En la tarde noche del domingo se realizó una nueva edición de la Feria ReEmprender en la Plaza de los Primeros Pobladores, en el sector de las casitas de artesanos recientemente renovadas.
La Feria busca brindar un espacio de promoción y comercialización de productos artesanales con sello reginense.
Acompañando el segundo encuentro de los ‘Domingos de Plaza’, los vecinos pudieron disfrutar del paseo de artesanos disfrutando la buena música de los artistas locales.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los interesados a acercarse a la Oficina de Turismo y conocer las pautas y condiciones para participar de la Feria, que prevé ser un atractivo todos los domingos durante el verano.
Lucas Llach no es un economista más dentro del oficialismo. Aunque no ocupa un cargo es la mano derecha real del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por eso, cuando afirmó que el dólar está «forzado hacia abajo», dejó expuesta una discusión interna que enfrenta la estrategia de pisar el dólar de Toto Caputo y objeta el FMI.
Durante una entrevista con Maxi Montenegro en Ahora Play, Llach cuestionó la explicación oficial sobre la desaceleración de la economía. «¿Cuál es la hipótesis oficial de por qué la economía está a baja intensidad? El riesgo Kuka ya no puede ser. El riesgo país es de 400 puntos», afirmó. Para el economista, tampoco alcanza con atribuir el menor desempeño a la apertura comercial o al cambio estructural. «Cuando se habla de dos velocidades dicen que es lógico que la industria caiga por las importaciones o por el cambio estructural. Pero, aun suponiendo que eso pudiera argumentarse para la industria, en la construcción no», sostuvo.
Su diagnóstico fue todavía más lejos. Señaló que la construcción incluso se beneficia de insumos importados más baratos, pero aun así no logra recuperarse. «La construcción tiene insumos en dólares más baratos por la apertura, si querés. ¿Y por qué falla? Porque el costo de construir es muy alto respecto a los precios».
Luego comparó el escenario actual con los primeros años de la década del noventa. «Cero no es una tasa de crecimiento para una Argentina que está en una revolución de recursos naturales, orden fiscal y reformas. A principios de los 90 el crecimiento era del 5, 6 o 7%». Y remató con una definición que cayó como una piedra en el equipo económico: «A mí no se me ocurre otra hipótesis que un tipo de cambio que está forzado hacia abajo».
Las declaraciones de Llach tampoco aparecen en el vacío. Expresan una mirada que circula en el entorno de Sturzenegger, es uno de los funcionarios con mejor vínculo con Kristalina Georgieva, que como reveló LPO en exclusiva, en la reunión que mantuvo en Buenos Aires con empresarios afirmó que el dólar debería estar más alto y dijo que al organismo no le preocupa el impacto que tendría en la inflación. La titular del FMI incorporó este año a Sturzenegger a un Consejo Asesor del Fondo y la sintonía entre ambos volvió a quedar en evidencia durante la reciente visita de Georgieva al país.
¿Cuál es la hipótesis oficial de por qué la economía está a baja intensidad? El riesgo Kuka ya no puede ser. El riesgo país es de 400 puntos. A principios de los 90 el crecimiento era del 5, 6 o 7%. A mí no se me ocurre otra hipótesis que un tipo de cambio que está forzado hacia abajo.
La afirmación de Georgieva pidiendo una devaluación controlada en la cena en el Palacio Duhau, surgió luego que ella comentara que el gobierno tenía que acumular más reservas y un empresario le preguntara cómo se podía seguir acumulando divisas un programa económico que ya exhibe exportaciones en niveles récord. Fue ahí que dijo que se podían aumentar por precio o cantidades y todos entendieron que se refería a una corrección, que por ejemplo empuje al campo a liquidar los USD 10 mil millones que atesora.
Ese planteo choca de frente con la estrategia de Milei y Caputo. En las últimas semanas, distintos informes privados revelaron que el Gobierno intervino para impedir que el dólar mayorista superara la zona de los $1.500. La versión comenzó a circular entre las mesas de dinero y terminó ganando fuerza cuando los datos diarios del Banco Central, que mostraron un movimiento inusual en la cuenta que el Tesoro mantiene en la autoridad monetaria.
Los analistas detectaron que el 28 de julio, justamente el día en que el Banco Central interrumpió una racha de 135 jornadas consecutivas de compras de divisas y el dólar mayorista tocó los $1.500, los depósitos en dólares del Tesoro cayeron unos USD 146 millones mientras sus depósitos en pesos aumentaron el equivalente a USD 141 millones.
Portfolio Personal Inversiones interpretó esa secuencia como una venta de dólares del Tesoro para abastecer la demanda y evitar un salto del tipo de cambio. Según esta sociedad de bolsa, habría sido la primera intervención de ese tipo desde octubre del año pasado.
