Sociedad

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    Cuando trabajar era cosa de niños: la larga historia de una conquista que hoy llamamos derechos de la infancia

    PorInvitad@ Especial

     

    Ciento cuarenta y tres esqueletos encontrados en los Países Bajos acaban de aportar una prueba estremecedora de algo que durante siglos fue considerado normal: que los chicos trabajaran como adultos. Las lesiones encontradas en las columnas vertebrales de niños y adolescentes que vivieron entre los siglos XVII y XIX permiten observar, literalmente sobre sus huesos, el costo de una infancia atravesada por el trabajo. Pero la historia también cuenta otra cosa: cómo, después de siglos de naturalizar esa explotación, la humanidad fue construyendo leyes, tratados y derechos para reconocer que un niño no es un trabajador pequeño, sino una persona en desarrollo que tiene derecho a estudiar, jugar, descansar, recibir cuidados y crecer protegido.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Hay veces en que la historia aparece escrita en documentos, en decretos, en libros o en archivos. Y hay veces en que aparece escrita sobre los propios cuerpos. Eso es lo que ocurre con una investigación publicada en el International Journal of Paleopathology, en la que especialistas analizaron los restos de 143 niños y jóvenes de aproximadamente 4 a 25 años que vivieron en tres comunidades de los Países Bajos entre 1650 y 1850. Las diferencias entre los esqueletos permitieron relacionar determinadas lesiones de la columna con las actividades físicas que realizaban durante una etapa de la vida en la que sus cuerpos todavía estaban creciendo. El resultado es una evidencia particularmente poderosa porque permite ver algo que los documentos históricos ya sugerían: para muchos chicos de aquella época, la infancia no era un tiempo protegido, sino una etapa en la que había que trabajar.

    Los investigadores estudiaron restos procedentes de Middenbeemster, una comunidad rural vinculada a la producción lechera; Arnhem, relacionada con actividades industriales; y Delft, donde los enterramientos analizados correspondían a sectores sociales más acomodados. La comparación fue importante porque permitió comprobar que el trabajo infantil no producía exactamente las mismas consecuencias en todos los casos. En Middenbeemster aparecieron con mayor frecuencia determinadas lesiones vertebrales, entre ellas los llamados nódulos de Schmorl, modificaciones de los bordes vertebrales y alteraciones en las articulaciones. Los especialistas vinculan ese patrón con las cargas y esfuerzos físicos de determinadas tareas agrícolas, aunque advierten que estas patologías pueden tener causas múltiples y que no es posible deducir automáticamente el oficio de una persona solamente a partir de una lesión ósea.

    Lo verdaderamente inquietante aparece cuando esos huesos se cruzan con los documentos de la época. En determinadas comunidades agrícolas neerlandesas, los niños podían comenzar a participar en las tareas alrededor de los seis años o incluso antes. Sembraban, quitaban malezas, rastrillaban, cuidaban animales y, alrededor de los nueve años, podían incorporarse al ordeño y a la elaboración de queso. Con el crecimiento llegaban tareas todavía más pesadas, como mover estiércol o transportar cargas. En las ciudades industriales, entretanto, había menores ocupados en el hilado, el tejido, el cardado y otras actividades manufactureras. La documentación histórica incluso registra casos de chicos de apenas cuatro años empleados en una fábrica de cuerdas de Moordrecht, con jornadas que podían alcanzar las quince horas.

    El dato conmueve porque hoy resulta casi imposible imaginar semejante situación como algo aceptable. Pero justamente ahí está una de las grandes lecciones de la historia: muchas de las cosas que actualmente consideramos derechos elementales alguna vez fueron privilegios inexistentes, discusiones políticas o conquistas que encontraron una enorme resistencia. Durante siglos, que un niño trabajara no era necesariamente interpretado como una violación de sus derechos. Podía ser considerado parte de las obligaciones familiares, una necesidad económica o simplemente el funcionamiento normal de una sociedad en la que la supervivencia dependía del trabajo de todos sus integrantes. La idea moderna de que la infancia merece una protección específica fue construyéndose lentamente y no apareció de un día para otro.

