Tras más de un mes de demora desde la promesa que hizo Patricia Bullrich a productores e intendentes, el gobierno de Javier Milei comunicó el giro de 1.046 millones a municipios bonaerenses golpeados por las inundaciones durante 2025.
Pero los giros gestionados a través del Fondo para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios solo llegaron a 10 de los 20 distritos previstos desde aquella visita de Bullrich a Nueve de Julio, epicentro de las inundaciones.
En concreto, la transferencia de Aportes No Reintegrables fue para Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio.
Sin embargo, quedaron excluidos otros municipios donde el agua tuvo un paso devastador, como Bragado.
El convenio está firmado, así que espero que en algún momento lo cumplan, sino tendremos que enviar una carta documento para recordarlo
«Acá no llegó nada. Nosotros habíamos firmado un convenio por 61 millones de pesos, que era lo que ellos determinaron que le correspondía a Bragado pero no lo han enviado», dijo a LPO el intendente de esa comuna, el axelista Sergio Barenghi.
Frente a eso, el jefe comunal de Bragado analiza iniciar acciones legales en caso de que no lleguen los recursos. «El convenio está firmado, así que espero que en algún momento lo cumplan, sino tendremos que enviar una carta documento para recordarlo», agregó.
Bragado integra el lote de municipios del noroeste bonaerense más afectado por las inundaciones. A noviembre, un estudio de Carbap detalló que fueron 41.900 las hectáreas afectadas por el agua en Bragado.
La bronca de algunos intendentes ya se venía visibilizando por la demora y la falta de comunicación en torno a esa ayuda prometida, que de todas formas consideran exigua en un contexto de extrema complejidad para cumplir con los pagos de fin de año.
«A mí no llegó nada. Apenas pude pagar el sueldo de diciembre y aguinaldos con las migajas», dijo otro intendente consultado.
Además, hay quejas por la escasez de maquinarias nacionales para trabajar en el arreglo de caminos rurales que habían quedado intransitables.
El desastre de las inundaciones en la provincia fue mensurado recientemente en el campo, donde salieron a advertir que en 2026 dejarán de ingresar 2.000 millones de dólares por las inundaciones que golpean al centro y noroeste de la provincia.
La Neuquinidad, el espacio político que lidera el gobernador Rolando Figueroa, presentó en el Congreso su primer proyecto de ley. Se trata de Ficha Limpia, una iniciativa que existe en Neuquén y que buscan replicar a escala nacional, para impedir que personas condenadas accedan a cargos públicos.
«Antes que termine el año queremos seguir honrando la palabra. Vamos a presentar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de Ficha Limpia. Esa Ficha Limpia que ya está aprobada en la provincia de Neuquén y que queremos que la República Argentina también la respete», dijo Figueroa, tras reunirse con la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira.
«Es parte de nuestro modelo de gobierno en Neuquén, porque no solo tenemos que garantizar la responsabilidad de todos nuestros funcionarios sino también su transparencia», sostuvo la senadora Corroza.
Por su parte, Maureira recordó que este era un compromiso de campaña: «Lo dijimos y cumplimos. Ficha Limpia llega al Congreso de la Nación porque Neuquén representa integridad y honestidad», dijo.
El gobernador Figueroa explicó que la iniciativa, que lleva la firma de ambas legisladoras nacionales, «toma aspectos de la que ya funciona en Neuquén» y puso de relieve el hecho de que se trata de la «ley más contundente y exigente del país».
En ese sentido, el proyecto de La Neuquinidad implica que nadie con antecedentes penales pueda acceder a una candidatura ni ser designado en un cargo de la función pública.
En la gestión de Figueroa señalaron que el proyecto pretende incorporar nuevas herramientas que velen por el cumplimiento del principio de transparencia y la implementación de mecanismos para prevenir casos de corrupción.
«Se trata de brindar una nueva mirada sobre los supuestos contemplados en el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos e introducir una limitación respecto a quienes pueden ser nombrados por el Poder Ejecutivo para desempeñar cargos públicos», detallaron.
En la elaboración del proyecto de ley tomaron como modelo la legislación sancionada en la Provincia del Neuquén, que se destaca por su rigurosidad y espíritu de avanzada en la materia.
Plantearon que es tiempo «de reformular viejos esquemas» y «erradicar los efectos nefastos que produce la corrupción», consagrando supuestos de inhabilitación que resguarden no sólo el erario público sino también a la totalidad de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento normativo. Argumentaron que el objetivo de este proyecto de ley es «elevar los estándares de integridad, transparencia y ética que la ciudadanía exige de sus representantes».
