Sociedad

 

El gobierno de Axel Kicillof publicó el índice con el cual distribuye los recursos coparticipables a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder en los primeros días de un nuevo año, el temido Coeficiente Único de Distribución (CUD) dispara la bronca de los distritos que se ven perjudicados.

Mar del Plata y General Madariaga fueron dos distritos que expresaron disconformidad con el nuevo coeficiente. En el caso de la ciudad balnearia fue el senador Maximiliano Abad quien cuestionó los números.

«En los últimos diez años, General Pueyrredón perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial», dijo y explicó que el golpe más fuerte llegó en estos días: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior. Aunque Mar del Plata es gobernada por Guillermo Montenegro (PRO), el radicalismo cogobierna esa ciudad con varios funcionarios en el gabinete y sintonía en el Concejo Deliberante.

Abad dijo que Mar del Plata es el principal destino turístico de la provincia. «Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero el gobierno provincial no reconoce esa realidad», dijo en un largo posteo en el que evitó mencionar a Kicillof.

Este sistema (CUD) también necesita una modificación hace años, al igual que la coparticipación federal. Es un deuda institucional para trabajar entre todos. https://t.co/Uu6JAC48Ly

— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) January 8, 2026

Desde Madariaga también lanzaron críticas. «Recibiremos 800 millones menos que en 2025», dijeron desde el municipio que gobierna Carlos Santoro (UCR). «Si observamos los últimos diez años, el CUD bajó para nuestra ciudad un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado 4.000 millones de pesos», dijo y agregó que eso supone los salarios de cuatro meses de la planta de trabajadores municipales.

Las críticas no apuntan tanto al gobierno de Kicillof sino a un mecanismo que muchos consideran obsoleto. Por caso, el diputado nacional Sebastian Galmarini (Unión por la Patria) planteó que el sistema, al igual que la coparticipación federal, una modificación hace años. «Es un deuda institucional para trabajar entre todos», planteó.

Los libertarios directamente quieren anularlo y que los impuestos patrimoniales pasen a ser administrados por los intendentes. El senador provincial Matías de Urraza plantea que sean los intendentes los que manejen directamente los recursos y puedan competir entre ellos para fortalecer a sus distritos. «Lo que quiero es que los intendentes compitan a ver quién es el mejor en lo suyo, el que lleva más inversiones a su municipio», dijo el legislador que responde a Sebastián Pareja a Buenos Aires/12.

Matías de Urraza.

El actual régimen de coparticipación de Impuestos de la provincia rige desde 1988 y establece que las municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14 % de los montos que la provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.

El importe que surge de ese porcentaje se distribuye luego entre los 135 municipios de acuerdo con el cuestionado CUD, un índice que determina por resolución todos los años el ministerio de Economía. Ese índice surge de una serie de variables como la población de cada municipio, su capacidad tributaria (inversa), la superficie, la cantidad de camas en hospitales, el número de pacientes, las consultas médicas,

En 2022 se estableció un mecanismo de protección para los municipios frente a caídas abruptas en el CUD. Desde entonces rige un tope general por el cual ningún municipio puede sufrir una reducción superior al 5%.

Conformación del Coeficiente Único de Distribución. Fuente: Consultora PPA.

Un informe de la consultora PPA destaca que nueve municipios vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. Cabe destacar que, en el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo periodo consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.

En tanto, en diciembre se modificó ese artículo para introducir un esquema que suavice aún más las pérdidas. En la ley de endeudamiento se acordó que cuando un municipio registra una caída del 5% durante dos ejercicios consecutivos, la disminución máxima permitida para el tercer y cuarto ejercicio se reduce al 2,5% anual.

Así, este año fueron nueve los municipios que vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo período consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.

En tanto, cuatro municipios fueron beneficiados por el tope máximo de caída del 2,5% luego de dos caídas consecutivas del 5%: Lezama, Lujan, Moron y Saavedra.

Por último, los diez distritos que registraron las mayores disminuciones en su CUD -exceptuando a los nueve municipios beneficiados por la aplicación del tope máximo de caída del 5%- son Vicente López, Tandil, Azul, Chascomús, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, San Antonio de Areco, Ayacucho y San Pedro. A diferencia del grupo anterior, estos municipios no se encuentran alcanzados por ningún tope máximo, por lo que las variaciones observadas reflejan plenamente el resultado del recálculo del CUD.

 

 

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, lanzó un llamado para reclutar personal militar e integrantes de fuerzas federales retirados para reforzar la seguridad en ese distrito del sur del conurbano.

Mantegazza busca acercar a la Secretaría de Seguridad funcionarios que tengan perfiles con formación y experiencia en las Fuerzas Armadas. Según informó el propio municipio, la convocatoria responde a «una mirada integral» de la seguridad. No se trata sólo de efectivos para bajar al territorio, sino apuntar a la planificación y prevención.

