Compromete al juez Bailaque el procesamiento de dos históricos agentes de bolsa rosarinos por lavar dinero
Dos conocidos empresarios rosarinos fueron procesados por lavar dinero originado en hechos delictivos por un magistrado federal que, a la vez, les trabó embargo por 1000 millones de pesos a cada uno y les impide salir del país.
Esta decisión no se agota en los dos acusados. Resulta al mismo tiempo un nuevo golpe para otro juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, investigado en una trama de corrupción institucional, quien personalmente les abrió a estos dos empresarios en 2019 la misma causa por la que terminan ahora comprometidos, aunque los desvinculó misteriosamente.
Los empresarios procesados ahora son Claudio Iglesias, ex directivo de la aseguradora San Cristóbal y de la Bolsa de Comercio de Rosario, y Jorge Oneto, propietario de una sociedad de bolsa que opera en el mercado de capitales en el centro rosarino.
El juez Carlos Vera Barros los procesó por lavado de activos agravado por su habitualidad. En su resolución, reprodujo un listado surgido de la investigación de los fiscales, donde se enumeran inmuebles, vehículos y cuentas offshore que los dos señalados adquirieron con esos fondos sucios entre 2012 y 2019.
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Los investigadores también descubrieron algo no inhabitual en personas que son acusadas de lavar dinero. Ambos empresarios se acogieron a una moratoria que les permitió blanquear sumas millonarias en 2016, vale decir, en el mismo período en el que se los señala por ingresar dinero opaco al circuito legal. Eran sumas que en conjunto superaban los 100 millones de pesos, lo que para entonces eran unos ocho millones de dólares al cambio paralelo.
La noticia del procesamiento resulta más significativa por la extorsión presunta a la que estos empresarios estuvieron sometidos de parte de dos altos funcionarios públicos. En noviembre del año pasado, los fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay Molina y Diego Velasco imputaron en una audiencia al juez Bailaque de haber participado en una trama extorsiva contra Iglesias y Oneto.
Un camino de seis años
¿Cómo fue aquel chantaje? La denuncia contra los ahora procesados la hizo hace seis años, a partir de un escrito anónimo, el ex director regional de la AFIP Santa Fe y Rosario, Carlos Andrés Vaudagna. Este funcionario público acaba de admitir hace un mes, como imputado colaborador o arrepentido, que asesoraba a fuertes contribuyentes para ayudarlos a evadir sumas millonarias. En noviembre pasado, el fiscal Argibay Molina dijo que en 2019 Vaudagna denunció a Iglesias y Oneto por acciones de lavado con el propósito de cobrarles sobornos a cambio de frenar esas actuaciones.
Lo hizo, según el fiscal, en combinación con el juez federal Bailaque, que adoptó varias conductas inusuales en el trámite del caso. La más importante fue no delegar la investigación en la fiscalía en turno como era costumbre, sino quedársela él mismo e impulsar inmediatamente medidas contra los empresarios. Sospechosamente y de manera repentina, a las tres semanas de iniciada la causa, recibieron la falta de mérito de parte de Bailaque.
Carlos Vaudagna.
El planteo de la fiscalía es que los que habían avanzado a partir de un anónimo pararon súbitamente la investigación porque recibieron un soborno. Según dijo el fiscal Argibay en la audiencia de noviembre pasado, en la que estaba presente Bailaque, funcionarios de la AFIP dieron un impulso especial al trámite de Iglesias y Oneto pese a que el anónimo aludía a varios grupos a investigar.
Se puede pensar que si Vera Barros procesó ahora es porque Bailaque tenía entonces motivos para iniciar el caso contra Iglesias y Oneto. Si fuera así, ¿por qué a las tres semanas de iniciada, y luego de indagar a los empresarios, planchó la causa?
Se trata de empresarios muy conocidos en el círculo económico rosarino. Oneto, que es propietario de una financiera céntrica, había tenido en 2014 una causa penal por una resonante estafa con inmuebles de la que terminó desvinculado. Iglesias es ejecutivo bursátil, era integrante de la Bolsa de Comercio de Rosario y, al momento de ser denunciado, aspiraba a obtener la presidencia de San Cristóbal Seguros. Sus allegados sostienen que lo denunciaron para sacarlo de esa competencia.
