Javier Milei descartó que el gobierno contemple algún plan de ayuda para los millones de argentinos endeudados. «Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse», los culpó.
Al igual que Luis Caputo, el presidente se desentendió de un problema que afecta al 12,8% de las familias argentinas, según el último informe del Banco Central. Según una encuesta de Opina Argentina, la mitad de los argentinos se endeudó para pagar gastos cotidianos, como la comida.
Milei dijo que el salto de la morosidad es un «problema entre privados». «¿Es correcto que yo le haga pagar a usted eso?», preguntó en una entrevista con Luis Majul.
El presidente sostuvo que «obviamente» los endeudados tienen responsabilidad y se mostró poco empático con la situación que atraviesan millones de argentinos. «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? Bueno», afirmó.
«Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Eso no está bien», agregó Milei y dijo que el gobierno «fomenta» que los bancos refinancien las deudas.
Los dichos de Milei están en línea con las declaraciones de Caputo, que sostuvo que «es un tema entre privados» y que los deudores tienen que hacerse cargo de sus decisiones. «Si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito… y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir», indicó el ministro de Economía.
«Tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco: ‘Si estás prestando plata al 10% mensual, los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague'», completó Caputo.
Según la consultora EcoGo, hay 20,9 millones de argentinos con algún crédito vigente, pero el dato más alarmante es que 5,8 millones ya registran atrasos mayores a 90 días.
Desde una plaza vacía y frente a un Estado que negaba la existencia de miles de desaparecidos, un grupo de mujeres comenzó una lucha que terminó convirtiéndose en uno de los movimientos de derechos humanos más reconocidos del planeta. La historia de las Madres de Plaza de Mayo no es solamente la búsqueda de sus hijos e hijas secuestrados durante la última dictadura cívico-militar: es también la historia de cómo la sociedad argentina construyó una memoria colectiva que transformó el dolor en una bandera de democracia, justicia y resistencia frente al terrorismo de Estado.
Por Redacción de NLI
El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres decidió hacer algo que en aquel momento parecía imposible: reunirse en el corazón del poder político argentino para reclamar respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. La Plaza de Mayo, escenario histórico de movilizaciones populares y acontecimientos políticos, se convirtió entonces en el lugar donde unas pocas madres comenzaron una protesta silenciosa contra uno de los aparatos represivos más violentos de la historia argentina. No tenían una estructura organizada, no contaban con respaldo institucional y muchas de ellas ni siquiera tenían experiencia política previa. Lo que las llevó allí fue una búsqueda desesperada: saber qué había ocurrido con sus hijos e hijas que habían sido secuestrados por las fuerzas represivas.
La dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 había instalado un sistema clandestino de persecución, tortura y desaparición forzada de personas. Mientras el gobierno militar sostenía públicamente que en el país no ocurría nada irregular, miles de familias recorrían comisarías, cuarteles, juzgados e iglesias buscando información sobre seres queridos que habían sido arrancados de sus hogares. La respuesta del Estado fue el silencio, la negación y, en muchos casos, la complicidad con quienes llevaban adelante los secuestros.
En ese contexto nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Aquellas mujeres comenzaron a encontrarse porque comprendieron que, aisladas, sus reclamos podían ser ignorados, pero juntas podían hacerse visibles. La decisión de caminar alrededor de la Pirámide de Mayo surgió porque las autoridades prohibían las reuniones públicas y les exigían “circular”. Aquella imposición terminó transformándose en una de las imágenes más poderosas de la historia argentina: una ronda que cada jueves desafiaba al miedo y demostraba que incluso frente a una dictadura era posible construir una voz colectiva.
El pañuelo blanco contra el silencio de la dictadura
Con el paso del tiempo, las Madres fueron convirtiéndose en un símbolo internacional de la lucha contra la impunidad. El pañuelo blanco que comenzaron a utilizar para identificarse entre ellas pasó a representar la búsqueda de verdad y justicia, pero también la resistencia de una sociedad que se negaba a aceptar que la desaparición de personas pudiera quedar enterrada bajo el silencio oficial.
