Chubut y Córdoba reclaman más diálogo con el gobierno nacional

Chubut y Córdoba reclaman más diálogo con el gobierno nacional

 

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Córdoba, Martín LLaryora, coincidieron en que el país debe avanzar hacia reformas estructurales, pero exigieron que se realice en un marco de diálogo entre el Estado nacional y las provincias. En una presentación en el 61° Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata, pidieron que el gobierno nacional “debe sentarse a negociar con las provincias”.

“Hay que ir a una reforma fiscal buscando competencia y que cada uno cobre y perciba para cumplir por las funciones que está ofreciendo”, señaló el mandatario de Córdoba.

A su turno, Torres consideró que “es un momento fundamental para debatir una reforma fiscal”.

Torres apuntó al gobierno por no enviar los fondos que recauda y que tienen asignación específica, como por ejemplo los fondos en educación y salud

En similar sentido, Llaryora advirtió que la discusión debe ser franca y equitativa”, pero enfatizó: “No veo una actitud del gobierno clara y honesta en este tema”.

“El gobierno está recaudando más y no cumple con sus obligaciones. Apuntó a lo que sucede con las jubilaciones, salud y la falta de inversión en infraestructura”, afirmó.

Llaryora indicó que “tiene que haber un marco general de país y sobre ese marco hacer las reformas”.

Al mismo tiempo, marcó que cualquier reforma debe tener como objetivo incentivar la inversión, la producción y el trabajo porque “cualquier modelo debe estar fundado en la sostenibilidad social”.

El gobernador de Córdoba se quejó de que desde el gobierno “no se habla de producción, ni de inversión, ni de como generar trabajo”.

Llaryora insistió en que “las provincias productivas necesitamos las reformas”.

En el orden político, Torres pidió “desdramatizar” el resultado de las elecciones y se quejó de que todo se “focalice en la vocación de poder sin saber para qué”. Al mismo tiempo, pidió salir del “oportunismo político de la coyuntura”.

Llaryora consideró que el 26 de octubre “va a haber una señal fuerte de que alguna modificación” y afirmó que “surgirá la tercera fuerza con Provincias Unidas”.

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  • Caso Andrés Nuñez: niegan la prisión domiciliaria a uno de los policías condenados

     

    Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).


    A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

    A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

    «Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

    Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

    La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

     

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  • Murió un camionero tras volcar y caer por un barranco en la Ruta 237

     

    Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el kilómetro 1542 de la Ruta Nacional 237, en Neuquén. Un camión de carga que transportaba frutas y verduras volcó después de que su conductor perdiera el control del vehículo, cayendo por un barranco hasta quedar en la sub-banquina, lo que provocó la muerte del hombre en el lugar.

    Según las primeras informaciones, el chofer, de 33 años y oriundo de Bariloche, había viajado a la capital neuquina para cargar mercadería y se dirigía nuevamente hacia la ciudad rionegrina cuando, por causas que aún se investigan, el rodado salió de la calzada.

    Ubicación del accidente, a kilómetros de Piedra del Águila.

    Bomberos de Piedra del Águila, efectivos de Tránsito de la Policía provincial y personal de Gendarmería Nacional trabajaron en el sitio para asistir la emergencia, asegurar la zona y ordenar el tránsito. Se aguarda el arribo de peritos de criminalística para establecer las circunstancias exactas del siniestro.

    Las autoridades pidieron a quienes circulen por la ruta extremar la precaución, reducir la velocidad y mantener la atención al volante. Las rutas neuquinas, especialmente en zonas de montaña y con tránsito de carga, exigen máxima responsabilidad para prevenir nuevos accidentes.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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  • Un hombre se hizo pasar por policía y ofrecía alquileres baratos en Cipolletti

     

    Una vecina de Cipolletti logró evitar ser víctima de una estafa luego de descubrir que un hombre, que se hacía pasar por policía federal, intentaba engañarla con un supuesto alquiler. La maniobra se desarrolló a través de WhatsApp, donde el sospechoso utilizaba una foto institucional y un discurso cuidadosamente armado para ganarse la confianza de sus posibles víctimas.

