El intendente de Morón Lucas Ghi envió al Concejo Deliberante la propuesta de presupuesto 2026 que hace eje en una fuerte inversión en salud, educación, cultura y deporte, a la vez que se intensifica el accionar en obras y en seguridad.
En tanto, la actualización de las tasas municipales irá al ritmo de la dinámica inflacionaria (30%) y se profundizará el proceso de optimización del gasto en la planta política. El proceso iniciado hace meses atrás permitió un ahorro significativo con la reducción a la mitad del Gabinete.
El proyecto hace hincapié en que se considera a la salud un «derecho básico de los habitantes» y por eso que es una «obligación del Estado garantizar el acceso universal y equitativo a servicios de calidad».
Para ello, el enfoque debe ser «conjunto» y que «incluya» a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en coordinación con otros de mayor tamaño como hospitales y unidades regionales.
En ese marco, se destaca al hospital Ostaciana B. de Lavignolle, de importancia significativa para la región, en el que se continuarán con las mejoras edilicias y de procedimientos administrativos en pos de una mejor atención para los pacientes.
Asimismo, apunta que las «demandas de la población sobre cuestiones de seguridad se han intensificado» y que los municipios «lejos de desentenderse de una temática de competencia provincial, se han involucrado cada vez más» y Morón «no ha sido la excepción».
«La coordinación de políticas con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y el acompañamiento económico para sufragar gastos operativos -se pone de relieve- fueron tomando volumen hasta incluir una flota de vehículos y personal municipal que realizan tareas preventivas, incluyendo a nuestra Guardia Urbana, de reciente creación».
Además, se ha dotado de mayores herramientas a las postas policiales descentralizadas, permitiendo que desde ellas se realice el monitoreo a distancia de los principales espacios públicos, y también se está reforzando su equipamiento para permitir una mayor facilidad de desplazamientos y rápidas respuestas en caso de emergencia.
Por último, el proyecto enviado al HCD sostiene que se tiene «muy en claro» que los habitantes del partido de Morón «están sintiendo en carne propia los efectos de la situación económica». Este cuadro «también repercute en las arcas municipales, en donde se reflejan a diario los mayores costos en materia de compras, contrataciones y adquisición de insumos.
«Por eso -se indica-, cualquier propuesta sobre tasas y derechos tiene que partir de una optimización de la política tributaria y de la lucha contra la elusión y la evasión fiscal».
Asimismo, se enfatiza que es un «desafío» de «responsabilidades que obliga a un esfuerzo permanente por parte del Departamento Ejecutivo y por ello en los «últimos meses se han producido varios cambios en el organigrama municipal, con la eliminación y o fusión de algunas dependencias y la creación de otras» en el marco de la «periódica modernización» y para «servir mejor a nuestros vecinos».
Lo mismo ocurrió con el Departamento Deliberativo, que hizo una reorientación de gastos para destinarlos a la salud, seguridad e infraestructura.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que la «tarea no fue sencilla» por el «delicado contexto social, económico e institucional que nos rodea». Así queda establecido en el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el próximo año que fue enviado al HCD, según lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.
El gobierno Misiones difundió una campaña para proteger a las especies protegidas de los accidentes en las rutas pero la cartelería tenía groseros errores. Los animales fueron ilustrados con cola larga y sin la característica trompa.
Fue el propio ministro de Ecología de esa provincia, Martín Recamán, quien difundió fotos de trabajadores de la provincia montando la cartelería de unos cuatro metros de alto por dos de ancho.
Los carteles alertaban sobre la presencia de animales y apuntaban a que los conductores reduzcan la velocidad. La intención no fue mala, pero el problema estaba en los dibujos de los tapires.
En las fotos se puede ver a una madre con su cachorro cruzando una ruta, pero la representación del tapirus terrestris es absurda. Lo que representan los dibujos se parece muy poco a un tapir. Hay algunos rasgos acertados en las patas, en las orejas y en la caja torácica, peor los problemas están en otras partes del animal como el hocico sin trompa y con grandes orificios nasales, y la cola larga y con penachos.
