Sociedad

 

El recorte de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional es un costo que no desaparece, se traslada. La poda fiscal se ejecuta en el presupuesto nacional, pero el impacto social y político queda radicado en las provincias, que enfrentan facturas impagables, picos de consumo y la presión directa de los usuarios. 

En 2026, el objetivo oficial es reducir los subsidios energéticos del 0,9% del PBI en 2025 al 0,5%, una baja de 0,4 puntos del producto, equivalente a varios miles de millones de dólares. Ese ahorro no es neutro territorialmente: golpea más fuerte donde la energía es más cara, más intensiva o directamente no hay alternativas. 

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica electricidad, gas, Programa Hogar y propano en redes, elimina la segmentación N1-N2-N3 y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. En los hechos, reduce volumen subsidiado y achica coberturas, sobre todo en los meses de menor consumo «teórico», que en muchas provincias no coinciden con el consumo real. 

El 43,9% de los hogares argentinos no tiene acceso a gas natural por redes. Y el ajuste es todavía más crudo en el Programa Hogar, que cubre a los hogares que usan garrafas de GLP. En diciembre de 2025 alcanzaba a 3,9 millones de hogares, con una cobertura que llegó a representar solo el 8,5% del precio final de la garrafa, cuando en 2022 cubría cerca del 80%. El precio promedio nacional de la garrafa rondaba los $20.852, lo que implica que el subsidio efectivo había quedado reducido a un monto marginal . 

Con el nuevo esquema, el beneficio pasa a cubrir el 50% del precio, pero con un límite mucho más restrictivo:  Hasta dos garrafas mensuales solo entre mayo y septiembre, una garrafa mensual el resto del año.

A esa transferencia silenciosa de costos se suma el capítulo del gas natural, donde el nuevo esquema también introduce tensiones crecientes. Desde 2026, la bonificación al consumo de gas por redes queda acotada a los meses de mayor demanda, entre abril y septiembre, mientras que durante el resto del año los hogares deberán afrontar el precio pleno del PIST. 

En términos prácticos, esto implica que en los meses templados, cuando el consumo no desaparece pero deja de estar subsidiado, las facturas pueden registrar saltos interanuales de hasta el 40%, incluso en usuarios de ingresos medios y bajos. 

La secretaria de Energía, María Tettamanti

La situación es aún más incierta en las zonas abastecidas por propano en redes: aunque el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados incluye formalmente a este segmento, la Secretaría de Energía todavía no reglamentó el mecanismo de bonificaciones ni el sendero de precios. 

Ese vacío normativo deja a miles de usuarios, mayoritariamente en provincias sin acceso al gas natural, expuestos a aumentos discrecionales y sin un marco claro de protección tarifaria, trasladando nuevamente la presión política y fiscal a los gobiernos provinciales.

Eso implica consumos eléctricos estructuralmente más altos, justo cuando el esquema nacional reduce el bloque subsidiado. Con el nuevo esquema, en 2026 la bonificación eléctrica cubre 300 kWh/mes en meses de verano e invierno y 150 kWh/mes en meses templados. 

    

Para un hogar que consume alrededor de 300 kWh mensuales, la consecuencia es directa: en los meses templados, la mitad del consumo pasa a pagarse a precio pleno. Para usuarios subsidiados, eso genera aumentos interanuales de entre 56% y 61% en esos meses, según las proyecciones de un informe elaborado por ex funcionarios de la Secretaría de Energía. 

Por eso empiezan a aparecer fondos compensadores provinciales, descuentos transitorios y parches fiscales locales que, en la práctica, reponen parte del subsidio que Nación quitó.  E

El caso de Santiago del Estero es ilustrativo. El gobierno provincial anunció un 40% de descuento en la tarifa eléctrica por dos meses, financiado con recursos propios y visible en la factura como «Fondo Compensador Estival Provincial». La medida alcanza a usuarios residenciales de todos los niveles de consumo y busca amortiguar el impacto de las temperaturas extremas.  

«Acá hay una decisión nacional de recortar subsidios y el costo se traslada directo a las provincias con menos infraestructura. Lo que antes se financiaba con recursos del Estado nacional hoy se convierte en más presión sobre los presupuestos provinciales y, en última instancia, sobre las boletas que pagan las familias. Por eso es necesario que los gobernadores se pronuncien con claridad: no se puede aceptar en silencio que el ajuste se descentralice para que el costo político lo paguen las provincias», acusó un diputado peronista. 

