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El gobierno oficializó este miércoles el desembarco de Cristian Ezequiel Auguadra al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, en reemplazo de Sergio Neiffert. Lejos de ser un técnico neutral, Auguadra carga con un pasado como operador del macrismo, un prontuario de maniobras en el Banco Ciudad y una trayectoria entre sociedades privadas, control interno y auditorías. Hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, asume el control del área más sensible del Estado en plena reestructuración del sistema de inteligencia impulsada por Milei.

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

Un operador del macrismo reciclado para el proyecto Milei

El desembarco de Auguadra en la SIDE expone la matriz de poder real que Milei consolidó desde su llegada al gobierno: un entramado donde conviven viejos cuadros del macrismo, operadores financieros, consultores políticos y figuras que se mueven con soltura entre empresas privadas, auditorías y oficinas públicas.

Nada permite presentarlo como un experto aséptico: es un cuadro histórico del macrismo, fogueado en maniobras institucionales desde principios de los 2000 y funcional a agendas de poder económico concentrado. Su incorporación a los servicios de inteligencia no sorprende: forma parte del operativo del oficialismo para colonizar áreas críticas con funcionarios de absoluta obediencia a Caputo.

El Decreto 852/2025 confirmó formalmente su designación al frente de la SIDE y aceptó su renuncia previa como Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI). La movida coincidió con el cierre de la etapa de “ordenamiento” del sistema de inteligencia tras la aprobación del Informe de Gestión 2023–2024 en la Bicameral, paso que en los hechos consolidó aún más el poder interno de Caputo dentro del gobierno libertario.

Auguadra es señalado justamente como uno de sus hombres más leales. Su escalada en el organismo acompañó milimétricamente el avance del “círculo duro” que responde al asesor presidencial en cada área estratégica del Estado.

El episodio del Banco Ciudad: maniobras, denuncias y disputa de poder

Para entender la naturaleza política de Auguadra hay que volver a su paso por el Banco Ciudad, un antecedente que vuelve a resonar ahora que fue colocado al mando de los servicios.

La designación que fracasó

En 2004, el macrismo lo impulsó para ocupar un puesto en el Directorio del Banco Ciudad. Su designación fue aprobada por la Legislatura porteña, pero enfrentó rápidamente una fuerte resistencia interna y terminó en 2005. Ese episodio ya dejaba en claro los vínculos políticos que sostenían su candidatura y la interna feroz en torno al control del banco.

Las denuncias que alimentaron la interna

A poco de asumir, Auguadra lanzó una ofensiva pública: envió una carta a legisladores, directores del banco y al titular del Banco Central denunciando supuestas irregularidades en la administración de títulos públicos.
Sus acusaciones replicaban cuestionamientos previos impulsados por exempleados como Corsani y Shinca y se insertaban en un escenario de guerra interna, donde distintos sectores —incluido el macrismo— buscaban avanzar sobre la conducción de la entidad, en una disputa con Yabrán.

La prensa subrayó en aquel momento que esas denuncias eran parte de un entramado mayor de presiones políticas. Muchas no prosperaron judicialmente, pero dejaron asentado el dato estructural: Auguadra no era un contador puntilloso sino un operador con agenda propia, capaz de combinar su perfil técnico con movimientos de poder.

Ese antecedente hoy resulta clave para entender por qué encaja en la arquitectura de inteligencia que Milei y Caputo están moldeando.

Del control interno al control total: el ascenso dentro de la SIDE

Sin exposición mediática ni declaraciones públicas, Auguadra construyó poder en la SIDE desde su rol en Asuntos Internos. Allí impulsó investigaciones internas que tensaron la convivencia dentro del organismo y lo colocaron en el centro de disputas por desplazamientos, recortes y reacomodamientos.

Su formación contable y su experiencia en auditoría y control interno fueron usadas por el oficialismo para justificar discursos de “modernización técnico-operativa”, mientras consolidaba su rol político bajo la tutela de Caputo. Para Vocería, era “el nombre ideal para consolidar mecanismos de control, planificación estratégica y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil e integrado”.
En la práctica, su designación profundiza la concentración de decisiones en el mismo núcleo que diseñó el Estado libertario.