La propuesta es polémica toda vez que encierra un cuestionamiento al gobierno de Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, ante la incapacidad de contener la inseguridad con recursos de La Bonaerense. Hasta el momento, no hubo ni críticas ni respaldo al reclutamiento lanzando por el intendente peronista.

Chiqui Tapia, Gastón Granados, Nicolás Mantegazza y Dante Majori.

San Vicente es un distrito chico del sur del conurbano con unos 74.000 electores. Mantegazza es un intendente muy cercano a Martín Insaurralde que articula junto a Federico Otermin (Lomas), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar) en el denominado Grupo AFA, un armado que marca una línea muy cercana al Chiqui Tapia.

Por caso, a pesar de las denuncias que pesan sobre el presidente de la AFA, esta semana Mantegazza y Granados posaron en una foto junto a Tapia y Dante Majori, presidente del club Yupanqui de Villa Lugano, considerado el club con menos hinchas del fútbol argentino.

 

 

Raúl Jalil consiguió la ayuda de Javier Milei para disimular el escándalo de la corrupción de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que establece el final de la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual que fundó Juan Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en Boletín Oficial, en retribución a la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.

Sin embargo, el decreto tuvo un impacto negativo en la comunidad académica de la universidad tucumana, que desde la ley que creó el YMAD en 1959 debía recibir el 40 por ciento de las regalías para construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, al tiempo que el 60 por ciento restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo terminó con la sentencia a tres años y seis meses de prisión para el exrector Juan Cerisola, quien conducía la UNT en el período que la Justicia federal determinó que se desviaron 243 millones de pesos. Una fortuna en aquellos años.

Además de Cerisola, también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y su par de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, pero en los hechos habrían estado involucrados otros dirigentes del radicalismo tucumano.

En efecto, la investigación judicial se centró en el desvío de fondos por las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, período del primer mandato de Cerisola al frente de la casa de estudios. El plazo incluye el sospechoso decreto del 2 de enero de 2008, cuando el por entonces rector renunció a seguir recibiendo el total de las regalías que le correspondían a la UNT bajo el delirante pretexto de que la ciudad universitaria estaba terminada. Basta acercarse a los inmensos esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro tucumano que están exactamente como los dejó Perón, para comprobar la mentira.

Tras su apoyo al Presupuesto, Milei le dio a Jalil el control de una minera

Durante ese lapso, fueron directores de YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en mayo de 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado mileísta Mariano Campero.

La UNT hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva ciudad universitaria. ¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor.

La revelación que inculpó al dirigente de Franja Morada apareció en La Gaceta de Tucumán el 12 de diciembre de 2023, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, que fue asesor del propio Campero y Héctor Carlos Ostengo, mientras fueron directores de YMAD. En ese artículo, el letrado recordó que Ostengo se enteró por amigos que se había producido un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera SA en la Bolsa de Nueva York, justo después que la empresa firmara un contrato de Fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río.

Mariano Campero, en Diputados.

Garzón redactó la impugnación de la UTE que habían forjado la minera, la UNT y la YMAD para explotar uno de los yacimientos pero Campero se llevó la nota bajo el compromiso de entablar por sí mismo el diálogo con la firma. «No recuerdo el tiempo que llevó dicha ‘negociación’, a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el ‘rendimiento’ de la explotación», escribió el asesor.

De hecho, el 24 de noviembre de 2005 el Consejo Superior de la universidad aprobó el cobro de 1 millón de dólares a la minera pero ese dinero no sería destinado a la construcción de la ciudad universitaria estipulada en la ley del 59′, durante la presidencia de Arturo Frondizi, sino que Mariglione y Campero habrían resuelto que ese monto fuera utilizado para «refacciones» en el Museo de la UNT.

Lo curioso es que ambos directores de la YMAD tramitaron a partir de 2006 pedidos de información sobre el detalle de las obras al sucesor de Mariglione, el condenado Cerisola, quien continuó la misma traza política bajo el apuntalamiento de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal por la UCR. «El gordo Saab fuma bajo el agua y es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT», dijo una fuente al tanto de las internas radicales en Tucumán.

Soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal.

El escándalo de la corrupción incomodó tanto a los libertarios como al gobernador Osvaldo Jaldo. Cuando el diputado Campero terminó de suturar el salto suyo y sus colegas radicales para blindar el veto de Milei a las universidades en 2024, Patricia Bullrich cargó con todo contra las autoridades de la UNT:  «la Universidad Nacional de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que hay de la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la Ciudad Universitaria el rector y toda la plana mayor», dijo la por entonces ministra de Seguridad.

Jaldo también opinó por aquellos días: «soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal».