La lectura que hacen desde las provincias es que el recorte de subsidios no es solo una decisión fiscal: es una redistribución territorial del costo. Golpea más fuerte donde no hay gas por red, el consumo eléctrico es estructuralmente alto y los ingresos promedio son más bajos. 

 

 

 La caída del juicio abreviado contra el financista Luis Herrera y sus dos hijos provoca una crisis que tiene impacto institucional. El defensor de los acusados de estafar a un centenar de ahorristas declaró que el fiscal regional de Rosario los metió en una trampa a sus clientes. Primero al avalar ante él mismo y los fiscales del caso la celebración de un acuerdo en el que sus defendidos aceptaron los delitos. Pero luego al quitarle su respaldo de manera repentina y con argumentos endebles.

El fiscal regional de Rosario Matías Merlo rechazó este lunes que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos cierre un juicio abreviado hacia Luis Herrera al que los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja le acordaron una pena de cinco años de cárcel y una pena condicional para sus hijos que con ella quedarían en libertad. Los Herrera están acusados por administración fraudulenta y lavado de activos por un perjuicio de entre 30 y 60 millones de dólares contra unas 150 víctimas.

Una situación que añade perplejidad es que hace tres días a pedido de la misma fiscalía actuante, con el abreviado cuestionado, a los tres imputados les prorrogaron la prisión preventiva hasta el 14 de abril. Cuando el acuerdo firmado a dos de ellos les aseguraba irse en libertad.

Cuando trascendió que el abreviado estaba en marcha un grupo de damnificados cuestionó por muchos motivos que se eligiera este tipo de cierre al caso. Sobre todo porque se trataba de delitos de gran conmoción pública que merecían ventilarse en un juicio oral y público, y no en un acuerdo de partes de limitada publicidad.

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Pero lo que afirma el defensor de los imputados, Gustavo Franceschetti, es que el fiscal regional Matías Merlo los colocó en una posición de efectos irreversibles en cuanto al derecho de defenderse. «Mis representados fueron conducidos a una trampa en la que se han quedado sin un juicio justo y sin un tribunal imparcial. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) les hizo una propuesta de abreviado a Luis Herrera y sus hijos que era difícil de rechazar. Y una vez que la aceptaron, se echaron hacia atrás, lo hicieron público y ahora no hay juez en toda la provincia que no se haya enterado», le dijo a LPO.

¿Qué quiere decir esto último? Que ahora los Herrera serán juzgados en forma oral y pública, dice Franceschetti, por jueces que ya saben que ellos aceptaron declararse culpables. Y que esa circunstancia tiene un peso demoledor en la futura sentencia.

Dos discusiones

Este es un debate que es trascendental en términos de los procedimientos con que se juzgan a las personas en Santa Fe. Es algo que corre por otro andarivel de los hechos que se le atribuyen a los tres imputados y de la prueba que hay contra ellos a la que este medio se refirió reiteradamente. El problema institucional, dice el defensor, es que el fiscal regional de Rosario comprometió que el abreviado avanzara y finalmente volvió sobre su propia decisión, cuando los imputados ya tenían firmado el acuerdo.

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Este viernes LPO le consultó a Merlo sobre su decisión. «Antes de avalar cualquier abreviado tenemos que tener la conformidad de las víctimas. Más en los casos de multiplicidad de víctimas. Debemos constatar que la respuesta sea ajustada a derecho y después se toma decisión. En este caso no se cumplía esa circunstancia y no había una reparación a las víctimas», sostuvo Merlo.

«No se advierte una concreta voluntad de resarcimiento. Los bienes cautelados se hallan sujetos al proceso concursal y no podrían ser objeto de disposición, lo que vuelve ilusoria cualquier compensación penal anticipada», escribió Merlo en los fundamentos del rechazo.

El defensor de los Herrera es un abogado que es docente de la Facultad de Derecho de la UNR y fue dos períodos jefe de la Defensa Pública de Rosario entre 2011 y 2023. El remarca con contundencia que Merlo había convalidado ante los fiscales Moreno y Narvaja la salida del juicio abreviado en una reunión en la que él estuvo presente.

