«Como lo hizo el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan con la represión»

«Como lo hizo el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan con la represión»

 

Imagen: ANRed.

Tras la jornada político cultural que realizaron ayer en la Estación Darío y Maxi, diversas organizaciones realizaron hoy por la tarde un acto central a 23 años de la Masacre de Avellaneda. En un documento unitario, volvieron a señalar que «la masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado», exigieron «cárcel a todos los responsables políticos (Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi)», y repudiaron «la liberación de los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta». «La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. Hoy, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación, la salud pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora. La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda», denunciaron. Por ANRed.


Reproducimos completo el documento leído frente a la Estación Darío y Maxi, a 23 años de la Masacre de Avellaneda:

A 23 años de la masacre de Avellaneda

Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

Memoria para resistir, organización para vencer.

No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

¡Justicia por Darío y Maxi!

Hoy se cumplen 23 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos en lucha y recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.

Imagen: La Izquierda Diario.

La Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.

La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La masacre de Avellaneda intentó ser un escarmiento contra el movimiento piquetero y contra este proceso de lucha.

Pero el pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Las movilizaciones por justicia obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.

Imagen: María Guevara.

Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.

Hoy venimos a decir no a la liberación de Fanchiotti y Acosta. Y como cada 26 de junio, exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez y Vanossi.

A 23 años de la masacre de Avellaneda, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación y la salud y pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora.

La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda.

Miércoles tras miércoles, los jubilados desafían la represión de Bullrich y Milei denunciando las jubilaciones de miseria, cuya mínima llega apenas a 374.000 pesos.

Han eliminado la asistencia alimentaria a los comedores populares de todas las organizaciones, congelando el monto de los programas sociales y atacando fuertemente a quienes luchamos contra el hambre.

Imagen: @SantiMayor

Vienen por la educación y la salud públicas: Como lo mostró la gran lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, el plan motosierra es incompatible con el sostenimiento elemental de la salud pública. Así como las movilizaciones estudiantiles, de docentes y docentes universitarios denuncian el vaciamiento de la educación y la Universidad públicas.

Este gobierno pretende destruir las conquistas del movimiento de mujeres, lesbianes, travestis, trans, bisexuales, no binaries, que fueron producto de un arduo recorrido de luchas colectivas. Una de las estrategias que han utilizado es el intento de eliminación de algunas de las leyes que buscan garantizar estas conquistas, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género, el vaciamiento de la Ley de Promoción y Protección contra la violencia machista.

La persecución a las disidencias sexuales, y los discursos de odio que propagan por doquier, habilitan crímenes de exterminio, como el Lesbicidio de Barracas, ocurrido hace poco más de un año a cortas distancias de donde hoy nos encontramos.

Vienen también por el derecho a huelga y por las libertades democráticas. Por decreto, pretenden hacer pasar la esencialidad del conjunto de los sectores estratégicos de la economía para seguir golpeando a los trabajadores.

Imagen: La Izquierda Diario.

Pretenden sembrar la xenofobia y la discriminación contra los migrantes. Desde esta gran movilización decimos: Migrar no es delito. Abajo los decretos anti migratorios.

Milei viene de alinearse con Netanyahu, firmando acuerdos de solidaridad con Israel en el momento que ejecuta un genocidio contra el pueblo palestino y ataca al pueblo de Irán.

Desde esta movilización defendemos y abrazamos la lucha del Pueblo palestino contra el genocidio y por el derecho al retorno. Y rechazamos las mordazas y la persecución contra quienes denuncian las masacres del estado de israel, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

Día tras día, se ejecuta en nuestro país una masacre contra la industria y los puestos de trabajo, la destrucción del estado y las políticas publicas, en lo que va del gobierno de Milei se perdieron mas de 200 mil puestos de trabajo y la desocupación creción a un 7,9 %. Apoyamos las luchas contra los despidos, que recorre el país.

Llamamos a rodear de solidaridad todas estas luchas populares para que triunfen. Reclamamos a la CGT y llamamos a poner en pie un paro nacional y un plan de lucha para derrotar todo el programa anti obrero y anti popular del gobierno nacional.

Para hacer pasar este enorme plan de ajuste, el gobierno recurre a la represión y la criminalización de la protesta.

