Se dio a conocer el último dato de inflación y la situación geopolítica global comenzó a recalentarse cada vez más. En este contexto, los inversores se preguntan si seguir apostando por el peso o, por el contrario, migrar hacia activos financieros que ofrezcan cobertura cambiaria.
La semana pasada, el Indec reveló que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 2,9% en febrero de la mano de las tarifas y los alimentos. De esta manera, acumuló un 5,9% de crecimiento en 2026 y un 33,1% de forma interanual.
El dato, que igualó al de enero, fue superior al 2,8% promedio estimado por las consultoras, lo que preocupó a una parte del mercado. En marzo se espera un registro similar, lo que indica que en apenas tres meses de habrá alcanzado la meta anual que fijo el gobierno en el Presupuesto de este año.
En paralelo, la guerra en Medio Oriente protagonizada por Estados Unidos, Israel e Irán está escalando, lo que impulsó al alza el precio del petróleo, que ya ronda los USD 110 por barril.
«Para el ahorrista argentino, este shock no es un dato lejano, tiene implicancias directas para Argentina: presiona la inflación global vía costos, deteriora el escenario de tasas en Estados Unidos y complica el contexto externo para economías emergentes», relató Priscilla Sosa, asesora financiera en Bull Market Brokers.
Según la Agencia Internacional de Energía (EIA, el Brent se mantendrá por encima de los USD 95 durante los próximos dos meses, antes de moderar -eventualmente- hacia el tercer trimestre.
Los bonos CER ofrecen cobertura directa contra la presión sobre la inflación. El esquema de bandas cambiarias vigente limita el traslado del shock externo al tipo de cambio oficial en el corto plazo, pero no neutraliza la inflación que ese mismo shock puede generar.
«En este marco, los bonos CER ofrecen cobertura directa contra ese riesgo. El esquema de bandas cambiarias vigente limita el traslado del shock externo al tipo de cambio oficial en el corto plazo, pero no neutraliza la inflación que ese mismo shock puede generar», indicó Sosa.
La lógica del dollar linked cobra más relevancia cuando el shock externo es tan pronunciado que fuerza un ajuste del tipo de cambio real. Ese escenario no es el base dado que hoy el Gobierno mantiene el ancla cambiaria como señal central, aunque el contexto geopolítico lo vuelva un riesgo a monitorear.
Cabe señalar que los diferentes tipos de cambio están atravesando un periodo de gran estabilidad, motivo por el cual el dólar oficial ronda los $1.400 desde hace varias jornadas.
«En un escenario de inflación global elevada y sostenida por un conflicto de resolución incierta, la cobertura en CER sigue siendo la más alineada con el objetivo de preservar el poder adquisitivo. El dollar linked tiene sentido como cobertura táctica ante una eventual ruptura del esquema cambiario, no como posición estructural mientras el ancla se mantenga», relató Sosa.
En esta línea, los estrategas de Adcap Grupo Financiero coincidieron en que los bonos CER son mejor alternativa de inversión que la deuda dólar linked.
«Tras el dato de inflación de febrero de 2,9% y especialmente la lectura núcleo de 3,1%, destacamos el Boncer TZXM7, que ofrece alrededor de un 5,5% de rendimiento real. De cara a adelante, esperamos que la inflación de marzo se mantenga elevada, en términos generales en línea con los registros de enero y febrero cerca del 2,9%, respaldada por una estacionalidad desfavorable y por indicadores de alta frecuencia firmes», sostuvieron los ejecutivos.
Por su parte, los analistas de Proficio Investment expusieron su visión bajista sobre los bonos dólar linked. «Con el buen desempeño del peso argentino a pesar de la incertidumbre a nivel mundial, mantenemos nuestra view negativa considerando que el escenario de corto plazo favorece un peso apreciado al menos por unos meses más. Además, con tasas bajas (e incluso negativas), existen otras alternativas dolarizadas más atractivas en el caso de querer cobertura», concluyeron.
Axel Kicillof enfrenta un momento crítico con las finanzas de la provincia. El gobernador es víctima de la doble tenaza del modelo económico de Javier Milei. Por un lado un feroz ajuste de recursos por parte del Ministerio de Economía que hizo recaer sobre la provincia de Buenos Aires el ajuste mayor. Pero al mismo tiempo la pérdida de poder adquisitivo en los bonaerenses que se traduce en un impacto directo sobre los sectores más vulnerables.
