La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina acerca las propuestas para disfrutar de la última semana de vacaciones.
*’Coloreando mi ciudad’ especial ‘Soy turista’: viernes 23 a las 15 horas en la Oficina de Turismo. Destinado a niños y niñas, la actividad incluye un recorrido por el Paseo del Arroyo, con interpretación de mapas y folletos y se termina dibujando y coloreando lo aprendido. La actividad es con cupo limitado por lo que requiere inscripción previa al 2984-904350 con nombre, edad, DNI y fecha de nacimiento. Incluye también la merienda.
*Caminata recreativa familiar: sábado 24 a las 15 horas. En esta oportunidad, el punto de encuentro será el Camping Municipal de la Isla 58. Se recorrerá un sendero acompañado de explicación guiada sobre el ambiente natural, ejercicios de elongación, respiración y alimentación saludable. La actividad es organizada por las direcciones de Deporte y Turismo y requieren inscripción previa a los teléfonos 2984-651398 (Deportes) o 2984-904350 (Turismo) con nombre, DNI y fecha de nacimiento. Es gratuita e incluye fruta y jugo al finalizar la jornada.
*’Tardes Dulces’: sábado 24 y domingo 25 de 14 a 18 horas en la Oficina de Turismo. Se ha convertido en un clásico con música, sabores y un rico café. El sábado acompañará Susana Barroso con ‘Delirios de Sabor’ y el domingo “Sabores de Venezuela” de la mano de Jazmín Linares.
El objetivo es degradar los contaminantes y reducir el principal desecho del mundo que afecta al ambiente, la salud humana y tarda 25 años en descomponerse. Científicos argentinos investigan el tratamiento de colillas de cigarrillos para eliminar su toxicidad a partir del uso de dos tipos de hongos provenientes de las Yungas de Tucumán. El…
Martín Llaryora empieza a jugar las fichas para 2027 y manda a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a cerrar filas con la agenda penal de Patricia Bullrich y de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ex titular de esa cartera en Córdoba durante al gestión de De la Sota, de la que salió eyectada por un motín policial en 2013.
En estos dos años de gestión, Quinteros empoderó a la Policía, se puso al frente de varios operativos impactantes y, audaz en el manejo de la simbología, hasta persiguió a un motochorro que había despojado de un celular a una joven. Ahora, va por el cambio de legislación cordobesa para acompañar la agenda penal de Bullrich en el Congreso.
Intenta así secar una de las fuentes libertarias: la que reclama mano dura contra motochorros y «naranjitas», el mote cordobés para los «trapitos». Este año, casi 300 «naranjitas» ilegales fueron detenidos por intimidar o amenazar a conductores. Están en zonas comerciales y en grandes eventos, por lo que su clientela es la clase media alta, justo el sector que le dio la espalda al Gobierno provincial en la última elección.
Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con su agenda enfocada en estás demandas y en sintonía con Monteoliva. De hecho, ya invitó a la futura ministra a que realice su primera actividad fuera de Buenos Aires en Córdoba.
Con la consigna de «ordenar la calle» y el latiguillo de «la paz social y el orden no se negocia», Quinteros se apresta a iniciar su tercer año con una agenda en sintonía con Monteoliva y Bullrich
«La crisis policial de 2013 fue porque el kirchnerismo la alentó e impidió que los gendarmes de Jesús María restablecieran el orden. Fue una decisión política de Cristina Kirchner en contra de Córdoba», dicen cerca de Quinteros. Ese será el discurso del ministro cuando reciba a Monteoliva en Córdoba.
La alianza con Monteoliva-Bullrich blinda a Quinteros de las críticas de los libertarios, que hoy están aliados con Luis Juez. Quinteros fue un fundamentalista juecista hasta que en 2019 renunció a su banca de legislador y se alejó para siempre de Juez.
Quinteros advierte que «el tejido social está roto» y agrega que la crisis de la salud mental generará más violencia. Por eso advierte que «sin empleo, sin proyecto de vida y sin familias haciéndose cargo de sus hijos» los hechos de inseguridad no podrán neutralizarse.
Terminal Timbúes es el nuevo puerto que Terminales y Servicios comenzó a construir en el polo agroexportador del Gran Rosario. Se trata de una inversión de 290 millones de dólares que contará con los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones -RIGI- según anunció el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo.
«El Comité Evaluador aprobó el noveno proyecto RIGI: un nuevo puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná», publicó el ministro en su cuenta de X. Es la primera inversión del Rigi que está vinculada a la agroexportación, el resto de las inversiones se concentraron en minería y petróleo.
La empresa Terminales y Servicios tiene su sede central en San Nicolás, controla una parte del puerto de Rosario y ahora planea construir esta terminal multipropósito para la carga de cereal a granel, fertilizantes y líquidos en un predio de 186 hectáreas sobre las barrancas de Paraná a la altura de Timbúes.