Ese mismo día se fijaba el tipo de cambio de referencia para una letra atada al dólar. Cuanto más alto cerrara la cotización, mayor sería el costo para el Tesoro. Por eso, el Gobierno tenía un incentivo extra para contener la suba. Así, el Central tampoco compró dólares por primera vez desde enero e incluso habría intervenido en el mercado secundario de bonos dólar linked, donde el volumen operado alcanzó los USD 403 millones, el mayor desde junio.
Desde la consultora 1816 hablaron directamente de una nueva «línea en la arena». Si durante buena parte del primer semestre ese límite había sido $1.400, ahora el mercado interpreta que el Gobierno no quiere que el dólar supere los $1.500.
La consultora 1816 habla de una nueva «línea en la arena» que Caputo trazó para el dólar. Si durante buena parte del primer semestre ese límite fue $1.400, ahora el mercado interpreta que el Gobierno no quiere que el dólar supere los $1.500.
Según 1816, entre letras y bonos que protegen frente a una devaluación ya hay alrededor de USD 12.000 millones de valor nominal en manos privadas, de los cuales USD 6.600 millones vencen antes del final del mandato de Milei.
La discusión excede al equipo económico. El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que dentro del esquema de bandas el dólar podría ubicarse cerca de los $1.800 sin comprometer el programa económico. Una opinión que no compratió el equipo económico que enfureció con el vocero.
En las redes apareció enseguida el «dólar Ravier», una forma irónica de describir un tipo de cambio más alto. Detrás de la chicana del «dólar vocero» quedó instalada una discusión de fondo sobre si el peso se apreció demasiado y si conviene permitir una corrección para recuperar competitividad, como pide el campo.
El ministro Toto Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Caputo.
Uno de los primeros en respaldar esa idea fue Salvador Di Stefano, un habitual defensor del equipo económico, que dejó en evidencia con su giro el malestar de los productores agropecuarios, a quien suele asesorar. En un extenso posteo explicó las maniobras del gobierno para sostener el tipo de cambio en sus valores actuales y luego en una entrevista con radio La Voz, confirmó que existe una gran retención de soja, maíz y trigo por parte de los productores y sugirió que el Gobierno debería «poner un terroncito de azúcar» para incentivar la venta de granos.
Carlos Maslatón aprovechó esa explicación para cargar contra la política cambiaria oficial. «Agradezco que confirmes que el gobierno sostiene el tipo de cambio artificial bajo pagando intereses y aumentando la deuda pública. 100% Martínez de Hoz puro», escribió.
La referencia a Martínez de Hoz apunta los faroles hacia Ricardo Arriazu, uno de los pocos economistas respetados por Milei y uno de los diseñadores del programa económico de la última dictadura, que volvió a colocar la dolarización de los ahorros en el centro de su análisis.
«Por lejos la variable macro más importante es cuántos dólares compra la gente», afirmó. Recordó que el año pasado los argentinos adquirieron USD 40.000 millones y estimó que este año podrían comprar alrededor de USD 30.000 millones.
Así, mientras el debate gana intensidad, los datos del balance cambiario muestran la tensión del programa. En junio la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 857 millones, un 60% menor al de un año atrás. Las exportaciones alcanzaron un récord de USD 9.438 millones, pero las importaciones crecieron hasta USD 6.420 millones. Y la salida de utilidades y dividendos por USD 1.023 millones, la cifra más alta desde 2010.
La cuenta financiera, en tanto, mostró un déficit de USD 3.181 millones. La formación de activos externos financiera alcanzó USD 2.458 millones y la no financiera otros USD 2.065 millones, parcialmente compensados por préstamos financieros por USD 961 millones.
A eso se suma el comportamiento de los ahorristas. En junio las personas humanas compraron USD 2.445 millones en billetes y divisas sin destino específico, por encima de mayo, y acumulan USD 15.300 millones en lo que va del año.
Con ese telón de fondo, la frase de Llach adquiere un peso político distinto. Mientras Caputo y Bausili tratan de sostener un dólar de $1.500, desde el entorno de Sturzenegger -el funcionario más cercano al FMI- aparece una voz que sostiene que esa ancla cambiaria es hoy el principal freno para la actividad. La discusión dejó de ser un intercambio entre economistas. Ya atraviesa el corazón del programa económico de Milei.
Qué buen posteo, Salvador, ideal que así lo expliques y que seas vos el autor. Agradezco que confirmes que el gobierno sostiene el tipo de cambio artificial bajo pagando intereses y aumentando la deuda pública. 100% Martínez de Hoz puro. Que se fundan todos. https://t.co/UsmO15KJBz
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En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La carta de Cristina y la denuncia de una condena que trasciende la prisión
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.
El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.
En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.
Una disputa que excede el caso Vialidad
El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.
La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.
Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.
El escenario internacional y el reclamo por las garantías judiciales
La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.
La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.
Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.
La pelea por el futuro político del peronismo
Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.
La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.
La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.
