La Liga Federal Universitaria (LFU) obtuvo un aplastante triunfo en las elecciones para el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) al conseguir cerca del 80 por ciento de los votos y retener la conducción del órgano estudiantil.
La agrupación, representante del movimiento peronista en la Universidad, se quedó con todos los cargos en juego en los claustros y sostuvo su histórica supremacía en las urnas. El segundo lugar quedó para el Frente de Izquierda Unidad, que quedó cerca del ocho por ciento.
«El desafío del Centro es seguir garantizando que la UNLaM sea un espacio de contención para las y los estudiantes», sostuvo Trímboli, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social.
Con este resultado, Javier Trímboli obtuvo mandato por los próximos dos años para encabezar por tercera vez consecutiva el órgano de representación estudiantil, secundado por Carlos Gómez como secretario general.
«El desafío del Centro es seguir garantizando que la UNLaM sea un espacio de contención para las y los estudiantes», sostuvo Trímboli, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social.
Las elecciones de la UNLaM, que se celebraron entre el lunes y el miércoles de esta semana sin afectar el normal desarrollo de las clases, contaron con un alto nivel de participación estudiantil y una diversidad de opciones políticas que enriquece la vida democrática universitaria.
Horacio Rodríguez Larreta busca romper al peronismo para las elecciones porteñas en 2027. El ex jefe de Gobierno quiere liderar un Juntos por el Cambio sin Macri y con el PJ no kirchnerista, con el anzuelo que puede ganar el ballotage al candidato libertario.
«Horacio es mal candidato para la primera vuelta y bueno para el balotaje porque es la segunda opción de muchos espacios», dijo a LPO un dirigente peronista al tanto de las ambiciones de Larreta.
En efecto, en las últimas elecciones Larreta apenas sumó un 8% de los votos, la mitad del PRO, menos de un tercio que el peronismo y casi una cuarta parte que los libertarios. Sin embargo, en su entorno creen que tiene más chances de ganar un ballotage que un candidato puramente peronista, por la resistencia tradicional del electorado porteño a esa fueza.
El peronismo unido llegó a la segunda vuelta en las elecciones porteñas de 2007, 2011 y 2023. En todas perdió.
«El peronismo tiene que decidir si quiere seguir quedándose afuera o ser parte de una coalición que los meta de nuevo en el gobierno porteño», afirmó a LPO un asesor del ex jefe de Gobierno.
Sin embargo, el cálculo que hacen en el larretismo parece difícil de aplicar en la realidad. «Todos los partidos deberían trabajar en contra de sus intereses para ver si Horacio entra al balotaje, esas cosas no pasan en la política», afirmó a LPO uno de los dirigentes más importantes del peronismo porteño.
Horacio es mal candidato para la primera vuelta y bueno para el balotaje porque es la segunda opción de muchos espacios.
En el horizonte del larretismo hay tres opciones. La primera es que Mauricio Macri lo elija como candidato del oficialismo, en lugar de su primo Jorge, actual jefe de Gobierno.
Macri se reunió con Larreta tiempo atrás y le pidió a suyos que dejaran de criticarlo. Macri y el Tano Angelici tientan a Larreta con una paso con Jorge Macri, como reveló LPO. Pero en el entorno del ex jefe de Gobierno prevalece la desconfianza.
«Horacio cree que es una trampa, que sólo busca darle volumen político al PRO, para que Jorge entre la ballotage», confió un empresario que tiene diálogo con ambos.
En efecto, en el larretismo afirman que cuando llegue el momento de la paso, Maucricio y Angelici les van a tirar encima el aparato y lo van a sacar de la cancha.
Por eso, Larreta piensa en una reedición de Juntos por el Cambio, sin los Macri. Un armado que incluya al radicalismo, a Graciela Ocaña y la Coalición Cívica. El problema es que tanto la UCR como en el ocañismo, responden a Angelici.
Pero en el entorno de Larreta no se desaniman y quieren convencer a Juan Manuel Olmos que sume a ese acuerdo al peronismo no kirchnerista. La idea es audaz, aunque difícil. «¿Cómo vamos a romper el peronismo meses antes de una elección presidencial?», se preguntan en el peronismo porteño y agregan «el dice que quiere el peronismo sin los k, porque sabe que si vamos juntos le ganamos la primaria».
