CUANDO YA NO QUEDA INDUSTRIA PARA PROTEGER: suspenden el antidumping en rulemanes
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CUANDO YA NO QUEDA INDUSTRIA PARA PROTEGER: suspenden el antidumping en rulemanes

 

Tras destruir la industria nacional, el gobierno de Milei establece la suspensión inmediata de los aranceles antidumping que desde hace más de dos décadas protegían la producción local.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La política de apertura irrestricta y desprotección productiva impulsada por Milei empieza a mostrar consecuencias irreversibles. El Ministerio de Economía resolvió suspender provisoriamente el derecho antidumping que protegía a la industria nacional de rulemanes frente a las importaciones chinas, una decisión que no responde a una mejora estructural del mercado, sino al cierre de la única fábrica nacional del sector, consecuencia directa del modelo económico libertario.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 30/2026, publicada hoy, que dispone la apertura de un examen por “cambio de circunstancias” y la suspensión inmediata de los aranceles antidumping que desde hace más de dos décadas protegían la producción local de rodamientos de bolas radiales originarios de China.

Cuando ya no queda industria que proteger

Durante más de veinte años, el Estado argentino sostuvo derechos antidumping sobre los rulemanes importados desde China para evitar la competencia desleal de productos ingresados a precios artificialmente bajos. Esa protección tuvo un fundamento claro: la existencia de producción nacional, representada casi exclusivamente por SKF Argentina, histórica fabricante instalada en el país desde hacía cerca de 90 años.

Sin embargo, tal como informó NLI en octubre pasado, SKF cerró su planta de Tortuguitas y puso fin a la fabricación de rulemanes en la Argentina, en un contexto marcado por la apertura importadora, la ausencia de políticas industriales y el abandono deliberado del entramado productivo nacional por parte del Gobierno de Milei.

El cierre de la planta no solo implicó la pérdida de puestos de trabajo y de capacidad productiva, sino también la desaparición de la única rama industrial que justificaba la vigencia del antidumping.

El dictamen que desnuda el fracaso del modelo

En su análisis técnico, la Comisión Nacional de Comercio Exterior fue contundente: SKF Argentina era la única productora nacional de rodamientos en los términos del Acuerdo Antidumping, y el cierre definitivo de su planta implica que ya no existe industria nacional a la cual proteger.

El organismo advirtió además que mantener un derecho antidumping sin producción local activa se transforma en un costo injustificado para importadores, industrias usuarias y consumidores, dejando en evidencia que el propio Estado reconoce que el modelo económico vigente destruyó las condiciones que daban sentido a la protección comercial.

Sobre esa base, el Ministerio de Economía no solo abrió el examen por cambio de circunstancias, sino que suspendió de inmediato la aplicación del antidumping, tanto para los rulemanes terminados como para sus partes y piezas.

Apertura, desindustrialización y dependencia

Lejos de tratarse de una decisión aislada o técnica, la suspensión del antidumping es la consecuencia lógica de un proyecto económico que promueve la primarización, la importación sin límites y la dependencia externa, incluso en sectores estratégicos para la industria metalmecánica, automotriz y de maquinaria.

El caso de los rulemanes es paradigmático: primero se desprotege la industria, luego se la empuja al cierre y finalmente se elimina la barrera que la defendía, utilizando como excusa el daño previamente provocado. Un círculo perfecto de desindustrialización.

Mientras tanto, la Argentina pasa a depender completamente de proveedores externos para un insumo clave, resignando soberanía productiva, empleo calificado y capacidad tecnológica.

Un final anunciado

El examen por cambio de circunstancias recién comienza, pero el desenlace aparece casi escrito. Sin industria nacional, el antidumping carece de sustento, y la suspensión transitoria podría transformarse en eliminación definitiva.

El resultado es contundente: el modelo de Milei no solo destruye fábricas, sino también las herramientas que durante años intentaron defenderlas, dejando al país más vulnerable, más dependiente y con menos futuro productivo.

 

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    Milei reglamentó por decreto la ley de emergencia en discapacidad tras la presión judicial

     

    Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.

    Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar

    La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.

    La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.

    Qué establece el decreto reglamentario

    El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:

    • La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
    • La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
    • La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.

    Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.

    Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial

    Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.

    Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.

    Reglamentación tardía y sin debate presupuestario

    El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.

    La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.

    Un avance formal que no despeja las dudas

    La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.

    Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.

     

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    La senadora Carolina Moisés le avisó a José Mayans que se va del interbloque Justicialista, liderado por el formoseño e integrado por la bancada del peronismo cristinista, la de Convicción Federal y los santiagueños del Frente Cívico, después que los interventores del PJ en Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, le notificaron su suspensión como afiliada partidaria.

