Sociedad

  • La CGT se concentra en defender la cuota sindical y los convenios por rama

     

    El líder del sindicato del Vidrio y cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, aseguró este jueves que la reforma laboral no saldría «tal como está». La concesión semántica acaso refleja el clima de derrota entre los senadores opositores, que ya en la tarde de este jueves reconocían que el oficialismo estaba holgado para conseguir el quórum, y la apertura de los sindicalistas a negociar apenas modificacines.

    En declaraciones a Radio Con Vos, Jerónimo expresó: «no vamos a permitir que este proyecto avance tal como está». Esa frase da cuenta de una táctica defensiva de los sindicalistas, que habrían comentado a senadores y diputados del peronismo que se conformaban con la defensa de la ultraactividad de los convenios, la vigencia de las negociaciones por rama -y no por empresa como aspira el gobierno- y la continuidad de la cuota sindical, entre otros temas organizativos que hacen a la acumulación de poder gremial. Para eso, necesitan 37 senadores que volteen los artículos que disuelven esas conquistas.

    Fuentes del gobierno, sin embargo, dijeron a LPO que Javier Milei se mantiene inamovible en esos temas. 

    El repliegue táctico de la CGT provoca en los legisladores de Fuerza Patria y los gobernadores peronistas una queja por la falta de vigor. «Por apostar a quedarse con algo, se van a quedar sin nada», dijo un diputado kirchnerista a LPO en reproche a los dirigentes del movimiento obrero.

    Llaryora suspendió la reunión con la CGT y se desarma la cumbre de gobernadores del CFI

    En las últimas horas, los tres triunviros de la CGT, el propio Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, tuvieron dos encuentros relevantes, por separado, con los cinco gobernadores vinculados al peronismo y la bancada de Convicción Federal, integrada por ahora al bloque de José Mayans. Además, se preparaban al cierre de esta nota para el Consejo Directivo de este viernes, donde se esperaba que convoquen a un paro para el día de la sesión.

    Por apostar a quedarse con algo, se van a quedar sin nada.

    Para la primera cita, los sindicalistas se encontraron en la sede porteña del Bapro con Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella. Allí exploraron la chance de trabajar para que el oficialismo no llegue al quórum el próximo 11 de febrero, cuando se abra el recinto del Senado, y se frustre el tratamiento de la ley.

    Dos senadores del peronismo descartaron que fuera posible evitar que Patricia Bullrich lograra sentar menos de 37 senadores a sus bancas. «Están sobrados», confesó uno con pesimismo.

    Capitanich y Corpacci en el Senado.

    Quintela, por su parte, conminó a Jerónimo, Sola y Argüello a «pasar a la acción», que «pateen las puertas» de los senadores y que fuercen a los gobernadores aliados del gobierno. Uno de los legisladores al tanto de lo conversado deslizó que había senadores «tratando de convencer a los que responden a los gobernadores para que no bajen» a la sesión, algo que desmintieron cuatro de los que votan en el Senado como mandan sus jefes provinciales.

    De todas maneras, el gobierno aún no tendría garantizados los votos para el capítulo de Ganancias, pese a las concesiones que evalúa Luis Toto Caputo desde hace algunos días. Cerca de un gobernador radical, confesaron a LPO que «puede pasar como el Capítulo 11 del Presupuesto, que cuando nadie se lo esperaba los gobernadores mandaron a votar en contra», aunque la Casa Rosada había regado las provincias con ATN en la previa.

    Además, estaría comprometida la vigencia del artículo 194, que establece la derogación del Estatuto del Periodista. Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que «el miedo» penetró en senadores aliados cuando vieron que se plegó al rechazo de los trabajadores de prensa un grupo de periodistas consagrados, con pantalla y minutos de aire en los medios más importantes del país. «Hay más de 40 votos contra la derogación del Estatuto del Periodista», desizaron dos legisladores de distinto signo político.

    No vamos a permitir que este proyecto avance tal como está.

    Como sea, el gobierno apuesta todo a una media sanción holgada para que los diputados no se animen a introducir modificaciones o rechazar la ley, pero hasta los libertarios admiten que por el recambio parlamentario el oficialismo tiene ahora más facilidades en el Senado y una tarea más ardua para aprobar leyes polémicas en la otra cámara.

    Dentro del bloque peronista, por caso, hay cinco legisladores de extracción gremial. Más allá de su unidad en la acción, cada cual expresa líneas distintas. 

