Los chilenos votarán presidente el próximo domingo. El candidato de ultraderecha José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara cerrarán el proceso electoral que pone fin al gobierno de Gabriel Boric que comenzó en marzo de 2022.
Las encuestas desde el fin de la primera vuelta hasta acá no cambiaron y Kast se muestra con una abrumadora diferencia de aproximadamente 20 puntos. Esto confirmaría que la mayoría de los votos del resto de los candidatos de derecha de Chile irían el domingo para el líder del Partido Republicano.
El sector en disputa era el del outsider Franco Parisi que tendió algunos puentes con Jara pero la encuesta de Cadem publicada el 25 de noviembre indica que el 34 por ciento de los que votaron por Parisi en primera vuelta se iría a Kast, el 22 a Jara y 44 no sabe o no responde.
En ese contexto, por estas horas, en el entorno de Jara hay enojo con el gobierno de Gabriel Boric porque consideran que no bajó lo suficientemente el perfil y eso perjudicó a la candidata del progresismo.
Por estas horas, en el entorno de Jara hay enojo con el gobierno de Gabriel Boric porque consideran que no bajó lo suficientemente el perfil y eso perjudicó a la candidata del progresismo
Si bien Jara fue ministra de Trabajo de Boric, no es exactamente una candidata del oficialismo porque no forma parte de su partido y durante toda la campaña presidencial se esforzó para diferenciarse.
Jeannette Jara.
La última semana, Boric tuvo un nuevo cruce público con Kast y eso provocó la ira de Jara que terminó diciendo en público lo que repite en privado hace tiempo. «Que Boric se dedique a gestionar», fue la respuesta.
Que Boric se dedique a gestionar
La imagen negativa con la que dejará el gobierno Boric es superior al 60 por ciento producto de un proyecto que generó mucha expectativa pero se apagó antes de tiempo porque apostó todo a una reforma constitucional que fue rechazada.
Este panorama la deja a Jara tan solo con el núcleo de apoyo de los chilenos al proyecto de Boric, es decir, una base que le permite ser la mas votada en una primera vuelta fragmentada pero le impide construir una mayoría para ganar en la segunda vuelta.
En efecto, la polarización que Kast construye con Boric le conviene en términos políticos y deja a Jara en un lugar secundario y se sumisión al gobierno. Esa será la estrategia del líder de ultraderecha en el debate de esta semana en donde Jara buscará la última oportunidad de mostrar un perfil de autonomía que le sirva para despegar de las encuestas y dar la sorpresa el domingo.
A una semana de las elecciones todavía no hay ganador oficial en Honduras. El último conteo oficial del Consejo Nacional Electoral lo da al candidato de Donald Trump, Nasry Asfura, primero por una diferencia de 40 mil votos sobre el liberal Salvador Nasralla.
En ese marco, el gobierno de izquierda del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció fraude y anunció que no reconocerá el resultado.
La candidata oficialista, Rixi Moncada, dijo a través de un comunicado que «Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso».
Moncada afirmó que se había adulterado la soberanía nacional porque el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares fue manipulado en su código fuente.
«Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad», expresó la candidata.
El conteo de las actas electorales se interrumpió el viernes, en medio de una durísima disputa interna dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el representante en el órgano del oficialismo, Marlon Ochoa, y las del Partido Liberal y el Partido Nacional, Ana Paola Hall y Cossette Alejandra López, respectivamente.
Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso
Hasta ese momento, en el primer lugar figuraba el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por Trump, con 1.132.321 votos (40,19%). En segundo lugar se situaba Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, que sumaba 1.112.570 votos (39,49%), mientras que la oficialista Moncada estaba tercera con 543.675 votos (19,30%).
Este lunes la consejera Hall anunció que el recuento de votos proseguiría después de que se solucionaran los problemas técnicos que habían obligado a detener el conteo, que habían sido denunciados el domingo.
Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad
«Después de realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de una auditoría externa), los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados. Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo a la ley. ¡Seguiré informando!», escribió Hall en su cuenta de X.
El pedido de nulidad de las elecciones planteado por Libre causó amplio rechazo en los dos partidos de derecha que van adelante en el conteo.
Además, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, afirmó que ningún partido político puede declarar la nulidad de un proceso electoral, porque esa facultad le corresponde exclusivamente al CNE.