Cuando en la fiscalía advirtieron la maniobra de Vaudagna y Bailaque, lo que pensaron es que más allá del modo sospechoso en que empezó la causa -con un anónimo sin datos al que el juez le da inmediato curso- había razones para investigar a los señalados. En el campo ilegal pero también en el legal, las causas por extorsiones suelen generarse contra alguien que tiene algo para esconder y son apretadas por eso.
Los fiscales, al ver el rápido parate que Bailaque impuso a ese legajo, detectaron que si Iglesias y Oneto tenían motivos para pagar un soborno era por eso. Pidieron por consiguiente desarchivar esa causa. Si aparecían motivos reales para investigar a los empresarios, quedaría en evidencia que Bailaque y Vaudagna al expediente lo habrían frenado sin motivo.
Cuando el caso se desarchivó Bailaque, que estaba ya imputado por coaccionar a los empresarios, se excusó de seguir actuando. Le tocó al juez Vera Barros, que se viene excusando “por violencia moral” en las causas donde aparece objetado Bailaque, que tiene su despacho frente al suyo hace más de 15 años. Aquí frente a la imputación de los empresarios Iglesias y Oneto, avanzó. Al revés de Bailaque delegó la pesquisa contra estos empresarios a los fiscales Argibay, Velasco y Federico Reynares Solari. Estos rápidamente pidieron medidas y establecieron que los motivos para denunciarlos tenían fundamento.
El anónimo
El anónimo que abre la causa fue, según Vaudagna, recibido en la AFIP y por eso trasladado al juzgado federal de Bailaque. Decía en sus pasajes más relevantes: “La ciudad de Rosario se transformó en estos últimos 15 años en uno de los centros más importantes de la comercialización de estupefacientes. (…) La comercialización minorista de la droga quedó en Rosario en manos de grupos muy violentos que originariamente vendían protección y/o eran barras bravas de fútbol y/o venían del sicariato. Los cabecillas de dichos grupos se encuentran presos pero las segundas y terceras líneas y otras bandas nuevas siguen con el negocio ilícito, así ha acontecido con “los Monos” (la más famosa), “Los Funes”, “Los Cuatreros”, “Los Romeros”, etc. (…)
Las estructuras de lavado en la ciudad se configuran en general con una organización empresaria que cuenta con una acción del mercado de capitales, una mesa de dinero, participación en Rofex y en fideicomisos de construcción. (…) El año pasado surgió una investigación que impactó en todos los medios nacionales y locales que se denominó “La Megacausa”. Ella surge porque a través de un poder falso se había vendido un campo muy valioso varias veces que lo termina comprando una de las 5 grandes mesas de dinero de Rosario, la que lidera el contador Jorge Oneto con su socio Claudio Iglesias (…). Pero en dicha causa no se investigó lo más importante que se había descubierto y que refiere a la vinculación de parte de la banda, que incluye a integrantes de “Los Monos” con la mesa de dinero de los Contadores Oneto-Iglesias y particularmente con este último, que quedó siempre ajeno a toda la investigación, a pesar de ser el socio y principal operador de dicha sociedad (…).
La mesa de dinero de Oneto y su socio el Contador Claudio Iglesias es y sigue siendo una de las 5 grandes mesas de dinero “negro” de la ciudad y que cuenta con decenas de sociedades (…). También actúan en la construcción y urbanizaciones, entre otras construyeron el lujoso edificio de la ciudad de Rosario: “Aqualina”, en el que vive Oneto y del cual, éste e Iglesias, le vendieron al Sr. Leandro D. Pérez dos departamentos (reitero Pérez es un vendedor de autos vinculado a “Los Monos”).
Marcelo Bailaque.
