‘Cuerpos presentes’, este 24 en el Galpón de las Artes
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Llaryora cierra un acuerdo con la UCR por la Procuración y enfurece Juez
Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.
Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.
Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.
Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.
Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.
Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».
Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».
Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.
En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.
Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas.
Bioceres no pudo levantar una deuda de 36 millones de dólares y se asoma a la quiebra
La empresa tecnológica que lideró el mundo de las startups como modelo de una nueva era donde el conocimiento y el desarrollo científico irrumpían en el mercado y llegaban a la cúspide para cotizar en Nasdaq arrastra una deuda millonaria que se calcula entre los 30 a los 80 millones de dólares.
La situación llevó al holding Bioceres S.A. a zona crítica que podría derivar en la quiebra de la firma. Fuentes del mercado señalaron a LPO que la tecnológica integra una compleja red de empresas controlantes, subsidiarias y asociadas donde se mezclan inversores crypto de dudosa solidez y referentes de los nuevos mercados.
Según fuentes del agro señalaron que Bioceres Crop Soluciones (BIOX) y Rizobacter que son las que cotizan en Nasdaq, se escindieron de todo ese entramado cuando en 2024 el holding inició un proceso de reestructuración accionaria.
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Mientras que BIOX se habría quedado con los principales desarrollos biotecnológicos como el trigo resistente a la sequía HB4, Bioceres S.A., que contaba con estructura accionaria propia, dejó de ser la controladora de BIOX y vendió sus títulos.
A partir de allí apareció Juan Sartorio, yerno de un magnate ruso y ex candidato a presidente de Uruguay. En el país vecino se lo señala como un oscuro zar de las criptomonedas que desde el arribo de Milei hizo sus inversiones en Argentina. Tiempo atrás compró Adecoagro y ahora quiere quedarse con el 50 por ciento de las acciones de YPF en Profertil, la mayor productora de fertilizantes del país.
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En Bioceres SA, Sartori puso al frente a Alejandro Antalich. El CEO tambíen es uruguayo y estuvo vinculado al desarrollo de las empresas agrotecnológicas de cannabis que convirtieron al país vecino en productor líder durante los años del Frente Amplio desde la legalización de la marihuana.
Lo cierto es que ahora el default por 5 millones de dólares que encendieron las alarmas el año pasado se convirtió en un rojo que asciende a 35 millones de dólares y hay quienes dicen que esa deuda podría duplicarse lo cual amenaza a Bioceres S.A. con la quiebra.
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La tormenta arrastró a todos los activos vinculados y las acciones de BIOX sufrieron un derrumbe impactante que hizo que se borrara la esperanza de que se convirtiera en uno de los unicornios locales más importantes.
Según publicó LPO, desde su pico histórico en 2021/2022, cuando su valuación bursátil superaba los USD 900 millones y sus acciones cotizaban a cerca de USD 15,70, se desplomó más de un 90% y hoy sus papeles rondan los USD 1,70, con una capitalización inferior a los USD 110 millones, como anticipó Bloomberg Línea.
En la primera mitad del 2025, Bioceres reportó ingresos por USD 75 millones, un 40% menos que lo proyectado; una pérdida operativa de USD 15 millones y un resultado neto negativo de USD 48 millones que derivaron en la profunda crisis financiera.
En el grupo ya hablan de un pedido de quiebra que la justicia definirá los límites de cada responsable de una compleja red de sociedades y firmas subsidiarias y dirá si Bioceres se trató de un jugador de peso en las nuevas industrias que prometían tallar una nueva era del capitalismo global u otro fiasco como tantos que aprovecharon las sombras de los éxitos del Silicon Valley.
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