Tal como lo ejecutó en su momento el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan mediante la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad. Hemos visto detenciones y cazas de manifestantes por decenas, como ocurrió en ocasión de la Ley bases. Por eso modifican el estatuto de la policía federal para permitir detenciones, allanamientos y todo tipo de arbitrariedades sin orden judicial.

Desde esta movilización en Puente Pueyrredón le mandamos toda nuestra solidaridad a Pablo Grillo, baleado por la Gendarmería en la movilización de apoyo a los jubilados y que lucha todavía por su recuperación.

La ofensiva de criminalización y represión se concentra especialmente la persecución del gobierno al movimiento piquetero.

Con cientos de allanamientos, detenciones y represión, se pretende borrar de la calle al gran movimiento de lucha de los barrios, que viene siendo protagonista de todas las luchas populares desde su emergencia en la década del ‘90.

Así como ayer el gobierno de Duhalde montó una cacería asesina contra las organizaciones de desocupados que terminó con el asesinato de Maxí y Darío, hoy, pretenden sacarnos de la calle con persecución, represión y causas amañadas.

La persecución contra el movimiento piquetero no empezó con este gobierno. Las causas y los ataques fueron una constante bajo todos los gobiernos. Pero han pegado un salto bajo el gobierno de Bullrich y Javier Milei.

En lo inmediato, pretenden llevar a juicio a quince militantes y dirigentes del Polo Obrero y dos compañeras de Barrios de Pie, y siguen investigando al FOL en una causa armada que pretende ser testigo para enjuiciar al conjunto de las organizaciones. Desde este puente decimos ¡Abajo el juicio!

Se trata de una causa testigo para avanzar contra todo el movimiento piqueteros. Una causa amañanada por los jueces y fiscales de Comodoro Py, que persiguen a las organizaciones mientras son cómplices de la criptoestafa de Milei, de los curros con la deuda de Sturzenegger y Caputo, o de la estafa de Macri con el correo. Esta justicia pretende además llevar a juicio a compañerxs FOL en el mes de octubre, en Fiske Menuco, y avanza en las causas contra detenidxs por luchar.

Es el mismo poder judicial de clase que persigue a las y los pibes de los barrios y avala el gatillo fácil mientras ampara los negociados del narcotráfico o la trata de personas. Es el poder judicial de Comodoro Py, que proscribe y encarcela a Cristina Fernández mientras garantizó la impunidad de los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

Pero la represión ha sido incapaz de frenar las grandes movilizaciones en las cuales el pueblo entero salió a la calle contra el gobierno, como lo mostraron las grandes movilizaciones universitarias, de jubilados, de las mujeres, y las Plazas colmadas el 24 de marzo.

El gobierno de Milei cuenta la complicidad de muchos sectores anti patria. Denunciamos los pactos salariales a la baja, la entrega de los convenios colectivos y rechazamos una una nueva reforma laboral. Denunciamos también la complicidad de quienes le dieron los votos de la Ley bases, de la ley de reiterancia y para sostener los vetos a los míseros aumentos jubilatorios ni al aumento del presupuesto universitario.

Han sido cómplices de seguir saqueando al pueblo con nuevos acuerdos con el FMI, que nos endeudan y nos llevan a una crisis sin salida. De la motosierra contra los salarios y jubilaciones, del avance de la precarización laboral y de la persecución y la represión a las luchas.

Solamente la lucha popular, del movimiento obrero, piquetero, los jubilados. los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, es capaz de derrotar a este gobierno anti obrero.

Como lo mostraron en su momento las grandes gestas del movimiento obrero, como el Cordobazo, las huelgas de Junio y Julio del ‘75, las grandes puebladas y el Argentinazo, experiencia de nuestro pueblo es que la lucha popular es capaz de derrotar a estos gobiernos.

Ese es el camino: ganar las calles retomando las grandes gestas de lucha de nuestro pueblo. Con las banderas bien altas de nuestros compañeros que fueron asesinados por luchar por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo: Darío y Maxi. Mariano Ferreyra, asesinado en otro crimen de estado, por la burocracia sindical de José Pedraza por luchar contra la precarización laboral. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la gendarmería y prefectura de Patricia Bullrich, todos ellos están presentes en nuestras luchas.