LPO consultó a Saab sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de Jalil, Milei y la UNT, que beneficiarían a la universidad porque ahora aceptarían que siga percibiendo el mismo porcentaje para construir «el equivalente a 135 mil metros cuadrados», después de haberse fumado sumas exorbitantes. El funcionario respondió que «se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla», y agregó que se acordó «una nueva ciudad universitaria que nada tiene que ver con el juicio con el exrector».

Esa postura es rechazada hasta por uno de los diputados radicales que se incorporó al bloque de La Libertad Avanza y comparte bancada con el peluca Mariano Campero. «Se recontramil malversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento de las regalías», se quejó. La bronca es porque la ley establecía que, una vez que la UNT concluyera las obras de la ciudad universitaria, la casa de estudios tucumana pasaría a percibir solo el 20 por ciento y el 20 por ciento restante se distribuiría para todas las universidades del país.

Se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla.

No obstante, el argumento de Cerisola en su alegato ante el tribunal que lo sentenció fue, sorprendentemente, que la ciudad universitaria se hizo. «Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria», exclamó sin que la fiscalía, los testigos y el público supieran si experimentaba una epifanía o se burlaba.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), por su parte, emitió un comunicado el día de la sentencia de los tres directivos de la universidad criticando que el fallo judicial «deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental». Además, cuestionó la absolución del contador Luis Sacca, un hombre clave en la trama. «Sacca fue fundamental en el andamiaje de los sobreprecios con las empresas constructoras», comentó un legislador peronista a LPO.

Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza afirmó en un informe propio que las utilidades mineras sirvieron para «inversiones que se realizaron en bienes inmuebles en el centro de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, también se adquirieron vehículos y hubo gastos varios en diversas facultades que nada tenían que ver con la supuesta terminación de obras de la ciudad universitaria». En ese texto, se afirma incluso que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en el centro porteño, cerca del Ministerio de Educación, muy lejos de la ciudad universitaria que imaginó Perón.

El proyecto peronista, que estuvo inscripto en el Primer Plan Quinquenal, contemplaba la construcción de una ciudadela en el cerro San Javier, donde solo queda el esqueleto de una mole de cinco pisos, y un funicular que conectaba la cima con la base. La cantidad de hectáreas que se adquirieron durante el mandato de Perón para aquella obra duplicaba el tamaño de la Isla de Manhattan en Estados Unidos.

 

 

El final del 2025 tuvo un marcado enfrentamiento entre el gobernador cordobés Martín Llaryora y los estatales locales por la reforma previsional que derivó en una ofensiva que los gremios están dispuestos a encaminar en la Justicia en las próximas semanas. Tensión que, con el arranque de este 2026 lejos está de terminar; sino más bien, todo lo contrario.

Porque en la primera semana hábil del año, los estatales se mostraron abroquelados para continuar con la estrategia judicial y porque, precisamente desde la Justicia, hubo algunos guiños a los amparos presentados por los gremios. Y al que se pliegan, paradójicamente según entienden en El Panal, aquellos opositores a Llaryora que son aliados nacionales de Milei.

Tal es el caso de juecistas y radicales que reportan a Rodrigo de Loredo.

Así, la ley de equidad jubilatoria que Llaryora impulsó el último mes del año en la Unicameral y cuya promulgación anunció él mismo con dardos a todas las gestiones anteriores -sin distinción partidaria- en la administración de la Caja de Jubilaciones tendrá al verano cordobés aún más acalorado.

Principalmente, porque Llaryora vuelve de vacaciones y la orden es limar a los estatales en las bases, cuestionar las conducciones y replicar con una contraofensiva el recorrido que los gremios ya empezaron en Tribunales.

«De ahora a marzo viene la tensión con los gremios y arrancan los planteos judiciales. Hay principio de diálogo con algunos sectores y reclamos de todo tipo, pero todo esto tiene un trasfondo político. Por eso, no se descartan las conversaciones con las bases», reconoció un importante funcionario provincial a LPO luego de la reunión de la mesa multisectorial que realizaron los estatales cordobeses este jueves. Que, además, terminó con el compromiso de los referentes de la veintena de gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones provincial de nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema y en febrero, cuando culmine la feria judicial, posiblemente presentar un amparo colectivo.

La mesa chica de Llaryora está al tanto de esto. Incluso tienen en claro que el recorrido desembocará en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso, ante la consulta de este medio sobre el devenir del reclamo de los estatales en la Corte cordobesa, en el entorno del gobernador algunos mantienen un moderado optimismo acerca del futuro del reclamo en esos despachos.

«No creo que camine», dijo un funcionario a LPO.

La otra cuestión con la que también jugará la generación heredera del cordobesismo es la discusión dentro de los sindicatos. Existe el diálogo con aquellos que tienen renovación de autoridades este año y los que van a elecciones en el 2027. «No se pueden hacer los boludos ahí. Ellos saben cómo se puede digitar de afuera para inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados», sostuvo una de las espadas de Llaryora en la discusión.