    La medida disciplinaria se fundó en que la legisladora compitió por fuera de la lista oficial del justicialismo en las elecciones provinciales de mayo pasado, una decisión que tomó en medio de su disputa contra la por entonces diputada y referente de La Cámpora en su provincia, Leila Chaher.

    Pero, además, los interventores justificaron la decisión en los considerandos de la resolución por el voto de Moisés a favor del RIGI cuando se discutió en el Senado la Ley Bases, el 12 de junio de 2024, y su voto por la afirmativa para la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo los artículos que ajustaron sobre las partidas de Educación, Defensa, Ciencia y Tecnología.

    Además de Moisés, Fernández y Menéndez suspendieron a otros 300 afiliados por «inconducta partidaria». La denuncia fue promovida por Chaher, en una maniobra que sus adversarios juzgan como una «purga»: «El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional», le dijo la senadora a LPO.

    El voto de la senadora Moisés a favor del presupuesto y el ajuste en educación reavivó la interna peronista

    Con el portazo de Moisés, el interbloque de Mayans no solo podría perder una banca. La jujeña podría arrastrar al menos a otros tres miembros de Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil, la tucumana Sandra Mendoza, con terminal en Osvaldo Jaldo, y el puntano Fernando Salino, hombre de Alberto Rodríguez Saá. Es una incógnita lo que haría el riojano Fernando Rejal, quien se identifica con el gobernador Ricardo Quintela.

    De todas formas, los cuatro senadores que integran el bloque junto a Moisés recién tomarían su decisión tras una reunión con ella, prevista para el próximo martes. En el peor de los casos para el formoseño, el interbloque Justicialista pasaría de 28 a 23 miembros, una sangría importante que dejaría al peronismo con un piso dramáticamente bajo, sin chances siquiera de garantizarse capacidad de bloqueo para leyes que requieran dos tercios de los 72 miembros totales de la cámara.

    La defensa del federalismo y de los intereses de nuestras provincias son el mandato que me dieron los jujeños. Junto a los gobernadores @RaulJalil_ok @GustavoSaenzOk y @OsvaldoJaldo trabajamos en una agenda para sacar adelante nuestro norte argentino.Minería, inversiones,… pic.twitter.com/UefJ0pNE6f

    — Carolina Moises (@CarolinaMoises) January 29, 2026

    Como informó LPO, la intervención del PJ fue solicitada en 2023 por la propia Moisés para destronar a Rubén Rivarola, socio político de Gerardo Morales y por entonces jefe de la bancada peronista en la Legislatura jujeña. Con sus votos, el exgobernador radical logró la reforma constitucional que hundió la provincia en una rebelión total, con pueblos originarios y trabajadores estatales cortando rutas y copando las calles de San Salvador.

    En las PASO de aquel año Moisés y Chaher compitieron bajo el sello de UP y las diferencias entre ambas se agudizaron. Desde el entorno de la dirigenta camporista comentaron a LPO que, hacia principios de 2024, apoyaban a Moisés para liderar el partido pero su mirada cambió cuando la senadora apoyó el régimen de inversiones promovido por Javier Milei.

    El Tano Menéndez y Aníbal Fernández nos suspenden por orden de Cristina Kirchner, hago responsable a José Mayans como jefe del PJ nacional.

    La confrontación escaló a medida que un sector del peronismo empezaba a distanciarse o marcar diferencias cada vez más abiertas con el cristinismo, un proceso que se cristalizaba a través de las tensiones al interior de los bloques de UP en el Senado y la Cámara de Diputados. Cuando Cristina decidió ir por la conducción del PJ a nivel nacional, la pelea se profundizó y, pese a que la expresidenta habría tratado hasta inicios del 2025 que Moisés y Chaher llegaran a un acuerdo para que se turnaran en la presidencia del PJ jujeño, ninguna de las dos quería ceder el cetro en primer lugar.

    Por eso, la intervención pospuso sistemáticamente las elecciones internas pero, en el medio, se conformaron listas para competir en los comicios generales provinciales y en las elecciones nacionales de octubre. En ambas instancias, aducen los seguidores de Moisés, La Cámpora los dejó afuera y lo mismo sucedió con el propio Rivarola y Guillermo Jenefes, quienes llegaron a pactar con Chaher cuando los interventores los indultaron pero terminaron yendo con su propia boleta el 26 de octubre, una jugada en la que el kirchnerismo los culpó de dividir el voto beneficiando a los radicales.

    La resolución de los interventores se publicó este miércoles y otorga a los afiliados suspendidos un plazo de 72 horas «para formular descargo, ofrecer prueba y ejercer su derecho de defensa y respetar el debido proceso». En el mismo documento, volvieron a suspender las elecciones internas, previstas por Fernández y Menéndez para el 15 de febrero, el fin de semana largo por carnaval.