En declaraciones recogidas por el diario La Tribuna, Solórzano indicó que, al no cumplirse las causales del artículo 298 de la Ley Electoral, cualquier solicitud de nulidad debe declararse inadmisible conforme al artículo 300.
Ya valorando el pedido de Libre, Solórzano calificó su postura como antidemocrática y evidencia de falta de madurez política. El abogado recordó que la jornada electoral fue normal, que el pueblo hondureño votó masivamente y en paz, y que esa voluntad soberana debe respetarse.
Mientras la gestión sanitaria acumula fracasos —desde el caso fentanilo hasta la caída histórica en la vacunación que reabrió la puerta a enfermedades antes controladas—, Milei profundiza una reestructuración del Ministerio de Salud que concentra el poder en áreas administrativas, debilita la política sanitaria y abre de par en par la puerta a privatizaciones y tercerizaciones.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un Ministerio que deja de hacer política sanitaria y pasa a administrar un negocio
La nueva arquitectura del Ministerio de Salud, presentada hoy a través del Decreto 866/2025, expone una decisión política nítida: la salud deja de ser política pública y pasa a ser administración de recursos. Todo gira alrededor de lo administrativo, lo financiero, lo contable, lo legal y lo contractual.
Tal manifiesta el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión Administrativa se convierte en el verdadero centro de mando. Controlará el presupuesto, los recursos humanos, la infraestructura, las compras, la logística sanitaria, los sistemas informáticos, la seguridad de datos, las donaciones, los créditos externos, los sumarios y los convenios.
Ese esquema no es técnico: es ideológico. La salud como derecho queda subordinada a una estructura que responde más al mapa mental de una empresa que al de una política pública.
Y llega, además, en un contexto donde la gestión sanitaria de Milei ya mostró que, sin conducción política, los daños se pagan con vidas.
Una gestión que ya fracasó: fentanilo, vacunación en caída y brotes evitables
La reorganización del Ministerio bajo el mando de Mario Lugones no ocurre en el vacío: ocurre en medio de una gestión que ya está desbordada.
Caso fentanilo: la intoxicación masiva por fentanilo expuso gravísimas fallas en control, regulación, vigilancia epidemiológica y articulación entre áreas sanitarias y judiciales. La respuesta del Gobierno llegó tarde, sin estrategia y sin una coordinación mínima.
Vacunación en caída libre: se registró la peor cobertura de los últimos años, con faltantes periódicos y demoras en la distribución de dosis básicas del calendario nacional.
Regreso de enfermedades que estaban controladas: el descenso en la vacunación ya derivó en brotes de sarampión y un aumento preocupante de coqueluche, algo impensado para un país con tradición de inmunización fuerte.
Desfinanciamiento de programas: la merma en presupuestos y el vaciamiento técnico de áreas claves se sienten en las provincias, donde los hospitales denuncian falta de insumos, recortes y desorganización.
Todo esto ocurre antes de la nueva reestructuración. Ahora, con la salud sometida a un aparato administrativo gigantesco, la capacidad de respuesta sanitaria va a ser aún menor.
Centralización de compras y modelo PPP: antesala de privatizaciones
El nuevo diseño insiste obsesivamente en las compras. Entre la Secretaría y sus subsecretarías, las palabras que se repiten son adquisiciones, contrataciones, infraestructura, logística, auditoría, financiamiento externo, bienes y monitoreo financiero.
Esta hipercentralización crea un embudo donde todo pasa por el mismo lugar. Eso ralentiza, encarece y despolitiza la ejecución sanitaria, pero facilita otra cosa: la tercerización.
El texto lo dice sin rodeos: la Subsecretaría de Coordinación Administrativa tendrá competencias para intervenir en proyectos de participación público-privada, una autopista hacia la privatización de:
logística sanitaria,
compra de insumos,
infraestructura hospitalaria,
almacenamiento y distribución,
y parte de los programas nacionales.
En cualquier reestructuración neoliberal, la prioridad administrativa es siempre el prólogo del negocio privado.
La salud, para Milei, es un mercado. Y con este rediseño deja de disimularlo.
Sumarios y auditorías para disciplinar a quienes sostienen el sistema
La Subsecretaría Legal queda convertida en un órgano de control interno con dientes afilados: sumarios, recursos, supervisión de convenios, dictámenes, litigios, control documental.
