Sociedad

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    Los argentinos de bien: poder, pureza moral y obediencia en la Argentina de Milei

     

    La irrupción de Javier Milei en la política argentina no puede explicarse únicamente como un fenómeno electoral ni como el simple ascenso de una nueva derecha. Hay algo más profundo ocurriendo en el modo en que el poder se legitima, organiza el lenguaje público y redefine quién merece reconocimiento dentro de la comunidad política. Allí es donde una lectura atravesada por las categorías de Michel Foucault adquiere una potencia singular: no para reducir el mileísmo a una fórmula académica, sino para comprender cómo un discurso de ruptura moral puede transformarse en una tecnología eficaz de gobierno.

    El núcleo de esa construcción no es económico. Tampoco estrictamente ideológico. Es moral.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Milei no llegó al poder solamente prometiendo bajar la inflación o destruir regulaciones estatales. Llegó construyendo un antagonismo ético absoluto entre “la casta” y “los argentinos de bien”. Ese lenguaje, repetido hasta el agotamiento mediático, terminó produciendo algo mucho más relevante que un slogan: fabricó una identidad social.

    Porque “argentino de bien” no funciona como una descripción objetiva. No existe un criterio verificable que permita determinar quién pertenece realmente a esa categoría. Su eficacia reside precisamente en su ambigüedad. El concepto opera como una consagración moral difusa donde cada adherente puede reconocerse a sí mismo como parte de un grupo virtuoso amenazado por enemigos internos.

    Allí aparece uno de los mecanismos centrales del poder contemporáneo: la administración de legitimidades.

    La pureza como herramienta de poder

    Foucault entendía que las sociedades modernas no se organizan únicamente mediante leyes o coerción física. El poder necesita producir discursos verdaderos, clasificar sujetos y establecer qué formas de vida son consideradas normales, productivas o deseables. Gobernar implica también ordenar moralmente la sociedad.

    En la Argentina de Milei, esa lógica aparece de manera descarnada.

    El “argentino de bien” es presentado como alguien que trabaja, paga impuestos, soporta sacrificios y rechaza cualquier forma de mediación colectiva asociada al Estado. Del otro lado emerge una masa difusa de sospechosos: sindicalistas, militantes, empleados públicos, movimientos sociales, periodistas críticos, universidades, artistas subvencionados, organismos de derechos humanos o cualquiera que cuestione el nuevo orden moral libertario.

    No se trata simplemente de adversarios políticos. Se los construye discursivamente como sectores parasitarios, degenerados o moralmente inferiores.

    Ese desplazamiento es decisivo. Porque cuando la política abandona el terreno del conflicto democrático y pasa a estructurarse sobre categorías morales absolutas, el opositor deja de ser alguien con quien se disputa el poder para convertirse en alguien cuya existencia misma aparece como ilegítima.

    En otras palabras: ya no hay diferencias políticas; hay sujetos “sanos” enfrentados a elementos contaminantes.

    La obsesión mileísta con palabras como “parásitos”, “zurdos de mierda”, “empobrecedores” o “casta” no responde solamente a un estilo agresivo. Constituye una forma de clasificación social. Una maquinaria simbólica destinada a dividir la población entre quienes merecen reconocimiento y quienes pueden ser humillados públicamente sin costo moral.

    El outsider y la ficción de la excepción

    La fuerza inicial de Milei provino de una promesa de exterioridad. Su legitimidad surgía de aparecer por fuera del sistema político tradicional, incluso cuando rápidamente comenzó a tejer alianzas con actores históricos del poder económico, mediático y judicial argentino.

    Pero el outsider moderno no necesita estar realmente afuera del sistema. Le alcanza con conservar la narrativa de la excepción moral.

    Ahí reside una de las grandes paradojas del mileísmo contemporáneo. Incluso frente a denuncias, escándalos, negociaciones opacas o evidencias de privilegios dentro del propio gobierno, parte importante de su electorado sigue interpretando esos hechos como secundarios frente a una supuesta batalla histórica contra enemigos mayores.

