Los domingos de plaza son una especie de tradición reginense, se iniciaron bajo la gestión de Carlos Schulmaister en el área de cultura entre 1987 y 1990, todos los domingos del verano artistas locales (y regionales en aquel entonces) llevarían adelante espectáculos a partir de las 21:30 horas.
Silchu Alvarado, responsable del área de cultura en la nueva administración municipal, creyó necesario reactivar este evento que viene a enriquecer el ritual reginense de la «vuelta del perro», no sólo creyó sino que lo llevó a cabo.
«Siempre con la mirada puestaen revalorizar, recategorizar a los artistas reginenses. Hay que rescatar la cantidad, la calidad y el talento de lo que tenemos en la ciudad».
Son 21 las bandas o solistas que van a participar durante el ciclo de verano, hasta el momento en 4 fechas fueron parte de los Domingos de Plaza:
Literal
Alicia Triviño
Briana Colina
De Diez a Una
Hora Libre
Patricio Silva
Angeles Fuentes Campos
Permitidos
Admapu
Mi Mamá No Me Deja
Nasty people
Rabios Bufón
Ovnibus
Última Alternativa
¿CONTINÚAN LOS «DOMINGOS DE PLAZA » EN INVIERNO?
En las próximas dos fechas que se llevarán a cabo los próximos domingos 16/02 (en la Isla 58) y 23/02 (en la plaza de los próceres) restan participar las siguientes bandas:
Mientras el discurso oficial insiste con la “eficiencia” y la “modernización del Estado”, una resolución firmada en silencio por la Jefatura de Gabinete reorganiza el poder interno para acelerar despidos, recortes y sanciones al personal público, sin pasar por el máximo nivel político.
Por Roque Pérez para NLI
La Resolución 162/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Manuel Adorni, no ocupará titulares ni abrirá debates parlamentarios. Sin embargo, su alcance es profundo: redistribuye facultades clave sobre el empleo público, habilitando un ajuste administrativo más rápido, fragmentado y menos visible. En otras palabras, el ajuste avanza, pero con firma delegada.
Delegar para ajustar sin costo político
El núcleo de la norma es claro: el Jefe de Gabinete se desprende de la mayoría de las decisiones sensibles vinculadas al personal y las traslada a secretarías, subsecretarías y áreas de Recursos Humanos. Designaciones transitorias, prórrogas, promociones, sanciones disciplinarias, licencias, comisiones de servicio y, sobre todo, rescisión de contratos, pasan a resolverse en niveles inferiores.
Este esquema permite que las decisiones más conflictivas —no renovar contratos, mover empleados, sancionar o disciplinar— ya no requieran una firma central, diluyendo responsabilidades políticas y acelerando los tiempos del recorte.
La motosierra administrativa, sin conferencia de prensa
Lejos de la épica discursiva, esta resolución funciona como el engranaje técnico del ajuste. Al descentralizar las decisiones, se reduce el “ruido” político: no hay anuncios, no hay debates, no hay interpelaciones. Cada secretaría gestiona su propio achique.
El resultado es una motosierra burocrática, más silenciosa pero igual de efectiva, que permite ejecutar el ajuste por goteo, expediente por expediente.
Más poder para sancionar, menos control político
Otro punto sensible es la delegación de facultades disciplinarias. Las secretarías ahora pueden aplicar sanciones previstas en la Ley de Empleo Público sin intervención directa del Jefe de Gabinete. Esto refuerza un clima de control interno y disciplinamiento laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo estatal está bajo constante amenaza.
No se trata solo de eficiencia: se trata de control.
Decisiones legales sin pasar por arriba
La resolución también habilita a subsecretarías a autorizar allanamientos, desistimientos de juicios, conciliaciones y transacciones legales en causas donde la Jefatura de Gabinete tenga interés. Son decisiones de alto impacto jurídico y económico que, desde ahora, no requieren la validación política más alta.
Un esquema que agiliza trámites, sí, pero que también reduce instancias de control y responsabilidad institucional.
El ajuste que no se discute
La norma deroga resoluciones anteriores y consolida un nuevo mapa de poder interno. No hay ahorro cuantificado ni evaluación pública del impacto social de estas medidas. Lo que hay es una arquitectura administrativa diseñada para ejecutar el ajuste sin debate, lejos del Congreso y del escrutinio público.
Como ya viene advirtiendo NLI en sus coberturas sobre el vaciamiento del Estado, el ajuste no siempre llega con anuncios rimbombantes. A veces se cuela en resoluciones técnicas, firmadas al final del día, que reorganizan el poder para que la motosierra no se trabe.
Uno de los denunciantes de Libra pide correr a Taiano de la causa porque cree que el fiscal maneja el expediente a favor de Milei. La decisión quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Como contó LPO, Taiano ralentizó todo lo que pudo la causa. Desde un principio frenó la recolección de pruebas y rechazó avanzar contra Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, dos traders cercanos a Javier Milei.
Taiano tampoco aceptó citar a los testigos propuestos por la querella y se negó a colaborar con la comisión investigadora del Congreso.
«Esta parte considera que el doctor Eduardo Taiano ha perdido la objetividad que debe tener por ser acusador público y no se encuentra dirigiendo esta investigación en búsqueda de la verdad ni protegiendo los intereses generales de la sociedad», escribió el denunciante Martín Romeo según detalló La Nación.
Romeo es un especialista en criptos y cuestionó que Taiano no hubiera justificado su rechazo a la detención de Terrones Godoy y Novelli, de quien se difundieron imágenes realizando movimientos sospechosos en el sector de cajas fuertes de un banco días después del Criptogate.
Como contó LPO, meses atrás el abogado Gregorio Dalbón comparó con un delfín porque «nada, nada, nada». Ahora será Giorgi quien decida por la continuidad del fiscal.
Un periodista viajero nos lo cuenta: Ulderico Tegani, periodista italiano de la revista “Le vie d’Italia e dell’America Latina”, publicada por el Touring Club Italiano, experto reportero de viajes, describe detalladamente y con excelente pluma, como si pintara con palabras un cuadro de la Colonia Regina en 1928!!!! Entre otras cosas, cuenta el viaje en…
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Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
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