La Oficina de Información al Consumidor de la Municipalidad de Villa Regina (OMIC) informa que está realizando operativos de control de precios conjuntamente con la Agencia de Recaudación Tributaria.
El operativo consiste en relevamientos de precios y stock de aproximadamente 280 productos que son parte del programa Precios Cuidados.
El mismo se realiza en las principales cadenas de supermercados de nuestra ciudad con el objetivo de verificar precio, stock y señalización adecuada de todos los artículos incluidos en el programa.
De esta manera se busca garantizar que los consumidores reginenses tengan acceso a todos los productos participantes de Precios Cuidados.
El Intendente Marcelo Orazi firmó con el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib el convenio de colaboración con el objetivo de garantizar la seguridad en la elaboración de alimentos. La rúbrica se concretó en Allen y fue encabezado, vía zoom, por la Gobernadora Arabela Carreras. Participaron también autoridades de la ANMAT, además de…
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“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
El Intendente Marcelo Orazi permanecerá en Viedma durante este miércoles y jueves para llevar adelante gestiones ante autoridades provinciales. Durante su ausencia estará a cargo del Ejecutivo Municipal el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros. Orazi está acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Al frente de Gobierno estará la Secretaría de Desarrollo Social Luisa…
La decisión de Javier Milei de sancionar a todas las empresas que participen de la explotación petrolera alrededor de Malvinas amenaza con causar problemas en la explotación de Vaca Muerta y otros yacimientos de la Argentina continental, si es que el Presidente habló en serio en su mensaje por cadena nacional.
El Presidente y su canciller, Pablo Quirno, anunciaron que las sanciones alcanzarán a accionistas, directivos y proveedores, sin importar su nacionalidad. Si cumple con ese criterio, Argentina deberá cerrarles la puerta a compañías que también necesita para desarrollar Vaca Muerta y su propio offshore.
Quirno incluso festejó este sábado que Halliburton anunciara que iba a respetar la decisión de Milei y no operaría en Malvinas. El detalle es que esa empresa -una de las más grandes en servicios petroleros- no opera en Malvinas. Es decir, no está alcanzada por las sanciones. No sucede lo mismo con otras corporaciones globales de la industria.
Declaración de Halliburton, la 2da empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/bLOBVjIgFZ
El caso más evidente es Noble Corporation, uno de los gigantes mundiales de la perforación offshore. Un reporte internacional del mercado de plataformas identifica al semisumergible Noble Endeavor con un contrato para una campaña de once pozos en Sudamérica a partir de fines de 2026 que lo ubica en el yacimiento Sea Lion de las Malvinas. La cantidad coincide exactamente con los once pozos previstos para la primera etapa del proyecto. La petrolera israelí Navitas confirmó que el contrato de la plataforma está firmado, aunque mantiene bajo reserva el nombre del proveedor.
El problema es que Noble trabaja para la Argentina. TotalEnergies contrató a la compañía para perforar el yacimiento Fénix frente a Tierra del Fuego. Noble llevó la plataforma Noble Regina Allen hasta la Cuenca Austral para perforar los tres pozos horizontales del desarrollo.
La misma compañía especializada que Argentina necesita para perforar frente a Tierra del Fuego aparece ahora en la maquinaria que permitirá producir petróleo alrededor de Malvinas. Ese es el dilema que se esconde detrás del anuncio. El petróleo offshore funciona con un reducido club mundial de empresas capaces de perforar a cientos de metros de profundidad, operar barcos de producción, construir instalaciones submarinas, asegurar una plataforma o conseguir miles de millones de dólares para financiar un desarrollo. No hay demasiados reemplazos disponibles.
Si Milei cumple con el anuncio que hizo por cadena nacional, debería sancionar a Noble Corporation que aparece como la firma que provee las plataformas para sacar el petróleo de Malvinas. Esta firma es también la que extrae gas en el proyecto Fenix, frente a Tierra del Fuego. El Gobierno debería cancelarle ese permiso.
Otro nombre directamente involucrado es Bluewater Energy Services. Navitas contrató a la compañía para aportar el Aoka Mizu, el FPSO sobre el que descansará Sea Lion. El Aoka Mizu es prácticamente una refinería flotante. Recibirá el petróleo de los pozos submarinos, separará los fluidos, procesará y almacenará el crudo y permitirá cargarlo sobre los tanqueros que después lo llevarán al mercado internacional. Sin Aoka Mizu no hay Sea Lion.
La reconversión del barco ya suma más compañías a la lista. ICE Marine Design Group fue contratada para realizar trabajos de ingeniería sobre el casco. También aparecen proveedores vinculados a la enorme red de equipos que debe instalarse para conectar once pozos submarinos con una planta industrial que flota en medio del Atlántico Sur.
El CEO de Noble Corporation, Robert Eifler junto al vicepresidente de TotalEnergies, Thomas Gautherot.
La telaraña llega rápidamente al sistema financiero. Macquarie Bank aparece directamente vinculado a la estructura de Sea Lion. La sociedad británica mediante la cual Navitas desarrolla el proyecto constituyó en diciembre de 2025 una garantía sobre sus activos a favor del banco australiano, en los mismos días en que el proyecto cerró su financiamiento. Sea Lion consiguió alrededor de 1.000 millones de dólares de deuda senior, divididos en unos 650 millones para Navitas y 350 millones para Rockhopper. Macquarie no es solamente un banco. Es uno de los grandes jugadores mundiales en financiamiento de petróleo y gas.
Por el lado de Rockhopper aparecen Canaccord Genuity y Peel Hunt. Las dos firmas son brokers de la petrolera británica y participaron de sus operaciones de capital. Canaccord funciona además como asesor de Rockhopper en el mercado de deuda de Londres.
