La reciente transferencia de 872 millones de dólares en DEGs revela que el Gobierno de Milei no solo depende del FMI, sino que Washington se convirtió en su sostén financiero clave, condicionando la soberanía económica del país.
Un rescate disfrazado de ayuda
El Tesoro de Estados Unidos transfirió 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina, recursos que permitieron pagar un vencimiento de deuda con el FMI por 796 millones de dólares. Aunque oficialmente se presenta como una “venta”, el contexto muestra que se trata de un rescate encubierto, ligado a un swap financiero activado tras las elecciones. Esta maniobra evidencia que la estabilidad económica de la Argentina depende hoy más de Washington que de decisiones propias del Gobierno.
Intervención norteamericana antes y después del pago al FMI
Antes de transferir los DEGs, Estados Unidos compró cerca de 2.000 millones de pesos para contener la volatilidad del mercado cambiario. La asistencia se extendió a lo largo de todo el proceso, mostrando que el Tesoro norteamericano no solo aporta fondos, sino que dirige en buena medida la política financiera local, convirtiéndose en un actor central en la administración económica del país.
Un negocio rentable para EE.UU.
La ayuda financiera no es gratuita. La operación generó ganancias para el Tesoro norteamericano a través de intereses y retornos sobre los fondos en pesos, convirtiendo a la Argentina en un campo de pruebas rentable para Washington. Esto refuerza la idea de que la relación no es de colaboración, sino de dependencia con beneficios claros para Estados Unidos.
Una relación de dependencia estructural
La combinación de swaps de moneda, asistencia en pesos y pagos al FMI muestra que la Argentina de Milei está atrapada en un modelo de dependencia estructural. La autonomía económica del país queda comprometida, y cualquier ajuste o tensión externa puede repercutir directamente en la gestión del Gobierno, exponiendo al país a decisiones financieras dictadas desde el Tesoro norteamericano.
Riesgos y consecuencias
Esta dependencia tiene costos claros: limita la soberanía económica, aumenta la vulnerabilidad ante crisis externas y condiciona la política interna. La estabilidad de la Argentina está hoy ligada a los intereses de Washington, y el margen de maniobra de Milei para tomar decisiones propias se reduce cada día.
La transferencia de 872 millones de dólares en DEGs por parte del Tesoro de Estados Unidos deja en evidencia que el Gobierno de Milei sostiene su economía a expensas de Washington. La Argentina atraviesa un momento de fragilidad financiera estructural, donde la soberanía y la autonomía económica se ven claramente condicionadas por intereses extranjeros.
La inédita interna en la Bolsa de Comercio de Rosario que por primera vez en su hisotoria dirimirá su conducción en elecciones el próximo 27 de noviembre dejó al descubierto las diferencias en la institución.
Mientras que en el oficialismo le achacan a los opositores no haber tenido vocación de acordar y reclamar la presidencia, en la vereda de enfrente critican a la gestión por haber tomado una actitud complaciente y no haberse puesto al frente de los reclamos sectoriales:
«Tenemos que tener una institución a la altura de las circunstancias, una institución lobista que tenga sus comisiones técnicas, de estudios y que despúes ese material se utilice para resolver los problemas y transformar una gestión», explicó con ímpetu la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, que integra la lista opositora que encabeza Víctor «Fiti» Cabanellas.
Para los opositores a la gestión del actual presidente, Miguel Simioni, le faltó iniciativa para plantar bandera en temas estructurales que se están discutiendo como la Hidrovía; «la Bolsa de Comercio de Rosario tiene que estar liderando las negociaciones», dice Aramendi que tambíen cree prioritario avanzar en los corredores bioceánicos: «Ojo que Paraguay está planificando conectar el Pacífico con el Atlántico sin pasar por Argentina», advirtió la dirigente.
María Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario e integrante de la lista opositora que encabeza Fiti Cabanellas
Cabanellas armó una lista con representantes de diferentes mercados y negaron a LPO que detrás estén los ex directivos de Vicentín: «es lo que instala el oficialismo que no quiere discutir proyectos», dijeron.
La orden del día de la discusión nacional se completa con las reformas laborales y tributarias. Para la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario es una oportunidad formidable donde la Bolsa de Comercio puede poner a disposición sus cuadros técnicos pero también, insiste, su capacidad de lobby:
«El lobby es trabajar a puertas cerradas con los gobiernos y los políticos a todo nivel para llegar a soluciones de los problemas que arrastramos por décadas», explicó Aramendi que enfatiza en la necesidad de fortalecer la cadena productiva.
