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Patricia Bullrich rechaza la vuelta de las colectoras que impulsa el gobierno para acordar con los gobernadores y pone en jaque el plan que tiene la Rosada para facilitar la reelección de Javier Milei.
«El tema electoral está muy discutido. Está el tema PASO, que nosotros no queremos que haya, porque es un sistema caro y por ahí no compite nadie contra nadie. Después está el tema PAS, para que cada partido organice una interna abierta. Y luego surgió una idea de una colectora, que deforma el sistema electoral», dijo Bullrich este miércoles antes de entrar al Congreso a un grupo de periodistas acreditados.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza golpea de este modo en el corazón de la estrategia que lleva adelante Karina Milei para asegurar el camino de la reelección.
La Rosada necesita que los gobernadores peguen sus boletas de diputados y senadores nacionales con la de Milei para que traccionen votos al presidente. El gobierno está dispuesto a ceder las bancas, que son el arma con la que los gobernadores negocian con el poder central, para evitar que esos votos se vayan con otro candidato a presidente.
De hecho, Santiago Caputo comenta que al final Karina está haciendo lo que él decía que había que hacer con los gobernadores. «Nos comimos 2 años de interna al pedo», repite el asesor estrella. Esta estrategia está siendo discutida dentro del gobierno porque hay quienes temen que las colectoras terminen beneficiando a Axel Kicillof.
Las colectoras deforman el sistema electoral
Lo que no esperaban en la Rosada es que la principal detractora saliera de las entrañas del oficialismo. Para reforzar el mensaje de autonomía, Bullrich no estará en la cumbre que el presidente tendrá en Tucumán para la vigilia del 9 de julio junto a 13 gobernadores, según adelantó El Destape.
Esa reunión se armó básicamente para que Milei, Karina y Santilli les pidan a los gobernadores el apoyo para la reforma política, que además de las colectoras incluye la eliminación de las PASO.
En la Rosada destacaban este miércoles que, en 2024, Milei reunió a 16 gobernadores en la vigilia del 9 de julio para la firma del Pacto de Mayo. Un año después, no fue ninguno. Por eso ven como un gesto importante que este miércoles asistan 13. Entre ellos no estarán ni Jorge Macri ni Maxi Pullaro, que almorzó este mediodía con Santilli.
La mesa política se reunió este miércoles antes de la vigila en Tucumán.
El Colorado participó luego del almuerzo de su primera mesa política como jefe de gabinete. Bullrich, que se sentó en la cabecera, publicó en simultáneo otro spot de campaña a sus redes en el que se muestra trabajando en el Senado con un tema de fondo de Madonna que se titula «I feel so free» (Me siento tan libre).
«A veces me gusta esconderme en las sombras, crear una nueva versión de mí, una identidad diferente, puedo ser quien quiera ser», dice el tema de Madonna, incluido en su último disco titulado Confessions II.
Parece una letra a medida de la ex ministra de Seguridad, que en las últimas horas les dijo a sus colaboradores que no competirá por la Ciudad. «Sé que ustedes seguían trabajando para eso», les reconoció la senadora. Ahora, como adelantó LPO, sus únicas alternativas son la presidencia o la vice.
Axel Kicillof rechazó una invitación de Osvaldo Jaldo, para participar en Tucumán de los actos oficiales por el Día de la Independencia. «Si vamos a compartir algo con Javier Milei, que sea una reunión de trabajo», dicen desde La Plata.
Fuentes del gobierno provincial explicaron que desde Ceremonial de la provincia norteña hicieron llegar al gobierno bonaerense una invitación para participar de la vigilia por el 9 de Julio.
Kicillof agradeció a Jaldo la invitación y le propuso otra instancia de conversación, pero dejó bien en claro que de compartir una actividad con el gobierno nacional prefiere que sea una reunión de trabajo más que un evento protocolar.
El gobierno bonaerense le viene reclamando a la Casa Rosada una reunión desde hace meses para tratar temas de gestión. Sin embargo, el gobierno libertario no responde los pedidos.
En la provincia de Buenos Aires se preocuparon por aclarar que agradecieron la invitación del tucumano. Se sabe que Kicillof busca mantener abiertos todos los puentes con el peronismo de cara a la construcción de una propuesta electoral para el año próximo.
Jaldo mantiene una relación pendular con Milei. Por momento lanza fuertes críticas como las últimas chicanas a los libertarios que ahora proponen un esquema de colectoras cuando durante años cuestionaron el complejo sistema electoral de Tucumán.
Pero, al mismo tiempo, el gobernador apoyó todas las iniciativas libertarias en el Congreso. Incluso deslizó en las últimas horas que está dispuesto a hacerlo con la eliminación de las PASO.