    Vanesa Siley, que tiene línea directa con Cristina Kirchner, terminó concentrando la articulación de los diferentes proyectos alternativos a la reforma laboral de Javier Milei. Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, Mario Paco Manrique, dirigente del SMATA, y Hugo Moyano, hijo del homónimo referente camionero, pertenecen al espectro de los que considerarían un triunfo que se mantengan la ultraactividad, las negociaciones por rama y la cuota sindical.

    Y por último, el titular de la CTA, Hugo Yasky, que estuvo en la marcha del sindicalismo en Córdoba este jueves. Allí, su colega de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tildó de «cagones» a los gobernadores.

    Siley, Palazzo, Moyano y Yasky.

     

  • En Mar del Plata, el peronismo se divide en tres listas y Raverta enfrenta al axelismo

     

    El PJ de Mar del Plata tendrá una de las internas más calientes del peronismo. Por estas horas no hay acuerdo posible y las nuevas autoridades del partido pueden surgir de una interna con tres listas, una división que podría darle el triunfo a Fernanda Raverta.

    La ex titular de la Anses se encolumna detrás de Cristina Kirchner, para enfrentar a los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), una lista que muchos señalan impulsa Gustavo Pulti, aunque desde el entorno del ex intendente niegan toda participación en la interna.

    En el medio de esas dos listas, se suma Manino Iriart, un ex funcionario de Daniel Scioli y Alberto Fernández- que junta al peronismo refractario de La Cámpora y el axelismo.

    Fuentes del peronismo de Mar del Plata sostienen que una interna de tres sectores terminará favoreciendo a Raverta. En tanto, se explora la posibilidad de un acuerdo entre el axelismo e Iriart, una jugada que puede modificar la relación de fuerzas y podría darle con el triunfo a la alianza.

    Raverta se impone por un amplio margen en la interna de Mar del Plata

    Raverta llevará como candidato a Daniel Di Bártolo, un dirigente del Sindicato de Docentes Privados (Sadop). En tanto, el axelismo lleva a Adriana Donzelli, curiosamente también representante de ese gremio docente.

    La mayor debilidad de la lista de Kicillof tiene que ver con que buena parte de sus dirigentes son referentes de armados políticos distantes del peronismo.

    Raúl Calamante, Axel Kicillof y Gustavo Pulti.

    El axelismo sumó además a Juan Garivoto un histórico del peronismo en Mar del Plata. Raúl Calamente, uno de los referente más pesados del MDF reporta al Frente Grande y la CTA. El propio Pulti incluso es líder de un armado armado vecinal histórico como Acción Marplatense.

    Fuentes del peronismo en Mar del Plata sostienen que si el axelismo y Manino Iriart no logran un sintetizar una lista, las chances de Raverta son importantes y Kicillof podría perder en Mar del Plata.

    Desde el MDF le bajan el precio a la lista de Manino. «Es una lista incierta del sciolismo con un fuerte auspicio de La Cámpora», la definieron al tiempo que aseguran que probablemente no logre reunir los avales para formalizar su participación en la interna.

    El padrón del peronismo en Mar del Plata tiene unos 31.382 afiliados. 274 se sumaron en diciembre, siendo en su gran mayoría afiliados de La Cámpora. Una interna en esa ciudad se estima que costará unos 100 mil dólares.

    La última pulseada por el partido fue en marzo de 2022 cuando Raverta y Manino Iriart se enfrentaron en una interna. En esa elección, Raverta sacó el 57% de los votos y su rival el 43%. Ese caudal es el que hoy busca recuperar Indart.

    Un dato curioso, en la pelea por el partido de 2022, Kicillof jugó en favor de Raverta cuando a días de la interna viajó a Mar del Plata y se mostró con la entonces titular del Anses, algo que desató la furia la lista de Manino que le reclamaban imparcialidad al gobernador.

    Por esos días, la entonces diputada provincial Débora Indarte -esposa de Indart- mostró su descontento en el chat que mantiene con el Gobernador y los diputados del Frente de Todos.

     

  • El acuerdo comercial con Estados Unidos abre el mercado a las carnes premium pero deja en stand by a la exportación de acero y el aluminio

     

     El acuerdo comercial entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump abrió una ventana de oportunidad para las exportaciones argentinas de alimentos, en particular para las carnes de alto valor, pero dejó en suspenso los reclamos de los sectores industriales más sensibles como el acero y el aluminio, en medio de la pelea con Paolo Rocca.

    Según informó el Ejecutivo, Estados Unidos eliminó aranceles para unos 1.500 productos argentinos y en el gobierno calculan que el entendimiento podría generar exportaciones por más de mil millones de dólares. El eje del acuerdo está puesto en el comercio agroalimentario: se avanza en la apertura del mercado para carnes y productos de origen animal, al tiempo que se simplifican trámites sanitarios y registros que hasta ahora funcionaban como barreras de acceso.