     

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  • Caputo le aviso al banco de los bonistas que el viernes paga: el Central compró USD 83 millones

     

    El Gobierno formalizó el aviso de pago a los bonistas que deberá concretarse el próximo viernes. Cumplió con el trámite administrativo, pero todavía no tiene todos los USD 4.300 millones que deberá depositar.. 

     Este martes el Banco Central volvió a comprar dólares, esta vez por una suma importante: USD 83 millones. Las estimaciones del mercado dan cuenta de un volumen de USD 578 millones operados, por lo que el BCRA compró en forma directa alrededor de un 7% del total, en línea con la nueva política monetaria que impuso el FMI.

     El aviso de pago de Economía fue presentado ante el Bank New York Mellon, representante de los acreedores. Con esa decisión, el Palacio de Hacienda buscó despejar cualquier duda de pago. Pero es una señal al mercado, no una transferencia efectiva. 

    La verdadera historia no está en el anuncio sino en la ingeniería financiera contrarreloj para llegar a los USD 4.300 millones. Por eso las miradas de la City se corrieron de inmediato hacia las fuentes de financiamiento. 

    El Congreso de EEUU advierte que Argentina se enfrenta a un default o una devaluación

    Al cierre de 2025, según los registros oficiales, el Tesoro tenía depositados en el Banco Central USD 1.963 millones. Menos de la mitad de lo necesario para cubrir el vencimiento.  Pero esos depósitos muestran una dinámica inestable. En las últimas semanas del año crecieron con fuerza y luego volvieron a caer. Hubo fuertes variaciones diarias producto de compras y ventas de divisas realizadas por Caputo para frenar el dólar. 

    En el Palacio Hacienda esperan ahora otro ingreso clave. Este martes deberían entrar USD 703 millones por la privatización de las represas del Comahue. Ese monto ayudaría a achicar el bache, pero no lo elimina. 

    Parte del monto se explica por la colocación del bono en dólares AN29, lanzado el 10 de diciembre. Esa fallida emisión permitió captar apenas USD 910 millones a una tasa superior al 9%. Caputo esperaba juntar un piso de USD 1.500 millones. Además tuvo un costo político y financiero: tensó aún más la relación del Gobierno con los bancos locales. En el sistema financiero local admiten que el AN29 fue leído como una señal incómoda. No solo por el esfuerzo que implicó absorberlo, sino porque profundizó los reclamos cruzados.  

    En el Palacio de Hacienda esperan ahora otro ingreso clave. Este martes deberían entrar USD 703 millones por la privatización de las represas del Comahue. Ese monto ayudaría a achicar el bache, pero no lo elimina. Incluso sumando todo, queda un faltante cercano a los USD 2.000 millones. Ahí aparece el tramo más delicado. 

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent.

    Una de las opciones en danza es el swap del Tesoro norteamericano, pero esa vía quedó bajo una lupa incómoda tras un informe del Congreso de Estados Unidos. El documento fue lapidario: cuestiona la discrecionalidad en el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria y sugiere acortar plazos, exigir reportes casi inmediatos y reforzar el control legislativo sobre este tipo de financiamiento. El mensaje de Washington es inequívoco. Menos margen para acuerdos opacos y más exigencias de transparencia. Incluso se plantea la posibilidad de divulgar los términos y condiciones de los acuerdos con gobiernos extranjeros y evaluar los riesgos que esos programas implican para los fondos involucrados. 

    Sospechan que el Banco Central pagó el vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas

    Con ese telón de fondo, el escenario que gana terreno es un repo con bancos internacionales. Se habla de unos USD 2.000 millones, a tasas muy elevadas y con garantías todavía poco claras. En los despachos circula la versión de un bono bajo legislación local, aunque justamente ese punto genera dudas entre los potenciales prestamistas. 

    En Economía repiten que nadie duda del pago. Y el mercado coincide. El default no está en el escenario base. El problema es el costo. 

    El peor resultado es seguir drenando reservas, que ya acumulan un rojo superior a los USD 16.000 millones. En ese caso, el pago se haría igual, pero a costa de profundizar el deterioro del Banco Central. Ya ocurrió con el Bopreal, cuando se usaron depósitos de la gente

     Los números lo confirman. Las reservas brutas cerraron este lunes en USD USD 44.187  millones, pero las reservas netas siguen en negativo, cerca de los USD 16.000 millones. La diferencia no es contable: es estructural. De ese total, USD 14.000 millones pertenecen al FMI y están bloqueados para uso doméstico; otros USD 18.000 millones corresponden al swap con China, del cual una tercera parte ya fue utilizada. El resto, lo que queda disponible, son los encajes, es decir depósitos en dólares de la gente, que el Central inmoviliza. 

     

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