Santilli analiza ofrecer colectoras a los gobernadores para que apoyen la eliminación de las PASO
El eje de los reclamos de Kicillof al gobierno nacional pasan por un reclamo por fondos que según la provincia de Buenos Aires asciende a $17,8 billones. Kicillof ya presentó ocho denuncias en la Corte Suprema por esa deuda que el gobierno nacional desconoce.
En Tucumán esperan la presencia de unos 11 gobernadores para el acto por el Día de la Independencia. Según medios de esa provincia, también comprometió su asistencia la vice Victoria Villarruel quien mantiene un fuerte enfrentamiento con el Presidente.
El ministro de Gobierno y Justicia tucumano, Regino Amado, explicó que la vicepresidenta viajará en un vuelo diferente al de la comitiva presidencial y que tendrán esquemas de organización independientes durante su estadía.
«Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe», dijo el funcionario en declaraciones a La Gaceta.
El jefe de la Fiscalía Regional de Rosario remitió a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe un pedido de sumario administrativo contra la fiscal Raquel Almada, que el 29 de junio pasado decidió liberar sin formar causa penal al hijo del presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso, que había sido interceptado por la policía en un vehículo en el que estaban otras tres personas con un arma de fuego, en un procedimiento requerido por amenazas.
El hecho de que Almada haya dejado desvinculado a Matías Belloso y otros dos detenidos sin iniciarles un proceso para imputación causó un cimbronazo interno dentro del MPA, el órgano que rige a los fiscales santafesinos, porque existe una instrucción general de la superioridad para iniciar causa penal a todo aquel que sea encontrado con un arma, aún en los casos que la tenencia sea compartida.
Al único de los cuatro ocupantes del auto que se le inició un legajo en la fiscalía es a Fausto Carbajo, de 25 años, quien dos meses antes había sido denunciado por extorsión. Esto como refirió LPO la semana pasada lo hizo el futbolista Jonatan Gómez, surgido en Central y actual jugador de Sarmiento de Junín, quien refirió que Carbajo pasó por su casa para intimidarlo por una deuda que acumuló en una plataforma de juego online. Que precisamente explotan personas ligadas a la conducción de barra brava de Rosario Central.
El incidente que dejó a Almada en la mira ocurrió hace nueve días cuando una mujer llamó al 911 porque la estaban amenazando en la vía pública, frente a su casa, por una deuda que ella asegura haber cancelado. Cuando dos móviles de la policía llegaron a la esquina requerida en Granadero Baigorria, municipio lindante a Rosario, dos personas se metieron en la un Peugeot 308. Los policías lo cruzaron y requisaron el vehículo. Encontraron un revólver calibre 22 largo debajo de la alfombra en el asiento del acompañante. Ahí iba Carbajo.
La fiscal Almada decidió imputar a Carbajo pero desligar a los otros tres acompañantes entre los que estaba Matías Belloso, de 26 años, hijo del titular de Rosario Central, que actuó como dirigente en Conmebol antes de ser electo en la entidad auriazul en 2022, y es íntimo de Claudio Chiqui Tapia. Quien el año pasado decidió otorgar de hecho, y de manera inusual, un campeonato a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntaje había reunido.
La discordia interna, que también molestó al gobierno de Maximiliano Pullaro, es porque la fiscal decidió restituir los teléfonos a los ocupantes desvinculados, algo que es propio cuando no se forma causa penal.
El malestar es porque existe una instrucción en el MPA desde 2019, a raíz de la alta violencia con disparos que puso a Rosario como uno de los puntos del país con más casos de homicidios, de perseguir todos los casos de tenencia de armas de fuego. Lo que implicó que no se deslindara de entrada a las personas detenidas con un arma y que se pidiera prisión preventiva inicial. Esto incluso ha implicado condenas por tenencia compartida.
La discordia interna, que también molestó al gobierno de Maximiliano Pullaro, es porque la fiscal decidió restituir los teléfonos a los ocupantes desvinculados, algo que es propio cuando no se forma causa penal
El hecho de no retener los teléfonos para la pericia forense del contenido fue considerado una omisión severa por los investigadores, dado que allí podrían surgir pistas penales o evidencia del accionar de una organización ligada a Rosario Central que explota el juego online ilegal, que tiene una capacidad de generar ingresos multimillonarios, y que está diseminado por muchos barrios de la ciudad. Esto produce endeudamiento en muchos usuarios, algunos de los cuales toman crédito a niveles usurarios, que según causas penales instruidas en Rosario se cobran bajo chantaje, amenazas o ejercicio concreto de violencia.