El tapir es el mayor mamífero terrestre de Sudamérica y fue declarado monumento natural de Misiones junto al yaguareté y el oso hormiguero, mediante la ley 2589 sancionada en 1988.
Los carteles generaron malestar en los misioneros que se quejaron en las redes sociales. Según el sitio Agencia Hoy, alertado por la situación, el ministro de Ecología borró todas sus publicaciones en las que difundía la actividad de «concientización» con los tapires.
El sitio cita fuentes anónimas del ministerio que se mostraron indignados con la fallida cartelería. «Son un desastre. Los tapires tienen una cola de 5 o 10 centímetros y una trompa prensil, que es característica de la especie», dijo esa fuente y agregó que «en general no hay muchos técnicos que colaboren en esa área y en la gestión de Recaman se mandan solos».
Sebastián Pareja cenó esta semana con senadores y diputados electos. No planteó definiciones respecto de la conducción de los bloques en la legislatura , pero se mostró como el líder de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Todo indica que Carlos Curestis seguirá al frente de la bancada libertaria en el Senado, mientras se espera una definición sobre la jefatura del bloque en la Cámara Baja. Todo indica que será Milei quien lo defina.
Curestis llegó al senado en 2024 cuando Pareja dejó su banca para saltar al Ejecutivo y asumir como subsecretario de Integración Socio Urbana. El senador es uno de los armadores políticos de Pareja en el sur del conurbano.
El martes, Pareja cenó con los senadores electos y salientes en un restaurante de Avellaneda. El jueves hizo lo mismo con los diputados. Según trascendió, estuvieron Agustín Romo y Nahuel Sotelo, referentes de la cúpula de Las Fuerzas del Cielo. No hubo definiciones, pero fue un gesto de unidad tras las tensiones entre ambos sectores de La Libertad Avanza por la derrota en la elección de septiembre.
Algunas versiones dan cuenta que Pareja y Romo se reunirán la semana próxima para reordenar el bloque. El triunfo en la elección nacional de octubre disipó un poco las tensiones. En el ecosistema libertario entienden que las diferencias tienen que quedar de lado en momentos en que el peronismo atraviesa una feroz interna en la Legislatura.
Los libertarios pasan de tener tres senadores a contar con 11 bancas a partir del 10 diciembre. En Diputados pasan de 12 a 20.
En tanto, desde el entorno de Guillermo Montenegro confirmaron que el senador electo asumirá su banca y se quedará en el bloque PRO. LPO adelantó que un sector del partido viene trabajando en un acuerdo con Javier Petrecca para ampliar el bloque amarillo.
El intendente de Junín no formó parte del acuerdo electoral al que llegaron Montengro, Diego Santilli y Cristian Ritondo con los libertarios y ahora lo tientan con la presidencia del bloque para que acerque a dos senadoras radicales. Se habla de un bloque de nueve senadores con una conducción alternada entre Petrecca y Marcelo Leguizamón.
Matías Ranzini y Agustín Forchieri.
LPO contó que en los últimos días la discusión por el endeudamiento que Axel Kicillof pidió a la Legislatura reflotó tensión en el PRO. Diego Santilli quedó en una posición incómoda con la creación de cuatro sillones más en el directorio del Bapro, un proyecto que los libertarios rechazarán de plano.
El Colo busca cuidar a Gustavo Coria, que asumirá en pocos días como viceministro del Interior, pero antes deberá votar en la Legislatura.
La situación de Cristian Ritondo es distinta. El diputado quiere aprovechar la posibilidad de un asiento en el poderoso directorio del banco. El candidato sería Matías Ranzini, un diputado de Zárate que termina su mandato en diciembre.
La condena por cobro de sobornos al jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal, dictada hace tres semanas, hizo pasar casi desapercibida una sentencia que lo favoreció en otro acto de corrupción aparente, en la que de manera incomprensible perdonó al empresario Sergio Taselli por uno de los mayores casos de contaminación ambiental en la provincia de Santa Fe, el envenenamiento de 23 hectáreas por derramamiento de gas cloro comprobado a Petroquímica Capitán Bermúdez.