    Del niño trabajador al niño con derechos

    La industrialización hizo todavía más visible aquella contradicción. Las fábricas, las minas y los talleres necesitaban mano de obra barata y los niños constituían una fuerza laboral particularmente vulnerable. Eran más fáciles de disciplinar, cobraban menos y podían realizar determinadas tareas en espacios reducidos. La expansión industrial convirtió así el trabajo infantil en un problema de dimensiones enormes, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Pero sería un error imaginar que antes de las fábricas los niños no trabajaban: lo hacían en los campos, en talleres familiares, en tareas domésticas y en múltiples actividades económicas. La industrialización no inventó el trabajo infantil; lo transformó y, en muchos lugares, lo llevó a una escala que hizo imposible seguir ignorando sus consecuencias.

    La propia historia de los Países Bajos estudiada por los investigadores muestra esa diversidad. No todos los niños trabajaban de la misma manera ni pertenecían a los mismos sectores sociales. Los esqueletos de Delft permiten establecer un contraste con las comunidades donde el trabajo físico era más intenso, mientras que Arnhem presenta un panorama intermedio relacionado con la actividad industrial. El estudio demuestra, por lo tanto, que no alcanza con decir simplemente que “los niños trabajaban”: hay que preguntarse qué hacían, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones, para quién y con qué consecuencias sobre cuerpos que todavía estaban creciendo.

    La transformación de esa realidad fue lenta. A comienzos del siglo XX, en los países industrializados todavía no existía un sistema internacional de protección de la infancia comparable al actual y era habitual que los niños trabajaran junto a los adultos en condiciones inseguras e insalubres. La preocupación creciente por esa situación comenzó a traducirse en normas internacionales. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, impulsada por Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children. El documento planteaba que los niños debían contar con medios para desarrollarse, recibir ayuda especial en momentos de necesidad, ser protegidos frente a la explotación y acceder a una educación. Era todavía una declaración y no la arquitectura jurídica que conocemos hoy, pero representó un cambio fundamental: por primera vez comenzaba a afirmarse con claridad que la infancia merecía una protección específica.

    Después de la Segunda Guerra Mundial, aquella idea adquirió una dimensión todavía mayor. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció que madres y niños tenían derecho a cuidados y asistencia especiales y a protección social. En 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño, que incorporó derechos vinculados con la educación, la salud y el juego. La diferencia conceptual era enorme respecto de aquellas sociedades en las que un chico podía pasar doce o quince horas trabajando: ahora comenzaba a consolidarse la idea de que el desarrollo de una persona pequeña requería tiempo, cuidados y protección, y que el Estado y la sociedad tenían responsabilidades concretas frente a ella.

    También el mundo del trabajo comenzó a incorporar límites específicos. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, estableciendo un marco internacional para impedir que los niños ingresaran demasiado temprano al mercado laboral y vinculando la edad mínima con la finalización de la escolaridad obligatoria. En 1999, el Convenio 182 dio otro paso decisivo al establecer la obligación de eliminar las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la esclavitud, la trata, determinadas formas de explotación y los trabajos que puedan perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños.

    Pero el gran salto conceptual llegó en 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Allí la infancia dejó de aparecer únicamente como un objeto de protección para ser reconocida como un conjunto de personas titulares de derechos. La Convención establece que todo niño tiene derecho a la vida, al desarrollo, a un nombre y una nacionalidad, a la educación, a la salud, a la protección frente a la explotación y a ser escuchado, entre muchos otros derechos. Entró en vigor en 1990 y se convirtió en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia.

    Ese cambio no fue solamente jurídico. También modificó la forma de mirar a la infancia. El niño dejó de ser considerado simplemente como alguien que debía obedecer a los adultos y comenzó a ser reconocido como sujeto de derechos, con necesidades particulares derivadas de su edad y de su proceso de desarrollo. La idea del “interés superior del niño” pasó a ocupar un lugar central: cuando los adultos, las instituciones o los Estados toman decisiones, deben considerar prioritariamente cómo esas decisiones afectan a niños y adolescentes. No es una concesión sentimental. Es un principio jurídico y político.

    También fue una conquista argentina

    Argentina formó parte de ese proceso y fue incorporando progresivamente los estándares internacionales a su legislación. Un hito particularmente importante fue la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre de ese año. La norma estableció un sistema integral de protección y tuvo como objetivo garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos por las leyes nacionales y por los tratados internacionales de derechos humanos.

