Sociedad

  • Los libertarios en la Legislatura votan las reelecciones indefinidas si se incluye la Boleta Única

     

    Los bloques de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense están dispuestos a acompañar al peronismo con un proyecto que permita el regreso de las reelecciones indefinidas siempre y cuando se incluya la Boleta Única en la elección provincial.

    Esa estrategia se empezó a conversar entre los legisladores y, si bien no es una definición que baja de la Casa Rosada, de a poco va generando algunos consensos dentro de las bancadas libertarias.

    Los legisladores de Javier Milei entienden que lograr imponer la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires será un eje central de su agenda legislativa. En 2015 la elección se realizó con Boleta Única en octubre sin complicaciones, sin embargo, en la elección desdoblada de septiembre se mantuvo el sistema tradicional de boleta partidaria.

    Kicillof impulsará en 2026 el regreso de las reelecciones indefinidas en la provincia

    El peronismo defiende el sistema de boleta partidaria. Con esa herramienta se impuso en la elección de septiembre. Como contracara, con el sistema de Boleta Única cayó derrotado en la legislativa nacional de octubre.

    «Creemos que con la Boleta Única le damos todo el poder al ciudadano y se terminan los manejos partidarios», dicen fuentes libertarias.

    En la provincia son 82 los intendentes que no pueden ser reelectos en 2027. Ese número contempla dirigentes de todos los frentes políticos: peronismo, radicales, del PRO y también libertarios.

    La idea es discutir este año una reforma electoral integral que incluya además de reelecciones indefinidas y Boleta Única, una actualización de las bancas por sección electoral, una discusión postergada desde hace años.

    Agustín Romo, Fernando Rovello y Marcela Basualdo.

    Ese último punto es un planteo común en algunos referentes de La Cámpora que destacan una injusta subrepresentación de las secciones del conurbano por sobre las del interior que están sobrerrepresentadas.

    Los libertarios entienden que los cambios electorales deben realizarse en años donde no haya elección. Históricamente eso fue una constante en la provincia para llegar al año electoral con un sistema de reglas acordado. Sin embargo, todo voló por los aires en 2025, cuando las normas se modificaron apenas unos meses antes de la elección de septiembre.

    LPO contó que Axel Kicillof tiene decidido impulsar el regreso de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. En La Plata consideran que la ley que impide la reelección de intendentes y legisladores es proscriptiva.

    Atravesado por internas, el peronismo deberá buscar aliados tanto en el Senado como en Diputados. La Cámpora y el axelismo tuvieron roces durante todo el año pasado por la estrategia electoral y esas diferencias no cesaron.

    Durante meses frenéticos en los que los legisladores de Cristina buscaron evitar que el gobernador desdoble la elección provincial de la nacional se presentaron proyectos desde ambos lados para eliminar las restricciones a las reelecciones. Ninguno de los proyectos llegó al recinto y varios legisladores no pudieron reelegir.

     

  • La Justicia embargó a Llach y González Fraga por fraude millonario en el caso Vicentín

     

    La Justicia federal embargó a Lucas Llach y a Javier González Fraga por presunto fraude millonario contra el Estado en el caso Vicentín.

    El juez federal Julián Ercolini imputó a Fraga y Llach, presidente y vice del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, junto a otros 16 imputados entre los que se encuentran ex funcionarios del banco y empresarios del Grupo Vicentín.

    El fallo de Ercolini señala que «los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto».

    Ercolni determinó que los funcionarios del Banco Nación «habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones».

    También están imputados los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.

    Entre los ex funcionarios del Banco, Ercolini también trabó embargo e inhibió los bienes de Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y Alejandro Fabián Díaz (síndico).

     

  • El escándalo AFA llega a Zamora, los autos de lujo exponen la relación de Toviggnio con el hermano del exgobernador

     

    La Justicia empezó a desenredar los vínculos de Gerardo Zamora con la AFA, que podrían implicar al propio entorno familiar del ex gobernador de Santiago del Estero con prácticas fastuosas financiadas con recursos del Estado.

    El ex gobernador parece no inmutarse por los avances de la investigación judicial que lo vincula a los manejos de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Sin embargo, en su entorno acusan recibo de las revelaciones y apuntan a sectores del macrismo, encabezados por el líder del PRO en la provincia norteña, Facundo Pérez Carletti, y el excandidato a gobernador por Despierta Santiago, Alejandro Parnás.

    Ante la consulta de LPO sobre la conexión entre Toviggino y Daniel Zamora, hermano del ex gobernador y actual senador, un dirigente del Frente Cívico santiagueño respondió sin vueltas: «Es fruta que tiran Pérez Carletti y Parnás».

