PorMunicipalidad Villa Regina
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La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios para la ejecución de la obra de ‘Vereda en la Plaza del barrio 25 de Mayo’.
El presupuesto oficial es de $878.983,29. La apertura de las ofertas será el 9 de marzo a las 11 horas en el Departamento de Compras, ubicado en Avenida Rivadavia 220.
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Durante su visita a Mar del Plata este viernes, Axel Kicillof denunció que el desmantelamiento del histórico complejo hotelero de Chapadmalal por parte del gobierno de Javier Milei entraña posibles negocios inmobiliarios.
«Me parece que, como (Milei) ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», dijo el gobernador tras cerrar el Congreso del Trabajo en la ciudad balnearia, donde también se refirió al conflicto abierto que mantiene con el municipio local por el control del balneario de Punta Mogotes.
Sobre la decisión de la administración libertaria de ir por una concesión a 30 años de los hoteles construídos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón para destinados al turismo social, Kicillof dijo: «La onda viene de demolición y destrucción».
«Vaya a saber qué quieren hacer, vendérselo a quién, hacer un negocio privado», agregó. En ese sentido, el gobernador planteó el traspaso del predio a la Provincia, ratificando lo dicho esta semana por su ministro de Producción Augusto Costa.
Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren
«No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios», había señalado Costa.
En esa línea, Kicillof dijo: «Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren y vemos cómo hacemos para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar».
Esta semana, el gobierno de Milei oficializó el pase a disponibilidad de los 76 trabajadores de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse (Córdoba).
En ATE Mar del Plata advirtieron que esta determinación va más allá de la fuente laboral y también atenta habitacionalmente a decenas de familias de empleados que desde hace más de 20 años viven en pabellones del predio.
Como contó LPO, desde febrero de 2025 el gobierno de Milei aceleró el proceso para desprenderse de estas unidades turísticas. Primero, los complejos salieron de la órbita de la Secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli. Este año, Manuel Adorni anunció que la intención es concesionarlos.
Frente a eso, proliferaron proyectos para evitar que el predio sea entregado a privados. Una de las iniciativas vino del propio radicalismo que, en Mar del Plata, articula con los libertarios dentro del esquema del oficialismo municipal.
Maximiliano Abad impulsa que el complejo pase a la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata para hacer allí un campus universitario. La iniciativa desató cortocircuitos en el Concejo entre libertarios y radicales.
Desde el kirchnerismo, Fernando Raverta presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley para que la Provincia recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal para sostener el turismo social.
El año pasado, el axelista Gustavo Pulti había presentado un proyecto en la Cámara baja provincial para preservar el patrimonio público del complejo y el turismo social.
Ahora, directamente Kicillof salió a pedir por el control de los hoteles.
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