Las consecuencias de esas políticas tienen un correlato directo en Casa de Gobierno. «No vengas a pedirnos ayuda porque acá no hay más nada», fue la respuesta de un funcionario del gobierno a un intendente.
Los intendentes escalan las demandas de los puntos más críticos del conurbano hacia el gobierno de Kicillof, pero la ayuda parece haber llegado al límite. Quizás por eso, el gobernador reunirá la semana próxima a intendentes oficialistas y opositores. Según trascendió, el objetivo es repasar el estado de situación de las finanzas.
La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado. El registro no solo supera la media nacional, sino que también implica un salto frente al trimestre previo donde el desempleo había sido del 8,1%.
En diciembre, Kicillof consiguió una autorización de la Legislatura para avanzar con un esquema de financiamiento por más de USD3.600 millones. Sin embargo, el gobierno nacional es quien tiene que dar luz verde para que la provincia emita deuda.
La situación parece haber cruzado un umbral crítico. De acuerdo al último relevamiento del Indec, la tasa de desocupación en el Gran La Plata (incluye a la capital provincial y a los distritos de Berisso y Ensenada) alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre del año pasado.
Luis Caputo autorizó una parte de ese endeudamiento destinada a pagar compromisos en dólares contraídos durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En los primeros días de marzo, el gobernador hizo un desembolso de poco más de USD420 millones. De los cuales 191,5 millones fueron capital y 233 millones intereses. Esos pagos fueron la quinta cuota de amortización de bonos en moneda extranjera.
Luis Caputo.
El gobierno libertario sabe que dejar a una provincia como Buenos Aires sin chances de refinanciar su deuda supone un problema de consecuencias impredecibles para el propio gobierno libertario. Con repercusiones -quizás- en el resto de la provincias.
Mientras tanto, en La Plata apuestan a poder tomar deuda para invertir en Infraestructura. Es que sin ayuda del gobierno nacional, las obras en la provincia marchan a un ritmo demasiado lento para las aspiraciones presidenciales de Kicillof.
En Nación son reacios a autorizar esos endeudamientos toda vez que no se trata de pagar vencimientos de deuda, sino de contraer nuevos compromisos para invertir en desarrollo.
«No se le autorizó ni se le va a autorizar nueva deuda a Kicillof. Solo se va a autorizar sobre el rollover de su deuda», dijo a LPO una fuente de la Rosada.
En los últimos días la posibilidad de endeudamiento sumó un nuevo escollo cuando el riesgo país llegó a 623 puntos básicos, rozando así un nuevo récord anual.
El riesgo país determina el precio a pagar al momento de contraer deuda. Ese índice se conforma a partir de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, más los puntos que suponen el riesgo país de Argentina. Hoy la tasa de interés de la Reserva Federal está entre 3,75 y 4,0%.
Una tasa de interés de cuatro puntos, más un riesgo país para el caso de Argentina de 600 puntos supone una tasa de endeudamiento del 10% en dólares para el país.
Por estos días, Caputo cajonea los pedidos del gobierno de Kicillof. El jueves el ministro dijo que el gobierno libertario descarta salir a buscar deuda. En un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas dijo que el gobierno tiene los recursos para pagar vencimientos de capital hasta julio de 2027 y que los recursos para eso serán la venta de activos, es decir empresas públicas.
EL MAYOR DAÑO DE LAS POLÍTICAS DE MILEI SIGUE CAYENDO SOBRE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESLa desocupación informada por @INDECArgentina para el cuarto trimestre de 2025, que aumentó y marca 7,5% como promedio nacional, registra preocupantes picos muy por encima de la media en… pic.twitter.com/zHlLJb33Lt
Esas palabras de Caputo parecen cerrar la puerta a un permiso para que el gobierno de Kicillof pueda salir a emitir deuda. Si Caputo busca salidas «alternativas» difícilmente firme los pedidos para contraer deuda que enviaron desde La Plata. En tanto, se sabe que para Kicillof, desprenderse de activos del Estado bonaerense de ninguna manera supone una opción.
Cómo sea, hubo en los últimos meses una ventana para tomar deuda por debajo de los 10 puntos de interés que algunas provincias aprovecharon. A fines de febrero, Entre Ríos salió a buscar unos 500 millones a siete años con una tasa cercana al 9,5% anual. Terminó consiguiendo 300 millones y pagó 9,875% de interés.
