Dictaron prisión domiciliaria al contador de empresas del narco Alvarado y del ex juez federal Bailaque
Desde 2012, las actividades de Esteban Alvarado aparecían en los medios de Rosario copiosamente. Estaba preso por robo a gran escala de autos de alta gama y además se lo vinculaba al comercio de drogas. El contador Gabriel Mizzau gestionó la constitución de Logística Santino SRL, una de sociedades de la trama empresaria de Alvarado, dos años después.
Logística Santino se llama así por el nombre del hijo mayor de Alvarado. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, sostuvo que Mizzau intervino en la conformación del conglomerado de empresas del grupo del traficante tratando con la esposa, cuando aquel estaba detenido señalado como jefe de una organización criminal desde dos años antes. Para febrero de 2017, la ex AFIP elevó actuaciones para que se condenara a Alvarado por lavado de activos por el funcionamiento de empresas donde surge que en dos de ellas Mizzau era el contador. Un rol que ocupó hasta 2018.
Para ese tiempo Mizzau era también el contador del juez federal Marcelo Bailaque, quien dejó de ocupar ese cargo hace diez días luego de que le aceptaran la renuncia. El ahora ex magistrado había dejado dormida la causa donde Alvarado estaba denunciado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como un importante actor del narcotráfico y rechazado tres medidas de prueba en su contra. Bailaque ya no afrontará un jury pero por estas acciones sí afronta un juicio penal por el que tiene prisión domiciliaria por 90 días, con tobillera electrónica.
Bailaque quedó en prisión domiciliaria y con tobillera electrónica
Este viernes se dictó la misma medida contra el contador Mizzau. Deberá permanecer en su casa de Fisherton por el mismo plazo y con tobillera. El juez Eduardo Rodrígues Da Cruz consideró solventes los cargos descriptos por la fiscalía que plantean que Mizzau era el contador matriculado de una organización criminal. Y que si el caso en su contra termina en condena le espera prisión efectiva. “Es un contador público al que los fiscales le atribuyen lavado de activos en el ejercicio de su función”, redondeó el juez.
Los fiscales federales que actúan en el caso se valieron de una investigación realizada entre 2018 y 2020 por fiscales santafesinos sobre la madeja de empresas que tenía Alvarado. Estas eran firmas legalmente inscriptas que servían para blanquear los activos que venían del delito. Al menos dos de esas empresas las inscribió Mizzau. Son la mencionada Logística Santino y Sagrado Corazón de María.
Bailaque, en audiencia.
En 2017, interceptaron un camión con 495 kilos de marihuana en General Roca, en la provincia de Río Negro. El cargamento descubierto era transportado por un camión de la firma Toia SRL, empresa vinculada a Alvarado, que tardíamente fue condenado por este hecho. El titular del acoplado donde fue hallada la carga resultó ser un empleado de Logística Santino, cuya responsable dominial es la mujer de Alvarado, Rosa María Capuano.
El fiscal Iglesias sostuvo que el sello de Logística Santino se usaba para fines que no tenían nada que ver con el objeto social de esa empresa. Adujo que el contador Mizzau solo registró accionar certificando balances para seis clientes en el período. Era una cartera lo suficientemente reducida, indicó, como para que se le escapara por exceso de trabajo quiénes eran estos clientes. “Esto fue en un período importante de tiempo. No le llovía trabajo. No tenía una masa de clientes que le permitiera saber las verdaderas actividades de Logística Santino”, afirmó.
Cuando Mizzau llevaba las cuentas de Logística Santino, Alvarado estaba preso. En ese momento, la fiscalía identificó centenares de intercambios telefónicos entre el contador y los socios de esa empresa. “Entre 2014 y 2017 mantuvo 845 comunicaciones. De esa cantidad 535 fueron con Rosa Capuano, que era entonces la mujer de Alvarado”, detalló Iglesias. “La experiencia indica que tanta cercanía entre los miembros de la empresa y el contador excede ampliamente la habitualidad de un contacto profesional”, subrayó, y agregó: “Mizzau conocía perfectamente las actividades ilícitas que se facilitaban a través de Logística Santino SRL”.
El fiscal Iglesias dijo que Bailaque estuvo como juez a cargo de la causa por lavado de activos de Alvarado. Sostuvo que debió haber investigado a Mizzau como imputado porque su rol ilícito era claro y surgía de las mismas actuaciones que tenía a la vista. Pero dijo que no solo no lo hizo. También era su propio contador.
Los acusadores expusieron los informes patrimoniales de una perito contable de la Fiscalía para indicar que existía confusión patrimonial entre las distintas sociedades de la trama empresaria de Alvarado: confusión de patrimonio, superposición de domicilio de las empresas, de contratos de alquiler, uso de bienes cruzados. De al menos dos de esas firmas Mizzau era el contador.
Iglesias recordó que, cuando Alvarado fue detenido en Río Tercero en febrero de 2019, arrojó un I-Phone 8 al lago. De ese teléfono recuperado y peritado en Estados Unidos –“un celular de un capo narco de relevancia”-se encontraron 3 mil audios. “Esos audios dan cuenta del manejo claro que tenía Alvarado de sus empresas. En uno de ellos ordena directivas para el contador de la empresa. Ese contador era Mizzau”.
El audio se divulgó en la audiencia. Se escuchó la voz de Alvarado decir: “Hay que hablar con el contador, juntate, hay que buscarle la vuelta, estar un paso adelante. Si cerramos la empresa, asesoralo un poquito porque está asustado”.
Era del 28 de diciembre de 2018. “Para esa fecha ya se habían allanado las empresas y los domicilios de Alvarado y ya sabía él qué documentación habían secuestrado y estaban en poder de los fiscales provinciales”, contextualizó Iglesias. “Queda claro, ¿no? Alvarado pidiendo que el contador dibuje. Que solucione el problema”.
La conclusión del fiscal es que el contador Mizzau mantenía una relación muy cercana con las empresas de Alvarado, que logró la impunidad de sus actos por la intervención como profesional a través de su relación con el juez que lo tenía que investigar. “No solo logró la impunidad para él sino de la organización para la que trabajaba”, estableció.
La imputación al contador fue por brindar asesoramiento del 2014 al 2018 a dos de las empresas de Alvarado. Se le atribuyen cinco maniobras a través de asesoramiento contable, lo que posibilitó cinco hechos de lavado de activos.
Mizzau dijo que conocía a Bailaque desde los 15 años pero que hacía dos que no mantenían relación. Rechazó los cargos que se le formularon. Su hijo trabajaba en el juzgado a cargo de Bailaque. Hoy es empleado de uno de los tribunales orales de Rosario.
