‘Cuerpos presentes’, este 24 en el Galpón de las Artes

La renuncia de Carlos Casares al Enargas expuso el criterio para el funcionamiento del nuevo esquema regulatorio que impulsa el Gobierno para el ecosistema energético. Detrás del discurso de modernización y mérito, quedó al descubierto un proceso cerrado, discrecional y armado para dejar el control en manos propias. La unificación de los entes terminó siendo una purga silenciosa.

La salida de Casares como interventor del Enargas fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, donde también se designó en su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, que era parte del Consejo Asesor del ente y antes trabajó en Wintershall Dea Argentina.

Casares dejó el cargo con una carta extensa. Enumeró 21 hitos de gestión y admitió que no había cumplido las expectativas políticas. Pero el mensaje central fue otro: quedó afuera del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que desde marzo absorberá al Enargas y al ENRE. Se había presentado al concurso. No pasó.

En su renuncia escribió que su intención era seguir colaborando con la unificación y construir un organismo con estándares internacionales. Pero dejó claro que ya no contaba con la confianza de la Secretaría de Energía. En esas condiciones, dijo, no había margen para continuar. Fue un desplazamiento sin anestesia.

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El concurso para elegir a las autoridades del nuevo ente terminó de cerrar la escena. El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios, tal como reveló el sitio especializado El Post Energético. No hubo convocatorias masivas, ni comité independiente, ni posibilidad de impugnaciones. Hubo control político.

La Secretaría de Energía armó un consejo ad hoc integrado por figuras alineadas con la gestión. Participaron Osvaldo Rolando, ex directivo de Edesur y ex interventor del ente eléctrico; María Lujan Crespo, asesora directa del área; y Santiago Urbiztondo referente técnico de FIEL. Ellos evaluaron 31 postulantes.

El Gobierno prometió transparencia, mandatos de cinco años y selección por antecedentes. Pero descartó el concurso público abierto que fijan los marcos regulatorios

Cinco quedaron afuera por no ir a la entrevista personal. Hubo incluso un caso insólito: Vicente Serra reclamó por nota porque no lo habían llamado y recién después fue entrevistado. El peso decisivo estuvo en criterios subjetivos: liderazgo, personalidad, entusiasmo. No hubo puntajes ni orden de mérito.

Ese comité armó ternas por consenso. Para la presidencia propuso a Casares, a Néstor Lamboglia y a Osvaldo Pitrau. Para la vicepresidencia, a Ángel Garay, Mónica Gay y Vicente Serra. Para las vocalías, una lista amplia que mezcló técnicos, asesores y contratados del propio Enargas. 

El 12 de enero, la secretaria de Energía, María Tettamanti, eligió sin explicación. Mandó al coordinador Daniel González los cinco nombres finales. Lamboglia como presidente. Serra como vice. Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone como vocales. Todos funcionarios o asesores del Gobierno. 

La decisión cayó como un balde de agua fría en el despacho de Casares. El abogado se consideraba número puesto. Antes de irse, firmó el pase a planta del personal contratado. Su salida dejó heridas abiertas y mensajes cruzados. 

Lamboglia arrastra polémicas. Su designación previa en el ENRE fue «ad honorem» para no perder un contrato en Enargas, organismo en el que nunca trabajó y que no figuraba en su CV. Antes había sido asesor en Yacyretá. Serra, en tanto, venía asesorando al titular de Enarsa, en pleno plan de venta de activos. Entre los vocales, Nachón y Lambertini también tenían contratos en Enargas. 

El caso más llamativo es Falzone. Rechazado meses atrás para la vicepresidencia de Cammesa por falta de idoneidad, ahora fue validado para un cargo clave. Incluso fue designado y echado como subsecretario de Energía Eléctrica en el mismo decreto. 

Lo concreto es que el nuevo ente ya tiene nombres enviados al Congreso. Si en 30 días no hay respuesta, quedarán firmes. En el medio, el organismo que debe regular gas y electricidad atraviesa la implementación de los subsidios focalizados sin autoridades formales. Las órdenes, dicen, ya las da Lamboglia. 

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