    Ese fenómeno revela algo incómodo sobre el funcionamiento real de las democracias contemporáneas: los ciudadanos no adhieren solamente a programas racionales; adhieren a sistemas emocionales de interpretación del mundo.

    Cuando un gobierno logra construir una identidad moral fuerte, la evidencia objetiva pierde centralidad. Los hechos dejan de evaluarse en sí mismos y pasan a interpretarse según quién los denuncia y desde qué lugar político se enuncian. Por eso la corrupción puede relativizarse. No porque deje de existir, sino porque el discurso oficial logra reorganizar su significado. Si el líder continúa siendo percibido como quien combate a “los verdaderos corruptos”, entonces las contradicciones internas pueden absorberse dentro del relato épico de transformación nacional.

    La pregunta deja de ser “¿hubo corrupción?” y pasa a ser “¿quién está denunciando y con qué intención?”.

    La batalla cultural como disciplina

    Uno de los aspectos más sofisticados del fenómeno Milei es haber convertido la confrontación permanente en una forma estable de gobierno. La agresión constante no constituye una anomalía comunicacional ni una pérdida de control emocional. Funciona como una pedagogía política.

    Cada ataque presidencial contra periodistas, economistas, artistas o dirigentes opositores produce un efecto disciplinador sobre el resto de la esfera pública. El mensaje implícito es transparente: cualquiera que cuestione el relato oficial puede ser expuesto, ridiculizado o transformado en enemigo colectivo.

    Foucault estudió precisamente cómo el poder moderno ya no depende exclusivamente del castigo físico espectacular. El control más eficiente es aquel que induce autocensura, vigilancia mutua y adaptación preventiva. Las redes sociales radicalizaron ese mecanismo hasta niveles inéditos. El ecosistema digital mileísta opera muchas veces como una estructura de disciplinamiento distribuido donde miles de usuarios reproducen hostigamientos, campañas de señalamiento y persecuciones simbólicas contra figuras disidentes. El resultado es un clima político donde la violencia verbal deja de ser excepcional y pasa a constituir la atmósfera cotidiana del debate público.

    En ese contexto, la idea de “argentinos de bien” cumple una función central: ofrece legitimidad moral anticipada para la agresión. Si el adversario es presentado como corrupto, degenerado o enemigo de la nación, entonces la violencia discursiva aparece justificada como una forma de defensa social.

    El sacrificio como virtud

    Otro rasgo distintivo del mileísmo es la moralización del sufrimiento económico. En condiciones normales, una caída abrupta del salario, el consumo o el empleo debería erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental. Sin embargo, Milei logró transformar el ajuste en una prueba ética.

    El sacrificio ya no aparece como consecuencia de una política económica concreta, sino como evidencia de madurez social. “Había que pasarla mal”. “No hay plata”. “Estamos pagando décadas de populismo”. El dolor se resignifica como purificación. Ese mecanismo conecta profundamente con la subjetividad neoliberal contemporánea: el individuo debe aceptar precariedad, pérdida de derechos y deterioro material como demostración de responsabilidad personal.

    El ciudadano deja entonces de percibirse como sujeto de derechos colectivos y comienza a entenderse como emprendedor moral de sí mismo. Aguantar se vuelve una virtud. Resistir el ajuste se convierte en signo de pertenencia identitaria.

    La política ya no promete bienestar inmediato. Promete redención futura a cambio de obediencia presente.

    La nueva legitimidad autoritaria

    Quizás el aspecto más inquietante de la experiencia argentina actual sea que gran parte de estas transformaciones ocurren dentro de procedimientos democráticos formales. No hace falta clausurar elecciones para producir dinámicas autoritarias. Basta con erosionar sistemáticamente la legitimidad de toda institución intermedia capaz de limitar el poder presidencial.

    La demonización del periodismo, el desprecio por el Congreso, el ataque permanente a las universidades, la ridiculización de organismos científicos y la construcción de enemigos internos constantes forman parte de una lógica más amplia: vaciar de autoridad simbólica cualquier espacio que pueda disputar la producción de verdad oficial.