Empresas, sociedades y un recorrido entre lo público y lo privado

Antes de su desembarco en los servicios de inteligencia, Auguadra tuvo una actividad societaria relevante y múltiple participación en estructuras públicas.

En 2000 fundó INTERPESOS S.A., dedicada a servicios de intermediación crediticia mediante plataformas digitales, bases de datos, portales web y licencias comerciales.
En 2012 integró WEST TRANSFER SRL, una firma de transporte privado escolar, turístico y corporativo con operaciones habilitadas para funciones amplias: desde concesiones hasta compra y venta de inmuebles, que hoy realiza charters en la zona oeste.

Con su llegada a la jefatura de la SIDE, Milei completa el esquema: un modelo de inteligencia concentrado, opaco y moldeado a medida de Caputo, sostenido por funcionarios sin neutralidad, con pasado político marcado y férrea lealtad interna.

La Justicia realizó 35 allanamientos simultáneos en la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino en el marco de la causa Sur Finanzas, en plena escalada política entre Milei y Chiqui Tapia. El trasfondo: el avance del Gobierno para forzar las sociedades anónimas deportivas y disciplinar al fútbol argentino.

Por Ignacio Elfratini para NLI

Un operativo descomunal en el momento político exacto

La mañana del martes amaneció con un despliegue judicial pocas veces visto: 35 allanamientos simultáneos en el edificio de la AFA, el predio de Ezeiza y las sedes de una larga lista de clubes—entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Platense y Deportivo Armenio—ordenados por el juez Luis Armella en el marco de la causa que investiga maniobras financieras y presunto lavado de dinero vinculados a la firma Sur Finanzas.

Según detalló el periodista de C5N Diego Gabriele en Mañanas Argentinas, la investigación apunta al presunto lavado de $818 mil millones mediante empresas ficticias, parte de los cuales habrían llegado a las arcas de los clubes allanados y de la propia AFA. La fiscal Cecilia Incardona pidió además el levantamiento del secreto fiscal y bancario para reconstruir el circuito del dinero, que incluía créditos otorgados por Sur Finanzas y cobrados mediante derechos de televisación o contratos de marketing.

Mientras el dueño de la financiera, Ariel Vallejos, aparece como principal investigado, el avance judicial se produce en el punto más caliente de la pelea política entre Milei y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, justo cuando el Gobierno presiona para forzar la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

Una Justicia alineada al poder y los viejos métodos de presión

La simultaneidad, el volumen del operativo y el momento elegido no pasaron inadvertidos. En medio de la ofensiva discursiva y política de Milei contra la AFA, este despliegue surge como una herramienta de disciplinamiento. Mientras el Gobierno repite que el fútbol debe “modernizarse” y abrirles la puerta a las SAD, el mensaje detrás de estos operativos parece claro: o aceptan el nuevo esquema de negocios, o se profundiza la persecución judicial.

La historia reciente muestra cómo la Justicia federal se ha convertido en un arma preferencial del poder político de turno. Lo vimos con la persecución al kirchnerismo durante el lawfare, y ahora reaparece la misma matriz aplicada sobre otra estructura que le resulta incómoda a Milei: el fútbol organizado.

El contraste es evidente. La misma Justicia que mira para otro lado frente a los desastres económicos del Gobierno, que se mueve con parsimonia ante los negociados de los funcionarios libertarios, actúa con velocidad quirúrgica cuando se trata de un conflicto central para la construcción de poder del Presidente.

Esta selectividad quedó expuesta también en las últimas semanas, mientras el Gobierno niega cualquier responsabilidad por la crisis sanitaria, los casos de fentanilo y la caída en los niveles de vacunación que derivó en el retorno de enfermedades que estaban erradicadas. Frente a esas emergencias, silencio. Frente a Tapia, allanamientos.