La Ciudad avanza con el traspaso de la justicia laboral y esperan que en febrero de 2027 ya estén en funcionamiento 10 juzgados y dos salas de cámara. Las causas colectivas seguirán en el fuero nacional. Los jueces y fiscales compartirán equipos para las tareas administrativas. Aún no está cerrado el monto que transferirá Nación.
La magistratura porteña envió a la Legislatura el listado de los primeros diez jueces y los primeros seis camaristas que tendrá el fuero laboral porteño, además de fiscales, fiscales de cámara y asesores tutelares. Allí irán a parar los nuevos casos expedientes vinculados al mundo del trabajo. Los viejos continuarán tramitándose con sus jueces naturales en el fuero nacional.
A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Consejo no elabora ternas, sino listados que corresponden al orden de mérito. En los que elevó el jueves no hay casi diferencia con el puntaje del examen escrito y los antecedentes.
Entre los postulantes para jueces y camaristas del fuero laboral que debe votar la Legislatura hay abogados de empresas, de sindicatos, jueces y ex funcionarios como Horacio Pitrau. Durante 27 días fue subsecretario de Trabajo de Milei y viceministro de Jorge Triaca. Aparece en el listado de los camaristas.
Sebastián Luis Caset y Agustina Bergonzelli son candidatos a jueces de primera instancia y vienen del mundo del derecho empresario. Silvia Inés Gutiérrez Garay, postulada para camarista, fue abogada del Suterh. Patricia Paola Ceriani, también candidata a camarista, es Coordinadora Técnico Legal y Jurídica de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.
En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas.
Diego Javier Tula es juez laboral en la Provincia mientras que Martín Furchi pertenece al fuero contencioso administrativo de la Ciudad. Ambos están en la lista de camaristas.
El traspaso era resistido por los jueces nacionales y un amparo frenó por varios meses el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por eso la decisión fue que los juzgados nacionales continúen funcionando hasta que no tengan más tareas.
Las causas colectivas, aquellas que involucran a sindicatos, seguirán tramitándose en los juzgados nacionales.
En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. En Nación buscan bajar ese número. «Todavía estamos discutiendo cuestiones del traspaso de la policía, esto viene para largo», bromeó un funcionario porteño.
El fuero podrá comenzar a funcionar 180 después de que la Legislatura y el Congreso aprueben el traspaso.
Para los nuevos juzgados, la Ciudad aplicará el modelo de gestión asociado. Implica la conformación de equipos administrativos especializados que trabajarán para varios juzgados en simultáneo. La intención es tener un servicio de justicia más rápido y eficiente.
«Vas a tener algunos que solo hagan notificaciones, otros que manejen las audiencias. Va a ser gente especializada que trabaja en una sola tarea», le dijo a LPO un funcionario judicial. El modelo ya se aplica en el fuero de relaciones de consumo y en ejecución penal.
Fue una innovación basada en los casos de Neuquén y Tucumán y también de España y Chile que tuvo su debut en las fiscalías de la Ciudad.
«Se bajan los costos, también se reduce el poder de los jueces. Y al final el servicio de Justicia es más rápido y efectivo», explicaron desde el gobierno porteño.
El debate de este jueves en el Senado acerca de la propiedad privada y la posibilidad de que extranjeros compren tierras sin límites en nuestro país comenzó a jugarse este fin de semana en Córdoba. Primero, el viernes con la decisión de la senadora Alejandra Vigo de anticipar su rechazo a la iniciativa que tiene juntando los votos a Patricia Bullrich; en una decisión, la de la mujer del exgobernador Juan Schiaretti que mete un ruido en el acuerdo que explora Llaryora con Milei para el 2027.
Sin embargo, el segundo capítulo de esa previa se vivió este sábado porque, al igual que en otros momentos, aparecieron banderas en la sede del Frente Cívico, la fuerza provincial que lidera el senador Luis Juez; y en un shopping de barrio Alberdi que es propiedad de la familia de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
Como en su momento con la reforma laboral y en esos mismos lugares, ahora la consigna fue la ley de propiedad privada y las consignas fueron contundentes. «Juez te vendiste a todos, no vendas la Argentina», le colocaron al senador. Mientras que a la bullrichista le pusieron en el centro comercial: «senadora Carmen vendé tu shopping, no la Argentina».
Al igual que en otras ocasiones, y a pesar del guiño que hace una buena porción del electorado cordobés al libertario en contraposición con el kirchnerismo, la discusión acerca de la posibilidad de que extranjeros puedan comprar tierras sin límites interpela a la clase media y asoma un rechazo.
Sin embargo, en ambos casos, tanto Juez como Álvarez Rivero no tienen ninguna posibilidad de apartarse de la orden de Casa Rosada y deberán acompañar. El senador, porque intenta complacer a Karina para tener un lugar expectante en las listas del 2027 y fortalecerse como un aliado confiable del libertario Gabriel Bornoroni; y la empresaria devenida en senadora, porque se le vence el mandato el año próximo y busca reciclarse en la lista de diputados nacionales.
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