En la tarde noche del domingo se realizó una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza de los Primeros Pobladores, en el sector de las casitas de artesanos recientemente renovadas.
La Feria busca brindar un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales con sello reginense.
Acompañando el segundo encuentro de los ‘Domingos de Plaza’, los vecinos pudieron disfrutar del paseo de artesanos disfrutando la buena música de los artistas locales.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los interesados a acercarse a la Oficina de Turismo y conocer las pautas y condiciones para participar de la Feria, que prevé ser un atractivo todos los domingos durante el verano.
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
Más de un asado hubo en el cierre del 2025 entre el senador y anfitrión, Luis Juez, y el visitante ilustre al country de la zona sur de la capital cordobesa, el diputado libertario Gabriel Bornoroni. Los que se hicieron durante el mes de diciembre en la casa de Juez contaron con la compañía de algunos laderos del entorno de ambos y el objetivo central no estuvo en discusión: ganar la provincia de Córdoba y sacar al peronismo después de 25 años en el poder.
Quién será el encargado de encabezar la fórmula para enfrentar a Martín Llaryora, que irá en busca de su reelección, es lo que todavía no se termina de dilucidar. Aunque hay señales, gestos. Entre ellos, el más importante parece ser la decisión de Juez de enfriar su objetivo de ser candidato a gobernador, mientras espera a ver qué hará Bornoroni.
El senador aguarda el carreteo del libertario y, sobre todo, espera que se desdibuje el radical Rodrigo de Loredo; el único del tridente de opositores que llegará al 2027 desde el llano y, por lo que muestra la foto de los últimos meses, distanciado de la sociedad Bornoroni-Juez.
Una persona al tanto de estos encuentros de fin de año entre el senador y el diputado libertario aseguró a LPO que Juez interpreta algo fundamental: Bornoroni representa en Córdoba al ala del Gobierno nacional que quiere ganar provincias, derrotar gobernadores. Sobre todo, peronistas; y en ese lote está, sin dudas, Llaryora.
Es decir, Bornoroni al ser el referente de Karina y los Menem en la provincia mediterránea pertenece al esquema libertario que le insiste a Javier Milei con disputarle el poder a los gobernadores en 2027. A diferencia de lo que piensa, por ejemplo, Santiago Caputo con el entendimiento que debería existir con los mandatarios provinciales a futuro.
Bajo esa teoría, Bornoroni y Juez comenzaron a puntear lo que viene, la presencia en algunos festivales del verano y el rol que tendrán en la próxima visita de Milei a Córdoba para la que se especulan dos escenarios: uno, es el festival de Doma y Folklore en Jesús María, público afín a las ideas libertarias, pero lugar de desembarco de Victoria Villarruel en los dos últimos veranos; el otro es más curioso y para algunos poco probable, como la inauguración de un parque acuático al que el Gordo Dan y las Fuerzas del Cielo vienen promocionando.
El objetivo central de las charlas de Juez y Bornoroni no estuvo en discusión: ganar la provincia de Córdoba y sacar al peronismo después de 25 años en el poder
Por fuera de esa agenda de corto plazo, Juez proyecta para el año que recién comenzó que De Loredo volverá a tener inconvenientes para tomar el control de la UCR. De manera tal que reitera cuando habla con su entorno que lo del radical como tercera pata de la alianza opositora es inviable y sospecha de los profundos entendimientos entre la tropa radical y el llaryorismo. Por ejemplo, con lo sucedido por la Procuraduría del servicio penitenciario y la silla reservada a una radical, como lo contó LPO, y que luego dirigentes de la propia UCR intentaron salir a despegarse.
De manera tal que no es raro que el deloredismo, alejado ya del nuevo eje opositor entre el senador y el diputado, haya decidido fortalecer el vínculo con intendentes a los que ya no le exige el purismo radical -hay cuentas en redes en las que les sacaron hasta los colores-, sino que pone como primer condicionamiento que peguen sus elecciones con los comicios provinciales para ver cuánto impacta la figura de De Loredo en el primer casillero.
Pero esto no es todo. En la capital cordobesa hubo llamados y contactos entre dirigentes que actualmente reportan a De Loredo y tantearon a la mano de obra libertaria peleada o bloqueada por Milei vía Karina para armar una alianza opositora blue. Mano de obra que, al igual que él, también tiene llegada a Santiago Caputo, en algunos casos; y otros que simplemente están enojados por el desaire en el armado de las listas en las dos últimas elecciones, como la libertaria Verónica Sikora. Con ella, en los últimos días, hubo diálogo por parte de dirigentes que ahora están cerca de De Loredo.