Acerca de esto, en los despachos del Panal sobrevoló un comentario en los últimos días en los que se vio nuevamente a Rubén Daniele, el conductor del poderoso Suoem, el gremio de los Municipales cordobeses abrir el fuego contra Llaryora desde una de las manifestaciones. Algunos que están hace tiempo cerca del gobernador recordaron cómo actuó el peronismo para que el sindicalista volviera a la conducción de su gremio y cómo fue la convivencia entre ambos cuando el actual gobernador fue intendente de la capital cordobesa.

Pero hay otra artillería relacionada con la comunicación con la que están dispuestos a disparar desde el gobierno provincial. El mensaje a las bases será que las cúpulas de algunos sindicatos quieren voltear una ley que, en volumen, beneficia al grueso de los afiliados. «En el caso de los docentes, al 90% de los activos no se les tocó nada y el 50% de los jubilados tienen aumentos que van del 10 al 25%, ¿y resulta que cuatro tipos la quieren voltear?», lanzó un llaryorista.

Los estatales cordobeses están en una situación similar a la de los intendentes en la relación con el llaryorismo: no hay paraguas nacional que los cobije. En el caso de los gremios, en otro momento, una tensión de estas características tenía un peronismo opositor al cordobés en Casa Rosada que contribuía a la fricción; y con los alcaldes ocurría lo mismo a la hora de tantear un ATN foto mediante. Otra realidad, otra era y con un Milei que rechaza cualquier reclamo gremial.

Un funcionario coincidió con el análisis y fue más allá: «o a veces ocurre algo peor: que los autoconvocados te lleven todo a una anarquía como pasó con los Judiciales el año pasado».

Con el arco político opositor en plena reconfiguración, el 2026 de Llaryora tendrá como primer escollo la disputa con los gremios y por ahí pasa la discusión del primer trimestre. Y donde esperan, dentro del Panal, cuántos de los cañones apuntan los sindicatos a Milei por el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones, y cuántos quedarán envueltos en la discusión local contra el gobernador.

 

 

 Donald Trump dijo que aceptará el Premio Nobel de la Paz que le ofreció la venezolana María Corina Machado y que espera que se lo entregue los próximos días en Washington.

«He oído que ella quiere hacerlo, sería un gran honor», dijo el presidente de Estados Unidos en una entrevista con Fow News.

La líder opositora de Venezuela había hablado con la misma cadena para agradecerle a Trump las «valientes acciones» que condujeron a la captura de Nicolás Maduro.

Machado intentó enviarle un guiño al ofrecerle el premio Nobel de la Paz tras la revelación del Washington Post, que dijo que el líder republicano se ofendió porque no se lo dieron a él. 

El republicano siente como una afrenta que la academia de Suecia haya entregado el Nobel de la Paz a su antecesor demócrata Barack Obama y no lo considere para la misma distinción, dado sus esfuerzos por terminar con la guerra en Ucrania y Gaza. Por eso descartó a Machado como sucesora de Maduro.

 

 

Fuerzas federales argentinas detuvieron este viernes en Corrientes a un venezolano que ingresó de manera ilegal al país y registraba antecedentes penales graves. La detención se produjo el 20 de diciembre en el Puerto de Ituzaingó y el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Prefectura Naval Argentina (PFA).

Según informaron fuentes oficiales, el detenido dijo ser un ex integrante del Ejército de Venezuela y de ese modo justificó las 20 heridas de arma blanca que presenta en todo el cuerpo. También la bala que tiene alojada en el abdomen.

Su vinculación con el Ejército quedó confirmada cuando las autoridades argentinas solicitaron a Interpol datos de esta persona.

El mismo argumento utilizó en junio de 2024 cuando las autoridades de los Estados Unidos lo detuvieron. En ese entonces tenía en su poder un arma blanca y relató que había entrado al país a través de México.

La detención se realizó a partir de un proceso de identificación y seguimiento basado en el cruce de información sensible, análisis de patrones regionales de desplazamiento y verificación de bases internacionales. Esto permitió reconstruir su recorrido clandestino por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, antes de arribar a la Argentina. Además, se constató que el sospechoso habría ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, país del que fue expulsado en enero de 2025.

Desde el gobierno aseguran que el detenido contaría con instrucción militar especializada y lo consideran un presunto integrante de la organización criminal y terrorista Tren de Aragua, una banda delictiva a la que Estados Unidos, declaró organización terrorista.

Además, posee antecedentes por homicidio y registra un pedido de captura en Canadá por delitos de lesiones graves y amenazas.

Para el gobierno, la detención expone un fenómeno que preocupa a nivel regional: el reordenamiento del poder en Venezuela y el debilitamiento del régimen está generando fracturas internas, desplazamientos y reacciones violentas de actores irregulares que ante la pérdida de control territorial y recursos buscan replegarse o expandirse hacia terceros países.