En la elaboración del proyecto de ley tomaron como modelo la legislación sancionada en la Provincia del Neuquén, que se destaca por su rigurosidad y espíritu de avanzada en la materia.
«Dicha normativa provincial constituye un precedente y un punto de referencia para promover, en el orden nacional, criterios homogéneos que refuercen la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y aseguren que quienes ocupen cargos públicos lo hagan con la idoneidad moral y la probidad necesarias».
A tal fin propusieron modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, incorporando nuevos supuestos de inhabilitaciones:
* No podrán ser candidatos a cargos representativos ni partidarios quienes hayan sido condenados por delitos dolosos comunes o federales, en tanto cuenten con sentencia confirmada en segunda instancia o cuando haya quedado consentida si el condenado no hubiese interpuesto impugnación o recurso respectivo.
* Tampoco podrán serlo quienes hayan sido condenados por delitos previstos en el Título XI -Delitos contra la Administración Pública- del Libro Segundo del Código Penal.
* Ni los condenados tanto por delitos de Tráfico de Estupefacientes previstos en la Ley Nacional 23.737 como por delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la Ley Nacional 27.430.
* También se incluye a quienes sean inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.
Carolina Moisés apeló a una larga cadena de mensajes por Twitter para criticar a Cristina, Máximo Kirchner y La Cámpora, acusándolos por haber recibido amenazas y manifestaciones de «odio» contra ella y su familia, después de haber votado a favor del presupuesto de Javier Milei y el ajuste en educación. La postura de la jujeña, que sirvió para que el gobierno eliminara artículos nodales para el financiamiento en educación, ciencia y tecnología, desató una ola de furia en las redes, donde la calificaron de «traidora» y «rancia».
En efecto, dos jóvenes protagonizaron un video en que se burlan de Moisés por «ser hija de», debido a la carrera política de su padre, Carlos Moisés. La diatriba es una supuesta devolución de gentilezas para ella por haber motejado a Máximo de la misma manera, según los autores de la pieza audiovisual, pero también le dedican una serie de insultos descalificadores y reclaman que se vaya al bloque de La Libertad Avanza.
El ataque en las redes reavivó la discusión por la expulsión de la senadora del ámbito del PJ, un trámite iniciado por la exdiputada Leila Chaher pero frenado oportunamente por José Mayans, con la excusa de mantener la bancada peronista unida en el Senado. Si La Cámpora, organización a la que pertenece Chaher, aprieta el acelerador, sería el interventor del partido en Jujuy, Gustavo Menéndez, quien defina el asunto.
Cerca de Menéndez confesaron que todavía no hay novedades al respecto. En tanto, un diputado de Fuerza Patria señaló que «sin dudas, ya no puede seguir sosteniéndose la lista de Moisés para la interna en Jujuy», aunque concedió que «todo está en manos de la intervención».
La pelea de Moisés y La Cámpora se remonta a la interna del PJ de Jujuy, donde el peronismo está dividido en múltiples fragmentos. La intervención, de hecho, se dispuso ante un reclamo de la propia Moisés contra quien fuera presidente del partido en 2023, Rubén Rivarola. Dueño del diario El Tribuno y la empresa familiar Trame, el por entonces titular del partido le prestó los votos de su bloque a Gerardo Morales para hacer la reforma constitucional que terminó en una rebelión popular que hizo arder la provincia.
Lo curioso fue que la senadora fue contra Rivarola después de haber compartido fórmula para la gobernación con él, en otro turno electoral. Paradójicamente, y pese a la intervención, Cristina terminó ordenando a Chaher que acordara la unidad con Rivarola, socio de Morales hasta para la reforma de la Corte Suprema provincial y la detención de Milagro Sala, un emblema del kirchnerismo.
Gustavo Menéndez, interventor del PJ en Jujuy.
Sin embargo, Chaher y Moisés no pudieron sellar un pacto entre sí y mantuvieron la confrontación, razón por la cual el partido no se normalizó. Las elecciones se postergaron sistemáticamente, con acusaciones cruzadas entre ambas en la disputa por la conducción del PJ.
Por eso, un senador del Bloque Justicialista, liderado por Mayans, Fernández Sagasti y Juliana di Tullio, trató de encasillar la refriega al territorio jujeño. «Es una pelea personal de Moisés con La Cámpora y su enojo con CFK, porque ella cree que la cagaron con las listas PJ», dijo.