Es un asunto sensible y estratégico para Santa Fe, en tanto implica un daño del ecosistema constatado por múltiples pericias en una zona densamente poblada, a cinco kilómetros de Rosario, donde está en juego además de la salud pública el destino de tierras multimillonarias sobre el río, que el Estado provincial podría recuperar.
Pero es muy sensible también para las instituciones de Santa Fe que hicieron todo para que este caso quedara impune con resoluciones polémicas, de dudoso valor jurídico y hasta inentendibles, que involucra a actores de peso. Hasta el día que asumió como ministro de Justicia de la Nación, el abogado de Taselli, acusado por la contaminación, fue Mariano Cuneo Libarona. Los fiscales de este caso dijeron en audiencia no tener dudas de cuál fue el motivo por el cual Serjal, condenado por cobrar coimas para proteger a un capitalista de juego clandestino, ordenó el fin de la investigación a este grupo empresario ni bien comenzaba.
Taselli dirigió desde 2004 una veintena de empresas que explotan la generación de energía, metalurgia como Aceros Zapla, maquinaria agrícola y sector agropecuario La situación que termina con el perdón al empresario y al ex fiscal regional Serjal, que había dado la orden de renunciar a perseguirlo, fue una batalla a cielo abierto en el que la Corte Suprema de Santa Fe tuvo un papel controvertido en extremo que sigue en discusión.
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Lo que pasó ahora es que el camarista penal Tomás Orso resolvió que el caso estaba prescripto. Esto en concordancia con el fallo de la Corte Santafesina que de una manera muy polémica aceptó un recurso de los nuevos defensores de Taselli, que de manera temprana, sin que hubiera lo que se llama gravamen irreparable porque la causa estaba empezando, dijo que correspondía revisar el caso y sostuvo luego que el tema no podía avanzar porque era cosa juzgada, contra todos los tribunales inferiores que opinaron lo contrario. Todo eso la Corte lo hizo dirimiendo un empate con un conjuez convocado en forma oscura.
La discusión judicial de este caso derrapó al bochorno y el escándalo. Pero lo que no resuelve la estructura jurídica que perdona a todos es el problema real, extraordinariamente grave, que es el de la contaminación comprobada que dejó la empresa de Taselli, el derrame del gas cloro. El caso judicial termina, nadie es culpable. Pero la grave crisis ambiental con acuíferos comprometidos perdura como problema escasamente atendido por las autoridades.
Los estudios de suelo realizados hace algo más de un año, pasados casi nueve de que una organización civil advirtiera el derrame, confirman niveles de polución graves originados por el tratamiento negligente de químicos altamente contaminantes en Petroquímica Capitán Bermúdez. Lo realizaron ingenieros de la UTN de San Nicolás.
El dictamen consta en el expediente 02102 0010468-8 de la cartera provincial de Medio Ambiente. Se consignan en el tomo quinto los exámenes sobre las muestras tomadas los días 16 al 31 de agosto de 2023 y las conclusiones de expertos de esa universidad. Indica que la fábrica elaboró durante años una gran cantidad de productos en base a cloro, solo o combinado, lo que en este caso último recibe el nombre genérico de compuestos organoclorados, que son muy persistentes para el medio ambiente y con altos niveles de toxicidad para el ser humano y el ecosistema.
El informe que recoge el dictamen técnico indica que el acuífero Pampeano, que se encuentra a una profundidad de 20 metros, «se encuentra severamente comprometido por presencia de compuestos organoclorados en concentraciones que superan lo reglamentado».
Petroquímica Capitán Bermúdez.