Hoy recordamos además a la compañera Cristina Mena, dirigente del MTR 12 de abril recientemente fallecida, luchadora de toda la vida por los reclamos del movimiento piquetero, participante y organizadora del histórico corte del 26 de junio, y de todas las luchas por justicia por la masacre de Avellaneda.

Compañera Cristina, ¡Presente!

A 23 años de la masacre de Avellaneda

Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

Memoria para resistir, organización para vencer.

No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

¡Justicia por Darío y Maxi!

 

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  • Milei desfinancia la vivienda social

     

    Milei agrava la crisis habitacional. El Ministerio de Economía reglamentó el fin del plan de primera vivienda propia (PROCREAR) y disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por Mario Hernández.


    El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 9 la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, y estableció la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco. Según denunciaron, algunas de ellas serán adjudicadas a Fuerzas Federales de Seguridad.

    Así lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012 y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles.

    La cartera económica, conducida por Luis Caputo, también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario S.A., que históricamente ofició como fiduciario del programa. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional.

    Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio quedó facultada para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, es decir, aquellas cuyo recupero sea inferior al 40% del monto total. En cuanto a los aspectos judiciales, la Subsecretaría Legal del Ministerio asumirá la representación del Estado Nacional en las causas originadas en el marco del PROCREAR.

    La medida entra en vigencia desde su publicación y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

    En lo referido a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), determinó la resolución de este lunes. Para ello, se celebrarán convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

    En este marco, surgieron denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.

    Así lo denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese partido bonaerense. «Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles. Esto es lo que se va a hacer este martes en un pomposo acto oficial con el edificio Sagol y sus 160 viviendas construidas por medio del plan PROCREAR y adjudicadas», afirmó. Y agregó que «se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento».

    Bullrich regaló las viviendas del Procrear de Avellaneda a las Fuerzas Federales

    Por Manuela Tobia

    En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del Conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear -el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía.

    En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

    No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

    El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. “Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada”, cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, “entre otros laburos”, y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

    “El gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificioTodas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión“, sostuvo.

    El robo blindado

    El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

    Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

    Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. “Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)“. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

    “Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros”, criticó.

    “Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata“, espetó.

    Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de “abrir un amparo colectivo“.

    Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación“, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

    “Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400.000 a 800.000 pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes”, lamentó.

    A través de la cuenta de Instagram “sagolenlucha”, los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

    La motosierra de Milei y el “plan” de Bullrich

    El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de “un plan más ambicioso” para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que “hay otras viviendas en otras partes del país” construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas “a la operatividad de las fuerzas federales”.

    Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará “vida a la comunidad” local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

    Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahíEso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminarcomo tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

    Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrearal que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

    Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

    Bullrich culminó anunciando que esos departamentos “serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediariosbajo reglamentos internos ya establecidos“. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

    La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.

    El Gobierno complica la construcción de viviendas sociales

    El gobierno de Javier Milei terminó por disolver a comienzos de mayo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. En paralelo, también disolvió el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.

    Así lo dispuso mediante el Decreto 312/2025, que lleva la firma de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: “Disuélvase el fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019”.

    En los considerandos, el decreto señaló que “la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

    Y agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

    En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado en una entrevista televisiva que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.

    Por otra parte, el Decreto 312/2025 también dispuso la disolución del “Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica”, que había sido creado en 1996 con el objetivo de “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”, detalló el propio decreto.

    ¿Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

    El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.

    Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

    En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.

    Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, “traza un panorama crítico de no ser revertido”.

    Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID”, consignó el informe. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”, remarcó el documento. Además, este “vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social”, añadió.

    La justicia frena el cierre del FISU

    El 7 de mayo pasado el gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial el decreto 312 que ordenaba cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual el Estado buscaba mejorar la vida de más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios populares. El final de este programa puso en crisis a centenares de barrios de todo el país que estaban en proceso de construcción o de mejoramiento. Ahora, el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de varios artículos del decreto en cuestión y le dio tres al gobierno nacional para que informe el saldo existente de este programa. Es más, el Estado debe tomar las medidas necesarias para darle continuidad a esta política pública.

    Sin embargo, en julio de 2024 se conoció el resultado de la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde no se detectó ningún tipo de delito ni violación del objetivo del fondo. Es más, las observaciones que hubo fueron exclusivamente administrativas. Incluso el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja llegó a reconocer que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80 % ejecutado”.