    Pero un legislador provincial afirmó que Toviggino «es testaferro de Daniel Zamora», una sospecha que podría explicar la abrumadora cantidad de autos de lujo que el presidente de Central Córdoba guardaba en la mansión de Pilar. «Daniel comparte con Toviggino el gusto por los autos», reconoció un dirigente que conoce a la familia Zamora de cerca.

    Un empresario cercano a Macri detrás de la denuncia narco contra Zamora y Toviggino

    Diputado provincial con mandato cumplido, Daniel Zamora se inició en el rubro con una casa de repuestos para motos, pero se las ingenió para adquirir una suntuosa colección de vehículos de colección. Un artículo publicado por Clarín informó, en base a datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que el hermano del líder santiagueño «es propietario de una flota consistente en 14 autos, 1 camión, 8 camionetas, 32 motos y 9 ciclomotores».

    Al Dani le encantan los fierros, y por ahí compraba una Zanellita y la iba arreglando, él tenía su casa de repuestos.

    Un diputado de Fuerza Patria relativizó esas imputaciones. «Al Dani le encantan los fierros, y por ahí compraba una Zanellita y la iba arreglando, él tenía su casa de repuestos», comentó, y deslizó que algunos vehículos se exhibían luego en el museo del auto en Santiago.

    «Hasta Nalbandián llevó su General Lee de los Dukes de Hazzard para mostrarlo», agregó en referencia al Dodge Charger 1969 color naranja que aparece en la emblemática serie televisiva.

    Daniel Zamora, el hermano del ex gobernador, con uno de sus autos.

    Aunque hay versiones de que el vehículo no pertenecería al tenista sino a un fanático suyo y que el auto estuvo retenido en la Aduana, el legislador dio por sentado que al museo lo había llevado Nalbandian.

    Los opositores a Zamora aseguran que «Toviggino es la mano derecha económica y política» del ahora senador. Señalan, un crecimiento del dirigente de la AFA en dos zancadas: al principio, habría participado de supuestas maniobras del exgobernador para adueñarse de tierras fiscales, algo desmentido por su entorno en una nota publicada por LPO en la que se involucra, precisamente, a un empresario amigo de Mauricio Macri.

    Pero luego, en Santiago del Estero afirman que el salto grande el Tesorero de la AFA lo dio cuando supuestamente se habría convertido en proveedor del Estado para la venta de materiales a utilizar en la obra pública.

    De hecho, Clarín reveló la proliferación de empresas vinculadas a familiares de Toviggino, como su hermano Darío, su esposa y su suegra, para proveer bienes y servicios a Santiago del Estero. En el artículo, mencionan las empresas de vigilancia Bori SRL y Segon SRL, como así también Malte y Norte Argentino.

    En Santiago del Estero afirman que el salto grande, el Tesorero de la AFA lo dio cuando supuestamente se habría convertido en proveedor del Estado para la venta de materiales para la obra pública.

    Además, el portal Visión Santiago publicó en mayo de 2025 que Tapia y Toviggino inauguraron una sede de la AFA en Santiago construida con fondos de Vialidad provincial. «El moderno complejo, que incluye oficinas administrativas y hasta un túnel subterráneo, tuvo un costo superior a los $1.000 millones y fue financiado con recursos del Programa 11 ‘Desarrollo de la Infraestructura Vial'», publicó ese medio.

    A continuación, agregó que «la obra fue ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, un organismo que, paradójicamente, debería destinar su presupuesto a la mejora de rutas y caminos».

    Los hombres fuertes de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

    Como sea, un dirigente al tanto del crecimiento de Toviggino desde Santiago hasta la cima de la AFA junto a Tapia, agregó que su verdadero trampolín fue Guillermo Raed, presidente del santiagueño club Mitre y dueño de la marca de gaseosas Secco. Esa bebida es conocida por ser la estampa publicitaria de un sinnúmero de equipos de fútbol en los torneos de ascenso.

    «Raed fue el arquitecto del famoso 38 a 38 en la elección de la AFA y el artífice de que limpiaran a (Marcelo) Tinelli», dijo el dirigente. Tapia quiso premiar a Raed con el puesto que ahora detenta Toviggino, pero el presidente de Mitre declinó el ofrecimiento porque no quería descuidar la empresa de gaseosas.

