Hoy por la mañana, el personal de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Regina realizó trabajos de bacheo en los siguientes sectores: Calle Pioneros y Ruta Nacional N° 22, Avenida Juan XXIII y Avenida Cipolletti, Calle Araucanos hasta Calle Pietrini y Calle Onas desde Juan XXIII hasta Calle Pietrini.
El cronograma diseñado por el Director de dicha dirección, Gabriel Benatti, se llevará a cabo en distintas arterias de la ciudad que, debido al transcurso del tiempo y la intensa transitabilidad, presentan un importante deterioro.
Después de los bombardeos en Caracas durante la noche, la mañana del sábado fue de extraña tranquilidad en otros estados de Venezuela. Colegas me mandaron desde Puerto Ordaz, a casi 700 kilómetros de la capital, fotografías de la gente saliendo a hacer las compras y a trabajar como si nada pasara. En el país hay, hace tiempo, una cotidianidad desenganchada y fatigada de la política.
En Venezuela, una parte de la vida diaria parece seguir, ajena a la foto de Nicolás Maduro fotografiado esposado y en jogging. Podría ser la imagen de un líder pandillero o de un narco. Da igual. Pero es un presidente convertido en criminal por la justicia estadounidense. Y por el propio Donald Trump. Mientras el presidente de Estados Unidos, que gobierna más allá de sus fronteras, anuncia que controlarán Venezuela hasta que ocurra una transición, un sector importante de la población venezolana sigue en la suya, aparentemente desimplicada de la política. El peso de la vida diaria lo insume todo.
Las diversas crisis económicas y la política gubernamental han lastrado el liderazgo de Maduro. Pocos llorarán por él. Tampoco habrá movilizaciones masivas pidiendo por María Corina Machado, sobre quien Trump, en la conferencia de prensa de hoy, dijo que no tiene “apoyo interno ni respeto del país”.
En Venezuela hay, hace tiempo, una cotidianidad desenganchada y fatigada de la política.
En el resto del mundo, apenas blandas declaraciones. Las condenas esperables de los gobiernos de México, Brasil y Colombia. En Argentina, celebran Milei, sus ministros y legisladores. También Mauricio Macri. Lula da Silva y Claudia Sheinbaum han criticado la incursión militar y sobre todo, el presidente de Brasil destaca lo más relevante: Trump cruzó la línea de lo aceptable y recuerda las históricas injerencias de EEUU en la región. La Union Europea se ve tensionada por las distintas posiciones con respecto a Trump. El bloque europeo solo reivindicó el respeto al derecho internacional. Festejan Giorgia Meloni y Emmanuel Macron. Una sorpresa: la líder francesa de extrema derecha, Marine Le Pen, rechazó la incursión de los Estados Unidos, alegando que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”. El premier de Gran Bretaña, Keir Starmer, invocó el derecho internacional, pero advirtió que no derramará lágrimas por Maduro.
Lo cierto es que, mientras reina ese aparente letargo interior y exterior, el movimiento de Trump rompe los consensos instaurados en los últimos cuarenta años por las dinámicas del multilateralismo y las normativas que establecen la ONU, la OEA y, en última instancia, el derecho público internacional. Estados Unidos confirma un poder que legitima la ruptura de los principios de autodeterminación estatal y quiebra al Estado Nación como concepto.
Trump está decidido a reconfigurar la política exterior norteamericana saliéndose de cualquier libreto imaginado en las últimas décadas. Y para ello posee un contexto favorable con importantes líderes de derechas radicales que apoyan su gobierno. Y además se considera artífice de victorias electorales, como las de Javier Milei y la del presidente electo hondureño Nasry Asfura. La fortuna está con Trump y eso lo lee cualquier avesado astrólogo del poder.
Una sorpresa: la líder francesa de extrema derecha, Marine Le Pen, rechazó la incursión de los Estados Unidos, alegando que “la soberanía de los Estados nunca es negociable”.
La defensa militar y la inteligencia venezolana fallaron. La seguridad que exhibía Maduro en diversas entrevistas o presentaciones públicas se desmoronó en pocas horas. La incursión a Venezuela se fue rediseñando. Comenzó en el Mar Caribe, con el despliegue de una potente flota de la Armada estadounidense. La presión fue aumentando, pero a pocos pareció importarle. Las tropas estadounidenses estaban estacionadas frente a Venezuela desde agosto. Durante algo más de cuatro meses pasaron de atacar impunemente a embarcaciones sospechadas de llevar drogas a Estados Unidos —al menos 35 ataques y más de 115 muertos— a retener cargueros petroleros y sancionar y bloquear a algunos de esos buques.
Esto ya inauguró un potencial peligro para la estabilidad del régimen venezolano: no hay quien sobreviva políticamente en ese país si se toca la columna vertebral petrolera.
Mientras tanto, la narrativa de la guerra contra las drogas —que se construye desde los años cincuenta en Estados Unidos— se fue asociando a la necesidad de recuperar el petróleo y los activos que Venezuela le había quitado al país.
