Sociedad

  • Maxi Abad, Posse y Lousteau desafían a la conducción de la UCR y adelantan la elección del Comité Provincia

     

    El radicalismo en la provincia de Buenos Aires desafía a la conducción y le impone al presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, la fecha de la elección para elegir autoridades y reordenar el partido.

    Los sectores más representativos del partido que conforman Maximiliano Abad, Martín Lousteau, Gustavo Posse y Daniel Salvador tienen los votos para adelantar la elección partidaria para junio, en lugar de realizarla en septiembre como pedía Fernández.

    La conducción del partido quedó sin resolución tras las elecciones internas de 2024, cuando hubo denuncias cruzadas por fraude e irregularidades. Tras meses de conflicto se dispuso un comité de Contingencia que preside Fernández y una convención de Contingencia que lidera Pablo Domenichini, un legislador que responde a Lousteau.

    Pero en los hechos el partido quedó fracturado. Fernández rompió con el sector de Abad y la interna lo enfrentó a Lousteau. El ex intendente de Trenque Lauquen quedó aislado, pero con el poder del comité de Contingencia.

    Crisis total en el radicalismo tras una elección en la que perdió 149 concejales y 12 legisladores

    Eso le permitió definir los acuerdos electorales el año pasado donde todo implosionó. Fernández apostó por llevar al partido a una línea moderada con la que perdieron nada menos que 149 concejales en los distritos, incluidos todos los concejales del conurbano. En la Legislatura bonaerense perdió 12 de los 14 legisladores que puso en juego.

    Tras esa derrota, la presión del resto de los sectores para levantar el partido fue muy fuerte. Fernández -en tanto autoridad principal- informó que la elección interna sería en septiembre, algo que resultó inaceptable para el resto de los sectores del radicalismo bonaerense.

    Miguel Fernández.

    El sector de Abad, Lousteau, Posse y Salvador quieren arrancar la reconstrucción del partido a mitad de año y aseguran que la propuesta de Fernández buscaba la normalización del partido para fin de año, para comenzar una reconstrucción el año próximo.

    El viernes se formalizará una nota con la que quedará formalmente planteada la convocatoria para la pulseada interna de septiembre.

    Fiel a las costumbres radicales, el camino de las definiciones radicales está plagado de llamados y convocatorias cruzadas. El espacio de Fernández difundió este miércoles una convocatoria a sesión del comité de Contingencia para el próximo 12 de marzo. La nota salió a las 9 de la mañana.

    Sin embargo, Abad, Lousteau, Posse y Salvador se adelantaron y emitieron a las 6.20 de la mañana una nota que se anticipó a la de Fernández. Allí adelantaron la fecha del encuentro, que será este viernes 6 en La Plata. Allí se fijará la fecha de la elección para el 7 de junio.

    Estos sectores buscan dotar a las nuevas autoridades con legitimidad de origen y empezar a trabajar para sacar al radicalismo del lugar crítico en el que quedó después de la elección del año pasado.

    La idea es comenzar a reconstruir en los distritos. Se sabe que el partido es fuerte en el interior de la provincia. Luego, la nueva conducción deberá buscar un candidato a gobernador. Uno de los nombres que trascendió es el del economista Alfonso Prat-Gay.

    Pero la prioridad son los armados locales del interior. El radicalismo siempre tuvo un nicho importante de poder en la provincia, en especial en el verde interior bonaerense. Fernández tiene poder en la Cuarta, allí impulsó la alianza Somos Buenos Aires, un armado con la Coalición Cívica y un sector del peronismo.

    Esa alianza también fracasó y 17 de los 28 intendentes perdieron la elección. Algunos incluso salieron terceros, como Miguel Lunghi el hasta ahora imbatible intendente de Tandil que consiguió 14 puntos lejos del peronismo -que ganó la elección- y los libertarios. En Lincoln, el intendente Salvador Serenal también quedó tercero con 22 puntos. Lo mismo pasó con Javier Andrés, de Adolfo Alsina.

    Pero además, los malos resultados terminaron licuando a candidatos que no habían llegado a su banca, pero que perfilaban buenas candidaturas. En tanto, en la elección de octubre probablemente se pierdan las tres bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados.

     

  • Crece la disputa por el control del Puerto Quequén y Kicillof no logra licitar la terminal de granos

     

    Escala la disputa por el control del Puerto Quequén, la principal boca de salida de los cereales de la provincia. Con la partida al Congreso de la massista Jimena López en diciembre, los intereses cruzados por la sucesión recrudecieron al transcurrir ya casi tres meses de interinato del dirigente de Uatre, Marcelo Carrillo.

