Cristina acelera y pide que la ONU revise su condena para poder ser candidata en 2027

Mientras las últimas encuestas revelan que en algunos puntos del país se acerca a los 50 puntos de imagen positiva, Cristina Kirchner acelera en su estrategia de lograr que Naciones Unidas (ONU) revise su condena a seis años de prisión domiciliaria y suspenda el impedimento para que sea candidata y, así, poder competir en 2027.

Este martes, los abogados de Cristina presentaron una adenda del caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación y advirtieron que en el fallo contra la ex mandataria se violaron derechos fundamentales durante su proceso.

«Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité», dijo a Reuters Rafael Valim, miembro del equipo de abogados de la ex presidenta.

Y agregó: «Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité».

 Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité 

Como había adelantado LPO, en el kirchnerismo existen fuertes expectativas con que haya algún guiño de la ONU en octubre que le dé impulso de lanzamiento de campaña al acto que están preparando para el Día de la Lealtad.

Ese entuasiasmo también se nutre de los recientes estudios de opinión que ponen a la ex presidenta creciendo en términos de imágen. LPO adelantó en exclusiva una encuesta de Zuban Córdoba en la que Cristina Kirchner mide casi 50 puntos de imagen positiva en Catamarca.

Una encuesta revela que Cristina mide casi 50 puntos en Catamarca y hay revuelo en el peronismo 

La ex presidenta tiene un 47,3% de imagen positiva y un 52 de negativa. Es una tendencia que se repite sobre todo en el interior. En tanto, la imagen positiva de Axel Kicillof, el candidato en carrera del peronismo que más mide en las encuestas, es de 27,6% en la provincia gobernada por Raúl Jalil.

Esos números generaron un fuerte revuelo en el peronismo, donde todavía no tienen la respuesta de cómo resolver la candidatura presidencial del espacio con la dirigente más competitiva presa.

Cristina pedirá que Casación revise su condena por un testimonio que surgió de Cuadernos

«Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo», sostuvo Valim.

Días atrás, la defensa de la ex presidenta reveló haber encontrado nuevos elementos que -sostienen- rebaten la acusación contra CFK, por lo que piden suspender la pena. Ahí, un perito explicó que Lázaro Báez recibió 51 veces menos obra pública que una empresa vinculada a Macri entre 2009 y 2015. 

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  • Reforma laboral: el Gobierno busca calmar a la CGT

     

    El Gobierno nacional avanza en una tensa negociación con la CGT y los empresarios por la reforma laboral, mientras intenta mantener la paz sindical mediante el pago de $20.000 millones a las obras sociales.

    Este primer giro es parte de tres desembolsos que totalizarán $60.000 millones antes de fin de año, y busca saldar parte de la deuda histórica que el Estado mantiene con las prestadoras médicas sindicales. La medida, interpretada como un gesto político, genera suspicacias sobre su influencia en el debate por los cambios en la legislación laboral.

    La gestión de los pagos fue impulsada desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene un rol clave en el vínculo con los gremios. Aunque Caputo evitó convocar oficialmente a la CGT, reconoció el peso del nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Desde la central obrera, sin embargo, reclaman que los interlocutores del Gobierno sean Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli, en lugar del secretario de Trabajo Julio Cordero, a quien acusan de falta de diálogo.

    El malestar sindical se profundizó tras la filtración de un borrador de reforma laboral que incluye puntos conflictivos, como la limitación del derecho a huelga y la eliminación de la cuota solidaria. La CGT atribuye estos intentos al ministro Federico Sturzenegger, a quien acusan de reactivar sin consenso artículos rechazados por la Justicia. En tanto, en la Unión Industrial Argentina (UIA) también expresaron preocupación por las propuestas que permitirían negociar convenios colectivos por empresa, una medida que podría fragmentar la representación sindical y generar conflictos internos.

    Frente a este escenario, los gremios adoptaron una estrategia de resistencia “blanda”: intentar suavizar el proyecto oficial preservando tres pilares fundamentales. Buscan mantener su rol en la negociación colectiva, evitar cambios en los aportes sindicales y la cuota solidaria, y sostener la ultraactividad de los convenios, que garantiza la continuidad de derechos laborales aunque no se renueven los acuerdos. Mientras tanto, el Gobierno prepara un texto basado en el proyecto de la diputada Romina Diez, que apunta a incentivar el empleo y la inversión, y podría presentarse en el Congreso en diciembre.