    Allí aparece una intuición foucaultiana fundamental: el poder más eficaz no es necesariamente el que prohíbe, sino el que logra que una sociedad naturalice sus propias formas de sometimiento. Tal vez por eso el fenómeno Milei no pueda analizarse solamente como una anomalía argentina ni como una excentricidad mediática. Expresa una mutación más profunda de las democracias contemporáneas: la transición desde sistemas políticos organizados alrededor de consensos institucionales hacia regímenes de legitimidad emocional, identitaria y moral.

    En ese nuevo escenario, la verdad importa menos que la pertenencia. La coherencia menos que la fidelidad. Y la corrupción menos que la capacidad de seguir convenciendo a millones de personas de que, pese a todo, continúan formando parte de “los buenos”.

     

  • Cepeda se consolida primero en las encuestas a dos semanas de las elecciones en Colombia

     

    Colombia se prepara para las elecciones presidenciales y en el progresismo reina el optimismo. A dos semanas de la primera vuelta, la última encuesta de la consultora Invamer antes de la veda a Iván Cepeda con 44,6 por ciento. 

    Es una cifra que, por primera vez, lo encamina a la idea de ganar en primera vuelta que ha planteado su campaña, algo que de todas formas parece complicado.

    Por su parte, el outsider Abelardo De la Espriella deja aún más atrás a Paloma Valencia. Alcanza el 31,6 % y duplica a la candidata uribista, que registra 14 %,quebrando así su nueva estrategia de «voto útil». 

    En este marco, Cepeda resiste en los escenarios de segunda vuelta. En las otras encuestas, el candidato del Pacto Histórico aparece perdiendo fuerza en segunda vuelta frente a los candidatos de derecha. 

    «Los grupos armados se han fortalecido y serán un desafío para el próximo presidente de Colombia»

    Pero la Invamer muestra un escenario distinto. Ahí, Cepeda se impondría con más de siete puntos de ventaja sobre Abelardo de la Espriella y con ocho puntos sobre Paloma Valencia. 

    La encuesta confirma que no hay cupo para una tercera vía. En primera vuelta, Sergio Fajardo y Claudia López registran 2,4 % y 2,2 % de intención de voto, respectivamente. La cifra, aunque no cambia demasiado frente al mes anterior, sigue bajando.

    Cepeda resiste en los escenarios de segunda vuelta. En las otras encuestas, el candidato del Pacto Histórico aparece perdiendo fuerza en segunda vuelta frente a los aspirantes de derecha.

    En segunda vuelta, en un escenario hipotético entre Iván Cepeda  y Sergio Fajardo, el candidato de izquierda tiene una ventaja de más de 28 puntos.

    A su vez, el petrismo y antipetrismo divide en partes iguales al país. Ante la pregunta de si votarían por un candidato a favor o en oposición al gobierno, 47,9% dice que votaría por uno a favor de Petro y 48,4% por uno en oposición.

    Además, la desaprobación del presidente subió un punto (50,4%), mientras que su aprobación bajó otro (45.8%). El mes pasado ambas habían coincidido casi que en el mismo lugar.

    Cepeda se consolida en el primer lugar, a un mes de las elecciones en Colombia

    El orden público, el principal problema para los encuestados con el 40,8%, la cifra más alta desde 2017. En segundo lugar se encuentran las necesidades básicas, que incluye la calidad y el cubrimiento de la salud.

    A propósito de orden público, hay un capítulo sobre seguridad y la política de paz total, el 62,1% de los encuestados considera que el proyecto de paz total va por mal camino. Asimismo, el 64,5% se siente más inseguro por esta política y el 73,8% cree que el Estado ha perdido control de territorio.