Durante la audiencia de noviembre se estableció que había una relación muy estrecha entre Vaudagna como directivo de la AFIP y Bailaque como juez federal, con intercambios que revelan además que ambos se juntan a comer o a tomar café, en los momentos previos a que Iglesias y Oneto fueran denunciados. El día de la denuncia acuerdan comer una paella en la casa del juez que termina postergada. Y el teléfono de Vaudagna delata que tiene información, que pasa a terceros, de movimientos del interior del juzgado federal 4 de Rosario donde estaba Bailaque.
Los fiscales federales ahora pidieron muchas medidas. Solicitaron información a fiscales provinciales que habían investigado a Oneto en la llamada “megacausa de fraude inmobiliario”, ordenaron pericias sobre computadoras secuestradas por estos últimos y allanaron domicilios de Iglesias y Oneto mediante la División Inteligencia de Prefectura Naval.
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Con toda la documentación patrimonial, financiera, contable y fiscal obtenida apareció evidencia de lavado de activos de parte de ambos. A Iglesias los fiscales le adjudicaron haber puesto en circulación dinero proveniente de ilícitos indeterminados, cometidos entre los años 2012 y el 4 de noviembre de 2019, cuando fue denunciado, utilizando a terceras personas para inyectar en el mercado legal y en el sistema financiero formal activos de origen ilegal.
Con lo producido por esa vía Iglesias, según verificó el juez, compró vehículos como un BMW X3, Una Toyota Hilux, dos VW Amarok, un VW Passat, una Zanella F2, una embarcación Yamaha F150. También dos inmuebles en el centro de Rosario y tres en Ricardone.
A Oneto se le reprocha lo mismo, y haber comprado con el resultado de esos ilícitos un BMW X6, un BMW Cabriolet, inmuebles en Arroyo Seco, cinco en San Gregorio, tres departamentos en la torre Aqualina de Rosario, tres departamentos en la avenida Libertador al 5600 de Buenos Aires y un inmueble en la localidad de Monte Flores. En los dos casos el juez precisa que ambos empresarios concretaron estas inversiones asociados. Y que en todos los casos lo hicieron para “legitimar o dar apariencia lícita a los activos mal habidos”.
Los fiscales establecieron también que habían comprado y transferido con habitualidad otros inmuebles, fideicomisos inmobiliarios y acciones de una empresa radicada en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas. En este caso tanto Oneto como Iglesias tenían partes en la firma Acapullco Partners Limited por 38 millones de pesos en el año 2015 cada uno.
Como el juez Bailaque había dictado en 2019 la falta de mérito de los empresarios, pasado el tiempo sin novedades los abogados de ambos quisieron cerrar el expediente y en 2023 solicitaron el sobreseimiento definitivo para ellos. Pero los fiscales entonces se negaron y decidieron verificar si la denuncia tenía algún asidero. Solicitaron una enorme cantidad de información sobre Iglesias y Oneto a la UIF, la ex AFIP, a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a las mesas de entrada Laboral y Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe, a la Inspección General de Personas Jurídicas y a Registros Públicos de Comercio de distintas jurisdicciones. Así surgió la información sobre todo ese movimiento de bienes que termina con el procesamiento contra ambos por lavado de activos.
El blanqueo
Cada vez que hay una moratoria, como ocurrió el año pasado, surgen los debates sobre los beneficios sobre los activos del delito que regresan bajo la purificación de una resolución legal que les posibilita usarlo sin inquietudes. Un dato significativo para los fiscales, tomado en cuenta por el juez, es que ambos empresarios ahora procesados adhirieron al blanqueo fiscal impulsado por Mauricio Macri en 2016.
En esa ocasión Oneto exteriorizó un total de 64.097.135,58 pesos mientras que Claudio Iglesias un total de 46.393.589 pesos. Para esa fecha eran respectivamente unos 4.200.000 dólares y 3.032.000 dólares. La resolución judicial dice textualmente que ambos imputados tenían o tienen activos en el exterior. En el caso de Oneto: en Uruguay, Bahamas, Antigua, Bermuda, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas, mientras que Iglesias en Estados Unidos y Bahamas.