En cambio, desde el bloque Convicción Federal, el que integra Moisés, advirtieron que «el Senado muestra lo que le pasa al peronismo». «El kirchnerismo se creía necesario para definir la Corte, la Justicia Federal, la AGN y varias cosas más pero si Convicción Federal y los senadores de bloques provinciales se consolidan en el Senado con el apoyo de los gobernadores como interlocutores de la Casa Rosada, Cristina y La Cámpora no van a tener lugar en ningún espacio de poder en el corto plazo», comentaron.
El kirchnerismo se creía necesario para definir la Corte, la Justicia Federal, la AGN y varias cosas más pero si Convicción Federal y los senadores de bloques provinciales se consolidan en el Senado con el apoyo de los gobernadores como interlocutores de la Casa Rosada, Cristina y La Cámpora no van a tener lugar en ningún espacio de poder en el corto plazo.
Fuentes parlamentarias deslizaron a LPO que los tuits de Moisés expresan también el malestar de gobernadores peronistas u otros legisladores que no se animan a dar la discusión pública. Incluso, tanto fuentes del PJ formoseño como del Congreso indicaron que el gobernador Gildo Insfrán no estaría pasando por su mejor momento con Mayans. «Está más cerca de San José 1111 que de Formosa», dijeron.
En su descargo, la senadora jujeña apuntó también contra su par mendocina, Anabel Fernández Sagasti, quien posteó una foto del tablero electrónico donde consta el voto a favor no solo de Moisés sino también de la tucumana Sandra Mendoza, que responde a Osvaldo Jaldo, y el catamarqueño Guillermo Andrada, hombre del gobernador Raúl Jalil. «En verde las y los senadores que liquidaron la educación, la ciencia, la defensa y todas las escuelas técnicas de la Argentina», posteó Fernández Sagasti el viernes pasado, en plena sesión, para exponer a los legisladores peronistas que respaldaron al gobierno.
En verde las y los senadores que liquidaron la educación, la ciencia, la defensa y todas las escuelas técnicas de la Argentina. %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC pic.twitter.com/vBJzSlG6Wv
Por otra parte, la jujeña justificó su voto por la afirmativa en la necesidad de los gobernadores de contar con un presupuesto. Una fuente parlamentaria le dijo a LPO que el salteño Gustavo Sáenz, uno de los auspiciantes de una eventual candidatura a gobernadora de Moisés junto con el catamarqueño Jalil, había ametrallado con llamados telefónicos a la senadora, que también aprovechó su hilo en X para defenderse por haber apoyado el artículo 30, el del ajuste en la inversión educativa.
«¿Por qué La Cámpora no se dedica a bardear a los diputados nacionales que no frenaron esto?», preguntó, y agregó: «una ley como esta no se modifica en la Cámara de Senadores; negociar el Presupuesto es el trabajo de los diputados nacionales y sin embargo dejaron pasar esto». «¿Nadie leyó el artículo 30 en esa Cámara la semana pasada? Quizás estaban más preocupados en negociar con La Libertad Avanza los cargos de la AGN», facturó.
No van a parar hasta convertir el peronismo en una lata de sardinas: ¡pocos, amontonados y sin cabezas!
Moisés denunció que insultaron a su padre, un dirigente histórico del peronismo, amenazaron a su hija de 17 años en redes sociales y publicaron fotos de su sobrina de 5. «Néstor (Kirchner) se animó incluso a construir la ‘transversalidad’ sumando a radicales, socialistas y a la casi totalidad de gobernadores para tener un proyecto realmente inclusivo y federal», dijo para evocar el modelo de construcción kirchnerista en 2003, luego que entre el patagónico, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem se quedaran con el 60 por ciento de los votos.
En referencia al expresidente Kirchner, sostuvo que «a él jamás se le hubiese ocurrido montar una caza de brujas persiguiendo compañeros como hace hoy su hijo».
Además, se dirigió a Cristina sin nombrarla. «La presidenta del Partido Justicialista, primero que nada, debería haberse sentado con los gobernadores peronistas para escucharlos, defenderlos, representarlos y no tratar a todos como vendidos o traidores», señaló.
Y finalmente se quejó del saldo político que dejan esas estrategias. «No van a parar hasta convertir el peronismo en una lata de sardinas: ¡pocos, amontonados y sin cabezas!», concluyó.
