‘Cuerpos presentes’, este 24 en el Galpón de las Artes
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Trump anunció que negociará con la chavista Delcy Rodríguez la transición en Venezuela
Donald Trump dio una conferencia de prensa en la residencia presidencial en Mar-a-Lago junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, luego del ataque militar que forzó la captura de Nicolás Maduro.
Trump reivindicó la operación militar y afirmó que todo el poder militar venezolano fue destruido. Pero el dato más importante gira en torno el futuro del país sudamericano y la sucesión de Maduro en el poder.
En ese sentido, el presidente de EEUU dijo que «ahora vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente» y confirmó que Marco Rubio está negociando con Delcy Rodriguez la transición. «La vicepresidenta habló con Marci Rubio y dijo que hará lo que nosotros digamos», reveló.
«No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a seguir gobernando el país», aclaró, cerrando la puerta a un gobierno opositor.
De todas formas, insistió con que el diálogo para definir los pasos a seguro no es con nadie de la oposición sino con el propio chavismo. Ante la consulta sobre María Corina Machado, dijo desconocer donde se encuentra y planteó que «no tiene respeto de la población».
Esto confirma lo que LPO adelantó en exclusivo sobre la desconfianza de la Casa Blanca con los líderes opositores que no cuenta con el apoyo interno, en especial de las Fuerzas Armadas.
Lo que resta saber ahora es si el diálogo de Delcy con Washington es una decisión articulada con los otros integrantes de la cúpula que pueden ocupar lugares de liderazgo en la nueva etapa como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
Esto también cristaliza la interna en el gobierno de Trump, entre los que quieren eliminar a todos los integrantes del chavismo como Marco Rubio y el trumpismo mas alienado a la lógica MAGA que busca terminar la ofensiva en esta operación y trabajar con nuevas autoridades dentro del régimen.
La idea de «administra por cuenta» propia el país parece un punto intermedio entre esas dos corrientes que pagan en el corazón de Washington.
El Gobierno reescribe el Código Aduanero por decreto y acelera las reglas del comercio exterior
Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.
La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan
Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.
En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.
El reparto de poder entre Aduana y Economía
El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.
Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.
Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.
El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.
Un DNU con destinatarios claros
El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.
Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.
En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.