«No pueden titubear»

«Las autoridades del MPA tienen la facultad de ir a juicio o de ofrecer una propuesta alternativa. Lo que no puede hacer es titubear, faltar a la palabra. Esas marchas y contramarchas generan expectativas y daños irreversibles. Las razones que dio la Fiscalía Regional para no avalar el acuerdo, estaban presentes desde el minuto uno, no eran desconocidas», remarcó Franceschetti.

«Solo un 25 por ciento de los querellantes manifestó disconformidad con el acuerdo del abreviado y se sabe que para que sea viable tiene que haber una mayoría de aceptación. En un caso con casi 200 querellantes, donde era seguro que no todos iban a estar de acuerdo, es obvio que se obtienen avales previos y supongo que no caerán en la bajeza de negarlo», enfatizó el defensor.

Merlo, que acaba de quedar por concurso como fiscal regional tras haber estado interino en el mismo cargo, le dijo a LPO lo contrario de Franceschetti. «Uno está tranquilo con lo que resuelve. No había esa mayoría. La respuesta no era la más justa por el daño ocasionado», afirmó.

Según plantea Merlo 33 querellantes aceptaron el abreviado, mientras que 27 se opusieron formalmente. El resto de las víctimas, unas 350 en total, no estaban constituidas como querellantes o no expresaron postura alguna. Eso para la fiscalía es fundamental para el rechazo al abreviado. Franceschetti dice que la ley es taxativa respecto que no expresar posición no puede tomarse como rechazo.

Franceschetti interviene en un caso donde hay sustanciosa prueba contra sus clientes. Pero sostuvo que no siempre la aceptación de un abreviado tiene que ver con reconocerse como culpable sino con optar por la situación menos opresiva. «Luis Herrera y sus hijos están en prisión preventiva hace un año. Según los tiempos de la Justicia rosarina, el juicio recién se podría hacer en dos años más. Entonces les ofrecen asumir responsabilidad a cambio de que obtengan la libertad los hijos, o bien soportar dos años de prisión. Es algo difícil de rechazar. Luis acepta declararse culpable para que sus hijos sean excarcelados. Ellos no se reconocen culpables pero es muy duro soportar tres años de prisión para tener la oportunidad de demostrar la inocencia en juicio».

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El abogado de los Herrera califica como un bochorno institucional la actuación de la Fiscalía Regional de Rosario en esto. «Es escandaloso. El MPA le ha agregado una razón más a la habitual crítica a los acuerdos abreviados. Las personas encarceladas no deciden libremente, quedan contra la espada y la pared, máxime cuando el sistema les ofrece un juicio recién a dos o tres años del encarcelamiento. En estas condiciones, el sistema todo el tiempo se está arriesgando a condenar a inocentes o imponer sanciones más graves de las que corresponden en Derecho. Esto va en contra la naturaleza misma del proceso penal que debe ser una garantía contra estas situaciones. Si además se hace público un acuerdo fracasado, ese riesgo aumenta mucho más», declaró.

Esto lo dice porque partes de la resolución del fiscal regional Merlo que rechaza el abreviado, y con eso mismo reconoce su existencia, fue publicada en diversos medios periodísticos. «Cuando hay un proceso con 140 querellantes uno solo puede haberlo filtrado», dice justamente uno de los querellantes que habló con LPO por este asunto. «Pero por eso es muy complicado para la Fiscalía volver atrás de su compromiso inicial. Es difícil pensar que la fiscalía lo filtró, pero que se haya filtrado revela la ambigüedad de la fiscalía, y además los fiscales intervinientes quedan desautorizados», subrayó el abogado.

Que se escurra el texto de una negociación secreta entre partes es un problema y además un descrédito a futuro para el MPA. «Cualquier juez al que le toque en el futuro este caso sabe que hay tres imputados en juicio que se declararon culpables. Ellos lo hicieron midiendo conveniencias. Pero el efecto es uno solo y es que se asumieron culpables. Acá está el escándalo», dijo Franceschetti.

Esto además es diferente a cuando un tribunal de jueces no homologa un abreviado por defectos legales, como pasa rutinariamente, o como pasó en el caso del abreviado de miembros de la banda de Los Monos. En este caso, remarca la defensa, la Fiscalía primero impulsó el abreviado autorizando a sus fiscales actuantes a firmar el acuerdo. Y después lo rechazó.