    El contacto se originó a partir de una publicación en el grupo de Facebook “Alquileres Cipolletti”, donde un usuario ofrecía departamentos “de dueño directo” a precios llamativamente bajos. Tras iniciar una conversación privada, el hombre, que se presentó como Iván López, aseguró tener disponible un departamento en Mariano Moreno al 500, con opción de contrato anual o mensual y por un valor de $500.000 mensuales. También envió fotografías del supuesto inmueble y destacó que el edificio contaba con ascensor, escaleras y buena ubicación.

    Durante el intercambio, el falso agente dijo trabajar “en la ciudad de Zapala como policía federal” y afirmó que necesitaba solicitar un permiso a su superior para viajar y mostrar la propiedad. Luego, pidió una seña de $30.000 para “reservar la visita”, prometiendo devolver el dinero si el interesado desistía del alquiler.

    Finalmente, la mujer decidió bloquear el número y alertar sobre el intento de estafa, lo que impidió que se concretara un nuevo fraude en la ciudad. Sin embargo, el número de WhatsApp continuó activo, y el estafador incluso modificó su foto de perfil por una imagen institucional de la Policía de Neuquén.

    ¿Cómo operan los estafadores?

    Una modalidad delictiva en crecimiento. Los delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales. En la mayoría de los casos, piden transferencias anticipadas con la excusa de “asegurar la visita” o “cubrir gastos administrativos”, y luego desaparecen.

    Las autoridades recomiendan no transferir dinero o compartir información ante sospecha y denunciar de inmediato cualquier intento de fraude en la comisaría más cercana o ante la Defensoría del Pueblo, que recibe consultas al 0800-999-3776.

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  • Se conocieron detalles de más allanamientos por el triple femicidio

     

    Dos allanamientos se realizaron en las localidades bonaerenses de Isidro Casanova y Florencio Varela por el triple femicidio narco de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, donde las autoridades expresaron que, pese a que no hubo detenidos vinculados al caso, sí se logró obtener “datos valiosos y nuevos informantes”.

    El primer operativo fue llevado a cabo, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, en Florencio Varela donde la Policía buscaba a la persona que la organización narco contrató para hacer el pozo el pasado viernes 19 de septiembre donde días después encontraron los tres cuerpos.

    Fuentes del caso explicaron que se llegó a ese domicilio por el testimonio de un chofer de una aplicación de viajes que llamó a la Policía y dijo que ese viernes por la noche llevó a una persona desde la casa donde asesinaron a las jóvenes hasta su domicilio y que estaba “embarrada y transportaba una pala y un parlante”.

    Aunque no pudieron hallarlo en su vivienda, sí se encontraron nuevos datos que ya fueron aportados a la causa, así como también informantes que resultaron aprehendidos, no por el homicidio, sino para que den más noticias.

    A su vez, en medio de ese operativo, una vecina del buscado se acercó a los agentes y les comentó que hace un tiempo le había pedido al sindicado que le haga un trabajo en su casa y que, después de tanto tiempo, el joven aceptó y días atrás le trajo varias herramientas, pero nunca más apareció.

    “La mujer declaró y entregó todas las herramientas, como la pala que había informado el chofer de la aplicación”, indicaron.

    Mas tarde se concretó la pesquisa en Isidro Casanova en un complejo de departamentos donde en alguna ocasión vivó “Pequeño J”. En el lugar se encontró a quien en un momento fue su novia, quien en estos momentos está aportando información de relevancia a la causa.

    “Sabemos que salta de departamento en departamento y que cambia de ubicación todo el tiempo. No pagó nunca con billeteras virtuales para que no lo identifiquen, ni se sepan sus movimientos”, detallaron.

