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 Luego de rechazar el sello de La Libertad Avanza, el exministro de Martín Llaryora, Pedro Dellarossa, intentará recuperar su bastión electoral, la ciudad de Marcos Juárez, con una alianza que armaron Unite, el partido de José Bonacci, y la Unión Vecinal Federal, un partido provincial que lidera Laura Villalba, actual funcionaria de Daniel Passerini en la Municipalidad de Córdoba.

Dellarossa fue dos veces intendente y hace cuatro años promocionó a la actual jefa comunal, Sara Majorel, quien no buscará la elección y, además, es el blanco de todas las críticas por su floja gestión. Luego, en 2023, Dellarossa se bajó de la lista de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio para acordar con Llaryora, quien lo designó ministro de Industria. Hace algunos meses, Dellarossa renunció al «cordobesismo» para recuperar para sí la intendencia de Marcos Juárez.

Primero, rechazó competir con el sello de La Libertad Avanza. El propio Lule Menem fue hasta la casa de Dellarossa, pero el caudillo le dijo que él no usaría la marca LLA. Intentó que su partido, el PRO, le diese el sello, pero no logró convencer a Oscar Agost Carreño, el jefe político del espacio tras ganarle la pulseada a Mauricio Macri. Entonces, anotó su alianza conformada por Unite y Unión Vecinal Federal, dos sellos cercanos a Llaryora.

En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni. Como se recordará, se especulaba que la disputa entre Roca y Schiaretti sería mano a mano, por lo que restarle votos al libertario era (hipotéticamente) clave. Ahora, el sello de José Bonacci se une al de Villalba, la funcionaria filo peronista.

 En 2025, Unite fue parte de la alianza Córdoba y Te Quiero y plantó candidatos nacionalistas y libertarios para limar la candidatura de Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni.  

Con esta jugada, Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri y su «sí se puede». La Libertad Avanza, por ahora, mantiene la idea de sumarse a la campaña de Dellarossa, quien basará su estrategia en visitar a sus vecinos y pedir disculpas por haber promovido a Majorel y por haber integrado el Gobierno provincial hasta mayo de este año, es decir durante casi tres años.

  La otra gran candidata es Verónica Crescente, quien se postula por Unión Vecinal (el partido que fundó Henry Dellarossa, padre de Pedro). Hace cuatro años, Crescente fue la candidata a intendenta de Juan Schiaretti. Su piso electoral es de 39%, lo que obtuvo en 2022. Ese mismo porcentaje había logrado cuatro años antes, en 2018, el peronismo. Ahora, para dividir el voto a Crescente y favorecer a Dellarossa, el Gobierno provincial puso a jugar como candidato a Germán Font.  

 Martín Llaryora intenta que la oposición provincial no celebre ante un eventual triunfo de Dellarossa en la elección municipal del 6 de septiembre. La alianza de Dellarossa se llama Marcos Juárez Puede, un guiño narrativo a Mauricio Macri  

Aunque Font es funcionario provincial, el peronismo no puso el partido. Armó otra alianza con el Vecinalismo Independiente y el Frente Federal de Acción Solidaria, ambos satélites de El Panal. Al Frente Federal de Acción Solidaria lo preside Sergio Flores, también funcionario de Daniel Passerini. En 2025, el Frente de Acción Solidaria postuló como candidato a diputado a un influencer libertario, también para restarle votos a Roca. El Vecinalismo Independiente es un histórico aliado del peronismo en Hacemos por Córdoba.

Por ahora, la principal intención de La Libertad Avanza es bloquear a Font; y aseguran que si gana Dellarossa, los referentes partidarios se subirán al palco de los festejos la noche del 6 de septiembre.

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La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al gobierno de Javier Milei a adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en un tramo de la ruta nacional 3 que presenta un estado crítico tras la parálisis de la obra pública.

Los jueces hicieron lugar a una medida cautelar impulsada por el municipio de Azul ante el grave estado de la calzada donde se vienen registrando varios accidentes.

La resolución alcanza al tramo de la ruta que une la ciudad de Azul con la localidad de Cacharí y obliga tanto a Vialidad como a la empresa Corredores Viales S.A. a implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos que enfrentan los automovilistas en esa ruta.

El fallo revocó una decisión previa del Juzgado Federal 2 de Azul, que había rechazado la cautelar. Al analizar el caso, los camaristas concluyeron que existe un riesgo actual y concreto para los usuarios de la ruta, respaldado por distintos elementos incorporados al expediente.

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Entre ellos, destacaron que durante los últimos seis meses se registraron 11 siniestros viales en ese tramo y que informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron la presencia de baches, hundimientos, huellas producidas por el tránsito pesado y deficiencias en la señalización.

La Cámara intimó al gobierno libertario a presentar, en un plazo de 10 días hábiles, un plan de trabajo detallado ante el Juzgado Federal de Azul. El documento deberá especificar las obras previstas, el orden de prioridades, los responsables de su ejecución, el cronograma de tareas y las medidas de contingencia que se aplicarán durante el proceso.

Además, los jueces establecieron que los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos y quedar sujetos al control judicial, con la obligación de presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.

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Mientras se ejecutan las reparaciones definitivas, el fallo también ordena la adopción de medidas preventivas para disminuir el peligro en la circulación. Entre ellas, la colocación de carteles de advertencia y señalización preventiva, la implementación de reducciones de velocidad, balizamiento, dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna y reparaciones provisorias en los sectores considerados más críticos.

Al fundamentar la decisión, los magistrados señalaron que la medida cautelar tiene como objetivo evitar que se produzcan nuevos daños frente a un riesgo comprobado, sin que resulte necesario esperar una definición sobre las responsabilidades de fondo.

Asimismo, recordaron la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los organismos encargados de servicios vinculados con la seguridad de las personas tienen el deber de adoptar todas las medidas razonables para prevenir riesgos previsibles, y remarcaron que la resolución busca resguardar el derecho a la vida y la integridad de quienes circulan por la ruta 3.