Los domingos de plaza son una especie de tradición reginense, se iniciaron bajo la gestión de Carlos Schulmaister en el área de cultura entre 1987 y 1990, todos los domingos del verano artistas locales (y regionales en aquel entonces) llevarían adelante espectáculos a partir de las 21:30 horas.
Silchu Alvarado, responsable del área de cultura en la nueva administración municipal, creyó necesario reactivar este evento que viene a enriquecer el ritual reginense de la «vuelta del perro», no sólo creyó sino que lo llevó a cabo.
«Siempre con la mirada puestaen revalorizar, recategorizar a los artistas reginenses. Hay que rescatar la cantidad, la calidad y el talento de lo que tenemos en la ciudad».
Son 21 las bandas o solistas que van a participar durante el ciclo de verano, hasta el momento en 4 fechas fueron parte de los Domingos de Plaza:
Literal
Alicia Triviño
Briana Colina
De Diez a Una
Hora Libre
Patricio Silva
Angeles Fuentes Campos
Permitidos
Admapu
Mi Mamá No Me Deja
Nasty people
Rabios Bufón
Ovnibus
Última Alternativa
¿CONTINÚAN LOS «DOMINGOS DE PLAZA » EN INVIERNO?
En las próximas dos fechas que se llevarán a cabo los próximos domingos 16/02 (en la Isla 58) y 23/02 (en la plaza de los próceres) restan participar las siguientes bandas:
Fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguran que el Decreto 793/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, lejos de ser una mera reorganización administrativa, es la confirmación tácita de que Patricia Bullrich no asumirá su banca en el Senado. El traslado de Migraciones y el Renaper a su órbita en Seguridad consolida su poder interno y la ubica en una posición clave hacia 2027.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
El Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2025, firmado por Milei y publicado este lunes en el Boletín Oficial, reconfigura de raíz la estructura del Poder Ejecutivo Nacional. La norma, presentada oficialmente como una medida de “eficiencia y modernización del Estado”, fusiona, elimina y reubica organismos enteros, pero uno de sus artículos encierra una lectura política que no pasó inadvertida ni siquiera entre los pasillos de Balcarce 50: Patricia Bullrich se queda en el Ministerio de Seguridad.
El corazón del DNU: Migraciones y Renaper, bajo control policial
Como informó hoy Noticias La Insuperable en su artículo “Milei elimina la Secretaría de Comunicación y pone a Migraciones bajo el mando de Bullrich”, el decreto dispone que la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) pasen a depender del Ministerio de Seguridad Nacional. Hasta ahora, ambas dependencias funcionaban bajo el ala del Ministerio del Interior, un área de carácter civil. Con la nueva estructura, las políticas de migración, documentación y ciudadanía pasan a estar directamente subordinadas a una cartera con perfil policial.
La decisión implica un endurecimiento del enfoque gubernamental sobre el control fronterizo y la gestión de residencia, y refuerza una línea de gestión que Bullrich persiguió incluso antes de su llegada a LLA: concentrar en Seguridad todo el esquema de control poblacional.
Entre la banca y el bastón
Fuentes cercanas a la Casa Rosada consultadas por Noticias La Insuperable aseguran que la publicación del DNU 793/2025 sepulta la posibilidad de que Bullrich asuma su banca en el Senado, ganada en las elecciones legislativas de este año. “Es el gesto más claro de que se queda donde está. No va a soltar el poder que acaba de ampliar”, sostuvo una fuente del entorno presidencial.
La jugada tiene un antecedente directo en las candidaturas testimoniales de Manuel Adorni y Diego Santilli, quienes —al igual que Bullrich— negaron durante la campaña que no ocuparían sus bancas, pero finalmente privilegiaron sus cargos ejecutivos. En el caso de Bullrich, el DNU la coloca al mando de un ministerio con más atribuciones que nunca, lo que hace de su continuidad en Seguridad una decisión estratégica más que circunstancial.
La lógica Milei-Bullrich: control y proyección
Desde el entorno libertario se interpreta el movimiento como un reforzamiento del tándem Milei-Bullrich, clave en la actual estructura de poder del Ejecutivo. Con Migraciones y Renaper bajo su órbita, Bullrich controla la puerta de entrada y salida del país, la documentación de todos los ciudadanos y el registro poblacional, un paquete de competencias que pocos ministros en la historia reciente concentraron en sus manos.
Esa concentración de poder no sólo fortalece su peso dentro del Gabinete, sino que la posiciona como pieza central en la eventual fórmula presidencial para una reelección de Milei. “Si algo quedó claro con este decreto es que Bullrich no piensa irse al Senado a levantar la mano. Su mirada está puesta en el 2027”, deslizó otro funcionario con llegada directa al despacho presidencial.
De la promesa al poder consolidado
Durante la campaña electoral, Bullrich había insistido públicamente en que su candidatura al Senado no sería testimonial. Sin embargo, el nuevo DNU parece desmentir aquella promesa: la absorción de Migraciones fue uno de sus objetivos declarados desde que asumió en Seguridad, y con el 793/2025 finalmente lo consiguió. “Era su obsesión desde el primer día”, comentó un exfuncionario del Ministerio del Interior. “No se trataba sólo de control, sino de mostrar poder real en la mesa chica del Gobierno”.