Otro engranaje es Netherland, Sewell & Associates, NSAI, una de las grandes consultoras internacionales de reservas. NSAI evaluó los recursos de Sea Lion para Navitas y realizó una nueva certificación para Rockhopper. Sobre esos informes se construyó la operación y la búsqueda de financiamiento que la hizo posible.
La consultora NSAI fue la que certificó las reservas del yacimiento Sea Lion de Malvinas, lo que permitió financiar la operación. Esa consultora trabajó con YPF en yacimientos de Neuquén y Mendoza. Las nuevas sanciones de Milei deberían prohibirle operar en la Argentina.
NSAI no es ajena al petróleo argentino. La consultora trabajó en evaluaciones de reservas de YPF en las cuencas Neuquina y Cuyana y mantiene vínculos con el ecosistema petrolero local. Este año representantes de la compañía participaron en Buenos Aires de actividades técnicas vinculadas a la evaluación de reservas, algunas realizadas en la torre de YPF.
La lista puede crecer mucho más. Ese es el problema para las sanciones. El mercado mundial de servicios petroleros está concentrado en gigantes como SLB, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford. Para instalaciones submarinas, el club vuelve a achicarse alrededor de empresas como TechnipFMC, Subsea7 y Saipem.
SLB, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford, al mismo tiempo, forman parte del engranaje cotidiano de Vaca Muerta. La Argentina necesita sus equipos, tecnología y servicios para aumentar la velocidad de perforación y fractura que requiere el salto exportador que proyecta Milei.
Richard Talley, CEO de la consultora especializada en reservas NSAI.
Pero el cuello de botella es aún más delicado en los seguros. Ninguna plataforma offshore, buque licuefactor, refinería flotante o campaña de perforación de esta magnitud puede operar sin cobertura.
El nombre del broker que estructuró el programa y la nómina de aseguradoras y reaseguradoras que tomaron el riesgo de garantizar la operación en el mar que circunda las Malvinas no fueron revelados. Es uno de los secretos más importantes de la estructura de Sea Lion. El problema es que ese mercado también está concentrado. Marsh, Aon y WTW están entre los pocos grandes brokers capaces de estructurar coberturas energéticas internacionales de semejante escala. Los tres operan en Argentina.
Sea Lion necesita además traders capaces de comprar cargamentos, conseguir barcos, financiar inventarios y colocar los barriles entre las refinerías internacionales. Otra vez aparecen pocos nombres: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore y Macquarie, además de las grandes mesas comerciales de Shell, BP, Chevron y TotalEnergies.
Varias ya están profundamente conectadas con Argentina. Trafigura construyó una posición importante como compradora de crudo Medanito y desarrolló infraestructura petrolera en Bahía Blanca. Vitol también compra petróleo producido en Argentina.
El nombre del broker que estructuró el programa y la nómina de aseguradoras que tomaron el riesgo de garantizar la operación en el mar que circunda las Malvinas no fueron revelados. Es uno de los secretos más importantes de Sea Lion. El problema es que ese mercado está concentrado. Marsh, Aon y WTW están entre los pocos brokers capaces de estructurar coberturas energéticas internacionales de semejante escala. Los tres operan en Argentina.
La contradicción se vuelve todavía más visible con las petroleras. TotalEnergies, que contrató a Noble para Fénix, es uno de los grandes productores de gas de Argentina.
La presencia británica en la cadena argentina, por tanto, está lejos de limitarse a alguna empresa marginal, forma parte d ela trama densa del negocio petrolero. Buena parte del mercado internacional de seguros, financiamiento, servicios marítimos y trading que necesita la expansión petrolera argentina tiene una fuerte conexión con Londres. Por eso la tensión que el giro malvinera causó con el ministro Toto Caputo, como reveló LPO.
La amenaza anunciada por Milei consiste precisamente en utilizar el mercado argentino como arma: una compañía que contribuya a producir petróleo alrededor de Malvinas puede quedar impedida de trabajar en el territorio continental.
Pero lo curioso es que en el mercado petrolero nadie cree que las sanciones anunciadas avancen en serio, por el impacto que causaría en uno de los pocos sectores que funcionan en la economía argentina. «Va a quedar en nada», afirmó a LPO el ejecutivo de una firma importante del sector.
El CEO de Transfigura, Richard Holtum.
La potencia del castigo depende de que Argentina esté realmente dispuesta a prescindir de jugadores claves para su propio desarrollo petrolero. Ahí está el efecto búmeran que deberá administrar el Gobierno.
Para intentar aislar Sea Lion, Milei necesita amenazar a compañías que le dan financiamiento, tecnología, perforación, seguros y mercado. Pero el gobierno libertario quiere acelerar Vaca Muerta y avanzar sobre su propio offshore. Para conseguirlo necesita exactamente a ese mismo puñado de empresas que ahora debería sancionar.
En el mercado petrolero nadie cree que las sanciones anunciadas por Milei avancen en serio, por el impacto que causaría en uno de los pocos sectores que funcionan en la economía argentina. «Va a quedar en nada», afirmó a LPO el ejecutivo de una firma importante del sector.
Sea Lion ya dejó atrás la etapa de las promesas. Navitas Petroleum, de Israel, controla el 65% y la británica Rockhopper Exploration conserva el 35%. Las compañías tomaron la decisión final de inversión y proyectan unos 2.100 millones de dólares para la primera etapa. Frenar esa operación no será sencillo, como dejaron en claro este viernes ambas petroleras, con un comunicado que ninguneó sin piedad el anuncio de Milei.
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