Córdoba tomó a fines de enero, 800 millones, a una tasa de 8,95%. En tanto, Santa Fe colocó, en diciembre, deuda por 800 millones a una tasa de 8,10%. Hoy, con el riesgo país en 633 las provincias no podrían tomar deuda a menos del 10,5%.
Seis policías de un grupo táctico de la provincia de Santa Fe fueron condenados a penas de prisión efectiva por una secuencia demencial de delitos que los delatan en tres facetas: mejicanear partidas de cocaína a distribuidores para después venderlas, realizar allanamientos ilegales que hacían pasar como actos regulares para descubrir la droga, y también torturar con picana eléctrica a un par de dealers para que estos cantaran quiénes eran sus proveedores.
La secuencia se asemeja a una película hardcore donde efectivos de la policía rosarina se burlan de los fiscales, asaltan una casa donde saben que hay droga y se la llevan después de someter a una pesadilla a los que estaban en la vivienda. Lo que pasó en esa casa fue contado hasta por un nene de ocho años que estaba durante el allanamiento ilegal, que declaró en cámara Gesell desde una ciudad del norte del país donde se encontraba, porque después de sufrir esta brutalidad las personas involucradas como víctimas fueron sacadas de Rosario.
Los condenados pertenecen a un escuadrón especializado de la policía de Santa Fe, el Grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica de la Regional Rosario. Abrumados por las pruebas estos aceptaron su responsabilidad en distintos hechos en juicios abreviados donde reconocieron ser culpables de torturas, allanamiento ilegal, falsificación de actas y venta de drogas. Queda con destino a juicio oral y público pendiente el jefe de todos ellos. Los fiscales federales actuantes consideraron que por la gravedad institucional del caso el máximo responsable del grupo, que es un oficial con solo ocho años de antigüedad en la fuerza, debe comparecer en una audiencia abierta.
Algunos detalles de lo ya probado entran en el terreno del delirio. El máximo jefe habla y se ríe de cómo el grupo acechó con el paso de electricidad a dos pequeños distribuidores para que delataran a los que les suministraban la droga. Disfrutan contando cómo les arrancaron la información con un sadismo naturalizado. Comentan entre risas lo que le hicieron a una persona a la que llevaron a un baldío. «Jajaja. Cómo lloraba el de la vía» dice uno de los policías. «No tiene desperdicio», le responde su colega. Finalmente el primero dice que necesita «dar otra sesión de masajes eléctricos».
Los hechos que motivan las condenas son tres. El primero ocurrió el 13 de agosto de 2024 cuando seis suboficiales del grupo ALFA fueron en dos móviles -los 10.065 y 10.533-a una casa de calle Forest 5624. Llegaron sin orden judicial ni motivo que lo justifique. Allí redujeron a Diego Andrés Inturias y José Luis Linares y los retuvieron a éstos junto con Perla Requejo y dos nenes de 8 años y un año. Fue durante 50 minutos sin dar aviso a ninguna autoridad judicial para apropiarse, según Inturias de más de una decena de panes de cocaína que había en el lugar, que eran entre 12 y 15 kilos de sustancia. También se llevaron armas de fuego y cuchillos de colección, cincuenta mil dólares e indumentaria que los ocupantes de la vivienda tenían para la venta.
El segundo hecho es que los mismos que participaron de ese allanamiento trucho y violento se ocuparon de vender al menos cuatro de esos ladrillos de cocaína días después en la ciudad de Santa Fe según consta en sus propios teléfonos. Por este hecho tres familiares del jefe del grupo policial -su esposa y dos cuñados- también fueron condenados.
El tercer incidente, el más negro de una secuencia impactante, fue el de los tormentos con picana y golpes contra Daniel Yufra y Jonatan Leiva. A quienes los policías le pasaron electricidad en el cuerpo para obtener datos del proveedor del ladrillo de cocaína que tenían. Yufra y Leiva fueron detenidos en la vía pública el 13 de agosto de 2024, en la calle Jean Jaures 5526 de Rosario. Tras conseguir de esa manera los datos que buscaban una hora después irrumpieron sin conocimiento judicial en la casa donde encontrarían la mayor partida de cocaína, y hacia donde según el seguimiento por GPS los móviles se trasladaron sin detenerse después de apretar a los dealers.