    Transcurrido casi un año de aquello, ahora el funcionario fue multado por el juez Heim y deberá pagar 200.000 pesos por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia, esto es que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

    La decisión del juez federal de Pehuajó se dictó a partir de la presentación de un amparo colectivo que fue promovido por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de esa localidad bonaerense y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.

    Estos pidieron que se declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes N° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del FISU. Por caso, este fondo recibía el 30 % del impuesto PAIS y con este decreto pasó a recibir solo el 1 %. Sin duda una decisión que buscaba desmantelar el funcionamiento del FISU.

    Incluso el juez Heim le había encargado al Congreso la tarea de arbitrar los medios necesarios “para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se había jactado de haber impulsado el cierre del FISU por supuestas fallas en la gestión, deberá responder a lo que ordena la justicia y reactivar la política pública.

    Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, El Destape

    Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/18/milei-desfinancia-la-vivienda-social/

     

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  • Las atrajo con un falso programa de becas y las filmó en el baño: está preso

     

    Un joven de 19 años fue imputado de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil, y detenido preventivamente por haber creado un falso organismo y un programa de becas con Inteligencia Artificial para hacer viajar a sus víctimas desde Santa Fe hasta Jujuy y así grabarlos en situaciones privadas.

    El detenido, especialista en redes sociales, fue capturado en la capital jujeña el 23 de septiembre pasado, acusado de haber filmado en un baño y con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad-, a las que llevó engañadas desde la provincia de Santa Fe y alojó en un departamento para que participen en un evento estudiantil.

    El imputado, que tenía 15 videos y 68 fotos de las damnificadas en sus dispositivos, hizo viajar a las víctimas hasta San Salvador, luego las trasladó y alojó en un departamento que alquiló en la capital, donde una de las estudiantes descubrió la cámara oculta en un reloj.

    La adolescente notó que el artefacto no funcionaba, se trataba de un cronómetro colocado en un esquinero, en el sector de la ducha y, al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una filmadora espía. Dado que el dispositivo también tenía registro de audio, las jóvenes alarmadas lo dejaron en el balcón y alertaron al imputado.

    Según informó el sitio Fiscales.gob, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, hizo lugar a la imputación contra G.F.F. (19) y, a pedido de la fiscalía, también dictó su prisión preventiva, en el marco de la audiencia de formalización realizada el pasado 28 de octubre.

    La investigación está a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar fiscal Romina Verdur.

    La denuncia que dio lugar a la investigación fue formulada por tres jóvenes que habían llegado desde la provincia de Santa Fe, con el fin de participar de la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebró en la “Ciudad Cultural”, en San Salvador de Jujuy.

    Explicaron que, tanto el acusado como las víctimas -de entre 17 y 21 años-, arribaron en un micro de larga distancia de una localidad del interior de esa provincia y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.

    Según lo expuesto en la audiencia por la fiscalía, todo era una pantalla creada por el propio imputado, quien tiene un amplio conocimiento informático como “community manager” ya que trabaja como encargado de las redes sociales del centro de estudiantes de un colegio secundario y, además, es empleado municipal, en una localidad santafesina.

    Con sus conocimientos y el uso de la aplicación de Inteligencia Artificial Chat GPT, el imputado creó en la web toda la estructura necesaria para darle credibilidad al organismo mencionado, como así también al programa de becas educativas que, en realidad, era el anzuelo para captar a sus víctimas.

    Para darle credibilidad a su ardid, colocó como domicilio la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy, creó un flyer, otros links de respaldo y los documentos del supuesto programa de becas, el que ofreció a una compañera de trabajo -la víctima de 21 años-, y a adolescentes del centro estudiantil, dos de las cuales -de 17 años– aceptaron.

    La simulación fue tan creíble que ni las víctimas, ni sus padres advirtieron algún elemento que los hiciera sospechar, por lo que llenaron los papeles y firmaron luego los permisos de viajes y estadía necesarios para un evento en Jujuy, el que supuestamente era parte del programa de becas.

    Tras haber encontrado el reloj y comunicarse con el imputado, él mismo les informó que supuestamente se había comunicado con los responsables del organismo, los que habían instruido que debía salir del departamento y dirigirse a la “Ciudad Cultural”.

