La Oficina de Información al Consumidor de la Municipalidad de Villa Regina (OMIC) informa que está realizando operativos de control de precios conjuntamente con la Agencia de Recaudación Tributaria.
El operativo consiste en relevamientos de precios y stock de aproximadamente 280 productos que son parte del programa Precios Cuidados.
El mismo se realiza en las principales cadenas de supermercados de nuestra ciudad con el objetivo de verificar precio, stock y señalización adecuada de todos los artículos incluidos en el programa.
De esta manera se busca garantizar que los consumidores reginenses tengan acceso a todos los productos participantes de Precios Cuidados.
El vino que estoy tomando, en la etiqueta de atrás dice “Maridaje sugerido: buenos recuerdos cargados de sentimientos”. cuando lo leí, primero pensé “¡pero qué hijos de puta!”. ahora, dos minutos después, me parece que está bien
Hoy nos encontramos en medio de este conflicto. Una intención de imponer ideas de forma totalitaria con argumentos populistas sin respetar la tradición democrática actual de consenso.
El jueves 13 de septiembre el concejo deliberante (CD) de la ciudad aprobó por unanimidad otorgar un aporte económico a una de las tantas iglesias que se han instalado en nuestra ciudad durante los últimos años. Es sabido que la Constitución Nacional (CN) en su artículo 2 sostiene el culto católico apostólico romano pero también…
A las cuatro de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025 más de cuarenta periodistas salieron del edificio del Pentágono en Washington DC cargando cajas con sus pertenencias. Habían trabajado durante años acreditados en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue la reacción ante la revocación de credenciales a un grupo de ellos y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para informar sobre las actividades militares. Cinco meses después, el 20 de marzo de 2026, un tribunal declaró inconstitucionales las restricciones a la prensa del gobierno federal.
El lunes 6 de abril, en Argentina, la escena tuvo una réplica. La Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados. El argumento fue una investigación periodística que, con documentos filtrados y sin pruebas, informaba que sus medios habrían recibido presuntos pagos por parte del gobierno ruso para publicar notas con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Esos periodistas no habían firmado los artículos señalados. Unos días antes, a uno de ellos que ya no podía entrar a la sala de prensa, el Jefe de Gabinete libertario le había dicho que era “apenas un periodista” cuando le preguntó por la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está siendo investigado. En menos de un mes, los periodistas argentinos pasaron de ser catalogados como “apenas un periodista” por el vocero presidencial Manuel Adorni a “traidores a la Patria” por el Presidente. De la deslegitimación a la estigmatización.
Las dos escenas -Washington y Buenos Aires- sucedieron en contextos donde los gobiernos han convertido a la prensa en blanco de ataques sistemáticos. La diferencia no estuvo en el gesto del poder. Sí en la reacción de los periodistas. Y eso abre una serie de preguntas para el debate.
En Estados Unidos, la respuesta institucional y judicial fue rápida. En Argentina, en cambio, la reacción fue fragmentada: hubo comunicados, apoyos y muestras de solidaridad en redes sociales, desmentidas. Mucho ruido. Ninguna acción colectiva sostenida.
La prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada fue el lunes 6 de abril. Después de los cuatro días de Semana Santa en los que el presidente Milei “escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos”, según publicó Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación. Fue una nueva escalada de su campaña NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, acompañada por ministros y funcionarios. El miércoles 8 sumó una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y explicó: “escriben por mandatos o financiados por otros países o en medios que tienen conflictos con el Gobierno porque quieren prebendas o responden a empresaurios, empresarios prebendarios. Por lo cual el 95 por ciento del periodismo está contaminado”.
“La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo”, dice Liliana Franco, periodista de Ámbito con más de 30 años de trabajo en la sala de prensa de la Presidencia. Y sostiene: “A ningún gobierno le caen simpáticos los periodistas y es parte del juego. No estamos para ser aplaudidores del gobierno de turno”.
Mientras espera los resultados de la reunión en Casa Rosada entre los directivos de Ámbito y funcionarios para el descargo que demostraría que nunca habían recibido dinero del gobierno de Vladimir Putin, Franco hace un diagnóstico que va más allá del Gobierno: “Lo digo con tristeza, la mayoría de mis colegas cree que hacer su trabajo es llevarse bien con los voceros. Obviamente así es más fácil transitar los pasillos del poder. Por cosas muy menores, hace tiempo, la sala reaccionaba en conjunto. Esta vez solo hubo una pregunta en off a funcionarios. Hay excepciones pero ese es el nivel de periodismo, entonces los gobiernos avanzan”.
Franco entonces va contra su protagonismo individual de estas horas. “¿Sabes cuál es la noticia que importa? Que es muy malo para la democracia argentina que en la Casa Rosada se prohíba el trabajo de periodistas acreditados, como también es muy malo que en la sede del Gobierno nacional haya periodistas que no honren la profesión”.
