‘Cuerpos presentes’, este 24 en el Galpón de las Artes
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Llaryora avisa que está cerca del «precipicio» por la suspensión de fondos nacionales para pagar las jubilaciones
La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política. Como ocurrió durante la gestión de Amado Boudou, cuando la Anses suspendió los giros de la Anses para cubrir el déficit previsional, la Provincia advierte que se encamina a un «precipicio» financiero.
El proyecto de Presupuesto 2026 expuso con crudeza la magnitud del déficit previsional: el gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a $ 2,63 billones, mientras los aportes y contribuciones de los activos sólo llegarán a $ 1,81 billones, es decir, un 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a $ 821.292 millones. Son los números de 2026. También Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de 1 billón de pesos.
El cálculo incluye un dato clave: la Provincia prevé financiar con recursos propios al menos $ 417.292 millones, un 51% del déficit, debido a que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema. En 2025, tras la intervención de la Corte Suprema, Nación comenzó a enviar $ 5.000 millones en 12 cuotas fijas. Pero ahora hasta esta cifra está en duda.
Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $ 20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido por la Nación.
En ese escenario, el legislador socialista aliado al PJ, Matías Chamorro, lanzó un globo de ensayo para meter pánico en los gremios estatales: presentó un proyecto para declarar la «Emergencia de la Caja de Jubilaciones».
Así, el Gobierno apunta a garantizar que el grueso de los jubilados (el 85%) recupere el 82% a través de un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de «solidaridad previsional» para los haberes más altos: quienes cobren más de $ 2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. Es un golpe a los gremios más combativos -Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba- y a los jueces.
Pero quien llevó el relato al extremo fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura: dijo que la Caja se encuentra «ante una situación crítica» y que, sin una intervención urgente, «ya se empieza a ver el precipicio».
Torres defiende que se aumenten los aportes personales un 4%. La hipótesis es que se podría avanzar con esa medida sobre los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Ese parece ser un límite que está dispuesto a cobrar: se trata de empleados que por alto nivel de conflictividad que tienen sus reclamos, tienen mala imagen. Cuando era intendente de Córdoba, a Llaryora le fue bien en términos de imagen cuando confrontó con los municipales.
En cambio, el Gobierno descarta medidas para ampliar los aportantes del sistema prolongando la vida activa de los 25 mil policías policías y de los 50 mil docentes, casi el 80 por cieno de la planta de personal.
A diferencia de cuando José Manuel de la Sota decidió confrontar con Amado Boudou y Cristina Fernández por la suspensión de fondos para la Caja (crisis que derivó en la creación de la «tasa vial», en 2012), ahora Llaryora debe enfrentar al vencedor en Córdoba de las elecciones nacionales sin margen para crear un impuesto de guerra, como fue aquel que se cobró durante casi tres años en cada carga de combustible.
El juez del concurso validó la estrategia de Grassi que se queda con Vicentín
El juez Fabian Lorenzini lleva el concurso preventivo de Vicentín desde diciembre de 2019 cuando el gigante agrario se declaró en default y dejó un tendal en productores, acopiadores y proveedores de la Zona Núcleo.
La caída de Vicentín abrió innumerables interrogantes, sobre todo sobre la sostenibilidad del modelo agroexportador que combinaba granos con audacia financiera hasta que el cimbronazo en la última etapa del gobierno de Macri dejó en offside a varios peso pesado de los agronegocios.
Lo cierto es que en todos estos años pasó muchísima agua bajo el puente en el que no faltó el proceso penal por fraude contra los dueños de la empresa, un fallido intento de nacionalización en la era de Alberto Fernández y un sorprendente silencio stampa de los damnificados, principalmente productores agropecuarios que son los primeros en pegar el grito al cielo contra la carga impositiva estatal pero se desentienden de los aumentos indiscriminados de los alquileres de campos o de los descalces financieros que muchas veces los dejan al borde del abismo.
[Grassi pica en punta para quedarse con Vicentín y se asocia a una gigante cordobesa]
Vicentín no fue la única agroempresa que quedó en la cuerda floja. La sacudida financiera de la segunda mitad del macrismo sacudió a BLD, a la correacopio Guardati-Torti, a la firma Cereales del Sur de Daniel Casanovas y a otras firmas de renombre en la city rosarina como Sebastián Grimaldi. Estas oficinas movían millones y millones de la agroexportación hasta que los agarró el temporal.
Este martes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini avaló los informes de la sindicatura de la causa que analizó los avales de acreedores a la propuesta que había elevado el Grupo Grassi. En buen romance significa que el empresario rosarino quedó a un paso de hacerse del holding.
De esta manera, Grassi llegó victorioso a la compulsa contra Molinos Agro y Louis Dreyfus que se asociaron a último momento y presentaron una propuesta que no consiguió la adhesión de la mayoría. Ahora, se abren cinco días para impugnar la decisión del juez pero en el entorno del rosarino confían en que el cramdown se defina la semana próxima.
Llamado a licitación para construcción del CDI
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