    La diferencia con aquella infancia que aparece en los esqueletos neerlandeses es gigantesca. Un chico que en el siglo XVIII podía ser enviado a trabajar al campo desde los seis años, cargar pesos que afectaban una columna todavía en desarrollo o pasar largas jornadas en una fábrica, hoy está jurídicamente protegido por un conjunto de normas que reconocen su derecho a la educación, al descanso, al juego, a la salud, a la integridad física y a no ser explotado. Eso no significa que la realidad sea perfecta ni que el trabajo infantil haya desaparecido del planeta. La propia OIT advierte que persisten enormes dificultades de implementación, especialmente en sectores informales y rurales, allí donde la legislación puede existir pero los mecanismos de protección no alcanzan con la misma fuerza.

    Y esa última diferencia es fundamental. Los derechos conquistados no son derechos garantizados para siempre por el simple hecho de estar escritos en una ley. Necesitan instituciones, presupuesto, escuelas, sistemas de salud, protección social, inspecciones laborales y políticas públicas capaces de hacerlos efectivos. La historia de los derechos de la infancia no es únicamente una historia de declaraciones solemnes y tratados internacionales; también es la historia de sociedades que decidieron que determinados límites no podían volver a cruzarse y que un niño no podía quedar librado exclusivamente a las necesidades económicas de su familia o a las decisiones del empleador.

    Por eso aquellos 143 esqueletos encontrados en los Países Bajos cuentan mucho más que una historia arqueológica. Las lesiones de sus vértebras permiten reconstruir parte de un mundo en el que el cuerpo infantil podía convertirse en una herramienta de trabajo antes de terminar de desarrollarse. Las marcas quedaron allí durante siglos, como una especie de documento que nadie escribió deliberadamente. Y cuando hoy los investigadores las observan, no solamente reconstruyen cómo vivían aquellos chicos: también nos permiten comprender mejor por qué fueron necesarias las luchas sociales, las leyes laborales, la educación pública, los tratados internacionales y los sistemas de protección que transformaron progresivamente la idea misma de infancia.

    Hay una línea histórica que une aquellas pequeñas vértebras dañadas con la Convención de 1989 y con las leyes de protección que hoy reconocen derechos a millones de chicos. Es una línea larga, incompleta y todavía llena de problemas, pero también representa uno de los avances más importantes de la humanidad: haber entendido que la infancia no es una fuerza laboral disponible, ni una propiedad de los adultos, ni una etapa en la que todo está permitido porque “siempre se hizo así”.

    Un niño tiene derecho a ser niño.

    A estudiar sin que el trabajo le robe la escuela. A jugar sin que una jornada laboral le robe el descanso. A crecer sin cargar sobre sus hombros un peso que su cuerpo todavía no está preparado para soportar.

    Durante siglos, esas cosas no fueron obvias.

    Hubo que conquistarlas.

    Y quizás por eso las vértebras de aquellos niños neerlandeses siguen teniendo algo para decirnos. Porque donde hoy vemos derechos, alguna vez hubo cuerpos pequeños cargando pesos demasiado grandes.

     

  • La memoria en una carpeta celeste

    PorInvitad@ Especial

     

    Ahí, a centímetros de donde algunas hojas de 1904 vencen al tiempo, bajo el mismo aire que protege a miles de viejas solicitudes de asociación que certifican que nada es tan potente como ser parte de algo, en el segundo piso de un edificio del centro de Avellaneda que es sede social y sede de sueños desde 1934, distante apenas dos puertas de una colección gigante de copas muy plateadas y muy doradas, justo en el cuartito que late como corazón del Archivo Histórico de Racing, justo en donde se comprende que sin identidad se esfuma el porvenir, está la firma del genocida: Etchecolatz.

    Es un papel. O la copia de un papel. Un papel entre un montón de papeles que germinan desde una carpeta celeste, preparada y entregada el último 17 de julio por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a las autoridades del club, compuesta por 120 páginas que revelan cómo, en distintas etapas de la segunda mitad del siglo XX, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se dedicó a espiar la actividad interna de la institución. Tal cual suena. Tal cual suena pero acaso, por la dimensión de la porquería y del asombro, convenga reiterarlo: un aparato de espionaje volcado sobre un club deportivo (y no sólo de uno, porque se trató de una lógica replicada en otros clubes). Con todo el repertorio que puede imaginar un ciudadano cualquiera que trata de respirar aires más o menos libres, pero intuye la existencia de submundos así de espantosos: detalles de la pertenencia partidaria de los dirigentes, husmeo de conflictos laborales, pormenores sobre las asambleas internas, identificación de militantes. La introducción —encabezada por los nombres del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y de la socióloga Dora Barrancos, quienes presiden la entidad— señala: “El espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución política fueron las principales funciones de la DIPPBA desde su creación hasta su disolución en el año 1998. Es uno de los pocos fondos documentales que permite reconstruir las lógicas de un servicio de inteligencia y la construcción histórica del ‘enemigo interno’ como ‘delincuente subversivo y/o terrorista’”.