«La solución propuesta resulta contradictoria y no se ha demostrado, a la luz de los hechos investigados, una actitud de reconocimiento del daño o arrepentimiento genuino por parte de los imputados hacia las víctimas», indica la resolución del fiscal regional Merlo. Que sobrevino a una reunión en la que participó el mismo Merlo, querellantes y el representante de los imputados. Pocos días después de esa reunión, donde hubo objeciones al acuerdo de algunos querellantes, la fiscalía regional lo rechazó.

«Es un papelón. Indujeron a mis representados a firmar primero, expusieron públicamente que firmaron lo que la fiscalía les propuso, y rechazaron ellos mismos lo que propusieron», dijo Franceschetti. «Este proceder institucional no es sin consecuencias».

 

 

El peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU de la SIDE aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada meticulosa le dijo a LPO que el Congreso «puede tratar de oficio el DNU», una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.

El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una «policía secreta» y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. «Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto», expresó el santafecino.

La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes, explicaron a LPO fuentes de Fuerza Patria.

Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que «introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.

La oposición exige a Menem y Villarruel que conformen la bicameral de Inteligencia por la reforma de la Side

Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas al cierre de esta nota era la posibilidad de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. «¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos», dijo a LPO una legisladora incómoda ante la aparente parsimonia peronista.

Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.

De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.

Lorena Pokoik, en Diputados.

En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que «vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto». A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que «se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales».

Un diputado peronista asumió ante LPO que «todavía no está clara la estrategia del bloque». Aunque delegaba esa tarea en las autoridades de la bancada, se quejó de que hubiera «declaraciones pero nada más».

El DNU introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.

Hasta Sergio Massa había circulado entre los legisladores del Frente Renovador un texto de pomposos bullet para intervenir en el ágora de Twitter, según comentaron en el bloque de Martínez.

Hay, sin embargo, una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial frente a la afectación de garantías constitucionales.

 

 

La oposición inició contactos en el Congreso con el objetivo de lograr el número para voltear el DNU que reconfigura la SIDE, publicado bajo el número 941/25. El primer paso fue reclamarles a Victoria Villarruel y Martín Menem que conformen la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que rechaza o valida los decretos dentro de los 10 días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial.

Un diputado del interbloque de Provincias Unidas le dijo a LPO que la apuesta es llevar la discusión al recinto, en una sesión. «Tenemos el número», aseguró.

En efecto, las bancadas de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y PU emitieron un comunicado de rechazo y plantearon que «no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU».

La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros, siete por cada cámara, mientras que la de Trámite Legislativo admite nueve en total, cinco por el Senado y cuatro por Diputados.

Macri manda al PRO a voltearle el DNU de fondos reservados a Santiago Caputo

El recambio parlamentario obliga a las autoridades del Congreso a nombrar a los nuevos integrantes, respetando la proporcionalidad de los bloques.

En la Cámara Alta, el líder de la bancada peronista, José Mayans, impugnó el criterio definido por Patricia Bullrich con el concurso de los presidentes de los bloques antikirchneristas, por asignarle a Fuerza Patria menos lugares de los que les corresponderían en la comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. De hecho, el formoseño dejó vacantes las sillas de su espacio, como el paso previo a la judicialización contra lo actuado si se llegara a sancionar la reforma laboral que el gobierno debió postergar hasta febrero.

Oscar Zago.

En Diputados, por otro lado, la discusión por la integración encuentra al peronismo en otra posición. Aún cuando en la bancada de Germán Martínez se quejan que Menem «cambia el criterio o no tiene criterio para conformar las comisiones», La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 95 diputados y Fuerza Patria con uno de 93. Los dos interbloques que le siguen en cantidad de miembros acreditan 22 cada uno y, si se calcula por sistema D’Hont, sería difícil que puedan colar algún representante en las bicamerales.

De hecho, un legislador comentó a LPO que Unidos está tratando de juntarse en interbloque con algún otro espacio «para poder dontear (en referencia al D’Hont) y meter uno en la de Inteligencia y otro en la Bicameral de DNU».

El problema sería que casi no quedan bloques donde pescar más integrantes. «Insistimos con (Marcela) Pagano hasta último momento para sumar a los cuatro de Coherencia pero no hubo caso», admitieron en Provincias Unidas.

No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.

