Centro Político, el principal partido de oposición en Colombia, eligió como candidata para para las presidenciales de 2026, a una senadora afín a Donald Trump que apoya la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Se trata de la Senadora, Paloma Valencia será la carta del partido del Alvaro Uribe en la carrera presidencial que transcurre en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela.
Valencia fue una férrea defensora del despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe porque «la caída de Maduro» debía ser el «primer paso para que Latinoamérica sea libre».
La candidata de derecha defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales y se opone tanto a la Paz Total que implementó Gustavo Petro como al proceso de diálogo que fundó Juan Manuel Santos con las FARC.
Este lunes en un discursocon partidarios en Bogotá promovió el «puño de acero» contra la delincuencia y el narcotráfico en el principal productor de cocaína del mundo.
La candidata dijo también que si es elegida como la primera presidenta de Colombia trabajaría con los líderes opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de Paz María Corina Machado.
Valencia fue una férrea defensora del despliegue militar de Donald Trump en el Mar Caribe porque «la caída de Maduro» debía ser el «primer paso para que Latinoamérica sea libre
La primera vuelta en Colombia se realizará el 31 de mayo mientras que el segundo turno tendrá lugar durante el mes de agosto.
Alvaro Uribe, ex presidente y líder del Centro Democrático.
El oficialismo presentará al senador petrista, Iván Cepeda, que aparece liderando las encuestas pero con un margen corto y en un mapa político atomizado, especialmente dentro de las alternativas de derecha que tiene otras figuras competitivas como el outsider Abelardo de la Espriella.
La candidata de derecha defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales y se opone tanto a la Paz Total que implementó Gustavo Petro como al proceso de diálogo que fundó Juan Manuel Santos con las FARC
Sin mencionar a Cepeda, Alvaro Uribe dijo en una videollamada proyectada durante el evento que Valencia enfrentará a quien «representa» «el lado opuesto de la democracia».
El exmandatario de 73 años encara las elecciones revitalizado, luego de que un tribunal revocó en octubre una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno a paralimitares y fraude procesal.
Valencia es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) y se describió como «la más leal» de «los soldados» de Uribe.
El espejo de Colombia es la reciente elección en Chile donde la oficialista Jeannette Jara fue la más votada en la primera vuelta pero la suma del resto de los candidatos le permitieron a José Antonio Kast ganar con contundencia en el ballotage.
La recesión expone a los comercios de Mar del Plata a frenar inversiones previstas para la temporada. Solo en noviembre, el desplome de ventas fue del 9,6% y se acerca a los dos dígitos, panorama que genera pocas expectativas de repunte.
Así se desprende de un informe reciente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), que además reveló que el 82,5% de los asociados consultados cree que no es un buen momento para realizar inversiones significativas.
En esa línea, el trabajo del Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la Ucip detalla que, en lo relativo al rendimiento de las operaciones comerciales, el 50,8% calificó a sus utilidades como regulares, el 28,6 % como malas, 12,7 % como buenas, 6,3 % pésimas y solo el 1,6 % restante como muy buenas.
El dato también es leído en el contexto de un fin de semana largo de noviembre en donde el caudal turístico fue positivo en Mar del Plata pero que no fue acompañado en términos de ventas, lo que da indicios preocupantes sobre lo que puede llegar a ser la dinámica de consumo durante la temporada 2026.
Este escenario de caída constante de ventas y pérdida de esperanzas de mejora en el mediano plazo preocupa de cara a la temporada que se inicia.
Es preocupante que para menos del 15% de los comercios las utilidades sean buenas, esto indica que el 85% restante se mantiene en actividad resignado márgenes para seguir abiertos
«Se sigue acumulando caída de ventas en el sector comercial, con una dinámica que no escapa al resto de los sectores, los costos suben más rápido que los precios y se resigna margen de utilidad», dijo el titular de la Ucip, Blas Taladrid.
Y agregó: «Es preocupante que para menos del 15% de los comercios las utilidades sean buenas, esto indica que el 85% restante se mantiene en actividad resignado márgenes para seguir abiertos. Y que más de la mitad de los comercios piensen que a corto y mediano plazo las ventas sigan igual, plantea un futuro muy complejo».
Proyectándose a futuro, el 54% de los comerciantes marplatenses señalaron que dentro de un año estarán igual que en el actual contexto recesivo, mientras que un 12,7 % prevé un horizonte aún peor. Solo un tercio piensa que estará mejor.
Por otra parte, el 46 % percibió durante noviembre más o menos la misma cantidad de gente, el 30,2 % algo menos de gente, el 6,3 % mucha menos gente, el 15,9 % notó algo más de público y solo el 1,6 % afirmó que a su comercio entró mucha más gente.
Sobre las ventas a futuro, el 52,4 % de los consultados afirmó que sus ventas se mantendrán sin variaciones en los próximos 6 meses, el 41,3 % confía en que aumentarán y el 6,3 % que disminuirán.
Los vencimiento de deuda que enfrentará Milei en lo que le queda de mandato son muy desafiantes y explican la renovada presión del FMI y los bancos acreedores para que acuule reservas, que este lunes se cristalizó en el forzado giro del plan económico.