El único que después de estas condenas queda con un juicio oral pendiente es el aludido jefe del grupo, el oficial Guillermo Toledo. Que en una pormenorizada crónica de gangsters le cuenta a su colega Juan Angel Balais cómo obtuvieron la información para encontrar los 15 ladrillos de cocaína.
Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos.
«Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era», dice Toledo.
Este audio está en un intercambio del 17 de septiembre de 2024. Unos meses antes, en abril del año pasado, Toledo le explica a un subalterno cómo obtener información en forma ilícita. «Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos», explica Toledo. Al imputar el caso el año pasado la fiscal María Virginia Sosa dijo de Toledo y la metodología de los operativos contada por él mismo: «Un verdadero pedagogo de la ilegalidad».
La reconstrucción de estos hechos surge a partir de que un equipo fiscal conducido por Javier Arzubi Calvo encontrara a los dos dealers torturados por los hombres de la PAT, a partir de testigos que dijeron que el día de los hechos vieron llorando a dos hombres adentro de una camioneta. Allí se estableció que habían sido torturados con picana eléctrica, hasta escupir lo que pedían, con el fin de llegar hasta el proveedor. Torturaban para obtener datos para llegar «al pescado gordo»
Que tenían una picana eléctrica quedó probado por las propias conversaciones de los policías. En un momento en que producían operativos efectivos del mismo grupo mencionaron la dirección de un lugar donde «volvieron a activar». Un integrante pregunta dónde es la acción y otro le responde: «Donde Balais hizo el secuestro de la picana». Ese lugar era un bunker y de allí lo robaron. ¿Dónde se encontró la picana? «En la mochila de suboficial Balais cuando fue allanado», dijeron los fiscales en la audiencia judicial del año pasado.
Un dato relevante es la juventud de los efectivos condenados. Son viejas prácticas de la policía, remarcaron los fiscales, encarnadas por uniformados nuevos. El que más trayectoria tenía en la fuerza santafesina al momento de los hechos llevaba ocho años de servicio. Ninguno era al momento de los hechos mayor de 36 años.
Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear.
El testimonio en la causa de uno de los dealers torturados por la policía está volcado en las actas de acusación. «Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera ¿viste? y a mostrarle acá la parte de la cola, a picanearnos. El primero fue un toquecito y ya de afuera, continuo nos dejaban y nosotros decíamos ¿por qué nos están haciendo eso? Si nosotros no estamos ni resistiendo a la autoridad ni faltando el respeto. Nos hacían agachar la cabeza, nosotros agachamos la cabeza y se reían. Se reían y a mi compañero después lo agarraron aparte. Y le dijeron a dónde había sacado. Nos pedían que les dijéramos dónde estaba el pescado gordo».
Los relatos de los que tenían la droga son impactantes y transparentes. La admisión de que tenían droga en su casa no les merecerá condena a raíz de la completa ilegalidad de los operativos policiales que son nulos para un trámite judicial. Quizá por eso hablaron con tanta elocuencia.
Uno de los tenedores de la cocaína, Diego Inturias, reveló lo que pasó cuando la brigada le tiró la puerta abajo en su casa de la calle Forest. «A los diez minutos que entraron pedí hablar con el jefe. Y ahí me sientan en la mesa con un policía gordito y me dice que él es el jefe». «Tenes huevo negrito eh, para hablar conmigo»…
Lo que sigue contado por el distribuidor es una película de mercenarios. «Ahí me sacaron del piso, me sentaron en la mesa de la cocina, el gordito se sentó en frente mío, cara descubierta, mía y de él, ahí yo le dije que ya perdí, dejá de lado mi familia, te entrego todo. Me dijo «¿pero qué tenes?» Hay de todo le dije, hay droga, dólares y pesos. Ahí ya habían encontrado las armas que estaban en el placard empotrado. Me dijo «tenes un montón de armas, ya estás re complicado con esto, me llevo una parte de las armas, lo otro lo dejo en la mesa, te dejo medio kilo de droga en la mesa así te dan poco tiempo, como mucho un año preso y vos le sacas toda culpa y todo cargo a tu familia». Le pregunté si estaba seguro si podía salir así, y me dijo que estaba seguro y que él sabía que como mucho en un año me daban la libertad. Me dijo «confía en mí que yo sé de esto». Ahí el gordito me dijo por qué habían llegado, «me dijo un amigo tuyo al que lo agarramos con un kilo te vendió. Tenía una camioneta gris. Lo agarramos con un kilo, cantó como un pajarito tu amigo»».