Trump está decidido a reconfigurar la política exterior norteamericana saliéndose de cualquier libreto imaginado en las últimas décadas. Y hoy tiene un contexto favorable con importantes líderes de derechas radicales que apoyan su gobierno.
Esta vez, Trump contaba con tres elementos a su favor para avanzar.
Primero, consenso entre la ciudadanía norteamericana para apresar a Maduro. La encuesta de Harris Poll y Harvard Caps —realizada entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025— revelaba que más del 70 por ciento estaba de acuerdo con derrocar a Maduro y hacerlo enfrentar un juicio.
Segundo, la debilidad política, económica y militar de Maduro y su régimen.
Tercero, que no recibiría grandes condenas de otros grandes jugadores internacionales.
Entonces Trump avanzó, rompió todas las reglas y abrió un nuevo escenario. Se dio tiempo para bromear con que ha superado la Doctrina Monroe —América para los americanos— y ahora habrá que rebautizarla como Doctrina Donroe. Y justificó la decisión de pasar por encima del Congreso para garantizar el efecto sorpresa del ataque. Es una doctrina del vale todo.
Esto ya inauguró un potencial peligro para la estabilidad del régimen venezolano: no hay quien sobreviva políticamente en ese país si se toca la columna vertebral petrolera.
Mientras tanto, el progresismo latinoamericano —que siempre cargó como un peso la experiencia chavista y madurista— hoy solo se aferra a la normativa internacional de sostener con poco énfasis alguna discusión en las redes y los devaluados foros internacionales. La ONU, la OEA y ninguna otra organización o bloque pudieron conducir a los Estados Unidos a una salida diplomática. Trump, en nombre de la seguridad de los Estados Unidos, las desconoce. Reivindica la fuerza. Ha establecido el caos como parte de su gobernanza internacional. Esto rompe cualquier certidumbre política y recupera el carácter violento y sin mediación de la política. Ese poder impone reglas precarias y obliga a los países débiles a tomar posición. Roma no paga traidores y eso el presidente norteamericano lo ha hecho saber (parte de ese laboratorio se inició con los aranceles).
Es interesante: mientras Trump reclama la influencia sobre el hemisferio occidental e indica la posibilidad de un segundo ataque, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, llama a los motorizados a defender el país. A su vez, mientras por el canal VTV circulan imágenes sobre ataques a los cuarteles y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, indica que van a defender Venezuela y que el único presidente es Maduro, una parte importante de la población en Venezuela se busca la vida como lo hace casi todos los días. Existe una profunda desconexión entre la política y las vidas ciudadanas.
Se abre un nuevo escenario en Venezuela. Trump advirtió que la transición será larga y que Machado no puede estar al frente de la tarea. La estructura gubernamental y militar chavista se mantiene y, por ahora, no fue arrasada. Por lo tanto, sus actores están disponibles para futuras negociaciones con los Estados Unidos. Hoy, de alguna manera, comienza una transición en Venezuela. No sabemos cómo termina. Lo que sí sabemos es que el gobierno de Maduro está herido y que cuenta con demasiadas debilidades locales y regionales para torcer grandes dosis de injerencia norteamericana. Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados mientras se realiza la transición y todo entrará en una zona de realpolitik, por ahora, desconocida. Queda por observar qué pasará con el petróleo y el impacto de ésta incursión en el bloque de poder chavista. También: cómo influirá el aterrizaje del gobierno estadounidense en el resto de los países de la región. ¿Qué papel jugará Argentina? ¿Cómo reaccionará Colombia? ¿Lo aceptará Brasil sin chistar?
El progresismo latinoamericano —que siempre cargó como un peso la experiencia chavista y madurista— hoy solo se aferra a la normativa internacional de sostener con poco énfasis alguna discusión en las redes y los devaluados foros internacionales.
Habría que considerar algunas cosas más: Trump logró una gran legitimación de los emigrados venezolanos en la región, de una parte de la población norteamericana que prontamente deberá participar de las elecciones intermedias de 2026 y una significativa capacidad militar y liderazgo frente a China y Rusia en un hemisferio donde ambos países tienen intereses económicos y geopolíticos.
Veni, vidi, vici. Hoy Trump jugó y —por ahora— ganó.
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Raúl Jalil consiguió la ayuda de Javier Milei para disimular el escándalo de la corrupción de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que establece el final de la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual que fundó Juan Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en Boletín Oficial, en retribución a la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.
Sin embargo, el decreto tuvo un impacto negativo en la comunidad académica de la universidad tucumana, que desde la ley que creó el YMAD en 1959 debía recibir el 40 por ciento de las regalías para construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, al tiempo que el 60 por ciento restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo terminó con la sentencia a tres años y seis meses de prisión para el exrector Juan Cerisola, quien conducía la UNT en el período que la Justicia federal determinó que se desviaron 243 millones de pesos. Una fortuna en aquellos años.
Además de Cerisola, también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y su par de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, pero en los hechos habrían estado involucrados otros dirigentes del radicalismo tucumano.