    Raed ahora estaría distanciado de Tapia y Toviggino y no oculta sus pretensiones de suceder al Chiqui, si termina dando un paso al costado. Este empresario suele protestar porque Mitre nunca llega a la Copa Libertadores mientras que Central Córdoba, el club de Toviggino, se pavonea en el certamen más importante del cono sur para las instituciones futbolísticas.

     

  • Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Tucumán

     

    En la noche del martes, la Policía de Tucumán secuestró casi 160 kilos de marihuana durante un allanamiento realizado en la zona de Villa Luján, en San Miguel de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo destacó el operativo y subrayó los resultados de la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico que implementó el Gobierno provincial.

    El mandatario puso en valor el trabajo sostenido de la fuerza policial y el accionar coordinado con el sistema judicial, en el marco de una estrategia definida desde el inicio de su gestión para enfrentar el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia.

    En ese sentido, Jaldo explicó el alcance de las decisiones adoptadas desde octubre de 2023 y afirmó: «Desde aquel 29 de octubre de 2023, que nos hicimos cargo del gobierno, hemos fijado una política en materia de seguridad y en materia carcelaria muy dura, muy eficiente y muy planificada, y hoy estamos teniendo los resultados, fundamentalmente ayudando al Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico y poniendo en vigencia la Ley de Narcomenudeo en la provincia de Tucumán».

    Al comparar las estadísticas de incautaciones, el Gobernador destacó el crecimiento interanual de los procedimientos y señaló: «Si comparamos el año 2024 con el 2025, en cocaína hemos incrementado casi un 300% la incautación, y en marihuana hemos incrementado un 1.600%. En 2025 hemos superado los 1.100 kilos de marihuana y otro tanto en cocaína».

    Respecto al operativo realizado en Villa Luján, Jaldo atribuyó el resultado al trabajo previo de investigación y coordinación institucional. «Lo de anoche es producto del trabajo de inteligencia que viene realizando nuestra Policía de Tucumán a través de las unidades especiales, con el acompañamiento de la Justicia de la provincia. Venimos de secuestrar casi 400 kilos de marihuana y ahora, en un nuevo operativo en San Miguel de Tucumán, se secuestraron cerca de 160 kilos», expresó.

    El Gobernador aclaró que los detalles del procedimiento quedaron a disposición de la Justicia Federal y remarcó el impacto social de estos operativos. «Ustedes se imaginan esos 160 kilos distribuidos en la provincia de Tucumán y el daño que se le estaría haciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a cualquier persona que consuma este tipo de sustancias», advirtió.

    Finalmente, Jaldo sostuvo que la lucha contra el narcotráfico seguirá profundizándose en la provincia y destacó la continuidad de una política basada en hechos concretos. 

     

  • Jorge Macri analiza denunciar ante la Corte el incumplimiento de Caputo con la coparticipación

     

    Jorge Macri analiza denunciar ante la Corte el incumplimiento de Toto Caputo de la cautelar que impuso un pago mensual a la Ciudad por la coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad. 

    Nación acumula 430 mil millones de pesos de deuda con la Ciudad desde agosto de 2025, cuando los pagos comenzaron a retrasarse. «Semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte», razonan en el gobierno porteño.

    En efecto, el fallo de la Corte establecía que Nación debía pagarle a la Ciudad por goteo el 1,55% correspondiente a la Coparticipación. Eso implicaba transferencias diarias y automáticas al tesoro porteño. Apremiado por el déficit, Toto decidió hacer transferencias semanales de forma discrecional.

    Al principio, Nación cumplió con los envíos, pero a los pocos meses comenzaron los retrasos. El peor momento llegó tras las elecciones porteñas de mayo y entre agosto de 2025 y enero de 2026 se acumularon 430 mil millones de pesos de deuda.

    Jorge Macri se reunió con Toto y le reclamó una deuda de $350 mil millones

    Semanas atrás hubo una reunión entre Jorge y Toto Caputo, pero no se registraron avances. Esta es una discusión paralela al fondo de la cuestión, que tiene que ver con el porcentaje total de Coparticipación que Nación le quitó a la Ciudad durante el gobierno de Alberto Fernández y que todavía está pendiente de resolución del máximo tribunal. Mientras sigue analizando ese tema, la Corte concedió la cautelar con un porcentaje menor que el que pretende recuperar la Ciudad, que es la que ahora está incumpliendo Caputo.

    Caputo nos debe más de 430 mil millones, semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte.

     Además está pendiente la resolución de lo deudado hacia atrás, que sumaría unos USD 6.000 millones y que tampoco registra avances, a pesar de que la Ciudad puso opciones como la transferencia de terrenos en Liniers y Caballito para alivianar la deuda.

