La premier italiana Giorgia Meloni, aliada europea de Javier Milei, se bajó definitivamente del «board» de la paz de Donald Trump para reconstruir Gaza.
El canciller Antonio Tajani confirmó que Italia no participará del grupo creado por el republicano para eclipsar el rol de las Naciones Unidas.
Tajani usó como argumento un impedimento de la Constitución italiana, que no permite que el país se una a una organización dirigida por un solo líder.
«No podemos participar en la Junta de Paz porque existe un límite constitucional. Seguimos dispuestos a debatir iniciativas relacionadas con la paz. Estamos listos para aportar nuestro granito de arena en Gaza y también en la formación de la policía», dijo Tajani, según adelanto la agencia Deutsche Welle.
Meloni tiene un vínculo estrecho con Milei pero fue crítica de las últimas decisiones de Trump, como su amenaza de anexar Groenlandia. Sin Italia, la representación europea en la Junta de Paz de Trump recae en Kosovo, Bulgaria y Hungría, gobernada por otro ultraderechista como Viktor Orban.
En tanto que en Sudamérica los únicos países que hasta el momento aceptaron la invitación de Trump fueron Argentina y Paraguay. La nómina se completa con naciones como Jordania, Kazajistán, El Salvador, Mongolia y Qatar.
Javier Milei ensaya un giro a la militarización del gobierno y de su agenda para capturar el votante de Victoria Villarruel, que no tiene vuelta atrás en La Libertad Avanza.
La emoción que lo llevó a Milei a correr por fuera del protocolo en la entrega del sable corvo en San Lorenzo tuvo un costado guionado. La veneración de los granaderos esconde una búsqueda del presidente por seducir al votante que lo acompañó en 2023 por la presencia de Villarruel en la fórmula.
Santiago Caputo es quien empuja el giro militar para terminar de borrar de la escena a la vicepresidenta, que admite en las redes que ya no forma parte del gobierno. De hecho en el gobierno hablan de una nueva compañera de fórmula del libertario con ascendencia en el sector militar.
En las semanas siguientes al triunfo de La Libertad Avanza en el ballotage de 2023, cuando aún la fórmula presidencial no estaba en guerra, Villarruel buscó ocupar áreas del gobierno, como Seguridad, Defensa y Aduana, con militares. No se lo permitieron ni Karina Milei ni Patricia Bullrich. Casi dos años y medio después, la idea de Villarruel revivió pero en su contra.
Santiago Caputo
El primer paso se había dado luego de las elecciones, cuando el lugar de Luis Petri en Defensa fue ocupado por un militar por primera vez desde la vuelta de la democracia. Carlos Presti se sumó a una lista que ocuparon José María Klix y el contraalmirante David Rogelio Horacio de la Riva, ministros de Defensa de Jorge Rafael Videla.
Para cumplir con las fantasías castrenses de Milei, Caputo inició un acercamiento a Presti y a su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que llegó a ese puesto como segunda de Patricia Bullrich. El acercamiento puede suponer en algún momento un roce con Karina, que como anticipó LPO, busca el control total del gabinete y eso la lleva a chocar con su propio hermano el presidente.
«Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares», explicó a LPO un funcionario libertario.
Entre los referentes de Las Fuerzas del Cielo recuerdan el Reaganomics, el término que se acuñó en Estados Unidos para definir la política económica del presidente Ronald Reagan.
Entre los pilares del republicano, además de reducir el gasto público, como Milei, y de bajar el impuesto a las ganancias, fue aumentar de manera astronómica el gasto en Defensa, con la Guerra Fría como excusa. Los celestiales están a la búsqueda de una excusa similar para que Milei empiece a aumentar los recursos destinados a Defensa y Seguridad.
Una aplicación de la idea neoliberal de mercado de Reagan acompañada de gastos onerosos en Defensa está sucediendo en el gobierno de Milei, que abandonó el desarrollo de tanques argentinos para comprar los usados Stryker de Estados Unidos.
El ajuste del gobierno de Milei y el alineamiento con Estados Unidos conspiraron contra la modernización del ejército y paralizaron el proceso de acceso del Tanque Argentino Mediano (TAM) que la gestión libertaria abandonó para comprar los usados Stryker de Estados Unidos.
El sitio Realpolitik adelantó que en mayo de 2025 las restricciones impuestas por el Banco Central impidió al Ejército adquirir insumos en el extranjero para el funcionamiento de los TAM. Este medio remarcó que la empresa israelí Elbit Systems se hizo con el concurso para la modernización de una parte de la flota de tanques TAM. Pero el cierre de la fábrica TAMSE y el desmantelamiento del entramado industrial generaron serios problemas de operatividad.