La respuesta de la dictadura fue intentar desacreditarlas. Desde el poder se las presentó como mujeres manipuladas, exageradas o ajenas a la realidad política del país. Sin embargo, su persistencia logró romper el cerco informativo que el régimen había construido. Mientras los medios controlados por los militares intentaban mostrar una Argentina ordenada y sin conflictos, las Madres llevaban al mundo una denuncia que terminaría generando una enorme presión internacional sobre el gobierno de facto.
El reclamo de esas mujeres también expuso una de las características más profundas del terrorismo de Estado: no solamente buscaba eliminar físicamente a quienes consideraba opositores, sino también borrar sus historias, aislar a sus familias y construir una sociedad dominada por el miedo. Frente a eso, las Madres hicieron exactamente lo contrario: recuperaron nombres, reconstruyeron memorias y transformaron historias individuales de dolor en una causa colectiva.
De la resistencia a una política de Estado
Con el regreso de la democracia en 1983, Argentina inició un camino inédito en la región al decidir juzgar a los máximos responsables de la dictadura. El Juicio a las Juntas, realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue un acontecimiento histórico porque un tribunal civil juzgó a los principales integrantes de una dictadura militar por los crímenes cometidos desde el Estado.
Sin embargo, el camino hacia la justicia no fue sencillo. Durante los años siguientes, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida limitaron el avance de las investigaciones, mientras que los indultos otorgados durante la década de 1990 beneficiaron a numerosos represores condenados. Durante ese período, los organismos de derechos humanos continuaron reclamando que los crímenes de lesa humanidad no podían quedar impunes.
Esa lucha tuvo finalmente un punto de inflexión cuando la Justicia argentina declaró inconstitucionales esas normas y permitió la reapertura de los juicios. Desde entonces, cientos de responsables del terrorismo de Estado fueron juzgados y condenados, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a Argentina en un caso reconocido internacionalmente.
La experiencia argentina mostró que la democracia no solamente se construye mediante elecciones, sino también a través de la capacidad de una sociedad para revisar su pasado, reconocer a sus víctimas y establecer límites frente al abuso del poder estatal.
Una lucha que sigue interpelando al presente
La historia de las Madres de Plaza de Mayo continúa formando parte de los grandes debates políticos y culturales de la Argentina actual. Su recorrido, como ocurre con muchos movimientos históricos, también tuvo distintas etapas y discusiones internas, especialmente sobre el rol político que asumieron algunos sectores del movimiento con el paso de los años.
Pero más allá de esas discusiones, existe un hecho histórico difícil de negar: en el momento más oscuro de la Argentina contemporánea, cuando el Estado había utilizado su poder para perseguir y desaparecer personas, un grupo de mujeres comunes decidió enfrentarlo desde una plaza pública.
Su lucha trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en una referencia mundial para otros pueblos que atravesaron dictaduras, guerras o procesos de violencia estatal. Las Madres demostraron que la memoria no es solamente un ejercicio del pasado, sino una herramienta del presente para defender la democracia.
En un contexto donde periódicamente reaparecen discursos que relativizan los crímenes cometidos durante la dictadura o buscan equiparar responsabilidades entre víctimas y victimarios, la historia de las Madres vuelve a adquirir una importancia central. La construcción del “Nunca Más” no fue automática: fue el resultado de décadas de movilización, reclamos y resistencia de familiares y organismos de derechos humanos.
La ronda de las Madres de Plaza de Mayo comenzó como un pedido desesperado de un grupo de mujeres que buscaban a sus hijos. Con el tiempo se transformó en una de las expresiones más fuertes de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Su legado recuerda una verdad fundamental de la democracia argentina: cuando el Estado se convierte en instrumento de persecución, la sociedad tiene la responsabilidad histórica de exigir memoria, verdad y justicia.
