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Unidad en el peronismo bonaerense: Kicillof presidirá el PJ con Magario como vice
El justicialismo de la provincia de Buenos Aires confirmó este sábado 7 de febrero de 2026 un acuerdo político de unidad interna que termina con semanas de tensiones y negociaciones y define la nueva conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
Por la Redacción de NLI
Acuerdo estratégico para consolidar la unidad partidaria
Tras intensas conversaciones entre los principales sectores del peronismo provincial —liderados por el gobernador Axel Kicillof y el espacio kirchnerista representado por Máximo Kirchner— se logró un entendimiento que evita la disputa interna prevista para el 15 de marzo, cuando debía realizarse la renovación formal de autoridades.
En ese marco, Axel Kicillof encabezará la lista de unidad como presidente del PJ bonaerense, cargo clave para ordenar al peronismo en la provincia más grande del país. La vicegobernadora Verónica Magario ocupará la Vicepresidencia primera, replicando la dupla que conduce el Ejecutivo provincial.
Estructura de poder y reparto de cargos
El acuerdo no solo consagra la dupla Kicillof–Magario al frente del PJ bonaerense, sino que también configura un esquema de integración que busca contener a todos los sectores internos:
- Axel Kicillof, presidente del PJ bonaerense.
- Verónica Magario, vicepresidenta primera.
- Federico Otermín, vicepresidente segundo.
- Mariano Cascallares, secretario general.
- Leonardo Nardini, presidente de la Junta Electoral.
- Máximo Kirchner, presidente del Congreso partidario.
El armado refleja un equilibrio político interno entre los distintos espacios del peronismo bonaerense, con representación territorial e institucional.
Significado político y proyección hacia 2027
La decisión de avanzar con una lista de unidad evita una interna que podría haber generado desgaste y expone una voluntad clara de consolidación partidaria en un contexto nacional complejo.
Con Kicillof al frente del PJ bonaerense, el peronismo ordena su estructura en el distrito más determinante del mapa electoral argentino y refuerza su conducción política con vistas a los desafíos que se proyectan hacia 2027.
Una etapa de consolidación interna
El entendimiento alcanzado entre los principales referentes del espacio abre una nueva etapa en el Partido Justicialista provincial, con el objetivo de articular gestión y conducción política.
La conducción compartida entre Axel Kicillof, Verónica Magario y Máximo Kirchner busca transmitir una señal de cohesión y fortaleza interna frente al escenario nacional, donde la organización territorial y la unidad estratégica vuelven a ocupar un lugar central en la agenda del peronismo.
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Milei retiró al Estado de la causa del crédito del FMI a Macri, para favorecer a Caputo y Sturzenegger
Javier Milei sacó un decreto alevoso en la noche de este jueves para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis «Toto» Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.
El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.
El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.
Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.
La jueza Capuchetti.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.
Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».
La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».
Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.
Noticia en desarrollo.
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