La Municipalidad de Villa Regina reitera la invitación a las instituciones que deseen participar del desfile por el 97° aniversario que se realizará el domingo 7 de noviembre a inscribirse a las siguientes direcciones de correo electrónico [email protected] o al WhatsApp 2984-650817.
Allí deberán consignar nombre de la institución y una breve reseña de la misma. Los interesados tienen plazo hasta el miércoles 3 de noviembre.
Mientras tanto, las instituciones que estén organizando eventos para noviembre y deseen adherir al mes aniversario deberán enviar mail a [email protected] detallando actividad, fecha y lugar de realización.
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Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, Nicolás Massot y los diputados del FIT, entre otros, abortaron este miércoles la convocatoria a la sesión prevista para este jueves con el objetivo de emplazar a las comisiones con el propósito de impulsar la interpelación a Manuel Adorni.
Pasadas las 20, los legisladores solicitaron por nota a Martín Menem que «tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11».
La explicación que ofrecieron los diputados que promovían la sesión fue que se trató de «una suspensión» para «agregar algunos temas de la agenda social y poder reforzar el quórum». En rigor, la oposición estaba lejos de arrimarse a los 129 integrantes de la Cámara Baja para abrir el debate.
Tal como informó LPO, los bloques vinculados a los gobernadores aliados a la Casa Rosada estaban en contra de la interpelación a Adorni. «La interpelación es un error, si lo hacemos se va a victimizar», fue la respuesta de una diputada gravitante de Provincias Unidas.
Por otra parte, Cristian Ritondo y buena parte de la bancada del PRO desoyó el mandato de Mauricio Macri para votar contra el jefe de Gabinete. En una reunión por Zoom, el jefe del bloque ratificó el criterio de que no se sientan a sus bancas cuando la convocatoria corre por cuenta de la oposición a Javier Milei. «Que junte el quórum el que convoca», resumieron.
Maximiliano Ferraro.
Las miradas también apuntaron al peronismo, que no contó con ninguno de sus diputados entre los firmantes de la convocatoria a la sesión. Si bien se daba por hecho que la tropa parlamentaria liderada por Germán Martínez estaría en el recinto para buscar el quórum, un grupo numeroso de legisladores de esa fuerza política considera que la permanencia de Adorni en el gabinete de Milei es beneficiosa para la oposición, bajo la premisa de no interrumpir al adversario cuando se está equivocando.
Como sea, uno de los legisladores que sí agitó la convocatoria le dijo a LPO que intentarían colar la interpelación en el temario que se está preparando para la sesión que pretende el oficialismo para el miércoles 20 de mayo, acaso una empresa difícil. Menem está dispuesto a sesionar para sancionar el PCT y el proyecto de recorte a las Zonas Frías, entre otros, y los libertarios no tendrían razones para aflojar el blindaje contra Adorni.
Al cierre de esta nota, ingresaba el pedido formal a la secretaría parlamentaria para sesionar efectivamente el miércoles con la interpelación a Adorni con temario pero también pedidos de informes a Sandra Pettovello y Luis Caputo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, proyectos de modificaciones a las licencias parentales, la creación del programa «Remediar» y restablecimiento de prestaciones para los afiliados al PAMI. Esa solicitud sí contaba con las firmas de peronistas como Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Vanesa Siley.
El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.
Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.
Un decreto que desarma el relato
La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.
El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.
La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.
Ajuste para la sociedad, beneficios para arriba
El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.
El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.
En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.
Adorni en el centro de la escena
La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.
El jefe de Gabinete, que durante meses fue la cara del discurso oficial contra los privilegios de la política, hoy queda atrapado en una contradicción difícil de explicar: defender el ajuste mientras se beneficia de una mejora salarial extraordinaria.
La pregunta incómoda
El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?
Y aún más: ¿por qué a Adorni no se le aplica la misma vara que el propio oficialismo exige hacia otros funcionarios cuando quedan envueltos en polémicas patrimoniales o privilegios?
La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.
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Las principales clínicas de Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén solo atenderán emergencias de PAMI. El gobierno no aumenta los aranceles desde diciembre y en 2025 solo incrementaron el 16%.
Si bien urgencias y emergencias son una parte importante de la atención a adultos mayores, las clínicas suspenderán la semana próxima las prácticas ambulatorias como prestaciones de diagnóstico por imágenes, cardiología, consultas de especialistas y endoscopías.
Los gerentes de las instituciones siguen hablando con Esteban Leguizamo, pero el titular de PAMI no logra resolver el problema del atraso en el precio de los aranceles que paga PAMI por las prácticas.
Leguizamo se queja porque Toto Caputo pisa los aportes que el gobierno hace a PAMI. La cuestión también le pega a Carlos Guberman, el secretario de Hacienda. En los últimos días aparecieron carteles en el centro reclamando que el funcionario deje de ajustar a los discapacitados y a los jubilados, como se analizó en el Podcast de LPO.
Hay quienes adjudican la pegatina al propio Lugones, que tiene su teléfono estallado de reclamos de prestadores.
Los giros de Caputo no es el único problema para la obra social de los adultos mayores: los ingresos genuinos que tiene PAMI están cayendo por la crisis económica.
La recesión provocó que hubiera morosidad en los aportes de las empresas y también una disminución de los pagos.
Días atrás suspendieron las cirugías programadas y la semana próxima será el turno de las prácticas ambulatorias. Reclaman que los aumentos de aranceles quedaron casi 70% por debajo de la inflación.
«Hasta ahora las clínicas y sanatorios financiábamos ese déficit con falta de mantenimiento, atraso en el recambio de equipos, retraso en los sueldos y con atraso impositivo, que es una espada de Damocles porque ARCA puede ejecutarlos en cualquier momento», explicaron desde una de las 30 instituciones que anunció la medida.
«No hay una política ni un criterio de ajuste de las prácticas. Antes acompañaban la inflación o la paritaria de Sanidad. Ahora no hay ningún criterio», se lamentaron.
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