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La diputada nacional Natalia de la Sota pisó el acelerador y profundizó su estrategia de desmarcarse de Martín Llaryora y mostrarse como parte del armado post Milei que se articule en torno al peronismo nacional.

«Es una estrategia 50/50: vamos a ser parte de la reconstrucción que demandará el paso de Milei por el Gobierno y vamos a trabajar en el proyecto provincial; si Llaryora considera que aportará su proyecto, deberá ser él quien la llame», advierten en el hard delasotismo.

Esta planificación tuvo el miércoles su puesta en escena. Mientras el legislador provincial Bernardo Knipscheer, pareja de la diputada, votaba en contra de la ley impulsada por Llaryora para prohibir los «trapitos» (en Cordoba a los cuidacoches se los llama «naranjitas»), ella posteaba una foto junto a Leandro Santoro.

La jugada coordinada vuelve a poner en tensión la relación del delasotismo puro con el proyecto de Llaryora, que el miércoles sentó a dos diputados para contribuir con el quórum que necesitaba Javier Milei para la sanción de la ley de glaciares. Así, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres se sentaron en sus bancas para habilitar la sesión.

Asi, al mismo tiempo que De la Sota tendía «puentes» con Santoro en Buenos Aires, el legislador provincial delasotista Knipscheer rechazaba de plano la ley impulsada por Llaryora para prohibir trapitos y limpiavidrios.

Aunque en su discurso no le pegó a Llaryora, el delasotista emparentó esta decisión con la intolerancia de los libertarios hacia los «caídos» del sistema por obra del Gobierno de Milei. «¿Què vamos a hacer más adelante, cuando haya más gente en la calle?», dijo Knipscheer al interpelar a sus (por ahora) compañeros de la bancada oficialista. «Sé que están incómodos», los chicaneó. «¿Van a salir a meter presa a la gente que perdió su trabajo, que cada día son más?», retrucó.

Así, De la Sota sostiene su armado provincial y advierte que la pelota está en cancha de Llaryora: «Si el gobernador considera que ella es importante para el peronismo de Córdoba y para su propia reelección, será él quien debe llamarla. Hasta ahora, apostamos al proyecto propio», dicen los delasotistas.

La advertencia no velada -«si es importante para su propia reelección»- se lee en clave de una eventual derrota del actual gobernador. De la Sota también está pensando en el 2031. Por ahora, en el peronismo cordobés nadie imagina un 2027 sin De la Sota.

Respecto del armado nacional, De la Sota busca incidir desde Córdoba. «Llaryora está entrampado con Milei; y Natalia construye con todos quienes están pensando en la Argentina que viene, que necesitará un modelo distinto al de Milei pero también distinto al pasado», agregan en el delasotismo.

Se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 01/ 2022 correspondiente a la remodelación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.La única empresa oferente IPE Neuquén S.A., presentó una propuesta económica de 467.649.199,92 pesos. También hizo una propuesta alternativa por un monto de 127.024.763,88 pesos.La obra tiene un plazo de ejecución…

 El sinceramiento del costo de la energía duró poco. En apenas tres meses, el Gobierno pasó de exhibir recortes a enfrentar un salto explosivo en los subsidios que deja al descubierto una tensión difícil de ocultar: las tarifas suben, pero el Estado paga cada vez más.

En el primer trimestre de 2026, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 180,5% frente al mismo período de 2025. El dato surge de los informes de ejecución presupuestaria relevados por ASAP. 

Los números son contundentes. En el acumulado del primer bimestre, el gasto en subsidios económicos, con fuerte peso de la energía, trepó un 151,1% nominal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Descontada la inflación, el aumento real fue del 89,8%. Pero el punto de inflexión llegó en marzo: ese mes, los subsidios energéticos saltaron un 141,8% real interanual.

La paradoja es evidente. Mientras las facturas suben, también lo hace el esfuerzo fiscal. La explicación está en los costos. Generar electricidad y gas se encareció a un ritmo más rápido que el traslado a tarifas. La brecha entre lo que cuesta el sistema y lo que pagan los usuarios se amplió, y alguien tiene que cubrirla.

