Continúa el plan de bacheo en la ciudad

La líder de la Coalición Cívica deberá presentarse mañana ante la Justicia luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara haber sido intimidado tras ordenar allanamientos en una causa sensible. El expediente expone audios, llamados y un patrón de aprietes que vuelve a poner a Carrió en el centro de la escena judicial.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Justicia citó para este martes a Elisa Carrió para que dé explicaciones luego de la denuncia presentada por el fiscal Germán Camafreita, quien aseguró haber sido amenazado por la exdiputada nacional tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, en el marco de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a denuncias falsas y extorsiones.

Según consta en el informe elevado por el funcionario judicial, Carrió lo llamó telefónicamente el 2 de enero, pocas horas después de los procedimientos realizados en una vivienda ubicada en Pilar, y lanzó una serie de advertencias que quedaron asentadas en el expediente.

“No sabés en qué te estás metiendo”

De acuerdo al relato de Camafreita, durante esa primera comunicación Carrió le dijo que “no sabía en qué me estaba metiendo”, que “iba a terminar preso” y que ella avanzaría “en forma despiadada” contra él. Incluso, según el fiscal, la exlegisladora aseguró que al día siguiente sería “portada de todos los medios nacionales”.

En el mismo llamado, Carrió cuestionó el allanamiento, afirmó que “se violaban derechos fundamentales” y sostuvo que se trataba de una “causa armada”, en un tono que el fiscal describió como intimidante.

Minutos después, siempre según el informe judicial, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse, esta vez a los gritos, para advertirle que lo denunciaría en el Juzgado Federal.

Llamados, disculpas a medias y nuevas amenazas

El episodio no terminó ahí. Dos horas más tarde, luego de que se le facilitara el número de expediente para que pudiera interiorizarse formalmente de la causa, Carrió volvió a llamar. En esa comunicación ensayó una especie de disculpa, pero inmediatamente retomó el tono confrontativo.

Camafreita dejó asentado que la exdiputada le dijo que Prefectura Naval Argentina radicaría una denuncia por el allanamiento ilegal, insistiendo en la supuesta irregularidad del procedimiento y reforzando la presión sobre el fiscal interviniente.

Denuncia formal y un posible “modus operandi”

La escalada derivó en una presentación formal. La semana pasada, la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, por las amenazas y presiones sufridas durante el desarrollo del procedimiento judicial.

En el oficio, el fiscal puso a disposición todas las actuaciones labradas para que el Colegio evalúe la conducta profesional de ambas letradas durante los hechos denunciados.

En paralelo, en tribunales se investiga algo todavía más delicado: la posible existencia de un “modus operandi” por parte de dirigentes políticos que, ante causas que los incomodan, recurrirían a amenazas, aprietes y denuncias cruzadas para condicionar el accionar de fiscales y jueces.

La citación judicial a Carrió abre un capítulo incómodo para una dirigente que construyó su figura pública enarbolando banderas de ética y transparencia. Esta vez, sin discursos ni micrófonos, deberá responder ante la Justicia.