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    De La Forestal a las apps: cien años después, la explotación laboral cambió de tecnología, pero no de dueños

     

    Mientras los peones rurales y los hacheros de principios del siglo XX eran obligados a comprar en las proveedurías de las empresas que los empleaban mediante vales y fichas, miles de repartidores argentinos del siglo XXI terminan endeudados con las propias plataformas para las que trabajan. Separados por un siglo de historia, ambos modelos revelan una misma lógica: trabajadores cada vez más dependientes de empresas extranjeras que convierten el salario en un mecanismo de control.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Cuando el salario dejó de ser libertad

    Hay escenas de la historia argentina que parecen haber quedado definitivamente enterradas en los libros escolares. La Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1922, y las huelgas de La Forestal, entre 1919 y 1922, suelen recordarse por la brutal represión que sufrieron los trabajadores. Sin embargo, detrás de aquella violencia existía un sistema económico cuya esencia resulta sorprendentemente familiar para la Argentina de 2026.

    Los peones rurales patagónicos trabajaban jornadas que podían extenderse entre 10 y 16 horas, mientras que los hacheros que desmontaban los quebrachales para la compañía británica The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited, conocida simplemente como La Forestal, sobrevivían con salarios miserables y condiciones de vida extremadamente precarias. En ambos casos, la dependencia respecto del empleador iba mucho más allá del trabajo cotidiano.

    En numerosos establecimientos, especialmente en La Forestal, una parte importante del salario no se entregaba en dinero sino mediante vales, bonos o fichas emitidos por la propia empresa. Aquellos papeles solamente podían utilizarse en las proveedurías de la compañía, donde los productos solían venderse a precios superiores a los del mercado o donde los vales eran reconocidos por un valor inferior al nominal. El trabajador cobraba de su patrón y, casi inmediatamente, ese mismo dinero regresaba al patrón.

    Aquella práctica no solo reducía el poder adquisitivo de los obreros. También impedía que pudieran ahorrar, elegir dónde comprar o abandonar fácilmente el empleo. El salario dejaba de representar independencia para convertirse en un instrumento de subordinación.

    La tecnología cambió, pero la lógica permanece

    Un siglo después, la Argentina vuelve a exhibir un fenómeno que, aunque adopta formas digitales, reproduce mecanismos sorprendentemente similares.

    Miles de repartidores que trabajan para plataformas de delivery comenzaron a recurrir masivamente a préstamos ofrecidos por las propias aplicaciones o por empresas financieras asociadas, en un contexto de caída del poder adquisitivo, precarización laboral y escasez de crédito tradicional.

    Según un informe difundido en los últimos días, la deuda promedio ya ronda el millón de pesos, mientras que algunos créditos alcanzan costos financieros equivalentes a tasas cercanas al 700% anual, cifras que transforman el préstamo en una pesada carga para trabajadores cuyos ingresos dependen de jornadas cada vez más extensas.

    El mecanismo presenta diferencias formales respecto del sistema de fichas de hace cien años, pero comparte un rasgo fundamental: el trabajador vuelve a quedar económicamente atado a la empresa para la que presta servicios.

    Ya no recibe un vale de papel para comprar alimentos en la proveeduría. Ahora obtiene un préstamo digital cuyo cobro suele descontarse directamente de los ingresos que genera trabajando para esa misma plataforma. La dependencia deja de materializarse en una ficha de cartón y pasa a expresarse mediante algoritmos, aplicaciones móviles y débito automático.

    En ambos casos, el empleador no solamente organiza el trabajo. También condiciona el modo en que el trabajador administra su economía personal.

    Truck System

    En la historia del trabajo existe incluso un nombre específico para este tipo de mecanismos: el truck system. Así se conocía al sistema mediante el cual los empleadores pagaban total o parcialmente los salarios no con dinero, sino con vales, fichas, mercancías o créditos que únicamente podían utilizarse en comercios pertenecientes a la propia empresa o vinculados a ella. Muy extendido durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña y luego replicado en distintos países, este esquema permitía a los patrones recuperar buena parte de los salarios abonados mediante la venta de productos con sobreprecios, generando un círculo de dependencia económica que impedía a los trabajadores disponer libremente del fruto de su trabajo.

