PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios para la ejecución de la obra de ‘Vereda en la Plaza del barrio 25 de Mayo’.
El presupuesto oficial es de $878.983,29. La apertura de las ofertas será el 9 de marzo a las 11 horas en el Departamento de Compras, ubicado en Avenida Rivadavia 220.
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Alejandro «Galleguito» Álvarez fue otro de los funcionarios de Javier Milei vilipendiado en las redes por ponerse del lado de la FIFA e Inglaterra tras el reclamo por Malvinas que hicieron los jugadores de la Scaloneta.
El subsecretario de Política Universitaria quiso culpar a Natalia de la Sota por una posible sanción de la FIFA a la selección, luego de que los jugadores sacaran una bandera que decía «Las Malvinas son argentinas» tras el triunfo en la semifinal del Mundial.
«Si Argentina sufre una sanción como consecuencia de no respetar lo dispuesto por FIFA ya sabemos a quien reclamar», dijo Álvarez en respuesta a las declaraciones de la diputada cordobesa: «El gobierno pretende decirnos cómo expresar nuestro amor a la patria», dijo De la Sota en repudio al anuncio de Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, que «acordó» que no ingresaran banderas con el mapa de Malvinas al estadio en el que jugó el equipo de Messi.
Finalmente fueron los jugadores quienes se burlaron de Monteoliva y del gobierno de Milei con la bandera que exhibieron en el campo de juego, que desató la ira de los medios ingleses.
La toma de posición del «Galleguito» contra los jugadores generó decenas de burlas en Twitter. «Te pagamos el sueldo a vos, mira si no vamos a pagar una multa por eso», le respondió un usuario.
«Que la pague Adorni la multa», le respondió otro. «No podés ser funcionario y no defender nuestra soberanía. Cipayo nivel Dios», le reclamó el usuario Fabián Puratich.
«Siempre abriéndose de gambas ante el patroncito y el poder ustedes eh, no fallan nunca», recordó otro usuario.
Con el objetivo de frenar el aumento de casos de COVID-19 durante el turismo, a partir de este lunes 3 de mayo entraron en vigencia los nuevos requisitos que deberán cumplir las personas que quieran ingresar o circular por Río Negro. Las medidas resueltas por el Ministerio de Salud de Río Negro (Resolución Nº 2996),…
El intendente de La Plata, Julio Alak, retoma su campaña para suceder a Axel Kicillof y viajará la semana próxima a Bahía Blanca junto al ex presidente Eduardo Duhalde para encabezar un acto político.
Es el segundo encuentro en el que Alak y Duhalde comparten en los últimos meses. A fines de marzo estuvieron juntos en el Sindicato de Pasteleros de Villa Elisa. En esa reunión también participó Chiche Duhalde.
Esta vez el encuentro será en el Centro de Empleados de Comercio de Bahía Blanca y se sumarán intendentes, concejales y dirigentes sindicales del sur de la provincia.
Alak había desacelerado sus recorridas y reuniones. Algunas versiones señalan que el motivo era el mundial de fútbol, pero otras aseguran que la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner hacía casi imposible encarar una campaña de instalación.
De la Sota se reunió con Olmos y se acerca al peronismo de centro
Como sea, lo cierto es que esta semana el intendente de La Plata reactivó sus intenciones y se mostró en el Palacio Municipal con Natalia De la Sota, quien trabaja en un acercamiento con el peronismo federal y arranca una construcción política con horizontes más allá de Córdoba.
«Con Natalia coincidimos en la necesidad de construir una alternativa federal que priorice el desarrollo, fortalezca las economías regionales y recupere el dinamismo de la actividad económica», escribió Alak junto a la foto con la diptuada nacional en el balcón del Palacio Municipal y con la Catedral de La Plata de fondo.
Natalia De la Sota y Julio Alak.
Alak busca ser un candidato de unidad validado tanto por Cristina como por Kicillof. Se sabe que con el gobernador mantiene un buen vínculo después de algunas turbulencias que tuvieron que ver con las definiciones sobre la presidencia del PJ bonaerense. Sin embargo, mantiene roces con algunos funcionarios que conforman el grupo político del gobernador.
En tanto, con la ex presidenta mantiene canales abiertos y hasta evalúa salir fuerte en los medios en los próximos días a cuestionar la condena que la mantiene con libertad domiciliaria en su departamento de San José 1111.
El intendente de La Plata encara una campaña con varios frentes. Uno de ellos, quizás el más disruptivo (si se tiene en cuenta los movimientos del resto de los pre candidatos), tiene como objetivo recuperar a la vieja guardia del peronismo.
Alak sumó a la vieja guardia del peronismo a su proyecto para gobernador
En marzo, Alak logró juntar en Dolores a dirigentes históricos que lograron ocupar cargos ejecutivos y legislativos relevantes en la provincia, pero que el kirchnerismo fue apartando de los lugares decisivos.
Fue un encuentro distendido en la casa de Alfredo ‘Tati’ Meckievi, un ex senador provincial y ex intendente de Dolores.
Entre los invitados estuvieron Baldomero ‘Cacho’ Álvarez, ex intendente de Avellaneda que ocupó el ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Daniel Scioli. También se lo vio a Federico Scarabino, un dirigente muy importante, que ocupó la presidencia del Senado bonaerense en 2010 tras el ACV que sufriera Alberto Ballestrini.
Se sumó a esa reunión Juan Garivoto que apuntaló la lista de Gustavo Pulti en la interna peronista de Mar del Plata, lista que cayó frente a la de Fernanda Raverta. Otro histórico de la Quinta Sección que participó fue el ex diputado provincial Tomas Hogan.
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
«Cristina se podría presentar a las PASO», advierte el nuevo abogado de la ex presidenta
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