Por lo demás, la Bicameral de Inteligencia no dictamina sino que elabora informes y, por definición, son secretos. Ese detalle hace que la oposición tenga la mira puesta en la Bicameral de DNU, que el año pasado terminó siendo presidida por Oscar Zago tras el episodio de las trompadas con Lisandro Almirón en plena sesión. Premiado con ese cargo, Zago salvó el decreto de Milei y Toto Caputo para el acuerdo con el FMI una semana después de las piñas.

Si la composición de esa bicameral mantuviera cuatro lugares para la Cámara Baja, la lógica indicaría que se repartieran dos sillas para los libertarios y dos para los peronistas. Las cinco que quedarían en representación del Senado podrían distribuirse entre los bloques de Mayans, Bullrich y el radical Eduardo Vischi, que lidera la tercera minoría.

Otra derrota de Santiago Caputo: Con la ayuda de Macri, la oposición rechazó el DNU de los fondos para la SIDE

Sin embargo, la oposición recuerda el antecedente del decreto con el aumento de los fondos de la SIDE que el Congreso volteó en 2024. En aquella ocasión, Mauricio Macri fue determinante: horas antes de la sesión en Diputados, convocó a un zoom con los gobernadores de Juntos y los referentes parlamentarios para ordenar el voto en contra del DNU. Hasta Diego Santilli se agarraba la cabeza en los pasillos del Congreso, diciendo que ya había salido por las radios a decir que estaba a favor la misma mañana que Macri mandaba a hacer lo contrario.

Esta vez, el bloque PRO difundió un comunicado de tibio respaldo al DNU 941/25. «Conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto», dice en su primera oración, y agrega: «consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».

Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional.

Pese a que el texto afirma que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», señala que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».

El rechazo al decreto motivó, incluso, que la cordobesa Alejandra Vigo tuiteara. «Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación», expresó.

Entre los peronistas, salieron al cruce del gobierno los diputados Agustín Rossi, ex titular de la AFI, y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, lo criticaron con dureza. El santafecino consideró que el DNU transforma a los agentes de la SIDE en una «policía secreta» y alertó que otorga «carácter encubierto» a todas las actividades del organismo, mientras que Taiana advirtió que «se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa».

 

 

Javier Milei finalmente firmó la suba salarial para ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, pero no quiso revelar el monto del aumento.

Después de dos años de sueldos congelados como «gesto» a la ciudadanía, el gobierno publicó este viernes el decreto que dispone un aumento para las autoridades superiores en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.

Lo particular es que el decreto no establece el porcentaje de la suba que percibirán los funcionarios a partir de enero y solo establece que no serán retroactivos. Además excluye del aumento a Milei y Victoria Villarruel.

En los días previos en los pasillos de la Casa Rosada se estipulaba con que la recomposición salarial sería de entre 60 y 100 por ciento.

El congelamiento había generado un enorme problema interno para Milei porque los

salarios habían quedado muy bajos. El propio presidente percibe unos 4 millones de pesos, mientras los ministros están en 3,5 millones y los secretarios en 3,2 millones. Con la suba y el congelamiento del sueldo del presidente se podría dar la insólita situación de que un subsecretario cobre más que Milei.

Los bajos salarios en la Administración Pública están generando una fuga de cuadros técnicos al sector privado, lo que provocó quejas internas de los ministros. También se quejó Villarruel por redes: «En breve me pagan dos chirolas y soy vice». 

 

 

Las ventas caen, y, aun así, los precios vuelven a subir. Es un mecanismo defensivo. En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos. 

Sectores clave como alimentos muestran caídas de la demanda de hasta 20% interanual. Sin embargo, desde el 1° de enero varias fábricas anunciaron aumentos superiores al 5%. Empujaron las decisión los costos fijos, que subieron fuerte: tarifas, combustibles, alquileres. 

Esa estructura deja en evidencia un problema más profundo. La teoría oficial sostiene que con emisión contenida y disciplina fiscal la inflación debería apagarse sola. Pero la práctica muestra otra cosa. Con la demanda en caída y sin expansión monetaria, los precios igual suben. 

Las remarcaciones vienen empujadas por el nuevo techo del dólar que empieza a descontar el mercado. La recalibración de las bandas cambiarias funciona como una señal de precio adelantada: si el techo se corre, el dólar de mañana vale más que el de hoy. En una economía bimonetaria indexada al tipo de cambio, ese mensaje se traduce rápido en los precios. 