Al cierre de esta nota, ningún gobernador peronista había manifestado su apoyo público a Moisés, algo que un senador del PJ consideró ocioso porque la senadora «se la banca sola», pero sí había emitido su tuit de respaldo la libertaria Lilia Lemoine. «Mi solidaridad con vos y tu familia, Carolina. Por algo Perón los echó de la plaza», tipeó.
Mi solidaridad con vos y tu familia Carolina. Por algo Perón los echó de la plaza. https://t.co/se8V84JTDJ
La ofensiva judicial que padece la AFA encontró a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en un inoportuno distanciamiento con Daniel Angelici, que entre otras cosas es un experimentado operador en la Justicia.
La ruptura del Tano con Toviggino, mano derecha del Chiqui, se remonta al gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces presidente buscó intervenir la AFA tras la turbulenta sucesión de Julio Grondona.
Luego de la muerte del histórico dirigente que tenía un anillo con el lema «Todo Pasa», la AFA entró en una crisis institucional con el interinato de Luis Segura, el presidente de Argentinos Juniors.
La turbulencia la buscó aprovechar Macri para imponer al cordobés Armando Pérez, presidente de Belgrano, como titular de la AFA mediante una comisión normalizadora.
Quien quería pisar fuerte en la nueva etapa de la AFA era Angelici, que entonces era el presidente de Boca y vicepresidente de Segura en el inteirnato.
Angleici fue quien metió a Toviggino en la comisión normalizadora, que además integraron Javier Medín y Carolina Cristinziano.
Tanto Toviggino, que representaba a las ligas del interior y Cristinziano, esposa de Gonzalo Belloso, actual presidente de Rosario Central, se acercaron a Tapia cuando el Chiqui quedó a cargo de la AFA en marzo de 2017. Al punto que se volvieron incondicionales.
El propio Angelici reveló que intentó un negocio sin éxito con Toviggino por medio de la firma «Mendoza Wines SA», con la que buscaron comercializar vinos con la marca Maradona. El otro participante del negocio iba a ser el monotributista Luciano Pantano, dueño de la mansión de Pilar que la justicia investiga por lavado. El Tano fue quien metió el Tesorero de la AFA en ese enriedo: «Soy vecino de Toviggino», dijo Angelici y desde entonces la Justicia vincula a la mano derecha de Tapia con la mansión de Villa Rosa.
Angelici nunca perdonó la traición de Toviggino no sólo en la AFA, sino en su club, Boca. Tapia y su Tesorero se jugaron por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, que sacaron al macrismo del club Xeneize a fines de 2019.
Jorge Macri pidió correr al actual presidente del Mercado Central, un funcionario que tiene el aval de Toto Caputo. Por ley, ese cargo es rotativo y le corresponde a la Ciudad, pero Fabián Miguelez se niega a abandonarlo.
Miguelez debería haber salido de la presidencia hace 9 meses. El cargo le corresponde a Leonardo Sarquís, el ex ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal, pero no puede asumir hasta que el actual presidente no libere su silla.
La Ciudad venía reclamando que se apartara, pero en las últimas horas formalizó el pedido mediante una nota firmada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
El funcionario invocó el reglamento del Marcado Central y pidió que Sarquís asuma la presidencia.
La gestión de Miguelez atravesó varias controversias y de hecho asumió procesado por un escándalo de corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras ocurridas durante la presidencia de Mauricio Macri.
En 2018 salió a la luz un informe de 90 páginas de la Oficina Anticorrupción detallando irregularidades en la gestión del Mercado y allí se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas.
El desmanejo del Mercado Central que ya fue objetado por el síndico del organismo. Como explicó LPO, el último informe realizado por el síndico reveló que, de los 80 puntos auditados, Miguelez cumplió sólo tres.
La situación no cambió en los últimos meses: el Mercado Central vive una situación de abandono por la falta de higiene tal, que se pueden ver ratas gigantes entre la comida.
Miguelez se sostuvo en el cargo gracias a la cercanía con el líder del PRO, pero sobre todo con Toto Caputo, cuyo hermano Flavio es íntimo amigo de Miguelez y su esposa.
El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.
Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.
Una disolución que intenta borrar huellas
La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.
La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.
“No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre
Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.
Corrupción sin nombres ni explicaciones
Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.
La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.
Ajuste, desmantelamiento y opacidad
La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.
En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.
