DONAR SANGRE ES UN ACTO DE SOLIDARIDAD

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Patricia Bullrich comprobó este viernes, tras una reunión por zoom con los senadores aliados, que sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. «Así como está, no la votamos», dijo a LPO un senador que integra el pelotón de los que conversa con la jefa del bloque libertario.

La pelea es porque las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden «un tope» al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. En la actualidad, solo se admite que pueda entregarse hasta el 15 por ciento del territorio a extranjeros y los senadores que responden a gobernadores cercanos al gobierno aspiran a fijar un límite en 20 o 30 por ciento, según fuentes al tanto de la negociación.

Por lo demás, la resistencia de los aliados no es tan firme como la tozudez del gobierno frente a las modificaciones que reclaman los legisladores de la Cámara Alta. El tratamiento de la ley ya fracasó en tres ocasiones y el próximo 6 de agosto podría volver a frustrarse, advierten miembros de la bancada de LLA, si Sturzenegger no se allana a los pedidos del Senado.

En efecto, los senadores que discutieron este viernes con Bullrich bajo modalidad telemática para no interrumpir sus vacaciones esperan una respuesta del ministro de Desregulación para el próximo lunes. «Veremos qué mandan», contestaron desde el entorno de una legisladora que no firmó el dictamen de mayoría pero participa de las deliberaciones con el oficialismo.

Un senador libertario admitió ante LPO que «el problema principal es el capítulo de tierras». «Si no estuviera eso, la ley ya se habría aprobado», reconoció.

Juez, Zimmerman y Camau Espínola

Para colmo, ya se perdió la cuenta sobre el número de la versión que acredita el proyecto sometido a negociación. Mientras que un aliado deslizó que ya van por la vigésima reescritura del capítulo de tierras, algo que ocurre por fuera del trabajo en comisiones y se corrige bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann, un miembro del bloque oficialista confesó: «dejamos de ponerle números para no estigmatizar las versiones».

A esta altura, el proyecto de Sturzenegger funciona casi como un elemento de martirio de la Casa Rosada contra Bullrich, como si el gobierno le exigiera a la senadora que consiga un objetivo casi imposible. Algo similar ocurre con la intención de eliminar las PASO; encargo que no pesa solo sobre los hombros de la ex ministra, que avisó incansablemente en las reuniones de mesa política que no prosperaría, sino que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

De hecho, el ministro coordinador imitó a Bullrich en la sobreactuación de karinismo cuando cargó en las últimas 48 horas contra Victoria Villarruel, pidiéndole que renuncie. La jefa de bloque libertario, que también tuvo sus horas de furia contra la Vicepresidenta cuando ventiló en el grupo de WhatsApp del oficialismo las discusiones que mantuvieron en privado ambas mujeres, había intentado desescalar el conflicto en una reunión a solas.

Fuentes del Senado comentaron que, en ese encuentro, Bullrich habría asumido que había quedado en un lugar «incómodo», algo que Villarruel disfruta en medio del congelamiento que Karina Milei le aplica a ella.

Como sea, no sería una casualidad la coincidencia de Santilli y Bullrich, dos conversos provenientes de Juntos por el Cambio, contra la Vicepresidenta en la previa del cuarto intento por aprobar la ley de tierras. En el Senado se especula con que Villarruel podría desempatar contra el gobierno si los votos se empardan en el recinto.

Por el momento, el interbloque de José Mayans y el de Carolina Moisés juntan 28 senadores en el rechazo pero a ese grupo se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Un piso de 33 legisladores en contra, con los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más allá de los cálculos, dejaría a los libertarios al borde de un nuevo fracaso. 

En medio de un temblor institucional por las investigaciones patrimoniales al camarista Abel Sánchez Torres y a su pareja, la también camarista Graciela Montesi, el Senado confirmó que el 18 de agosto serán las audiencias previas a la designación de dos nuevos vocales federales que desembarcan. La fecha de la audiencia fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Así, serán designados en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el abogado radical Facundo Cortés Olmedo y la funcionaria judicial Soledad Mancini, quienes ocuparán las vacantes clave que dejaron el fallecido Luis Rueda y el renunciado Ignacio Vélez Funes. Por distintas cuestiones, ambos tienen el aval de los primos Martín y «Lule» Menem.

El trasfondo es un toma y daca en el que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, actúa como el gran armador de la cartografía judicial del oficialismo. En ese contexto, cobran incidencia los Menem.

El futuro vocal será Facundo Cortés Olmedo, ex funcionario municipal de Ramón Mestre, ex presidente del Congreso Provincial de la UCR y un destacado abogado particular, es primo hermano del diputado nacional libertario Gonzalo Roca, mano derecha de Gabriel Bornoroni, con línea directa con los primos Menem y, por ende, con Karina Milei.

La otra vocal será Soledad Mancini, actual secretaria del Juzgado Federal N° 2, quien para quedarse con la terna contó con el aval de José Fabián Asís, vocal del Tribunal Oral Federal N° 2 y riojano como los Menem. Sin embargo, pesa más en Asís su interna con Sánchez Torres y Montesi, por lo que la nueva configuración de la Cámara Federal de Apelaciones ya es una victoria simbólica para él.

De hecho, meses atrás, el propio Asís había dejado asentada la queja por la «mayoría automática» que ejercían Sánchez Torres y Montesi para votar fallos a favor de empresas por delitos tributarios, calificando la situación de insostenible.

En una resolución, Asís señaló: Asís: «(La pareja) no sólo dificulta la toma de decisiones inherentes a cuestiones de Superintendencia de la Cámara, que consideramos no son de menor importancia. (…). A ello se agrega una cuestión de mayor valía, como lo son los planteos jurisdiccionales que podrían realizarse en relación con la imparcialidad (…), ya que «su participación jugará en el caso como mayoría automática».

La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni 

En ese sentido, hay que destacar que a llegada de los nuevos camaristas ocurre en el momento de mayor fragilidad institucional de la Cámara Federal cordobesa. La cúpula del tribunal cruje bajo el peso de una investigación criminal que salpica a su presidente, Abel Sánchez Torres, y a su pareja, la camarista Graciela Montesi.

Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian los investigan bajo la sospecha de que habrían articulado maniobras para reorganizar las salas de la Cámara y votar «a dúo» en causas de altísimo impacto económico.

En ese orden, la lupa del Ministerio Público no sólo está puesta sobre la presunta manipulación de expedientes, sino también sobre el patrimonio y los bienes de la pareja.

En los pasillos de los Tribunales Federales el escándalo sumó un capítulo explosivo en las últimas horas: un viaje de la pareja a Punta del Este quedó bajo la mira de los investigadores, lo que profundizó la crisis por presunto enriquecimiento y falta de imparcialidad.