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Domingo de Feria y de buena música

En la tarde noche del domingo se realizó una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza de los Primeros Pobladores, en el sector de las casitas de artesanos recientemente renovadas.

La Feria busca brindar un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales con sello reginense.

Acompañando el segundo encuentro de los ‘Domingos de Plaza’, los vecinos pudieron disfrutar del paseo de artesanos disfrutando la buena música de los artistas locales.

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los interesados a acercarse a la Oficina de Turismo y conocer las pautas y condiciones para participar de la Feria, que prevé ser un atractivo todos los domingos durante el verano.

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  • Renunció el jefe del flamante Ente Regulador de la Energía porque las empresas le manejaban el área

     

    La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

    La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

    La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

    El secretario legal de Caputo renunció por diferencias con el Súper RIGI

    El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

    Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

    Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

    El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

    Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

    La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

    Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

    En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

    La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

    «En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector. 

     

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  • Polémica en Morón por una contratación multimillonaria de Ghi a una empresa que vinculan a Lammens y Albistur

     

    En medio de la crisis financiera y los reclamos que se multiplican por deficiencias en los servicios prestados por la comuna, la gestión de Lucas Ghi en Morón avanzó sin licitar con una contratación multimillonaria que desató fuerte polémica en el distrito.

    Con la firma de Ghi y de su mano derecha, la jefa de Gabinete Estefanía «Toffi» Franco, el municipio apeló al mecanismo de compra directa para habilitar un desembolso por 51 millones en concepto de pauta en una página web.

    La contratación es a Ninja Contenidos S.R.L., empresa controlante del sitio Sol Bonaerense y que pertenece mayoritariamente (65%) a Agustín Manganiello, un contador muy cercano a Matías Lammens, a quien acompañó tanto en San Lorenzo como en el Ministerio de Turismo nacional.

    En Ninja también aparece como socio Felipe Albistur, uno de los hijos de Enrique «Pepe» Albistur, histórico publicista del peronismo, esposo de Victoria Tolosa Paz y dueño del departamento donde reside Alberto Fernández en Puerto Madero.

    Esos vínculos no pasan desapercibidos en la interna peronista del oeste del Conurbano, donde acusan que, desde Sol Bonaerense, se dirigen operaciones tendientes a desprestigiar a dirigentes del kirchnerismo como Martín Sabbatella, en Morón, y el intendente de Hurlingham, Damián Selci, que tiene como principal opositor interno al ex intendente, el albertista Juan Zabaleta.

    En Morón destacan la buena relación que mantuvo Ghi con Alberto Fernández y la que sostiene con varias figuras del albertismo residual.

    Lammens junto a Ghi en tiempos de gobierno albertista.

    Aunque advierten que la generación de contenido y el volumen de entradas a ese sitio web es ínfimo, cerca del sabbatellismo señalaron que las sistemáticas notas que surgen de ahí apuntando con denuncias falsas contra el líder de Nuevo Encuentro, son replicadas por cuentas fake en redes y alimentadas publicitariamente para su difusión.

    Como contó LPO, Ghi pasó de desmarcarse de Nuevo Encuentro a una ruptura total que incluyó la división del bloque de concejales y una purga de todo funcionario municipal alineado a Martín Sabbatella, que, frente a este escenario, precipitó el lanzamiento de su carrera a la intendencia.

    Ghi rompió con Sabbatella en el Concejo de Morón y recrudece la pelea a 2027

    Más allá de las cuestiones relativas a la interna del peronismo, en Morón esa compra directa desató un escándalo al encuadrarse en el contexto de crisis económica que atraviesa la comuna, con denuncias por recorte de insumos en los centros de salud locales, vaciamiento del laboratorio municipal y salarios bajos de los empleados.

    Incluso, para el pago del último aguinaldo, la comuna tuvo que aplicar un plan de emergencia por el que debió postergar para enero el cobro de los haberes y aguinaldo de la planta política para cubrir el pago a los municipales.

    Es en ese cuadro crítico en términos financieros y operativos que los críticos a la gestión de Ghi alertan una escalada «compulsiva» de compras directas vía trámites excepción por parte del municipio.

    Entre ellas, apareció en el último boletín oficial el caso de Ninja, empresa comandada por la mano derecha de Lammens, ex funcionario albertista que, resaltan en Morón, conserva una buena relación con Ghi. 

