Durante este jueves se procedió a la colocación de dos decrementadores (segunderos) en los pescantes de los semáforos de calle Cipolletti y Yapeyú para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. El Intendente Marcelo Orazi y el Director de Tránsito Mario Figueroa estuvieron presentes durante la colocación de estos dispositivos.
Los decrementadores contienen un reloj digital que realiza un conteo del tiempo de duración de cada luz del semáforo, indicando a peatones y conductores la cantidad de segundos que restan de espera.
Con una inversión de $120.000 este sistema constituye una herramienta importantísima para contribuir a la seguridad vial en la ciudad.
Lejos de apagar el incendio político, la diputada libertaria Lilia Lemoine terminó echando más nafta al fuego: al responderle al periodista Pablo Duggan, confirmó que la propiedad denunciada de Manuel Adorni existe. El intento de minimizar el tema dejó al descubierto lo que el oficialismo venía evitando reconocer.
Por Roque Pérez para NLI
El escándalo por la casa en un country no declarada por Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento clave: la confirmación desde el propio espacio libertario. Y no fue menor el dato, porque llegó de boca de una de las dirigentes más cercanas al núcleo duro del oficialismo.
Todo ocurrió cuando Lemoine salió a responderle a Duggan en redes sociales, en medio de la creciente polémica. En ese intercambio, la diputada intentó relativizar la gravedad del asunto, pero terminó admitiendo lo central: la vivienda existe. Su frase fue tan explícita como reveladora: sostuvo que se trata de “una casa reformada… en un country de clase media”, intentando contrastarla con una “mansión”.
Es una casa reformada… en un country de clase media. No es una MANSIÓN EN LA ISLA.
El problema es que, en ese intento de “bajarle el precio” político al tema, terminó validando el punto de partida de la denuncia: la propiedad señalada efectivamente está.
De la negación al reconocimiento implícito
Hasta ahora, el oficialismo había evitado dar precisiones claras sobre la denuncia que tomó estado público y que incluso ya había sido recogida por NLI, donde se detalló el carácter no declarado del inmueble.
Sin embargo, el giro discursivo de Lemoine marca un punto de inflexión. Ya no se trata de discutir si la casa existe o no, sino de por qué no figura en las declaraciones correspondientes.
El propio Duggan venía insistiendo en distintas irregularidades vinculadas al patrimonio y los gastos de Adorni, señalando inconsistencias entre ingresos declarados y consumos registrados, lo que abrió un frente de sospechas que ahora suma este nuevo capítulo ().
En ese contexto, la confirmación indirecta de Lemoine no hace más que profundizar el escándalo: si la casa está, la pregunta es por qué no fue informada.
El intento de minimizar que agravó la situación
El argumento elegido por la diputada libertaria tampoco pasó desapercibido. En lugar de negar los hechos, optó por una estrategia clásica: relativizar el valor de la propiedad.
Pero ese enfoque generó el efecto contrario. Porque en términos políticos y legales, el problema no es si la casa es lujosa o de “clase media”, sino su eventual omisión en los registros patrimoniales.
En otras palabras, el eje no está en cuánto vale la propiedad, sino en si fue declarada o no.
Y ahí es donde el oficialismo queda expuesto: la defensa no desmiente la acusación, la confirma.
Un escándalo que escala
El caso ya venía creciendo en los últimos días con denuncias mediáticas, cuestionamientos por gastos y el foco puesto sobre el patrimonio del funcionario. Ahora, con la intervención de Lemoine, el tema entra en una nueva etapa.
Porque cuando la propia tropa oficialista admite el dato central, el margen para eludir explicaciones se reduce drásticamente.
Así, lo que comenzó como una denuncia periodística empieza a transformarse en un problema político concreto para el entorno de Milei, que vuelve a quedar bajo sospecha por inconsistencias entre discurso y prácticas.
Y esta vez, no hizo falta una investigación judicial ni una filtración: bastó un tuit para confirmar lo que intentaban negar.
La crisis que desató en el gobierno el escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación aumentó la presión de los ministros para que Javier Milei eche a Manuel Adorni.
