PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios para la ejecución de la obra de ‘Vereda en la Plaza del barrio 25 de Mayo’.
El presupuesto oficial es de $878.983,29. La apertura de las ofertas será el 9 de marzo a las 11 horas en el Departamento de Compras, ubicado en Avenida Rivadavia 220.
El Intendente Marcelo Orazi acompañó la firma del acta acuerdo entre la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro con el objetivo de realizar acciones conjuntas orientadas a brindar asistencia científico-técnica para incorporar valor agregado a los productos…
Karina Milei empezó a pagar el costo de sostener al frente de la mesa política del gobierno a Manuel Adorni. «No maneja nada», dijeron desde el entorno de uno de los funcionarios que compartió el encuentro de este martes con la hermana presidencial y el jefe de Gabinete.
El fastidio por las reuniones en ese ámbito de la Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia delega la conducción en Adorni, empieza a expandirse. Uno de los miembros del selecto grupo habría deslizado en su oficina que el jefe de Gabinete es apenas «un espantapájaros», en referencia a que está plantado en medio de los cultivos de maíz para que los cuervos lo picoteen a él pero no arrasen con la cosecha de la administración libertaria.
Cerca de un diputado libertario hasta se mofan compartiendo por WhatsApp la canción de la película infantil «Trapito», el clásico de la filmografía argentina realizado por Manuel García Ferré en 1975, cinco años antes que naciera el propio Adorni. La historia de ese dibujito animado representa las peripecias de un espantapájaros que se siente solo y busca su identidad, en medio de las inclemencias climáticas. Cualquier parecido de la pieza enviada por un libertario con la realidad tal vez no sea mera coincidencia.
Se vuelve a reunir la Mesa Política, pero Patricia aclara: «No sirve para nada»
En la cita de este martes, por caso, Adorni profundizó en la agenda parlamentaria, mientras Martín Menem y Patricia Bullrich, autoridades del oficialismo en ambas cámaras del Congreso, lo escuchaban solo por decoro. «Lo escuchan, pero no le dan bola», dijo un funcionario del gobierno a LPO.
A la mesa se sentaron, además de Adorni y Karina, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo Lule Menem; la jefa de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo y el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Santiago Caputo
El jefe de Gabinete planteó la importancia de darle curso al tratamiento del proyecto de Super RIGI, una nueva versión del régimen aprobado con la ley Bases en 2024 y cuyo alcance fue insuficiente hasta para la tropa libertaria que lo defendió en las maratónicas sesiones de entonces. También quiere darle impulso a la ley de Lobby, ludopatía y etiquetado frontal, todo mientras Karina padece la rebelión de los senadores para la aprobación de los pliegos de jueces que mandó Juan Bautista Mahiques y los gobernadores se resisten a eliminar las PASO.
Las victorias legislativas de Menem con la media sanción para la ley Hojarasca y la reducción drástica del alcance de zonas frías para hogares beneficiarios de un alivio en la tarifa de gas no implican, según legisladores de los bloques colaborativos con Javier Milei, que continúe la luna de miel del período extraordinario. Esa ventana de tiempo del verano, cuando se aprobaron el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la modificación a la ley de Glaciares, parece haberse cerrado.
Ahora es el momento conveniente para darle salida a Adorni. Tiene que ser antes que lo citen a indagatoria y ahora que la espuma bajó en la gente.
En tal contexto, un legislador libertario sacaba cuentas respecto de que «ahora es el momento conveniente para darle salida a Adorni». «Tiene que ser antes que lo citen a indagatoria y ahora que la espuma bajó en la gente», especulaba.
En Comodoro Py comentaron a LPO que la citación a indagatoria es un paso casi obligado para Ariel Lijo, en base a la prueba reunida. De hecho, deslizaron que el fiscal Gerardo Pollicita, de licencia hasta la semana próxima, iba a dejar escrito el pedido para que el magistrado solo tuviera que habilitarlo.
Hasta que se reincorpore Pollicita, lo releva en su cargo Franco Picardi, el fiscal que lleva adelante la investigación de las coimas de Andis, otra causa sensible para el gobierno. Al cierre de esta nota, no había novedades sobre la situación judicial de Adorni pero tampoco se aflojaba la tensión por su permanencia en el gobierno.
Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.
Por Roque Pérez para NLI
La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.
La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.
Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.
Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.
La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?
El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.
La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.
La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.
Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.
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