Jorge Macri pidió correr al actual presidente del Mercado Central, un funcionario que tiene el aval de Toto Caputo. Por ley, ese cargo es rotativo y le corresponde a la Ciudad, pero Fabián Miguelez se niega a abandonarlo.
Miguelez debería haber salido de la presidencia hace 9 meses. El cargo le corresponde a Leonardo Sarquís, el ex ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal, pero no puede asumir hasta que el actual presidente no libere su silla.
La Ciudad venía reclamando que se apartara, pero en las últimas horas formalizó el pedido mediante una nota firmada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
El funcionario invocó el reglamento del Marcado Central y pidió que Sarquís asuma la presidencia.
La gestión de Miguelez atravesó varias controversias y de hecho asumió procesado por un escándalo de corrupción por contrataciones a familiares y amigos, irregularidades con los gastos de representación y otras maniobras ocurridas durante la presidencia de Mauricio Macri.
En 2018 salió a la luz un informe de 90 páginas de la Oficina Anticorrupción detallando irregularidades en la gestión del Mercado y allí se mencionaba un desvío de 1.400 millones de pesos a siete empresas.
El desmanejo del Mercado Central que ya fue objetado por el síndico del organismo. Como explicó LPO, el último informe realizado por el síndico reveló que, de los 80 puntos auditados, Miguelez cumplió sólo tres.
La situación no cambió en los últimos meses: el Mercado Central vive una situación de abandono por la falta de higiene tal, que se pueden ver ratas gigantes entre la comida.
Miguelez se sostuvo en el cargo gracias a la cercanía con el líder del PRO, pero sobre todo con Toto Caputo, cuyo hermano Flavio es íntimo amigo de Miguelez y su esposa.
El jefe de Gabinete de Milei confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. La decisión fue presentada como una medida administrativa, pero llega en pleno escándalo por presuntas coimas, direccionamiento de compras y manejos irregulares que el Gobierno evita mencionar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene las horas contadas. Así lo anunció Manuel Adorni, quien informó que el organismo será disuelto y absorbido por el Ministerio de Salud, en una decisión que el Gobierno intenta mostrar como un simple “reordenamiento del Estado”, pero que se produce en un contexto político mucho más delicado.
Según explicó el vocero de Milei, la medida responde a “irregularidades detectadas” en el funcionamiento del organismo. Sin embargo, Adorni evitó mencionar el escándalo de presuntas coimas, sobreprecios y maniobras de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios del propio Gobierno y que ya se encuentran bajo investigación judicial.
Una disolución que intenta borrar huellas
La ANDIS viene siendo señalada desde hace meses por denuncias vinculadas al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, especialmente en la compra de medicamentos, insumos y prestaciones. En lugar de transparentar la situación, avanzar con auditorías públicas y señalar responsables, el Ejecutivo, complicado por el 3% de Karina, eligió una salida conocida: cerrar el organismo cuestionado.
La absorción por parte del Ministerio de Salud no aclara qué pasó con los recursos, quiénes tomaron las decisiones ni quiénes se beneficiaron con las presuntas maniobras irregulares. Por el contrario, diluye responsabilidades políticas y administrativas.
“No se van a cortar pensiones”, pero crece la incertidumbre
Ante la preocupación de miles de beneficiarios, Adorni aseguró que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones”. La frase busca llevar tranquilidad, pero no despeja las dudas de fondo en un contexto marcado por ajustes, recortes y revisiones masivas de beneficios sociales.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores advierten que la desaparición de la ANDIS puede traducirse en más burocracia, menos controles específicos y una pérdida de jerarquía institucional para un área históricamente postergada.
Corrupción sin nombres ni explicaciones
Uno de los puntos más llamativos del anuncio fue el silencio oficial sobre las causas concretas de las irregularidades. El Gobierno no explicó por qué no se avanzó con sumarios, denuncias penales o apartamientos preventivos, ni dio precisiones sobre el rol de los funcionarios involucrados.
La estrategia parece clara: presentar la disolución como una decisión técnica mientras se evita el costo político de reconocer un nuevo escándalo de corrupción que choca de frente con el discurso anticasta y anticorrupción con el que Milei llegó al poder.
Ajuste, desmantelamiento y opacidad
La eliminación de la ANDIS no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento del Estado, ajuste fiscal y opacidad, donde se cierran organismos sin explicar qué falló, quién robó y quién paga las consecuencias.
