En la tarde noche del domingo se realizó una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza de los Primeros Pobladores, en el sector de las casitas de artesanos recientemente renovadas.
La Feria busca brindar un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales con sello reginense.
Acompañando el segundo encuentro de los ‘Domingos de Plaza’, los vecinos pudieron disfrutar del paseo de artesanos disfrutando la buena música de los artistas locales.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los interesados a acercarse a la Oficina de Turismo y conocer las pautas y condiciones para participar de la Feria, que prevé ser un atractivo todos los domingos durante el verano.
La decisión del Gobierno de avanzar sobre la regulación del mercado editorial abrió una discusión que excede el precio de los libros. Editoriales, librerías y escritores advierten que detrás de la promesa de mayor competencia puede producirse una concentración del mercado que termine afectando la diversidad cultural y la supervivencia de las pequeñas librerías.
Por Redacción de NLI
Hay discusiones que parecen económicas hasta que uno mira un poco más de cerca. La pelea que acaba de abrirse alrededor del mercado editorial argentino es una de ellas. El Gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones que apuntan a desregular la comercialización de libros, mientras editores, libreros y autores advierten que el problema no es solamente cuánto costará un ejemplar dentro de algunos meses, sino qué libros estarán disponibles, quién podrá publicarlos y qué librerías sobrevivirán en un mercado dominado cada vez más por grandes cadenas y plataformas digitales.
La discusión tiene un punto particularmente sensible: la posible eliminación de la llamada ley de precio uniforme del libro, vigente desde hace 25 años. El principio es relativamente sencillo: un mismo título debe venderse al mismo precio de referencia independientemente de que sea ofrecido por una gran cadena, una librería independiente o una tienda situada en una ciudad pequeña. La intención histórica fue evitar que los actores con mayor capacidad financiera pudieran utilizar descuentos agresivos para concentrar el mercado y desplazar a los competidores más pequeños.
Lo que desde el Gobierno puede presentarse como una simple eliminación de una regulación que encarece los productos, desde el sector editorial es observado de otra manera. Un libro no funciona exactamente como una lata de gaseosa, un par de zapatillas o un teléfono celular. Su valor económico convive con una dimensión cultural: detrás de cada título existe un autor, una editorial, un traductor, un corrector, un diseñador, una imprenta, una distribuidora y, finalmente, una librería que decide qué colocar en sus estantes.
El problema no es solamente cuánto cuesta un libro
La Argentina tiene una tradición editorial extraordinariamente rica. Buenos Aires fue durante buena parte del siglo XX una de las grandes capitales editoriales de habla hispana y sus empresas publicaron a autores argentinos, latinoamericanos y europeos que encontraron en el mercado local una plataforma para llegar a millones de lectores.
Esa estructura, sin embargo, nunca estuvo compuesta exclusivamente por grandes compañías. Una enorme cantidad de pequeñas editoriales construyó catálogos especializados, recuperó autores olvidados, publicó poesía, ensayo, literatura infantil, traducciones y obras que difícilmente tendrían espacio en un mercado guiado exclusivamente por el volumen de ventas.
Ahí aparece una de las principales preocupaciones del sector frente a la desregulación. Si una gran cadena o una plataforma puede ofrecer determinados títulos con descuentos mucho mayores que una librería independiente, dispone de una capacidad para absorber temporalmente menores márgenes que un comercio pequeño difícilmente puede igualar.
El resultado podría parecer beneficioso en el corto plazo para el consumidor: un libro más barato.
Pero existe una segunda pregunta: ¿qué ocurre después?
Si las pequeñas librerías pierden ventas y cierran, desaparece también una red de establecimientos que cumple una función cultural que una plataforma digital no necesariamente reemplaza. El librero recomienda, conoce a sus clientes, organiza presentaciones, arma vidrieras temáticas y muchas veces funciona como mediador entre un lector y un libro que jamás habría buscado mediante un algoritmo.