Las tropelías del jefe de gabinete se convirtieron en un yunque para la imagen de Milei porque pegó de lleno en el discurso de la moral del que se jactó el propio presidente en la última asamblea legislativa, además de dar por perdida la lucha contra la casta.
Lo que más motiva a los ministros a pedir un cambio de gabinete es que casi a diario aparecen nuevas hojas del libro de las andanzas de Adorni y de su esposa. Clarín adelantó que el fiscal Gerardo Pollicita investiga entre 15 y 19 viajes de Adorni como funcionario y esta semana pedirá más pruebas. Es decir que además del viaje en avión privado a Punta del Este y de sus vacaciones en Aruba, la Justicia sospecha que el matrimonio hizo otros viajes exóticos sin poder justificar los gastos.
Esta semana irá a declarar la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko y luego Pollicita citará a declarar a las dos jubiladas que le «prestaron» 200 mil dólares a Adorni para la compra de su departamento en Caballito. Finalmente le tocará el turno al periodista Marcelo Grandío, que compartió el vuelo a Punta del Este con la familia Adorni. Ese es, según anticipó el periodista Nicolás Wiñazki, el testimonio que más preocupa a Karina.
«Ojalá Adorni por lo menos hubiera sacado un crédito en el Banco Nación», bromean con resignación en el gabinete.
Los ministros que no pudieron escapar del acto con Adorni.
La mancha venenosa en la que se convirtió el ministro de mayor rango llevó a que quienes en teoría son sus subordinados lo eviten. Patricia Bullrich pegó el faltazo al acto por Malvinas para no tener que cruzárselo. Acaso por esto tuvieron que anunciar en los medios una reunión de gabinete para este lunes, como si no bastara con un Whatsapp.
Luis «Toto» Caputo, en tanto, dice en la intimidad que la hegemonía política de Karina lo complica, que lo de Adorni es un problema y que la guerra le hace imposible volver a los mercados.
La encrucijada de Karina y Javier Milei es que no tienen un reemplazante porque nadie quiere asumir la jefatura tras la saga tortuosa de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni. Pero al mismo tiempo necesitan que alguien cumpla el rol que tenía el contador de la UADE antes de caer en desgracia.
Adorni seguía oficiando como vocero una vez que zarpó de la secretaría de Comunicación a la jefatura de gabinete. Con una frecuencia mucho menor a la del primer año de gestión libertaria, siguió siendo el encargado de las conferencias de prensa y el funcionario que hacía los anuncios en Twitter. Ahora, con su ocaso, el gobierno no tiene una respuesta coordinada para las situaciones de crisis como la de los créditos del Nación.
En la intimidad, Toto Caputo dice que la hegemonía política de Karina lo complica, que lo de Adorni es un problema y que la guerra le hace imposible volver a los mercados
La descoordinación quedó en evidencia cuando Sandra Pettovello se mandó sola y echó al jefe de gabinete de Capital Humano porque gozaba de un crédito de más de 400 millones de pesos. La explicación de su salida, que el propio Leandro Massaccesi blanqueó en sus redes, la tuvo que dibujar Milei un día después del despido del funcionario. Eso no bastó para abrir otra interna en el gobierno, esta vez entre Pettovello y Toto Caputo.
En medio de la guerra de Medio Oriente, el canciller Pablo Quirno intentó meter a gobiernos anteriores en la misma bolsa, como para que el escándalo de los créditos al menos pasara por un mal endémico. «Los que recibían Préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad», dijo Quirno. No aclaró a quienes se refería con la compra de aviones privados, justamente un lujo que acorrala a su jefe.
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Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.
Cristina: “la expropiación se hizo conforme a derecho”
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.
En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.
El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.
Kicillof: “quedan expuestos años de mentiras”
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.
Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.
El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.
Una causa atravesada por intereses y fondos buitres
El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.
Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.
Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.
Más que un fallo: una disputa política
Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.
En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.
Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.
Un buen número de participantes tuvieron las propuestas de beach básquet y caminata saludable desarrolladas en la Isla 58 en conjunto entre la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina y la Dirección de Gestión Deportiva de Río Negro. Las actividades tuvieron lugar en el balneario municipal en la tarde del sábado y…
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