Ese alguien volvió a ser el Estado. Y no por decisión explícita, sino por el diseño mismo de la política. La reforma de la resolución 400 redistribuyó los costos de generación: alivió a las industrias y cargó sobre los usuarios residenciales. Pero ese traslado quedó a mitad de camino. Las tarifas no pudieron absorber ese salto.

El resultado es un esquema tensionado. En marzo de 2026, el precio de la energía para usuarios residenciales se ubicó en 113.234 pesos por MWh. Sin embargo, el precio estacional medio que efectivamente pagan, con bonificaciones, fue de 76.432 pesos. La cobertura quedó en torno al 67%. Es decir, el usuario cubre apenas dos tercios del costo.

El detalle es más crudo cuando se mira la segmentación. En el segmento subsidiado, la cobertura cae al 31%. En otras palabras, el Estado financia cerca del 70% del costo de la energía para esos hogares. Un sistema donde el precio de referencia corre por un carril y la factura real por otro.

A eso se suma un cambio clave en la política de subsidios. La unificación de segmentos N2 y N3 amplió el universo de beneficiarios. Al bajar el umbral de ingresos, más hogares quedaron dentro del esquema subsidiado. La base creció justo cuando el costo unitario también subía.

«El sistema quedó armado al revés: subieron el costo a niveles impagables y al mismo tiempo aumentaron la cantidad de usuarios subsidiados», resumió una fuente del sector.

En los números agregados, la demanda estacionalizada de marzo alcanzó los 8.554 GWh, con un precio medio de 107.038 pesos por MWh y una cobertura del 77%. Si se suma la demanda no estacionalizada (GUDI), el total asciende a 9.486 GWh, con una cobertura del 79%. 

La dinámica fiscal expone un punto ciego. La recaudación viene cayendo en términos reales, golpeada por la contracción de la actividad y el enfriamiento del consumo, lo que achica el margen para sostener el superávit. En ese esquema, los subsidios energéticos aparecen como una de las pocas partidas donde el Gobierno podría ajustar con rapidez. Por eso inquieta tanto que estén creciendo a este ritmo. 

No es un dato neutro: en Washington siguen de cerca esta evolución. El FMI viene reclamando reducir subsidios y transparentar el costo real de la energía. Este desvío, en un frente sensible, complica la hoja de ruta oficial ante el organismo.

Como si fuera poco, el frente externo suma presión. El Estado retomó la compra directa de GNL tras abortar la privatización del esquema por los altos precios ofertados. Ya adquirió el primer buque a Naturgy, pero no informó el valor pagado.

La falta de transparencia encendió alarmas. «Daniel González otra vez queda al límite de la ilegalidad por falta de información sobre un precio estratégico clave para la economía argentina», comentó a LPO un ex funcionario de Energía.

Una empresa vinculada a Nicky Caputo quedó muy cerca de retener los parquímetros. Se trata de MECHP SRL que gestiona el estacionamiento medido en la Ciudad y le ganó la licitación a Boldt.

Asociada con Blinkay, MECHP tiene la concesión de los parquímetros porteños desde 2022. La licitación porteña tiene un presupuesto de 12 mil millones de pesos y una duración de 24 meses que puede extenderse hasta 48 meses.

Están en juego 10 mil lugares de estacionamiento en Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera y en los alrededores del Hospital Alemán y del Hospital Italiano.

Es un negocio de cerca de 500 millones de pesos mensuales. De ese monto el concesionario se queda con una cuarta parte y el estado el 75% restante. El estacionamiento funciona sin parquímetros físicos y se paga a través de una app.

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Como contó LPO, para en la licitación de 2022 Boldt no logró imponerse. Mechp ganó asociada con la española Integra Parking, desarrolladora de la app Blinkay. El lobby de Nicky Caputo fue clave para acercar a los españoles con Mechp.

Si bien cerca de Caputo negaron que Mechp estuviera vinculada a uno de sus hijos, fuentes porteñas confirmaron la relación. Incluso todas las iniciales de la empresa coinciden con los apellidos de sus socios. Salvo la letra C.

En 2022 ganaron la licitación ofertando valores muy por debajo del precio de mercado. La intención de los socios era rediscutir las tarifas con Jorge Macri, que rechazó la idea. Todo está encaminado para que MECHP vuelva a retener la explotación del estacionamiento medido.