Y lanzaron una reflexión cruda: «Larreta puede querer lo que quiera, pero la realidad es que mide 8 puntos, y hoy hay dos autos que tienen nafta para llegar al balotaje: el peronismo y los libertarios».
El jefe de Gabinete vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras confirmarse que voló en primera clase a una isla paradisíaca junto a su familia. La investigación ahora apunta a una pregunta clave: quién pagó realmente esos gastos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La situación de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia confirmó que el funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año, en medio de una causa que ya venía acumulando sospechas sobre su patrimonio.
El dato no es menor: no se trata de un simple viaje, sino de un traslado en condiciones de lujo que vuelve a poner en tensión el discurso oficial contra la “casta” y la realidad de algunos de sus principales funcionarios.
Un viaje de lujo bajo la lupa judicial
Según surge de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea que confirma que Adorni viajó acompañado por su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.
El costo total de los pasajes en primera clase asciende a unos 5.800 dólares, una cifra significativa que ahora forma parte del expediente judicial.
Pero ese número podría ser apenas la punta del iceberg: la Justicia también busca determinar cuánto se gastó en alojamiento y otros consumos durante la estadía en la isla caribeña, un destino asociado al turismo de alto poder adquisitivo.
El viaje se habría extendido desde fines de diciembre de 2024 hasta los primeros días de enero de 2025, en pleno período festivo.
La clave: el origen del dinero
El punto más delicado no es el viaje en sí, sino cómo se financió. La causa judicial avanza justamente sobre ese eje: verificar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.
En ese marco, el juez de la causa ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno, una medida que permite reconstruir movimientos financieros, consumos con tarjeta y posibles inconsistencias patrimoniales.
El objetivo, según se desprende del expediente, es contrastar esos datos con las declaraciones juradas del funcionario y determinar si hubo irregularidades o enriquecimiento ilícito.
Un escándalo que no llega solo
El viaje a Aruba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios que ya venían generando ruido: vuelos privados, cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y denuncias por el crecimiento de su patrimonio en poco tiempo.
De hecho, la fiscalía también analiza otros traslados realizados por el funcionario, en un expediente que ya acumula múltiples líneas de investigación y que amenaza con escalar políticamente.
En ese contexto, la confirmación judicial del viaje en primera clase no hace más que reforzar una imagen que choca de frente con el relato oficial de austeridad.
Entre el discurso y la realidad
El caso expone una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno sostiene un ajuste fuerte sobre amplios sectores de la sociedad, uno de sus principales funcionarios aparece vinculado a viajes de lujo cuya financiación todavía no logra explicar con claridad.
La investigación recién empieza a mostrar sus primeros resultados concretos, pero el daño político ya está hecho. Porque más allá de lo que determine la Justicia, el dato es contundente: el relato anticasta vuelve a quedar en entredicho frente a prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.
Patricia Bullrich intenta despojar a José Mayans de los lugares que le corresponden al peronismo en la Bicameral de Inteligencia, repartiendo esas sillas entre los aliados del gobierno. La maniobra de la jefa de bloque libertario demora la conformación de la comisión, que debe integrarse con siete senadores y siete diputados.
La parálisis cobra importancia porque Victoria Villarruel firmó este miércoles el decreto con la formalización de casi todas las comisiones bicamerales, menos la que controla los organismos de inteligencia. La táctica de Bullrich, en consecuencia, sirve para dilatar los tiempos. «La resolución de Villarruel se esperaba para el viernes pasado pero terminó saliendo hoy, está todo trabado», comentaron a LPO.
Acaso la más interesada para que los plazos se sigan estirando sea, precisamente, Karina Milei, que pretende al frente de esa comisión a Sebastián Pareja, uno de sus laderos. LPO informó que la hermana presidencial iba por todo en la interna contra Santiago Caputo y el control de la SIDE no era ajeno a sus objetivos estratégicos pero, en medio del empate nuclear entre el asesor y la secretaria general de la Presidencia, la neutralización de la Bicameral podría ser un atajo conveniente.
Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que Bullrich terminó ofreciéndole espacios allí al misionero Martín Göerling Lara en representación del PRO, Maximiliano Abad por la UCR, la chubutense Edith Terenzi y los libertarios Agustín Coto y Ezequiel Atauche. O sea, sólo quedarían dos vacantes y el peronismo tuvo hasta el año pasado tres legisladores: Oscar Parrilli, Wado De Pedro y Florencia López.