En paralelo al ajuste, esto huele a disciplinamiento. En cada gobierno neoliberal, el recorte viene acompañado de un aparato punitivo para controlar a quienes sostienen el sistema: trabajadores, profesionales, técnicos, coordinadores de programas. Sin protección política, quedan a tiro de sumarios y recortes.
El mensaje interno es claro: obediencia o sumario.
¿Cómo le pega esto a la gente? Más costos, menos protección y un Estado retirado
El ciudadano común no ve un anexo administrativo. Ve consecuencias:
Medicamentos más caros, porque se pierde poder de negociación y crece la intermediación privada.
Faltantes de insumos, por embudos administrativos que ralentizan compras y entregas.
Programas de vacunación debilitados, en un país que ya vio cómo regresan enfermedades por falta de decisión política.
Menos capacidad de respuesta ante emergencias, como la intoxicación con fentanilo, que requiere coordinación real, no un organigrama de oficina.
Hospitales nacionales y provinciales desfinanciados, porque el ajuste baja por cadena lógica.
Privatización silenciosa de funciones esenciales, desde logística hasta infraestructura.
Un Estado que deja de proteger, porque cada área sanitaria queda subordinada a un filtro administrativo que no entiende —ni prioriza— la salud pública.
Este rearmado no mejora nada: agrava todo lo que ya salió mal.
La salud pública no es un Excel. La salud pública es territorio, vacunas, insumos, vigilancia, hospitales, profesionales y presencia del Estado. Milei logró lo contrario: una gestión que ya mostró su incompetencia y ahora se reorganiza para facilitar negocios privados y profundizar el desinterés por la salud de la gente.
Milei reordenó por decreto el corazón del Estado y dejó a un solo ministerio a cargo de la energía, el transporte, la obra pública, Vialidad, los organismos de control y hasta el sector nuclear. La concentración inédita de funciones anticipa tarifazos, privatizaciones encubiertas y una entrega abierta de áreas estratégicas que afectará de lleno a los argentinos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una arquitectura diseñada para el mercado
El Decreto 866/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reescribió de punta a punta la estructura del Ministerio de Economía y lo convirtió en un superministerio. Donde antes había áreas divididas entre producción, obra pública, transporte, minería, energía o infraestructura, ahora todo se ordena bajo un único mando político.
Según el nuevo organigrama, Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas, Infraestructura, Asuntos Nucleares y Agua quedan dentro del mismo paquete administrativo. También se incorporan organismos clave como la CNRT, la ANSV, la ANAC, el ORSNA, la Junta de Seguridad en el Transporte, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Agua y el Tribunal de Tasaciones.
El movimiento no es técnico: es político. Con esta estructura, el Gobierno se asegura que las decisiones sobre precios, subsidios, obras, concesiones, contratos, privatizaciones y energía dependan de una sola mesa, sin controles cruzados ni miradas divergentes. Un modelo estatal hecho a la medida de la desregulación.
Energía y transporte: lo que viene para el bolsillo
El rediseño de la Secretaría de Energía —con nuevas subsecretarías para electricidad, combustibles líquidos, gas y transición energética— arma el terreno para nuevos aumentos de tarifas, segmentación más agresiva y liberalización de precios.
La presencia de áreas específicas para cada mercado energético es funcional a un objetivo: acomodar regulaciones y contratos para que los valores finales reflejen “precios de mercado”, es decir, más altos. La estructura está pensada para que nada frene ese proceso.
En transporte será similar. La Secretaría de Transporte, que reúne trenes, colectivos, logística y aviación civil, aparece diseñada para reducir subsidios, avanzar hacia tarifas plenas y preparar nuevas concesiones. Con la CNRT y la ANSV bajo la órbita de Economía, el ministerio controla la regulación, la supervisión y la operación de todos los sistemas.
El impacto para los argentinos será concreto: boletos más caros, servicios más inestables y un avance de privados sobre rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.
Obras públicas: disciplina para gobernadores y un freno a la inversión
Al incorporar Obras Públicas, Vialidad Nacional, ORSEP y el Tribunal de Tasaciones, el superministerio queda a cargo de toda la infraestructura del país. Desde rutas y puentes hasta sistemas de agua, mantenimiento de represas y proyectos urbanos.
