Sociedad

 

En el medio de la feroz refriega de la Corte Suprema por el caso del lobbysta judicial Santiago Busaniche, el ministro Ricardo Lorenzetti abrió un conflicto nuevo. Esta vez con el gobierno de Santa Fe, al que cuestionó por haber designado seis ministros de su máximo tribunal sobre siete durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

Lorenzetti dijo el domingo en una entrevista con Clarín que hay un puente entre integrantes de un gobierno que luego pasan a su máxima magistratura. «Lamentablemente se va a generalizar como una costumbre. Por ejemplo en Santa Fe que nunca tuvo ese problema, hubo una fuerte presión sobre la Corte Provincial, ya que el gobernador designó seis de los siete miembros. ¡Seis de los siete! No es normal», declaró.

En distintos ámbitos de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe las ironías explotaron. «Qué interesante que Lorenzetti descubrió la discrecionalidad en las designaciones. Lástima que no le pasó antes. Su última esposa es secretaria del juzgado federal de Rafaela, de donde él es oriundo, y en esos tribunales hay unos cuantos allegados que ingresaron por su influencia», dijo a este medio un funcionario de la Justicia Federal.

En el gobierno provincial manifestaron no tener ningún deseo de responder a Lorenzetti. «Que diga lo que quiera», señaló un ministro del gabinete a LPO. Más cerca del despacho de Pullaro desacreditan el shock moral y son más directos. «La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió». Pablo Lorenzetti es camarista civil, comercial y laboral en Rafaela de la Justicia provincial.

 El juez Mahiques recibió fuertes presiones para evitar un fallo de Casación contra el lobbysta Busaniche

Es curioso como se dan las cosas, Lorenzetti impulsó junto a Rosenkrantz un proyecto para modificar la selección de jueces como una  iniciativa que se interpretó en tribunales, en parte, como una jugada para dejar en una situación incómoda al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por el envío del pliego de su hijo Emilio para que sea juez en Santa Fe. Ahora es su hijo el que aparece en discusión. No es una novedad la perpetuidad de dinastías familiares en cargos claves de la justicia, como sucede con el clan Mahiques.

La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió.

Como sea, los que más revisan lo influyente que es Lorenzetti en Rafaela son funcionarios de la Justicia Federal que están en circunscripciones santafesinas. Hace un mes se difundió el proyecto de reglamento para concurso de jueces elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti, con el propósito declarado de que evite que se digiten nombramientos. Pero en Rafaela indican que en la prosecretaria administrativa del juzgado federal de esa ciudad es Mara Perrén, la esposa del ministro desde 2016. Perrén, según refieren allí a LPO, ingresó en marzo de 2014 y fue efectivizada en 2018.

También aseguran que Tomás Vietto que ingresó en marzo de 2014 es amigo de Pablo Lorenzetti, el hijo mencionado del cortesano. El juzgado federal de Rafaela fue habilitado en febrero de 2014 mientras Lorenzetti era presidente de la Corte.

El gobernador Maxi Pullaro en una visita a los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.

En la coalición oficialista santafesina piensan que si Lorenzetti se molesta porque Pullaro remitió seis candidatos a la Corte provincial él mismo debería haber dicho no a su postulación en su momento. Refrescando la memoria indican que Lorenzetti fue designado en la Corte nacional por Néstor Kirchner en el año 2004. De los siete integrantes del máximo tribunal argentino, afirman, Kirchner había nombrado cinco.

Lorenzetti niega que la reforma de la elección de jueces sea un proyecto del establishment

Un ministro de Pullaro que prefiere el off dice que le parece llamativo que Lorenzetti haya salido a cuestionar al procedimiento de renovación de la Corte de Santa Fe en dos medios el fin de semana. «En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición». Dicen también que sin los escándalos de designaciones recientes en la Justicia Federal que tuvo a dos jueces de Rosario al borde del jury en los últimos 16 meses.

En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición.

También recuerdan que el muy cuestionado juez federal Gastón Salmain fue designado sin haber tenido más antecedentes en el campo judicial que haber sido echado por unanimidad por la Corte Suprema de la Nación en 2002 por haber ofrecido un soborno a una secretaria para direccionar un expediente al tribunal laboral donde él trabajaba. Y que tras ser designado Lorenzetti se hizo presente en Rosario en su ceremonia de jura.

La semana pasada la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido del lobista judicial Santiago Busaniche, implicado en causas de corrupción junto a los jueces federales Bailaque y Salmain, para anular las causas en su contra. Este medio reveló el fin de semana que Carlos Mahiques recibió fuertes presiones para votar en favor del planteo de Busaniche de parte del entorno de Lorenzetti. La votación fue por mayoría, por dos votos a uno, y desniveló Mahiques.