    Argumenta Agustín Bellido, integrante de la CPM: “Es fundamental que los clubes de la provincia conserven una copia de esta documentación: por un lado, permite que sus socios y socias conozcan ese registro; por otro, funciona como puerta de entrada a nuevas investigaciones que sin duda colaborarán a entender la historia de nuestras instituciones sociales y deportivas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX”.

    Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien murió en 2022 a los 93 años, condenado a reclusión perpetua como ejecutor de múltiples crímenes de lesa humanidad, aparece una vez en el curso de las 120 páginas. Su nombre se lee al pie de un informe, dirigido a la DIPPBA, del 30 de agosto de 1968 en el que son consignados los miembros de la nueva comisión directiva de Racing, liderada por el empresario Santiago Saccol, con sus datos personales y sus cargos. Por entonces, Etchecolatz cumplía funciones (esas funciones) en la comisaría primera de Avellaneda y encaminaba un recorrido que lo encumbraría en la DIPPBA a partir de marzo de 1976, cuando comenzó la más salvaje de las salvajes dictaduras argentinas. Desde ese rol, fue ladero ideológico de Ramón Camps, el jefe de la Policía Bonaerense en el bienio inicial de esa dictadura, un estandarte del terrorismo de Estado. Para la época en la que suscribió aquel informe, Etchecolatz ya poseía un antecedente represivo ligado con el deporte: en 1966 había torturado al boxeador Hugo Córdoba, un militante peronista de Berazategui, según narró el periodista Alberto Moya. Se ve que hay ciertos ecos no tan fáciles de silenciar: la Marcha Peronista sonó estridente en las tribunas celestes y blancas de Avellaneda, el territorio que monitoreaba Etchecolatz, en la tarde inaugural de noviembre de 1967, cuando Racing se impuso en su cancha al Celtic escocés por la segunda final de la Copa Intercontinental, en lo que obró como respuesta de parte del público a la presencia de Juan Carlos Onganía, el dictador que se instaló en la Casa de Gobierno un año antes a través de un golpe de Estado.

    “Sí, claro, la hinchada le cantó la Marcha”, evoca Carlos Krug, que acudió a esa cita junto con Alberto, su hermano, a quien secuestraron el 2 de diciembre de 1976 y es uno de los 30 mil desaparecidos que dejó el genocidio. El 7 de diciembre de 2021, Racing reincorporó a sus padrones a 46 socios y socias víctimas de la dictadura —muchos en los campos de concentración en los que reinaba Etchecolatz— con la categoría de Socios Eternos. Uno es Alberto, cuya ficha de inscripción en el club resiste intacta en uno de los biblioratos del Archivo Histórico de Racing que rodean a la carpeta celeste que aportó la Comisión Provincial por la Memoria.

    Carlos Krug, vitalicio de la Academia, fue uno de los cinco socios que formuló el pedido para que los desaparecidos de Racing recuperaran su condición. Lo acompañaron el periodista Carlos Ulanovsky, el actor Osvaldo Santoro, el detenido político (en El Vesubio, Aldo Bonzi, Provincia de Buenos Aires) Jorge Watts y el químico Miguel Ángel Laborde, también detenido en esos años. Otra conexión: Laborde es el papá de los tres hijos de la física Adriana Calvo, la primera testigo que declaró en el Juicio a Juntas Militares —la reconstrucción de su impresionante alegato desborda la pantalla en la película Argentina, 1985— y también testigo en los procesos contra Etchecolatz. Vueltas de la barbarie pero, más todavía, de la vida: en marzo de 2026, Teresa Laborde Calvo, la hija a la que Adriana parió en un Falcon mientras la trasladaban al campo de concentración Pozo de Banfield (otro feudo de Etchecolatz), visitó al equipo profesional femenino del fútbol de Racing, que se consagraría campeón cuatro meses después, para compartir sus orígenes, para pronunciar verdades y para reclamar justicias. Le regalaron una camiseta con el 9 en la espalda.