El último informe de coyuntura de CIFRA describe con precisión un giro central en la política económica de Javier Milei: el paso de una desdolarización forzosa inicial hacia un nuevo ciclo de endeudamiento.
Ese proceso de desdolarización involuntaria de arranque no respondió a una decisión soberana, sino a una imposibilidad estructural de financiamiento externo, en una economía «atravesada por la irresuelta crisis de deuda que le pone límites estrechos a la recuperación de la actividad y a la propia sostenibilidad del régimen económico que instauró el gobierno de Milei», describen los investigadores.
Pero el cuadro cambió cuando «con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares», afirma CIFRA. «Con dos agravantes decisivos», advierte el informe, «casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo».
La foto es dura. En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Eso no es una coyuntura: es una agenda de pagos que condiciona todo.
En paralelo, la salida de dólares por fuga se aceleró después de la flexibilización cambiaria acordada con el FMI: más de 32.000 millones que se fueron al exterior desde que se abrieron las restricciones, según el reciente informe de CIFRA.
Con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares.
En este tablero, la apertura y la apreciación cambiaria tuvieron un efecto práctico: las cantidades importadas subieron más de 36% y las de bienes de consumo final crecieron 62,7% interanual en los primeros diez meses de 2025. Producción local que se sustituye por compras afuera. Otra forma de drenaje de dólares.
Mientras tanto, por la puerta de los dólares genuinos, las proyecciones mas optimistas estiman que Argentina lograra juntar USD 9.000 millones por la via comercial a lo largo del 2026. En efecto, en los primeros 10 meses del año de este año, el resultado fue de 6.846 millones de dólares, cuando en 2024 había arañado los 19.000 millones, y en el acumulado de los primeros 10 meses alcanzaba 16.000 millones.
A las claras, no se trata de una mala racha. Es la reproducción de una estructura histórica donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales condicionan la viabilidad macro.
El ministro de Economía de la Dictadura, Alfredo Martinez de Hoz habla con el entonces secretario del Tesoro, W. Michael Blumenthal en un enctro del FMI en la Ciudad de México.
Desde 1976, la economía argentina reproduce el esquema. Cada ciclo de apertura financiera comienza con un fuerte ingreso de divisas vía deuda externa y termina con una sangría equivalente o superior por fuga de capitales privados.
El primer episodio estructural se inicia con la dictadura de Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, mientras la fuga de capitales rondó los 23.000 millones. En apenas siete años, el endeudamiento se multiplicó por seis y medio, y por primera vez el Estado asumió deudas que originalmente habían sido privadas.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares y la fuga sumó otros 10.000 millones. El país ya destinaba más de la mitad de su producto a atender compromisos externos. El colapso de fines de los ochenta, con la hiperinflación y el retorno del FMI como árbitro de la política económica, fue la evidencia empírica de la imposibilidad de sostener la valorización sin destruir la base productiva.
En los años noventa, con Menem y Cavallo, la dinámica se relanzó a gran escala. La deuda trepó hasta los 145.000 millones de dólares y la fuga acumuló cerca de 80.000 millones. Bajo la convertibilidad, el país pareció estabilizarse, pero lo hizo a costa de sustituir inversión productiva por entrada de capitales financieros y privatizaciones. La relación deuda/PBI se mantuvo en torno al 50%, un nivel que sólo era sostenible mientras los flujos externos siguieran ingresando. Cuando se interrumpieron, el modelo implosionó en 2001.
El quiebre de la convertibilidad dio lugar a una etapa de signo opuesto. Entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública de 145.000 millones a cerca de 63.000 millones de dólares, llevando el ratio deuda/PBI a su mínimo histórico, alrededor del 17%. Fue el período del desendeudamiento, impulsado por los canjes de 2005 y 2010 y el pago al FMI. Sin embargo, la fuga de capitales no desapareció: según los cálculos de FLACSO, durante esos años se fugaron unos 70.000 millones de dólares, el equivalente a casi todo el superávit comercial de la década.
Con el gobierno de Cambiemos, el patrón volvió a invertirse. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de 75.000 a 323.000 millones de dólares -una expansión del 330%- y el Banco Central registró salidas netas de capitales por 86.000 millones. En términos de producto, la deuda trepó al 89% del PBI, y la correlación entre ingreso de deuda y fuga fue casi perfecta: por cada dólar que entró, 0,9 dólares salieron del país.
En función de la relación entre deuda y fuga, resulta interesante observar la dinámica del endeudamiento privado. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó en «15.335 millones de dólares, alcanzando un stock de 81.088 millones a fines de 2019», dicen desde CIFRA.
En el período del Frente de Todos, dice el informe, «se asiste a una nueva expansión de 22.076 millones de dólares, pero en cuya composición sobresale una reducción de la deuda financiera, en el marco de las concesiones cambiarias que hizo ese gobierno al gran capital privado para que reduzca sus compromisos externos, y un aumento de la deuda comercial».
Esas «concesiones cambiarias» implicaron que el Estado les proveyó dólares baratos para cancelar deuda externa, lo que permitió a las grandes empresas reducir sus pasivos financieros al costo de las reservas del Banco Central.
