Alejandra Monteoliva demora el ingreso de Diego Valenzuela a Migraciones en medio del creciente ruido con Patricia Bullrich, su predecesora en el ministerio de Seguridad.
Valenzuela dejó la intendencia de Tres de Febrero luego de 10 años para asumir de manera temporal como senador bonaerense, con la idea de hacerse cargo de una rimbombante Agencia de Seguridad Migratoria, que en un sector del gobierno buscan emparentar con el ICE de Donald Trump.
El municipio quedó en manos de Rodrigo Aybar y Valenzuela esperaba asumir en el Ejecutivo cuanto antes. El traspaso de Migraciones desde Interior a Seguridad, el área de Bullrich, parecía anticipar una transición rápida.
Más aún porque Valenzuela es amigo de Javier Milei desde que estudiaron juntos en la Universidad de Belgrano y su ingreso al gobierno está hablado con el presidente.
Sin embargo, el favor político de su entrada al gabinete es pagado a Bullrich, que fue quien llevó a Valenzuela del PRO a La Libertad Avanza, como una de sus primeras ofrendas fuertes para las elecciones del año pasado.
El director de Migraciones, Sebastián Seoane.
Pero Monteoliva no parece muy ansiosa por desprenderse de Sebastián Seoane, el director de Migraciones que se convirtió en un soldado de la nueva ministra.
En el gobierno explican que la designación de Valenzuela se demora por una cuestión técnica del decreto y aseguran que se están ultimando detalles, una tarea que curiosamente ya lleva tres meses.
En el gobierno explican que la designación de Valenzuela se demora por una cuestión técnica del decreto y aseguran que se están ultimando detalles, una tarea que curiosamente ya lleva tres meses.
Sugestivamente, la demora se da cuando Monteoliva comenzó a hacer gestos de autonomía muy marcados respecto de su predecesora en el ministerio y, como anticipó LPO, se acercó a la línea de Santiago Caputo.
Bullrich, que no suele perdonar ese tipo de maniobras, salió el jueves a declarar que la represión de la Policía Federal a un camarógrafo de A24 fue «reprochable».
Martín Llaryora sumará al Gobierno provincial un pelotón de intendentes con la misión de relanzar la gestión y calmar las ansiedades del peronismo, que ve una amenaza cierta de perder la elección del año que viene tras el mal paso que dio el proyecto «cordobesista» con la derrota de Provincias Unidas.
La principal incorporación se dio este viernes, con la asunción como ministro de Desarrollo Social de Marcos Torres, intendente de Alta Gracia y hermano de Facundo, el jefe de bloque en la Legislatura. Así, Llaryora blinda con los hermanos Torres el departamento Santa María, un territorio que puede volverse clave en la disputa del año que viene. Torres reemplazó a la schairettista Laura Jure.
Se espera que en las próximas horas se incorpore como secretario en el Ministerio de Seguridad Agustín González, intendente de Cruz Alta y ahijado (de bautismo y político) de Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba. Passerini y el padre de Agustín forjaron en la Facultad de Medicina una amistad inquebrantable. La relación del intendente capitalino y el nuevo funcionario provincial trasciende la política.
En paralelo, Agustín González ocupa la vicepresidencia del Frente Renovador en Córdoba y desde ese lugar apuntaló la candidatura de Natalia de la Sota en octubre. Ahora, González deberá trabajar bajo las órdenes de Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad que cultiva un altísimo perfil.
Apuntalar una gestión en crisis con intendentes no es una fórmula nueva: lo hizo José Manuel de la Sota en 2013, cuando el acuartelamiento policial puso en jaque a su gobierno. En esa oportunidad, Llaryora, quien ocupaba la intendencia de San Francisco, fue designado ministro de Comercio e Industria. Dos años después, Juan Schiaretti lo llevó como vicegobernador.
La incorporación de suboficiales del PJ al gabinete no terminaría con Torres y González. Todos los convocados tienen dos características: están impedidos de ser reelectos y su sucesión está resuelta.
En este marco, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, suena para ocupar la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas. A primera vista, parece un cargo administrativo. Sin embargo, esta cartera concentrará la ejecución de la obra pública en el interior cordobés, incluyendo tendido de la red de gas natural. A Cooperativas la comanda un ex intendente, Gustavo Brandan; y uno de los secretarios es Gabriel Frizza, ex intendente de Jesús María y ex dirigente del PRO.