    Esa no constituyó la primera experiencia del fútbol femenino de Racing en relación con tanta memoria imprescindible. En las últimas temporadas, el plantel se desplazó hasta el centro clandestino de detención El Infierno, a sólo diez cuadras de las canchas de Racing y de Independiente, o sea, otro dominio de Etchecolatz. En una de las ocasiones, participó Tota Guede, Madre de Plaza de Mayo, cuyo hijo Héctor —hincha de Independiente— y su esposo Dante —trabajador del Conicet, hincha de Racing— fueron detenidos y desaparecidos en las calles de Avellaneda el 7 de octubre de 1976. De nuevo, bajo la órbita de Etchecolatz. Tota había pisado el mítico Cilindro de Avellaneda, junto con toda la familia, la tarde en la que Racing celebró ser campeón del mundo en 1967. Recién volvió en 2017 junto a Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo y madre de Alejandro, devoto de Racing hasta el 17 de junio de 1975, cuando lo desaparecieron.

    Entre las causas notorias por las que fue juzgado y hallado culpable Etchecolatz, suelen ser resaltadas la doble desaparición de Jorge Julio López —una en dictadura, de la que emergió; la otra en democracia, sin que hasta hoy se sepa nada de su paradero— y la de La Noche de los Lápices, o sea la detención y la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios, en La Plata, el 16 de septiembre de 1977. En esa jornada, también en La Plata, capturaron a Juan Domingo “Bocha” Plaza, fana de Racing, en un operativo perpetrado por alguno de los brazos opresores que respondían a Etchecolatz. El dolor carece de suturas, pero la potencia de la reparación acaricia: el 27 de marzo de 2026, en un acto realizado en el salón de la sede que, con una pintura inmensa de Benito Quinquela Martín como horizonte, queda un piso arriba del Archivo Histórico, el Bocha Plaza se convirtió en el Socio Eterno número 47 de Racing. Conjunción de estremecimientos: en medio de los asistentes de esa noche, estuvo Carlos Caldeiro, el futbolista que, en 1981, a los 19 años, se negó a sentarse con Leopoldo Galtieri, el dictador que un mediodía descendió de un helicóptero para almorzar con el equipo del que era hincha.

    El trazo de Etchecolatz en un documento de espionaje sobre las rutinas de un club pesa por sí solo. Y, a la vez, retrata un tejido que invariablemente conduce al horror. Tres presidentes de Racing fueron secuestrados en la era durante la que Etchecolatz picaneaba a su antojo. A Horacio Rodríguez Larreta y a Héctor Rinaldi los atraparon otras patrullas ilegales en suelo porteño. A Juan Destéfano, quien había sido secretario general de la gobernación bonaerense durante la gestión del peronista Victorio Calabró, lo chuparon las bandas del propio Etchecolatz, quien, como testimonió Destéfano ante los jueces, se encargó de timonear a la patota que le impuso tormentos de todo tipo.

    El fondo documental reordenado por la Comisión Provincial por la Memoria bien puede descorrerse como un viaje a través de las décadas sobre los criterios de espionaje de la policía bonaerense. Un extracto del primer legajo, fechado el 14 de abril de 1954, desmenuza: “Por datos confidenciales que merecen fe se tiene conocimiento que el motivo de la Asamblea descripta, sería expulsar a personas con figuración dentro de las filas del Partido Peronista”. Otro informe, del 11 de septiembre de 1954, ubica la pertenencia partidaria de los componentes de la conducción: “conservador”, “radical”, “conservador, no obstante se le conoce que actúa en las filas del P. Peronista». Un apunte de abril de 1955 afirma: “La ideología predominante entre los miembros de la Comisión directiva es si patizante del partido Peronista”. Falta la letra «m» en la palabra “simpatizante”, casi antecediendo a la máquina de escribir judicial y deficitaria de la película El secreto de sus ojos. Un memorando relativo a la huelga de empleados de noviembre de 1965 asevera que el delegado gremial interno “es conocido como comunista”. “Comunista”, a contramano del resto de los términos, sobresale tipeado todo en mayúsculas.

    Sostiene Bellido: “Ese minucioso archivo que construyó la inteligencia de la bonaerense y que tuvo como objetivo perseguir y espiar para mantener controlado el accionar político y social de nuestra sociedad debe ser abierto a los clubes para que se conozca el seguimiento que se les hizo por parte del Estado, y que el mismo no se dio únicamente en épocas de dictadura”.

