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Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva bajo la órbita de ARCA, pagó con cheques personales los impuestos de tres condominios de lujo en Miami valuados en más de dos millones de dólares. Las propiedades nunca fueron declaradas en Argentina. Mientras tanto, el gobierno de Milei opta por el silencio.

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Un escándalo que toca el corazón del sistema impositivo libertario

El gobierno de Milei vuelve a quedar bajo la lupa. Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI) —dependiente del flamante organismo recaudador ARCA (Administración de Recursos y Contribuciones de Argentina)—, habría pagado con cheques personales los impuestos inmobiliarios de tres departamentos de lujo en Miami, valuados en más de dos millones de dólares, que jamás fueron declarados ante el fisco argentino.

La denuncia no es menor: Vázquez es el hombre encargado de controlar a los evasores, pero todo indica que él mismo habría evadido. La investigación, replicada por medios como EnOrsai, apunta a un caso de doble moral fiscal que desnuda las contradicciones del gobierno libertario.

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El arquitecto del nuevo ente recaudador, bajo sospecha

ARCA fue creada por Milei en 2024 con el objetivo de “modernizar” la recaudación y reemplazar a la AFIP. En los hechos, significó una concentración inédita de poder político y menor control interno. Desde entonces, Vázquez se convirtió en el hombre fuerte del esquema tributario nacional, con acceso directo al Presidente y al equipo económico.

Por eso el golpe político es doble: el funcionario que debía garantizar la transparencia es hoy acusado de haberla vulnerado. Documentos del condado de Miami-Dade confirman que entre 2014 y 2018 Vázquez pagó con su firma los tributos correspondientes a propiedades ubicadas en Icon Brickell, The Avenue Brickell y Château Beach Residences, a nombre de sociedades offshore registradas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

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Una defensa que no cierra

Consultado por los medios, Vázquez sostuvo que las propiedades “pertenecen a su suegro”, un empresario uruguayo. Sin embargo, los registros oficiales desmienten su versión: los pagos se realizaron con sus cheques personales durante años, y sus propias hijas figuran como directoras en las firmas offshore utilizadas para ocultar los inmuebles.

Desde el entorno de Milei, ninguna autoridad de ARCA ni el vocero presidencial Manuel Adorni ofrecieron explicaciones. El libreto oficial se limita a frases hechas: “tema del pasado”, “causa cerrada”, “no hay nada que aclarar”. Pero el expediente al que aluden —según verificó EnOrsai— corresponde a otra causa, vinculada a cuentas en el exterior, y no a las propiedades de Miami.

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Del discurso anticasta al silencio cómplice

La contradicción es brutal: Milei llegó al poder prometiendo terminar con la “casta corrupta”, pero hoy su propio recaudador estrella aparece señalado por el mismo delito que debía combatir. ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que encubre al evasor que dirige el sistema tributario?

En las redes sociales, el escándalo no tardó en escalar. “El cazador de evasores es evasor”, resumió un usuario en X, y la frase se volvió tendencia. Otros recordaron que Milei hablaba de una “revolución moral” en el Estado. Hoy, esa consigna parece un eco lejano.

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Cuando la equidad se convierte en ficción

Más allá del costado penal, el caso golpea la base misma del sistema impositivo. Si quien debe controlar a millones de contribuyentes opera con sociedades opacas y bienes ocultos, el principio de equidad se desvanece. El ciudadano común, que paga IVA, Ganancias o Monotributo con esfuerzo, percibe que la justicia fiscal es solo para los de abajo.

ARCA, presentada como símbolo de eficiencia y transparencia, enfrenta así su primera gran crisis ética. En lugar de abrir una auditoría o apartar al funcionario, el gobierno eligió el silencio y la complicidad, lo que para muchos analistas constituye una forma de encubrimiento institucional.

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El poder se protege a sí mismo

El caso Vázquez es una radiografía de cómo los vínculos entre poder económico y político se blindan mutuamente. No importa el eslogan libertario: cuando el Estado se usa para proteger a los propios, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en sistema.

Hoy, la pregunta sigue abierta: ¿quién fiscaliza al fiscalizador?
Porque si el máximo responsable de la recaudación puede ocultar bienes por millones de dólares sin consecuencias, la libertad de unos pocos sigue pagándose con el sacrificio de todos los demás.