Como sintetiza CIFRA, el resultado fue un cambio en la estructura del endeudamiento: menos deuda financiera, más comercial, y una ampliación del stock total a «103.154 millones de dólares».
Con Milei, el informe registra un giro opuesto: «un fuerte aumento de la deuda financiera en el marco del ‘festival de obligaciones negociables’ y una reducción de la deuda comercial», lo que marca el regreso pleno al esquema de valorización financiera y endeudamiento en dólares que el Frente de Todos había intentado desarmar con dólares baratos.
La serie histórica pinta un cuadro preocupante: El 87% de los dólares que ingresaron por endeudamiento desde 1976 terminó fugado.
El denunciado presidente del Mercado Central, Fabián Miguelez, pagó 180 millones de pesos en concepto de horas extras sin la autorización del directorio.
La situación se da en un marco de irregularidad flagrante. El Mercado Central es administrado en forma conjunta por Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por una norma interna, la presidencia es rotativa y Miguelez debería haber dejado su cargo el 31 de marzo, pero se niega a hacerlo.
Según anticiparon a LPO fuentes internas del Mercado, la firma de la autorización corrió a cargo de Silvana Paula Fontana, gerente de la Unidad General Jurídico-Administrativa y de Jorge Gabriel Jozame Novoa, gerente de la Unidad General Operativa.
Fontana responde directamente a Miguelez, que ya la había designado en su anterior gestión en el Mercado Central durante el gobierno de Mauricio Macri, de donde se fue con causas penales por corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras. En ambas gestiones de Miguelez también fue nombrada como gerente María Gabriela Durán, quien junto a Fontana resultó clave para instrumentar las maniobras de contratación y cobertura administrativa.
Una rata gigante es capturada en las inmediaciones del Mercado Central.
En 2018, la Oficina Anticorrupción hizo un informe de 90 páginas detallando irregularidades en la gestión del Mercado y se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas. Esa acusación se sostuvo en el testimonio arrepentido del ex gerente general del Mercado.
Por esta razón Miguelez todavía está siendo investigado en el Juzgado Federal de Morón en una causa por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación contra la administración pública.
El pago exorbitante de horas extras se da en medio del desmanejo del Mercado Central que ya fue objetado por el síndico del organismo. Como explicó LPO, el último informe realizado por el síndico reveló que de los 80 puntos auditados, Miguelez cumplió sólo tres.
La situación no cambió en los últimos meses: el Mercado Central vive una situación de abandono por la falta de higiene tal, que se pueden ver ratas gigantes entre la comida.
Miguelez es un protegido de Mauricio Macri y su continuidad en el cargo se vuelve incomprensible, salvo por un detalle: es muy cercano al ministro Toto Caputo.
Los gobernadores de Provincias Unidas hicieron este lunes un zoom de urgencia para advertirle a la Rosada que no votarán el Presupuesto porque los dejaron afuera de las negociaciones en el Congreso.
LPO anticipó que empujado por los Menem, Javier Milei cerró con el tucumano Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Hugo Passalacqua. En la primera quincena de diciembre, la Rosada giró 20 mil millones a Tucumán, 6 mil millones a Salta, 10.500 millones a Catamarca y 12 mil millones a Misiones.
Además, les otorgaron lugares en la comisión de Presupuesto que trata la Ley de Leyes y por ende diseña el reparto de fondos a las provincias. En Provincias Unidas advirtieron rápidamente que esa tendencia no los favorecía: no sólo no recibieron ATN como los gobernadores peronistas dialoguistas sino que tampoco les dieron los cuatro lugares que pedían en la comisión.
Por eso este lunes se reunieron de manera virtual el jujeño Carlos Sadir, el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maxi Pullaro, el chubutense Nacho Torres y el correntino Juan Pablo Valdés.
Según anticiparon a LPO fuentes al tanto de la reunión, los gobernadores manifestaron su preocupación por la falta de diálogo con el gobierno. «No hay instancias de negociación ni de diálogo con el gobierno. Sabemos de la importancia para el gobierno y para las provincias que el presupuesto sea aprobado. Pero desconocemos la letra chica y vamos a defender los recursos e intereses de nuestras provincias», coincidieron los gobernadores en el zoom.
«En este contexto, es muy dificil acompañar el presupuesto», amenazaron los gobernadores. Sin el apoyo de Provincias Unidas, el gobierno podrá conseguir dictamen de todas maneras en la comisión, pero podría tener complicaciones para aprobar la ley si se le caen los bloques aliados.
El gobierno de Javier Milei avanza en un plan integral de ajuste del Inta y entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, centros y agencias.
Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y al que tuvo acceso LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.
Ante eso, los gremios del Inta protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- «se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación».
El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.
En noviembre de 2024, LPO reveló un documento que especificaba la intención de vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizara mediciones en predios del Inta.
Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar
En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican «en desuso, sin fines de experimentación ni producción». En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas «en uso pero pasibles de ser desafectadas».
Como había contado LPO, buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).
Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre.
Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de «escaso impacto productivo».
También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.
