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La senadora Carolina Moisés y el diputado Guillermo Michel objetaron este jueves que el tratamiento de la reforma laboral empiece por el Senado. Ambos plantearon que el texto contiene capítulos tributarios y ese tema es una prerrogativa de la Cámara de Diputados, según el artículo 52 de la Constitución.

En ese fragmento de la Carta Magna se establece que «a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones». La discusión también retumbó en el bloque de la UCR, donde una fuente al tanto de las deliberaciones deslizó que «hay posturas encontradas: están quienes sostienen que debe ingresar por Diputados siempre que se trate un Tributo (impuesto), y quienes consideran que los casos de ‘eliminación y reducción’ pueden ingresar por ambas Cámaras, y que sólo en caso de ‘creación’ es Cámara de origen la de Diputados».

La peronista Moisés planteó en ese sentido que «la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político», y resaltó que «cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas y puede anularse judicialmente el procedimiento». «El título XXIV es impositivo, modifica IVA y Ganancias expresamente», completó la legisladora jujeña.

Si las críticas de quienes reniegan de darle tratamiento desde la semana que viene en el Senado se expanden, el oficialismo debería retirar el proyecto o, en su defecto, quitarle el articulado referido al aspecto tributario. La jugada del peronismo atiende claramente a retrasar la eventual sanción de la reforma laboral.

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Un diputado libertario consideró que la postura del PJ era «errada» porque «el objeto de la ley no es tributario». Por eso, un senador de la bancada que conduce Patricia Bullrich confirmó que la hoja de ruta del gobierno con la reforma laboral arrancará el martes próximo, con la reunión de labor para conformar la comisión de Trabajo y el objetivo de llegar al recinto el 22 o el 26 de diciembre, como anticipó LPO.

Sin embargo, Michel explicó en X por qué el proyecto de Javier Milei debe tener a Diputados como cámara de origen. Aunque concedió que hay dictámenes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta que avalaron que leyes tributarias ingresen por el Senado, repuso dos ocasiones que le marcaron límites constitucionales.

Moisés y Alejandra Vigo.

El 18 de agosto de 1985 se precisó en un dictamen que el proyecto en cuestión «no signifique nueva carga impositiva para otros contribuyentes», mientras que el 5 de mayo de 1999 se estableció que la norma «no genere indirectamente para otros contribuyentes cargas impositivas nuevas».

Para el exdirector de Aduana, el título XXIV de la reforma laboral de Milei respeta ese criterio, a excepción del artículo 186, que «sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y establece que los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán por el IPC del INDEC». 

«En los hechos, esto genera un beneficio en materia de ajuste por inflación únicamente de los quebrantos a contribuyentes que inicien ejercicios a partir del 1º de enero de 2025 y genera una carga fiscal adicional, de dicho beneficio, para los contribuyentes por otros ajustes que están incorporados en el segundo párrafo del artículo 93 de la ley de impuesto a las ganancias, como ser los de ajuste por inflación de los costos de bienes muebles (artículo 62 LIG), inmuebles (artículo 63 LIG), Operaciones de enajenación de acciones (artículo 98 LIG) y/o Enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles (artículo 99 LIG), entre otros», completó.

El artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley.

Michel concluye que «el artículo 186 del proyecto de reforma laboral genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes y, en relación con el mismo índice IPC, un perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley», razón por la que debe comenzar el debate por la Cámara Baja.

Fuentes parlamentarias indicaron a LPO que, si el gobierno insistiera con el itinerario iniciado en el Senado y lograra la media sanción, a la oposición le quedaría la vía judicial para objetar el derrotero por inconstitucional.  

Al cierre de esta nota, el diputado socialista Esteban Paulón presentaba una intimación contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, para que retiren el proyecto del Senado. «Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR. El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA», posteó en X, y agregó: «Su ingreso por @SenadoArgentina solo responde al capricho de @PatoBullrich de ‘capitalizar’ su posible aprobación». 

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