Denunciaron a Tettamanti por el RIGI a la petrolera inglesa Harbour y el caso sacude la gira en París
La revelación de LPO sobre el ingreso al RIGI de una petrolera sancionada por operar en Malvinas llegó a Comodoro Py. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal contra funcionarios del área de Energía y representantes de Harbour Energy Argentina, que quedó radicada en el juzgado federal 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
El expediente pone bajo la lupa las autorizaciones que recibió la compañía y abre un frente particularmente incómodo para el Gobierno justo cuando desembarca en París para vender seguridad jurídica y atraer inversiones.
La denuncia fue asignada por sorteo el 29 de septiembre y tramita bajo el expediente CFP 4810/2026. Entre los denunciados figuran la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el exsecretario Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; Harbour Energy Argentina y Tomás Lanardonne. La presentación menciona, entre otros delitos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. La causa permanece bajo reserva y todavía se encuentra en una etapa inicial.
El expediente cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que desde febrero está subrogado por Ariel Lijo luego de quedar vacante tras la muerte de Claudio Bonadio. En el expediente interviene además el fiscal Gerardo Pollicita.
El Caso Harbour: Milei le dio el RIGI a una petrolera británica sancionada por operar en Malvinas
La denuncia tiene una particularidad que le agrega peso institucional: no fue presentada por una ONG ni por una empresa competidora. La PIA forma parte del Ministerio Público Fiscal y es el organismo especializado en investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
Si bien el contenido completo de la causa todavía está bajo reserva, todo apunta a las autorizaciones concedidas para operar y al ingreso al RIGI del proyecto Southern Energy, que tiene a Harbour Energy entre sus accionistas. La empresa británica posee el 15% del proyecto de exportación de GNL que comparte con Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar.
Harbour heredó el historial de Premier Oil, compañía que había sido sancionada en la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental próxima a Malvinas.
La CEO de Harbour, Linda Cook.
Como reveló LPO, ese antecedente no impidió que Southern Energy atravesara las ventanillas oficiales. El proyecto solicitó su incorporación al RIGI en noviembre de 2024 y terminó aprobado por la Resolución 559 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 29 de abril de 2025. Cuatro días antes, Energía había autorizado la libre exportación de GNL.
En ambos trámites Harbour figuraba expresamente dentro del accionariado del proyecto. Ese recorrido explica por qué la denuncia alcanza a las dos etapas de conducción de Energía. Rodríguez Chirillo estuvo al frente de la secretaría durante la primera parte del gobierno de Milei y Tettamanti conduce actualmente el área.
La novedad judicial encontró a Tettamanti llegando a París, donde el Gobierno montó la Argentina Week para convencer a inversores europeos de apostar por el país. La funcionaria integra la delegación energética junto con Daniel González y Federico Ramos Nápoli y participará de las reuniones dedicadas precisamente a energía, minería y oportunidades de inversión bajo el nuevo marco regulatorio argentino.
El contraste es difícil de disimular: mientras en París el Gobierno ofrece el RIGI como carta de presentación, en Buenos Aires una denuncia penal pone una lupa sobre la forma en que uno de esos proyectos consiguió sus beneficios. «Esto mete nubarrones sobre el RIGI», resumió a LPO una fuente de una empresa proveedora de Vaca Muerta.
Harbour no es un actor marginal: es una petrolera internacional con presencia en la cadena de hidrocarburos y vinculada al desarrollo de Vaca Muerta a través de sus negocios en la Argentina. La discusión judicial toca así una de las vitrinas que el Gobierno llevó a París, donde energía es uno de los ejes centrales de la búsqueda de capitales.
Pero la denuncia tiene otra derivación delicada. Entre los apuntados aparece Horacio Federico Veller, actual subsecretario de Hidrocarburos, designado formalmente en marzo de este año. Veller fue recibido este miércoles por Griselda Lambertini, Marcelo Nachón y Héctor Falzone, tres integrantes del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. En el sector interpretaron el encuentro como una señal de que podría quedar bien posicionado en la pelea por la presidencia del organismo.
Daniel González, el encargado de la política energética en el gobierno de Milei.
La silla está vacante desde la salida de Néstor Marcelo Lamboglia, cuya renuncia fue aceptada con efecto desde el 1° de junio, menos de un mes después de haber asumido la conducción del nuevo ente. Desde entonces el organismo quedó bajo la conducción de su vicepresidente, Vicente Serra, acompañado por Nachón, Lambertini y Falzone.
El ENReGE no es una oficina menor: nació de la unificación del ENRE y el Enargas y concentra las facultades regulatorias sobre dos de los servicios públicos más sensibles de la economía. Por eso, el nombre de Veller dentro de una denuncia penal promovida por la PIA agrega ruido a una sucesión que ya venía atravesada por internas.
La denuncia también recae sobre Harbour Energy Argentina. Consultadas por LPO, fuentes de la compañía dijeron desconocer la existencia del expediente: «No lo teníamos en el radar».
El asunto recién entra en tribunales y falta conocer qué impulso le dará la fiscalía de Pollicita y qué medidas dispondrá Lijo. Pero lo cierto es que el Gobierno aterrizó en París con el RIGI bajo el brazo para explicarles a los inversores las nuevas reglas de juego y, casi al mismo tiempo, Comodoro Py abrió un expediente para averiguar cómo se aplicaron esas reglas en uno de los proyectos energéticos que el oficialismo exhibe como insignia.
Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.
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