Esto es un problema actual que no resuelve el definitivo despegue de responsabilidad que realiza el camarista Orso. Que también favoreció a Patricio Serjal al desvincularlo del delito de encubrimiento, por el cual también estaba acusado el fiscal de Estado adjunto del gobierno del socialista Miguel Lifschitz, Gustavo Luzzini. Esto porque Luzzini consintió el cierre de la causa sin protestarla cuando tenía órdenes de Lifschitz de investigar a fondo e impulsar acciones contra los responsables del desastre ambiental.
Mariano Cuneo Libarona fue hasta asumir como ministro el abogado de Taselli, favorecido por la Justicia de Santa Fe.
Lo que dijo Orso básicamente es que no puede proseguir la investigación contra los tres responsables de Petroquímica-Sergio Taselli, su hijo Máximo Taselli y el directivo Matías Gallegos- ya que el fiscal Serjal ordenó archivarla lo que lo convirtió en cosa juzgada. Sin embargo jamás fueron juzgados los empresarios ni tampoco los funcionarios acusados de encubridores. Nunca nadie fue imputado ni hubo una investigación agotada. Y la sospecha es que eso, una contaminación enorme que persiste que le fue comprobada a una empresa poderosa, es porque como dijeron los fiscales en las audiencias corrió dinero para eso.
El camarista entendió que como hay una propuesta para remediar el daño ambiental en base a una conciliación entre la empresa denunciada y la provincia de Santa Fe la respuesta no debe ser meramente punitiva como pretendieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Orso tomó como válida la salida que dio Serjal al caso que es cerrarla con un principio de oportunidad que significa prescindir de la persecución penal. Es polémico porque Serjal tuvo esa discrecionalidad cuando está, como en este caso, comprometido el interés público, lo que prohíbe esa salida. Pero el camarista lo avaló cuando había un decreto de un gobernador que pedía investigar el caso hasta las últimas consecuencias.
En 2015 una organización no gubernamental y el gobierno santafesino advirtieron que Petroquímica Capitán Bermúdez operaba en instalaciones deterioradas, no aptas para la manipulación de esos químicos. Hubo inspecciones que evidenciaron falta de mantenimiento en accesorios, cañerías y tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas que se derramaron. Detectaron bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Un daño que no cesa
La compañía fabricaba gas cloro como principal producto, un gas venenoso con cualidades muy corrosivas. Su inhalación en pequeñas cantidades afecta las vías respiratorias. En el predio había presencia de sustancias altamente tóxicas en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas. Un perito oficial, el ingeniero Andrés Salum, verificó bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio, y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Serjal ordenó renunciar a la persecución al fiscal actuante para dar a los empresarios un criterio de oportunidad, lo que el juez Juan José Tutau, ante ese pedido, concedió. Otro magistrado, Carlos Gazza, consideró más tarde que ese fallo fue injustificable y lo anuló, lo que resultó avalado después por unanimidad por los camaristas rosarinos Georgina Depetris, Alfredo Ivaldi y Carolina Hernández.
Pero la Corte de Santa Fe consideró que la orden de Serjal de favorecer a Taselli con un criterio de oportunidad significaba una salida justificada al trámite penal. La situación quedó trabada con tres votos por lado: los ministros Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler a favor del pedido de Taselli. Y sus colegas Mario Netri, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco en disidencia. Hubo que convocar a un conjuez mediante un sorteo a puertas cerradas para dirimirlo. Se llamó al camarista Fernando Gentile Bersano. Con eso se desniveló en favor de lo que quería la empresa. La fiscalía que llevaba el caso no fue notificada ni de que se agregaba un votante al caso ni tampoco de lo resuelto.
Orso ahora dice que para el fiscal general Jorge Baclini, máxima autoridad al momento en que Taselli fue favorecido, le interesaba la remediación del ambiente más que la persecución penal. Esto generó la reacción en la apelación a la Corte Nacional del fiscal Schiappa Pietra. Este dice que no es cierto que para Baclini lo principal era la remediación y que no se puede omitir investigar a cambio de nada.