Si algo muestra la falta de reacción conjunta es que el universo de periodistas argentino está atomizado, precarizado y sin capacidad de acción colectiva. La irrupción de Internet y, sobre todo de los buscadores como Google y las redes sociales, quitó del centro a los medios de comunicación como principales actores del ecosistema informativo y el modelo de negocios de las empresas periodísticas perdió su principal fuente de financiamiento: la publicidad que migró a las grandes empresas de tecnología. Los periodistas entendimos tarde que ese cambio iba a afectar nuestras condiciones de trabajo. La baja de salarios, llevó a que el pluriempleo sea la norma para llegar a un ingreso digno y ya se habla también de la uberización de los periodistas, porque según SIPREBA, son muchos los que deben manejar autos de aplicación o tener otras changas para completar los ingresos. En ese escenario, con la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa que pronostica el fin de los buscadores, de los seguidores en las redes y la automatización de la producción de contenidos, los periodistas, esta vez, reaccionamos. La manera de hacerlo quizás sea un debate que hay que dar. Al menos eso apareció en las conversaciones privadas que registró Anfibia y en algunos comentarios públicos de referentes.
El periodista Ramón Indart escribió en su cuenta de X el 7 de abril todavía entre retuits de la campaña de violencia digital: “Off con empresario que entiende de medios. Me siento a tomar el café. Me mira. Tira de entrada: ‘porq naturalizan el odio contra ustedes. Va a ser difícil construir sobre lo destruido’. Lo naturalizamos?” Y no fue el único. Leandro Renou en la misma red social planteó: “Hay que armar agrupaciones de periodistas nuevas. Vivas. Modernas, renovadas y desafiantes de los contextos. Las q están no sirven absolutamente para nada”.
Por teléfono, Renou retoma la idea: “Me parece que lo que falta es una posición clara sobre la violencia contra los periodistas en el debate público, que son cuestiones que van más allá de lo salarial, que también hay que exigir. Cuando digo lo de la modernización me refiero a dejar de lado las cuestiones ideológicas o de intereses diferentes ante el gobierno, dejar lo institucional y pensar sin prejuicios el ejercicio profesional. Porque las entidades que supuestamente representan a periodistas permiten que el corte de acreditaciones sea selectivo. Incluso llegaron a publicar el informe sobre la operación rusa en algunos medios con notas pagas para desestabilizar sin tener pruebas. Lo que le da más pasto a las fieras”.
En estos días, quizás convenga pensar si el problema no es solo que los gobiernos ataquen al periodismo como política pública, sino que el periodismo -fragmentado, precarizado y dependiente de plataformas-, ya no tiene capacidad colectiva de responder.
La pregunta sobre cómo debe reaccionar el periodismo frente a los ataques del gobierno de Milei más allá de los desafíos por las cuestiones salariales y de rutinas de producción atravesadas por los cambios tecnológicos es crucial para Silvio Waisbord. Investigador y profesor de Periodismo y Comunicación Política en la Universidad George Washington, acepta que la acción siempre es reactiva.
“Lo que pasa es que el periodismo, por lo general, tiene una posición reactiva – asegura Waisbord- y la situación de precariedad laboral obviamente no contribuye a encontrar el tiempo para pensar la profesión. Entonces la única posibilidad de acción es la reacción frente a lo que va sucediendo que se mueve con otras lógicas que no son las periodísticas como la política, la geopolítica o la inteligencia. La flaqueza del periodismo es también justamente no tener una agenda propia”.
Para Waisbord también son reactivos el posicionamiento frente a los desafíos que plantea la economía digital y el rol de las plataformas, “porque los periodistas no controlan las condiciones en las cuales esos cambios suceden”. En su opinión, ante la violencia del gobierno de Milei se profundiza una condición estructural del periodismo reactivo: “así como se reacciona frente a lo que está circulando en las redes”.
El desafío ante este tipo de ataques de gobiernos sucede en otros países. Pero para Waisbord, “este gobierno es particularmente astuto en cómo actúa con la prensa y tiene el poder de plantar información. El dilema es si no respondes porque las mentiras o las falsedades quedan. O sea, no se puede ignorarlas, pero también responder es darle oxígeno”.
Esa disyuntiva es ética y la solución no es fácil, asegura Waisbord: “No creo, especialmente por cómo este Gobierno piensa la comunicación, que se pueda ignorar y no plantarse contra esa narrativa”.
Waisbord define al gobierno de la Libertad Avanza “especialmente astuto en comparación con otros gobiernos argentinos como el kirchnerista que fueron contra la prensa. Saben cómo, especialmente a través de las redes, imponer temas o desencadenar campañas coordinadas personalizadas. El periodismo incluso debilitado, queda como el único actor. La respuesta es casi individual porque se personaliza”.