Todo esto, mientras en el campamento de De Loredo guardan municiones para una réplica en contra del juecismo, tras los dardos que lanzó el Frente Cívico al tratar de instalar las sospechas de un acuerdo entre el peronismo y el deloredismo.
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El cobre está tocando precios récord y la posible fusión de los gigantes Rio Tinto y Glencore sacude los mercados mundiales. El metal rojo es el nuevo cuello de botella del capitalismo tecnológico.
La fusión de Rio Tinto y Glencore crearía la mayor minera del mundo, con una valuación superior a los USD 200.000 millones. Los precios ya dieron la señal del apetito por este metal. Subieron 41% el año pasado y en 2026 marcaron un récord histórico de USD 5,92 por libra. El temor es claro. La demanda avanza más rápido que la oferta, empujada por la inteligencia artificial, los autos eléctricos, las energías renovables y hasta el gasto militar. El cobre está en cañerías y cables, pero también en semiconductores, baterías, municiones.
S&P Global calcula que hacia 2040 la demanda superará a la oferta en un 25%, unas 10 millones de toneladas métricas, si no hay un salto fuerte de producción. El especialista Daniel Yergin lo resumió con una frase: el cobre puede ser un facilitador del progreso o transformarse en un freno para la innovación.
Ese escenario explica por qué las mineras prefieren comprar antes que excavar, un fenómeno bien conocido en provincia mineras como San Juan, donde ya hablan de los «mineros de café», como reveló LPO. Desarrollar una mina nueva puede llevar décadas y demanda inversiones de miles de millones de dólares. Argentina tiene el metal, pero todavía no ofrece certezas macroeconómicas y el libre giro de divisas sigue siendo una promesa.
Ese movimiento global tuvo un efecto inmediato en la Argentina. Las versiones sobre la compra de Glencore por parte de Rio Tinto sacudieron el tablero local. Incluso BHP, la mayor minera del mundo por valor de mercado, dejó trascender que no hará una contraoferta y mirará desde afuera cómo evolucionan las negociaciones.
Glencore juega fuerte en cobre, con proyectos en San Juan y Catamarca. Sobresale la mina sanjuanina del Pachón, que contempla una inversión propuesta de USD 9.500 millones, el proyecto más grande del RIGI.
El interés de la Argentina en la fusión no es casual. Las tres mineras presentaron proyectos millonarios para ingresar al RIGI y la Argentina aparece como una pieza estratégica.
Rio Tinto consolidó en 2025 una posición dominante en litio tras comprar Arcadium Lithium, quedándose con Olaroz y Fénix, entre otros activos. Glencore, en cambio, juega fuerte en cobre, con proyectos en San Juan y Catamarca que ganan valor en un mundo con déficit estructural del metal.
El yacimiento de El Pachón, en Calingasta San Juan, en la Cordillera de los Andes.
Dentro de los proyectos para la producción cuprífera sobresale El Pachón. Es el yacimiento de cobre más grande del país y el proyecto con la propuesta de inversión más alta presentada al RIGI: USD 9.500 millones. Pero mientras el gobierno de Milei difunde cifras siderales de inversión, la realidad es más pobre: la campaña de exploración de este verano demandará apenas USD 18 millones entre enero y abril.
El contraste es todavía más visible en Mendoza. Allí, la canadiense Kobrea Exploration inició la fase 1 de exploración del proyecto El Perdido, en Malargüe. Es una minera junior, con bajo perfil y desembolsos acotados. Planea invertir unos USD 20 millones y opera dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental, la apuesta oficial para reactivar la minería en el sur provincial. Es, hoy, de lo poco que se mueve en campo.
En Mendoza, la canadiense Kobrea Exploration inició la fase 1 de exploración del proyecto El Perdido, en Malargüe. Es una minera junior, con bajo perfil y desembolsos acotados. Planea invertir unos USD 20 millones.