    Flotan interrogantes que albergan pero superan al deporte: ¿cómo ingresaban los infiltrados que vigilanteaban los intersticios del club?, ¿quién los habilitaba?, ¿lucían en público maquillados como socios corrientes y enmascaraban su labor como agentes de inteligencia?, ¿para qué servía apilar —en diversas capas geológicas del devenir nacional— datos sueltos o articulados sobre un sitio al que más de un informante caracterizaba como “predominantemente deportivo”? No hay respuestas enteras, pero sí brota una aproximación desde la voz de Ignacio Maestrovic, uno de los responsables de que el Archivo Histórico de Racing luzca una vitalidad creciente y lleve ya una década de acumulación de tesoros: “Es muy importante entrelazar archivos y conceder accesos, que estas informaciones circulen. Los documentos reunidos en la carpeta celeste que recibimos tienen, entre otras cosas, un enorme valor simbólico: cómo los lugares más oscuros de la vida política también entraron en los clubes”. 

    Antes que a Racing, en diciembre de 2022, la CPM le trasladó un material semejante a Gimnasia y Esgrima La Plata. Allí, la Subcomisión de Derechos Humanos late muy activa en el tributo a sus desaparecidos. Aun en una edad de prédicas negacionistas, la iniciativa logra ser siembra. Banfield, Almirante Brown, Los Andes y el Club Universitario de La Plata consultaron para tomar contacto con archivos que trasluzcan esa zona sustancial y oculta de sus historias. 

    Muchos pasados interpelan a muchos presentes y a muchos futuros. Incomodan: no son puro pasado. Los subsuelos pútridos que nuclea la carpeta celeste destapan preguntas actuales porque, por ejemplo, en Racing se efectúan asambleas, una reciente incluso, el 11 de agosto. ¿Alguien puede certificar, aunque la DIPPBA fue disuelta en abril de 1998, que eso que aconteció no continúa aconteciendo? ¿Habrá, como antes, espías de las fuerzas represoras en las asambleas de Racing o de otros clubes o de las asociaciones civiles que no son clubes? Si así fuera, ¿qué espían ahora quienes espían?, ¿qué respuestas poseen y no poseen las personas y las organizaciones deportivas y no deportivas frente a esa posibilidad? “La memoria existe para actuar”, advierte Daniel Feierstein, sociólogo argentino y experto en estudiar las prácticas genocidas. 

    El legajo final de la carpeta celeste refiere a lo que cualquier visitante del estadio de Racing puede ver en un cartel que se levanta en la entrada del Cilindro, sobre la calle Colón. Dice ahí: “El 22 de febrero de 1977 la dictadura cívico militar fusiló a 4 hombres y 2 mujeres en las inmediaciones de este estadio, sus cuerpos aún no han sido identificados. Presente ahora y siempre”. Esa atrocidad empezó a corporizarse como narrativa en una referencia del libro Corbatta: El wing, de Alejandro Wall, que motorizó a la periodista Micaela Polak a atar piezas hasta modelar una sólida investigación. El cineasta Rodolfo Petriz prosiguió esa línea y dirigió el film Los fusilados de Racing. El parte policial aportado por la CPM enuncia un enfrentamiento y asume “que respecto de los extremistas abatidos, trátase de cuatro N.N. masculinos, dos N.N. femeninos, siendo tres de los masculinos muy jóvenes”. Luego, agrega: “Procúrase identificación”. La identificación, medio siglo más tarde, persiste pendiente. 

    Vicente Zito Lema fue escritor, periodista, abogado, psicólogo social, militante. Nació en 1939, sufrió el exilio, murió en 2022 e invariablemente se proclamó de Racing. Como si, sin necesidad de leer, hubiera intuido cada eco abismal que emana de los documentos que la CPM cedió al club, anotó en su poema Desaparecidos: “Los secretos del crimen del horror se repiten en voz muy baja». Ese poema voló por el cielo de Avellaneda aquella tarde de diciembre de 2021 en el estadio durante la que los devorados por el genocidio se transformaron en Socios Eternos. Unos meses más adelante, Zito Lema repasó a esa ceremonia, a esa pasión futbolera, al país de esa ceremonia y de esa pasión, un país de un club espiado hasta por un emblema del genocidio, un país que cobijó a ese emblema de lo peor pero que también alumbró luchas que son emblema. Repasó y sintetizó: “Si hay una historia del olvido, habrá una historia de la memoria que redime la vida”.

    En esa historia de la memoria ahora está la carpeta celeste.

    La entrada La memoria en una carpeta celeste se publicó primero en Revista Anfibia.