    Al llegar, las jóvenes le contaron lo sucedido a policías que poseen un puesto en ese lugar. Cuando los efectivos comenzaron a intervenir, el imputado se mostró nervioso y sostuvo que la cámara había quedado en el departamento, por lo que la mayor de las mujeres se dirigió a buscarla junto a un grupo de policías.

    Como no la hallaron, las dos víctimas adolescentes y el imputado abordaron otro móvil para dirigirse al departamento, momento en el que una de las jóvenes vio cuando G.F.F. sacó la cámara de su mochila y la arrojó por la ventanilla del patrullero.

    Los efectivos recuperaron el artefacto tecnológico, el acusado quedó detenido y las tres mujeres fueron puestas a resguardo, mientras se secuestraron los correspondientes elementos electrónicos, como celulares, pendrives, discos externos de memoria, una computadora y una tablet.

    Los elementos contaban con un total de 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, según revelaron los representantes de la fiscalía sobre un peritaje preliminar, así como apuntaron sobre el material fílmico de otras víctimas y material de abuso sexual infantil.

    Este hallazgo agravó la imputación y llevó a la solicitud de peritajes complementarios, a fin de establecer si se trata de la tenencia de ese tipo de contenidos, o bien, es material pornográfico infantil producido por el propio imputado.

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  • ¿Patagonia como objetivo geopolítico del sionismo?: La imagen que dejó Netanyahu en reunión con Milei

     

    La foto de Netanyahu analizando un mapa de la Patagonia reavivó temores sobre el Plan Andinia, teoría de ocupación sionista. Milei firmó acuerdos militares y migratorios con Israel, criticados por comprometer la soberanía argentina. Organismos denuncian control extranjero de recursos estratégicos en el sur.

    La fotografía de Netanyahu con el mapa de la Patagonia reaviva el fantasma del Plan Andinia

    Una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, examinando un mapa de Sudamérica donde resalta la Patagonia argentina y chilena, desató alertas geopolíticas tras su reunión con el presidente Javier Milei en Jerusalén.

    La imagen fue ampliamente viralizada. Aquí algunos registros:

    La fotografía, difundida sin declaraciones oficiales, fue interpretada por la Corporación Justicia & Dignidad como un guiño al Plan Andinia, teoría que señala intereses sionistas en la región por sus recursos estratégicos: «No era un simple papel: era el viejo fantasma de un proyecto de colonización«, afirmaron.

    El encuentro entre ambos mandatarios selló acuerdos de cooperación militar, tecnológica y de inteligencia, además del traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Sin embargo, la visita ocurrió en un contexto crítico: Israel enfrenta acusaciones de genocidio en Gaza —con más de 55 mil palestinos asesinados— y posteriormente declaró la guerra a Irán. «Milei alineó a Argentina con una escalada bélica sin consultar al Congreso», denunció la Corporación, cuestionando si el presidente conocía de antemano los planes israelíes.

    La Patagonia, con su baja densidad poblacional, reservas de agua y minerales, ha sido históricamente foco de sospechas. Justicia & Dignidad recordó que empresas israelíes como Mekorot gestionan sistemas hídricos en la zona, mientras magnates como Joe Lewis controlan 14 mil hectáreas en Lago Escondido. «Miles de exsoldados israelíes llegan como mochileros; algunos relevan terrenos», advirtieron, vinculándolo con una «penetración silenciosa».

    A esto se suma el recién activado Convenio de Seguridad Social entre ambos países, que facilita migraciones y asignaciones especiales para ciudadanos israelíes en Argentina. El periodista Gastón Nahuel lo comenta en redes sociales:

    En contraste, el Gobierno argentino destacó los acuerdos bilaterales como un avance en educación y defensa. Milei, durante la firma del memorándum, elogió a Israel como «ejemplo de lucha contra el terrorismo» y exigió la liberación de rehenes argentinos en Gaza. Sin embargo, críticos insisten en que los pactos comprometen la soberanía: «Argentina no tiene capacidad operativa para defender sus recursos en el sur», señaló Justicia & Dignidad.

