‘Cuerpos presentes’, este 24 en el Galpón de las Artes
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El gobierno simula una reacción ante el caos de Flybondi: le labraron un acta por los vuelos cancelados
Después de semanas de caos por las demoras y los vuelos cancelados de Flybondi, el gobierno nacional simuló una reacción ante las críticas por no hacer nada y le labró «actas de infracción» a la low cost de Leonardo Scatturice.
La Secretaría de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron la medida, que en los hechos no tiene ninguna implicancia salvo el apercibimiento y la apertura de un sumario.
«Las actas de infracción son instrumentos administrativos labrados por funcionarios habilitados que certifican acciones inapropiadas u omisiones en la prestación del servicio. Su aplicación da inicio a un sumario administrativo y, en caso de comprobarse responsabilidades, las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación de la autorización para operar servicios aerocomerciales», informó la ANAC.
Flybondi canceló 200 vuelos en lo que va de enero y critican al gobierno por no hacer nada
Se trata de un llamado de atención que parece poco ante el desastre que está generando Flybondi a miles de pasajeros en todo el país. El gobierno recién reaccionó cuando el tema llegó a los medios masivos, que empezaron a mostrar los problemas en Aeroparque.
Hace un año el gobierno nacional también había simulado una reacción ante Flybondi y la intimó a que presente un plan para mejorar el servicio. En el sector aerocomercial dicen que Flybondi presentó un plan flojo de papeles con medidas que ya venía anunciando, como la incorporación de nuevos aviones, y que nunca lo cumplió.
En lo que va de enero, apenas dos semanas, la low cost canceló 221 vuelos y otros 399 tuvieron demoras de más de media hora, según los datos del sitio Failbondi.
Pero el problema ya viene desde diciembre, cuando hubo decenas de vuelos cancelados y miles de pasajeros afectados en fechas sensibles como las Fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones.
Como contó LPO, fuentes del sector aeronáutico indicaron que Flybondi tuvo que parar algunos aviones por cuestiones técnicas y nunca cumplió con las promesas de traer al país nuevas aeronaves. Sospechan, además, que hubo sobreventas de pasajes.
Flybondi fue comprada el año pasado por COC Global Enterprise, un fondo estadounidense propiedad de Leonardo Scatturice, empresario cercano al gobierno de Javier Milei que también se quedó con OCA y cerró varios negocios con el Estado.
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La inflación saltó al 2,8 por ciento, pero Milei dice que Toto Caputo es «el más grande»
La inflación de diciembre se aceleró al 2,8% según el Indec pero Javier Milei dice que Luis «Toto» Caputo es «el más grande». El repunte inflacionario luego de la suba del dólar parece confirmar que más allá de las declaraciones voluntaristas de Toto Caputo y José Luis Daza, el pass through existe.
De hecho, los números so casi calcados: la inflación acumulada en el 2025 fue del 31% y la devaluación del peso del 28,5%.
El índice oficial subió así por quinto mes consecutivo y confirma una tendencia alcista desde mayo, cuando dio 1,5%, lo que deja un arrastre estadístico importante para este año. Las consultoras privadas que pronosticaban un 20% de inflación para 2026 ya hablan de un 30%, el triple de lo que pautaron Milei y Caputo en el Presupuesto que sancionó el Congreso.
El gobierno sintió el impacto por una tendencia alcista que ya supera el semestre y arroja el interrogante sobre si la Argentina está en un proceso desinflacionario o todo lo contrario.
Por eso las principales figuras del gobierno salieron a coro a aferrarse al argumento de que la inflación a nivel interanual fue del 31,5%, la menor en ocho años, un período cuanto menos antojadizo, pero adecuado para sostener el relato libertario.
En diciembre de 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, fue de 24,8%. Desde entonces empezó a subir, de acuerdo a la comparación del gobierno de Milei. El ministro de Finanzas entonces era el propio Caputo, que al año siguiente fue el presidente del Banco Central.
El 2,8% de inflación de diciembre quedó muy por encima del 2,3% que anticipaba el mercado. El economista Juan Manuel Telechea explicó que si bien la desaceleración anual es fuerte 31% contra 118%, la base de comparación es altísima. De hecho, el año terminó con una inflación mensual mayor que la de diciembre de 2024, cuando había sido 2,7%.
Martín Kalos fue más directo. «Diciembre 2025: 2,8% intermensual, hace ocho meses que se acelera. Interanual 31,5%, hace dos meses que sube levemente. Todo 2025 cerró con un promedio anual de 41,9%. Para 2026 deja un arrastre de 12,9%», resumió.
Ese arrastre condiciona todo lo que viene. Sobre todo porque enero y febrero no suelen ser meses amables para los precios. Menos aún con cambios metodológicos en el horizonte. El Indec publicara el índice de enero con una nueva metodología, basada en la Encuesta Permanente de Hogares 2017 2018.
Las ventas minoristas cayeron 5% en diciembre, pese a las fiestas y el aguinaldo
El arranque del año ya muestra señales. Por estacionalidad, enero empuja fuerte en recreación, cultura, hoteles y restaurantes. En alimentos, los números también vienen cargados. Según el CEPA que dirige Hernan Letcher, en la primera semana de enero, los precios de consumo masivo subieron 2,3%. La carne mayorista se movió entre 1,4% y 1,6%. El pollo trepó 4,9%. Frutas y verduras subieron hasta 7,9%. El dólar acompañó, con un 1,3% en los primeros diez días.
A eso se suman los regulados. Electricidad y gas con subas promedio del 2,5%, pero con quita progresiva de subsidios para sectores medios y altos.Prepagas subiendo 2,5%. Medicamentos, telecomunicaciones y transporte empujando.
En la región metropolitana, lo colectivos y subte ya ajustaron más de 4%. La VTV sube casi 22% desde mitad de mes. Y en marzo aparece educación, otro clásico. El resultado es claro. Los precios regulados triplican la inflación promedio anual. Tarifas, transporte, salud y educación muerden a la clase media.
Los números confirman la tensión. En diciembre, una familia tipo necesitó más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre. La canasta básica volvió a superar el millón para todos los hogares. La alimentaria subió 4,1% en un solo mes. En todo 2025, la CBA acumuló 31,2% y la total 27,7%.
Majul y la pauta cordobesa: los millones que cobra del gobierno de Llaryora
Otra vez el «periodista» queda expuesto tras una montaña de billetes.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.
La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.
Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.
Pauta, relato y silencios convenientes
Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.
La contradicción es evidente: Majul es una de las caras mediáticas más identificadas con el antiperonismo, con editoriales durísimas contra gobiernos nacionales populares, pero no tuvo reparos en cobrar durante años del peronismo cordobés. La grieta, una vez más, parece diluirse cuando se trata de negocios.
El rol del gobierno de Llaryora
La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.
Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.
Cuando la crítica se paga con fondos públicos
El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.
En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.
