Cierra una empresa por hora y 394 personas pierden su trabajo por día

Cierra una empresa por hora y 394 personas pierden su trabajo por día

 

La industria esta pagando el mayor costo del ajuste. Los números no admiten eufemismos. El uso de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre. Es el peor nivel desde 2002. Sectores sensibles, como el textil, operan por debajo del 33% de su potencial.

La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre. 

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.  

Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a  casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.  

La motosierra contra el empleo de calidad

La tendencia reciente confirma el rumbo. En los últimos cuatro meses contabilizados por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado del sector privado acumuló una caída de 49.000 puestos. Solo en septiembre se perdieron 10.700 empleos formales. Eso refuerza el patrón: los despidos y cierres no son episodios aislados, son un proceso. 

Los sectores más golpeados son previsibles: construcción, industria manufacturera y comercio. En construcción, la parálisis total de la obra pública y el encarecimiento de costos hacen estragos. En la manufactura, la apertura de importaciones.

La destrucción es cotidiana. Las 19.114 empresas cerradas desde que asumió Milei equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora.

Un síntoma agudo se detecta en la cadena de pagos. La Unión Industrial Argentina (UIA) compartió una encuesta en la que reveló que casi la mitad del sector no puede cubrir salarios, impuestos o proveedores. Por otro lado, señalaron que un 8,2% falla en todos los rubros.

De acuerdo a ese trabajo, el 47,5% de los industriales que participaron de la encuesta reconocieron que tiene problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales.

El titular de la UIA, Martín Rappallini.

Impuestos encabeza la lista con el 29,3%. Lo sigue proveedores, con el 26,7%. Durante el último trimestre se registró un incremento entre el 30% y el 40% en los cheques rechazados. Bodega Norton, por ejemplo, acumuló más de 40 cheques rechazados por un total de 618 millones.

Bronca en la UIA por que Milei les quiere cobrar USD 3.000 millones de impuestos 

El informe señala que las Pymes son las más golpeadas, con cobros al Estado que se estiran entre 30 y 90 días. También hay casos extremos como el de Bodega Norton, que además de los 40 cheques rechazados tiene una deuda bancaria de más de 42 mil millones.

La crisis se coló en la mesa chica de la UIA. No como un tema más de agenda, sino como una presencia incómoda que nadie pudo ignorar. Los principales dirigentes industriales se reunieron en la sede de Av de Mayo y el clima fue de preocupación abierta. 

Los informes que circularon mostraron una caída sostenida de la actividad manufacturera y del empleo. La retracción del consumo interno, la apertura de importaciones y el encarecimiento del crédito dejaron sin aire a buena parte del entramado fabril. Los propios empresarios admiten que ya no se trata de una desaceleración: es una crisis instalada. 

La reunión fue larga y tensa. En tono reservado, algunos representantes de cámaras sectoriales advirtieron que el parate se siente «en todos los niveles», desde las pymes hasta los grupos de mayor peso. El presidente de la entidad, Martin Rappallini evitó las frases altisonantes pero reconoció que «la situación es compleja». 

 

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     El juez federal Gastón Salmain jugó muy fuerte este martes al ser finalmente indagado por cohecho en Rosario. Llegaba acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. En un primer descargo negó haber cometido ningún delito y sostuvo que lo acusaban sin pruebas. Pero lo fundamental es que alegó que él ya había adoptado una resolución idéntica en un caso anterior. Y que sus superiores de la Cámara Federal de Rosario avalaron su criterio.

    El caso que citó como antecedente es un amparo realizado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que es el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y remarcó que dos camaristas federales validaron su resolución.

    El día que allanaron el despacho de Salmain a los investigadores les llamó la atención que sobre el escritorio estaba, impreso en papel, el escrito donde los abogados de La Capital presentan una mera declarativa para que se dicte luego una cautelar autorizando al MULC a vender dólares para cancelar deudas en moneda extranjera con su acreedor.

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    Entre cientos de trámites que se disponen en ese juzgado, Salmain tenía precisamente ese sobre su escritorio cuando llegaron a requisarlo. Cierto que podía ser para preparar su defensa, como lo hizo al ser indagado hoy, pero también parece insinuado el envío de un mensaje. Los investigadores saben que Salmain mantuvo una relación estrecha con abogados de ese estudio jurídico. Suponen que quiso orejear esa carta y también mandar recados hacia arriba. En el sentido de que si él procedió de modo criticable en su decisión judicial, también lo hicieron quienes lo avalaron.