Esto le da a Milei, en la figura de Toto Caputo, un instrumento político directo: decidir qué provincia recibe obra, cuál no y cuáles proyectos quedan paralizados. En un contexto de recorte extremo, la obra pública será la herramienta para disciplinar gobernadores y avanzar con modelos de privatización de corredores viales, cobro de peajes o concesiones largas.
La nueva estructura no incorpora áreas para planificación o desarrollo federal, lo que confirma el enfoque: menos Estado, más mercado, menos coordinación territorial.
Sector nuclear: un giro silencioso que abre dudas
En un movimiento inesperado, el decreto crea la Secretaría de Asuntos Nucleares, con dos subsecretarías propias. El sector nuclear vuelve a tener rango político, pero sin el fortalecimiento técnico de siempre. La novedad es que la agenda se orienta a aplicaciones comerciales, exportaciones tecnológicas y articulación con empresas privadas.
Sin referencias fuertes a Atucha III, al CAREM o a la planta de agua pesada, el riesgo es claro: postergación de proyectos estratégicos, pérdida de capacidades del sistema científico y apertura a la participación privada en un área históricamente controlada por el Estado. Otro gesto de entrega en un campo donde Argentina es líder mundial.
Un Estado mínimo para un modelo concentrado
La reorganización del Ministerio de Economía no sólo cambia nombres: reordena el poder real. Concentra presupuesto, organismos técnicos, infraestructura, energía, transporte y minería en un único espacio político. No existe antecedente reciente de algo semejante.
Mientras Milei proclama achicar el Estado, la reforma hace lo contrario: lo centraliza. Pero lo centraliza para liberar precios, desregular mercados, acelerar privatizaciones y desplazar el rol público en áreas estratégicas.
Los argentinos verán sus efectos en el bolsillo, en las tarifas, en la obra pública frenada, en la infraestructura privatizada, en la energía dolarizada y en servicios básicos cada vez más caros y más lejos del control democrático.
El nuevo superministerio es, en los hechos, el Estado mínimo que sueña Milei: concentrado arriba, privatizado abajo y hecho a medida del mercado.
En la diminuta isla Sentinel del Norte vive uno de los últimos pueblos completamente aislados del planeta. Su historia, su modo de vida y su decisión de mantenerse lejos del mundo moderno abren un debate incómodo: ¿cómo se garantiza el respeto a los derechos humanos cuando un pueblo exige que nadie cruce su frontera?
Por Alcides Blanco para NLI
Un pueblo antiguo frente al mundo moderno
Los sentineleses habitan Sentinel del Norte desde hace al menos 30.000 o 40.000 años, según estimaciones arqueológicas sobre la ocupación del archipiélago andamanés. Son descendientes de las primeras migraciones humanas que salieron de África y siguieron rutas costeras por el Índico. Su aislamiento actual no es un retiro reciente: es un proceso de larga data marcado por la defensa del territorio y, probablemente, por la memoria colectiva de contactos violentos que sufrió la región tras la llegada de potencias coloniales.
A diferencia de otros pueblos vecinos —granandamaneses, jarawa u onge— los sentineleses lograron sostener su aislamiento, y eso les permitió mantener una continuidad cultural casi absoluta.
Cómo viven: lo que se sabe desde la distancia
La investigación sobre ellos es excepcional justamente porque evitan todo contacto. Lo poco que se conoce surge de observaciones a distancia, vuelos controlados y breves interacciones fallidas.
Algunas características aceptadas por la antropología:
Subsistencia por caza, pesca y recolección. Se los ha visto capturar peces, cangrejos y moluscos en aguas poco profundas. En tierra cazan pequeños animales y recolectan frutos del bosque.
Tecnología simple pero adaptada. Fabrican arcos largos, flechas de punta afilada y lanzas. Aprovechan con habilidad restos de barcos encallados para producir herramientas metálicas, sin que eso implique ningún tipo de cambio cultural mayor.
Viviendas ligeras. Usan estructuras pequeñas, techadas con hojas, aptas para un clima tropical sin estaciones marcadas.
Navegación de corto alcance. No emplean embarcaciones oceánicas, pero sí balsas o canoas sencillas que les permiten desplazarse por la zona de arrecifes sin alejarse de la isla.
Organización social imprecisa. No hay datos sobre linajes, jefaturas o sistemas de parentesco. Se observa una comunidad pequeña —50 a 150 personas— lo que sugiere grupos familiares extensos y cooperación permanente.