    La iniciativa incluye medidas como la fragmentación de las vacaciones, el banco de horas y facilidades para el pago de indemnizaciones, aunque el Ejecutivo asegura que no se eliminarán las compensaciones por despido. Además, el secretario de Trabajo evalúa incorporar un esquema de “salario dinámico” vinculado a la productividad, mientras el diputado gremialista Sergio Palazzo propone que los trabajadores participen en las ganancias empresariales. Con la tensión entre los sectores todavía abierta, la reforma laboral podría transformarse en uno de los debates más duros del cierre de 2025.

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  • La causa por coimas en Discapacidad llega a la Cámara Federal

     

    La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez el martes próximo en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de coimas por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia para revisar planteos de nulidad del caso.

    Los recursos de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello y ahora el tema llega en apelación a la sala II del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes llamaron a una audiencia para el próximo martes 28 de octubre, informaron fuentes judiciales.

    A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo.

    El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

    El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi pidió realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad. 

    Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron «errados» y «contradictorios» y tuvieron como fin «entorpecer una pesquisa incipiente».

    Ante la Cámara esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en esa instancia de apelación.

    De qué se trata el planteo de nulidad

    El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

    En esas grabaciones mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem.

    El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones  “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”, especuló.

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  • El Gobierno busca postergar el debate del Presupuesto 2026 y tratarlo en sesiones extraordinarias

     

    El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en sesiones extraordinarias y luego de que asuman los diputados electos el domingo último, con lo que el oficialismo tendrá, junto a sus aliados, la primera minoría.

    Los bloques opositores aprobaron el 8 de octubre un emplazamiento donde se estableció el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se trate en el recinto para que pueda discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

    El peronismo quiere mantener la fecha del dictamen pero reconoce que hay bloques dialoguistas que están dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo, indicaron fuentes parlamentarias.

    El Gobierno tendrá a partir del 10 de diciembre 107 legisladores entre la LLA, PRO y la UCR, y podrá contar con otros 6 diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará solo 13 legisladores para aprobar el Presupuesto 2026.

    Voceros parlamentarios de bloques provinciales señalaron que estas negociaciones se realizarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que acordarán una postergación del debate de la ley de gastos y recursos.

    En este escenario será crucial la posición que adopte el bloque de Encuentro Federal, ya que uno de sus diputados, Nicolas Massot, había adelantado que presentará un dictamen de minoría donde mantiene un superávit inferior al proyectado por el Gobierno para incluir las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan.

    También habrá que esperar la posición que asumirá Democracia para Siempre, que también había votado el emplazamiento en la sesión del 8 de octubre. En cambio, el oficialismo tendría el aval de los bloques del PRO, la UCR y bancadas provinciales para postergar el tratamiento.

    Por lo tanto, resultarán claves las conversaciones que puedan existir en los próximos días entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para establecer un nuevo cronograma de dictamen y avanzar así con las negociaciones para consensuar la ley de gastos y recursos para 2026.

    Por lo pronto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, continuará esta semana con la ronda de consultas y para mañana está previsto que terminen de responder las preguntas de los legisladores el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, además funcionarios del Ministerio de Defensa y Hacienda. Para mañana a las 14.30 también está prevista la visita del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

    El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2 billones de pesos.

    En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos pero las universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en ese punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición.

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    La fidelidad

    Una investigación producida por Dromómanos con el apoyo del Pulitzer Center. Capítulo I y II, acá. A Manuel Roseo le arrancaron los dientes y le hundieron los huesos del cráneo y del pecho con un martillo de goma. Le embolsaron la cabeza para dejarlo sin aire y le destrozaron el cuello apretándolo con un cinturón. La mañana del…

  • EE UU: entre deportaciones, desfiles militares y perplejidad

     

    Daniel Cole / Reuters

     