El equipo de investigación fue liderado por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa. En el juicio abreviado aceptaron condena el policía Jesús Angel Balais a 7 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por vejaciones y apremios ilegales, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, sustracción de elementos, falsificación de instrumento público y comercio de estupefacientes agravado.
También Fernando Nicolás Ferreira a seis años y medio por violación de domicilio y comercio de estupefacientes. Iván Severino Schneider a 4 años y seis meses por iguales delitos. Gerardo Sebastián Pérez a igual pena por mismos delitos. Sergio Nicolás Robledo a tres años y seis meses por la violación de domicilio y comercio de estupefacientes y Miguel Alberto Aguilar a dos años de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público. Todas las penas son de cumplimiento efectivo. Asimismo fueron sentenciadas a tres años de prisión tres familiares de Guillermo Toledo que participaron de la comercialización de la droga llevada de Rosario a Santa Fe.
Guillermo Toledo negocia el cierre de su caso con un acuerdo parcial de reconocimiento de culpa aunque habrá con él, jefe del operativo, lo que se llama un juicio de cesura donde la pena se discutirá en una audiencia oral y pública.
Los detalles que dieron los fiscales en las audiencias preliminares fueron increíbles. «La preocupación de Toledo no era que se descubriera su accionar ilegal. Queda muy claro en su teléfono que lo que más temía era que le robaran la droga que él había robado», dijo uno de los acusadores.
Las revelaciones surgidas de lo que contaron los involucrados en esta historia son abrumadores. Resalta lo que terminó de contar Inturias cuando llegaron a su casa a sacarle la droga y lo interrogaron por la plata que tuviera en la casa.
«Fui a buscar los dólares en una vitrina donde había fotos y demás, los dólares estaban entre unos libros de esa vitrina, los había guardado ese mismo día. Los escondí apenas tocaron el timbre los policías. Eran más de cincuenta mil dólares. Fui ahí mismo a buscarlos para entregárselos y no estaban. Ahí el gordito ya me empezó a decir que le mentía, que no había nada ahí. En ese momento se acerca el policía que tenía cara de viejo, lo codea al gordito y le dice que se calle en voz baja, que ya tenía la plata él, que ya la había agarrado. Ahí el gordito me dice a mí que me quede en el molde».
Sobre la cocaína que tenía en la vivienda, dijo Inturias sobre los policías. «Me llevaron a buscar la droga, todos estaban buscando, pero no habían encontrado droga todavía. Habían buscado hasta en las ventanas, fui a la pieza y les mostré dónde estaba la droga debajo de la cama. Estaban todos los policías ahí. Cuando vieron la droga, el gordito dice «Ya estamos chicos, ya estamos. Coronamos».
El peronismo y los libertarios, los dos bloques mayoritarios, se quedarán con algunas de las principales comisiones de la Legislatura. El oficialismo retuvo presupuesto, que sería para Waldo Wolff y Salud, encabezada por Facundo Del Gaiso.
Como contó LPO, desde LLA pretendían ocho comisiones, entre ellas Seguridad, Justicia y Asuntos Constitucionales. Pudieron quedarse con dos de las tres.
En total, la Legislatura tiene 27 comisiones y 2 juntas que se reparten según la cantidad de integrantes de cada bloque y según el equilibrio político que existe en el parlamento.
Sin embargo, LLA tendrá la comisión de Justicia, en manos de Solana Pelayo. Por allí pasarán decenas de pliegos de jueces y fiscales porteños. El bloque liderado por Pilar Ramírez también tendrá desarrollo económico y Nicolás Pakgojz conduciría Asuntos constitucionales.
El peronismo se quedó con Educación, Vivienda, Discapacidad y también está cerca de administrar la Junta de Ética, otro de los espacios clave para aprobar pliegos de jueces.
La radical Aldana Crucitta estará a cargo de la Comisión de Seguridad y Graciela Ocaña de Adultos mayores.
La reforma laboral que empujó el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente judicial adverso. Esta vez, desde Córdoba, donde dos fallos cuestionaron aspectos centrales del nuevo esquema y dejaron al descubierto las tensiones entre el objetivo oficial de favorecer a las empresas y la protección constitucional del salario y las indemnizaciones.
