La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso ‘Día mundial del reciclaje’ destinado a niños y niñas de hasta 13 años.
Los interesados en participar deberán realizar manualidades utilizando materiales reciclados (papel, cartón, latas, etc) y luego enviar fotos del proceso y su terminación a la página de Facebook ‘Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable’ o al mail [email protected]
Deberán acompañarlo con nombre, apellido y teléfono de contacto. Tendrán tiempo hasta el 14 de mayo a las 14 horas.
Los premios son tres kits escolares: el primero por $2.000, el segundo por $1.500 y el tercero por $1.000. Los ganadores se darán a conocer el 18 de mayo.
Durante la mañana de este sábado se terminaron los trabajos de empalme de cañería en el marco de la obra que debió realizarse para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales. La obra consistió en la realización de un by pass para no romper la cinta asfáltica teniendo en cuenta que el…
La Ciudad aprobó un nuevo instructivo para el uso de armas eléctricas D.E.I.M., derogando la versión de 2023. El texto incluye pautas internas para la Policía de la Ciudad, pero mantiene amplias zonas de discrecionalidad, sin controles externos ni límites técnicos definidos. La normativa se apoya en criterios de organismos internacionales, aunque omite las advertencias más fuertes sobre riesgos y abusos documentados en el mundo.
Por Roque Pérez para NLI
Un instructivo que promete precisión, pero deja amplios márgenes de decisión policial
La Resolución 1546/MSEGC/25 publicada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires deroga la normativa anterior y aprueba una nueva guía para el uso de los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea, las conocidas “Tasers”. El Ministerio de Seguridad afirma que el instructivo busca garantizar legalidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas, alineándose —al menos en el discurso— con los principios que mencionan las leyes 5.688 y 6.684.
Sin embargo, el texto no fija límites técnicos concretos sobre:
duración máxima de descargas,
cantidad de aplicaciones permitidas,
distancia recomendada para minimizar lesiones,
parámetros para personas en estado de vulnerabilidad fisiológica.
Son aspectos que otros países sí incorporaron. En Reino Unido, por ejemplo, hay reglas operativas que establecen tiempos máximos de impulso eléctrico y prohíben múltiples descargas consecutivas salvo casos excepcionales. En Canadá, muchas jurisdicciones exigen reportes públicos trimestrales con datos desagregados de cada uso.
En contraste, el instructivo porteño deja estos puntos enteramente a criterio del operador, dentro de fórmulas generales como “riesgo cierto e inminente”.
La capacitación obligatoria es un avance, pero sin auditoría independiente
La resolución encomienda al Instituto Superior de Seguridad Pública la formación de instructores y operadores, algo que sí aparece como un punto positivo frente a otras provincias donde estas armas se incorporaron sin entrenamiento previo obligatorio.
Pero el esquema de capacitación queda cerrado hacia adentro, sin participación de organismos de derechos humanos ni de instituciones externas, un aspecto que la ONU recomienda explícitamente en sus orientaciones de 2021.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas —citado incluso por la propia resolución— también advierte que las armas eléctricas pueden generar lesiones graves, especialmente en:
personas con afecciones cardíacas,
personas reducidas en el piso,
personas expuestas previamente a otros métodos de control,
situaciones de estrés intenso o consumo de sustancias.
El instructivo porteño menciona la necesidad de brindar atención médica inmediata, pero no establece cómo se verificará, quién lo controlará ni si se difundirá información pública sobre estos procedimientos. Sin ese componente, la posibilidad de opacidad se mantiene intacta.
Baja letalidad no es sinónimo de bajo riesgo
En la región, ciudades como Bogotá o Montevideo solo permiten estos dispositivos bajo estrictas reglas de disparo, y en muchos casos obligan a activar mecanismos de supervisión civil para cada incidente. Algunas incluso prohíben completamente su uso en contextos de protesta social.