    Cabe señalar que Milei recibió en Israel el «Premio Génesis» de 1 millón de dólares. Dice que lo «donará» a entidades privadas de Latinoamérica, sin embargo, referentes políticos en Argentina señalan que  la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) es clara, que los premios recibidos por un funcionario deben registrarse y pasar al patrimonio del Estado. “No puede decidir su destino como si fuera plata propia, es ilegal porque en estas condiciones sería una dádiva”.

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  • Rincón recibe a 9 de Julio y va en busca de una remontada más

     

    El Deportivo Rincón retoma la competencia en el Torneo Federal A y recibirá a 9 de Julio de Rafaela este domingo a las 11 del mediodía. Este partido es el encuentro de vuelta de la tercera fase de la reválida, donde el equipo neuquino buscará dar vuelta la serie para seguir en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.


    El partido de ida terminó con una derrota por 2-1 para el «León», que recibió un gol de Rafaela sobre el final, lo que cambió el buen resultado que tenían controlado. Ahora, jugando en su Ciudad Deportiva, el Deportivo Rincón sabe que una victoria por un solo gol le será suficiente para clasificar a la siguiente instancia del torneo.


    El referente del equipo, Héctor Rueda, expresó que el plantel se siente fuerte y descansado para afrontar la vuelta. Destacó que en casa son un equipo poderoso y resaltó la confianza que les dio el entrenador al proponer un juego basado en la tenencia de pelota. Además, valoró el aporte de los jóvenes jugadores que, pese a las lesiones en el plantel, han demostrado estar a la altura de las circunstancias.


    El maratónico torneo tiene ya pocos equipos en competencia, lo que aumenta la ilusión del conjunto neuquino de avanzar a una nueva instancia. Rueda afirmó que la ilusión siempre está presente y que, como club, están acostumbrados a ser competitivos a fin de año, esperando demostrar su valía para pelear por el ascenso.

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  • “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado”

     

    A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

    Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

    Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

    Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

    Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

    No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

    De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    “Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

    “Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

    Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.


    Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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  • Vuelos afectados: el paro de controladores pone en vilo a pasajeros y cargas

     

    El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) pone en vilo a pasajeros y transporte de cargas en todo el país. Por el momento, las medidas de fuerza se realizan por la noche, afectando las cargas y logística, pero no se descarta que se profundicen para el fin de semana largo entre el viernes 21 y el lunes 24 de este mes.

    Dentro del calendario de paros escalonados anunciados por ATEPSA para el mes, los días 21 y 24 de noviembre se presentan como jornadas de potencial afectación a la actividad aerocomercial.

    Las medidas de fuerza se están llevando a cabo en franjas horarias específicas, principalmente durante la noche (entre las 22:00 y las 06:00 horas), e impactan directamente sobre el transporte de carga. En este lapso, el gremio ha instruido la no autorización de despegues de aeronaves destinadas exclusivamente a esta actividad ni la recepción de sus planes de vuelo.

    El sindicato, que nuclea a más de mil trabajadores esenciales para la seguridad aérea, reclama el incumplimiento de acuerdos laborales y paritarios firmados por la EANA, entidad dependiente del Estado Nacional.

    Impacto en la cadena logística

    La interrupción de las operaciones de carga en horario nocturno ya está generando demoras y complicaciones en la cadena logística y comercial del país. Productos de alto valor o perecederos que dependen de la celeridad del transporte aéreo se ven afectados, lo que puede tener un efecto dominó en los plazos de importación y exportación.

    Según un comunicado difundido por el gremio, a pesar de que las medidas buscan «evitar afectar las operaciones de pasajeros», la «falta de gestión» de EANA «agrava la situación» y profundiza el conflicto colectivo.

    Advertencia de profundización del conflicto

    La tensión podría escalar, mañana se realizará un plenario nacional de delegados de ATEPSA. En esta instancia, los controladores analizarán si profundizan el plan de lucha ante la falta de respuestas de la empresa.

    El sindicato ha advertido que, si EANA no cumple con los compromisos asumidos y no convoca al diálogo, se verán obligados a incrementar las «medidas legítimas de acción sindical». Esto podría implicar una ampliación de los horarios de paro o la extensión de las restricciones a los vuelos comerciales de pasajeros, un escenario que las aerolíneas y los viajeros esperan evitar, especialmente en la víspera del fin de semana largo.

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