En el medio, las personas con discapacidad vuelven a quedar atrapadas en la incertidumbre, mientras el Gobierno promete continuidad de derechos al mismo tiempo que borra instituciones clave y esquiva explicaciones.
El presidente volvió a generar polémica internacional al sugerir que la restitución de las Islas Malvinas debería contemplar la voluntad de los kelpers. La afirmación, realizada en una entrevista con el diario británico The Telegraph, contradice la posición histórica argentina y reaviva el debate sobre una claudicación diplomática en materia de soberanía.
Por Tomás Palazzo para NLI
Un reportaje en clave británica y una frase que encendió las alarmas
En una extensa entrevista publicada por el medio conservador británico The Telegraph, Milei abordó distintos ejes de su política exterior, pero fue su referencia a la cuestión Malvinas la que generó mayor impacto en Argentina. Allí, el mandatario sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas es “irrenunciable”, aunque inmediatamente introdujo un condicionante clave: la restitución debería darse mediante negociaciones y con el consentimiento de los habitantes actuales del archipiélago, es decir, los kelpers.
Esa afirmación no pasó desapercibida. En el texto del diario inglés, la posición de Milei aparece alineada con la narrativa histórica del Reino Unido, que desde hace décadas intenta instalar la idea de la autodeterminación de los isleños como eje central del conflicto, desconociendo el carácter colonial de la ocupación británica.
Autodeterminación kelper: un giro peligroso en la política de Estado
El planteo de Milei resulta especialmente sensible porque Argentina nunca reconoció a la población implantada en Malvinas como sujeto con capacidad de decidir sobre la soberanía. La posición sostenida por todos los gobiernos democráticos, y respaldada por resoluciones de Naciones Unidas, establece que la disputa es bilateral entre Estados y que el principio de autodeterminación no aplica a una colonia establecida tras una ocupación ilegítima.
Al sugerir que las islas “volverían” cuando los isleños así lo deseen, Milei introduce un criterio ajeno a la tradición diplomática argentina y funcional a los intereses británicos, debilitando el reclamo histórico y constitucional del país sobre el territorio usurpado en 1833.
Una mirada funcional al colonialismo británico
Lejos de tratarse de un simple matiz discursivo, el enfoque expresado en The Telegraph implica un cambio de paradigma. En los hechos, traslada el eje del reclamo desde el derecho soberano argentino hacia la voluntad de una población que el propio Reino Unido implantó para consolidar su dominio colonial.
Este tipo de declaraciones no solo contradicen la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que ratifica el reclamo irrenunciable sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino que también legitiman el statu quo que Londres busca perpetuar.
Acercamiento al Reino Unido y señales de concesión
En la misma entrevista, Milei destacó su intención de recomponer las relaciones con el Reino Unido, mencionó la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales y dejó entrever su interés en normalizar vínculos militares que permanecen limitados desde la guerra de 1982. Ese tono de acercamiento fue leído por analistas como una estrategia de alineamiento que tiene como costo la dilución del reclamo soberano.
Mientras el gobierno insiste en que no hay renuncia formal a Malvinas, las palabras del propio presidente en un medio británico de referencia dibujan un escenario de concesiones simbólicas que no pasan inadvertidas ni en el plano interno ni en el internacional.
Malvinas, entre la retórica y la claudicación
La entrevista con The Telegraph deja una conclusión inquietante: aunque Milei repite que la soberanía argentina no se negocia, al mismo tiempo introduce condiciones que la vuelven impracticable. Al aceptar la autodeterminación kelper como variable decisiva, el reclamo histórico queda supeditado a una voluntad construida bajo dominio colonial.
En un contexto global donde las disputas territoriales vuelven a ocupar un lugar central, la postura expresada por Milei no fortalece la causa Malvinas: la debilita, y la acerca peligrosamente al relato británico que Argentina ha combatido durante más de un siglo.
A fondo. Así está siendo la última semana del año en la gestión del cordobés Martín Llaryora con cuatro cambios en su gabinete en poco más de 48 horas, la chance de otra modificación más en el comienzo del 2026 y una reestructuración que tendrá un fuerte impacto en la gestión capitalina del intendente Daniel Passerini. Particularmente, en la sucesión del actual alcalde en el 2027; y en la estrategia electoral que Llaryora empezará a puntear una vez que culmine el Mundial.
