PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios para la ejecución de la obra de ‘Vereda en la Plaza del barrio 25 de Mayo’.
El presupuesto oficial es de $878.983,29. La apertura de las ofertas será el 9 de marzo a las 11 horas en el Departamento de Compras, ubicado en Avenida Rivadavia 220.
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
Este es un resumen de los proyectos tratados en la sesión del jueves 06 de mayo, que fueron remitidos para ser analizados a las diferentes comisiones. Uno de ellos es el Proyecto de ordenanza (exp. 311) mediante el cual se propone crear en el ámbito del concejo deliberante de Villa Regina el CONSEJO LOCAL DE…
Desde mañana (miércoles 2) se podrán inscribir en el sistema de vacunación todas las personas de entre 50 y 59 años de edad que no presenten factores de riesgo y deseen recibir una dosis contra el COVID-19. Así lo confirmó la Gobernadora, Arabela Carreras. El jueves 3 llegarán a la provincia 33.600 dosis de Astrazeneca,…
Después de semanas de cauteloso silencio, Luis Juez decidió plegarse a la avanzada contra Manuel Adorni que encabeza Patricia Bullrich y le pidió al jefe de Gabinete que presente la declaración jurada.
«Si vinimos a levantar la vara, tenemos que levantarla de verdad. Si hablás de valores, tenés que sostenerlos con tus actos. Lo que está mal, está mal; no importa quién lo haga», dijo el senador por Córdoba en declaraciones a Voz y Voto, el programa de La Voz del Interior.
En ese marco, se subió a la estrategia de Bullrich para despegarse del escándalo: «Es una obligación que tenemos todos», dijo respecto la presentación de la declaración jurada de bienes.
«La gente está haciendo un esfuerzo descomunal porque tiene la esperanza de que esto cambie. Se ajustan, venden cosas, cambian de cobertura médica. Cuidado… el crédito social no es eterno; ese temor (al kirchnerismo) no me habilita a aceptar cualquier locura», advirtió Juez, quien teje una estrategia electoral con Gabriel Bornoroni para enfrentar a Llaryora en 2027.
En ese marco, lanzó: «No estoy dispuesto a entregar mi honra ni mis convicciones». Música para los oídos de Llaryora que trabaja en quebrar el frente no peronista para la elección provincial del año que viene.
Cuando le preguntaron si su límite para seguir aliado a Milei era Adorni, respondió con una comparación odiosa para los libertarios: «Mi límite es la corrupción; lo fue con Néstor y con Cristina».
La oposición cordobesa entra en semanas de turbulencias: debe armar una estrategia para la elección de Marcos Juárez, el 6 de septiembre. Allí, el peronismo trabaja para impedir una foto victoriosa de Luis Juez y Gabriel Bornoroni.
Finalizado el plazo de inscripción, desde la organización se confirmó que alrededor de 100 cortometrajes participarán del Festival Regina Audiovisual que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre en nuestra ciudad. “Queremos agradecer a cada uno de los casi 100 cortometrajes que se inscribieron para la primera edición de nuestro festival. Enviaron trabajos desde…
