En la tarde noche del domingo se realizó una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza de los Primeros Pobladores, en el sector de las casitas de artesanos recientemente renovadas.
La Feria busca brindar un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales con sello reginense.
Acompañando el segundo encuentro de los ‘Domingos de Plaza’, los vecinos pudieron disfrutar del paseo de artesanos disfrutando la buena música de los artistas locales.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los interesados a acercarse a la Oficina de Turismo y conocer las pautas y condiciones para participar de la Feria, que prevé ser un atractivo todos los domingos durante el verano.
El femicidio ocurrido en Luis Beltrán pone en alerta a la comunidad rionegrina. La provincia se encuentra entre las regiones con tasas más altas de femicidios. A 48 horas del asesinato la Justicia está investigando el femicidio de Marisa Coliman, ocurrido en la localidad de Luis Beltrán ubicada en el Valle Medio de la provincia…
La situación sobre nuestra Tierra es paradójica. Las interdependencias se han multiplicado. La conciencia de ser solidarios con su vida y con su muerte liga desde ahora a los humanos. La comunicación triunfa; el planeta está atravesado por redes, faxes, teléfonos celulares, módems, Internet. Y sin embargo, la incomprensión sigue siendo general Edgar Morin Los…
Participaron 50 mujeres, entre ellas representantes del grupo Valkirias Rosas. La actividad fue realizada en conjunto, entre el Área de la Mujer y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y el Museo Florencio Sánchez. Fue un evento muy emotivo, enmarcado en nuestra #FiestaProvincialDeLaVendimia y se hizo un recorrido por la historia de la ciudad, la…
La Secretaría de Desarrollo Social realizó la primera reunión interinstitucional convocada desde la Municipalidad de Villa Regina, con el propósito de informar respecto al convenio firmado con APASA, (Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones), para la implementación de un espacio de Abordaje Integral de las Adicciones. El…
Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.
La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.
El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía
Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.
Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.
En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.
Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas
Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
“el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.
La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.
La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.
El decreto habilita legalmente ese escenario.
El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa
El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.
Esto puede traducirse en:
Trámites más lentos
Mayor discrecionalidad administrativa
Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD
Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.
Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados
La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.
En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:
Retrasos en los pagos a prestadores
Revisión de convenios
Reducción de coberturas
Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga
No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.
Mucha Convención, poca participación real
El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.
Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.
Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad
La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.
Menos Congreso, menos control, menos garantías.
Un cambio de paradigma peligroso
El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.
Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.
En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?
La industria metalúrgica sigue siendo uno de los sectores más castigados por el desplome de la actividad económica. El sector tuvo otra fuerte caída en diciembre para cerrar 2025 con los peores indicadores desde la pandemia.
La actividad metalúrgica tuvo en diciembre una caída del 7,1 por ciento respecto al mismo mes del año 2024, de acuerdo al informe que elabora la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En comparación con noviembre, la baja fue de 1,3 por ciento.
El 2025 cerró con una caída del 0,9 por ciento, un número que es muy malo si se tiene en cuenta que la metalúrgica venía con un desplome de 12,1 por ciento en 2024. Es decir que ni amague de un efecto rebote.
Según el relevamiento de Adimra, el 2025 fue el peor año desde la pandemia cuando se la actividad llegó a frenarse frenada por completo. En diciembre el uso de la capacidad instalada se ubicó en 44 por ciento, mismo nivel que entre marzo y junio de 2020. En ese sentido, el informe destaca que la actividad está veinte puntos abajo de sus máximos recientes.
«El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral», advirtió el presidente de Adimra, Elio Del Re.
Uno de las principales preocupaciones del sector es la apertura de importaciones que promueve el gobierno de Milei. «El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera», señaló el dirigente.
Respecto del empleo, el informe destaca se mantuvo estable en diciembre, pero tuvo una caída del 2,5 por ciento en el año. «Hay empresas que comenzaron a despedir fuertemente, otras que comenzaron a suspender», advirtió Del Re en diálogo con Cadena 3.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
