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Los jueces Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah anularon este jueves una serie de allanamientos y embargos dispuestos por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la contratación de una empresa de Martín Aguirre, socio de Martín Menem, para la prestación de servicios a la intervención de Osprera, la obra social de los peones rurales.

Aguirre, comparte el paquete accionario de TR Nutrition, dedicada a la venta complementos nutricionales, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero también es dueño de la firma de consultoría informática HTECH Innovation. En efecto, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan indagan la empresa de tecnología por dos facturas que rondan los 260 millones de pesos.

Tal como informó LPO, el socio de Menem fue citado a indagatoria junto a los interventores que designó el gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, un abogado ligado a Lule Menem.

Las defensas de los imputados apelaron y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal porteña, donde se desempeñan Roberto Boico y Farah. Como Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio sin que Javier Milei mandara su pliego de prórroga al Senado, los camaristas tuvieron que sortear un tercer juez entre los tres integrantes de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Yadarola y Bertuzzi, nombrados en sus cargos después de una traumática votación para el kirchnerismo en la Cámara Alta.

Un socio de Martín Menem embargado y a indagatoria por corrupción en la obra social de los peones rurales

Por azar en el sorteo, Bertuzzi terminó siendo el magistrado que desempató a favor de los interventores y Aguirre, todos cercanos a los primos Menem.

Bertuzzi anudó con este fallo, una seguidilla de cuatro definiciones a favor del gobierno a una semana de que el decreto de su nombramiento se publicara por Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

Eduardo Farah.

Primero confirmaron el apartamiento de las querellas en la causa LIBRA, dejando el caso al borde del archivo porque el fiscal Eduardo Taiano mantiene la investigación planchada. Luego, votó junto a Llorens para enterrar la pesqiusa por el endeudamiento perpetrado por Mauricio Macri y Luis Toto Caputo en 2018, con un dictamen contundente del fiscal Franco Picardi. Y el lunes pasado votó también el archivo de la causa por el espionaje que se instrumentó desde la AFI y que descubrió la ex interventora Cristina Camaño en los discos rígidos de las computadoras de la central de inteligencia.

En Comodoro Py, señalan que Bertuzzi «se está apurando a pagar al contado su designación», en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei y su antiguo promotor, el ex presidente Mauricio Macri.

Bertuzzi se está apurando a pagar al contado su designación, dicen en referencia a los favores que le está haciendo al gobierno de Milei.

Más extraño es el caso de Farah, que ingresó a la cámara por impulso del peronismo, responde al auditor Javier Fernández y viene desmarcándose de los compromisos que el kirchnerismo le reclamaría. Auditor de la Nación desde 2001, Fernández solía decir que su conducción era Cristina Kirchner y que ejercía ascendencia sobre Farah.

El voto del camarista es otro elemento más en el desconcierto de los peronistas. «Hay un vínculo entre Javier Fernández y Cristina pero juega para él mismo y Farah está ahí gracias a nosotros, que lo repusimos, pero en la mayoría de los casos jugó para el orto», resumió una fuente del Congreso.

El único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas.

Con todo, el único que votó contra Montero, Petroni y Aguirre fue Boico. Farah justificó su decisión diciendo que tenía «a la vista razones suficientes para proponer al acuerdo la nulidad de las órdenes de allanamiento realizadas en el marco del legajo de investigación N° 1, y de lo obrado en su consecuencia, porque la actividad procesal que las integra, fundamenta y ejecuta se llevó a cabo con exclusión de la intervención de las defensas, sin que existiera una justificación legal para ello».

Bertuzzi, por su parte, consideró los procedimientos dispuestos por Casanello como «inadmisibles». «Aun si este accionar fue efectuado con el objetivo de perseguir un delito o de aportar pruebas que den cuentan de su comisión, resulta inadmisible el resultado de un procedimiento ilegal o contrario a derecho», planteó.

El 30 de agosto de 2025 LPO había revelado la escandalosa vinculación del socio de Martín Menem con la intervención de la obra social de los peones rurales. «Petroni es el que firmaba los acuerdos pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre, que es socio de Martín Menem», afirmó en ese momento un abogado al tanto de la situación de Osprera.

Este medio también reveló que Marijuan había accedido a mensajes de Whatsapp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: «Eso lo tienen que saber Martín y Lule», y en otro fue más directo: «Nosotros somos Lule y Karina».

 

 

Un reciente fallo de la Corte Suprema disparó alarmas en los municipios del Conurbano que tienen como epicentro de su recaudación tasas que son cuestionadas por el Gobierno, que advierte ausencia de contraprestación.

La Corte revocó un fallo Tribunal Superior de Justicia cordobés que habilitaba al municipio de Córdoba a cobrarle al Banco Galicia una tasa que, según el Máximo Tribunal nacional, no indicaba contrapestación alguna.

«La contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones», planteó el fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

 Lo dictaminado cobra especial relevancia ante la posibilidad de que genere un efecto vinculante en la jurisprudencia de las Cámaras Federales Argentinas donde los bancos probablemente recurrirán para aplicar este último fallo. 

Así, consideró quee la norma tributaria en cuestión, «en lugar de determinar los servicios por los que se pretende cobrar la tasa que se crea, constituye una coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación»

Frente a eso, la Corte habló de «laxitud» del municipio cordobés a la hora de imponer su norma tributaria y concluyó que la tasa en cuestión -denominada «Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios»- es un «tributo que la demandada carece de facultades constitucionales para crear».

Intendentes le advierten a Caputo que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran las tasas en las boletas

Lo dictaminado cobra especial relevancia ante la posibilidad de que genere un efecto vinculante en la jurisprudencia de las Cámaras Federales Argentinas donde los bancos probablemente recurrirán para aplicar este último fallo.

En efecto, existen numerosos planteos judiciales del Banco Nación contra municipios (mayormente gobernados por el peronismo) en los que ponen en cuestión el cobro de tasas a sus sucursales.

Además de esos tributos relativos a entidades bancarias, en los intendentes también preocupa que el fallo impacte en la Tasa Vial, que varios municipios cobran a la carga de combustible y que es blanco de acusaciones de Toto Caputo.

Embestida judicial del Banco Nación contra intendentes por el cobro de tasas

También, en 2024 el ministro de Economía intentó prohibir el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios, algo que afectaba puntualmente a la tasa de alumbrado público.

Eso fue judicializado por los intendentes, que habían advertido que no podrán pagar el alumbrado público si no cobraban las tasas en las boletas. En esas presentaciones, los municipios consiguieron fallos favorables pero la aparición del fallo de la Corte de este jueves reabrió la preocupación también por ese tributo.