Sociedad

 

En el mismo momento en el que Axel Kicillof asumía la presidencia del Partido Justicialista, Máximo Kirchner estaba de recorrida en Santa Fe. El líder de La Campora  por la comuna María Teresa junto al presidente comunal, Gonzalo Goyechea, y la diputada nacional, Florencia Carignano.

En el marco de esa recorrida, el diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo. 

Esta iniciativa, en caso de aplicarse, le daría a la provincia de Buenos Aires 120.000 millones de pesos. Sin embargo la idea conspira contra los sectores productivos dado que lo dio en una zona de puertos sojeros, en un escenario en el que el un sector del peronismo busca acercamiento. 

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De todas formas, el hijo de Cristina logró juntar una importante representación territorial. Entre los dirigentes políticos presentes en la charla de Máximo en Santa Fe se destacaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri, en una muestra de fuerte respaldo institucional y territorial.  

El diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo.

 También participaron referentes provinciales como Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Erica Bonfatti, Marilyn Sacnun y Alejandro Ramos, consolidando una amplia representación del peronismo santafesino. 

Por parte de las autoridades partidarias del PJ Provincial estuvieron presentes su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia. 

Entre ellos se encontraban Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Martín Calori, de Oliveros; Federico Martello, de Andino; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; y María Laura Mozzi, de Mugueta, reforzando el carácter territorial del encuentro.

Máximo dijo que «acostumbrarse otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría». 

«Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar y para poder, desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saque a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces se empieza a ver que es negativa para la gran mayoría», expresó.

 

 

La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.

LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras. 

El enojo con el decreto comenzó  por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».

Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo. 

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Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata. 

En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.  

La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.

«Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.

Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron. 

Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos

Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata. 

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Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos. 

«La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.

 

 

Los parlasureños libertarios Fabricio «Faber» Cascino, Patricio Villegas, Jorge Cayetano Santilli y Julio Gutiérrez se rebelaron contra el ministro Pablo Quirno y el director del Mercosur por la Cancillería, Rubén Ruffi, que pretenden que sus representantes en el parlamento regional rechacen la reincorporación de Venezuela.

Ruffi, el hombre de Karina que detona los acuerdos del Mercosur, mantuvo una reunión por Zoom y otra presencial en el Palacio San Martín pero los diputados de LLA se mantuvieron incólumes. «No nos pagan ni los viáticos pero nos llaman para darnos órdenes», fue lo que explicó uno de los asistentes al encuentro con el ex embajador argentino ante El Salvador.

La postura oficial de la Cancillería genera desconcierto entre los pocos legisladores parlasureños de Javier Milei. «Venezuela cerró con Donald Trump, Estados Unidos es nuestro principal aliado pero la Cancillería está en contra», argumentan los libertarios disidentes.

LPO ya informó que Ruffi es un duro, con una carrera diplomática que trascendió los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En los pasillos de Cancillería, le dicen «El Talibán», por su dogmatismo, y lo definen como un funcionario prolijo que cultiva una estricta disciplina con su rutina de gimnasio y cama solar.

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El nerviosismo de Quirno y Ruffi obedece a que el lunes próximo sesionará el Parlasur en Montevideo y el regreso de los venezolanos al recinto podría ser tratado. De hecho, el presidente pro témpore del cuerpo, el paraguayo Rodrigo Gamarra, se reunió con diplomáticos caraqueños en el Parlatino realizado en Panamá el mes pasado y se manifestó a favor del retorno.

En ese contexto, uno de los kirchneristas en la delegación argentina recordó que «la Asamblea Nacional de Venezuela formalizó la conformación de su delegación parlamentaria para el período 2026-2031 y la comunicó oficialmente al Parlamento del Mercosur, en un gesto que en términos diplomáticos equivale a volver a sentarse en la mesa». Los venezolanos fueron relegados del bloque regional en 2017, bajo la invocación del Protocolo de Ushuaia que define parámetros de apego a la democracia.

Rodrigo Gamarra.

Tras la invasión estadounidense y la captura de Nicolás Maduro, los parlasureños de Brasil, Uruguay y Paraguay, según el cálculo de los peronistas, comenzaron a dar señales de normalización en las relaciones con los venezolanos. Aún cuando los bolsonaristas resisten, el vicepresidente Geraldo Alckmin sostuvo que «Venezuela está suspendida del Mercosur, pero como ahora atraviesa un momento diferente, eso será reconsiderado».

Además, el argentino Gabriel Fuks impulsó la creación de «una comisión de acercamiento» para propiciar canales informales con actores del gobierno de Delcy Rodríguez. «Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana», planteó.

Esa hoja de ruta fue la que gatilló la estrategia del boicot que diseñó Ruffi para frenar el avance del reingreso de los representantes de Venezuela.

Independientemente de la situación actual de Venezuela, abrir los espacios comunes regionales es una situación de oxigenamiento de la transición venezolana.

Un parlasureño libertario que dio el portazo el año pasado por las peleas con el salteño Alfredo Olmedo relativizó las chances de que prospere la reincorporación en lo inmediato y atribuyó la resistencia de Cascino, Villegas, Santilli y Gutiérrez a una «operación» del kirchnerismo para la que necesita esos cuatro votos. Sin embargo, los kirchneristas aducen que no hay nada que votar.