    Por eso, ahora en el gobierno porteño piensan en denunciar a la Corte el incumplimiento, aunque la respuesta del tribunal es incierta. «A la Corte no le gusta que la política lo quiera utilizar como mecanismo de negociación con el Estado», dijeron fuentes judiciales. En rigor, hasta ahora la Corte ha evitado confrontar con Milei.

    «Hay 19 provincias que tienen reclamos por la coparticipación, esto recién arranca. Son cuestiones que tiene que discutir la política», agregaron las fuentes judiciales.

    La cuestión no parece sencilla: cuando Nación propuso los pagos semanales en lugar de transferir por goteo, la Ciudad buscó que la justicia obligara a Nación a cumplir la mecánica original prevista por la Corte. Pero no hubo suerte: en el palacio de tribunales consideraron que su tarea estaba cumplida tras la promesa de Nación.

     

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    Privatización exprés: el Gobierno habilitó a los nuevos dueños de las represas del Comahue a operar y cobrar sin trámite cerrado

     

    Mientras el cambio de titularidad todavía no fue aprobado en forma definitiva, el Ministerio de Economía autorizó un régimen excepcional para que los compradores privados de las principales represas del país ya operen, despachen energía y cobren en el Mercado Eléctrico Mayorista. Una decisión que consolida la privatización por la vía de los hechos.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: garantizar el negocio privado, aun cuando eso implique forzar los marcos regulatorios vigentes. A través de la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó a los nuevos compradores de las represas del Comahue a operar, facturar y cobrar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) desde la toma de posesión, aunque el cambio de titularidad todavía no esté formalmente aprobado.

    La medida alcanza a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, cuyo control vuelve a quedar en manos privadas mediante un proceso acelerado y con mínimos resguardos regulatorios.


    Un régimen “excepcional” hecho a medida del negocio

    La resolución crea un régimen definido como excepcional, transitorio e instrumental, que en los hechos funciona como un atajo administrativo. Bajo el argumento de evitar “interrupciones operativas”, el Gobierno permite que las empresas adjudicatarias actúen como agentes plenos del MEM, con acceso al despacho, a la liquidación de energía y al cobro de ingresos, sin haber completado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

    El propio texto oficial reconoce que no se trata de una aprobación definitiva del cambio de titularidad, pero aun así ordena que el sistema funcione como si esa aprobación ya existiera. Primero se garantiza la caja; después, si queda tiempo, se terminan los papeles.


    Los beneficiarios de la habilitación exprés

    Las empresas favorecidas por la medida son:

    • Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados
    • BML Inversora S.A.U., adjudicataria de El Chocón
    • Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila

    Desde la fecha de toma de posesión, estas compañías pasan a operar comercialmente centrales estratégicas, aun cuando el cambio de titularidad siga siendo, en términos legales, un trámite inconcluso.


    CAMMESA, alineada para garantizar la continuidad del negocio

    La resolución instruye de manera explícita a CAMMESA para que realice todas las adecuaciones necesarias en materia de registros, representación comercial, despacho, garantías y liquidación de transacciones. En la práctica, se le ordena adaptar el sistema eléctrico a la privatización, en lugar de exigir que la privatización se ajuste plenamente a las reglas del sistema.

    De este modo, CAMMESA vuelve a quedar reducida a un rol administrativo, destinada a sostener la operatoria privada incluso cuando los procesos regulatorios no están completos.


    Privatizar primero, legalizar después

    Este tipo de decisiones genera hechos consumados. Una vez que las empresas ya operan, cobran y administran centrales estratégicas, cualquier intento posterior de revisión implica conflictos operativos, reclamos judiciales y eventuales litigios internacionales. Es una estrategia conocida: cuando se quiera discutir la legalidad o la conveniencia de la privatización, ya será tarde.

    Las represas del Comahue no son simples activos comerciales. Cumplen un rol clave en la generación eléctrica, la regulación de caudales, el desarrollo regional y la planificación energética de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno decidió tratarlas como un negocio financiero más, priorizando la señal al mercado y la urgencia fiscal por sobre el interés público.


    Un modelo energético sin Estado

    La Resolución 7/2026 expone con claridad el rumbo del modelo energético que impulsa Milei y el Ministerio de Economía: menos control, más excepciones y máxima seguridad jurídica para los compradores privados, mientras el Estado se corre de su función de regulación y planificación.

    La privatización ya no se discute en el Congreso ni se debate públicamente. Se ejecuta por resoluciones administrativas, bajo la lógica del hecho consumado. Primero se entrega, después se explica. Y, si hace falta, después se regulariza.