    Tanto Estados Unidos como Brasil, que son las dos grandes potencias ganaderas, van a ingresar este año en una política de retención de vientres reduciendo entre un cinco y un diez por ciento su producción y exportación para recuperar stock y la administración Trump apeló al mercado argentino para abastecer dos millones de toneladas, según señaló a LPO un especialista de la agencia StringAgro.

    El acuerdo sobre carnes reavivó expectativas, pero también dejó expuestas las limitaciones estructurales de la ganadería argentina. Para el especialista en producción ganadera Cristian Bianchi, la Argentina llega a esta instancia con una matriz productiva desordenada y poco preparada para aprovechar mercados exigentes como el estadounidense.

     El acuerdo sobre carnes reavivó expectativas, pero también dejó expuestas las limitaciones estructurales de la ganadería argentina. Para el especialista en producción ganadera Cristian Bianchi, la Argentina llega a esta instancia con una matriz productiva desordenada y poco preparada para aprovechar mercados exigentes como el estadounidense 

    El país arrastra un stock ganadero bajo, inferior a los 53 millones de cabezas, y una estructura históricamente pensada para abastecer el consumo interno antes que la exportación. Durante años, el mercado demandó animales livianos como requería el sistema de comercialización de los grandes supermercados, lo que derivó en un esquema de faena que no cumple con los estándares de peso y calidad que requieren los mercados premium.

    Firma del acuerdo entre Argentina Estados Unidos entre ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno y embajador Jamieson Greer

    Bianchi señaló en diálogo con LPO que Estados Unidos demanda alrededor de 100 mil toneladas anuales de carnes premium, un segmento de alto valor agregado en el que Argentina tiene ventajas genéticas y productivas, pero carece de volumen. La tasa de destete ronda apenas los 65 terneros cada 100 vacas, una ineficiencia que limita cualquier salto exportador.

    Según el especialista, la producción cárnica de calidad se apoya en cuatro factores fundamentales: la sanidad, la genética, la nutrición y el manejo del rodeo. Sin embargo, un proceso de largo plazo hizo que la ganadería fuera desplazada durante décadas por la agricultura hacia zonas menos fértiles, con menor disponibilidad forrajera y mayores limitaciones sanitarias, mientras la adopción tecnológica avanzó mucho más lento que en el agro. 

      La producción cárnica de calidad se apoya en cuatro factores fundamentales: la sanidad, la genética, la nutrición y el manejo del rodeo. Sin embargo, un proceso de largo plazo hizo que la ganadería fuera desplazada durante décadas por la agricultura hacia zonas menos fértiles, con menor disponibilidad forrajera y mayores limitaciones sanitarias, mientras la adopción tecnológica avanzó mucho más lento que en el agro.  

    A todo eso, el cierre de exportaciones entre 2008 y 2010 y la posterior sequía, que provocó la pérdida de unos 12 millones de cabezas, lo que terminaron de desarmar al sector.

    La paradoja es que Argentina recuperó mercados internacionales, pero hoy no tiene capacidad suficiente para abastecerlos. En paralelo, Estados Unidos atraviesa problemas de eficiencia productiva siendo uno de los mayores stocks lo que abre una oportunidad que el país podría aprovechar si logra reconvertir su esquema ganadero.

    El acuerdo con Washington refuerza el perfil aperturista del gobierno de Milei y consolida su alineamiento político con la Casa Blanca. Pero, al menos por ahora, la apertura muestra un sesgo claro: se amplían oportunidades para alimentos y carnes premium, mientras los sectores industriales más sensibles siguen esperando señales que no llegaron. 

    Sin embargo, la apertura aparece desequilibrada. Mientras Argentina flexibiliza el ingreso de productos estadounidenses y acepta reglas más laxas en materia de denominaciones comerciales para quesos y carnes, Washington no ofreció contrapartidas concretas para sectores industriales estratégicos. El acero y el aluminio continúan alcanzados por los aranceles impuestos por razones de seguridad nacional y no hubo anuncios sobre cupos, plazos ni revisiones de ese esquema.

     

  • El gobierno aprobaría el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea con los votos de Provincias Unidas, el PRO y la UCR

     

    Martín Menem informó este jueves que ingresó a la Cámara de Diputados el Acuerdo UE-Mercosur, un texto de más de 5000 páginas que el Congreso debe aprobar para respaldar la suscripción del Estado argentino.