En ese sentido, hay unanimidad en el sector con la necesidad imperiosa de inversión estatal en obras de infraestructura para evitar inundaciones, crear reservas hídricas para épocas de sequía, mejorar las rutas y la logística, un listado inmenso de demandas que se arrastran desde décadas y que requieren planificación y presupuesto y la Bolsa de Comercio es la institución indicada para levantar esas banderas, dicen los productores que siguen a Cabanellas.
El lobby es trabajar a puertas cerradas con los gobiernos y los políticos a todo nivel para llegar a soluciones de los problemas que arrastramos por décadas
Desde la preparación de la tierra hasta el grano que se transforma en aceite, harina o viaja en la bodega de un barco, hay un mundo. Para la lista de Cabanellas es fundamental analizar toda la cadena de valor para que se beneficien todos los sectores que intervienen. De lo contrario, como sucedió cuando Milei suspendió el cobro de las retenciones que solo pudieron aprovechar las agroexportadoras.
«Hay una realidad que hay que cambiar. No todos los sistemas de comercialización son los suficientemente transparentes como deberían serlos», admitió a LPO un operador del mercado de cereales en el cóctel de fin de año que se hizo el jueves pasado.
«Es necesario impulsar nuevos mercados en minería, legumbres, tecnologías; es fundamental generar un mercado de inversiones para desarrollar cada uno de los sectores que tienen mucho que aportar», concluyó Aramendi.
El gobierno libertario no para de generar escándalos de corrupción.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El escándalo que sacude a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) expone irregularidades graves en la gestión de Luis Petri y deja al desnudo las contradicciones de la narrativa de austeridad del gobierno de Javier Milei. Contratos firmados sin aval del directorio, filmaciones de retiros de dinero en efectivo y represalias contra denunciantes configuran un cuadro que compromete a funcionarios y pone en tensión la credibilidad oficial.
Denuncias internas que destaparon el caso
El conflicto comenzó en agosto de 2025, cuando técnicos de FAdeA presentaron denuncias internas ante la gerencia de Asuntos Legales, Ética y Compliance, dirigida por Julia Enríquez. Los expedientes 1/2025 y 2/2025 dieron inicio a una investigación sobre pagos indebidos y la renegociación de contratos con empresas privadas.
El presidente de FAdeA, Julio Manco, asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla. Con antecedentes en HSBC, en la gestión de Mauricio Macri y luego en la órbita de Milei, Manco impulsó un giro en la conducción: menos controles, más discrecionalidad y una relación relajada con los mecanismos de aprobación institucional.
Contratos favorecedores y firmas irregulares
El primer alerta. señalan desde EnOrsai, se produjo con la renegociación de un contrato con Alta Aviación. Los términos originales, que establecían un alquiler de hangar por 10.000 dólares mensuales y 45 dólares por hora técnica, fueron modificados unilateralmente por Manco:
Alquiler reducido en un 80%
Hora técnica bajada a 25 dólares
Seis meses de gracia otorgados
El documento fue firmado únicamente por Manco, sin pasar por el directorio integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza, lo que en la administración pública representa una forma deliberada de eludir controles y revisiones jurídicas.
Retiros de efectivo y evidencia filmada
La situación escaló cuando se difundió la filmación de una secretaria vinculada al gerente comercial Pablo Salort retirando 10.000 dólares en efectivo de las oficinas de Alta Aviación. El pedido inicial era de 30.000 dólares, pero solo se entregó un tercio.
La grabación mostró que la operación no estaba vinculada a ningún trámite oficial y que la secretaria trabajaba como auxiliar privada de Salort, sin relación institucional con FAdeA. Salort renunció tras la difusión, un gesto que los denunciantes interpretaron como un intento de cortar la cadena de responsabilidades más que una admisión de culpa.
Patrón de irregularidades y represalias
El retiro de los dólares no fue un hecho aislado. La investigación interna reveló un patrón de operaciones irregulares: contratos con beneficios desproporcionados para empresas privadas, movimientos administrativos opacos y solicitudes de dinero en efectivo fuera de los canales oficiales.
Entre los denunciantes más activos se destacó Juan Ronco, del área de Ventas y Compras, quien detectó inconsistencias en acuerdos con Alta Aviación y Hangar Uno, beneficiarias recurrentes de decisiones sospechosas.
La reacción de Manco frente a quienes denunciaron las irregularidades incluyó intentos de despido y amedrentamiento, frenados por Enríquez, quien preservó las pruebas y elevó la documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, dirigida por Martín Camps.
