¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

 

Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

Acerca de la autocrítica

La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

El caso de las cuotas

Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

La defensa de la libertad

Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

 

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  • Historia de un audio

     

    El gobierno de Javier Milei acaba de inaugurar una nueva categoría del insumo básico del espionaje y la filtración a la prensa. Las escuchas ya no se dividen en legales o ilegales. La nueva taxonomía incorpora los “audios amigos” y algo aún más inédito: los “audios amigos” registrados en una de las oficinas más poderosas de la Casa Rosada, la de Karina Milei. De ser verdaderos, más allá del contenido, esos registros marcan una debilidad en los controles del poder. En un país con una historia plagada de filtraciones y audios nunca había sucedido que el sonido sea desde el interior de Balcarce 50.

    La saga de los audios que provocaron la baja de popularidad de Milei más contundente desde que asumió la presidencia, comenzaron a difundirse el martes 19 de agosto. La primicia la dieron los periodistas Mauro Federico y Ivy Cángaro en el programa Data Clave del streaming Carnaval, y dos horas después la retomaron Jorge Rial y Mauro Federico en Argenzuela desde C5n. En grabaciones cortas -que se cree que fueron hechas en el café Petit Colón, frente a Tribunales-, Diego Spagnuolo, entonces director de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), funcionario libertario y amigo de Milei, explica el supuesto mecanismo de corrupción de la agencia. Asegura que le contó al presidente, y advierte que la actuación se la va a llevar puesta a Karina, el Jefe. 

    “Hablé con el presidente, él sabe lo que está pasando. Saben que están choreando. No, no corrigieron nada. Saben que están choreando (.…) No te podes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo o sea llega haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los whatsapp con Karina. Olvidáte”, se escucha. 

    La autenticidad de la voz no fue desmentida por el protagonista. En simultáneo, el abogado Gregorio Dalbón denunció a los hermanos Milei y a otros funcionarios. El juez federal Sebastián Casanello dio paso al fiscal Franco Picardi, quien a la noche de ese día ordenó los allanamientos. La velocidad para las acciones tiene que ver con la teoría del fruto del árbol prohibido, que el mismo Picardi utilizó en otras causas de escuchas y que indica que si audios de origen ilegal son la prueba inicial, la causa caería. En eso se basa la nulidad pedida por la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada en el entramado de las coimas por Spagnuolo.

    El viernes pasado, a casi diez días de la difusión en serie de los audios atribuidos al ex director de Andis, apareció la voz de Karina Milei. En dos cortes breves se escucha a quien se cree es la Secretaria General de la Presidencia pidiendo unión y contando que ella trabaja de 8 a 23. El periodista Mauro Federico no había dicho en dónde se habría grabado la conversación que volvió a presentar en Carnaval. Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien situó la grabación en la Casa Rosada.  

    “En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:

    – Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada.

    – La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. 

    Fin.”

    El lunes, mientras desde Carnaval anunciaban la difusión de otro audio con la voz de Karina Milei y donde sí habría referencias al supuesto esquema de corrupción y mencionaría a uno de los Menem en el gobierno, Adorni informó que el Poder Ejecutivo había denunciado ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin”, tuiteó el vocero presidencial. La medida pide el allanamiento contra los periodistas Mauro Federico, Jorge Rial y otros. Además de una medida cautelar urgente para prohibir la difusión, reproducción y circulación de los audios “en resguardo de la legalidad, la vigencia del Estado de Derecho y la transparencia de los procesos democráticos”.

    Los audios hasta ese momento no habían sido descartados por falsos. El gobierno libertario, con este paso, entró también en la historia argentina en otro grupo -además de ser el primero en el que se difunde una grabación de un funcionario desde la Rosada mientras está en funciones-; está entre los gobernantes que actuaron para silenciar al periodismo en la difusión de audios del poder. 

    ***

    Los micrófonos ocultos en la Residencia de Olivos y en la Casa Rosada aparecieron en la primera década de la vuelta de la democracia, y reaparecieron con la forma de celulares del círculo íntimo del actual gobierno. Las escuchas o los intentos de escuchar son históricos y las filtraciones a la prensa para su difusión también. 

    En un país con una historia plagada de filtraciones nunca el sonido había salido del interior de Balcarce 50. El gobierno de Javier Milei inaugura la categoría de “audios amigos”.