La causa por la amenaza inicial que implicó al hijo de Belloso fue asignada al fiscal Fernando Dalmau, quien al momento analiza si al solo hecho de la amenaza contra Carbajo y la tenencia del arma ilegal le adiciona otros delitos, como los conectados con las extorsiones del juego clandestino. Algo por lo cual Jonatan Gómez, el volante de Sarmiento de Junin, lo denunció de manera concreta en abril pasado en la Fiscalía de San Lorenzo, ciudad ubicada a 20 kilómetros de Rosario.
Algo más que llenó de suspicacias el caso es que la mujer que denunció el hecho atribuyó el apriete a dos personas con las que tomó una deuda que dijo haber pagado. Pero despegó a los cuatro del auto entre los que estaban dos en la calle donde ella había señalado al llegar la policía. Los investigadores murmuran que es típico en caso de aprietes que la víctima, coaccionada, desvincule a quienes la amenazan.
El auditor general de gestión del MPA, Leandro Mai, confirmó escuetamente a este medio de que le habían remitido el caso de la intervención de la fiscal Almada para formar un sumario disciplinario que establezca si surgen o no de su desempeño responsabilidades administrativas que merezcan sanción.
En casos como éste, en general los fiscales de Flagrancia frente a llamados con distintas personas detenidas en posesión de un arma suelen dejar preliminarmente privados de libertad a los imputados, se toman huellas dactiloscópicas para el prontuario policial, se comunica lo actuado al Ministerio Público de la Defensa para asignar defensores y a la oficina que organiza las audiencias públicas para imputar. También se inician pericias del arma y de los teléfonos secuestrados.
El caso pegó fuerte dentro de la Fiscalía Regional de Rosario. Su titular, Matías Merlo, emitió la circular interna 17/2026 donde da pautas para reforzar los inicios de investigaciones a personas detenidas con armas.
Lo que hay de trasfondo es algo referido por este medio reiteradamente. Y son los hechos de violencia y negocio criminal ligados a la barra brava de Rosario Central que insinúan un cambio de escala desde el asesinato en noviembre de 2024 de Andrés Pillín Bracamonte, líder de la hinchada auriazul durante más de veinte años.
El gobierno apura una sesión en el Senado antes del receso invernal para aprobar el pliego del juez que salvó la reforma laboral, con la amenaza de que si no lo hace antes de fin de mes deberá jubilarse.
Los jefes de bloque de la Cámara alta mantendrán este miércoles por la tarde una reunión de Labor Parlamentaria y todo indica que habrá una sesión el próximo jueves 16, antes de que el Congreso entre en receso informal.
En esa sesión se tratarían los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y la ley hojarasca, además de 30 pliegos judiciales incluidos la prórroga del juez laboral Víctor Pesino y la designación de en el juzgado de Lomas de Zamora de Juan Tomás Rodríguez Ponte, el histórico secretario del juzgado de Ariel Lijo.
Ningún pliego ni los proyectos tienen tanta urgencia para el gobierno como el de Pesino, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que el 23 de abril pasado volteó una cautelar que había frenado más de 80 fallos contra la reforma laboral. Un día después Milei envió al Senado el pedido de prórroga de cinco años en el cargo, una vez que cumpla los 75 años.
Pesino soplará las 75 velitas el próximo 27 de julio y si el Senado no aprueba su pliego hasta un día antes, deberá jubilarse. Es decir que el gobierno perdería un aliado clave en un fuero generalmente adverso. Además de salvar la reforma laboral, Pesino también desplazó a la conducción de la UOM, uno de los gremios más combativos.
Como contó LPO, la audiencia por el pliego de Pesino dejó al desnudo los contactos del camaristas con el gobierno. Al magistrado no le quedó otra que admitir que se reunió con el ministro Juan Bautista Mahiques antes del fallo de la reforma laboral y de que manden su pliego.
La oposición denunció en la audiencia que el fallo de Pesino fue para conseguir el aval del gobierno a su continuidad como juez. El magistrado contestó que la información era «errónea» porque su solicitud de prórroga empezó a tramitarse en agosto del año pasado y que ya el 7 de abril Mahiques le había avisado que continuaría. «Fue simplemente coincidencia de fechas», argumentó.
Rodríguez Ponte
El oficialismo también buscará aprobar el pliego de Rodríguez Ponte, el pliego de Ariel Lijo el juez a cargo de la investigación por el enriquecimiento de Adorni.
Rodríguez Ponte fue propuesto para el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, donde subroga actualmente Luis Armella y que lleva adelante la causa contra Martín Insaurralde. El gobierno está especialmente interesado en que se hable de esa investigación.
En sectores de la justicia creen que el pliego de Ponte fue parte de una negociación entre Mahiques y Lijo durante el viaje a París. Tras ese viaje, el gobierno logró que el juez Martínez De Giorgi, también cercano a Lijo, aparte a los querellantes de la causa Libra.
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