El domingo Lorenzetti declaró que conceder la prórroga que Mahiques pide para permanecer otros cinco años más en su cargo en Casación, ya que superó los 75 años, es ilegítimo e ilegal.

 

 

A seis meses de iniciada la concesión del estadio mundialista José María Minella de Mar del Plata, la empresa controlante, Minella Stadium, no avanzó con ninguna de las obras significativas previstas en el pliego. Por eso, en la oposición proliferan los pedidos de informes reclamando respuestas que aún no llegan de la gestión local.

Eso, en medio de escándalos de corrupción e investigaciones de negociados que salpican a la compañía que, como única oferente, ganó la licitación promovida por la gestión municipal al mando de Guillermo Montenegro el año pasado.

La socia mayoritaria de Minella Stadium, la brasileña Revee, tiene a su grupo controlante, REAG investigado en el «Caso Banco Master», catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil.

Por eso, el 15 de enero pasado el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de REAG. Un día antes, el titular de REAG, João Carlos Mansur, renunció como presidente del Consejo de Administración de Revee.

Con la salida de Mansur, Revee buscó desprenderse del escándalo y garantizó que sus proyectos siguen en pie. Pero sus acciones se derrumbaron desde revelado el Caso Banco Master, en noviembre pasado, pocos días después de firmarse el contrato de concesión del Minella, que hoy sigue presentando el mismo estado de deterioro que motivó su entrega a privados.

 La socia mayoritaria de Minella Stadium, la brasileña Revee, tiene a su grupo controlante, REAG investigado en el «Caso Banco Master», catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil. 

En paralelo, el proceso de licitación para concesionar el estadio mundialista también fue vinculado con la causa Sur Finanzas relativa a lavado de activos. Por ese caso, se hicieron allanamientos en oficinas municipales por las que la oposición pidió detalles.

Sin embargo, la mayoría oficialista en el Concejo mandó al archivo el proyecto del bloque Acción Marplatense/MDF relativos a los allanamientos.

«La licitación del estadio solo es un allanamiento, citaciones a declarar y una investigación penal que no sabemos como va a terminar», dijo por aquel entonces el concejal Gustavo Pulti y acusó: «El Mundialista fue entregado a cambio de nada».

 En Mar del Plata advierten que los escándalos nacionales e internacionales que tocan a la empresa quemaron los planes originales de financiamiento de Minella Stadium que, al momento, solo colocó algunos metros de alambrado a pesar de facturar por una serie de recitales en el polideportivo. 

Días atrás, el bloque de Unión por la Patria presentó un nuevo pedido de informes con relación a la concesión, pero por lo pronto no existe información alguna por parte del municipio, hoy a cargo del interino Agustín Neme.

En el ámbito político marplatense hay quienes no dudan que los escándalos nacionales e internacionales que tocan a la empresa quemaron los planes originales de financiamiento de Minella Stadium que, al momento, solo colocó algunos metros de alambrado a pesar de facturar por una serie de recitales en el polideportivo.

Render con las obras previstas por Minella Stadium. En seis meses, solo pusieron unos metros de alambres.

Fuentes al tanto del tema, hablan de sondeos desesperados de inversores chinos. Sin embargo, voces conocedoras del rubro ven muy poco factible esa alternativa.

Es que, al momento de hacer cuentas, ven que, para amortizar una inversión del orden de los 20 millones de dólares, es necesario un masterplan de eventos, recitales y competencias deportivas que no se ajusta a la dinámica y el caudal de espectadores que históricamente brindó Mar del Plata.

Frente a eso, también surgen interrogantes sobre el proceso licitatorio en sí. En la oposición hablan de una licitación «a medida» de Revee. Como sea, también se cuestiona al municipio por no facilitar el texto del contrato entre la empresa Minella Stadium y la Municipalidad.

Un fondo brasileño presentó la única oferta por el estadio de Mar del Plata

«Ese contrato de concesión es el que estipula todas las obligaciones de las partes, lo reclamamos varias veces en el Concejo Deliberante y no lo muestran. Es un contrato que debería ser público, teniendo en cuenta que es la concesión más grande de la historia de Mar del Plata», dijo a LPO el concejal de AM/MDF Horacio Taccone. «Si no lo quieren mostrar es porque algo están ocultando. Es grave», alertó.