Una mirada hacia adelante
El DNU 793/2025 marca un punto de inflexión en la arquitectura del gobierno de Milei. Mientras se eliminan organismos como la Secretaría de Comunicación, se fortalece el esquema de Seguridad y se otorgan a Bullrich nuevas herramientas que la convierten en la figura más poderosa del Gabinete después del propio Milei.
Con la lupa puesta en la gestión de fronteras, los derechos migratorios y la concentración de poder, la incógnita sobre su banca en el Senado parece haberse disipado por completo. Todo indica que Bullrich seguirá al frente de Seguridad, más empoderada que nunca, y con la mirada puesta acompañando a Milei en la próxima contienda presidencial.
La causa por las coimas en la ANDIS pegó un nuevo salto explosivo: en los documentos judiciales aparece un chat en el que Miguel Ángel Calvete, operador clave del esquema, le asegura a su hija Ornella que “el 3% a KM está perfecto”, en línea con los audios donde Diego Spagnuolo habla de retornos para Karina Milei.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a estallar luego de que se conocieran los mensajes que derivaron en la renuncia de Ornella Calvete —hasta el jueves, directora nacional en un organismo del Ministerio de Economía— y que comprometen directamente a su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como uno de los engranajes centrales del esquema de retornos, sobreprecios y maniobras turbias con fondos destinados a las personas con discapacidad.
Un fallo demoledor: “Una enorme trama de corrupción”
En un fallo de 276 páginas, el fiscal delegado de la causa, Franco Picardi, describió que en la ANDIS funcionó “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad y de gran vulnerabilidad social”.
Picardi detalló que las maniobras fueron posibles gracias a acuerdos espurios entre funcionarios de la agencia y empresarios vinculados a droguerías y prestadoras de insumos de alto costo y baja incidencia, un negocio multimillonario en el que, según la acusación, la recaudación ilegal estaba perfectamente calculada.
Los chats que complican a los Calvete
Entre el abundante material probatorio aparecen decenas de capturas de mensajes entre Calvete padre e hija, correspondientes a septiembre de 2024.
Allí, Ornella —hasta la semana pasada funcionaria del Estado— felicita a su padre porque se toma vacaciones “por unos añitosss”. Días después vuelve a escribirle, preocupada por los negociados con el Grupo Ortopedia Alemana, preguntándole si con “Claudio K” debía “ponerle los puntos o arrancarle la cabeza”. Incluso se define como “hija de alguien brillante”, aunque menos tolerante a la desprolijidad.
El diálogo continúa con un tono de intimidad impropia para una funcionaria: tras coordinar una reunión vinculada a la empresa, Ornella le dice que si todo sale bien le va a comprar “una lambo, una granja, lo que quieras”.
La respuesta de Miguel Ángel Calvete es la que hoy tiene en shock al sistema político:
“No hace falta… con el 3% a KM está perfecto.”
¿Quién es “KM”? Las piezas encajan solas
Las siglas “KM” encendieron todas las alarmas judiciales. Y no es la primera vez que aparecen referencias de ese tipo.
En agosto, el canal de stream Carnaval difundió audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, donde se escucha que “a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”. En esos mismos audios se menciona que la droguería Suizo Argentina ejecutaba los contratos y reclamaba un retorno del 8%.
Ahora, la coincidencia entre los mensajes de Calvete y los dichos de Spagnuolo alimenta la hipótesis de la fiscalía: “KM” sería Karina Milei, señalada como beneficiaria de un porcentaje fijo en cada operación.
Una organización criminal en torno a fondos para discapacidad
Con este y otros elementos, la fiscalía imputó a Calvete, a Spagnuolo y a otros 14 exfuncionarios, acusados de integrar una organización destinada a direccionar compras de las denominadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).
El mecanismo investigado incluye:
selección previa de proveedores amigos,
sobreprecios estimados en millones,
pagos indebidos acordados por porcentaje,
presiones a empresas para garantizar el retorno,
y reparto interno entre los distintos niveles del esquema.
Todo esto en un organismo cuya razón de ser es asistir a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La renuncia de Ornella Calvete no alcanzó para frenar el impacto político. En el propio fallo, la fiscalía destaca el rol de ella como intermediaria operativa, incluso dentro del Ministerio de Economía, donde cumplía un cargo jerárquico.
Los chats que surgieron en las últimas horas dejan expuesta una conducta incompatible con la función pública y revelan la naturalidad con la que se hablaba de retornos, operadores y represalias contra proveedores.
La frase “con el 3% a KM está perfecto” hoy ya no es una sospecha: es prueba judicial incorporada a la causa.
El efecto dominó recién empieza
El expediente es voluminoso, la prueba crece y los vínculos se amplían. Las próximas semanas serán decisivas: declaraciones, nuevos allanamientos y análisis de pericias sobre los teléfonos secuestrados podrían abrir otra capa de la estructura.
Lo cierto es que, más allá de las maniobras técnicas, el corazón del escándalo es político: un circuito de coimas presuntamente vinculado a la secretaria general de Presidencia, en un caso que afecta directamente recursos esenciales para personas con discapacidad.
Lo que empezó como un rumor en audios filtrados hoy tiene nombre, porcentaje y chat: el 3% aparece, está escrito y ya forma parte del expediente.
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
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