado en escuelas públicas de primeras letras; había previsto recursos para sostenerlas; había reglamentado su funcionamiento; había establecido criterios para seleccionar a los maestros; había definido obligaciones pedagógicas y morales para ellos y había pensado en la provisión de materiales para los alumnos.

Todo eso ocurrió antes de la independencia definitiva, antes de la Constitución de 1853 y más de setenta años antes de la Ley 1420.

Por eso el documento conservado por el Archivo General de la Nación merece ser leído no como una curiosidad de museo, sino como una pieza de la historia política argentina. El manuscrito de 1813 muestra a un dirigente revolucionario pensando que una patria nueva no podía sostenerse solamente con ejércitos, armas y declaraciones políticas. Necesitaba escuelas.

Y esa idea sobrevivió a las guerras, a la anarquía, a los incumplimientos administrativos y a los cambios territoriales.

Dos siglos después, algunas de aquellas escuelas siguen existiendo y otras fueron reconstruidas o refundadas bajo el nombre de Belgrano. La de Tarija quedó como una expresión concreta de un compromiso argentino que finalmente se materializó en Bolivia; la de Jujuy convirtió en edificio escolar contemporáneo una deuda histórica que había atravesado 191 años; la de Tucumán continúa funcionando y conserva el nombre de Escuela de la Patria; y Santiago del Estero fue la primera en poner en marcha, en 1822, una experiencia que duraría algunos años.

No todas las escuelas que Belgrano imaginó sobrevivieron. No todas se construyeron cuando él quiso. No todo el dinero llegó a cumplir el destino previsto. Pero la idea sobrevivió.

Y quizás allí esté el verdadero legado.

Manuel Belgrano no solamente dejó una bandera. Dejó una concepción de patria en la que el conocimiento debía ser un bien público y la educación una herramienta para que la libertad pudiera ser ejercida por el conjunto de la sociedad.

En 1813, en medio de una guerra y cuando la Argentina todavía estaba naciendo, recibió dinero por haber ganado batallas.

Eligió convertirlo en escuelas.

Ese gesto, más de dos siglos después, sigue siendo una de las mejores definiciones de lo que significa pensar la patria como algo que pertenece a las generaciones que vienen.

Luis “Toto” Caputo es el funcionario encargado de administrar los dólares, las reservas y el sistema financiero argentino, pero cuando se trata de su propio dinero parece elegir otro destino: el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

Por Roque Pérez para NLI

La nueva declaración jurada patrimonial de Luis “Toto” Caputo dejó una fotografía difícil de pasar por alto: mientras el ministro de Economía conduce una gestión que insiste en que los argentinos deben recuperar la confianza en el peso, llevar sus dólares al sistema financiero y apostar por el rumbo económico del Gobierno, el 95,3% de los depósitos bancarios que declara personalmente está fuera de la Argentina. Al cierre de 2025, Caputo informó un patrimonio total de $19.509 millones, frente a los $11.851 millones declarados un año antes, mientras que sus depósitos bancarios alcanzaron aproximadamente $13.030 millones, de los cuales $12.422 millones estaban radicados en el exterior.

El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la evolución del patrimonio completo. Entre el inicio y el cierre de 2025, la fortuna declarada por Caputo aumentó nominalmente un 64,6% en pesos, de acuerdo con la comparación de sus declaraciones juradas. La estimación difundida en dólares ubica el crecimiento en torno al 37%, aunque el porcentaje exacto depende del tipo de cambio utilizado para convertir los valores patrimoniales de cada período. En cualquier caso, hay una certeza que no depende de ninguna metodología: el patrimonio declarado por el ministro creció con fuerza durante su segundo año al frente de Economía, y una proporción abrumadora de sus activos líquidos continúa colocada fuera del país.