La comuna donde se emplazará el puerto está ubicada a 40 kilómetros de Rosario y es la última al norte del polo agroexportador y tiene la ventaja de una barranca y canal natural del río Paraná ideal para la actividad portuaria.
En la zona ya se instalaron cinco puertos de los más importantes del país: Renova, Dreyfus, Cofco International Argentina S.A, Aceitera General Deheza (AGD) y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA) y ahora se sumará la de Terminales y Servicios.
«Con una inversión de USD 277 millones, podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina», detalló Caputo.
Con una inversión de USD 277 millones, podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina
Es que Terminales y Servicios, propiedad del empresario Juan Manuel Ondarchú, muy conocido en el ambiente portuario, proyectó una primera etapa 2025-2026 donde está prevista la puesta a punto de las áreas de almacenamiento y carga de fertilizantes «apuntando a abastecer la demanda a nivel nacional para sucesivamente ir habilitando nuevas operaciones de carga más compleja», sostienen desde la empresa.
La segunda etapa prevista para los años 2026-2028 se proyecta ampliar la terminal para operar cargas generales en minerales como cobre, litio, granos y productos de mayor valor agregado, que le da la característica de puerto multipropósito.
Lo cierto es que es la primera inversión dentro del Rigi que se concreta para la producción agroindustrial ya que los ocho anunciados se destinaron para emprendimientos energéticos y mineros.
De hecho, cuando se discutió el RIGI, en la cadena agrícola reclamaron un régimen especial para el campo ya que las unidades productivas son muchísimas más chicas y requieren inversiones infinítamente más humildes pero fundamentales para la tecnificación agraria.
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Un tribunal de tres jueces condenó a nueve años de prisión al ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal al que encontró culpable de cobrar sobornos de parte de un capitalista de juego clandestino para no investigarlo. Un empleado de la unidad fiscal donde se desempeñaba Serjal, Nelson Ugolini, recibió cinco años de prisión. Era quien mantenía los contactos con el empresario de juego ilegal que buscaba protección y que canalizaba los pagos hacia arriba.
Las condenas fueron unánimes y para ambos juzgados los jueces dispusieron el cumplimiento de prisión en un establecimiento carcelario. Ya había sido condenado por formar la misma red el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
Una de las principales novedades de este fallo, si queda firme, es sus efectos sucesivos e inexorables. La condena incluye la figura de asociación ilícita ya que establece que Serjal, que fue desplazado de su cargo en agosto de 2020, formaba la parte superior de una estructura que incluyó a un sector de la política santafesina, que recibía dinero de este capitalista de juego, Leonardo Peiti, para sus actividades.
Quien en este mismo trámite está imputado como jefe de asociación ilícita es el senador santafesino Armando Traferri, que no llegó a esta etapa del juicio aún porque durante cuatro años mantuvo los fueros legislativos ya que la mayoría de sus pares se negaron a levantarlos. La condena a Serjal por asociación ilícita deja a Traferri en el umbral de una resolución semejante.
Los fundamentos de los jueces reconocen la legalidad de la investigación que llevaron contra Serjal y Traferri los fiscales que inicialmente tuvieron el caso y a quienes las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) corrieron del control del trámite cuando fueron señalados, incluso por fiscales colegas, de haber cometido delitos en el curso de la investigación para perjudicar a Traferri. Esa idea los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra la descartaron.
«Detrás de esta sentencia hay todo un equipo de trabajo que hizo la investigación preparatoria y que se desempeñó de manera excelente ya que el tribunal avaló cada una de las pruebas», dijo la fiscal Marisol Fabbro, quien impulsó junto a su colega José Luis Caterina la acusación en el juicio que terminó este viernes.
Esa reivindicación explícita del trabajo de Schiappa Pietra y Edery viene recubierta de significado político y jurídico. Ambos fueron apartados de la investigación con el pedido explícito de Traferri que prácticamente supeditó a esa condición la decisión de presentarse el año pasado y que lo hizo tras ser reelecto en su banca en 2023. Los nuevos fiscales con las mismas pruebas rendidas por sus antecesores, y despreciadas por el Senado para desaforarlo, lo imputaron a Traferri el año pasado y le agregaron asociación ilícita.
Armando Traferri
El tribunal convalidó toda la investigación. Lo que significa también descartar la idea de que hubo un armado de fiscales que actuaron al margen de la legalidad en una pesquisa viciada coordinada por el criminólogo Marcelo Sain cuando era ministro de Seguridad de Omar Perotti.
El problema que tiene esta hipótesis, explicó la fiscalía y retomó el tribunal, es que el origen del caso aparece en 2017, cuando los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery no tenían ningún contacto con el asunto, y cuando Sain no tenía cargos en la provincia de Santa Fe. La detección de esta madeja de intereses, que incluye a Traferri y otros dirigentes políticos, está en una causa penal de Melincué. La llevaba quien ahora es fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien como testigo en este juicio defendió muy enfáticamente esta causa.