Investigación oficial y repercusión mediática
El 23 de septiembre de 2025, FAdeA remitió toda la documentación a la OA, que abrió la investigación preliminar SISA Nº 23.563. El 14 de noviembre, la Oficina confirmó la apertura formal del expediente, manteniéndolo bajo reserva.
El caso se hizo público el 21 de noviembre, cuando los medios difundieron los detalles más sensibles: filmaciones, renegociaciones sospechosas, intentos de despidos y tensiones internas. Esto generó una alerta política directa sobre el ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo manejo del área ya había sido cuestionado por episodios previos como irregularidades en contrataciones por 50.000 millones de pesos y un allanamiento frustrado en IOSFA.
Contexto más amplio: corrupción estructural
El escándalo FAdeA no es un hecho aislado: se enmarca en un patrón de irregularidades en el Ministerio de Defensa, que incluye venta irregular de terrenos, maniobras dudosas en IOSFA, falta de transparencia en el uso de fondos y auditorías que revelaron deudas y faltantes.
La narrativa oficial del “Estado profesionalizado y eficiente” que el gobierno de Milei intenta instalar se desarma ante estos hechos, que muestran un sistema permeado por intereses privados, discrecionalidad y prácticas incompatibles con la austeridad pública.
Impacto político y conclusiones
El escándalo tiene un doble efecto:
Compromete la continuidad de Luis Petri, uno de los ministros más expuestos del gabinete.
Refuerza la percepción de que el ajuste libertario no eliminó la corrupción, sino que abrió nuevos flancos al reducir controles, desfinanciar áreas críticas y concentrar decisiones en pocos funcionarios.
Como señaló un experto en gestión pública consultado por Noticias La Insuperable, “la corrupción no desaparece por decreto; requiere controles reales, transparencia y funcionarios calificados”.
El caso FAdeA demuestra que el ajuste sin institucionalidad genera más discrecionalidad, más opacidad y más oportunidades para la corrupción, y que el gobierno de Javier Milei, lejos de erradicar estas prácticas, comienza a ser señalado como su principal garante.
Pablo Quirno decidió que Argentina no acompañe el documento de consenso de la cumbre del G20 en Sudáfrica. En una primera lectura se entiende que forma parte del alineamiento total e incondicional con Estados Unidos pero también aparecen elemento de tensión hacia dentro del gobierno.
El G20 tiene la particularidad de controlar con Sherpas, una suerte de representantes especiales en esos ámbitos que se dedican a negociar cada punto de todos los puntos de la agenda de la cumbre.
El Sherpa argentino es Federico Pinedo, quien sonó como posible Canciller impulsado por Mauricio Macri en un hipotético acuerdo de gobierno con Javier Milei luego de las elecciones. La sorpresiva victoria en las legislativas puso ese pacto bajo la alfombra y el gobierno decidió poner a los suyos en puestos claves. Así llega Pablo Quirno a la Cancillería.
Lo cierto es que la decisión de no acompañar el documento del G20 generó sorpresa en los sudafricanos.Vincent Magwenya, portavoz del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, fue consultado sobre la posición de Argentina por la Agencia EFE, y contestó que «el ‘sherpa’ argentino (Pinedo) ha estado aquí bastante tiempo».
«Ha participado en varias reuniones, así que resulta un poco sorprendente que Argentina no estuviera presente cuando los ‘sherpas’ consideraron que habían llegado a un acuerdo. Y una vez que los ‘sherpas’ llegaron a un acuerdo, sólo faltaba que los líderes en la cumbre ratificaran su acuerdo. Eso ocurrió», dijo Magwenya.
Antes de la firma, Magwenya adelantó a los medios que el texto reafirma que la Carta de las Naciones Unidas «sigue siendo el punto de orientación central para analizar y abordar las disputas, evitar el uso de la fuerza y comprometernos con la resolución pacífica de los conflictos». En esa línea, apuntó que que la declaración identifica «cuatro de los conflictos más graves del mundo: la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y Palestina».
El argumento del gobierno para no acompañar el texto fue una supuesta diferencia relacionada con el conflicto en Medio Oriente donde Argentina está fuertemente alineada a Israel pero lo que confirma Sudáfrica es una desautorización de Quirno a Pinedo.
Ha participado en varias reuniones, así que resulta un poco sorprendente que Argentina no estuviera presente cuando los ‘sherpas’ consideraron que habían llegado a un acuerdo. Y una vez que los ‘sherpas’ llegaron a un acuerdo, sólo faltaba que los líderes en la cumbre ratificaran su acuerdo. Eso ocurrió
El Canciller dijo en su discurso que «hemos señalado las líneas rojas identificadas con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes».
«Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad», señaló Quirno.