     

  • Otro escándalo en la Legislatura cordobesa, ahora acusan a un asesor vinculado a De Loredo de abuso sexual

    PorInvitad@ Especial

     

    La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.

    Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.

    El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente. 

    Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

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    La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.

    Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma». 

    El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.

    La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña. 

    El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio. 

    La diputada radical Alejandra Ferrero.

    Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente. 

    Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar. 

    En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.

    La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

     

  • En el gobierno de Kicillof advierten que más del 10% de los bonaerenses están en situación de mora

    PorInvitad@ Especial

     

    En el gobierno de Axel Kicillof revelaron que el nivel de endeudamiento familiar crece a un ritmo preocupante y que en el caso de las billeteras virtuales «la situación es más alarmante».

    Según expuso el ministro de Economía provincial, Pablo López, «más del 10% de la población bonaerense se encuentra en situación de mora».

    El funcionario señaló que, por su escala, la provincia de Buenos Aires concentra el 38% de las personas morosas del país, con una irregularidad del crédito total cercana al 18%.

    Dentro de esee cuadro de morosidad, López sostuvo que, en el segmento de billeteras virtuales y otros proveedores de crédito, «la situación es más alarmante» ya que el 32,5% de la deuda está en mora.

    «En cuanto a la cantidad de personas afectadas, este tramo es el más problemático: afecta a más del 70% de los deudores morosos del sistema», agregó.

    Al detallar que 6 millones de argentinos no pueden afronar sus deudas, López sostuvo: «El cuadro es grave. En el sistema bancario, según datos preliminares de julio, la mora alcanzó un nuevo récord de 12,9%».

    En ese sentido, citó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia que muestra que la mora bancaria está afectando seriamente la operatoria normal de los bancos.

    «Por si quedaba alguna duda: no es un asunto entre privados, se trata de un drama social y un problema macroeconómico con riesgos sistémicos», apuntó López al cruzar la postura que tiene el gobierno libertario ante el tema.

    La oración contra Mercado Pago llegó a las Iglesias: «Galperín, la Virgen te condena»

    En ese estudio se expone que, en el acumulado 2025-2026, el sistema financiero ganó lo mismo por intereses netos (cobros por préstamos menos pagos por depósitos) de lo que perdió por cargos por incobrabilidad: 16,1 billones de pesos.

    Cómo contó LPO, el peronismo en la provincia de Buenos Aires busca unificar a través de la Defensoría del Pueblo el vínculo entre los endeudados y los acreedores para lograr una negociación colectivas de esas deudas.

    La Cámpora quiere concentrar en la Defensoría la negociación entre los endeudados y las Fintech

    El diputado camporista Facundo Tignanelli y el Defensor Guido Lorenzino quieren que sea el Estado quien represente a los bonaerenses que en los últimos años contrajeron deudas para enfrentar la crisis.

    La idea es poner en una situación de igualdad al poder con el que cuentan las empresas que quieren cobrar las deudas, con el poder del Estado, en este caso la Defensoría, para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

     

  • Concejal libertario cruzó a los ex combatientes que criticaron a Milei y agitó: «Si hay que ir a la guerra, se irá»

    PorInvitad@ Especial

     

    Embanderado en la repentina centralidad que el Gobierno le da a la causa Malvinas, el concejal del PRO La Plata Nicolás Morzone protagonizó un escandaloso episodio en el recinto legislativo, donde cargó contra ex combatientes por criticar a Milei y desplegó una abierta arenga belicista: «Si hay que ir a la guerra, se irá», lanzó.

    En una estrategia que La Libertad Avanza bonaerense despliga en todos los concejos de la provincia, este jueves el bloque libertario presentó un proyecto de adhesión al último mensaje presidencial relativo a Malvinas.

    Durante el tratamiento de ese punto, Morzone dividió su intervención en justificar una eventual escalada bélica de las tensiones con el Reino Unido y en acusar de «agrupación kirchnerista» al Centro de Ex Combatientes (Cecim) La Plata que definió la cadena nacional de Milei como «un acto de hipocresía extrema».

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    «Es hora que las Malvinas sean reconocidas como argentinas. Y quiero decirle a los platonistas, a los idealistas, que los derechos no nacen por espasmo, los derechos se conquistan y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra», espetó Morzone sentado en su banca ante su mate de algarrobo con terminaciones en alpaca y bombilla al tono.

