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COVID-19: Medidas vigentes hasta el 16 de julio

La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4989 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 16 de julio, inclusive. Se establecieron algunas modificaciones con respecto a las restricciones anteriores.

Entre otras cosas, la cartera sanitaria provincial habilitó las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas y en espacios públicos al aire libre de hasta 20 personas.

También se extendió el horario de casinos y bingos hasta las 24 horas y se habilitó la apertura de salones de eventos con un aforo máximo del 50% o un máximo de 100 personas, sin pista de baile.

CIRCULACIÓN

En la totalidad del territorio, la restricción a la circulación de las personas será entre las 22 y las 6 del día siguiente.

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

– Las reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas.

– Las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

– La realización de todo tipo de eventos sociales y recreativos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

– La actividad de discotecas.

HABILITACIONES

– Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar hasta las 24 horas, con un máximo del 50% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar. Deberá priorizarse la utilización de espacios al aire libre, instando en este sentido a las autoridades municipales a facilitar la utilización de espacios públicos al aire libre.

– Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado.

– Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.

– La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.

– La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 50% del aforo, sin público.

– La actividad deportiva en espacios públicos o privados al aire libre, en grupos de hasta 30 personas, sin asistencia de público.

– La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse sin público asistente, evitando toda aglomeración de personas, en espacios públicos o privados, sean estos cerrados o al aire libre. No se permite la apertura de bufets, cantinas u otros espacios similares.

– La realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un 30% de aforo.

– Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos reducidos de hasta 10 personas con sistema de “burbujas”, según protocolo y con un aforo máximo del 30% del espacio donde se realizan.

– La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 50% de su capacidad.

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    Argentina firmó acuerdo con Israel para que nos provea armas para el Ejército

     

    El Gobierno de Javier Milei rubricó un contrato con Israel para comenzar el reemplazo de los históricos fusiles FAL por modernos ARAD. La operación, presentada como parte de la modernización de las Fuerzas Armadas, también profundiza el alineamiento político y estratégico de la Casa Rosada con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

    Por Roque Pérez para NLI

    La relación entre Javier Milei e Israel acaba de sumar un nuevo capítulo. El Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con su par israelí para la adquisición de los primeros fusiles ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), que comenzarán a reemplazar de manera progresiva a los tradicionales FAL, utilizados por el Ejército Argentino desde hace casi seis décadas. El convenio constituye uno de los contratos militares más importantes de los últimos años y vuelve a poner en evidencia el acercamiento del Gobierno argentino hacia el Estado israelí.

    Un contrato millonario que abre la puerta a nuevas compras

    El convenio fue firmado bajo la modalidad de cooperación entre Estados y contempla una primera adquisición de 700 fusiles ARAD 7, junto con 167 dispositivos de fogueo y diversos accesorios, por un monto cercano a 1,73 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo tiene un horizonte mucho más amplio: durante los próximos tres años podrá ampliarse hasta alcanzar 12 millones de dólares en compras de armamento.

    El plan incluye tanto el modelo ARAD 7, calibre 7,62 milímetros, como el ARAD 5, de 5,56 milímetros, según las necesidades operativas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, desde el Ministerio de Defensa adelantaron que el programa de reequipamiento no se limitará únicamente a los fusiles, sino que también contempla futuras incorporaciones de pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, sistemas ópticos y municiones para renovar el equipamiento individual de las Fuerzas Armadas.

    El histórico FAL, fabricado originalmente por la firma belga FN Herstal y producido durante décadas en el país bajo licencia, fue una de las armas emblemáticas del Ejército argentino y acompañó a las tropas durante la Guerra de Malvinas. Su reemplazo será gradual y convivirá durante varios años con el nuevo armamento mientras se realizan pruebas y adaptación doctrinaria.

    Más que un cambio de fusiles: otra señal del alineamiento con Israel

    Más allá del aspecto estrictamente militar, el contrato representa un nuevo gesto político del gobierno de Milei hacia Israel, país con el que la actual administración mantiene una relación privilegiada desde el inicio de su mandato.

    El Presidente convirtió ese vínculo en uno de los ejes de su política exterior. Sus reiterados viajes a Jerusalén, el respaldo incondicional al gobierno israelí en los distintos conflictos internacionales, la decisión de trasladar la embajada argentina y la cercanía personal con el primer ministro Benjamin Netanyahu marcaron una ruptura respecto de la tradicional posición diplomática argentina en Medio Oriente.

    En ese contexto, el acuerdo para adquirir armamento israelí no aparece como un hecho aislado sino como una profundización de una alianza política, militar y tecnológica que el Gobierno busca consolidar.

    La defensa como eje de la nueva política exterior

    Desde la Casa Rosada sostienen que la operación forma parte del proceso de modernización financiado mediante el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), orientado a recuperar capacidades que consideran deterioradas durante las últimas décadas.

    Sin embargo, el convenio también abre interrogantes sobre la creciente dependencia tecnológica y militar respecto de proveedores extranjeros y sobre el rumbo que está tomando la política internacional argentina, cada vez más alineada con Estados Unidos e Israel en materia estratégica.

    La incorporación de los ARAD marca así el inicio del fin para el histórico FAL, pero también simboliza una nueva etapa en la política de defensa impulsada por Milei, donde las decisiones sobre equipamiento militar aparecen estrechamente vinculadas con la redefinición de las alianzas geopolíticas del país.

     

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  • El apuro del Gobierno por expandir el negocio del calamar dispara sospechas de corrupción

     

    El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.

    En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.

    Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.

    La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.

     En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación». 

    Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».

    Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.

    Avanza en la Justicia una causa por la investigación de LPO sobre las coimas con las cuotas pesqueras

    «Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.

    En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».

     El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido. 

    Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.

    «El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.

    El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.

    Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».

    Algunas fuentes del sector consultadas por LPO ven el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.

    La versión de un pedido de coima de 15 millones de dólares a las pesqueras llega a la Embajada de Estados Unidos 

    Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.

    Un informe reciente del investigador especializado en pesca ilegal y conservación marina Milko Schvartzman reveló que, de los 84 barcos poteros (especializados en captura de calamar) que operan dentro de las 200 millas marinas de jurisdicción argentina, 53 (más de un 63% el total) están controlados por firmas de origen chino.

    Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.

    En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.

    Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.

    En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.

    Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.

    En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.

     Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn. 

    Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.

    Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.

    No queda mucho tiempo. El plazo establecido por el CFP para presentar propuestas vence en los primeros días de julio. «Quieren hacer todo antes de que termine el Mundial», dijo una fuente del sector que alertó que, de avanzar el otorgamiento de estos permisos, una mecánica similar tendrá la cuotificación del langostino.

     

     

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