El hecho de que Orso destaque que el artículo 46 de la Constitución Nacional indica que el delito de daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer el ecosistema genera rechazo en los fiscales. Estos recordaron que un gobernador ordenó a los fiscales de Estado que denuncien un delito de contaminación ambiental en 2015. Que como consecuencia de eso se probó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que el de Petroquímica Bermúdez es el pasivo ambiental más importante de la provincia y compromete el suelo, el agua y el aire de 23 hectáreas a la vera del río Paraná en una zona pre portuaria de alto valor geopolítico económico. Que esto está probado por lo que son hechos y que todas las remediaciones fueron fallidas por lo que fracasó cualquier intento de solución del caso por medios alternativos a la cuestión penal.
Ese fracaso, dicen, implicó la imposibilidad de arribar a un acuerdo remediatorio de las consecuencias dañinas para la salud que la contaminación del predio causa. Dicen los fiscales que unos artículos más arriba del que cita el camarista Orso la Constitución Nacional indica que los delitos de corrupción son equiparables a delitos de lesa humanidad. Y que por ello irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si a nivel nacional el caso queda cerrado.
«Propuestas de remediación hubo en varios planes, lo que implicará trabajos de más de una década para intervenir en las vertientes del predio para que no desemboquen en el río, y también limpiar el terreno. Es algo muy costoso que es si duda fundamental para la solución del caso», le dijo a LPO el fiscal Schiappa Pietra. «Pero acá hay otro principio que es la reparación, económica y cómo es la salida punitiva. Nada de esto se discutió por lo que es irrelevante y equivocado jurídicamente pensar que porque hay remediación no se impulse la acción penal», dijo el fiscal contra el fallo del camarista Orso.
En la provincia de Santa Fe no están claras las acciones ni menos la energía política para resolver este pasivo ambiental que es el más importante en décadas. Desde la cartera de Medio Ambiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, a cargo de Enrique Estévez indicaron a LPO que hay tres líneas de reparación ambiental en este momento que son el desmantelamiento edilicio en Petroquímica Capitán Bermúdez, el saneamiento del suelo y de las vertientes de agua en el terreno de la empresa.
Los gobernadores peronistas que apuran un nuevo postkirchnerismo y sus pares de Provincias Unidas se ilusionan con la posibilidad de que los senadores que les responden confluyan en una suerte de interbloque federal. El objetivo sería juntar suficientes bancas como para superar en número a la UCR y disputar lugares en las comisiones parlamentarias.
La tarea no es sencilla y requiere, al menos, dos condiciones: que el nombre del grupo no sea el del frustrado sello electoral de Juan Schiaretti y sus socios políticos, por un lado, y que la articulación supere las desconfianzas cruzadas por el pasado reciente de todos, por otro.
Una fuente al tanto de las conversaciones le dijo a LPO que Carlos «Camau» Espínola y Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, intentan agregar bajo la configuración de interbloque a la neuquina Julieta Corroza, que hasta este viernes integró el gabinete de Rolando Figueroa, la tucumana Beatriz Ávila, que responde a Osvaldo Jaldo, y la salteña Flavia Royón, la legisladora impulsada por Gustavo Sáenz.
Royón y Sáenz funcionan como una suerte de nexo con el bloque Convicción Federal, presidido por el puntano Fernando Salino, pero integrado a su vez por el catamarqueño Guillermo Andrada, el riojano Fernando Rejal y la jujeña Carolina Moisés, quien goza de afinidad política con el gobernador de Salta.
En efecto, un senador le dijo a LPO que Sáenz le habría prometido a Moisés que Royón podría sumarse a su bancada pero, a su vez, habría ofrecido lo mismo al ex regatista correntino. El atajo más práctico para no incumplirle a ninguno acaso sea el interbloque. «Sáenz está entusiasmado con la chance de ser el primus interpares de los gobernadores peronistas que están contra Cristina y, por eso, le interesa juntar lo que tienen Misiones, Tucumán y Catamarca», explicó.
Sáenz le habría prometido a Moisés que Royón podría sumarse a su bancada pero, a su vez, habría ofrecido lo mismo al ex regatista correntino. El atajo más práctico para no incumplirle a ninguno acaso sea el interbloque.