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La Libertad Avanza tuvo una performance catastrófica en las elecciones municipales de Santiago del Estero y solo consiguió tres bancas de concejales entre las 194 que se pusieron en juego en toda la provincia.
Gerardo Zamora festejó los más de 60 puntos obtenidos en la capital. Allí, a pesar de una enorme inversión publicitaria, La Libertad Avanza cosechó poco más del 12% y quedó cerca del empate técnico con el macrista Facundo Pérez Carletti. Beatriz Yunez, la postulante libertaria había terminado su campaña junto a Iñaki Guiérrez y Eugenia Rolón.
La gran apuesta libertaria fueron La Banda y Termas de Río Hondo, pero en ambos municipios hubo fracasos rotundos.
En La Banda, el segundo distrito en importancia, hubo alta abstención y votó menos del 40% del padrón. Allí el Frente Cívico sacó más del 50% de los votos y ganó la ciudad tras 20 años de gobiernos peronistas. Los libertarios arañaron el 5%.
En Termas de Río Hondo el peronismo dio el batacazo y volverá a gobernar la ciudad tras 20 años de hegemonía del Frente Cívico. Los libertarios quedaron últimos con el 4,71%.
Tras la debacle libertaria, las miradas apuntaron a Tomás Figueroa, el armador de LLA apadrinado por Martín Menem. Figueroa consiguió videos de apoyo de Diego Santilli y Patricia Bullrich, pero no logró traducirlos en votos.
Los memoriosos recuerdan que en 2019 Figueroa fue el segundo mayor aportante a la campaña del Frente de Todos que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El actual armador libertario puso casi 40 mil dólares.
El 10 de octubre de 1927 comenzaba a funcionar en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, una iniciativa que colocó a la Argentina entre los pocos países del mundo capaces de desarrollar una industria aeronáutica propia. Durante décadas produjo aviones, motores, automóviles y tecnología nacional, formando generaciones de técnicos e ingenieros. Su historia es también la historia de un proyecto de país que apostaba a que el conocimiento, la industria y el Estado podían convertirse en herramientas de soberanía.
Por Redacción de NLI
En la Argentina del siglo XXI, acostumbrada a escuchar que casi cualquier desarrollo tecnológico debe venir desde afuera, puede resultar extraño imaginar que hubo un tiempo en que el país diseñaba y fabricaba sus propios aviones. Sin embargo, durante buena parte del siglo XX, Córdoba fue uno de los centros industriales más importantes de América Latina y la Fábrica Militar de Aviones (FMA) fue el corazón de un proyecto que buscaba algo más que producir máquinas: buscaba construir capacidades nacionales.
La creación de la FMA en 1927 no fue un hecho aislado. Formó parte de una etapa en la que distintos sectores del Estado argentino entendían que la independencia política también necesitaba una base económica y tecnológica propia. En un mundo donde las potencias industriales utilizaban el desarrollo científico como una herramienta estratégica, contar con una industria aeronáutica significaba reducir la dependencia externa y formar trabajadores especializados.
La elección de Córdoba tampoco fue casual. La provincia ya contaba con una tradición industrial y una ubicación estratégica dentro del territorio nacional. Alrededor de la fábrica comenzó a crecer un entramado de escuelas técnicas, proveedores, talleres y profesionales que convirtieron a la ciudad en un polo de conocimiento e innovación.
Durante sus primeras décadas, la producción estuvo vinculada principalmente a las necesidades de la defensa nacional. Pero con el tiempo la fábrica amplió sus objetivos y se transformó en un símbolo de una idea más ambiciosa: que la Argentina podía desarrollar tecnología propia y competir en áreas reservadas tradicionalmente a los países centrales.
De los aviones a la industria pesada
La etapa de mayor expansión llegó durante mediados del siglo XX, cuando la fábrica pasó a formar parte de un proyecto industrial más amplio impulsado por el Estado. Durante esos años, la FMA dejó de ser solamente una planta aeronáutica para convertirse en un complejo capaz de desarrollar múltiples ramas productivas.