    La gravedad de este mecanismo fue tal que numerosos países comenzaron a prohibirlo desde fines del siglo XIX mediante las denominadas Truck Acts británicas y otras legislaciones similares, que establecieron como principio básico que el salario debía abonarse en dinero y quedar bajo el control exclusivo del trabajador. Más de un siglo después, las plataformas digitales no pagan en fichas ni obligan a comprar en una proveeduría, pero cuando el trabajador termina financiándose con créditos otorgados por la propia empresa o por entidades asociadas, cuyos descuentos se realizan directamente sobre sus futuros ingresos, vuelve a aparecer una lógica muy parecida: el empleador deja de limitarse a organizar el trabajo y pasa también a controlar, en buena medida, la economía personal de quien trabaja para él. La tecnología cambió, pero el principio que el truck system buscaba imponer —mantener cautivo al trabajador mediante la dependencia económica— encuentra hoy nuevas formas de manifestarse.

    De los capitales británicos a las plataformas globales

    Existe otro elemento que vuelve especialmente sugestivo el paralelismo histórico.

    La Forestal era una empresa de capitales británicos que llegó a controlar millones de hectáreas, ferrocarriles, pueblos enteros, puertos y hasta fuerzas parapoliciales propias para defender sus intereses económicos. Su poder excedía ampliamente la producción de tanino: construía un verdadero Estado dentro del Estado argentino.

    Las principales plataformas de reparto que hoy dominan el mercado argentino también responden a grandes corporaciones internacionales, cuyos centros de decisión se encuentran fuera del país y cuyos modelos de negocios son diseñados para maximizar rentabilidad a escala global.

    Naturalmente, las diferencias históricas son enormes y nadie podría equiparar mecánicamente las condiciones de violencia física que caracterizaron a La Forestal o a la Patagonia Rebelde con la realidad contemporánea. Sin embargo, la comparación permite observar una continuidad inquietante: la subordinación económica de trabajadores argentinos frente a grandes empresas extranjeras que concentran el poder de fijar condiciones laborales, ingresos y mecanismos de dependencia financiera.

    El escenario tecnológico cambió radicalmente. Donde antes había obrajes, hoy existen aplicaciones. Donde antes había fichas impresas, hoy aparecen créditos digitales. Donde antes un capataz vigilaba el rendimiento, hoy lo hace un algoritmo que asigna pedidos, califica desempeños y determina ingresos.

    Pero la concentración del poder económico conserva una estructura reconocible.

    Las luchas obreras de comienzos del siglo XX surgieron precisamente para cuestionar un modelo que transformaba al trabajador en un engranaje completamente dependiente de la empresa. Cien años después, el desafío parece regresar bajo nuevas formas, impulsado por la economía de plataformas, la financiarización del trabajo y la pérdida progresiva de derechos laborales conquistados durante décadas.

    Quizá la mayor diferencia entre ambas épocas sea que la explotación ya no necesita alambrados ni fichas de cartón. Ahora cabe en el bolsillo, dentro de un teléfono celular, y puede administrarse mediante una aplicación que promete flexibilidad mientras convierte el salario futuro en garantía de una deuda cada vez más difícil de cancelar.

     

  • Advierten que ocho economías regionales están en rojo

     

    El estancamiento del precio que reciben los productores frente al aumento sin freno de los costos de producción profundiza el panorama critico en ocho economías regionales, según se desprende del último informe de Coninagro.

    Concretamente, las complicaciones persisten en las producciones de yerba, arroz, vino, leche, maní, hortalizas, algodón y mandioca.

    De las 19 economías regionales medidas por el clásico semáforo de la entidad que nuclea a las cooperativas agropecuarias, solo cuatro aparecen en verde: bovinos, ovinos, granos y miel. El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado.

    Un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026)  

    Dentro de las economías regionales golpeadas, son muy complejos los casos del vino y la yerba, con prolongados períodos de crisis. La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en rojo, desde enero de 2023. Por su parte, los yerbateros sufren 26 meses seguidos en rojo, desde abril de 2024.

    También, un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026) en un contexto de suba de costos y, sobre todo, del gasoil.