    Dentro del consorcio portuario señalaron a LPO que Carrillo avanzó con fuertes cambios en el organigrama, barriendo con parte de los funcionarios designados por López. A la par, hizo nombramientos que agitaron la interna del puerto.

    En ese contexto crece la incertidumbre sobre la licitación del elevador de granos que hace 34 años maneja Terminal Quequén, grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con la participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.

    Hace cuatro años que ese grupo opera con concesiones prorrogadas. En 2024, el gobierno de Kicillof anunció su decisión de licitar esa terminal.

    Sin embargo, aún no hay fecha para el llamado y fuentes del puerto sostienen que, cuando expire la prórroga vigente, se otorgará otra a Terminal Quequén. Eso, en medio de la controversia desatada por el derrumbe en enero de un silo de la terminal, hecho que desató acusaciones por falta de inversión.

     Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción. 

    Mientras tanto, la interna del puerto es un hervidero. En los últimos días, varios funcionarios designados por la massista López recibieron cartas documento en las que se les notificaba el cese de los contratos.

    «Echar a compañeros no es una buena señal», dijo a LPO una fuente del arco peronista necochense, al tanto de estos movimientos en el puerto por parte de Carrillo, hombre alineado a José Voytenco en Uatre y esposo de la ex diputada Natalia Sánchez Jáuregui, del ala del Partido Fe que reporta a Kicillof.

    Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.

    Fuerte ofensiva de exportadoras para evitar que Kicillof licite el puerto de Quequén

    En ese punto, en Quequén ven jugando fuerte otra vez al intendente de Necochea, Arturo Rojas, que presidió el consorcio portuario durante la gestión de María Eugenia Vidal, en su etapa dentro de Cambiemos.

    Ahora alineado a Axel Kicillof, Rojas aparece en el lote de interesados por tener injerencia en un puerto por donde, el mes pasado, salieron más de 1.200.000 toneladas de cereales.

    El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.

    Curiosamente, Povilaitis es la voz cantante del municipio en su litigio judicial con las exportadoras del puerto por el cobro de la tasa portuaria que la gestión Rojas aplicó bajo bandera de usar esos recursos para el arreglo de las calles por donde transitan los camiones que van al puerto.

    En diciembre último, la Justicia hizo lugar a una cautelar pedida por las terminales contra el cobro de esa tasa quee hoy permanece frenada. Sin embargo, cerca del municipio aseguran que está próximo a anunciarse un acuerdo por ese tema con las exportadoras.

    En Quequén ven que ese acuerdo puede comprender fronteras más amplias y hablan de un consenso entre Rojas y Uatre, vía Carrillo.

     El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio. 

    Esta semana, ambos encabezaron el acto de aniversario del puerto y se mostraron en sintonía. Eso llamó la atención en quienes recuerdan cuestionamientos puertas adentro de Carrillo a Rojas, ambos con cantera en el armado político-gremial del ex líder de Uatre, Gerónimo «Momo» Venegas.

    En Necochea ven que esa cercanía va a decantar en una estructura de manejo en Quequén, más allá del nombre de quien presida el consorcio. Algunos no descartan que Carrillo persista en ese lugar.

    No obstante, es un lugar codiciado. «Está todo el mundo pidiendo el manejo del puerto», dijo a LPO una voz al tanto de la interna.

     «Las exportadoras no quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras 

    Es ahí donde el massismo no se resigna a la idea inicial de diciembre pasado de sostener esa plaza para el Frente Renovador. Pero en el entramado portuario dicen que ese espacio ya tuvo su cupo con Mónica Litza en Dock Sud.

    En paralelo, LPO también contó de las versiones que posicionan en Quequén a Andrea Cáceres, necochense alineada al Cuervo Larroque que hoy está en Niñez y Adolescencia.

    Es en ese panorama donde, antes de mitad de año, expira la última prórroga por 180 días que le dieron a Terminal Quequén y hay quienes no dudan de una nueva prórroga.

    «No quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras, que rechazan el capítulo económico del pliego borrador que circula desde agosto pasado. 

     

  • Olmos empuja a Kelly como presidenta del PJ porteño para armar un gran frente opositor

     

    Juan Manuel Olmos empuja a Kelly Olmos como presidenta del PJ porteño en lugar del camporista Mariano Recalde, en un recambio que se producirá en las próximas semanas, según anticiparon a LPO fuentes justicialistas.

    El titular de la Auditoría General de la Nación quiere que la ex ministra de Trabajo de Alberto Fernández, que es la actual vicepresidenta primera del PJ de la Ciudad, enroque posiciones con el presidente, el camporista Mariano Recalde. A ambos se les vencen los mandatos en abril.