    Aunque tampoco hubo detenidos en este operativo, sí secuestraron un arma cargada con trece balas y hallaron cajas con 50 municiones.

    Se sumaron a la lista de la secuestrado cuadernos con anotaciones; cartas; el DNI de un hermano, primos y tíos; también trasferencias en dólares a Perú a un hombre mayor con su mismo apellido y hasta un DNI cortado que sería utilizado para trucar su identidad.

    Por último, se comprobó que es “Pequeño J” y el primer peruano detenido son del mismo pueblo, por lo que se constató que se conocen desde hace años.

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  • Detuvieron a un hombre por “amenazar” a Milei: sólo le encontraron libros del Che Guevara

     

    La excusa del Gobierno y sus aliados judiciales es que el hombre ejerció “intimidación pública” a través de un tuit. Pero ocultan el supuesto posteo y la identidad del detenido. Sólo hay “pruebas” de que lee libros. Escandaloso. Si Milei fuera juzgado por intimidar vía X, ¿qué pena le cabría? Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).


    Según la escueta información oficial difundida por medios afines a La Libertad Avanza, este jueves por la noche un hombre de 37 años fue detenido en el partido bonaerense de Berazategui, acusado de supuestamente “amenazar” al presidente Javier Milei a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

    La versión dice que la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires “investigó” supuestas amenazas virtuales contra Milei y pudo dar con el paradero de su autor, al que finalmente ubicaron en una vivienda de la calle Vergara de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires.

    La causa se tramita en Comodoro Py, más precisamente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que conduce el juez Ariel Lijo, quien viene de fracasar en su intento de alcanzar la cúspide judicial como miembro de la Corte Suprema. Para lograr la detención del imputado también intervino el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella. El cargo contra el detenido, siempre según la información difundida por las huestes de Patricia Bullrich, es por “intimidación pública” y el hombre quedó detenido (aunque no incomunicado).

    ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

    Hay una regla básica del periodismo conocida como Las 5 W: toda noticia debe responder a las preguntas ¿qué? (de qué hecho se trata), ¿quién? (protagonistas), ¿dónde? (lugar del hecho), ¿cuándo? (en qué momento pasó) y ¿por qué? (causas concretas que llevaron al hecho). Las W hacen referencia a esas preguntas en inglés.

    En Argentina y el mundo ya es normal que las corporaciones dedicadas a la información y el entretenimiento ni se preocupen por responder con certeza a esas preguntas elementales. Ni siquiera apelan a compartir la incertidumbre con sus audiencias cuando las respuestas son esquivas. En este caso, se repite la historia.

    En una (nueva) muestra de precariedad periodística y apología de la represión a la disidencia que encara La Libertad Avanza, empresas como Clarín Infobae difundieron la versión prearmada por el Ministerio de “Seguridad Nacional”, sin siquiera hacerse preguntas básicas como cuál fue la supuesta amenaza del usuario de X contra Milei que habría “justificado” su detención.

    ¿Qué amenaza realizó el hombre de 37 años contra Milei? Hasta ahora ninguna fuente oficial lo dijo. Alcanzaría con compartir una captura del posteo en cuestión, pero ni siquiera eso.

    ¿Quién es el detenido? Sólo lo saben sus perseguidores, aunque es mayor de edad y el hecho por el que se lo acusa (un posteo en redes sociales) es demasiado menor como para pretender ocultar su identidad.

    ¿Cuándo y en qué contexto cometió esa supuesta “intimidación pública”? Nada por aquí, nada por allá.

    Persecusión política

    De lo que sí se ocuparon las “fuentes” oficiales es de difundir qué “elementos de interés para la investigación” fueron secuestrados en el domicilio donde se detuvo al acusado. Sin dudas, habría sobradas pruebas de que el hombre lee. Y no sólo eso, sino que entre sus lecturas favoritas están los libros de Ernesto “Che” Guevara. Un sujeto muy peligroso.