La carne subió un 8,3% en noviembre y el impacto fue mayor en el conurbano

Las empresas ajustan ahora para no quedar atrapadas con costos dolarizados, energía, insumos, reposición, alquileres atados a un tipo de cambio más alto. No es especulación abstracta, es cobertura. El techo del dólar sube en los papeles y los precios se mueven en la góndola

El problema no es solo monetario. Es estructural. Y está del lado de los costos y de la oferta. Los números de tarifas lo explican mejor que cualquier discurso. Según la consultora Economía y Energía, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada la luz subió 344% y el gas 617%. Pero igual hay cortes masivos. En el mismo período, la inflación acumulada rondó el 200%. Los salarios crecieron 229%. 

En un mercado exhausto, muchas empresas decidieron cubrirse por precio lo que ya no pueden sostener por cantidad. La lógica ya no pasa por vender más, sino por perder menos.

Es decir, los costos fijos de producir y vivir le ganaron por goleada tanto a los precios generales como a los ingresos. Y eso sin contar el transporte, que subió más de 900%, ni la medicina prepaga, que atraviesa a buena parte de la clase media y trabajadora. 

El panorama no mejora hacia adelante. El 2026 arranca con nuevos aumentos de tarifas en todo el país. Luz, gas, agua y cloacas vuelven a ajustarse. Las subas previstas van del 2,5% al 4% promedio, antes de la quita de subsidios que anunció el Gobierno y que puede llevar esos incrementos a dos dígitos, sobre todo en gas. 

En el AMBA, donde operan Edenor y Edesur, la suba de la electricidad será de 2,5%. A nivel nacional, el precio mayorista de la electricidad sube 3,2% y luego cada provincia traslada ese impacto a la distribución. 

En gas natural por red, los aumentos rondan entre 2% y 3%. Pero la verdadera incógnita es qué pasará cuando el precio mayorista salte de los actuales USD 2,95 a USD 3,79 por millón de BTU, tras la quita de subsidios. Para los usuarios de Metrogas y del resto del país, ese cambio puede sentirse con fuerza en la boleta.

El ajuste de las bandas por inflación despertó al dólar que se acercó al techo de la banda

Ese efecto se potencia por los cotos de la energía, que tienen un componente muy alto dolarizado. Gas y electricidad no no sólo suben por tarifa, sino porque su estructura de precios responde a valores en dólares que impactan de lleno en los costos fijos de producción. El resultado es un combo conocido: expectativa de dólar más alto, energía más cara, costos que se recalculan y una inflación que se anticipa antes de ocurrir. 

A esto se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados, producto de la apertura irrestricta. Lejos de disciplinar precios, las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto. 

Ahora resta ver cómo ese fenómeno impacta en el IPC, donde alimentos explican buena parte del índice y la carne tiene una ponderación decisiva. 

Se suma otro dato que erosiona el relato oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos se registró también el mayor ingreso de productos importados Las importaciones no abarataron los productos locales. El argumento de la competencia externa quedó corto. 

Pero las remarcaciones impactan en todos los segmentos. En la primera semana de diciembre, las grandes cadenas registraron subas promedio del 0,7%, con mayor presión en bebidas y alimentos de góndola. En carnicerías, el ajuste fue más brusco: aumentos de hasta 35% en menos de un mes y la posibilidad de otro 10% antes de cerrar diciembre. 

Las grandes marcas lideran las subas. Coca Cola aumentó 5% en la última semana. Bimbo aplicó el mismo ajuste en panificados. La Virginia pasó listas con subas del 8%. Arcor acumuló un 8% en el mes. 

Las consultoras coinciden en que la inflación de alimentos se aceleró. Se ubica entre 3,7% mensual y 4% en la medición punta a punta. A eso todavía hay que sumarle los aumentos de servicios, que en diciembre rondaron el 2,8%, y los combustibles, que se actualizan casi a diario. 

 «Con ventas que no repuntan y costos que no aflojan, muchas empresas remarcan para no cerrar», resume en off un empresario industrial. No es una lectura aislada. El propio diagnóstico de la UIA apunta en la misma dirección: la presión sobre los precios viene desde la oferta, desde los productores, y no solo desde expectativas o factores estadísticos, como suele sostener el Gobierno, tal como reveló el periodista Leandro Renou. 

La foto final es la de la estanflación. Ventas en baja. Consumo retraído. Empresas que suben precios en lugar de competir por volumen o ajustar márgenes. Precios que suben con actividad en retroceso.