De ahí que se haya convertido en el anfitrión de un encuentro con el tucumano Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el neuquino Figueroa este jueves, en la Casa de Salta. No es casual que una de las versiones de este sábado haya sido que Royón y Ávila formen un bloque juntas para asociarse a Camau y Vigo, pero ese desenlace todavía no está sellado.
Además, Espínola reclama al cuarteto de Convicción Federal que rompa con el bloque peronista de José Mayans y Juliana di Tullio, una jugada para la que no le faltan ganas a esos cuatro senadores pero que demoran en medio de discusiones y negociaciones en curso. «Lo que tienen que entender los gobernadores es que tienen que ser cautos porque de nada les sirve un senador en soledad, ni siquiera podrían meterlo en una comisión importante, pero si juntan número… alguno puede mojar con un legislador en Presupuesto o Asuntos Constitucionales», señaló uno de los armadores a LPO.
Espínola, Ávila y Atauche en el recinto.
La arquitectura para construir ese interbloque es compleja, porque hay senadores peronistas que no se sienten tan cómodos bajo la influencia de un armado compartido con gobernadores radicales y hay legisladores que temen cualquier cercanía con el peronismo.
Como sea, Espínola cuenta con el respaldo del gobernador Gustavo Valdés, que mantendrá a los dos senadores radicales de su provincia, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, en la UCR. El líder correntino, que por ahora dice que no está interesado en presidir el partido aunque se lo estén ofreciendo y suscribió a Provincias Unidas, ahora apuesta al medallista olímpico como su representante en ese espacio.
Si los gobernadores aspiran a tallar en las discusiones parlamentarias, tendrían que acelerar la articulación de un interbloque que los ubique como tercera minoría.
Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, por su parte, no acreditan ascendencia sobre ningún senador, mientras que el chubutense Ignacio Torres podría aportar la incorporación de Edith Terenzi o Andrea Cristina, si se va del PRO, o ambas. Es una incógnita aún si Claudio Vidal dispondrá que se sumen ahí los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, que suelen ser difíciles de contener y conducir.
Otra fuente al tanto de la situación le dijo a LPO que los actores «avanzan con cautela» y que «hay que esperar a febrero», una vez que pasen las extraordinarias y se definan las autoridades de la Cámara Alta. El dilema es que, para ese entonces, estarán conformadas las comisiones más apetecibles para el gobierno y la oposición. Por eso, las conversaciones entre gobernadores y senadores apuntan a que, si los caciques provinciales aspiran a tallar en las discusiones parlamentarias, habría que acelerar la articulación de un interbloque que los ubique como tercera minoría.
Los peronistas Guillermo Andrada y José Mayans.
La cuenta es que el peronismo tendría un piso de 22 bancas, más las de los santiagueños Gerardo Zamora y Elia Moreno, que anunciaron que se apartarán del PJ con su Frente Cívico. Habrá que ver si quedan anexados como interbloque o no, al igual que los cuatro de Convicción Federal. El catamarqueño Jalil, que está representado allí por Andrada y también por Moisés, podría ser determinante para que Mayans lidere una tropa de 24 o 28.
La segunda minoría corresponde a La Libertad Avanza, con 20 miembros a partir del 10 de diciembre. Como la UCR estará integrada por 10 senadores, los gobernadores de Provincias Unidas y los peronistas anticristinistas podrían quedarse con la tercera minoría, si efectivamente alcanzan o superan las 11 bancas.
Ante la consulta de LPO, un gobernador peronista que todavía no rompió con Cristina ni siquiera condenó las tensiones y los deslizamientos que se producen en el bloque de senadores de Fuerza Patria. «Ya no hay ningún margen de negociación, no queda mucho más que ensuciarse para cuidar las provincias. Llegó la era de los kamikazes», contestó.