    En 1972, Bob Woodward y Carl Bernstein tiraron de la cuerda de la detención de un grupo de supuestos plomeros durante una noche en el edificio Watergate de Washington. Descubrieron que, en realidad, el gobierno de los Estados Unidos había mandado instalar micrófonos en las oficinas del partido Demócrata, opositor en ese momento. La saga publicada por los periodistas en el Washington Post terminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia. El dato que confirmó que el presidente republicano lo sabía fue el sistema secreto para grabar conversaciones en el Despacho Oval. En una cinta se escuchó que sabía del encubrimiento. “Watergate” se convirtió en un capítulo fundacional de la historia de la investigación periodística moderna. También, de la inviolabilidad del secreto de las fuentes que desde dentro del poder funcionan como perros lazarillos para conducir a los periodistas por los pasillos de la información que se quiere ocultar. 

    ***

    Los micrófonos en la Quinta presidencial de Olivos irrumpieron mediáticamente en enero de 1990. Es leyenda la discusión entre Zulema Yoma y Carlos Menem en la que cayó un cuadro y detrás apareció un micrófono. Nadie confirmó si la pelea fue de esa magnitud, pero los micrófonos fueron confirmados por varias fuentes.  

    En el verano de 1990, Argentina vivía una ola de calor que llevaba la sensación térmica a más de 45 grados. El fenómeno climático compartió las tapas de los principales diarios con el escandaloso divorcio presidencial. Un lunes de enero, Zulema Yoma dio una entrevista en Radio Rivadavia para informar que se iba de Olivos porque “su seguridad y la de su familia corría peligro”. También denunció que sus llamadas telefónicas eran escuchadas, “interceptadas”, dijo. 

    El lunes 29 de enero de 1990, el brigadier Andrés Antonietti, jefe de la Casa Militar, dio una conferencia de prensa donde mostró fotos de enchufes y un conmutador telefónico. Aseguró haber encontrado tecnología sofisticada, otra versión periodística habló de una “antena parabólica”, para escuchar las conversaciones de la quinta presidencial. Además, informó que detectaron micrófonos en las oficinas de la Casa Rosada y dio un detalle: eran del tipo de los que necesitaban cambiar las pilas cada siete días. Juan Bautista “el Tata” Yofré había sido hasta ese mes el jefe de Inteligencia del gobierno de Menem y, décadas después, contó que al principio de su mandato había “barrido” las oficinas del presidente Menem y que había encontrado micrófonos fuera de funcionamiento. Al que escuchaban era a Raúl Alfonsín. En uno de sus libros, el autor y actualmente director de la Escuela Nacional de Inteligencia de Milei, relativizó el hallazgo de los micrófonos con pilas recargables. 

    La historia trae apellidos que se repiten en el juego de espejo de los gobiernos Menem-Milei y los audios persistieron durante los gobiernos democráticos. Con los cambios de la tecnología, cada administración tuvo un sello distinto en la manera de escuchar y filtrar. 

     El gobierno libertario entra también en la historia argentina por silenciar al periodismo en la difusión de audios del poder. 

    Los años 90 serán recordados, entre tantas otras cosas, por la irrupción masiva de los celulares. Las “pinchaduras” se “democratizaron” como Internet lo hizo con la información. En las mesas del bar frente al Tribunal de Dolores, donde varios veranos la agenda mediática obligaba a los medios a enviar periodistas en la seguidilla de los casos “Cabezas”, “Coppola” y “Perel”, se había establecido un guiño entre cronistas agotados de las guardias y de pasar enero en la ciudad que era la sede de los tribunales de todo lo que pasaba en la Costa Atlántica. Antes de empezar a hablar de alguna información que no querían que trascendiera, se señalaba a los celulares y con un movimiento se sacaba la batería, así supuestamente los teléfonos no se transformaban en micrófonos de los “servicios” de inteligencia. El gobierno de Carlos Menem también había sido advertido que los “movicom” podían funcionar como micrófonos para escuchas. 