La Sala 7 de la Cámara del Trabajo provincial, con voto del juez José Luis Rugani, rechazó de plano la posibilidad de que las empresas paguen indemnizaciones por despido en cuotas. El caso «Ceballos c/ Iris Energía» se convirtió así en un leading case que pone en jaque uno de los pilares de la reforma.
La empresa había intentado acogerse al régimen que permite a las pymes cancelar indemnizaciones en hasta 12 pagos. Pero el tribunal fue tajante: no se trata de una simple modalidad de pago, sino de una alteración del crédito laboral. En un contexto inflacionario como el argentino, el diferimiento implica una licuación del monto y, por lo tanto, una vulneración concreta del derecho de propiedad del trabajador.
El fallo va más allá del caso puntual y entra de lleno en el debate constitucional. La Cámara sostuvo que el esquema de cuotas viola el artículo 14 bis -que garantiza la protección contra el despido arbitrario- y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que resguarda el derecho de propiedad. Además, remarcó que las indemnizaciones tienen carácter alimentario, ya que están destinadas a cubrir necesidades básicas como vivienda, salud y alimentación.
«la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias», y que el fraccionamiento genera una distinción arbitraria», subraya el fallo.
Pero no fue el único revés. En paralelo, otro fallo de la Justicia laboral cordobesa avanzó sobre un aspecto técnico pero clave de la reforma: el mecanismo de actualización de los créditos laborales.
El juez Ricardo Giletta, desde la Sala Primera de la Cámara del Trabajo, declaró inconstitucional el artículo que establecía una tasa del Banco Central -más baja- para actualizar los créditos en juicios en trámite. La causa «Urbano c/ A. Giacomelli S.A.» sirvió como vehículo para cuestionar el nuevo régimen.
Aunque el despido fue considerado justificado, el magistrado sí reconoció otros créditos salariales y, al momento de definir su actualización, desarmó el esquema de la reforma. Para Giletta, la aplicación de una tasa inferior genera una desigualdad injustificada entre trabajadores: quienes iniciaron juicio antes de la reforma cobran menos que quienes lo hagan después.
El juez entendió que esa diferencia viola el principio de igualdad ante la ley y refuerza una lógica regresiva: castiga a quienes llevan más tiempo litigando. Además, advirtió que el sistema basado en tasas de interés -y no en actualización por inflación- también licúa el crédito, afectando su naturaleza alimentaria.
Recordó que la actualización de los créditos laborales no es un beneficio sino una condición necesaria para preservar su valor real. Por eso, ordenó aplicar el criterio anterior, basado en el CER, ligado a la evolución de los precios.
El doble golpe desde Córdoba deja a la reforma laboral en una situación incómoda. No sólo cuestiona su constitucionalidad en aspectos sensibles, sino que también anticipa una catarata de litigios en todo el país.
Un relevamiento reciente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (Cepip) expuso el fuerte impacto que la crisis productiva generó en las empresas de este entramado clave del conurbano norte, donde, en solo seis meses, se despidieron a 7 mil trabajadores.
Esa cifra implica el 20% del total de empleados que existía a septiembre de 2025 en las 200 empresas que operan en este parque industrial, uno de los más grandes del país, que pasó de contar con 35 mil a 28 mil empleados.
Dentro de este cataclismo aparecen casos paradigmáticos como Whirlpool que, a tres años de inaugurar su mega planta, cerró en noviembre último, afectando a 300 trabajadores y generando un efecto dominó en empresas del mismo parque que fabricaban partes para los lavarropas de la planta que cerró.
Más reciente es el caso de la empresa Moura, que cerró dos líneas de producción y ahora importará baterías de Brasil.
«No se puede competir cuando los costos internos, son mucho más altos que los valores de ingreso de los productos importados», dijo el presidente de la Cámara empresarial del Parque, Néstor Dolera, en referencia a los resultados del censo reciente realizado por la entidad en sus 200 empresas asociadas.
«Argentina no puede sostenerse sin producción; necesitamos que el cambio de escenario económico se concrete antes de que la rueda se frene por completo «, agregó el industrial.
En la cámara explicaron que, más allá de casos masivos como el de Whirlpool o Berry, muchos despidos se dieron por goteo, a razón de entre 10 y 30 trabajadores, como parte de un proceso de reducción de personal que va en sintonía con el derrumbe del consumo y de la producción, y la apertura importadora que habilitó el gobierno de Javier Milei.
Con ese cuadro, en el Pilar estiman que 2026 puede exponer una foto más dura que la del último semestre.