También el intendente de Idiazábal, Juan Pablo Vassia, sería convocado en Cooperativas, confirmando que la ejecución de la obra pública a través de las cooperativas del interior se concentrará en esta cartera.
Al Ministerio de Gobierno, que lidera Manuel Calvo, llegarían Marcos Torres Cena (Laguna Larga) y Martín García (San Javier). De esa cartera saldría eyectado el ex legislador radical Orlando Arduh, quien podría ser remplazado por otro correligionario, aunque intendente y del esquema de la vicegobernadora Myrin Prunotto: Gustavo Benedetti, jefe comunal de Arroyito.
El Gobierno debe atajar una eventual fuga de intendentes radicales hacia La Libertad Avanza, donde la cornejista Soledad Carrizo tiene la misión de reclutar boinas blancas para Gabriel Bornoroni. Esa será una de las claves de la ingeniería electoral durante este año.
Alejandro Lew renunció a la Secretaría de Finanzas en medio de una interna del equipo económico por la estrategia para enfrentar los pagos de la deuda en dólares a meses de un vencimiento clave.
Lew dejó la Secretaría apenas tres meses después de asumir en lugar de Pablo Quirno y solo un par de días después de la colocación de un nuevo bono en dólares que lanzó el Ministerio de Economía, que liberó pesos que empujaron la cotización de la divisa.
Toto Caputo anunció la renuncia mediante un tuit protocolar en el que dio como única explicación que Lew tomó la decisión por «razones personales», el eufemismo que usan los políticos cuando no pueden explicar una salida.
El ex funcionario de YPF en el gobierno de Alberto, arrastraba fuertes diferencias con quien será su reemplazante, Federico Furiase, respecto del plan para corregir la curva de deuda soberana en dólares. El plan de Furiase, hasta este viernes director del Banco Central, iba a la par con el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning.
En el mercado atribuyen la salida precipitada de Lew sus diferencias con el plan de Furiase y Werning para corregir la convexidad de la curva de deuda soberana en dólares. «Le cuestionaron a Lew la salida precipitada a juntar dólares a cuenta gotas para pagar capital al contado en julio cuando vencen los globales», afirmó un operador del mercado.
Alejandro era como un jamón del medio entre Furiase y Werning y no resistió más.
«Alejandro era como un jamón del medio entre Furiase y Werning y no resistió más», dijeron a LPO fuentes del gobierno. Su salida coincide además con un día especialmente malo para el equipo económico: las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) terminan el mes acumulando una caída del 25%, el riesgo país llegó a los 570 puntos y el Merval tuvo su pero mes desde septiembre del año pasado, luego de la derrota bonaerense.
Lew, Caputo y Furiase en la foto difundida por el ministro para tratar de tapar la interna.
Lew llegó en noviembre a la Secretaría de Finanzas con el objetivo de volver al mercado internacional de deuda, un horizonte que parece alejarse cada día a medida que el riesgo país no baja y se extiende la desconfianza hacia los activos argentinos, mientras el Brasil de Lula vive un momento dorado.
El gobierno festejó cuando el índice bajó de los 500 puntos semanas atrás, pero este viernes el riesgo país llegó a los 570 puntos, al mismo tiempo que se supo que el FMI demora la aprobación de la revisión del acuerdo.
Marcelo Bonelli reveló este viernes que el viceministro José Luis Daza tuvo que viajar de urgencia a Washington para dar nuevas explicaciones en el FMI. Juan Cubbedu, el auditor de Argentina, lo convocó. El organismo aprobaría por decisión política el waiver (perdón) por el incumplimiento de la meta de reservas, pero le inquieta la caída en la recaudación por la baja actividad. El IVA se retrajo un 11% y a pesar de la recesión, la inflación no afloja.
La inflación volvió a ponerse picante justo cuando el Gobierno necesita mostrar una desaceleración, luego del escándalo de la intervención en el Indec, para evitar que se conociera el índice actualizado que ubicaba la inflación de enero por arriba del 3 por ciento.