La violencia digital, potenciada por procesos de automatización y algoritmos oscuros de grandes empresas tecnológicas, incide en la autocensura y en la redefinición del rol del periodismo en un contexto democrático. Sebastián Lacunza es uno de los periodistas que mantiene su actividad en X. “Mí pregunta es dónde hablar si no. En ese ámbito también se define el valor del periodismo tanto como la elaboración de una nota cuando te adentras en la Amazonía o como cuando agarrás la bici para ir a preguntar a los vecinos si Adorni vive en esa cuadra de Caballito. Es también parte del apego a la profesión y donde se construye un texto en ese maremagnum de redes corrompidas”.
La historia reciente del periodismo argentino influye en este escenario. Dice Lacunza al respecto: “Como colectivo profesional tienen una trayectoria bastante compleja. Entonces es difícil que se plantee ciertos criterios y posiciones comunes frente a un ataque generalizado, pero personalizado. Es un problema que termine en formas de reacciones individuales o de medios particulares. No hay una solidaridad abarcativa o una historia solidaria dentro del periodismo en estos últimos 25 años. No es un modelo de consenso, la idea de la grieta terminó de profundizar la polarización, pero creo que en los 90 hubo algunos esbozos de consensos comunes entre los periodistas. Banderas como la libertad de expresión, sobre la importancia de los trabajos de investigación, cosas básicas que hacen más fácil respuestas mancomunadas. Pero es verdad que también se necesita una sociedad civil y una política que apoye la defensa del periodismo y de la libertad de expresión”.
Martín Becerra coincide con Waisbord en posar la mirada en las últimas décadas del ejercicio periodístico en la Argentina y en el rol de los grandes medios que no mantuvieron un compromiso con la tarea de informar y la libertad de expresión que debe aparecer en momentos álgidos como estos. También subraya el rol activo que antes tuvieron organizaciones de la sociedad civil y del campo de los derechos humanos para apoyar con mecanismos claros los ataques a la libertad de expresión.
Para los fines del análisis, Becerra, especialista en medios de comunicación e investigador del Conicet, diferencia entre los periodistas “notorios”, que son más formadores de opinión, de la mayoría de los periodistas que trabajan día a día en los medios y no son conocidos. “Es la mayoría y están detonados. Frente a un ataque del Gobierno, o de la SIDE coordinado, con o sin trolls, que les pueden desde hackear las cuentas de mails, meterse con la familia, doxearlos o todas esas cosas juntas, los mecanismos de defensa institucionales clásicos como el de las empresas donde trabajan es casi inexistente en la actualidad. Primero, porque las corporaciones periodísticas no lo hacen como antes y segundo porque ya es muy difícil que un periodista trabaje para una sola empresa”.
Hace al menos dos décadas que el periodismo ya no sucede únicamente en las redacciones ni en los medios tradicionales. Además del ejercicio profesional, la vida pública transcurre en plataformas con sistemas de algoritmos opacos que definen qué se vuelve visible; que además amplifican la violencia y hasta incluso terminan induciendo a la autocensura. Tiene dueños. Cuando, en octubre de 2022, Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, declaró: «El pájaro ha sido liberado» y explicó que compró la plataforma para asegurar una «plaza pública digital» libre para la expresión, esencial para el futuro de la civilización y el debate saludable, claro según lo que él cree que eso significa.
Waisbord señala que el periodismo argentino en gran parte, como en otros países, se ha tratado de acomodar lo mejor posible a las nuevas condiciones que imponen las plataformas porque ahí está el público. Ya nadie duda que las Big Tech tienen el acceso a las audiencias y “como no les vas a ganar, tenés que sumarte. Es un pacto con el diablo”, dice. Lo más llamativo es que las empresas periodísticas también pactan con ellas, que son sus principales competidoras por las audiencias. En las conversaciones para esta nota surgió un dato llamativo: representantes de Google suelen ocupar los escenarios de encuentros de entidades periodísticas para que capaciten a las redacciones en el uso de sus propias herramientas de IA.
Mientras ya se habla del fin de las redes sociales, del fin de los seguidores y de que la Inteligencia Artificial Generativa va a terminar de configurar un panorama en el que la circulación de la información tendrá menos jugadores se puede pensar que quienes tengan ese poder serán cada vez más poderosos y que los periodistas deberían ser mucho más necesarios. Si llegamos a ese futuro inmediato deberíamos responder al menos la pregunta sobre si el periodismo, tal como está hoy, puede reaccionar de una manera distinta y, en caso de que no suceda, cómo los periodistas podemos defender la democracia si no logramos pensar colectivamente nuestra propia existencia. Finalmente el problema no es solo el avance autoritario de un gobierno, lo que está en juego también es la propia relevancia de un oficio atado a la libertad.
