Un nuevo estudio de la revista Nature revela que una simple conversación con inteligencia artificial puede modificar la preferencia electoral de miles de personas. Qué implica esto para la democracia y por qué urge regularlo.
Por Roque Pérez para NLI
Una persona conversa con un asistente virtual. Pregunta, recibe datos, escucha argumentos. Nada fuera de lo común. Pero un estudio publicado recientemente en Nature demostró que ese intercambio aparentemente inocente puede alterar algo fundamental: la intención de voto. Y no de forma marginal, sino más que los tradicionales avisos políticos que inundan redes y campañas.
Una charla, un cambio de opinión
El trabajo examinó qué ocurre cuando ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Polonia interactúan con chatbots diseñados para respaldar a uno de los candidatos principales en elecciones reales o recientes. Los resultados fueron contundentes: una sola conversación breve con la IA alcanzó para generar cambios estadísticamente significativos en la intención de voto.
En los comicios de Estados Unidos el efecto fue moderado, pero en Canadá y en Polonia los cambios rondaron el 10%, un impacto enorme en el mundo electoral. Incluso en un referéndum en Massachusetts sobre la legalización de psicodélicos, una charla de pocos minutos influyó en las posiciones a favor o en contra de la medida.
Por qué funciona: la persuasión “racional” de la IA
El estudio mostró que los chatbots no necesitaban apelar al miedo, a la polarización ni a las tácticas emocionales típicas de las campañas. Su poder de persuasión se basó en presentar hechos, argumentos supuestamente racionales y datos relevantes.
Esa apariencia de razonabilidad, muchas veces confundida con objetividad, fue el factor más persuasivo. Cuando los investigadores limitaron el acceso del chatbot a información factual, su capacidad de influir cayó de forma abrupta.
Pero el estudio también reveló un riesgo: no todas las afirmaciones eran precisas. Los bots programados para apoyar a candidatos de derecha emitieron más afirmaciones inexactas que los inclinados hacia candidatos de izquierda, un hallazgo que agrega un componente de desinformación desigual según la orientación política del mensaje.
Un riesgo creciente para la democracia
El trabajo concluye que la inteligencia artificial ya tiene capacidad para alterar preferencias electorales de manera directa, rápida, económica y, sobre todo, poco visible.
Las implicancias son serias:
Persuasión individualizada y silenciosa, imposible de auditar.
Segmentación extrema, con argumentos diferentes para cada perfil.
Asimetría total de información, porque el votante no siempre sabe que habla con un algoritmo.
Alta capacidad de escala, con miles de conversaciones simultáneas sin costo adicional.
Los autores advierten que este mecanismo podría modificar el desarrollo de campañas electorales e incluso resultados finales.
La urgencia de establecer reglas
El estudio no propone prohibir el uso político de la IA, pero sí reclama regulaciones claras y urgentes:
Transparencia total respecto de cuándo un ciudadano interactúa con un bot.
Consentimiento explícito antes de recibir mensajes políticos automatizados.
Auditorías sobre la veracidad de la información utilizada.
Obligación de informar públicamente quién utiliza IA y con qué objetivos.
En un escenario donde las decisiones colectivas se forman cada vez más en espacios digitales, la conversación con un algoritmo puede convertirse en un actor político tan influyente como un partido.
Conclusión
La investigación publicada en Nature no solo describe un fenómeno tecnológico: alerta sobre un cambio de época. Las inteligencias artificiales, lejos de ser asistentes neutros, ya son capaces de moldear percepciones políticas a una velocidad y escala inéditas.
Regular, transparentar y educar se vuelven tareas indispensables para que la democracia siga siendo una construcción humana, incluso en tiempos en los que muchas conversaciones ya no lo son.
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Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.
La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.
Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.
Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.
Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.
La batalla por la información
La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.
El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Qué deberá explicar el Gobierno
El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.
Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.
Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.
Si las letras también se quemaron y nos quedamos mudxs, ahora nos toca regenerar las hojas de verduzcas expectativas, las indescifrables ramificaciones de los deseos, el tronco mocho de la responsabilidad y las raíces enterradas del porvenir. Sobrevolaron helicópteros y teros, mientras alguien observaba cómo una nube embarazada de la más pura y divina agua…