    En ambos sectores buscan evitar ir a una interna y avanzar en una lista de unidad. «Como mucho habrá elecciones en las comunas», dijo a LPO un dirigente al tanto de las conversaciones.

    Olmos dijo el lunes en el programa de Carlos Pagni en LN+ que «el peronismo tiene que crear una alternativa a este modelo económico». La prueba piloto puede ser en las elecciones de la Ciudad, que se harán en el primer semestre de 2027.

    Olmos tiene la idea de armar un gran frente opositor en la Ciudad para derrotar al PRO y los libertarios. Para avanzar en el acuerdo con el resto de la oposición, al final del camino será clave tener el control de la herramienta del PJ.

    Mariano Recalde, actual presidente del PJ porteño.

    En el seno del PJ incluso no descartan entablar negociaciones con históricos rivales del peronismo porteño como Horacio Rodríguez Larreta o Martín Lousteau.

    La primera en dar una señal que permite pensar en un acuerdo del kirchnerismo con dirigentes como Larreta y Lousteau fue Cristina Kirchner, que se reunió la semana con Miguel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. 

    En el encuentro, anticipado por LPO, Cristina y Pichetto hablaron de la unidad del peronismo y acordaron «no hablar del pasado». «Tabula rasa», bromean en el PJ.

     

  • El gobierno cortó el negociado de las energías renovables que armó Macri

     

     El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares. 

    El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte. 

    La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares. 

    Parque eólicos: Dietrich usó el 25% del presupuesto de seguridad vial para asegurar el negocio de Macri y Tévez

    El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino». 

    La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos. 

    El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.

    En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande. 

    Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema. 

    Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.  

    El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr. 

    En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial. 

    El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas. 

    Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.

    El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente. 

    En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido. 

    Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta. 

    En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política». 

    Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante 

    la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador

    LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó. 

    Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal». 

    En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz. 

     

  • Gray se reunió con Yamandú Orsi: «compartimos una visión»

     

    Durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Gray se reunió este miércoles con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi.

    «Las relaciones entre nuestros países resultan estratégicas para consolidar una agenda común de desarrollo, integración productiva y fortalecimiento institucional en la región», afirmó Gray.

    El Intendente de Esteban Echeverría, también vicepresidente de Mercociudades, compartió comisiones de trabajo con el actual presidente de Uruguay.

    «Desde hace muchos años compartimos una visión y sostenemos el compromiso con la cooperación entre los gobiernos locales y nacionales», dijo Gray. 

     

  • El fuego camina conmigo

     

    Otra vez imágenes de misiles que surcan los cielos nocturnos, columnas de humo, los escombros al amanecer entre corridas, gritos y llantos. Otra vez anuncios solemnes en escenografías planificadas, hombres de traje, reuniones de alto nivel. Voces amenazantes que hablan de paz y libertad, voces acongojadas que llaman al diálogo y a la mesura, voces que cuentan armas de un lado y de otro. La infinidad de análisis sobre los actuales ataques y contraataques entre Estados Unidos-Israel e Irán, evidencian que las relaciones internacionales siguen pensándose en términos de una alta política habitada por intereses inconfesables, secretos diplomáticos, traiciones, aparatos de inteligencia, élites políticas, militares y económicas. Estas representaciones nos entregan pistas para dar sentido al funcionamiento del mundo en un momento gobernado por la incertidumbre, pero al mismo tiempo restringen nuestra mirada. Nos preguntamos aquí por la dimensión social que enmarca estas acciones estatales, es decir,  las manifestaciones sociales que dan contexto, posibilitan y limitan los ataques y las respuestas a ellos. 

    Bombardear en nombre del pueblo

    Las últimas dos intervenciones militares internacionales coincidieron en buscar la “decapitación” de los gobiernos de los países contra los que apuntaron. La operación militar clandestina de la administración Trump en Venezuela tuvo como objetivo la “extracción” del presidente Nicolás Maduro. En el caso de los últimos ataques ilegales a Irán, los primeros bombardeos de Israel y de Estados Unidos buscaron asesinar a los principales líderes políticos de la República Islámica, entre los que se encontraban el ayatola y líder supremo, Ali Khamenei. Ambos ejercicios de la violencia tuvieron un punto de continuidad con los anteriores: se hicieron en nombre de los pueblos. En el caso de Venezuela, en nombre del pueblo estadounidense —construido como víctima de las prácticas narco-terroristas del gobierno latinoamericano— y del venezolano —caracterizado como deseoso de paz, libertad y prosperidad—. Como dato a tener en cuenta, a diferencia de intervenciones pasadas (en Afganistán, Irak o Libia, solo para mencionar algunas), en su discurso, Trump no mencionó la palabra democracia. En cambio, explicitó que Estados Unidos gobernaría el país para asegurarse su subordinación a los intereses norteamericanos.