    Desde esa época, en el mundo de la política se sospecha siempre de ser escuchados. Incluso una de las primeras renuncias en el gobierno de Javier Milei tuvo una supuesta “escucha” como telón de fondo. “Buen viaje”, habría sido la frase que llevó a Sandra Pettovello a asegurar que el Jefe De Gabinete la espiaba. La funcionaria había planeado un viaje que no había informado oficialmente. Nicolás Posse renunció a causa del desgaste natural según la explicación oficial. Guillermo Francos reemplazó a Posee y cuando le preguntaron por el supuesto espionaje lo calificó de un rumor aunque reconoció que él también había escuchado la frase de su antecesor a Petovello. 

    En un clima de internas en el actual gobierno, las sospechas de las escuchas entre sus miembros fueron reflejadas por la prensa en los últimos meses. Pablo Ibañez en Cenital y Ricardo Ragendorfer en Tiempo Argentino publicaron casi al mismo tiempo que la vicepresidenta Victoria Villaruel ordenó buscar micrófonos en el Congreso después de la última crisis con Milei.

    ***

    En la historia democrática, a la aparición de micrófonos, de las pinchaduras y de las escuchas, se le suma un debate que cruza a los medios de comunicación y a los periodistas: cuáles se publican y cuáles no. 

    La discusión tiene un hito. El diario Perfil a fines de mayo de 1998 publicó una serie de escuchas en las que los hijos de Fernando de la Rúa parecían usar sus influencias para aprobar exámenes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las escuchas estaban en un casete con las conversaciones telefónicas obtenidas ilegalmente en la casa de quien era jefe de gobierno porteño y convertido en líder de la fórmula de la Alianza. Eran conversaciones entre “Aito” y “Antonito” con una compañera y unos profesores. Los casetes fueron presentados ante el juez que investigaba las escuchas ilegales, quien las derivó a un juez federal porque el escenario del supuesto delito de tráfico de influencia era una universidad. Los hermanos De la Rúa fueron declarados inocentes por la Justicia, aparecieron las actas donde se habían presentado a rendir. 

    Pero antes, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para castigar la publicación de escuchas ilegales. El texto no solo establecía penas para quienes las hacían sino también a los medios que las publicaran. El argumento era que invadía la privacidad de las personas. Eran una época en la que la grieta no existía pero sí una asociación llamada PERIODISTAS, que reunía a figuras de la prensa que pensaban distinto. La agrupación criticó duramente esa criminalización y el proyecto no avanzó. En ese momento quedó en claro que el periodismo difunde los audios cuando son de interés público. Pero también abordó otro debate que aún perdura. Tras el argumento de la privacidad no se puede ocultar el secreto. Una tensión clara, el periodismo tiene como función mostrar lo que el poder político, económico o el que fuera quiere ocultar. 

    En el mundo de la política se sospecha siempre de ser escuchados. La vicepresidenta Victoria Villaruel ordenó buscar micrófonos en el Congreso después de la última crisis con Milei.

    PERIODISTAS -integrado por Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Biasatti, Atilio Cadorín, Nelson Castro, Ariel Delgado, Rosendo Fraga, Carlos Gabetta, Rogelio García Lupo, Andrew Graham-Yooll, Mariano Grondona, Roberto Guareschi, Jorge Lanata, José Ignacio López, Tomás Eloy Martínez, Joaquín Morales Solá, James Neilson, Hermenegildo Sábat, Fernán Saguier, Oscar Serrat, Ernesto Tiffenberg, Jacobo Timerman y Horacio Verbitsky- rechazó la “equiparación entre intimidad y secretos” que entendían se desprendía del proyecto de ley. “No es admisible extender esa protección a cualquier secreto, ya que dentro de esa categoría también entran los actos ilegales que funcionarios públicos desearían mantener desconocidos”, se lee en el viejo comunicado. 

    La discusión sobre si los audios obtenidos de manera ilegal se deben difundir o no se mantuvo con el correr del tiempo. El “Soy yo, Cristina, pelotudo” de la expresidenta fue dado a conocer en el arranque de la temporada de La Cornisa en Radio La Red. Fue el 23 de febrero de 2017. La discusión central fue que era una conversación privada filtrada de un expediente judicial. A Parrilli, ex jefe de la SIDE de Cristina Fernández entre otros cargos, lo estaban escuchando en dos causas judiciales. La cadena de custodia de las grabaciones se rompió y llegaron a la prensa los audios con sus conversaciones con la expresidenta. En los canales de noticia hubo muchos que se negaron a publicarlo. 