Federico Pinedo.
Según Quirno, el texto se centró en una «única dimensión de un territorio específico», lo que, a su juicio, «pasa por alto el contexto regional más amplio, el reconocimiento internacional de distintas entidades y las causas estructurales de la disputa».
Por su parte, el comunicado de Cancillería dice que «esta decisión argentina responde al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del G20, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto.
Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad
«Para la Argentina resulta esencial preservar la regla del consenso como fundamento de la legitimidad de las decisiones adoptadas en el marco del G20. En tal sentido, y tras varios días de negociaciones constructivas, nuestro país lamenta que se haya decidido considerar como aprobada una declaración sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina entre otros», continúa.
Asimismo, finaliza que «en lo que respecta al conflicto en Medio Oriente, la Argentina se diferencia del enfoque parcial reflejado en el documento, que omite el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos indispensables para el avance de un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado».
Federico Pinedo mostró su apoyo en redes sociales al discurso del Canciller y defendió la posición del gobierno con el documento pero lo cierto es que quedó expuesto ante los organizadores de la cumbre.
Este es un síntoma más de la relación del PRO con los libertarios que empieza a sentirse en la política exterior y se suma a las declaraciones de Mauricio Macri que pidió sostener el vínculo con China y dijo que él si pudo mantener los acuerdos con Xi Jinping a pesar de la presión de Obama y Trump.
El congelamiento de la relación con China también es un tema que preocupa a la diplomacia de la Cancillería que maneja el vínculo con el gigante asiático y de empresarios que temen que a los chinos se le termine la paciencia y eso genere severas consecuencias.
En esa línea, como adelantó LPO, Karina Milei suspendió una visita a la principal feria de China para acompañar a Javier Milei a la CPAC en Miami cuando había comprometido su visita por carta meses atrás.
Para renovar el swap, China le hizo tres pedidos al gobierno. El primero fue que Milei bajara el tono de su discurso contra China. Además, acordaron una visita del presidente a China. Milei pospuso la gira, pero la Argentina prometió enviar a Karina como una muestra de buena voluntad que la hermana presidencial incumplió. El tercer punto era la reactivación de las obras que habían quedado paralizadas y que tenían participación china.
Mientras tanto, la presencia de China en la economía argentina no para de crecer, pese a las promesas de Milei a la administración Trump. Las importaciones chinas saltaron 66% en el último año, fábricas completas llegan en barcos y hay nuevas adquisiciones en yacimientos mineros.
La Policía Federal brasileña arrestó esta mañana a Jair Bolsonaro. El argumento de Alexander de Moraes fue el riesgo de fuga ante al convocatoria de su hijo, Flavio, a una vigilia en su favor para la noche del sábado.
Por eso, el ex presidente fue llevado a una celda de la Policía Federal y dio por finalizada el régimen domiciliario que cumple desde el 4 de agosto como medida preventiva antes de la condena a 27 años por intento de golpe de estado.
El juez también ordenó que no se usaran esposas ni se produjera exposición mediática. La Policía Federal llegó al domicilio de Bolsonaro alrededor de las 6 de la mañana, en una caravana de al menos cinco vehículos y trasladaron al ex jefe de estado a la sede de la Policía Federal, donde permanecerá recluido en un espacio con cama, baño privado y mesa.
Según publica Folha de San Pablo, Bolsonaro sollozaba, pero se mantenía tranquilo al momento de su arresto. «Es INCREÍBLE. Un sábado. Con su salud completamente comprometida. VERGONZOSO», escribió Fabio Wajngarten, jefe de comunicaciones del expresidente y uno de sus asesores más cercanos.
Esta es la primera vez en la historia del país que un expresidente es castigado por el delito de organizar un complot para aferrarse al poder luego del proceso electoral y por eso deberá cumplir la pena de 27 años de cárcel. También fueron condenados en el juicio, con penas que van de 2 a 26 años, los otros siete acusados en el llamado núcleo crucial de la trama golpista, todos exfuncionarios de alto rango del gobierno del expresidente.
Es INCREÍBLE. Un sábado. Con su salud completamente comprometida. VERGONZOSO
La decisión de aplicar la prisión preventiva a Bolsonaro no aplica, por ahora, a los demás condenados, ya que no está vinculada al agotamiento de los recursos para el cumplimiento de la condena.
Pero Bolsonaro también fue declarado culpable de los delitos de organización criminal armada, abolición del Estado de derecho democrático, daños agravados a la propiedad pública y deterioro del patrimonio histórico con una condena de 24 años y nueve meses de prisión y el resto en prisión preventiva. En efecto, el régimen inicial para el cumplimiento de la condena debe ser cerrado y su pena máxima podría alcanzar los 43 años de prisión.