El instructivo del gobierno de Jorge Macri no incorpora estos resguardos. Tampoco establece la obligación de publicar reportes periódicos sobre cada uso, lo que impide conocer cuántos disparos se realizan, en qué contextos y con qué consecuencias. Sin datos públicos, la ciudadanía queda sin herramientas para evaluar el impacto real.
El propio ACNUDH remarca que la “baja letalidad” solo es efectiva cuando existe supervisión externa, transparencia y límites verificables. En ausencia de esos elementos, estas armas tienden a expandirse hacia situaciones donde no existe peligro grave, especialmente en controles rutinarios y detenciones selectivas.
Una regulación que ordena la herramienta, pero no soluciona el riesgo estructural
El nuevo instructivo aporta organización interna para la Policía de la Ciudad, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de controles públicos, límites precisos y garantías para prevenir abusos.
Sin mecanismos independientes de auditoría, sin datos públicos y sin participación civil, la regulación aprobada corre el riesgo de consolidar un uso más extendido y discrecional de las armas eléctricas, bajo un marco que formalmente habla de proporcionalidad pero que no incorpora los resguardos que sí aplican otras ciudades del mundo.
La verdadera modernización no llega con equipamiento, sino con transparencia, controles externos y responsabilidad estatal. Nada de eso aparece con claridad en el instructivo porteño.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó en La Plata una nueva flota de 40 patrulleros para fortalecer la prevención del delito en la ciudad capital. Lo hizo junto al ministro de Seguridad Javier Alonso; y el intendente local Julio Alak.
En ese marco, Kicillof destacó: «Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente». «Aquí está nuestra respuesta: más inversión y federalismo para sumar en La Plata y en cada municipio las herramientas que se necesitan para cuidar a los y las bonaerenses», añadió.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad en un contexto muy hostil para nuestra provincia, producto de un Gobierno nacional que nos robó los fondos y pretende asfixiarnos financieramente
«En nuestra gestión dejamos atrás una etapa de frases vacías, donde el marketing era acompañado por una política de ajuste que destruyó los salarios y las capacidades de la Policía provincial», explicó el Gobernador y agregó: «Transitamos un camino muy diferente, sin palabras rimbombantes, con hechos concretos, inversión y un trabajo diario de coordinación entre todas las áreas del Estado para llevar tranquilidad a todos los vecinos y vecinas».
Los nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar el patrullaje en distintos barrios. Por su parte, Alonso remarcó: «Cuidar a los vecinos no es un acto discursivo, requiere de decisión política y de grandes inversiones como las que estamos llevando adelante desde la Provincia y el municipio: estos nuevos patrulleros incrementarán la presencia policial en las calles y fortalecerán los trabajos para ponerle límites al delito».
«Hoy incorporamos 20 camionetas para la zona rural y 20 móviles para el área urbana, fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad y el Gobierno bonaerense: este incremento en la capacidad operativa demuestra que es con políticas públicas serias y sostenidas como podemos mejorar la seguridad en nuestra ciudad capital», subrayó Alak.
Estuvieron presentes los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, su par provincial Lucía Iañez; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; el secretario de Seguridad local, Diego Pepe; funcionarios y funcionarias locales.
Alumnos y alumnas de la ESRN Nº 145 llevan intervenciones artísticas en el minianfiteatro del Militante con el objetivo de embellecerlo estéticamente y, al mismo tiempo, de contribuir a la renovación de este espacio público. Los trabajos se enmarcan en un proyecto elaborado por la institución educativa que fue presentada a la Dirección de Cultura…
En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.
Por Alcides Blanco para NLI
El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.
Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.
El decreto que desató la furia patronal
El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.
La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.
No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.
De conquista a derecho permanente
Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.
Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.
Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.
Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa
A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.
Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.
El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.
Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.
La espiral de violencia que se vive en el país nos expone y se expone a diario, es cotidiana y naturalizada por casi toda la población. Los medios son quienes seleccionan que actos violentos reprender, y que actos violentos presentarlos de manera jocosa o risueña. Básicamente eligen a quien pasar por la picadora de carne….
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