    Al hablar de un hecho «histórico» que «es producto a una alineación de rediscusión del orden político internacional vigente», el concejal del PRO se entusiasmó al punto de encontrarse cuestionando al actual titular de su partido, Mauricio Macri, por la escasez de carnalidad en la política exterior con Estados Unidos durante su mandato.

     «Desde el 83 a la fecha, ningún presidente siguió un lineamiento ortodoxo de verticalidad en términos de respaldar las políticas de EE.UU y occidente en el mundo. Los demás presidentes, incluido, me hago cargo, el de nuestro gobierno, llevaron adelante una neutralidad que no nos llevó a buen puerto», dijo. 

     Quiero decirle a los platonistas, a los idealistas, que los derechos no nacen por espasmo, los derechos se conquistan y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra 

    Morzone, que viene de presentar un proyecto pidiendo que la plaza Juan Domingo Perón pase a llamarse Lionel Messi, aludió al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para exponer su visión geopolítica en torno a Malvinas.

    «La diplomacia siempre es permanente. Ahora, cuando hay que discutir realmente el dominio, es con el cuchillo entre los dientes, preparándose para todo, para la máxima instancia», dijo el edil, al parafrasear al promotor de las dictaduras latinoamericanas en los 70.

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    Y agregó: «Celebro que el presidente de la Nación quiera llevar adelante un acuerdo con Estados Unidos para generar una gran militarización y un fortalecimiento de nuestra defensa nacional».

    Enseguida, Morzone apuntó a los ex combatientes que denunciaron que el cambio discursivo de Milei en el tema responde al «declive que tiene el gobierno tanto en gestión como imagen, recurriendo esta vez a Malvinas como el salvavidas que esconda sus miserias de corrupción y acción política de la entrega».

    «Quiero dirigirme al Cecim: ¿en qué se han transformado?, ¿quién les pide tanto? ¿La Cámpora? ¿Van a renunciar a los propios valores de la Nación que fueron a discutir? Decirle sinvergüenza, hipócrita al presidente por hacer un anuncio por lo que ellos mismos fueron a dejar su vida», dijo Morzone.

     «Han desnaturalizado una agrupación que primigeniamente se construyó para generar memoria colectiva de Malvinas en una agrupación kirchnerista y eso genera profunda vergüenza», acusó Morzone a los ex combatientes del Cecim La Plata. 

    Tras esos dichos, desde el bloque peronista salieron al cruce de Morzone, a quien acusaron de «cobarde», «sinvergüenza» y «maleducado» por arremeter contra los veteranos de Malvinas.

    Ante la escalada de vociferaciones, tuvo que intervenir el presidente del Concejo, Marcelo Galland. Sin embargo, los ánimos no se calmaron.

    «Han desnaturalizado una agrupación que primigeniamente se construyó para generar memoria colectiva de Malvinas en una agrupación kirchnerista y eso genera profunda vergüenza», acusó Morzone a los ex combatientes del Cecim La Plata.

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    Y al advertir que seguían los gritos desde la bancada peronista, fue por más contra los veteranos: «Esto no es un rancherío de Arturo Seguí, es el Concejo Deliberante». «Ponga orden o sáquela del recinto», dijo el concejal PRO en referencia a la concejal peronista Gisela Di Dio.

    Por su parte, el concejal peronista Juan Manuel Granillo Fernández hizo un desagravio al Cecim y apuntó contra Morzone: «Sería un poco más valiente decírselo en la cara en vez de vociferar aprovechando un micrófono».

    Por la fuerte tensión, se tuvo que ir a un cuarto intermedio y los cruces siguieron en los pasillos del Palacio Municipal donde funciona el Concejo.

     

  • Cambios en el gabinete porteño: Renunció el ministro de Gobierno de Jorge Macri

    PorInvitad@ Especial

     

    Ezequiel Sabor renunció a su puesto como secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano en la Ciudad. Jorge Macri elegirá su reemplazo, en un diálogo que incluye la opinión de Daniel Angelici.

    Sabor es quien llevaba la relación del gobierno con las comunas y tiene un lugar clave en el armado territorial del gobierno, pero desde su ingreso a la administración porteña fue resistido por Mauricio Macri.

    Hace más de un año reemplazó al Tuta Torres como secretario de Gobierno, luego de la derrota en las elecciones legislativas, la primera del oficialismo en más de 20 años.

    Desde el gobierno porteño dijeron que Sabor ahora se concentrará en su rol de director del Banco Ciudad, posición que también sumaba y seguirá como secretario General del PRO porteño. Aún no está definido su sucesor.