    Los sucesos que están pasando simultáneamente en Estados Unidos durante el año en el que Donald Trump comenzó por segunda vez un mandato presidencial son espantosos, crueles y disparatados. Solamente en junio hubo: Cacería y deportaciones de trabajadores migrantes, una congresista pro derechos humanos asesinada, un senador silenciado a la fuerza a la hora de preguntarle a la Secretaria de Seguridad Nacional sobre las redadas de la policía migratoria, corte de derechos a personas con asilo político, militarización y represión en las calles, desfile militar por el aniversario 250 de la armada estadounidense con cumpleaños de Trump incluido, y acusaciones de drogadicto y pedófilo entre el empresario Elon Musk y el presidente. El ambiente que se vive en Estados Unidos es de incertidumbre cotidiana, miedo, preocupación, perplejidad, pero también se percibe indignación, más atención y reacción popular saliendo a las calles de todas las ciudades del país. Por Lorena Mans desde Estados Unidos para ANRed.


    La ciudad californiana de Los Ángeles tiene un 48 por ciento de la población de origen latino. Es ahí que durante días empezaron las redadas despiadadas de la policía migratoria conocida como «ICE» (Immigration and Customs Enforcement) en inglés. Aproximadamente 51.000 inmigrantes indocumentados que residían en LA permanecen detenidos por ICE según datos de principios de junio. ICE espera a los migrantes a la salida del trabajo, en la puerta de la escuela, e incluso a la salida de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, donde las personas tramitan su estatus migratorio de manera legal. Los agentes actúan con la cara tapada. Literalmente están separando familias donde lxs niñxs se quedan sin un padre o madre o con ninguno de los dos. Lo peor es que ya se está volviendo cotidiano ver videos de las detenciones crueles en los noticieros.

    Tras las redadas, los vecinos reaccionaron protegiéndose mutuamente, comunicándose por donde va “la migra”, cortando las calles y movilizándose en sus barrios y en el centro de la ciudad. La reacción de lucha en la calle fue inmediata. Salen los que pueden, es decir los que tienen papeles. Se ven muchos hijos de migrantes que solo hablan inglés o spanglish manifestando por sus padres y madres que no pueden ir. Se observa mucha solidaridad, porque no solo hay familiares de migrantes en las marchas, hay una gran parte de la comunidad de Los Ángeles apoyando a sus vecinos y rechazando las demostraciones de poder del gobierno nacional.

    Para reprimir las protestas, Trump ordenó 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 de la Marina. El despliegue no fue bienvenido por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, porque la intervención militar fue sin su consentimiento y argumentan que la situación estaba bajo control local y que la presencia militar podría intensificar las tensiones. En el “frenesí de tener todo bajo control”, la alcaldesa ordenó un toque de queda que todavía está activo, de 8pm a 6am. Estas manifestaciones durante la semana pasada, han terminando con presos y represión

    Mientras tanto, el presidente Trump, ordenó un festival con marcha militar en Washington DC el sábado 14 de junio por el aniversario 250 de la Armada Estadounidense, el US Army. También el mismo día, era el cumpleaños 79 del mandatario. El evento contó con la interacción de los militares con los ciudadanos que se acercaron, simbología patriótica y una exhaustiva promoción al reclutamiento. Podríamos decir que el clima nublado a punto de llover de ése día nubló el evento, pero en realidad, no mucha gente concurrió al desfile. Se podía escuchar el ruido de las ruedas de los tanques de guerra rechinando porque no había suficiente gente celebrando en las gradas que habían puesto sobre las calles de la capital de EEUU. El evento costó alrededor de 45 millones de dólares.

    V, Barbosa. Imagen en Santa Cruz, California

     

    Muchos estadounidenses se avergonzaron de este desfile porque según ellos, sólo los países autoritarios hacen esa demostración de poder bélico. “Este no es el gobierno norcoreano de Kim Jong-un” y “No somos la Unión Soviética ni China”, salía de la boca de los comentaristas de algunos medios de comunicación. También decían que andar mostrando su fuerza bélica puede ser un gesto de debilidad. La última vez que se realizó este tipo de eventos fué luego del fin de la guerra del golfo en 1991. Pero este fin de semana, a quien se le mostraba el ejército? “Ser libre no es gratis”, declaró una voluntaria del US Army. La pregunta es libre de qué y quiénes son los libres?