Una fortuna líquida mirando hacia afuera

El detalle de los depósitos permite entender mejor la magnitud del fenómeno. De los aproximadamente $13.030 millones que Caputo declara en el sistema bancario, sólo unos $608 millones corresponden a depósitos en la Argentina, mientras que los restantes $12.422 millones están en el exterior. Dentro del país figuran cinco plazos fijos en pesos que en conjunto rondan los $584 millones, una caja de ahorro en dólares valuada en aproximadamente $23 millones y pequeñas cajas de ahorro en pesos cuyos saldos resultan prácticamente insignificantes frente al volumen de su patrimonio financiero. También declaró unos $122.000 en efectivo.

La diferencia no es menor ni puede explicarse diciendo simplemente que el ministro posee “algunos ahorros afuera”. La mayor parte de su dinero bancarizado está fuera de la Argentina. Según las conversiones realizadas sobre la declaración, sus depósitos exteriores equivalen a unos US$8,6 millones, mientras que sus depósitos locales representan una fracción muy pequeña de ese total. Si se toma el patrimonio completo, incluyendo inmuebles y participaciones societarias, aproximadamente dos tercios de sus bienes están radicados en el exterior.

El corazón de esa fortuna exterior aparece en una cuenta que tuvo un movimiento extraordinario durante 2025. Una cuenta corriente en dólares, identificada en los análisis de la declaración como radicada en Estados Unidos, pasó de estar valuada en $4.018.483.336 al comienzo del ejercicio a $11.738.447.944 al cierre. Es decir, la valuación declarada aumentó en aproximadamente $7.720 millones durante el año. La DDJJ pública no permite identificar el banco donde está radicada esa cuenta, por lo que no corresponde adjudicar esos fondos a una entidad financiera específica sin documentación adicional.

El movimiento de esa cuenta resulta todavía más significativo cuando se observa el conjunto de los depósitos exteriores. Al comenzar 2025, Caputo declaraba aproximadamente $5.937 millones en depósitos fuera del país; al finalizar el ejercicio, la cifra había trepado hasta $12.422 millones. Expresado en dólares mediante el tipo de cambio oficial correspondiente a cada fecha, el crecimiento fue de aproximadamente US$5,6 millones a US$8,3 millones, un incremento cercano al 48%. Es decir, no se trata exclusivamente de una ilusión contable producida por la evolución del tipo de cambio: también hubo un aumento de los fondos financieros exteriores medidos en dólares.

Creció la fortuna, pero no todo fue dinero nuevo

Hay, de todos modos, una precisión fundamental para no convertir una información patrimonial en una acusación que los documentos no permiten sostener. Que el patrimonio de Caputo haya aumentado 64,6% en pesos no significa que durante 2025 haya recibido ingresos equivalentes a ese porcentaje. Una parte importante del incremento está explicada por diferencias de valuación de bienes que ya estaban incorporados a su patrimonio. El análisis de la declaración identifica aproximadamente $4.530 millones de aumento asociados a esas diferencias de valuación.

La distinción es importante porque una propiedad que vale más al final del ejercicio incrementa el patrimonio declarado aunque su dueño no haya vendido el inmueble ni embolsado un solo peso adicional. Lo mismo puede suceder con participaciones societarias u otros activos. Por eso, decir que “Caputo ganó 64,6%” sería incorrecto. Lo que sí puede afirmarse es que su patrimonio declarado valía 64,6% más al terminar 2025 que al comenzar el año, y que dentro de esa evolución hubo además un crecimiento considerable de sus depósitos exteriores.

Las participaciones societarias también registraron movimientos. Caputo declara el 89% de Palmeral Chico, participación valuada en más de $2.288 millones, y el 33,33% de Sacha Rupaska, valuado en aproximadamente $459,5 millones. También conserva el 50% de Anker Latinoamericana, participación declarada en unos $61,2 millones. En sentido contrario, Ancora Investments LP, otro activo exterior, pasó de aproximadamente $1.870 millones a unos $889 millones, una caída cercana al 52,5%. La fotografía patrimonial, por lo tanto, no muestra un crecimiento homogéneo: hay activos que se valorizan, otros que pierden valor y una concentración especialmente fuerte de liquidez en el exterior.