    Tras un primer sondeo de las voluntades, los libertarios confían que alcanzarán los votos suficientes para refrendar el documento. En efecto, el oficialismo cuenta con un bloque de 95 diputados pero, además, tendría el apoyo de casi todo el interbloque de Unidos, que junta a los legisladores de Provincias Unidas, los radicales de Martín Lousteau y Pablo Juliano, los socialistas y los pichettistas, por un lado, y el interbloque del PRO, el MID y la UCR de Aldredo Cornejo, Gustavo Valdés y Leandor Zdero.

    La gran incógnita es la postura que adoptará la bancada peronista. Como anticipó LPO, habría por lo menos tres grandes grupos: los peronistas ligados a los sectores productivos, que pretenden la aprobación del acuerdo, los kirchneristas que esperan alguna indicación de Cristina Kirchner y un grupo que se identifica con la expresidenta pero que no duda en fijar su posición sin consultar o debatir con sus colegas.

    El acuerdo entre los dos bloques de países supone un entendimiento entre naciones que conforman un espacio económico de más de 700 millones de personas. Los especialistas estiman que entre la UE y el Mercosur se concentra el 35 por ciento del comercio global.

    Crisis en el peronismo porque diputados piden aprobar el acuerdo con la UE como señal al campo

    Para darle tratamiento en la Cámara Baja, el oficialismo necesita integrar la comisión de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Para aprobar el proyecto formal que ratifica el acuerdo, se requiere un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, algo que Menem y Gabriel Bornoroni pretenden lograr la semana próxima.

    Aun cuando los aliados se manifiestan a favor del acuerdo en general, ponen reparos sobre temas puntuales que podrían afectar la producción rural o determinados sectores industriales. «Estamos trabajando ya en la reglamentación y salvaguardas, porque hay temas de patentes de medicamentos y algún tema para pymes que hay que cuidar», dijo un legislador del interbloque de Unidos.

     

  • Caputo dijo que no usarán el nuevo IPC porque quedó desactualizado y mantiene el de 2004 que mide el precio del fax y los VHS

     

    Luis Toto Caputo confirmó que el gobierno de Javier Milei no utilizará el IPC elaborado por la gestión de Marco Lavagna con el argumento de que quedó «desactualizada» porque se basa en datos de consumo del año 2018, por lo que el Indec continuará midiendo la inflación con la canasta de 2004 que incluye entre otras cosas productos como el fax o los VHS.

    El ministro tuvo que seguir dando explicaciones para tratar de cerrar el escándalo de la manipulación de los datos del Indec que terminaron con la renuncia de Lavagna, y ahora dice que la propuesta del exdirector era vieja por lo que se continuará utilizando la de 2004.

    «La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas», afirmó Caputo en una entrevista en La Nación +. «Probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con antes», argumentó el ministro.

    Caputo confirmó de esa forma que el nuevo IPC no se utilizará y que se realizará uno nuevo, todavía sin fecha. Esto pese a que el gobierno se había comprometido con el FMI a actualizarlo. El exviceministro Joaquín Cottani contó ayer que el Fondo incluso financió «con un programa de asistencia técnica la revisión del índice».

    El fantasma de Massa y los reproches a Toto Caputo, detrás de la renuncia de Lavagna 

    Lo insólito del argumento de Caputo es que se seguirá utilizando un índice de precios que toma como referencia para elaborar la canasta la información brindada por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares del año 2004, cuando por ejemplo Milei tenía unos jóvenes 23 años o el propio Caputo andaba por los 28.

    Es decir que la medición actual del Indec incluye productos tan modernos como el fax, los teléfonos fijos, las llamadas en locutorios, antenas de TV, tocadiscos, contestadores automáticos, los VHS, disketes, CD vírgenes, radiorelojes, revelado de fotografías o el alquiler de películas.

    El argumento del Indec durante estos años fue que se relevaban los precios de productos sustitutos, lo que marca otra contradicción grosera con el argumento de Caputo para justificar la no innovación del índice. 

    Los productos incluidos en la canasta del Indec

     

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    La jornada de 8 horas no es un mito peronista: es una ley que existía y un derecho que Perón hizo cumplir

     

    En 1929 Argentina legisló la jornada laboral de 8 horas. Durante más de una década, fue un derecho escrito que el Estado no garantizó.

    Por Walter Onorato para NLI

    En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.

    Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.

    La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.

    En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.

    Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.

    En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.

    En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.

    El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

    La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.

    La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.

    En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.

    Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.

    La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.

    La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.