Entre el sábado y el arranque de esta semana, Llaryora cerró dos ministerios que convirtió en secretarías, contuvo a quienes encabezaban esas carteras y las reacomodó dentro de Salud y Educación. Ése será el destino, respectivamente, de la saliente ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y de quien encabezaba Ambiente, Victoria Flores. Pero, además, este lunes se produjo el pedido de licencia de la legisladora Nadia Fernández para que desembarque dentro del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico y bajo la órbita del ministerio de Justicia; y el cambio al frente de la jefatura de Policía con el ingreso de Marcelo Marín en reemplazo de Leonardo Gutiérrez.
Todas modificaciones que tienen como nítido objetivo demostrar volumen y territorio de la gestión en la capital cordobesa, además de sumar vocerías dentro de la administración llaryorista.
El gobernador cordobés confía en su gestión, cuando habla de esta en confianza cree que lo que le falta son portavoces, pero que la gente lo respalda. Por eso la decisión de acelerar el proceso de capilaridad en la capital cordobesa sin que esto se parezca una intervención en la administración de Passerini, aunque con la claridad suficiente como para que el mensaje le llegue a la dirigencia del peronismo cordobesista: Llaryora no va a negociar la sucesión de Passerini con ningún sector de la oposición.
Daniel Passerini
Rumor que después de las Legislativas trataron de instalar incluso algunos dentro del peronismo, pero que el llaryorismo puro desactiva por completo. «Decir eso es no conocer a Martín. No va a negociar, ni resignar nada de lo que ya tiene», lanzó a LPO un funcionario de primera línea.
Es más, todos los protagonistas de los cambios de estas horas tienen base en la capital cordobesa y van a tallar, en menor o mayor medida, en la sucesión de Passerini en dos años. Montero tiene partido propio, fue funcionaria en la Ciudad con Llaryora y es aliada directa del gobernador; Flores, también tuvo su paso por el Ejecutivo municipal y suma un dato relevante: será la punta de lanza para limar a Natalia de la Sota cuando la ocasión lo amerite. Fernández, en tanto, tiene respaldo viguista y también su territorio.
Además, los cambios en la Policía, de ser efectivos, van a posicionar aún más al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el traspaso de un puro como Marcelo Rodio, desde Transporte a Cultura, significa también anotar otro jugador en los casilleros de los binomios peronistas por la Ciudad.
«Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel (Passerini) que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición», señaló un llaryorista a LPO.
Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición
En simultáneo a los cambios de nombres, asoma también una narrativa sobre la que tallará el llaryorismo de hablar de «dos años de gestión» y un inicio en 2023. Algo que ya se viene haciendo de manera más solapada, pero que tuvo su pico hace unos días cuando el propio Llaryora se refirió públicamente y de forma muy crítica por la administración de la Caja de Jubilaciones y responsabilizó «a todos los partidos».
Y, por último, en la frialdad de los números la mesa chica de Llaryora entiende que cierra el año con la prudente distancia del presidente Javier Milei, sin la necesidad financiera o económica de otros (algunos no dan nombres, pero deslizan las complicaciones de Frigerio en Entre Ríos) y reconocen que el nexo operativo y de gestión con Casa Rosada sigue siendo ‘Toto’ Caputo. «Es el que tiene la firma para acceder al mercado internacional y con el que podemos llegar a tener una mejora a partir de abril por los fondos de la Caja», razonaron un par de ministros durante el fin de semana.
Por las dudas, en Córdoba el ajuste arrancó y el verano estará marcado por los recibos de sueldo con el impacto en los estatales y los cedulones con la rebaja impositiva que defienden desde El Panal.
Patricia Bullrich sufrió una durísima derrota política en su intento de colonizar el Senado con dirigentes afines: Karina Milei le bajó el nombramiento de
Gerardo Milman como director para no complicar los acuerdos subterráneos que tiene con Cristina Kirchner.
Como reveló LPO, el viernes pasado Bullrich aprovechó el caos de la sesión del Presupuesto para presionar a Bartolomé Abdala y que firme la designación de Milman como director de la relación con las provincias, con un sueldo de tres millones de pesos.