    Mientras tanto, en 2170 ciudades del país ese mismo día se organizaron protestas a las que llamaron No King day donde las consignas fueron en contra del autoritarismo, el cese de deportaciones y persecuciones a los trabajadores migrantes, y en defensa de la democracia estadounidense. Recuerden que para el ciudadano promedio de este país, su democracia es excepcional, libre y ejemplificadora, y un personaje como Donald Trump con su gobierno, les parece una pesadilla de país tercermundista. Se estima que hubo 6 millones de personas protestando en todo el país, eso es casi el dos por ciento de la población en las calles en contra de Trump.

    Pero este sábado no solo ocurrieron estos dos sucesos contrapuestos. La legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman fue asesinada a balazos junto a su esposo en su casa. El ejecutador es Vance Luther Boelter, un hombre dueño de una empresa de seguridad, que expresaba posturas anti aborto y anti LGBTQ+, mantiene creencias evangélicas y es simpatizante de Trump. No es casual que la haya elegido a ella para ejecutarla, ya que Hortman se destacaba por impulsar políticas en educación, energía solar, derechos ambientales, acceso a abortos y a derechos de la comunidad LGBTQ+. También ella fue clave en la reforma policial de Minnesota tras el asesinato de George Floyd. En el coche de Boelter había un manifiesto y una lista de 70 personas defensoras del aborto y volantes de la marcha No King Day. Por el momento, se refleja que es un asesinato con connotaciones de odio político realizado por un individuo no organizado.

    Tantos hechos de impunidad y autoritarismo están ocurriendo de parte del gobierno que no alcanza con un artículo periodístico para mencionarlos. El jueves, agentes federales sacaron por la fuerza al senador californiano Alex Padilla de una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por preguntar sobre las redadas de Ice y las represiones a manifestantes en Los Ángeles. Lo echaron del lugar a los empujones, lo tiraron al piso y lo esposaron mientras la conferencia continuaba. Padilla declaró que si así responde esta administración a un senador con una pregunta, imagínense lo que les están haciendo a los trabajadores agrícolas, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”.

    Otro sector que está sufriendo las políticas de odio del gobierno son los exiliados cubanos y venezolanos, los cuales gran cantidad de ellos simpatizan y votaron a Trump. Muchos latinos que justificaban su apoyo al presidente argumentaban que los migrantes que vinieron de forma ilegal se tendrían que ir del país y que se deberían deportar a los migrantes que cometieron algún delito. Sin embargo, en la lista de deportados hay cubanos y venezolanos que esperaban sus trámites migratorios. De hecho 238 venezolanos fueron deportados y transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de El Salvador construida por Nayib Bukele, conocida por sus condiciones abusivas.

    Al haber suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio temporal otorgado a ciudadanos de ciertos países que enfrentan situaciones extraordinarias como desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos legalmente y obtener permisos de trabajo, muchos venezolanos y cubanos han quedado a la deriva. Ni hablar de la prohibición de la entrada a personas de 12 países: Venezuela, Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Yemen. Esta proclamación afecta a los venezolanos y cubanos que querían entrar legal al país para reencontrarse con sus familias en EEUU.

    Un caso a analizar aparte es la ausencia total de derechos para las personas trans desde que el gobierno de Trump dió la orden ejecutiva de que solo hay dos sexos, masculino y femenino con su ley anti transgenero. La comunidad LGTBQ+, en especial lxs trans son lxs que también han salido a la calle a reclamar por sus existencias.

    En medio de la perplejidad y la incertidumbre que da este gobierno, la reacción de mucha gente es indignarse y salir a la calle a protestar. Otros se arrepienten de su voto a Trump basado en la mejora de la economía y se sienten traicionados. El clima social es de enojo y tensión y por otro lado, de envalentonamiento e impunidad. Esperemos cuales son los próximos acontecimientos en el país de la libertad.

     

     

  • Río Negro celebró la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

     

    El Gobierno de Río Negro celebró la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un hito que marca el cierre de una etapa clave en la obra energética más importante de las últimas décadas en la Argentina. “Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck durante el acto.

    Una obra que une producción y exportación

    El ducto, de 437 km de extensión, conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta llegue a la costa rionegrina para su exportación. Esta conexión consolida un nuevo corredor energético que transformará la matriz productiva nacional y fortalecerá la inserción de la provincia en el mapa internacional del sector hidrocarburífero.