Las SAD detrás de la cortina y un fútbol que resiste

Desde que Milei reveló su intención de abrir la puerta a las Sociedades Anónimas Deportivas, la AFA y la mayoría de los clubes afirmaron públicamente que no permitirán la privatización del fútbol argentino. Tapia, convertido en enemigo público del oficialismo, es la cara visible de esa resistencia.

El eje real del conflicto aparece entonces con nitidez: la pelea no es por Sur Finanzas, sino por el control del negocio del fútbol. Y cuando la política quiere avanzar, la Justicia suele funcionar como su ariete.

En paralelo, los allanamientos alcanzaron a Sur Finanzas tanto en su sede de Adrogué como en las oficinas donde funcionaba la empresa rebautizada Neblockchain. Las medidas fueron impulsadas desde el juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello, para secuestrar información que permita reconstruir cómo se movieron los fondos que administra el grupo investigado.

Pero más allá de los aspectos técnicos de la causa, la lectura política es inevitable. Enfrentado a un Chiqui Tapia que no se le arrodilla, Milei vuelve a encontrar en los jueces de siempre un aliado para desgastar, presionar y condicionar. No es una novedad: es un método.

El Gobierno oficializó la designación de Fernando Martín Kusnier como nuevo Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad Nacional. Mientras Milei coloca a otro empresario privado al mando de un área estratégica, reaparece la trayectoria del flamante funcionario: dueño de la empresa de alarmas Protegido 24 y esposo de Susana Judith Cobe, una de las empleadas señaladas en la causa por el vaciamiento del Banco Mayo, donde también figuró la madre de María Eugenia Vidal.

Por Roque Pérez para NLI

Del boletín oficial a la seguridad privada

A través del Decreto 855/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, Milei nombró a Fernando Martín Kusnier como número dos político del Ministerio de Seguridad Nacional, el área clave donde se digitan las decisiones estratégicas del gabinete. Lo secunda con su firma Alejandra Monteoliva, la fiel remplazante de Patricia Bullrich.

Kusnier, de 58 años, no viene del mundo académico, ni de instituciones especializadas en criminología o políticas públicas. Su experiencia proviene del negocio privado de la seguridad, un sector históricamente marcado por la opacidad regulatoria, la tercerización descontrolada y la falta de auditorías estatales serias.

Según los registros oficiales, es propietario de AMAKOR S.A., más conocida por su marca comercial Protegido 24, una empresa de alarmas y monitoreo que opera en el rubro de seguridad electrónica.

Una familia que ya aparece en causas sensibles

La trayectoria personal de Kusnier no es la única que vuelve al centro de la escena. Su esposa, Susana Judith Cobe, figuró en el radar judicial: apareció mencionada en la emblemática causa por el vaciamiento del Banco Mayo, uno de los mayores escándalos financieros de los años ’90.

Cobe trabajó en la mesa de dinero que funcionaba en el segundo piso de la casa matriz del Banco Mayo (calle Paso 640). Su tarea, según su propia declaración, consistía en recepcionar a los clientes que venían a invertir, tomar sus datos y emitir comprobantes / plazos siguiendo instrucciones que venían de la Gerencia Financiera.

En esos testimonios ella describe que las mesas (Mayflower, Trust Inversions) operaban desde dentro del banco pero fuera de los balances oficiales, un mecanismo que derivó en la estafa masiva denunciada años después. Los expedientes del caso incluyen testimoniales que la mencionan entre quienes ofrecían operaciones financieras por fuera del circuito bancario regulado.

La causa, que tuvo ramificaciones políticas, judiciales y mediáticas durante décadas, rememora otro nombre propio: Norma Susana Cascallares, empleada del banco y madre de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Cascallares aparece en las denuncias de ahorristas que afirmaron haber recibido de ella propuestas de inversión con “mejor rentabilidad”, parte del mecanismo que terminó contribuyendo al colapso del Banco Mayo.

Cobe y Cascallares figuran mencionadas en la misma causa por irregularidades financieras, relacionadas con la operatoria de mesas de dinero.