    Además de los libros del “zurdo”, se mostraron otras evidencias de la “criminalidad” del imputado: un teléfono celular, dos CPU y una notebook . Y se difundió un video del momento de la detención, donde se ve un amplio despliegue policial y el rostro del hombre está bruleado para que nadie lo pueda reconocer.

    La puesta en escena sería para coleccionar memes si no significara una amenaza directa de parte de las más altas esferas del Estado a libertades democráticas elementales. No sólo es un ataque a la libertad de expresión de un usuario de redes sociales, sino que se avanza más aún en la persecución a quien no piensa como el Gobierno y sus cómplices desean.

    La denuncia por “intimidación pública” está motorizada por Patricia Bullrich, quien parece estar más abocada a armar causas penales sin pruebas contra ciudadanas y ciudadanos que opinan por redes sociales o en las calles, que a terminar con el narcotráfico o la trata de personas.

    La misma figura de “intimidación pública” la usó este gobierno el año pasado, vía el fiscal federal Carlos Stornelli, para acusar a 33 personas detenidas arbitrariamente durante una manifestación frente al Congreso en repudio a la Ley Bases. Al poco tiempo, todos fueron sobreseídos y hasta la jueza María Servini le sugirió al fiscal bullrichista que investigue seriamente.

    Algo similar pasó en marzo de este año con decenas de detenidos en una de las regulares protestas de jubiladas y jubilados, también frente al Congreso. En aquella represión la Gendarmería de Bullrich intentó matar al joven fotorreportero Pablo Grillo. Este diario relató el caso de uno de los detenidos, el médico psiquiatra Alejandro Todaro, profesional del Hospital Bonaparte, a quien la ministra y sus secuaces acusaron de “barrabrava” para justificar su detención e imputación. Siempre sin la más mínima prueba, claro.

    Hay que pararles la mano

    A la ministra de “seguridad” le exita armar shows mediáticos, cargando todo el peso represivo del Estado con detenciones y causa penales contra quienes supuestamente “intimidan” al poder o, incluso, cometen actos rayanos con el “terrorismo”.

    En 2017, cuando ocupaba el mismo sillón ministerial, Bullrich mandó a detener a un joven que había difundido por Twitter un cantito de cancha muy entonado por entonces, que decía “(Mauricio) Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”. Mientras se ocupaba de esas persecusiones, bancaba a los criminales de uniforme que acabaron con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

    En 2024, cuando apenas llevaba un mes como ministra de Milei, la funcionaria mandó a detener a tres hombres en el marco de una “investigación” contra una supuesta “célula terrorista” que buscaba “atentar” contra edificios de la comunidad judía en Buenos Aires. A los pocos días fueron quedaron libres de culpa y cargo. No sólo no tenían nada que ver con algo de tamaña envergadura, sino que ni siquiera se conocían entre ellos.

    Son sólo algunos ejemplos de las burradas protagonizadas por Patricia Bullrich y sus falderos del Ministerio, como el mediocre abogado Fernando Soto. Pero no por bizarros dejan de ser peligrosos. Quien ejerce una verdadera “intimidación pública” permanente e impune es el propio Gobierno. Y sus víctimas, potencialmente, somos los millones que opinamos contra sus políticas de ajuste, hambre y miseria.

    Si expresarse libremente por las redes sociales fuera un delito merecedor de la condena implacable de la “Justicia”, ¿entonces qué pena les cabría a Javier Milei y su cohorte de trolls liberfachos, dedicados minuto a minuto a lanzar odioamenazas y demás ataques contra todo aquello que les molesta, lo que incluye el aval a las agresiones físicas protagonizadas por sus seguidores? De mínima, perpetua.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Detuvieron-a-un-hombre-por-amenazar-a-Milei-solo-le-encontraron-libros-del-Che-Guevara

     

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