Durante este jueves se procedió a la colocación de dos decrementadores (segunderos) en los pescantes de los semáforos de calle Cipolletti y Yapeyú para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. El Intendente Marcelo Orazi y el Director de Tránsito Mario Figueroa estuvieron presentes durante la colocación de estos dispositivos.
Los decrementadores contienen un reloj digital que realiza un conteo del tiempo de duración de cada luz del semáforo, indicando a peatones y conductores la cantidad de segundos que restan de espera.
Con una inversión de $120.000 este sistema constituye una herramienta importantísima para contribuir a la seguridad vial en la ciudad.
El miércoles 8 de agosto se vota en la cámara de senadores el proyecto de ley I.V.E (interrupción voluntaria del embarazo) más conocida como proyecto de legalización del aborto, el que de resultar aprobado se convertirá en ley. Por lo cual, todas las personas gestantes de nuestro país (ya sean mujeres u hombres trans) podrían…
La séptima edición de la ya tradicional Expo Patagonia Universidad, la feria de carreras más relevante de la Patagonia, prepara novedades para este año: por un lado, un formato bimodal, que implicará la realización de dos exposiciones; una virtual, el 29 y 30 de junio; y otra presencial, en octubre, con fecha a confirmar. Entre las…
Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La trama oculta del “subsidio a los ricos”
El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.
Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.
Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal
Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.
En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.
El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.
La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.
Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida
Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.
En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.
La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.
El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.
El negocio financiero y la arquitectura del privilegio
El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.
En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.
Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.
El Estado como garante de la desigualdad
Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.
En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.
La ilusión del sacrificio compartido
El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.
Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.
Un modelo con beneficiarios definidos
Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.
Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.
La discusión de fondo
La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.
La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.
Los gobernadores tomaron con bronca el monto irrisorio de los fondos que el gobierno de Javier Milei giró a las provincias en concepto de ATN en marzo.
La Nación envió 47 mil millones de pesos en marzo a los gobernadores aliados, una suma que los gobernadores tachan de mínima: «No cubre ni el 6% de lo que perdimos», se quejan en el entorno de uno de los mandatarios.
La semana pasada, la Rosada giró 8 mil millones a Corrientes, 7 mil millones a Mendoza 6 mil millones a Entre Ríos, como las más «beneficiadas». Hubo casos como el de Jujuy Neuquén que sólo recibieron 2000 millones. Las provincias gobernadas por opositores a Milei directamente no recibieron nada.
«No es guita, las provincias este trimestre están entre 35 y 70 mil millones abajo promedio entre las chicas, medianas y grandes», dijeron a LPO allegados a uno de los gobernadores menos perjudicados por el recorte de fondos.
Entre enero y febrero, las provincias acumulan una pérdida de 838 mil millones de pesos en términos reales respecto a lo que cobraron de coparticipación federal en relación al mismo período de 2025. Todas las provincias sufrieron una variación real negativa con un promedio del 6,9% entre los 24 distritos. Las más perjudicadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que perdió un 8,1% respecto de enero y febrero de 2025, seguida por Córdoba, con le 7,8% y Santa Fe, con el 7,7%.
La provincia de Buenos Aires perdió un 5,9%, pero en términos nominales el monto es de 161 mil millones, casi el cuádruple del total que transfirió la Nación en ATN en marzo a la mitad de las provincias.
LPO explicó que las provincias arrastran fuertes mermas en sus ingresos tanto por la recesión, como por la caída de la recaudación, que en febrero cayó 9,5% y les hizo perder 500 mil millones en un mes. Pero en especial, las provincias sufren el corte ilegal de fondos que hizo el gobierno en concepto de educación, seguridad y la retención del impuesto a los combustibles. La Nación debe coparticipar por ley ese impuesto o dedicarlo a la construcción de rutas. No hace ni una cosa ni la otra.
Luego del podio obtenido en la última fecha en Buenos Aires el piloto rionegrino fortalece la idea de mantenerse en el lote de los de arriba y dar pelea hasta el final de la competencia. En el circuito de San Nicolás se correrá este fin de semana la quinta fecha del campeonato argentino 2021 de…
En publicidad hay un viejo refrán que dice “la mala publicidad siempre es buena”, porque como decía el dramaturgo Oscar Wilde “la única cosa peor de que hablen de uno, es que no hablen”, básicamente en eso se basa el dicho. Partiendo de ese precepto publicitario, me atrevo a metamorfosear la idea y darle una…
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