En rigor, el interbloque de Mayans, el puntano Fernando Salino y el santiagueño Gerardo Zamora tiene 25 miembros, mientras que LLA acredita 21. Pero una senadora comentó que Patricia necesita incorporar a un karinista puro, razón por la cual todas las miradas se posan en Nadia Márquez, y al mismo tiempo pretende contener a la peronista Carolina Moisés, que terminó de irse del armado del formoseño en febrero y coronó como vicepresidenta del Senado.
Desde el entorno de la senadora jujeña contestaron que su lugar es parte de una negociación todavía inconclusa. En cualquier caso, el ingreso suyo o el de Márquez dejaría al kirchnerismo con un solo integrante, algo que vulnera la proporcionalidad de la composición de la comisión en base a la representatividad de cada bloque.
Nadia Márquez y Enzo Fullone.
Como sea, el peronismo del Senado esperaba meter allí a De Pedro y López. Pero tienen que doblegar a Bullrich, un objetivo que ni siquiera intentaron en la conformación de las comisiones que se pusieron en funcionamiento para el tratamiento de la reforma laboral. Bajo el furor por la distopía, el PJ optó por evaluar la judicialización del reparto parlamentario que hizo Bullrich.
Por otra parte, tampoco avanzó más rápido Martín Menem en la Cámara Baja. «Tenemos muchos diputados de viaje», se excusó una fuente libertaria por la excursión de más de 20 legisladores a Estados Unidos con la RAP y los gerentes de empresas mineras y laboratorios.
Recién este miércoles el oficialismo avisó que estaría dispuesto a cederle una silla a Cristian Ritondo por el PRO y repartirse las seis restantes en partes iguales con el kirchnerismo.
Patricia necesita incorporar a un karinista puro, razón por la cual todas las miradas se posan en Nadia Márquez, y al mismo tiempo pretende contener a la peronista Carolina Moisés, que terminó de irse del armado de Mayans en febrero y coronó como vicepresidenta del Senado.
El peronista Germán Martínez, dicen en la bancada de UP, le reclama al riojano precisiones sobre la integración desde el verano pero no habría obtenido ninguna respuesta. Se rumorea que los candidatos justicialistas a ocupar dos de los siete lugares serían Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi.
Gabriel Bornoroni, que está entre los favoritos para sumarse a la comisión, lidera un bloque de 95 y los de UP llegan a 93. Los peronistas del interior, además, ya le habrían hecho saber a Martínez que quieren uno de los suyos en la bicameral.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cree haber encontrado una palanca para condicionar al juez federal Arierl Lijo, que concentra las causas de corrupción que tienen en alarma total a Manuel Adorni y los hermanos Milei.
Se trata del pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, que el ministro tiene en un cajón y no integró el lote de los 77 pliegos enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponce, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
En los tribunales federales, comentan con asombro que Mahiques le habría dicho directamente a Lijo que no pensaba enviar el pliego de Ponte al Senado. «¿Van a mandar el pliego de Ponte?», le habría preguntado Lijo. «No», habría sido la repuesta del ministro.
No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total.
«No creo que Mahiques le haya dicho a Lijo que no van a enviar el pliego de Ponte, sería como declarar la guerra total», dijo a LPO un experimentado operador que conoce a todos los involucrados en la negociación del pliego.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
El juez federal Ariel Lijo.
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno. El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Excepto, que el plan no estaría funcionando. La causa $Libra la tiene Mrtínez de Giorgi, muy cercano al ex candidato a integrar la Corte Suprema y la causa Andis la tiene el propio Lijo.
La desesperación de Mahiques de mostrarle resultados a Karina Milei lo estaría llevando a cometer algunos errores. Dos importantes funcionarios judiciales confirmaron a LPO que la semana pasada Manuel Adorni caminólas pocas cuadras que separan la Casa Rosada del Ministerio de Justicia, para pedirle ayuda a Mahiques en la investigación por enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Canchero, Mahiques habría llamado al fiscal con Adorni al lado. «Estoy acá con Adorni, que necesita que le demos una mano, lo tengo acá, te lo paso», habrían sido palabras más, palabras menos, las frases del ministro. Pero para su sorpresa, Pollicita respondió tajante: «No, no me lo pases, no voy a hablar con él», dijo y cortó la comunicación.