    ¿Por qué llegó acusado Salmain? Los cuatro fiscales que investigaron este caso sospechan que los 10 millones de dólares o parte de ellos comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso Atilla al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque. Whpei al declarar como arrepentido dijo que para habilitar la cautelar Salmain solicitó un retorno del 10 por ciento surgido de la diferencia de cambio entre los billetes tomados en el oficial y vendidos en el blue. Y que el encargado de negociarlo fue el escribano y lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche.

    Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf.

    En su descargo, que hizo junto a sus abogados Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, Salmain trituró a Whpei, a quien calificó como un «arrepentido serial». Dijo que su testimonio lo inventó a cambio de una promesa de no quedar detenido en una cárcel común. También alegaron que no basta en un caso de cohecho que el soborno se concrete, sino que el delito se comete cuando el funcionario pide la coima. Y que no hay ninguna evidencia de que él haya pedido nada.

    «Es una cuestión de interpretación eso. Para algo existen los valijeros, de modo que el funcionario no haga él mismo la transacción. Pero acá lo inusual fue la medida que tomó que para el BCRA y para muchos espectadores fue disparatada», comentó a LPO un abogado que analiza de muy cerca este pleito.

    El empresario Fernando Whpei.

    Salmain plantea que la resolución similar que dio también en 2023 al pool de empresas que compraron La Capital encabezadas por el empresario Gustavo Scaglione (Comunicación 3SA) fue avalada por los camaristas Aníbal Pineda y Silvina Andalaf y la disidencia de Fernando Barbara. En esa demanda mera declarativa los abogados solicitaban al Banco Macro la venta de 2.282.000 dólares para pagar al Grupo América por la transferencia de La Capital Medios SA. El Banco Macro rechazaba el planteo. Salmain hizo lugar al pedido de La Capital.

    El BCRA demolió al juez Salmain por autorizar una venta de USD 10 millones cuando regía el cepo

    Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación este caso. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares en distintas jurisdicciones ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial en el mercado libre ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. «Se quiere disfrazar la maniobra con una mentira de patas cortas. Sobre todo porque en el caso que se cita (el de La Capital) el demandado no es el Banco Central sino el Banco Macro. El Central solo es citado como tercero».

    Salmain dijo ser blanco de una campaña de persecución, de un armado donde situó como instigadores a algunos medios de prensa, en particular a LPO por las notas publicadas en torno de sus actos públicos. Afirmó que no se había pedido diferir la indagatoria que se hizo este martes por problemas de salud de los que dijo no estar repuesto pero que lo hizo, por zoom, por su obligación institucional. Adujo que su temperamento como juez es resolver con celeridad extrema y que eso acarrea malestar entre sus colegas que alimentan la adversidad en su contra.

    Fuentes del BCRA consideraron una estratagema defensiva traer a colación el caso de La Capital. Indicaron a LPO que si bien hubo medidas similares ante demandas de firmas que pedían comprar dólares a precio oficial, ninguna fue como la del fideicomiso Attila donde el BCRA quedaba obligado, por la resolución de Salmain, a entregar dólares billetes en efectivo. 

    Los fiscales Juan Argibay Molina, Federico Reynares y Sergio Rodríguez habían solicitado que se indague a Busaniche, Whpei y al juez Salmain «por haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de USD$10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario».

    Los fiscales señalaron Busaniche, por su aporte operativo, y el Salmain, por su aporte como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares. Es así que, para cumplir con el plan criminal, dijeron, Salmain se reunió previamente con Whpei al menos una vez en su despacho el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre su viabilidad técnica solicitando que lo demás lo arreglara con Busaniche.

    El juez a cargo de la indagatoria, Carlos Vera Barros, tiene diez días para resolver la situación procesal, vale decir procesar o dictar falta de mérito. Le mantuvo el estado de libertad lo que es una formalidad a derecho porque a Salmain lo amparan sus fueros como juez que le dan inmunidad de arresto.

     

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