La preocupación no es hipotética. Según el sector citado por El País, la Argentina llegó a multiplicar por tres la cantidad de librerías durante el período en que rigió el esquema actual, pasando de unas 500 a alrededor de 1.500. Al mismo tiempo, las ventas atraviesan actualmente una etapa de dificultades.
Cuando la cultura queda sometida solamente a la lógica del mercado
El debate toca una cuestión mucho más profunda y que excede al Gobierno actual: ¿un libro debe ser tratado exactamente igual que cualquier otra mercancía?
La respuesta depende de qué sociedad se quiera construir.
Desde una perspectiva estrictamente económica, eliminar regulaciones puede aumentar la competencia y permitir que determinados productos tengan descuentos mayores. Pero cuando se trata de bienes culturales aparecen externalidades que no siempre quedan reflejadas en el precio. Una sociedad no lee solamente aquello que vende más. También necesita literatura experimental, investigación académica, poesía, pensamiento político, historia, traducciones y obras destinadas a públicos pequeños.
Ese ecosistema es frágil.
Una librería ubicada en un barrio puede vender menos ejemplares que una plataforma nacional, pero puede ser el único lugar donde una persona encuentre determinada literatura. Una editorial independiente puede publicar a un escritor que todavía no tiene mercado. Una biblioteca puede utilizar una pequeña editorial para construir una colección especializada.
El mercado no necesariamente elimina esas expresiones porque sean malas. Puede hacerlo simplemente porque no son suficientemente rentables.
Y ahí aparece una diferencia fundamental entre la concepción del libro como mercancía y la concepción del libro como bien cultural.
No significa que las editoriales deban trabajar sin criterios comerciales ni que todos los precios tengan que ser regulados indefinidamente. Significa reconocer que la industria cultural tiene características particulares y que las decisiones económicas pueden producir consecuencias culturales difíciles de revertir.
Una discusión que recién comienza
El proyecto oficial también contempla la disolución del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otro de los puntos que generaron rechazo dentro del sector. Para editores y escritores, la combinación de menor regulación comercial y reducción de instrumentos de promoción podría producir una concentración todavía mayor.
La discusión llega, además, en un momento delicado. Las librerías argentinas enfrentan una caída de ventas, mientras el poder adquisitivo de los lectores se encuentra condicionado por la situación económica general. En ese escenario, cualquier modificación que altere la estructura de precios puede tener efectos importantes.
La paradoja es evidente: un mercado editorial más desregulado podría eventualmente ofrecer algunos libros más baratos, pero también podría reducir la cantidad de actores capaces de sostener una oferta diversa.
No hay una respuesta sencilla. Y precisamente por eso la discusión merece algo más que consignas a favor o en contra de la libertad de mercado.
La Argentina necesita lectores. Necesita autores. Necesita editoriales. Necesita imprentas. Necesita librerías independientes y también grandes cadenas. Necesita que los libros sean accesibles, pero también que exista una producción cultural capaz de escapar de la lógica de aquello que garantiza ventas inmediatas.
Porque una sociedad que solamente publica lo que sabe que va a vender puede terminar teniendo un mercado eficiente y una cultura mucho más pobre.
El libro es una mercancía, por supuesto. Tiene costos, trabajadores, distribución y un precio. Pero también es memoria, conocimiento, imaginación y discusión pública. Y esa dimensión es precisamente la que convierte esta pelea aparentemente técnica por una regulación comercial en una discusión mucho más importante: qué lugar quiere darle la Argentina a la cultura cuando el mercado deja de ser solamente una herramienta y comienza a convertirse en el principal criterio para decidir qué merece existir.
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Axel Kicillof apuntó contra Marcos Galperin por el rol de Mercado Pago en el endeudamiento familiar con billeteras virtuales que alcanza niveles récord. Además, comparó el fenómeno actual con la crisis de las hipotecas subprime de 2008.