Maximiliano Pullaro logró que el gobierno de Javier Milei reactive el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe luego de haber transcurrido más de dos años sin transferencias que profundizó el déficit del sistema previsional provincial.
El acuerdo establece giros por $10 mil millones mensuales durante un año, lo que garantiza un ingreso total de $120 mil millones para sostener el sistema jubilatorio estatal. El flujo había sido interrumpido por Nación en 2024, lo que empujó a la provincia a judicializar el reclamo ante la Corte Suprema por la falta de financiamiento.
Ahora, el entendimiento incluye una tregua: Santa Fe suspenderá por 180 días las demandas mientras se abre una negociación por la deuda acumulada. En el gobierno de Pullaro aseguran que la suspensión no significa renunciar al reclamo.
Santa Fe suspenderá por 180 días las demandas mientras se abre una negociación por la deuda acumulada. En el gobierno de Pullaro aseguran que la suspensión no significa renunciar al reclamo
Según las estimaciones del gobierno provincial, el pasivo gira entre $1,5 y $2 billones. El acuerdo llega después de la escalada judicial que encaró Santa Fe contra la Nación por la deuda previsional en 2023 cuando Pullaro elevó el tema a la Corte Suprema por las diferencias en los montos que la Anses debía girar para cubrir el déficit de la Caja.
La tensión se agravó en 2024, cuando el gobierno de Milei cortó de manera unilateral las transferencias mensuales, lo que motivó una nueva demanda para que se restituyan los giros y se pague el stock adeudado y de allí surge la cifra de varios millones.
Por otro lado, el gobernador santafesino cuando asumió impulsó una profunda reforma del sistema previsional para enfrentar el creciente déficit de la Caja que avivó tensiones con los trabajadores estatales que aún continúan.
Ahora, el acuerdo se da en un contexto de acercamiento con la Nación, que en los últimos días incluyó otros gestos hacia Santa Fe de parte del ministro de Economía Toto Caputo que en la Bolsa de Comercio prometió transferir la ruta A012, clave para los puertos del Gran Rosario, aunque en la provincia mantienen cautela porque ese anuncio ya fue reiterado sin avances concretos.
Desde la oposición analizan si el convenio con Anses no debe pasar por la Legislatura provincial. Desde el bloque de Perotti alertaron que en las negociaciones se prevé la opción de cancelar parte de los montos pendientes (2022 a 2025) mediante los mecanismos previstos del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor) y como Santa Fe no tiene deuda con Nación, el canje debería ser con bienes.
«De todos modos, primero hay que de ponerse de acuerdo en el monto adeudado y luego evaluar distintas alternativas de pago», dijeron en el bloque peronista a LPO. Además, señalaron que el tema de la suspensión de los reclamos judiciales depende de los plazos procesales que se encuentran corriendo en los juicios donde el ejecutivo provincial no tiene forma de interceder, remarcaron
La crisis del consumo se profundiza en los indicadores turísticos. Según Came, a pesar de registrarse un crecimiento de 5,6% en la cantidad de turistas con relación a 2025, en el fin de semana largo de Semana Santa el gasto total se derrumbó un 18,9% anual en términos reales.
Un dato que refuerza la tendencia al recorte extremo en los tiempos de viaje y la permanencia en los destinos es que cada vez son más los turistas que no completan los cuatro días de estadía en un fin de semana largo.
La estadía promedio esta vez fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025. En tanto, el gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja del 8,4% frente al año anterior, mientras que el gasto total descendió un 18,9%.
«Se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje», detallaron en Came, que habla de «un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo».
En concreto, el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $ 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.
Se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje
«No son buenas las perspectivas para el invierno y la razón es sencilla: no hay plata», dijo un hotelero marplatense a LPO.
En la ciudad balnearia hay voces del sector que filtran malestar con Daniel Scioli y con su emisario, Diego Juárez, a quien el ex gobernador puso al frente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (Emturyc) en diciembre pasado.
«Es un coach ontológico sin experiencia en el rubro», dijo a LPO un gastronómico en referencia al currículum de Juárez, ex secretario privado de Scioli que venía de administrar los hoteles de Chapadmalal durante el periodo en que estuvieron vacíos, previo a ser quitados de la órbita de Turismo para ir hacia la concesión.
Por estos días, Scioli volvió a visitar Mar del Plata con la promesa de posicionar a esta plaza en el turismo de cruceros. Pero en la ciudad son escépticos y recuerdan que el hoy funcionario de Milei ya había anunciado una terminal de cruceros cuando era gobernador.
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