El colapso vial tiene entre sus principales exponentes a la Ruta Nacional N° 34, corredor estratégico del norte que, a la espera de su concesión, registra un avanzado grado de deterioro que ya está provocando un aumento exponencial de accidentes.
El reciente choque fatal a la altura de lo localidad santafesina de Cañada Rosquín que dejó cuatro víctimas fatales (entre ellas dos menores) volvió a encender los reclamos de autoridades locales y provinciales frente a lo que definen un «abandono» por parte del gobierno de Javier Milei.
«Se paga con vidas la falta de respuestas», dijo presidenta comunal de Cañada Rosquín, Eugenia Racciatti. En tanto, el senado provincial Esteban Motta presentará un recurso de amparo ante la Justicia Federal acusando un «abandono total» de la traza y exigiendo a Vialidad Nacional que se haga cargo de las obras «urgentes».
La ausencia de obras y el aumento de los accidentes van de la mano. En 2024, el Observatorio de Seguridad Vial registró 36 víctimas fatales. En lo que va de 2026, ya se registraron 13 muertes solo en el departamento santafesino de San Martín.
«Los pozos son más grandes que lo que queda de asfalto», dijo Motta a LT10 y focalizó en el tramo crítico que une Cañada Rosquín con Casas y Las Bandurrias.
La ausencia de obras y el aumento de los accidentes van de la mano. En 2024, el Observatorio de Seguridad Vial registró 36 víctimas fatales. En lo que va de 2026, ya se registraron 13 muertes solo en el departamento santafesino de San Martín.
El freno de los trabajos en la Ruta 34 a la altura de San Pedro podría derivar en 200 despidos.
Por su volumen de cargas, la Ruta 34 es definida por el Observatorio como la más peligrosa del país. Se trata de un corredor estratégico que conecta el Noroeste Argentino (NOA) con el centro del país. Por ahí pasa buena parte de la producción citrícola y de granos de la región.
Pese a eso, el gobierno libertario no avanzó con obras de ningún tipo. Precisamente por esa parálisis, en la Uocra de Jujuy alertaron en las últimas horas latentes despidos masivos.
Concretamente, el freno de los trabajos en la Ruta 34 a la altura de San Pedro podría derivar en 200 despidos.
«La empresa no está cobrando y no cuenta con los recursos necesarios para sostener el ritmo de ejecución», dijo el secretario general de Uocra Jujuy, Ramón Neyra, que expuso que la Nación le adeuda a la contratista entre cinco y seis certificaciones.
En ese sentido, el gremio filtró la advertencia de la empresa, que puso un plazo de 40 días máximo para regularizar la situación, caso contrario avanzará con los despidos. La ralentización de esas tareas vienen reflejando un recorte del personal que pasó de 380 trabajadores a 200.
«El nivel de preocupación es muy alto. Es la única obra con financiamiento nacional activo en la provincia y no puede detenerse de esta manera», agregó Neyra.
Más allá de sus particularidades, el deterioro de la Ruta 34 es general y golpea la logística de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Santiago del Estero
«Ponemos en riesgo la vida permanentemente en estas condiciones», dijo el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, que, al igual que lo hicieron 150 intendentes este martes frente al Ministerio de Economía nacional, cuestionó que el gobierno de Milei no destine a obras viales el porcentaje que por ley debería destinar del impuesto a los combustibles.
El gobierno santafesino tuvo que hacerse cargo de la reparación de una alcantarilla rota que había cortado durante varios días el paso por la Ruta Nacional 34 a la altura de Lehmann. Vialidad Nacional no había respondido a los reclamos.
Frente al colapso vial de la ruta en esa provincia y ante la ausencia respuestas de Nación, la gestión de Maximiliano Pullaro se hizo cargo de la reparación de un tramo de la traza que estaba cortado por el colapso de una alcantarilla a la altura de la localidad de Lehmann.
La Ruta 34, en el tramo que va de Angélica (Santa Fe) a Santiago del Estero, integra la Etapa III a licitar de la Red Federal de Concesiones que impulsa Toto Caputo. Sin embargo, en la región coinciden que la traza requiere de obras «urgentes» que no pueden esperar los procesos burocráticos.
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Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
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