    «Los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades», advirtieron en Coninagro.

    Cae en picada el consumo de leche y avanzan los sustitutos lácteos más baratos

    Entre las actividades en amarillo permanecen el forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. En estos casos, los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados.

    En los cuatro sectores favorecidos se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, aunque con alerta en el caso de granos por la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil.

     

  • Bukele quiere un tercer mandato en El Salvador y busca quedarse en el poder hasta 2033

     

     El presidente de El Salvador , Nayib Bukele, fue designado por su partido Nuevas Ideas como candidato para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo, tras una polémica reforma que permite la reelección indefinida. El mandatario goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la criminalidad en el país.

    Nuevas Ideas dio a conocer en su sitio web este lunes a los «ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor» de las primarias celebradas este domingo, donde se coloca la fotografía de Bukele, de 44 años, con la leyenda «presidente». En la página no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante.

    El líder salvadoreño lleva ya dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una controvertida reforma constitucional, no se ha pronunciado sobre las elecciones internas de su partido. 

     Bukele se hizo aprobar la reelección eterna, en otro golpe a la democracia de El Salvador

    Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral. 

    Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral

    El camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025 luego que el Congreso, controlado por Bukele, aboliera el límite de mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora calificó como una «muerte de la democracia».

     Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.

    El camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025 luego que el Congreso, controlado por Bukele, aboliera el límite de mandatos consecutivos, en lo que la pequeña bancada opositora calificó como una «muerte de la democracia»

    Además de la reelección indefinida, la reforma constitucional de 2025, aprobada con trámite exprés, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

    Bukele desafía a la Constitución y confirma que se postula para un nuevo mandato en El Salvador 

    De acuerdo con diversas encuestas, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica. 

    Bajo un estado de excepción vigente desde 2022, Bukele desmanteló a las temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos, pero según organizaciones internacionales a costa de violaciones de derechos humanos y limitación de libertades.

     

  • El consumo de pan se desplomó un 60% desde que asumió Milei

     

    El consumo de pan sigue en caída libre y en algunos puntos del Conurbano ya acumula un derrumbe del 60% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno. Peor aún, la venta de facturas y productos de pastelería alcanza un desplome del 80%.

    Así lo revelaron desde la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), donde advirtieron que, a raíz, del deterioro del poder adquisitivo, los hábitos de consumo mutaron hacia las compras fraccionadas por unidades y no por peso.

    Eso, sumado a una creciente concurrencia a las panaderías de personas en situación de vulnerabilidad pidiendo por pan remanente del día anterior que no se vendió.

    «Vienen y compran una o dos flautitas. Hoy viene más gente a pedir que a comprar», dijo el dirigente panadero Martín Pinto, que sostuvo que la mayor clientela perdida en estos tiempos son los jubilados: «Dejaron de comer pan porque priorizan la compra de remedios», añadió.

     La situación de los panaderos de la Argentina es crítica. Seguimos en caída libre. Hace dos años y medio nos sentamos en un tobogán y no paramos de caer 

    Frente a este cuadro y al aumento de los costos de producción y de los servicios, las cámaras del sector advierten que ya existen numerosas panaderías que trabajan a la mitad de su capacidad

    «La situación de los panaderos de la Argentina es crítica. Seguimos en caída libre. Hace dos años y medio nos sentamos en un tobogán y no paramos de caer», dijo Pinto.

    En esa línea, en la asociación de panaderos de Mar del Plata alertaron que la baja de ventas complica la continuidad de varios comercios del rubro.

    «Muchos se están endeudando con bancos, proveedores, cuesta pagarle el sueldo, mantener la estructura, no es nada fácil», dijo a Canal 10 el dirigente panadero de esa ciudad José Mascaro, que agregó que «cuando se jubila un empleado, hoy no se repone».

     Al cierre del primer semestre, la federación panaderil calcula que cerraron más de 2.800 panaderías en todo el país 

    En marzo pasado, LPO contó que el número de cierres de panaderías en lo que va del gobierno libertario trepó a 2.000 y que los despidos se acercaron a los 15 mil.