El gobernador explicó que, en Brasil, la parte de Mercado Libre vinculada al comercio representa el 60%, mientras que el negocio financiero supone el 40% de la composición del negocio de Galperin. Algo similar ocurre en México donde dos tercios del negocio es el comercio y un tercio la parte financiera. Sin embargo, en Argentina es al revés: «Lo que eran billeteras digitales se convirtieron en empresas más vinculadas a las finanzas que al comercio», dijo.
«De más está decir la enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Son millones de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron, en la mayoría de los casos, para cubrir gastos corrientes. Para sobrevivir», agregó Kicillof.
Además, explicó que por un cúmulo de información que tienen estas empresas, discriminan el costo del endeudamiento según el perfil del sujeto. Por una misma deuda cobran diferente según la capacidad de pago, según una batería de parámetros que dispone la fintech.
Lo que eran billeteras digitales se convirtieron en empresas más vinculadas a las finanzas que al comercio.
Además, dijo que las billeteras virtuales se hicieron conocidas como medio de pago, pero luego ganaron espacio como proveedores de crédito y también como colocadores de recursos financieros. «Ese rol las asemeja mucho a lo que es un banco. Lo que antes hacía un banco ahora lo hacen las billeteras virtuales que tienen una regulación mucho más flexible que las entidades bancarias», dijo.
Según datos que brindó el mandatario, el 60% de la población adulta del país está endeudada (se trata de 21 millones de personas). En tanto, una de cada cinco personas que tomaron deuda se encuentra en situación de mora.
Kicillof comparó, además, la situación del endeudamiento en Argentina con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Ese escándalo ocurrió en 2008 cuando los bancos se lanzaron a otorgar hipotecas de alto riesgo para la compra de vivienda a clientes con escasa solvencia y, por tanto, con un nivel de riesgo de no pago superior a la media del resto de créditos.
El interés de esas hipotecas era más elevado que en los préstamos personales y las comisiones bancarias resultaban más gravosas. Como los precios de las viviendas subían, se creía que el sistema era relativamente seguro. Sin embargo, todo terminó en un estallido que provocó enormes pérdidas en bancos y entidades financieras. Incluso llevó a la quiebra a Lehman Brothers, una compañía global de servicios financieros de Estados Unidos fundada en 1850.
El gobierno bonaerense inició en enero una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago. El objetivo fue analizar los términos y condiciones de la fintech que cada usuario debe aceptar al crear una cuenta. Se trata de un paso obligatorio pero que ninguna persona lee por la extensión y los tecnicismos jurídicos.
Allí se encontró que ni Mercado Libre ni Mercado Pago informan sobre el costo de los servicios, una situación que viola la defensa de los consumidores. Además, si la fintech cambia los términos y condiciones, estos se dan por aceptados automáticamente.
Si un usuario llega a tener un problema con la aplicación la responsabilidad es del usuario y no del proveedor del servicio. «Si la plataforma falla, es tu problema», explicó el ministro de Producción, Augusto Costa.
Además, el contrato de términos y condiciones autorizaba a Mercado Pago a debitar cuotas de otros usuarios si las cuentas estaban vinculadas. Incluso, si los reclamos de los damnificados llegaban a una instancia judicial, esta instancia debía resolverse en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, sin importar en qué punto del país resida el perjudicado.
Costa explicó que el gobierno hizo la imputación de oficio y la empresa de Galperin adecuó la normativa revirtiendo las cláusulas cuestionadas
Para el gobierno de Kicillof, Milei generó las condiciones para que el endeudamiento familiar se dispare. Costa citó el DNU 70/2023 que derogó el tope de tasas, disparó el costo del financiamiento bancario y dejó el camino libre a las fintech que están menos reguladas.
En el primer semestre de este año la provincia recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos con las normativas de defensa al consumidor, acoso y hostigamiento.
Costa explicó que se abrió un expediente y se inició una investigación sobre el tema. Además, dijo que se pedirán informes a las empresas para que detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés y la composición real del costo financiero total. «Es imposible determinar cuáles son los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de créditos enfrenten estas condiciones crediticias», dijo Costa.
«Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse los incumplimientos, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos», sostuvo el ministro.
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