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El Gobierno publicó el Decreto 864/2025, donde define la “Política de Inteligencia Nacional”. Entre diagnósticos grandilocuentes, advertencias geopolíticas y un discurso de colapso institucional, Milei restituye la SIDE, concentra poder bajo la órbita presidencial y amplía la noción de amenaza. El resultado: un sistema de inteligencia más centralizado, con mayores atribuciones y con un marcado sesgo político.
La vuelta de la SIDE y el relato del derrumbe permanente
Entre referencias a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, la muerte del fiscal Nisman y el “deterioro acumulado de más de treinta años”, el Gobierno construye una narrativa destinada a justificar un viraje político profundo: la disolución de la AFI y el retorno pleno de la SIDE.
El Anexo I del decreto afirma que la Argentina vive bajo “un proceso de vulnerabilidad permanente”, producto de decisiones erradas y de un aparato estatal incapaz de anticipar amenazas. Esa lógica funciona como fundamento para concentrar el sistema de inteligencia en la órbita directa del Ejecutivo. Milei plantea que la única manera de “proteger la República” es recentralizar el espionaje.
El texto sostiene que la AFI creada en 2015 habría fracasado y que las intervenciones sucesivas entre 2019 y 2024 no revirtieron la crisis. Esa línea argumental habilita el rediseño completo del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo un nuevo paraguas institucional: SIDE, SIA, ASN, AFC y DAI, una arquitectura verticalista donde cada agencia tiene funciones específicas, pero todas dependen del poder político central.
Un diagnóstico internacional que habilita un Estado de excepción permanente
El Anexo introduce un mapa global donde conviven potencias en pugna, guerras híbridas, ciberataques, operaciones de influencia y disputas informacionales. En ese contexto, la Argentina sería un país vulnerable, sin músculo institucional para enfrentar amenazas externas.
Bajo ese diagnóstico, la inteligencia pasa a ser un instrumento estratégico, no sólo para prevenir riesgos, sino para moldear la política interna y externa. El documento afirma que la “superioridad de la información” es condición para la soberanía y que la “batalla por la subjetividad” —es decir, la disputa por el sentido común— forma parte del conflicto global. Dicho en criollo: el Gobierno coloca a la comunicación, a los medios y a las redes como terreno de disputa estratégica, lo cual abre la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias.
En un país con la historia argentina en materia de espionaje, la mención explícita a la “contra-influencia” y a la manipulación informativa como amenazas internas genera preocupación. Más aún cuando el organismo encargado de evaluar esas “influencias” es la SIDE, nuevamente bajo mando directo de la Casa Rosada.
Los intereses estratégicos: un listado amplio que incluye desde recursos hasta subjetividades
El Anexo fija cinco “intereses vitales” del Estado: soberanía, integridad territorial, seguridad de la población, sistema democrático y recursos naturales. Los objetivos parecen razonables, pero la definición de amenazas es tan amplia que abarca desde potencias extranjeras hasta operadores económicos, grupos criminales, actores tecnológicos, influencias regulatorias, presiones informacionales y hasta condicionamientos al desarrollo nacional.
En ese marco, el sistema de inteligencia queda habilitado para monitorear actores públicos y privados, movimientos geopolíticos, dinámicas económicas, operaciones digitales e incluso procesos culturales. Cuanto más abarcativa es la definición de amenaza, más discrecional es su aplicación.
El Anexo establece diez grandes líneas estratégicas: comunicación estratégica, contra-influencia, ciberseguridad, crimen organizado, defensa de recursos naturales, presencia extranjera en el Atlántico Sur, terrorismo y competencia tecnológica, entre otras. La mezcla de objetivos militares, económicos, comunicacionales y territoriales muestra un sistema de inteligencia que se proyecta sobre todos los planos de la vida nacional.
Una política de inteligencia que amplía poder sin ampliar controles
El texto habla de profesionalización, modernización y capacidades técnicas. Sin embargo, no menciona nuevos mecanismos de control civil, parlamentario o judicial, ni herramientas para limitar excesos. El rediseño institucional se construye desde arriba hacia abajo, no desde la transparencia hacia la eficiencia.
El punto más problemático no es la creación de nuevas áreas especializadas —algo que otros países también hacen—, sino que la estructura queda totalmente centralizada en la SIDE bajo mando presidencial directo, en un gobierno que ha dado señales de intolerancia ante voces críticas, universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
En ese marco, la noción de “influencia” o “manipulación informacional” como amenaza estratégica puede convertirse en un arma política, sobre todo cuando el texto asocia la disputa comunicacional con la seguridad nacional.
Más poder para la Casa Rosada, menos controles democráticos
El Anexo I del Decreto 864/2025 no es un documento técnico inocente: es la hoja de ruta de un sistema de inteligencia que vuelve a concentrarse, que opera sobre una definición amplísima de amenaza y que se apoya en un relato de crisis permanente para justificar un poder estatal extraordinario.
Mientras Milei dice defender la “libertad”, la reconstrucción de la SIDE bajo su autoridad directa consolida un modelo donde la inteligencia vuelve a ser un instrumento político. En tiempos de ajuste, conflictividad social y persecución a organizaciones populares, ese rediseño no es menor: se convierte en una pieza clave del proyecto de disciplinamiento.
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