Algo similar ocurre con Los Azules, otra mina sanjuanina y uno de los proyectos de cobre más avanzados del país. McEwen Copper presentó el estudio de factibilidad, tiene el ambiental y el RIGI aprobados y promete producción hacia 2030, con hasta 148.000 toneladas anuales. Pero todavía no tomó la decisión final de inversión. Sin ese paso, no hay obra. En la zona se ven las camionetas Toyota nuevas y unas oficinas espléndidas, pero en el yacimiento todavía no pasa nada importante.
La foto completa deja una conclusión incómoda. Mientras el mundo se prepara para un shock de demanda de cobre sin precedentes, la Argentina sigue esperando que sus proyectos «clase mundial» arranquen de verdad. Hoy, el único que produce es Martín Bronce, en Jujuy, con volúmenes bajos y 32 empleados en un solo turno.
Bajo la Alumbrera cerró en 2018 y el resto sigue en carpeta. «Tenemos cobre para alimentar la transición energética global, pero seguimos discutiendo cuándo empezar», concluyó un ejecutivo del sector. La demora local empieza a parecer un lujo que el país no puede darse.
La empresa tecnológica que lideró el mundo de las startups como modelo de una nueva era donde el conocimiento y el desarrollo científico irrumpían en el mercado y llegaban a la cúspide para cotizar en Nasdaq arrastra una deuda millonaria que se calcula entre los 30 a los 80 millones de dólares.
La situación llevó al holding Bioceres S.A. a zona crítica que podría derivar en la quiebra de la firma. Fuentes del mercado señalaron a LPO que la tecnológica integra una compleja red de empresas controlantes, subsidiarias y asociadas donde se mezclan inversores crypto de dudosa solidez y referentes de los nuevos mercados.
Según fuentes del agro señalaron que Bioceres Crop Soluciones (BIOX) y Rizobacter que son las que cotizan en Nasdaq, se escindieron de todo ese entramado cuando en 2024 el holding inició un proceso de reestructuración accionaria.
Mientras que BIOX se habría quedado con los principales desarrollos biotecnológicos como el trigo resistente a la sequía HB4, Bioceres S.A., que contaba con estructura accionaria propia, dejó de ser la controladora de BIOX y vendió sus títulos.
A partir de allí apareció Juan Sartorio, yerno de un magnate ruso y ex candidato a presidente de Uruguay. En el país vecino se lo señala como un oscuro zar de las criptomonedas que desde el arribo de Milei hizo sus inversiones en Argentina. Tiempo atrás compró Adecoagro y ahora quiere quedarse con el 50 por ciento de las acciones de YPF en Profertil, la mayor productora de fertilizantes del país.
Juan Sartori fue candidato a presidente de Uruguay pero perdió la interna con Lacalle Pou
En Bioceres SA, Sartori puso al frente a Alejandro Antalich. El CEO tambíen es uruguayo y estuvo vinculado al desarrollo de las empresas agrotecnológicas de cannabis que convirtieron al país vecino en productor líder durante los años del Frente Amplio desde la legalización de la marihuana.
Lo cierto es que ahora el default por 5 millones de dólares que encendieron las alarmas el año pasado se convirtió en un rojo que asciende a 35 millones de dólares y hay quienes dicen que esa deuda podría duplicarse lo cual amenaza a Bioceres S.A. con la quiebra.
La tormenta arrastró a todos los activos vinculados y las acciones de BIOX sufrieron un derrumbe impactante que hizo que se borrara la esperanza de que se convirtiera en uno de los unicornios locales más importantes.
Según publicó LPO, desde su pico histórico en 2021/2022, cuando su valuación bursátil superaba los USD 900 millones y sus acciones cotizaban a cerca de USD 15,70, se desplomó más de un 90% y hoy sus papeles rondan los USD 1,70, con una capitalización inferior a los USD 110 millones, como anticipó Bloomberg Línea.
En la primera mitad del 2025, Bioceres reportó ingresos por USD 75 millones, un 40% menos que lo proyectado; una pérdida operativa de USD 15 millones y un resultado neto negativo de USD 48 millones que derivaron en la profunda crisis financiera.
En el grupo ya hablan de un pedido de quiebra que la justicia definirá los límites de cada responsable de una compleja red de sociedades y firmas subsidiarias y dirá si Bioceres se trató de un jugador de peso en las nuevas industrias que prometían tallar una nueva era del capitalismo global u otro fiasco como tantos que aprovecharon las sombras de los éxitos del Silicon Valley.
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