Allí nacieron proyectos que marcaron la historia industrial argentina, como el avión Pulqui II, uno de los desarrollos aeronáuticos más avanzados de su época, diseñado con participación de ingenieros argentinos y especialistas internacionales. También surgieron experiencias vinculadas a la fabricación de automóviles, motores y maquinaria.
Uno de los capítulos más recordados fue el nacimiento del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1952, que permitió avanzar en la producción de vehículos nacionales. De sus líneas salió el Rastrojero, un utilitario pensado para el trabajo rural que se convirtió en un símbolo de la industria argentina y de la posibilidad de producir bienes adaptados a las necesidades locales.
Detrás de esos proyectos había una concepción económica determinada: la Argentina no debía limitarse a exportar materias primas e importar productos elaborados. El objetivo era construir una estructura industrial propia, capaz de generar empleo calificado y agregar valor dentro del territorio nacional.
El largo retroceso de una capacidad estratégica
La historia posterior de la Fábrica Militar de Aviones estuvo atravesada por los cambios políticos y económicos del país. Cada etapa modificó la orientación del complejo. Los golpes de Estado, las crisis económicas, los cambios en las políticas industriales y las transformaciones del modelo productivo fueron debilitando una estructura que durante décadas había acumulado conocimiento.
Con la llegada de las políticas de apertura económica de fines del siglo XX, muchas industrias nacionales perdieron protección frente a la competencia internacional. La reducción del papel del Estado como impulsor del desarrollo tecnológico afectó especialmente a sectores donde los tiempos de maduración son largos y las inversiones requieren planificación sostenida.
La fábrica pasó por distintos procesos de transformación hasta convertirse en FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), actualmente bajo control estatal. Sin embargo, su historia sigue siendo utilizada como ejemplo de una discusión que atraviesa a la Argentina: qué lugar debe ocupar el Estado en áreas estratégicas donde la iniciativa privada muchas veces no tiene incentivos para invertir.
Ciencia, industria y soberanía en el presente
El debate sobre la Fábrica Militar de Aviones vuelve a cobrar actualidad cada vez que Argentina discute su modelo de desarrollo. En los últimos años, las políticas de reducción del gasto público impulsadas por el gobierno de Javier Milei reabrieron una discusión histórica sobre el rol del Estado en la producción, la investigación y la defensa de capacidades nacionales.
Desde la mirada libertaria, muchas de estas estructuras son presentadas como gastos innecesarios que deberían quedar sujetos a la lógica del mercado. Sus defensores, en cambio, sostienen que existen áreas donde un país no puede depender exclusivamente de proveedores externos porque perder capacidades tecnológicas implica perder soberanía.
La discusión no es solamente económica. Un ingeniero formado en una empresa estatal, un técnico especializado o un desarrollo tecnológico propio representan conocimientos acumulados durante décadas. Cuando una estructura industrial desaparece, no solamente se pierde una fábrica: se pierde una comunidad de saberes difícilmente recuperable.
La experiencia internacional muestra que incluso los países que defienden economías de mercado sostienen fuertes políticas estatales en sectores estratégicos como aeronáutica, energía, semiconductores o defensa. La diferencia no suele estar en si existe o no intervención estatal, sino en qué objetivos persigue y cómo se administra.
La historia de la Fábrica Militar de Aviones es, en definitiva, la historia de una pregunta que Argentina todavía no resolvió: si quiere ser un país que solamente compra tecnología producida por otros o uno capaz de crearla. Aquella fábrica cordobesa que comenzó a funcionar en 1927 demostró que existían trabajadores, científicos e ingenieros capaces de construir proyectos de enorme complejidad. Su legado no está solamente en los aviones que produjo, sino en la idea de que el desarrollo nacional también se construye fabricando conocimiento.
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