Las estimaciones privadas muestran un consenso llamativo: aún el IPC desactualizado no logra perforar el piso del 2%. Equilibra proyectó una inflación de 2,3% para febrero. LCG la ubicó entre 2,5% y 2,6%, mientras que EcoGo se ubicó en la punta del mercado con proyecciones cercanas al 3% mensual. El mercado empieza a asumir que el nuevo piso inflacionario quedó instalado entre 2,5% y 3%, lejos del sendero descendente que buscaba Economía para el primer trimestre.
Detrás del número aparece el factor que más preocupa a economistas y empresas: las tarifas. A la persistencia de la suba de alimentos se suman los aumentos en electricidad, transporte y gas. Con un agravante, en el índice actual, que Milei y Caputo no quisieron actualizar, tienen un peso relativo bajo. Es decir, en la realidad del bolsillo la inflación pega más fuerta.
En términos de la estadística desactualizada del Indec, electricidad y gas explican una porción menor del IPC, pero en la economía cotidiana funcionan como gastos rígidos imposibles de postergar.
Esa tensión entre medición técnica y percepción social no es nueva: justamente la discusión por el rediseño del índice de precios y el peso de los servicios públicos fue determinante de la salida forzada de Marco Lavagna del Indec, cuando Milei y Caputo lo obligaron a esconder el nuevo índice a días de publicarlo. Un escándalo.
El nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras.
Ahora el nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras. El cambio no responde tanto a un aumento del costo de la energía sino a una redefinición del consumo subsidiado: el tope baja a 150 kwh mensuales, prácticamente la mitad de lo permitido durante el verano, tal como calculó el sitio especializado El Post Energético.
La explicación oficial tuvo un giro inesperado. Desde Energía aseguraron que el impacto «no se va a sentir» porque en marzo el consumo cae por razones estacionales. La frase circuló rápido entre analistas y empresarios: el ajuste existe, pero se apuesta a que el clima lo disimule. La lógica es simple: si los hogares consumen menos electricidad, la factura final podría bajar pese al aumento tarifario.
El argumento oficial combina economía y meteorología: marzo sería un mes templado que permitiría avanzar con la recomposición tarifaria sin provocar un salto visible en el gasto familiar.
La Libertad Avanza tensiona en la Legislatura y pretende quedarse con tres de las principales comisiones. Pidieron ocho comisiones, entre ellas Seguridad, Justicia y Asuntos Constitucionales.
El panorama no es sencillo para el oficialismo, que cuenta con 11 bancas a las que se pueden sumarse cinco del radicalismo. Pilar Ramírez consiguió sumar otro escaño con la partida del bloque larretista y tiene 14.
Todavía no está claro cuál es el alcance del acuerdo entre el PRO y los libertarios. Hasta ahora se comportaron como adversarios del gobierno y su acompañamiento estuvo casi siempre en duda.
Por una regla no escrita, la comisión de Presupuesto debería quedar para el PRO, pero LLA quiere discutir el resto. En total, la Legislatura tiene 27 comisiones y 2 juntas que se reparten según la cantidad de integrantes de cada bloque y según el equilibrio político que existe en el parlamento.
La comisión de Justicia estuvo en los últimos años en manos del radicalismo, pero LLA reclama la presidencia. En los próximos meses se convertirá en uno de los lugares más importantes de la Legislatura: por allí pasarán los acuerdos de decenas de magistrados. Lo mismo ocurre con la junta de Ética, que sería para el peronismo.
Como contó LPO, Karina quiere ganar influencia en la Justicia, un ámbito en dónde en la última década tallaron Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos.
Por el sistema D’Hont, a los libertarios les corresponderían 7 comisiones, pero aspiran a quedarse con 8. «Va a ser difícil que el PRO y aliados puedan manejar Seguridad, Justicia y Asuntos constitucionales. Van a tener que ceder una o más de una», explicó un veterano legislador.
El peronismo, primera minoría con 20 integrantes, podría manejar Educación, Salud y la junta de Ética además de otras menos relevantes.
«Está todo muy abierto, el lunes arranca todo, pero las discusiones van a seguir», dijo a LPO una fuente parlamentaria que no se animó a vaticinar cómo quedará el reparto de poder en la Legislatura.
Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.
Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».
Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.
El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.
Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.
La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.
La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo
En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.
Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.
En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».
La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.
El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.