    “Cinematográfica”. Así definió Majul la manera en la que obtuvo los audios. Era el fin de semana, horas antes de que arrancara la nueva temporada de su programa radial, y el periodista corría por los bosques de Palermo cuando se le acercó alguien con un sobre con las escuchas. Un año después, en un programa de televisión, Pamela David le remarcó sobre la casualidad del momento en el que le llegó a la escucha. Majul contestó: “Claro, casual no es nada. Todo tiene un objetivo (..) Bueno, pero ¿sabés qué, Pamela? El asunto es qué tenemos que hacer nosotros como periodistas. Yo sé lo que tengo que hacer como periodista. Reviso el material. Analizo como editor responsable cuál es el verdadero interés público. Y resuelvo en consecuencia”.

    El audio era la voz de Cristina Fernández, pero ya no era presidenta. Lo que marca una diferencia con los dos audios de Karina Milei que se difundieron el viernes 29 de agosto cuando ella es El Jefe, la funcionaria más poderosa en el esquema libertario.  

    Otra de las diferencias es que la mayoría de los audios filtrados a la prensa de los últimos años tienen como origen órdenes judiciales, como indica la ley, pero que se filtran de manera no clara a la prensa. Tanto en los casos más resonantes como el de Cristina Fernández de Kirchner como expresidenta; la llamada “Operación PUF” en la que se escucha a ex funcionarios kirchneristas hablar desde un teléfono público del penal de Ezeiza sobre una operación para frenar la causa Cuadernos de las coimas durante el gobierno de Mauricio Macri, el falso abogado Marcelo D’Alessio con una condena a más de 13 años de prisión por asociación ilícita, extorsión, tareas de inteligencia prohibidas y lavado de activos.

    El entramado de los audios que lograron masividad en la agenda pública es complejo, pero para los fines de la taxonomía, que implica una simplificación, se podría sintetizar que la mayoría de ellos fueron grabados por algún organismo estatal o un actor de ese organismo fuera de la ley y que por lo general las filtraciones fueron sobre los antiguos ocupantes de la Casa Rosada. El antecedente que deberían haber registrado en el oficialismo es el peligro de grabarse, pero el poder confunde la impunidad y no registraron los videos y chats del ex presidente Alberto Fernández que son la base de las denuncias e investigaciones judiciales por corrupción y violencia de género. Claro que la filtración fue después de haber dejado la Casa Rosada. 

    Esta clasificación solo se ajusta a las escuchas y deja fuera los seguimientos a políticos, periodistas y otras figuras que se han denunciado y que la ley de Inteligencia prohíbe claramente. 

    ***

    ¿Quién grabó? ¿Quién filtró? Son dos preguntas que se hacen desde el Gobierno. El viernes cuando se difundió el audio atribuido a Karina Milei, la gravedad institucional reforzó la búsqueda de responsables. Hasta ahora el “quién filtró” es lo más complejo de determinar y las más de cinco hipótesis hablan sobre quiénes con los audios amigos lograron la masividad para que la supuesta corrupción aparecieran en el gobierno que llegó con la bandera de terminar con “los curros”. En las viejas redacciones se repiten varias frases, una de ellas es la que dice que detrás de cada primicia hay una gran traición. Muchas veces son los llamados de viudas o viudos del poder quienes cuentan los secretos que en los palacios se pretenden ocultar. En este caso los audios, aunque terminen no siendo la prueba fundamental en la causa que investiga la corrupción en la era de Milei, son grabados desde teléfonos celulares de aliados y funcionarios propios. Entonces, el quién difundió podrían tener otros actores. 
    El gobierno que llegó a terminar con la corrupción gracias a las redes sociales y a los contenidos grabados desde los celulares tiene en su propia mecánica la primera gran crisis. La escena viral del lanzamiento de “Fuerzas del Cielo” y de su posterior aclaración ante el repudio generalizado. Daniel Parisi, más conocido como El Gordo Dan, fue el principal orador del lanzamiento de esa rama libertaria el domingo 19 de noviembre de 2024. Desde el escenario presentó al brazo armado de Javier Milei, ya en el gobierno. Hicieron una aclaración, el discurso había seguido. “Pero ¿armados con qué? ¿Sabés con qué? Con el arma más poderosa del Siglo XXI”, y levantó el celular.  

    La entrada Historia de un audio se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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