La salida de Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri de la Oficina Anticorrupción profundiza la crisis que gira en torno a las presuntas coimas del 3% para Karina en la ANDIS. El funcionario, ya señalado en una investigación de Noticias La Insuperable por su vínculo con Miguel Ángel Calvete, presentó su renuncia en medio de un clima que huele cada vez más a encubrimiento, armas, listas manuscritas y negocios turbios con fondos destinados a personas con discapacidad.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un renunciante que ya venía manchado
La renuncia de Cordero Fabbri no cayó del cielo. Hace apenas unos días, Noticias La Insuperable expuso su nombre dentro de la lista manuscrita que manejaba Miguel Ángel Calvete, acusado de ser el operador central del denominado “choreo a los discapacitados” que dejaba un 3% para Karina. Con ese dato, Rodolfo Tailhade encendió todas las alarmas: el funcionario aparecía no solo en la lista de recaudadores sino también como abogado personal de Calvete en la causa donde este último terminó condenado por facilitación de la prostitución.
Esa doble condición —funcionario de la Oficina Anticorrupción y defensor del jefe del entramado— ya era, de por sí, un escándalo institucional.
La OA, la lista del “Tuco” y un cargo imposible de sostener
Según expuso Tailhade, la lista incautada a Calvete incluía nombre, apellido y rol de Cordero Fabbri, que desde 2014 integraba un área clave de la OA: Coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias. El mismo que debía recibir denuncias de corrupción aparecía, según la investigación, vinculado a quienes las cometían.
Como si esto fuera poco, su declaración jurada de 2021 consignaba ingresos patrimoniales en 1969, casi veinte años antes de haber nacido. Un registro absurdo, pero asentado oficialmente.
Mientras tanto, ni Alejandro Melik (titular de la OA) ni Mariano Cúneo Libarona (Justicia) movieron un dedo. Cordero Fabbri siguió en su cargo como si nada.
Hasta hoy.
Finalmente, la renuncia
En las últimas horas se confirmó que Camilo Cordero Fabbri dejó su puesto en la OA. Según trascendió, presentó su renuncia luego de que se multiplicaran los pedidos de explicaciones por su rol en el caso. El funcionario representaba jurídicamente a Calvete en la causa donde el operador recibió una pena de cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.
La presión mediática, política y judicial hizo imposible sostenerlo. La renuncia, sin embargo, no aclara nada: solo muestra que el gobierno intenta despegarse del escándalo cuando el agua ya llegó al cuello.
El caso ANDIS aprieta: Picardi avanza
El fiscal Franco Picardi investiga a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y a otros 14 implicados por integrar una organización que direccionaba las compras de las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), un área especialmente sensible porque maneja tratamientos quirúrgicos complejos y medicamentos biológicos para enfermedades raras.
Es decir: plata para las personas con discapacidad.
La acusación es clara: una estructura aceitada que recaudaba retornos, direccionaba compras y filtraba negocios para unos pocos. Y que, según las revelaciones ya conocidas, dejaba un 3% para Karina.
La caída de un engranaje no desarma la máquina
La renuncia de Cordero Fabbri puede leerse como un intento desesperado de Milei por despegarse de uno de los capítulos más oscuros de su gestión. Pero la estructura denunciada por Tailhade no depende de una sola persona: involucra funcionarios, operadores, abogados, ex directores y relaciones que vienen de años.
Como ya había mostrado Noticias La Insuperable, Calvete movía su red con total impunidad. Que uno de sus defensores fuera funcionario clave de la OA no fue un accidente, sino parte del mismo entramado.
La pregunta que queda flotando
Si un funcionario de la Oficina Anticorrupción aparece en listas de recaudación ilegal, tiene un patrimonio inexplicable, porta un arsenal de armas y oficia de abogado de quien lideraba el “choreo” en la ANDIS…
¿Quién controla a los que supuestamente controlan?
En un gobierno donde Milei grita que lucha contra la casta, lo que surge aquí no es épica libertaria sino una trama de complicidades, favores cruzados y silencios funcionales.
La renuncia de Cordero Fabbri no cierra el caso: lo agranda.