En efecto, la investigación judicial se centró en el desvío de fondos por las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, período del primer mandato de Cerisola al frente de la casa de estudios. El plazo incluye el sospechoso decreto del 2 de enero de 2008, cuando el por entonces rector renunció a seguir recibiendo el total de las regalías que le correspondían a la UNT bajo el delirante pretexto de que la ciudad universitaria estaba terminada. Basta acercarse a los inmensos esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro tucumano que están exactamente como los dejó Perón, para comprobar la mentira.
Durante ese lapso, fueron directores de YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en mayo de 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado mileísta Mariano Campero.
La UNT hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva ciudad universitaria. ¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor.
La revelación que inculpó al dirigente de Franja Morada apareció en La Gaceta de Tucumán el 12 de diciembre de 2023, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, que fue asesor del propio Campero y Héctor Carlos Ostengo, mientras fueron directores de YMAD. En ese artículo, el letrado recordó que Ostengo se enteró por amigos que se había producido un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera SA en la Bolsa de Nueva York, justo después que la empresa firmara un contrato de Fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río.
Mariano Campero, en Diputados.
Garzón redactó la impugnación de la UTE que habían forjado la minera, la UNT y la YMAD para explotar uno de los yacimientos pero Campero se llevó la nota bajo el compromiso de entablar por sí mismo el diálogo con la firma. «No recuerdo el tiempo que llevó dicha ‘negociación’, a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el ‘rendimiento’ de la explotación», escribió el asesor.
De hecho, el 24 de noviembre de 2005 el Consejo Superior de la universidad aprobó el cobro de 1 millón de dólares a la minera pero ese dinero no sería destinado a la construcción de la ciudad universitaria estipulada en la ley del 59′, durante la presidencia de Arturo Frondizi, sino que Mariglione y Campero habrían resuelto que ese monto fuera utilizado para «refacciones» en el Museo de la UNT.
Lo curioso es que ambos directores de la YMAD tramitaron a partir de 2006 pedidos de información sobre el detalle de las obras al sucesor de Mariglione, el condenado Cerisola, quien continuó la misma traza política bajo el apuntalamiento de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal por la UCR. «El gordo Saab fuma bajo el agua y es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT», dijo una fuente al tanto de las internas radicales en Tucumán.
Soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal.
El escándalo de la corrupción incomodó tanto a los libertarios como al gobernador Osvaldo Jaldo. Cuando el diputado Campero terminó de suturar el salto suyo y sus colegas radicales para blindar el veto de Milei a las universidades en 2024, Patricia Bullrich cargó con todo contra las autoridades de la UNT: «la Universidad Nacional de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que hay de la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la Ciudad Universitaria el rector y toda la plana mayor», dijo la por entonces ministra de Seguridad.
Jaldo también opinó por aquellos días: «soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal».
LPO consultó a Saab sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de Jalil, Milei y la UNT, que beneficiarían a la universidad porque ahora aceptarían que siga percibiendo el mismo porcentaje para construir «el equivalente a 135 mil metros cuadrados», después de haberse fumado sumas exorbitantes. El funcionario respondió que «se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla», y agregó que se acordó «una nueva ciudad universitaria que nada tiene que ver con el juicio con el exrector».
Esa postura es rechazada hasta por uno de los diputados radicales que se incorporó al bloque de La Libertad Avanza y comparte bancada con el peluca Mariano Campero. «Se recontramil malversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento de las regalías», se quejó. La bronca es porque la ley establecía que, una vez que la UNT concluyera las obras de la ciudad universitaria, la casa de estudios tucumana pasaría a percibir solo el 20 por ciento y el 20 por ciento restante se distribuiría para todas las universidades del país.
Se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla.
No obstante, el argumento de Cerisola en su alegato ante el tribunal que lo sentenció fue, sorprendentemente, que la ciudad universitaria se hizo. «Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria», exclamó sin que la fiscalía, los testigos y el público supieran si experimentaba una epifanía o se burlaba.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), por su parte, emitió un comunicado el día de la sentencia de los tres directivos de la universidad criticando que el fallo judicial «deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental». Además, cuestionó la absolución del contador Luis Sacca, un hombre clave en la trama. «Sacca fue fundamental en el andamiaje de los sobreprecios con las empresas constructoras», comentó un legislador peronista a LPO.
Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza afirmó en un informe propio que las utilidades mineras sirvieron para «inversiones que se realizaron en bienes inmuebles en el centro de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, también se adquirieron vehículos y hubo gastos varios en diversas facultades que nada tenían que ver con la supuesta terminación de obras de la ciudad universitaria». En ese texto, se afirma incluso que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en el centro porteño, cerca del Ministerio de Educación, muy lejos de la ciudad universitaria que imaginó Perón.
El proyecto peronista, que estuvo inscripto en el Primer Plan Quinquenal, contemplaba la construcción de una ciudadela en el cerro San Javier, donde solo queda el esqueleto de una mole de cinco pisos, y un funicular que conectaba la cima con la base. La cantidad de hectáreas que se adquirieron durante el mandato de Perón para aquella obra duplicaba el tamaño de la Isla de Manhattan en Estados Unidos.
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