Sobre la llamada «pata política», que fue llamada de esa forma por el tribunal, los jueces dijeron que para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los acusados, era importante entender que Serjal, Ugolini y Ponce Asahad actuaban bajo el paraguas de de estamentos con personas que aunque «no se encuentra en juzgamiento aquí fueron permanentemente aludidas durante el debate». Indicaron que esta implica la participación de funcionarios legislativos y políticos, «siendo el eje central el senador Armando Traferri».
En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política.
«Se produjo prueba que acreditó la existencia de una asociación ilícita estable, jerarquizada y funcional, cuyo objeto principal fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juego de azar ilegal, y, concomitantemente, garantizar la impunidad de dicho negocio mediante una cobertura judicial penal». Señalaron que esa estructura también era integrada «por personas que no fueron traídas a este juicio».
La fiscal Fabbro había dicho en su alegato final: «Este no es un caso de juego clandestino. Ni siquiera de «filtraciones» o incumplimientos funcionales aislados. Este caso traído a juicio es una investigación que pone sobre la mesa algo mucho más sutil y mucho más dañino: este caso versa sobre la impunidad. Este no es un caso sobre dinero, sino sobre lo que el dinero puede comprar. En esa posibilidad material que da el dinero combinada con ciertos contactos y con ciertas posiciones de poder, pudimos comprobar que ciertos funcionarios fueron efectivamente comprados por dinero».
Otro punto culminante que complica al condenado es que la fiscal Marianela Luna detecta en 2017 que Serjal actúa de una manera muy extraña cuando ella inicia una causa contra Peiti. En 2018 Luna avisa a la regional que va a allanar locales de juego ilegal de Peiti. Cuando se concretan las requisas esos garitos estaban sorpresivamente desmantelados. Frente a semejante filtración que volvió negativos los procedimientos en la siguiente oportunidad Luna tomó un recaudo: no le avisa a Serjal y allana directamente. En este caso los 14 operativos dan positivo. Ante la afectación de los intereses de Peiti lo que hace Serjal es dictar una resolución traspasando a dos fiscales de Rosario las causas de juego clandestino en la jurisdicción. Le dijo a la fiscal Luna, según ella declaró en el juicio, que la decisión era concentrar el mismo las causas.
El fiscal que acusó a los fiscales
Una de los principales testigos de la defensa fue paradójicamente un colega de los acusadores, el fiscal Pablo Socca. Según declaró Socca, los primero fiscales del caso usaron a la testigo colaboradora sospechada de extorsión Mariana Ortigala para llegar al capitalista Peiti y a través de él a Serjal.
Los jueces lo rechazaron remarcando que sus declaraciones connotaban «un conocimiento superficial del caso» que denunciaba. Hicieron eje en la declaración de la fiscal Bárbara Ilera que investiga al fiscal Edery por un supuesto hecho de omisión de investigación. Señalaron que la funcionaria «confirmó que no hay, hasta ahora, elementos que autoricen a presumir que hubo un acuerdo entre los fiscales Edery y/o su empleada Carla Belmonte con Ortigala para perjudicar al Sr. Serjal, y las apreciaciones en tal sentido del fiscal Socca no persuadieron por resultar genéricas y especulativas».
Siguieron los jueces: «La afirmación defensiva, basada en el testimonio de Socca, en cuanto a que la investigación se habría originado a partir de la manipulación o utilización de terceros – específicamente Mariana Ortigala- para «llegar a Peiti y a través de él a Serjal», constituye una mera especulación sin correlato probatorio»
Si Patricio Serjal resultaba condenado por asociación ilícita se sabía que el trance sería determinante en la causa de Traferri porque él está acusado de ser organizador de esa misma asociación.
Aquí estuvo centrada la pulseada. Se notó mucho en el juicio en la estrategia de la defensa. Y se advierte con elocuencia en el terreno de la opinión pública. Dos medios de fuerte presencia en Rosario, con importante penetración, publicaron el mismo artículo periodístico, con distinciones mínimas de construcción pero de idéntico eje, centrado en el testimonio del fiscal Socca, que denunciaba a los fiscales Edery y Schiappa Pietra de haber direccionado la causa en contra de Serjal y Traferri. Esas publicaciones fueron a diez días de la declaración de Socca.
Este miércoles 06 de abril 9:30 hs se brindará un taller integral que aborda diversas temáticas relacionadas con la soberanía alimentaria en el Galpón de las Artes El taller de soberanía alimentaria es una actividad abierta y gratuita y se llevará adelante mañana miércoles a partir de las 9:30hs en el Galpón de las Artes…
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