     

  • Jan De Nul se reunió con el embajador de Estados Unidos y niega vínculos con China

     

     La belga Jan De Nul buscó este jueves, en la recta final de la licitación de la Hidrovía, darle punto final a la campaña en contra negando cualquier vínculo con empresas estatales chinas en una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

    El encuentro se produjo luego de las denuncias que agitó la competidora DEME, que había puesto bajo sospecha la oferta de Jan De Nul al advertir supuestas relaciones comerciales con firmas chinas, aprovechando la tensión geopolítica alrededor de la privatización de la vía navegable.

    Como reveló LPO en su momento, el gobierno nunca tomó en serio las acusaciones y desestimó las presentaciones llevando a la licitación a su etapa final.

     [El Gobierno desestimó la denuncia de Deme contra Jan De Nul y la privatización entra en su etapa final]

    La reunión entre los representantes de la empresa y el diplomático ocurrió horas después de una nota de una nota publicada por el diario La Nación que habló de una supuesta «influencia maligna» de China en la Hidrovía.

    Según el artículo, el republicano Brian Mast, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habría alertado al secretario de Estado Marco Rubio sobre presuntos vínculos chinos detrás de la licitación.

    En consecuencia, para despejar cualquier duda, este mismo jueves representantes de la compañía se reunieron con Lamelas quien «escuchó de primera mano los planes del consorcio belga-argentino que Jan De Nul integra junto a ServiMagnus para una eventual nueva concesión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay», señaló Jan de Nul a través de un comunicado.

    Los directivos dieron detalles de las obras proyectadas, las características de las dragas y herramientas de balizamiento que utilizarían en caso de ganar la licitación y la tecnología prevista para reforzar la seguridad de la navegación, el control del contrabando y la lucha contra el narcotráfico.

     La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS. 

    Pero el eje del encuentro pasó por el intento de despegarse de cualquier sospecha de influencia china. La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS.

    En ese marco, Jan De Nul habló de «afirmaciones maliciosas» difundidas en medios de comunicación para adjudicarle relaciones comerciales o contractuales con empresas estatales chinas y sostuvo que esas operaciones «solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio».

    La compañía interpretó esas acusaciones como una muestra de la «impotencia» de sus competidores para superar su propuesta técnica y económica, en una disputa que ya escaló mucho más allá de lo comercial.

    Por último, los directivos reivindicaron los 30 años de trabajo de la empresa en la Hidrovía y se comprometieron a desarrollar futuros proyectos junto a compañías estadounidenses vinculadas a la concesión.

     

  • Mayra busca financiamiento internacional para ejecutar un plan hídrico clave para Quilmes

     

    Mayra Mendoza profundiza las gestiones tendientes a obtener financiamiento externo para la ejecución de un plan hídrico que contempla obras troncales sobre los arroyos San Francisco y Las Piedras, un proyecto considerado estratégico para mitigar el impacto de las fuertes lluvias en Quilmes y la región.

    Durante su participación en el Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, la diputada e intendenta de Quilmes en uso de licencia expuso la relevancia de esta obra que afecta a más de un millón de vecinos de Quilmes, Varela, Brown y Avellaneda.

    En Quilmes calculan que, para la ejecución de este plan de obras, se necesita una inversión superior a los 400 millones de dólares, por lo que evalúan imprescindible el financiamiento de un organismo multilateral de crédito en un contexto de parálisis total de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.

    Meses atrás, la diputada provincial había explorado fuentes de financiamiento para ese mega plan de obras durante un encuentro de la Red Mercociudades y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil.

    Sin recursos provenientes de Nación, el año pasado, durante un encuentro con intendentes de la cuenca, Mayra pidió que Axel Kicillof incluya en su pedido de endeudamiento «lo necesario para que podamos comenzar a hacer obras necesarias para mitigar las inundaciones».

    La Cámpora agita la ruptura con Kicillof por falta de financiamiento para obras de Quilmes

    Esa discusión también alimentó las tensiones dentro del peronismo en el marco del debate presupuestario de diciembre.

    Elaborado en 2021 con participación de universidades, equipos municipales y especialistas en cuencas urbanas, el Plan Hídrico Social y Ambiental promovido por el Municipio de Quilmes cuenta con un cronograma de acción por etapas y obras a realizar.

