Sociedad

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    A 80 años del aguinaldo: cuando el salario dejó de ser caridad y pasó a ser derecho

     

    En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.

    Por Alcides Blanco para NLI

    El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.

    Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.

    El decreto que desató la furia patronal

    El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.

    La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.

    No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.

    De conquista a derecho permanente

    Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.

    Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.

    Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.

    Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa

    A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.

    Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.

    El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.

    Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.

     

  • Ritondo presentó el amparo contra la designación de auditores que acordaron Máximo y Menem

     

    Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial

    El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

    Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.

    Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

    Martín Menem, en recinto.

    Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

    La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

    Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

    Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».

     

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    Internaron a Cristina en el Otamendi

     

    La expresidenta presentaba un dolor abdominal.

    Por la Redacción de NLI

    La expresidenta Cristina Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, a donde ingresó a partir del cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.

    Desde su entorno, señalaron en Ámbito, «Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio».

     

  • El fondo para despidos que propone Milei le cuesta a la Anses USD 3000 millones

     

    El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.

    La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.

    PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.

    En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.

    ¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

    Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».

    El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.

    Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.

    Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

    Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.

    Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.

    Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.

    Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.

    Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.

    Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.

    Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.

     

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    NICOLÁS PROMANZIO: Otro integrante de «Las Fuerzas del Cielo» al que no le interesan los cargos entra al gobierno

     

    Mientras el discurso libertario insiste con la épica del outsider y el desprecio por el Estado, el gobierno de Milei sigue poblando ministerios con militantes mediáticos propios. Esta vez, el beneficiado es un joven panelista de streaming, surgido del riñón de Las Fuerzas del Cielo, que asegura no interesarse por los cargos pero termina, una vez más, cobrando del erario público.

    Por Roque Pérez para NLI

    La agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, que tiene como principales referentes al propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y al diputado provincial Agustín Romo, suma un nuevo integrante dentro del Estado. Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual de La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini.

    Promanzio fue convocado por el teniente general Carlos Alberto Presti para incorporarse al Ministerio de Defensa, cartera que conduce tras la salida de Luis Petri. El propio streamer confirmó su desembarco, aunque evitó precisar funciones. “A partir de ahora voy a estar dando una mano y trabajando, no voy a profundizar en detalles”, dijo en La Letra Chica, el programa que conduce en Neura. Desde el oficialismo reconocieron que todavía no hay definición formal sobre su rol concreto.

    De Rosario al Ministerio, sin escalas ni concursos

    El nuevo funcionario libertario es oriundo de Rosario, Santa Fe, y se presenta como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral. Como otros cuadros de Las Fuerzas del Cielo, Promanzio logró un acceso directo al círculo de poder: incluso tuvo ubicación privilegiada en la presentación de los aviones de combate F-16, adquiridos por el Gobierno a Dinamarca.

    Fiel al libreto, Promanzio aseguró que “no le interesan los cargos”, pero que aceptó el llamado para colaborar con el objetivo de que “la Argentina vuelva a ser grande”, adaptación local del eslogan de Donald Trump que Milei repite como mantra. La frase resume, sin demasiados matices, la mezcla de nacionalismo retórico y subordinación cultural que atraviesa al mileísmo.

    En La Misa, Promanzio suele encargarse de informes vinculados a Defensa o geopolítica. El ciclo, que se emite de lunes a viernes de 21 a 23, funciona como una usina de bajada de línea oficial. Con Parisini como figura central, el programa opera como un “6,7,8” libertario, aunque sin humor ni diversidad de voces: un espacio destinado a ordenar el discurso del núcleo duro de Milei y a fogonear el fanatismo digital.

    Streaming, militancia y sueldos del Estado

    Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, La Misa se consolidó como uno de los símbolos de la llamada “batalla cultural”. Allí se legitiman ataques a opositores, se desacredita al periodismo y se construye una narrativa épica que justifica cada ajuste. El propio Javier Milei visita con frecuencia los estudios de Carajo, ubicados en Palermo, donde dialoga en un clima distendido con sus propagandistas preferidos.