También se aplicó un período de inelegibilidad de ocho años a todos los condenados, a partir del final de su condena. Bolsonaro ya tenía inhabilitado para postularse a un cargo público hasta 2030 debido a condenas por abuso de poder en el Tribunal Electoral. Tras la condena de este jueves, Bolsonaro queda inhabilitado hasta 2060.
Sede de la Policía Federal este sábado.
El viernes, la defensa de Bolsonaro solicitó a la Corte Suprema de Justicia que mantuviera al expresidente bajo arresto domiciliario por los problemas de salud que afectan al ex presidente y hablaron de «riesgo para la vida». Solicitaron que el expresidente permaneciera en su domicilio, donde ya se encontraba bajo arresto domiciliario.
«Lo cierto es que la alteración del arresto domiciliario que actualmente cumple el peticionario tendrá graves consecuencias y representa un riesgo para su vida», dice un fragmento de la petición. Se adjuntaron informes y exámenes médicos a la solicitud. El plazo para presentar nuevas solicitudes de aclaración, una posible apelación contra la condena, finaliza la próxima semana.
La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo
A partir de entonces, se podría decretar el cumplimiento de la pena en una prisión cerrada, pero Moraes optó por la prisión preventiva anticipada, alegando el riesgo de fuga y la violación de la tobillera.
«El Centro Integrado de Monitoreo del Distrito Federal informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la violación del equipo de monitoreo electrónico del acusado JAIR MESSIAS BOLSONARO, a las 00:08 del 22/11/2025. La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo», dice al fallo firmado por Alexander de Moraes.
En efecto, el traslado de Bolsonaro se produce en medio de las discusiones sobre el traslado a una cárcel común para el cumplimiento de la condena y, como adelantó LPO la semana pasada, dentro de las posibilidades estaba el alojamiento en una celda especial en la cárcel de Papuda en Brasilia, en la sede de la Policía Federal o una unidad militar.
Mientras esperan ser convocados por el peronismo para negociar el presupuesto 2026 que Axel Kicillof envió a la Legislatura, el PRO en el Senado trabaja en el armado de un bloque junto al radicalismo para próximo año.
En La Plata descuentan que el intendente de Junín, Pablo Petrecca, se sumará al bloque amarillo. Petrecca rechazó ser parte del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza y encabezó la lista de la alianza Somos Buenos Aires en la Cuarta Sección. Para que se sume al bloque le ofrecen nada menos que presidir esa bancada que podría llegar a unos ocho senadores.
Por el PRO quedan en sus bancas con dos años más de mandato, Marcelo Leguizamón, Juan Rico Zini, Jorge Schiavone y Alex Campbell. Leguizamón pasaría a ocupar una de las vicepresidencias. En tanto, no está claro si Campbell seguirá en las filas del PRO o si saltará finalmente a los libertarios. Todo indica que pasará a formar parte de las filas de Sebastián Pareja.
Resta saber qué hará Guillermo Montenegro. El intendente de Mar del Plata ya pidió licencia para asumir su banca en el Senado. Aunque había trascendido la posibilidad de saltar al gobierno de Javier Milei, esa posibilidad se disipó en los últimos días. Por lo pronto, Montenegro estuvo la semana pasada en la cumbre del PRO convocada por Mauricio Macri para evitar más fugas en el partido.
También se sumaría al bloque Natalia Quintana, una referente del radicalismo que responde a Miguel Fernández, y que ingresó por la alianza Somos Buenos Aires. También se sumaría Nerina Neumann, también del radicalismo, con dos años más de mandato.
El peronismo tendrá 24 bancas a partir del 10 de diciembre. Resta saber si todos confluirán en un mismo bloque o no. Ese número le permite contar con quórum propio para sesionar.
Luis Celillo y Marcelo Leguizamón.
En tanto, los dos tercios se consiguen con 31 votos. Ahí es donde gana fuerza el bloque entre el PRO y el radicalismo. Una bancada de ocho senadores será la llave para los proyectos que requieran una mayoría especial.
Resta saber si el bloque construye en el Senado con legisladores del PRO y del radicalismo puede replicarse en Diputados. El escenario no es tan sencillo. El PRO en la Cámara Alta está más ordenado que en Diputados.
El PRO tiene 10 bancas en la Cámara Baja, algunas responden a Diego Santilli que asumió días atrás como ministro del Interior del gobierno libertario. También hay legisladores que responden a Cristian Ritondo, que mantiene un diálogo abierto con Milei.