    El plan abarca obras hidráulicas estructurales, un manejo ambiental de los cursos de agua y la urbanización de barrios aledaños. «Por primera vez sabemos cuáles son las obras necesarias y posibles», destacan en Quilmes.

    En una primera etapa, la gestión de Mayra Mendoza avanzó en la limpieza y readecuación del arroyo, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos y desobstrucción de puntos críticos. «Estas tareas ya mejoraron el escurrimiento en zonas clave pero aún falta mucho», señalaron en la comuna.

    El área abarca 178 km2 y concentra amplias zonas inundables con alta densidad de población en situación económica vulnerable, con microbasurales a cielo abierto y déficit del ordenamiento territorial.

     El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro. 

    En cuanto a los aspectos ambientales, los estudios realizados advierten sobre la calidad del agua, vuelcos cloacales y efluentes industriales.

    El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro.

    «Para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política», señalaron en el municipio.

    Es ahí donde focalizan en el antecedente reciente de una obra realizada en Quilmes con fondos internacionales. Se trata del Ecoparque, un complejo socioambiental de 15 hectáreas clave para la separación, clasificación y tratamiento de residuos que contó con el financiamiento del BID.

    Esta semana, en su rol de vicepresidenta de la Red Mercociudades, Mayra Mendoza convocó en el Foro de la ONU a buscar soluciones «urgentes» ante las consecuencias del cambio climático.

    Ahí, planteó la necesidad de financiamiento para el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

    La diputada puso de relieve la existencia de un plan concreto para la zona: «El abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional que preside Javier Milei desde 2024 ha impedido el avance del plan que incluye obras de gran escala», dijo. 

     

  • La ley de zonas frías limpia el balance de las elécticas y podría dispararse la acción de Edenor y Edesur

     

    La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.

    La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.

    El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.

    La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.

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    Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.

    Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.

    Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.

    Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.

    La secretaria de Energía, María Tettamanti.

    «Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.

    «El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.

    El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.

    Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas,  no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.

     

  • Cuadernos: El portero de Cristina dijo que Bonadío y Stornelli amenazaron a su familia para que declare contra la ex presidenta

     

    El portero del edificio de Cristina aseguró que Bonadío y Stornelli lo amenazaron para que declare en la causa Cuadernos. El encargado del departamento de Recoleta dijo que le repitieron varias veces «No te olvides nunca que vos tenés dos hijas».

    Julio Silva sumó su testimonio a los de varios empresarios que denunciaron aprietes de Bonadío y Stornelli. En su caso no fue para que declarara como arrepentido, sino para que firmara algo con lo que no estaba «de acuerdo», algo que según el encargado «no ocurrió».

    En su declaración testimonial durante la instrucción de la causa, Silva había dicho que vio en varias oportunidades a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, ingresar al departamento de los Kirchner en Recoleta con bolsos y valijas.

    Pero ante el tribunal oral se desdijo: «Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas».

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    El testimonio del portero causó sorpresa. «Sí, declaré. Me hicieron llegar una correspondencia. Lo único que no entendí en ese momento, me llamaron a una testimonial y estuve en un interrogatorio. Me dijeron que yo tenía dos hijas y que yo tenía que responder todo lo que me preguntaban. Me puse mal, me sentí incómodo y lo quería decir», relató. Cuando le preguntaron quién lo había presionado, nombró al juez Bonadío y al fiscal Stornelli.

    Las amenazas a testigos para que declaren como arrepentidos habían sido denunciadas antes de que la causa fuera elevada a juicio oral.

    Este año, cuando comenzó el proceso, 27 imputados dijeron que fueron amenazados para declarar como arrepentidos..

    «Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían», dijo Mario Rovella, dueño de Rovella-Carranza.

    Oscar Sansiseña, dueño de Cleanosol Argentina, y Daniel Pitón, de José Eleuterio Pitón SA, hicieron planteos similares.