Puntualmente, perjudicó a los eslabones de las orugas, cuya importación directa tiene un costo de unos 700 dólares y comprarlo en el país rondaría los 2.000 dólares por pieza, dadas las modalidades de contratación, fluctuaciones de la moneda y los plazos extendidos de pago. Lo cierto es que toda la flota de TAM quedó afectada y, en su mayoría fuera de servicio.
Pero a la falta de inversión y el abandono de este proceso se le suma la decisión de comprar los tanques usados de Estados Unidos Stryker por una cuestión ideológica. LPO reveló en exclusivo en julio que el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, firmó una carta de intención para comprar los vehículos a rueda Stryker, en un anuncio que hizo durante el encuentro con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono.
Los Stryker forman parte del catálogo militar estadounidense que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
Sin embargo, fuentes del Ejército aseguran que había opciones mejores que estaban siendo barajadas. Una de ella era el Guaraní de Brasil que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión es argentino, de IVECO.
En efecto, la combinación de desfinanciamiento por el ajuste con el alineamiento con Estados Unidos en detrimento de los intereses nacionales atentaron contra las capacidades técnicas del Ejército y dejaron al país sin cadena regional de provisión y logística.
Un militar que estuvo cerca del proceso de modernización de los TAN explicó a LPO que «el TAN fue un desarrollo argentino con tecnología en su momento que había aportado Israel. Entonces, bueno, se hizo un contrato para la modernización. En la gestión de Oscar Aguad se hizo un viaje a Brasil pero no tenía ninguna autorización de Macri para pagar nada y los israelíes se enojaron».
El TAN fue un desarrollo argentino con tecnología en su momento que había aportado Israel. Entonces, bueno, se hizo un contrato para la modernización. En la gestión de Oscar Aguad se hizo un viaje a Brasil pero no tenía ninguna autorización de Macri para pagar nada y los israelíes se enojaron
Esta fuente detalla que «luego, en la época de Agustín Rossi comenzó actualizar cinco a nivel local de los cuales terminaron dos cuando fue el desfile del 9 de julio, que es el tanque al que se subió Milei con Villarruel. Ese diseño de actualización se hizo durante la gestión de César Milani como jefe del Ejército con la gente de ULON, que es donde se fabricó el TAM»
Por eso, agregó, «los TAM es tanque argentino mediano, porque es un desarrollo nacional, como lo es la industria automotriz. Es decir, un desarrollo nacional con todo comprado afuera, como lo es, por ejemplo, el Pampa, que el desarrollo es nacional, pero todos los componentes son extranjeros. Hay un 10% de industria nacional. Con los Stryker no hay nada».
En ese contexto, mientras se paralizaba la modernización de los TAM se avanzó con esta otra compra que además le salio más que caro que si se hubiera comprado a los brasileños, que tenían más consenso, todas las motorizaciones de Iveco con mantenimiento mucho más barato y podes priorizar a la industria nacional.
Milei y Villarruel arriba de un TAM.
De esta manera, de los 27 vehículos de Estados Unidos llegarían 5 en julio y el resto en diciembre y tiene un valor total de 100 millones de dólares, un precio más bajo que el del mercado porque se trata de una compra de gobierno a gobierno.
Pero el Ejército no los había recomendado porque la ventaja del Guaraní por sobre Striker es que no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
Por el contrario, los de EEUU limitan la cantidad, se entrega un lote de usados que Chile descartó, no son anfibios, cuenta con un menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Al no ser anfibios, no van a poder varear los ríos.
La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de casi 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Striker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora.
En efecto, la decisión responde una alineamiento geopolítico de Argentina con Estados Unidos en materia de Defensa que sigue la línea de la compra de los F-16 y el proceso de adhesión a la OTAN.
El justicialismo de la provincia de Buenos Aires confirmó este sábado 7 de febrero de 2026 un acuerdo político de unidad interna que termina con semanas de tensiones y negociaciones y define la nueva conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
Por la Redacción de NLI
Acuerdo estratégico para consolidar la unidad partidaria
Tras intensas conversaciones entre los principales sectores del peronismo provincial —liderados por el gobernador Axel Kicillof y el espacio kirchnerista representado por Máximo Kirchner— se logró un entendimiento que evita la disputa interna prevista para el 15 de marzo, cuando debía realizarse la renovación formal de autoridades.