    Por el programa también desfilan funcionarios en actividad, como el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, apodado “El Profe”, encargado de mezclar citas históricas, afirmaciones grandilocuentes y consignas ideológicas.

    La lista de militantes de Las Fuerzas del Cielo con cargos estatales es extensa: Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Lucas Luna, al frente de Intercargo; Nahuel Sotelo, que dejó la Secretaría de Culto para volver a la Legislatura bonaerense; y el propio Romo, jefe del bloque libertario en Buenos Aires. Todos predican el achicamiento del Estado mientras engrosan su nómina.

    A ellos se suman figuras periféricas del streaming como “Piro”, sobrino de Carlos Pirovano, y el youtuber Mariano Pérez, fundador de Breaking Point. El patrón se repite: militancia digital, fidelidad absoluta y premio en forma de cargo.

    El perfil empresario detrás del discurso antisistema

    Detrás del relato juvenil y rebelde, el nuevo funcionario responde a un perfil bastante clásico. Promanzio, de 23 años recién cumplidos, proviene de una familia acomodada de Rosario, vinculada al mundo del rugby. Es hijo de Carlos Eduardo Promanzio y Mariela Verónica Guidoni. Junto a su padre y su hermano menor, es dueño de CEPRO S.R.L., una distribuidora de alimentos. Además, creó con su madre RADAR AUSTRAL S.R.L., un sitio de noticias de política internacional desde el cual comercializa merchandising militar por internet.

    Nada demasiado disruptivo: empresa familiar, vínculos sociales sólidos y llegada directa al poder político. La diferencia es el envase: streaming, memes y consignas libertarias para justificar lo de siempre.

     

  • Orrego puso en funcionamiento la primera autopista solar de Argentina

     

    Marcelo Orrego anunció esta semana la primera traza nacional iluminada totalmente con energía solar, en la Avenida Circunvalación de la ciudad de San Juan. La obra coloca a la provincia cuyana en el mismo plano que otras jurisdicciones pioneras en el rubro, a nivel internacional, según fuentes de su entorno.

    En un comunicado de prensa, el gobierno de San Juan se comparó con el esplendor de países como Corea del Sur y Países Bajos. «San Juan puso en funcionamiento la primera ruta solar de la Argentina con un proyecto inédito que marca el rumbo de la energía sustentable del país y posiciona a la provincia cuyana en el mismo plano que regiones pioneras a nivel internacional, donde este tipo de energía ya forma parte de su diseño vial», informó a través de ese texto.

    El gobernador Orrego consideró la apuesta como «una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente y usando inteligentemente los recursos». A través de su cuenta en X, precisó que «serán 36 megaestructuras y 360 paneles solares que generarán energía limpia para iluminar toda la avenida y sus accesos», y agregó que «este proyecto marca un antes y un después en nuestra infraestructura vial, integrando tecnología, eficiencia energética y compromiso ambiental».

    La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), y ejecutada por la empresa Sergio Chiconi SRL. El sistema está compuesto por 36 generadores solares fotovoltaicos individuales de 5 kilovatios, montados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura y orientados al norte, distribuidos en los sectores I, II, III y IV de la traza de la Ruta Nacional A014, conocida como Circunvalación.

    Orrego destacó que la medida se inserta en la producción de «energía limpia» y la integra «a la infraestructura cotidiana, mejorando servicios y reduciendo costos». «Esta obra posiciona a San Juan en el mismo nivel que los lugares más avanzados del mundo en materia de energías limpias, y lo hacemos con recursos propios y trabajo sanjuanino», dijo.

    El proyecto movilizó a más de 80 trabajadores especializados, además de proveedores locales, ingenieros civiles y eléctricos, soldadores y metalúrgicos. En el gobierno sanjuanino aseguran que «más del 50% de los parques solares del país están en territorio sanjuanino, reafirmando el liderazgo de la provincia en la transición hacia una matriz energética más limpia, sustentable y eficiente».