    La obra se desarrolló bajo altos estándares de calidad y seguridad, e implicó 76 cruces especiales sobre rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados y la instalación de tres campamentos móviles. Miles de trabajadores participaron en las tareas, consolidando una de las operaciones logísticas más grandes del país.

    En octubre, la unión transitoria de empresas conformada por Techint y Sacde alcanzó un récord de 175 uniones diarias y más de 4 km de avance en una sola jornada. Este ritmo permitió completar el tramo principal del ducto antes de lo previsto, destacando la eficiencia técnica y la coordinación entre los equipos públicos y privados.

    Próximos pasos y etapas técnicas

    El siguiente paso será la ejecución de las soldaduras lineales complementarias y el cruce subterráneo del río Negro, programado para diciembre de 2025. Una vez finalizados estos trabajos, comenzarán las pruebas hidráulicas y de presión, paso previo al inicio de las exportaciones proyectadas para diciembre de 2026.

    Durante la ceremonia, Weretilneck destacó que “es un día histórico para Río Negro y para la Argentina” y subrayó el valor estratégico del proyecto. “Estos logros son posibles porque Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica”, señaló, al resaltar el esquema de cooperación público-privada que hizo posible la obra.

    El mandatario remarcó que “esas condiciones dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan”.

    Impacto económico y desarrollo provincial

    VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios en su primera fase, con posibilidad de ampliarse hasta 550.000 barriles diarios. Según las proyecciones oficiales, el proyecto generará ingresos para Río Negro por más de US$ 1.000 millones en los próximos 13 años, derivados de regalías, tasas y aportes vinculados a la actividad.

    Además, el Bono VMOS, por un monto de US$ 60 millones, ya se destina a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad, fortaleciendo la infraestructura pública y los servicios provinciales.

    El gobernador resaltó el esfuerzo conjunto entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores, que “consolida un modelo de desarrollo que atrae inversiones, genera empleo y fortalece la cadena de valor regional”.

    Punta Colorada: nodo logístico del futuro

    El proyecto también posiciona a Río Negro como un nodo logístico estratégico, capaz de articular la producción de la cuenca neuquina con la infraestructura portuaria del Golfo San Matías. La terminal de Punta Colorada se convertirá en un nuevo punto de salida para el petróleo argentino, permitiendo la carga de buques de gran porte a través de monoboyas instaladas mar adentro.

    En el predio se construyen seis tanques de almacenamiento de 120.000 m3 cada uno, dos de los cuales ya completaron sus estructuras principales. Los restantes avanzan en las etapas de impermeabilización, protección catódica y montaje de domos, junto con caminos internos y obras de drenaje.

    Frentes activos y avance de la obra

    Según el área provincial de Hidrocarburos, en la cabecera de bombeo de Allen se realizan tareas de movimiento de suelo, montaje de tanques y fundaciones eléctricas, además del prefabricado de cañerías y drenajes. En la estación de bombeo de Chelforó (EB1) se instalan bases premoldeadas, pórticos eléctricos y fundaciones de sala técnica, con avances en hormigón y soldaduras de ajuste.

    En paralelo, entre Allen y Chelforó se completaron las pruebas hidráulicas y se avanza con el soplado de fibra óptica y los empalmes de cañería, mientras que el tramo Chelforó–Punta Colorada se prepara para el inicio de la fase constructiva final, pendiente de la autorización definitiva para el cruce del río Negro.

    Un proyecto estratégico para el país

    Con una inversión estimada en US$ 2.000 millones, el Oleoducto Vaca Muerta Sur contará con cuatro estaciones de bombeo, 28 válvulas de bloqueo y una capacidad inicial de 390.000 barriles diarios, ampliable a 550.000 en 2027.

    A nivel nacional, su puesta en marcha representa un salto en la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad del sector energético argentino.

    Integración y futuro energético

    El Gobierno de Río Negro acompaña el proceso promoviendo la participación de pymes y trabajadores rionegrinos en la cadena de valor del proyecto, tanto en la etapa constructiva como en la futura operación.

    Weretilneck concluyó que este avance “demuestra que cuando el Estado trabaja en conjunto con el sector privado y las comunidades, se logran resultados que trascienden gestiones y consolidan futuro”. Con la última soldadura completada, la provincia se prepara para una nueva etapa en su historia energética, con la vista puesta en el crecimiento sostenido y la integración al mercado global del petróleo.

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