     

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  • Llegan 12 mil dosis de Sputnik V a Río Negro

    Se distribuyen más de 717 mil dosis de Sputnik V en todo el país. Del total, 361.800 corresponden al componente 1 y 355.400 al 2, dosis que serán distribuidas de acuerdo con el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito. Un total de 717.200 dosis de la vacuna Sputnik…

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  • El Consejo dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y si lo suspenden puede quedar preso

     

    El juez federal de Rosario Gastón Salmain entró en un laberinto de difícil salida. Este jueves la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura impulsó por unanimidad de sus siete miembros que dos de los hechos que se le reprochan sean analizados por el plenario de veinte miembros del órgano que evalúa jueces, lo que lo deja en la orilla de la suspensión para un juicio político. La sola suspensión podría activar la prisión preventiva de Salmain en un caso donde está procesado por pedir un soborno, que solo no se aplicó porque lo amparan sus fueros como magistrado.

    Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

    El segundo hecho es el que más ruido causó desde que se escuchó el descargo del juez la semana pasada. Es porque omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente. Ocho días atrás, ante una consulta del consejero y senador nacional Luis Juez, que le preguntó porqué escamoteó eso, Salmain dijo que no lo mencionó porque no se lo habían preguntado.

    Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado 

    Esa respuesta, que fue un latiguillo en redes durante días, la recogió Juez este miércoles antes de votar para impulsar el jury. No lo perdonó y habló bien en criollo. «El nunca dijo que había sido funcionario judicial y, cuando concursó, que había sido expulsado de la Justicia por un hecho gravísimo. A ver si podemos lograr que los jueces que van a venir a rendir ac{a entiendan lo que es la categoría de juez. ¿Va a ser juez federal hasta los 75 años y vas a hacer eso, hermano? Lo que tenés que hacer es decir siempre la verdad».

    El argumento de Salmain es que el reglamento del concurso vigente pide reseñar los antecedentes del concursante en los últimos diez años. Y a Salmain la Corte lo echó por coimero hace veinticuatro.

    Antes de la sesión de este miércoles, Salmain intentó un recurso a través de un abogado para que Juez no pudiera votar por mérito para ser recusado y que el expediente disciplinario se declarara nulo. No tuvo eco en ningún consejero.

    La sesión siguió entonces adelante y el recusado tuvo su oportunidad. Suena tautológico, pero Juez despellejó al juez. «Después le exigimos al ciudadano común condiciones que no estamos dispuestos a cumplir cuando somos jueces», dijo. Siguió señalando que el sospechado hizo reproches sobre la cantidad de gente que a su criterio los fiscales que lo investigan deberían haber citado en su mismo caso y no lo hicieron. «Esta es la forma en que se defienden los delincuentes. Se defienden acusando a otros». Dijo por último que se imaginaba salir airoso si él fuera imputado en un caso e, indagado por su delito, le dijera a cualquier juez que no había hablado de eso «porque no me preguntó».

    «El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por la continuidad del salario y su cargo que defender su honor», dijo el senador cordobés. «Lo escuché con oído entrenado como abogado, hace 40 años que ejerzo la profesión, fue una defensa espantosa. Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la Justicia Federal de Rosario para ponerlo en este lugar procesal. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios, picardías o chicanas. Que vaya al jury para que podamos evaluar su conducta». Lo señalaba porque la defensa de Salmain intentó en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, recusar a los jueces que actuaron en sus causas y también apartar a los fiscales.

    El diputado nacional Rodolfo Tailhade impulsó el dictamen que manda los antecedentes de Salmain al plenario del Consejo para decidir el jury. No estuvo de acuerdo en que se lo reproche por haber obviado que lo dejaron cesante por pedir una coima, porque efectivamente el reglamento de concurso no exige dar cuenta de antecedentes que excedan los diez años a la fecha de esa compulsa. Y sostuvo que el juez hizo una defensa técnica acorde cuando compareció, que deben analizarse en el jury. Pero alertó que Salmain tiene procesamiento confirmado por corrupción y sigue en su cargo.

    «Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, es una situación inverosímil», observó Tailhade.

    Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil

    El consejero César Grau dijo que si estuviera vigente el reglamento de concursos que postulan ahora desde la Corte Suprema el artilugio atribuido a Salmain no habría prosperado y nunca habría llegado a juez. ¿Por qué? Porque se establece la conformación de un legajo digital único, unificado, público, transparente y permanente», afirmó Grau. «El sistema actual se basa en la buena fe, es una declaración jurada. Entonces, si miente el postulante, ¿qué pasa?» La respuesta que sugería es que un aspirante con un gravísimo antecedente irregular, como pasó con Salmain, puede llegar a juez. «La casta en algún momento tiene que perder», dijo.

    Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El plenario del Consejo sesionará sin fecha definida pero en breve para considerar si lo lleva a juicio político, lo que podría definirse con trece de los veinte votos. En caso de suspensión los jueces a cargo del caso en Rosario tendrán que decidir si tornan efectiva la prisión preventiva que le dictaron y que su inmunidad como magistrado dejó en suspenso.

     

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