    Al cierre del primer semestre, la federación panaderil calcula que cerraron más de 2.800 panaderías en todo el país, con más de más de 17 mil puestos de trabajo perdidos. 

     

  • Petri teme que Karina acuerde con Cornejo y trata de seducir a Milei con un paquete de palmeritas

     

    Luis Petri está enojado con el acuerdo que teje Karina Milei con Alfredo Cornejo que podría dejarlo sin su candidatura a gobernador y buscó seducir a Javier Milei con un mate y un paquete de palmeritas.

    LPO explicó que por las urgencias ante la caída en las encuestas, la Rosada está negociando con los gobernadores aliados para no presentarles candidatos competitivos en sus provincias o directamente ir a una lista en común que garantice la reelección de los mandatarios. Esa maniobra deja fuera de juego a candidatos como Petri, que esperaban la bendición de Milei para lanzarse por la gobernación.

    El ex ministro de Defensa teme que Cornejo, que no lo quiere como sucesor en Mendoza, termine cerrando con la Rosada para que el candidato sea otro. Para la sucesión, Cornejo prefiere un radical. Petri era de la UCR pero se afilió a la Libertad Avanza.

    Lo mismo intentó la vicegobernadora de Cornejo, Hebe Casado, que se desafilió del PRO para pasarse a La Libertad Avanza, aunque no la aceptaron. No es el único lugar en el que no la admiten a Casado: en las últimas horas fue declarada persona no grata por la embajada de Francia por referirse a la selección de Mbappé como «el equipo africano».

    En lugar de Petri, Cornejo tiene muy bien considerados a dos de sus ministros. Uno es Natalio Mema, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. El otro es el economista Rodolfo Montero, el ministro de Salud y Deportes.

    Desde que asumió Cornejo ya se anotó en la carrera por la sucesión Ulpiano Suárez, intendente de la capital de Mendoza. Ulpiano es sobrino de Rodolfo Suárez, que fue gobernador entre 2019 y 2023, el período comprendido entre los dos mandatos de Cornejo.

    Desesperado por no quedar fuera de competencia, Petri busca seducir al propio Milei para que no lo saquen de escena. Este lunes difundió en sus redes un video reverencial en el que anticipó los regalos que le llevaba al presidente, en la previa de la reunión que tuvo Milei con los legisladores de La Libertad Avanza para presentarles el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central.

    «Acá llegando a Buenos Aires porque hoy a las 15 nos reunimos con el Presidente en la Casa Rosada, y le llevo dos regalos. Así que vamos a hacer el unboxing, eso es lo que me dijeron que es, unboxing», dijo Petri, que el próximo abril cumplirá 50 años.

    El unboxing, que en inglés significa desempacar, es una tendencia de las jóvenes usuarias de Tik Tok que muestran a sus seguidores todas las cosas que compraron en el shopping.

    «Ahí va, vamos con el primero. Se abre la caja y… ¿qué aparece acá? Aparece un mate, acá tenemos la bombilla, ¿no?, y el mate tiene una particularidad que ustedes lo vieron ayer. Miren qué mate. Espectacular. Este lo va a tener que curar el Presidente. «Milei 2027″, ¡va como piña! Es de Raíces Cuyanas, ¡qué bueno! Buenísimo», dijo el ex ministro de Defensa de la Nación.

    «Y después, las clásicas palmeritas de La Pichona. Impresionante. Ayer pasé por La Pichona y me dice: «Llevale estas palmeritas al Presidente si lo ves». Y le dije: «Sí, lo voy a ver». Así que le llevo las palmeritas de La Pichona de Las Heras, que son buenísimas, riquísimas», reveló el mendocino.

    «No las vamos a abrir, obviamente, porque son para el Presidente, pero están buenísimas», enfatizó el ex funcionario.

     

  • El procurador Casal impulsa un DNU por el traspaso de la Justicia a la Ciudad y resiste al avance de Mahiques

     

    Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri. 

    Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.

    En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.

    Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.

    El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.

    La Corte Suprema sentó un precedente que favorece a Macri en la causa Correo 

    Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.

    Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».

    Sebastián Galmarini.

    El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.

    Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».

    Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.

    El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.

    Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.

    Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.

    Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.