Patricia logró de esa forma burlar el veto de Karina a Milman, a quien ya había bajado de las listas y de Migraciones. La hermana presidencial no quiere que aparezca el exdiputado porque en el kirchnerismo lo acusan de haber orquestado el intento de asesinato a Cristina.
Pero este martes la maniobra de Bullrich quedó en la nada. Según supo LPO, desde la Presidencia Provisional del Senado pidieron a Recursos Humanos que deje sin efecto la designación de Milman, que no duró ni cuatro días en el cargo.
La designación de Milman había sorprendido a los senadores y a la propia Victoria Villarruel, que se enteró por la nota de LPO según reconocieron en su entorno.
La decisión de bajar a Milman desató una ola de versiones sobre la autoría del pedido de bajarlo, que nadie seriamente atribuye a quien formalmente lo hizo, el puntano Abdala, que quedó en el medio de la guerra entre Karina, Victoria y Patricia.
Desde la Secretaría General de la Presidencia intentaron instalar la primera versión de un acuerdo en Villarruel con el bloque peronista, pero cerca de la vice lo descartaron.
«La Rosada quiere instalar que lo bajó Victoria por un acuerdo con el kirchnerismo, pero el acuerdo con el kirchnerismo lo tiene la Rosada», dijeron. «Karina no sabe que hacer con Milman porque le complica los acuerdos con el kirchnerismo», agregaron en el Senado.
La Rosada quiere instalar que lo bajó Victoria por un acuerdo con el kirchnerismo, pero el acuerdo con el kirchnerismo lo tiene la Rosada. Karina no sabe que hacer con Milman porque le complica los acuerdos con el kirchnerismo
Como contó LPO, el indicio más claro de acuerdo fue la negociación entre Máximo Kirchner y Martín Menem por los lugares en la AGN. En el resto de los bloques sospechan que además están negociando lugares en la Corte Suprema, el Procurador y los 300 jueces y fiscales federales que faltan designar.
Más allá del acuerdo con el kirchnerismo, el episodio Milman es un nuevo capítulo de la tensión entre Karina y Patricia. La semana pasada, Bullrich la pasó mal con sus colegas senadores porque les había prometido un aumento de las partidas, pero Karina lo frenó.
La tensión entre ambas viene desde hace tiempo y de hecho Patricia nunca quiso ser senadora, pero lo terminó aceptando después de meses de presión de Karina que la quería sacar del gabinete. LPO reveló semanas atrás que el tema Cristina ya había generado un cortocircuito entre Bullrich y Milei cuando la entonces ministra quiso cambiarle la custodia a la expresidenta, pero una gestión secreta hizo que la Secretaria General frene el cambio.
La Justicia federal ordenó un allanamiento en la casa del empresario Javier Faroni señalado por el supuesto desvío de 42 millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyas sedes también era objeto de operativos policiales.
El allanamiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que lleva adelante una de las causas por las sospechas de corrupción en la AFA que sacuden a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Armella está detrás de las presuntas maniobras de
presunto lavado de dinero
de la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo.
El operativo contra Faroni se da luego de que el diario La Nación revelara el desvío de al menos 42 millones de dólares desde una cuenta de la AFA a sociedades fantasma.
Faroni y sus esposa Erica Gillette son los responsables de la firma TourProdEnter LLC que la AFA designó como agente comercial y que en los últimos cuatro años acumuló más de 260 millones de dólares en bancos de EEUU. Desde allí, al menos 42 millones de dólares se desviaron a sociedades fantasmas.
Faroni es un empresario teatral que se metió en el mundo de la política y llegó a ser diputado bonaerense y director de Aerolíneas Argentinas. Desde allí tejió vínculos con el Chiqui Tapia y terminó manejando las fortunas que genera la Selección Argentina en el exterior.
Según La Nación, Faroni fue interceptado anoche en Aeroparque
cuando intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado. Allí le informaron que tenía una prohibición de salir del país. Horas después, la Policía Federal allanó a su domicilio en El Yacht, de Nordelta, donde no se encontraba su esposa.
Armella, que estaba investigando las maniobras de Sur Finanzas con la AFA y varios clubes, amplió la investigación tras una presentación de la Procelac que aportó información sobre el supuesto desvío de fondos en EEUU.
Al mismo tiempo, el magistrado ordenó nuevos operativos en la histórica sede de la AFA de la calle y en el predio de Ezeiza.
