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Convocatoria para el patio gastronómico de la 42° Fiesta Provincial de la Vendimia.

La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra abierta la convocatoria a interesados en participar con un stand en el patio gastronómico de la Vendimia.

El evento se llevará a cabo los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo.

Los interesados pueden acercarse a las instalaciones de la Dirección de Turismo, Florencio Sánchez 817, de 8:00hs a 11:00hs.

Allí recibirán los requisitos y costos para participar.

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    PLAN PLATITA, PERO PARA LOS QUE TIENEN: Milei decretó “retención cero” para el campo

     

    En un movimiento desesperado por sumar dólares antes de las elecciones, Milei anunció que no cobrará retenciones a los granos hasta el 31 de octubre. La medida beneficia al agro concentrado y le costará al Estado miles de millones en recaudación.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable


    Un guiño al campo en plena presión cambiaria

    El Gobierno comunicó este lunes la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta después de los comicios.
    El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien escribió en su cuenta de X que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno” y que, por eso, se resolvió suspender los derechos de exportación “con el objetivo de generar mayor oferta de dólares”.

    La decisión alcanza a la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo, entre otros cultivos, y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre.


    Dólares para frenar el salto del tipo de cambio

    La movida llega en medio de una fuerte presión sobre el mercado cambiario, con el dólar rozando nuevos máximos.
    Según explicó el exsubsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, quedan por liquidar cerca de u$s5.600 millones de soja y u$s2.800 millones de maíz.
    Si los productores venden, podrían ingresar unos u$s8.400 millones, cifra clave para que el Banco Central intente contener la escalada hasta las elecciones del 26 de octubre.


    Alto costo fiscal y debate político

    La eliminación de retenciones implica que el Estado resignará recursos significativos: este impuesto representa aproximadamente el 4,6 % de la masa tributaria.
    Mientras tanto, sectores opositores advierten que la medida favorece a los productores con más espalda y que desfinancia áreas sensibles como salud, educación o programas sociales.

    Desde ámbitos críticos también remarcan que se trata de un clásico “plan platita”, aunque dirigido a quienes tienen capacidad de almacenar granos y especular con el momento de venta.


    Impactos posibles sobre precios y abastecimiento

    La rebaja puede alentar a los exportadores a liquidar con rapidez, generando una entrada de divisas en el corto plazo.
    Sin embargo, algunos analistas advierten que, sin controles, parte de esa ganancia podría traducirse en mayores precios internos, especialmente en alimentos derivados del maíz, el trigo o la soja.


    Un camino ya transitado

    Medidas similares se aplicaron en otras gestiones, aunque generalmente en períodos de abundancia, no en medio de un ajuste severo.
    El contraste alimenta el debate sobre si esta política es un alivio momentáneo o un nuevo capítulo de improvisación económica.


    La “retención cero” aparece como un recurso electoral que refuerza la dependencia del Gobierno respecto del sector agroexportador, a costa de debilitar la recaudación y abrir un interrogante sobre el impacto en los precios internos y en la estabilidad más allá del 26 de octubre.

     

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    Mendoza y CABA: De la persecución docente al control biométrico destino China

     

    El avance de medidas de control sobre los docentes en Mendoza parece no tener límites para quienes gobiernan y abre un antecedente preocupante que encuentra su correlato en la Ciudad de Buenos Aires. Entre denuncias de estigmatización, medidas económicas punitivas y la futura entrega de datos biométricos a empresas privadas, los trabajadores de la educación se ven nuevamente en la mira de gobiernos que priorizan el control sobre la educación.

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    En Mendoza, se conoció hace unos días, el Gobierno provincial implementó una controvertida medida que permite a los padres supervisar el ausentismo docente a través de la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) como si fuesen Fiscales. Mediante un botón denominado “inasistencia docente”, se instiga a los adultos a notificar a la Dirección General de Escuelas (DGE) sobre la falta de un maestro o profesor. Esta iniciativa se suma a un doble control ya existente: los reportes de las direcciones de cada establecimiento y un sistema biométrico presente en la mayoría de las escuelas locales.

    Para Carina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la medida genera un clima de confrontación: “Primero nos ponen en contra de la comunidad. Segundo, desconfían o les sacan la tarea o desconfían de la tarea que realizan los equipos directivos”, advirtió en diálogo con Cadena 3. Según Sedano, este tipo de control es innecesario y conflictivo, y puede derivar en reportes falsos si un padre decide perjudicar a un docente por cuestiones personales.

    El sistema, además, se conecta con incentivos económicos que condicionan la asistencia docente: el ítem aula, implementado en 2016, representa el 10% del sueldo, mientras que el ítem arraigo, que premia la permanencia en la escuela, también se pierde ante ausencias. Sedano señaló que estas medidas, lejos de garantizar la calidad educativa, ponen en riesgo la salud de los docentes y pueden afectar la convivencia escolar.

    La escalada del control llega a CABA

    Un fenómeno similar, aunque con otra tecnología, se registra en la Ciudad de Buenos Aires. Según publicamos hace unos días en Noticias La Insuperable, desde la gestión de Jorge Macri se busca implementar relojes de control biométrico para acreditar el presentismo docente y no docente, bajo el argumento de mejorar la liquidación de haberes.

    Desde el sindicato Ademys alertan que la medida es parte de una persecución: “El gobierno insiste en entregar los datos personales de la docencia a una empresa privada sin dar ningún tipo de información sobre el uso de los mismos ni sobre los fondos que destina para tal fin”. El sistema elegido, tal cual dimos la Primicia en este portal, es el de la empresa china ZKTeco, que incluye huellas dactilares y reconocimiento facial, y según informes internacionales, posee 24 vulnerabilidades críticas que podrían exponer información sensible de miles de trabajadores.

    La licitación porteña, además, ha sido cuestionada por su falta de transparencia: solo se permite la provisión de equipos de una marca específica, mientras que los pedidos de informe de legisladores quedaron sin respuesta. El monto estimado para la adquisición asciende a $362 millones, en un contexto donde los salarios docentes continúan por debajo de la línea de la pobreza y la infraestructura escolar presenta problemas estructurales graves.

    Mendoza y CABA: un patrón de persecución

    La combinación de herramientas digitales, incentivos económicos punitivos y sistemas biométricos muestra un patrón que se repite entre provincias y la Ciudad: el control y la supervisión se priorizan sobre la educación y la protección de los trabajadores. Mientras en Mendoza se coloca a los padres en la tarea de fiscalizar a los docentes, en CABA se delega la información personal y biométrica a una empresa privada con historial de vulnerabilidades.

    Como señaló Carina Sedano, “los avances en educación son resultado del trabajo de los docentes, no de su ausencia”. Sin embargo, las medidas implementadas tanto en Mendoza como en la Ciudad parecen poner en jaque la autonomía profesional y la dignidad de los trabajadores de la educación, favoreciendo el disciplinamiento y el control por sobre la mejora real del sistema educativo.

    La experiencia mendocina y la implementación biométrica porteña dejan en claro que el conflicto docente y el debate sobre la privacidad y la transparencia no son casos aislados, sino parte de una tendencia creciente de gobiernos que buscan auditar y vigilar a los trabajadores bajo la bandera de la eficiencia y el control.

     

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