En ese marco, Axel Kicillof encabezará la lista de unidad como presidente del PJ bonaerense, cargo clave para ordenar al peronismo en la provincia más grande del país. La vicegobernadora Verónica Magario ocupará la Vicepresidencia primera, replicando la dupla que conduce el Ejecutivo provincial.
Estructura de poder y reparto de cargos
El acuerdo no solo consagra la dupla Kicillof–Magario al frente del PJ bonaerense, sino que también configura un esquema de integración que busca contener a todos los sectores internos:
Axel Kicillof, presidente del PJ bonaerense.
Verónica Magario, vicepresidenta primera.
Federico Otermín, vicepresidente segundo.
Mariano Cascallares, secretario general.
Leonardo Nardini, presidente de la Junta Electoral.
Máximo Kirchner, presidente del Congreso partidario.
El armado refleja un equilibrio político interno entre los distintos espacios del peronismo bonaerense, con representación territorial e institucional.
Significado político y proyección hacia 2027
La decisión de avanzar con una lista de unidad evita una interna que podría haber generado desgaste y expone una voluntad clara de consolidación partidaria en un contexto nacional complejo.
Con Kicillof al frente del PJ bonaerense, el peronismo ordena su estructura en el distrito más determinante del mapa electoral argentino y refuerza su conducción política con vistas a los desafíos que se proyectan hacia 2027.
Una etapa de consolidación interna
El entendimiento alcanzado entre los principales referentes del espacio abre una nueva etapa en el Partido Justicialista provincial, con el objetivo de articular gestión y conducción política.
La conducción compartida entre Axel Kicillof, Verónica Magario y Máximo Kirchner busca transmitir una señal de cohesión y fortaleza interna frente al escenario nacional, donde la organización territorial y la unidad estratégica vuelven a ocupar un lugar central en la agenda del peronismo.
La Ciudad desalojó dos propiedades usurpadas en pleno Palermo que estaban tomadas desde hace 30 y 13 años. Desde diciembre de 2023, el gobierno porteño recuperó 579 viviendas.
Una de las propiedades está ubicada en Guatemala al 5000 y estaba tomada desde hace 30 años y desde 2014 había un juicio por desalojo.
«En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley. No vamos a permitir que la Ciudad se transforme en el Conurbano», dijo Jorge Macri.
El procedimiento fue realizado por la policía porteña junto con personal de Emergencias, Red de Atención y Bomberos. El jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, supervisó los operativos.
Otra de las propiedades que volvió a manos de sus dueños es un edificio de tres pisos donde había funcionado una clínica, ubicada en Honduras 5648, frente al canal América.
Desde la asunción de Jorge Macri, el gobierno porteño desalojó 579 viviendas ocupadas en desalojados en Belgrano, Constitución, San Telmo, Flores, Parque Avellaneda, San Nicolás y Palermo.
Nación analiza terminar la obra del FFCC Belgrano Sur para que llegue hasta la estación Constitución. El proyecto fue interrumpido por Milei en 2024.
El viaducto cuenta con créditos de la CAF y de FONPLATA y tenía un avance de obra cercano al 68% cuando Nación decidió frenarla: solo continuaron los proyectos que tenían más del 80% de ejecución.
Se trata de una obra clave para los 65 mil pasajeros diarios que transporta el Belgrano Sur, que llega desde Merlo y atraviesa La Matanza hasta la terminal Sáenz en Pompeya.
El tren corre elevado en su tramo final y el proyecto de ampliación contemplaba hacer un viaducto de 4 kilómetros para la conexión con el Roca en Constitución. Si se concreta, la obra permitirá eliminar 8 pasos a nivel y abrir 15 calles que se interrumpen por las vías.
El viaducto avanzó, pero se interrumpió en la calle Brandsen y dejó una estructura inutilizable que molesta a los vecinos del barrio. En Twitter lo llaman el «Elefante Blanco del Belgrano Sur».
A pesar de la parálisis, el gobierno nacional nunca rescindió el contrato con la empresa DYCASA, que en los últimos meses pasó a manos de IEB Construcciones.
Además, a principios de 2026, Transporte adjudicó a la empresa PKF Audisur una auditoría externa del ejercicio 2024 del proyecto para unir Sáenz con Constitución, según informó En el Subte. La auditoría es parte del convenio del gobierno con la CAF y FONPLATA.
El viaducto quedó interrumpido a menos de un kilómetro de Constitución y para terminarlo harían falta 50 millones de dólares.
«En Nación están analizando retomar el proyecto, pero hay algunas complejidades que resolver. De todas formas las urgencias de los trenes están en otro lado», confió a LPO un especialista en transporte.