    En cuanto al ataque contra la República Islámica de Irán, también se invocó la defensa del pueblo estadounidense, del israelí —ambos en peligro debido a que Irán fue caracterizado como el “Estado sponsor del terrorismo número uno del mundo”— y del iraní. Desde el estallido de las protestas de finales de diciembre y principios de enero en el país persa y en el marco del aplastamiento de las mismas por parte del gobierno, Trump les prometió “ayuda”. En su anuncio del comienzo de los bombardeos, al tiempo que los conminó a permanecer en sus hogares mientras estos durasen, les indicó “hacerse cargo de su propio gobierno” en cuanto terminaran. Y apuró: “esta podría ser su única posibilidad por generaciones”. Si bien en este caso se explicitó el objetivo de cambio de régimen, tampoco se articuló la palabra democracia. El anuncio de Benajmin Netanyahu corrió en el mismo sentido.

    La dinámica de las calles

    El antecedente inmediato a los ataques que comenzaron el pasado 28 de febrero fueron los de junio de 2025. Estos tuvieron como fondo los crecientes cuestionamientos a las acciones del gobierno de Israel en Gaza, que se dejaron oír tanto desde fuera del territorio israelí como desde dentro del mismo. Fuera de él, bajo la forma de flotillas humanitarias, manifestaciones colectivas de repudio y mediante el uso resonante de la palabra genocidio para describir las acciones de Israel en la Franja. Estos procesos se midieron cuantitativamente en una encuesta realizada por la consultora Gallup en la que se evidenció que, por primera vez desde el fatídico 2001, el pueblo estadounidense tiene mayor simpatía por los palestinos que por los israelíes.

    Dentro del territorio israelí, las protestas contra el gobierno por parte de los propios israelíes habían crecido cuantitativa y cualitativamente y se habían retomado las acusaciones por corrupción contra el primer ministro israelí, quien incluso llegó a ser acusado de cometer crímenes de guerra. Terminado ese episodio del ataque contra Irán, se retomaron las protestas contra el gobierno de Netanyahu: en enero pasado, miles de israelíes volvieron a manifestarse en las calles de Tel Aviv y Jerusalén/Al-Quds contra lo que consideran como una deriva anti-democrática en Israel apuntando contra la reforma judicial que busca imponer el gobierno y pidiendo la liberación del último rehén que queda en manos de Hamas. Como nota interesante, algunas de las pancartas expresaban críticas contra Trump.

    Las críticas al presidente de Estados Unidos también arreciaban en su territorio y la administración Trump enfrentaba sus propias movilizaciones. En este caso, gatilladas por la difusión de los archivos Epstein y contra ICE, la institución encargada de “extraer” a migrantes ilegales de suelo norteamericano, acusada de asesinatos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusivas y la militarización de la cuestión migratoria. A fines de enero, los organizadores de estas manifestaciones demostraron su capacidad de coordinación y convocatoria masiva realizando el mismo día más de 300 protestas simultáneas en todo el país. La consigna: “ICE out of everywhere” (ICE fuera de todos lados).

    Iniciados los ataques actuales contra Irán, muchos de estos manifestantes se organizaron rápidamente para demostrar en las calles su repudio a la nueva guerra. El malestar con el uso de la fuerza por parte de la población de Estados Unidos también fue medido, en este caso, por una encuesta realizada en conjunto por Reuters/Ipsos. A través de ella se demostró que solo un 27% de los estadounidenses aprueban la guerra contra Irán. El repudio a la guerra pudo verse también en las calles de algunas ciudades de Turquía y en algunas capitales europeas.

    Las manifestaciones contra ICE fueron contemporáneas de una de las olas de protestas más importantes y masivas del pueblo iraní contra el gobierno desde la Revolución en 1979. En ellas participaron estudiantes, grupos de mujeres, organizaciones de trabajadores, comerciantes y organizaciones políticas. Las causas económicas que la impulsaron (alta inflación y fuerte devaluación del riyal iraní), rápidamente se articularon con otras de tinte político entre las que resonó de manera mayoritaria la demanda de la terminación de la República Islámica. El gobierno respondió con una represión brutal, dejando un saldo de entre miles y decenas de miles de muertos, dependiendo de la fuente. En su discurso de anuncio del ataque de 2026, Netanyahu afirmó que esas protestas habían sido posibilitadas por el ataque israelí del año anterior. Subrayar que estas manifestaciones fueron masivas no debe llevarnos a la conclusión apresurada de que el “pueblo” iraní está en contra del régimen. Lo que sí debe permitirnos concluir es que la República Islámica enfrenta oposiciones cada vez más contundentes y, dada la respuesta del gobierno, que la construcción de consensos le está resultando cada vez más dificultosa.