En el Parlasur, debaten 118 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El quórum para sesionar es de 38, mientras que el piso para aprobar disposiciones es de 59.

Fuentes diplomáticas advirtieron ante LPO que la resistencia de la Cancillería no estaría en objeciones sobre la cuestión democrática sino en la competencia con el país caribeño en materia energética, por la magnitud de las reservas petroleras de PDVSA. «La comparación de los recursos venezolanos con el desarrollo de Vaca Muerta y otros activos locales genera preocupación en sectores del Gobierno y también en actores empresariales del rubro», dijeron. 

 

 

El fiscal Gerardo Pollicita le pidió al Banco Galicia que brinde detalles de dos cajas de seguridad abiertas en esa entidad por Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los gastos de la pareja vienen generando un cimbronazo en el gobierno libertario.

El Galicia tenía tiempo hasta este viernes para aportar al fiscal información sobre las dos cajas de seguridad. Entre otras cosas el banco debe consignar la nómina de las personas autorizadas a acceder, junto con los registros de ingresos y egresos, ya sea en libros, actas u otros sistemas, detallando fechas, horarios e identidad de quienes accedieron desde enero de 2022 hasta este año.

Además, la Justicia pidió las filmaciones correspondientes a los accesos al área de cajas de seguridad, con el objetivo de reconstruir los movimientos y establecer posibles responsabilidades en el marco de la causa.

Rafecas consideró que el viaje de la esposa de Adorni en la comitiva no fue un delito y archivó la denuncia

El contenido de esas cajas son una incógnita toda vez que la esposa de Adorni es monotributista con categoría A.

El eje de la causa por presunto enriquecimiento ilícito es determinar si hubo un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados por el funcionario. De esta manera, la idea es establecer si existe una diferencia significativa entre los bienes, ingresos y gastos de una persona en función de su actividad económica y su evolución en el tiempo.

Este viernes, el juez Daniel Rafecas archivó la investigación sobre el viaje de Angeletti a Nueva York en el avión presidencial. La decisión se adoptó después del pedido de la fiscal Alejandra Mangano quien había sostenido que los hechos bajo análisis «no configuraban ningún delito».

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La causa inició el 11 de marzo a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbon y la presentación se circunscribió a la decisión de subir al avión presidencial a la esposa de Adorni en la gira oficial hacia hacia la ciudad de Nueva York.

El jefe de Gabinete festejó el fallo en las redes. Sin embargo, el diputado Rodolfo Taihade le recordó que no es la única causa penal contra Angeletti. «Hay mucho más. La arrogancia genera arrepentidos», dijo.

 

 

El balance cambiario de marzo agravó las dudas del mercado sobra la sustentabilidad del esquema cambiario del Gobierno: las reservas cayeron USD 3.514 millones, pese a que el Banco Central concretó compras por USD 1.671 millones. Los pagos de vencimientos de deuda y de Bopreales agravaron el déficit.

Pero el balance cambiario confirma que el problema no es puntual. La cuenta corriente cerró con un déficit de USD 88 millones. 

El principal drenaje está

está en la dolarización minorista. Las personas humanas compraron USD 2.470 millones en marzo. Parte se destinó a consumo, en menor medida quedó en depósitos y otra importante salió del sistema. A eso se suma el rojo en servicios, con USD 522 millones, impulsado por turismo y gastos con tarjeta. 

Otro dato más sensible está en las rentas. Solo en «Ingreso primario» salieron USD 1.321 millones, con fuerte peso de utilidades y dividendos. 

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Ahí entra la lectura de Amílcar Collante. Este economista advirtió que la reglamentación de la «inocencia fiscal» no tuvo impacto relevante en los depósitos en dólares, la gran apuesta de Milei y Caputo. Los números que muestra son claros: los depósitos rondan los USD 38.800 millones y no despegan, mientras los préstamos en dólares superan los USD 21.600 millones y siguen creciendo.

La reglamentación de la Inocencia fiscal, no tuvo un efecto relevante en los depósitos en dólares.

La conclusión de Collante es filosa. No hay un ingreso fuerte de dólares al sistema. Lo que hay es una economía que sigue operando en moneda dura, pero sin confiar lo suficiente como para dejar esos dólares en los bancos.

El frente financiero agrava el cuadro. La cuenta financiera cerró con un déficit de USD 2.255 millones. Las salidas del sector financiero, del Estado y los pagos de deuda explican buena parte del rojo. Del otro lado, el ingreso viene por préstamos: unos USD 1.800 millones en crédito para el sector privado.

Ese dato completa el rompecabezas. Los dólares que entran lo hacen, cada vez más, por deuda. Los que salen, lo hacen por consumo, rentas y dolarización. La calidad del flujo se deteriora. 

El balance de marzo deja una advertencia. El programa que ordena algunas variables, al mismo tiempo desata otras tensiones. La dolarización de carteras no desaparece y el déficit externo vuelve a asomar, aún en un contexto donde los dólares comerciales siguen llegando.

El problema, entonces, no es que falten dólares. Es que nadie quiere soltarlos. Y en esa lógica, el equilibrio siempre queda en duda.