Ausencia de agricultura. No se han detectado cultivos ni señales de domesticación vegetal; dependen por completo del entorno natural.
Uso restringido del fuego. Se ha observado humo en algunas temporadas, lo que indica control del fuego, aunque no se ha documentado su empleo en grandes fogones ni trabajos complejos.
Su cultura, aunque desconocida en sus detalles, se mantiene íntegra porque nunca hubo imposición externa, ni colonización, ni misiones religiosas, ni programas de “integración”.
La política del no contacto
India mantiene una política estricta: prohibición absoluta de acercarse a Sentinel del Norte. El objetivo es doble: proteger a los sentineleses de enfermedades letales para las que no tienen defensas y evitar que turistas, aventureros o misioneros enfrenten ataques que son, en realidad, actos de defensa territorial.
Lo ocurrido en 2018 con el joven misionero estadounidense John Chau —muerto al intentar ingresar ilegalmente para evangelizarlos— dejó claro que cualquier intento de contacto forzado es un error ético y sanitario.
Derechos humanos: el derecho a la distancia
El caso sentineles pone en primer plano un derecho poco discutido: el derecho a no ser contactado, una extensión radical del derecho a la autodeterminación. Lo que en otros pueblos se expresa como autonomía territorial, en Sentinel es una frontera física y simbólica que no debe cruzarse.
Para los organismos internacionales y para los Estados, respetar los derechos humanos en este caso no implica intervenir, sino aceptar que la primera y única voluntad expresada por este pueblo es mantenerse aislado. Protegerlos implica garantizar que esa elección se sostenga.
Vecinos, asambleas socioambientales y familias de toda Mendoza iniciaron una caravana a pie de más de cien kilómetros para exigir que el Senado provincial rechace la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, respaldado públicamente por Milei.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una caminata que volvió a encender la defensa del agua
Desde las 8 de la mañana de este lunes, la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata se convirtió en el punto de partida de una nueva gesta popular: la “Gesta Libertadora por el Agua”, impulsada por la Asamblea por el Agua de Uspallata. Vecinos, ciclistas, familias y agrupaciones socioambientales se reunieron con una consigna que se volvió bandera en toda la provincia: el agua de Mendoza no se negocia.
La caravana, que reúne desde organizaciones territoriales hasta turistas que se encontraban en la zona, marcha rumbo a la capital provincial para llegar mañana, justo cuando el Senado iniciará el debate por la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, rebautizado por la empresa como PSJ Cobre Mendocino.
El objetivo es claro y directo: presionar al Senado provincial para que rechace el proyecto, considerado por los manifestantes como una amenaza grave para una región ambientalmente frágil y dependiente del agua.
Más de cien kilómetros para hacerse escuchar
La movilización recorrerá más de cien kilómetros a lo largo de dos días. El trayecto comprende:
Ruta 7, avanzando hasta Potrerillos.
Ruta 82, bordeando el perilago y atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, hasta desembocar finalmente en la capital.
Para sostener la marcha se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros, con agua, alimentos y espacios de descanso. La convocatoria continúa sumando adhesiones, incluidas asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este provincial, que realizan caravanas paralelas para confluir en la Legislatura.
El movimiento ambientalista mendocino considera esta protesta como una de las más importantes desde las históricas movilizaciones de 2019 en defensa de la Ley 7722, la norma que protege el agua frente a proyectos extractivistas de alto impacto.
El proyecto San Jorge y el respaldo de Milei
Mientras miles caminan para impedir su avance, Milei salió a defender abiertamente el emprendimiento minero. Según expresó, el proyecto aportaría una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. El mandatario, fiel a su estilo confrontativo, afirmó que para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña, siguiendo la línea de los últimos 25 años y estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo, apuntando directamente al peronismo.
Las asambleas, en cambio, insisten en que la explotación de cobre y oro en la alta montaña pone en riesgo la disponibilidad de agua en una provincia donde cada gota es estratégica. Por eso reclaman a los legisladores que voten en contra de la DIA y pongan freno a lo que consideran un retroceso ambiental de consecuencias irreversibles.
La llegada a la Legislatura está prevista para mañana por la mañana. Y allí, cuando los senadores abran el debate, la multitud mendocina les recordará algo que hace años es mandato popular: el agua vale más que cualquier negocio.