    La prueba de que el “pueblo” iraní no está contra el régimen y que —aún más— buena parte de él continúa apoyando la República Islámica, fueron las manifestaciones también masivas de congoja y enojo por el asesinato del ayatola Khamenei. Si bien existieron algunas expresiones celebratorias en las calles de Teherán y de la diáspora iraní, no se comparan en número con las manifestaciones populares de duelo.

    Desde la óptica shiíta, el asesinato de Khamenei por parte de Estados Unidos e Israel lo transforma en mártir. Esto tiene dos efectos relevantes. Primero, lo ubica en una línea histórica de muertes violentas en contextos de lucha contra la injusticia y la opresión. Segundo, traslada su muerte a la región sagrada. La noción de martirio lleva al asesinato de Khamenei a un más allá de trascendencia. Su muerte deviene, así, en una fuerza impulsora y lo hace centro de la devoción shiíta. Esto permite movilizar la identidad islámica. Lo que explica que estas manifestaciones de duelo se hayan replicado en distintos puntos del globo: Pakistán, India, Irak, Líbano, Bangladesh, Baréin, Yemen. Muchas de estas manifestaciones derivaron en ataques contra embajadas y consulados de Estados Unidos en esos países.

    Entre estas, son de destacar las manifestaciones ocurridas en Irak, Yemen y Baréin. En el caso de Irak, de mayoría shiíta, las manifestaciones de duelo llevaron a grupos de manifestantes a atacar la Zona Verde en Bagdad. Se trata de un territorio amurallado construido por Estados Unidos luego de su invasión a Irak en 2003 y en la que se encuentran residencias de diplomáticos, embajadas y consulados. En Saná, capital de Yemen, la activa y potente minoría shiíta logró una movilización masiva en la que se desplegaron banderas de Palestina, Yemen e Irán. También en Baréin existen actualmente levantamientos que derivaron en enfrentamientos violentos entre grupos pertenecientes a la mayoría shiíta y las fuerzas de seguridad de la monarquía bareiní. Los manifestantes reclaman dar apoyo a Irán y echar a la 5ta Flota de Estados Unidos, apostada en el reino árabe. Estas manifestaciones, comenzadas antes de esta nueva ronda de ataques sobre Irán, buscan un cambio de régimen.

    Durante los levantamientos que sacudieron al mundo árabe en 2010-2011, Baréin fue un caso que resonó puesto que fue el más afectado de los países del Golfo árabe. En esa oportunidad, el Consejo de Cooperación del Golfo, un organismo regional de seguridad colectiva que incluye a las monarquías árabes de la Península, intervino militarmente para defender al rey del país. Frente a estas nuevas protestas y enfrentamientos, el Consejo volvió a enviar tropas. Los países del Golfo se han abstenido de responder a los ataques de Irán contra instalaciones militares y políticas estadounidenses en sus territorios en respuesta a los ataques por parte de la potencia norteamericana. Diversas razones los movilizan, pero todos buscan conservar la estabilidad de la que por el momento han gozado en una región en la que movilizaciones populares, bombas y misiles son, hace varias décadas, moneda corriente. Una forma de asegurarla es no responder a Irán, no solo porque esos ataques podrían traer aún más incertidumbre, sino porque eso implicaría aliarse con Israel mientras sus poblaciones continúan apoyando la causa palestina.

    Desacoples y discontinuidades

    La historia de los enfrentamientos estatales se cuenta a través de dicotomías totalizantes, puesto que el ejercicio de la violencia no puede más que reposar sobre estas. Se escribe al respecto: se conmina a tomar posición. Los observadores hacen cálculos de fuerza, especulan y aventuran hipótesis, buscan y encuentran las razones, señalan posibles ganadores, identifican perdedores, advierten acerca de los peligros, iluminan algunas zonas, condenan a la oscuridad a otras.

    Aquí busqué apuntar a una zona que tiende a permanecer a oscuras para subrayar desacoples, movimientos en paralelo, heterogeneidades y discontinuidades. En fin, para destacar cómo la vida se resiste a dejarse atrapar en categorías y políticas cerradas y totalizantes. Son solo flashes que no entregan más que pistas fragmentarias, pero que buscan destacar el movimiento y la potencia vital que insiste debajo de las palabras serias y graves, circulando entre los estallidos estruendosos, resurgiendo una y otra vez de entre los escombros.

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