El resultado final es una estructura patrimonial en la que los dólares y los activos financieros exteriores ocupan un lugar central. No estamos hablando solamente de propiedades, campos o participaciones empresarias cuyo valor puede resultar difícil de realizar de inmediato. Una parte sustancial de la riqueza declarada por Caputo está constituida por dinero depositado en cuentas bancarias fuera de la Argentina, con una cuenta corriente en dólares que concentra una porción extraordinariamente importante del total.

La paradoja del ministro de Economía

Aquí aparece la dimensión política inevitable del dato. Caputo no es un funcionario cualquiera: es el hombre que ocupa el Ministerio de Economía y que tiene bajo su responsabilidad buena parte de las decisiones vinculadas con el dólar, las reservas, el régimen cambiario, las tasas de interés, el crédito y las condiciones generales del sistema financiero argentino. Durante la gestión de Javier Milei, además, el Gobierno convirtió la recuperación de la confianza y el retorno de los dólares al circuito económico local en una de sus principales banderas.

El propio Caputo fue protagonista de políticas destinadas a estimular la utilización de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. El Gobierno llegó incluso a promover mecanismos para que esos fondos ingresaran al circuito económico sin que sus titulares tuvieran que explicar el origen de cada peso gastado dentro de determinados límites. En ese contexto, la declaración patrimonial del ministro ofrece una paradoja difícil de ignorar: quien administra la política económica destinada a que los argentinos confíen en el rumbo del país mantiene aproximadamente 95 de cada 100 pesos bancarizados de su patrimonio fuera de la Argentina.

Eso, por sí mismo, no constituye una irregularidad ni demuestra que Caputo desconfíe personalmente de su propia gestión. Una persona puede mantener legalmente activos en el exterior por múltiples razones, particularmente alguien cuya trayectoria profesional estuvo durante décadas vinculada con los mercados financieros internacionales. Tampoco la DDJJ permite conocer cuáles fueron las operaciones concretas que explican cada movimiento entre cuentas. Pero desde el punto de vista político y simbólico, la composición patrimonial de un ministro de Economía es un dato relevante: las decisiones públicas que toma afectan al mismo sistema financiero en el que él decide mantener apenas una pequeña parte de su liquidez.

La cuestión tampoco es cuánto dinero tiene Caputo. Su patrimonio previo a ocupar cargos públicos ya era considerable y la existencia de activos en el exterior es anterior a su actual gestión. El punto está en observar qué ocurrió mientras estuvo al frente de Economía. Y allí los números son contundentes: entre el comienzo y el cierre de 2025, sus depósitos exteriores pasaron de unos $5.937 millones a $12.422 millones, mientras que una sola cuenta corriente en dólares pasó de aproximadamente $4.018 millones a $11.738 millones en la valuación declarada. Al mismo tiempo, su patrimonio total pasó de $11.851 millones a $19.509 millones.

La declaración jurada no permite saber si cada dólar que terminó en esas cuentas provino de rentas, inversiones anteriores, ventas de activos, transferencias entre cuentas, resultados financieros u otras operaciones. Tampoco demuestra que el crecimiento patrimonial tenga relación causal con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía. Pero sí permite saber dónde está el dinero declarado por el ministro: mayoritariamente afuera.

Y esa es quizás la imagen más potente que deja la DDJJ 2025. Mientras el Gobierno reclama confianza en su programa económico, mientras Caputo administra el mercado cambiario y mientras Milei insiste en que los argentinos deben sacar los dólares “del colchón” para ponerlos a trabajar en la economía, el propio ministro de Economía declara que el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

No es una prueba de delito. No es, por sí sola, una demostración de conflicto de intereses. Pero sí es un dato político imposible de ocultar detrás de una planilla contable: el ministro que pide confianza en su modelo económico tiene la mayor parte de su dinero fuera del país que ese mismo modelo pretende transformar.