No es usual que un fiscal federal curtido en el trato con el poder como Pollicita responda así al ministro de Justicia, de cualquier gobierno. La respuesta revela la agudización de la pelea que tiene Comodoro Py con la Casa Rosada, luego que Karina Milei volteara la posibilidad que Guillermo Montenegro asumiera la cartera de Justicia.
La vertiginosa quiebra de Bioceres SA dejó un dato que ahora en el mercado lo observan con mucha atención: mientras que la empresa se desplomaba con deudas y patrimonio negativo, el holding controlante registró una ganancia extraordinaria cercana a los 95 millones de dólares.
El número surge de los propios balances presentados ante la SEC por Moolec, la firma radicada en el exterior que quedó como cabeza del entramado y de la que se hizo cargo el empresario uruguayo Juan Sartori.
En los documentos (ver) se advierte que tras la pérdida de control de Bioceres la compañía contabilizó un beneficio de unos 91 millones de dólares en Bioceres Sociedad Anónima y otros 5,3 millones de Bioceres LLC radicada en Estados Unidos. En términos contables, la caída de Bioceres no implicó una pérdida para el grupo, sino un resultado positivo, dicen fuentes de la empresa.
Ese dato es el que disparó las sospechas. En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos.
La clave está en la ingeniería societaria que se terminó de consolidar en 2025, dijeron fuentes al tanto de la compleja estructura accionaria con la que organizó el holding que prometió convertirse en uno de los unicornios biotecnológicos más importantes del país.
En el mercado empiezan a preguntarse si la quiebra fue realmente el desenlace inevitable de una crisis financiera o parte de una estrategia para reordenar el negocio, aislar las deudas y consolidar el control sobre los activos más valiosos
A partir de la fusión con Moolec, el grupo habría trasladado los activos estratégicos a una holding internacional, debilitando a Bioceres SA y dejándola como la unidad más expuesta al endeudamiento. En paralelo, el control accionario también cambió de manos ingresando un jugador clave en este proceso, señalaron a LPO fuentes empresarias.
Según otro documento presentado ante la SEC, en abril de este año el fondo Agriculture Investment Group Corp (AIGC) pasó a controlar el 65,1% de Moolec tras convertir acciones preferidas en ordinarias. AIGC está vinculado al empresario uruguayo Juan Sartori, que fue ganando peso en el grupo cuando facilitó el salto de Bioceres a cotizar en Nasdaq para después terminar consolidando su poder en la etapa final de la reestructuración. La operación lleva la firma de Alejandro Antalich que puso Sartori al frente de la empresa quebrada.
Como sea, por afuera de Bioceres SA quedaron unidades con activos significativos: Agrality, con ventas cercanas a los 70 millones de dólares y una valuación estimada en torno a los 77 millones; la planta industrial ValoraSoy en Córdoba; desarrollos biotecnológicos como SynBio Powerlabs, proyectados en unos 30 millones; líneas de ingeniería metabólica valuadas en torno a los 12 millones; y un paquete de patentes que podría ubicarse entre 45 y 50 millones de dólares.
La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo y por otro lado, no se descarta que la disputa escale al plano penal
En conjunto, el ecosistema supera holgadamente los 150 millones de dólares en activos, muy por encima del pasivo que arrastraba la sociedad local, aseguran en el holding. Ese contraste es el que vuelve difícil de explicar la velocidad con la que se avanzó hacia la quiebra.
Fuentes vinculadas al management desplazado, Federico Trucco, dijeron que la decisión fue tomada por el nuevo directorio en diciembre del año pasado, ya bajo la órbita del esquema reorganizado. En lugar de explorar alternativas habituales en estos casos, como una reestructuración de deuda o un acuerdo con acreedores, se optó por el camino más extremo en un lapso llamativamente breve.
En el sector, consideran que esa secuencia forma parte de una maniobra para quedarse con el control del negocio liberado de pasivos. Los nuevos controlantes, en cambio, sostienen que heredaron una situación financiera insostenible y que la quiebra era inevitable.
La Justicia comercial de Rosario ya empezó a intervenir y ordenó revisar en detalle la compleja ingeniería societaria del grupo. En paralelo, no se descarta que la disputa escale al plano penal, con denuncias en preparación que podrían poner bajo la lupa el proceso que llevó a la caída de Bioceres SA.