Por estos días, en Mar del Plata el debate por el Minella se cruza con la pelea entre el municipio y la Provincia por el control de Punta Mogotes. Este lunes, el gobierno de Axel Kicillof anunció que haría el traspaso de ese balneario a la comuna, una vez que se efectúe la licitación para su renovación.

La gestión municipal, que había abierto una instancia judicial por este tema, rechazó ese plan de la Provincia.

Cerca del axelista Pulti advierten que la propuesta del gobierno de Kicillof le daría el control al municipio más rápido que por la vía judicial que inició Montenegro. Por eso, en el proceder de la gestión PRO ven la intención de hacer con Punta Mogotes lo mismo que con el estadio mundialista, otorgarlo en concesión a privados. 

 

 

La maquinización del brazo Aña Cuá se consolida como uno de los proyectos clave para incrementar la generación del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá, con un aporte estimado de 270 megavatios (MW) adicionales de potencia instalada, equivalente a cerca del 10% de su capacidad actual.

En un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica, esta ampliación permitirá incorporar energía renovable, firme y de base al sistema argentino, fortaleciendo la seguridad del abastecimiento y reduciendo la necesidad de generación térmica.

Desde la reactivación del proyecto, las obras avanzan sobre distintos frentes de trabajo vinculados a la infraestructura principal de la futura central. Actualmente se desarrollan tareas de movimiento de suelos para la construcción de presas de cierre, trabajos de hormigón armado -que incluyen doblado de armaduras, encofrado y colado- y el enrocado de presas. Paralelamente, comenzaron las intervenciones preliminares necesarias para la futura remoción de la presa existente en el área de obra.

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A su vez, se llevan adelante trabajos de mayor precisión técnica, entre ellos perforaciones para inyecciones de impermeabilización, colocación de instrumentos de auscultación y tareas preparatorias para el inicio de las pantallas altas de hormigón plástico, fundamentales para la seguridad y estabilidad de la estructura.

Actualmente, Yacyretá produce alrededor de 19.000 GWh anuales y representa uno de los principales activos de generación del país. La incorporación de Aña Cuá no sólo incrementará la potencia disponible, sino que mejorará el aprovechamiento integral del recurso hídrico, utilizando un caudal que hoy no se destina a generación.

El proyecto contempla la instalación de tres turbinas tipo Kaplan y la construcción de una nueva central sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná. A diferencia de otros desarrollos hidroeléctricos, esta obra no requiere una nueva represa ni la modificación del nivel del embalse, ya que se basa en el uso del denominado caudal ecológico liberado por el vertedero.

Asimismo, el desarrollo incluye un sistema de transferencia de peces especialmente diseñado para preservar la conectividad biológica del río Paraná, favoreciendo la migración de especies emblemáticas de la región como el dorado, el surubí, el sábalo y el pacú. Esta infraestructura forma parte de las medidas ambientales integradas al proyecto, con soluciones adaptadas a las características hidráulicas del brazo Aña Cuá y programas de monitoreo orientados a la conservación de la ictiofauna.

Desde el punto de vista energético, la ampliación aportará mayor estabilidad al sistema, especialmente en períodos de alta demanda, al tratarse de una fuente renovable

gestionable. Al mismo tiempo, contribuirá a optimizar los costos de generación y a mejorar la eficiencia operativa del complejo.

Los trabajos incluyen obras civiles de gran escala, montaje de equipamiento electromecánico y la instalación de los sistemas necesarios para la operación de las tres unidades generadoras. Una vez en funcionamiento, permitirán transformar en energía un flujo de agua que actualmente no es aprovechado.

Además del impacto energético, el desarrollo de Aña Cuá genera actividad económica a nivel regional, a través de la contratación de servicios, la provisión de insumos industriales y la generación de empleo directo e indirecto.

La obra se enmarca en una estrategia de largo plazo orientada a maximizar la capacidad del complejo hidroeléctrico sin ampliar su huella ambiental, consolidando a Yacyretá como un actor central en la provisión de energía limpia y renovable en la Argentina.

 

 

Luego de impulsar el duro comunicado del PRO contra el gobierno de Javier Milei, Mauricio Macri busca profundizar su confrontación con Javier Milei con un acto que busca apuntalar el armado del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires.

Este viernes, Macri reunirá en Vicente López a sus concejales, consejeros y dirigentes territoriales con el objetivo de mostrar una foto de volumen de la que tomen nota los libertarios de cara a la construcción electoral a 2027.

La excusa será el lanzamiento de «Radar PBA», una plataforma a partir de la que dirigentes y legisladores locales del PRO construyan datos propios desde el territorio. Pero la idea del ex presidente es mostrar músculo en su pelea con Milei y mandar un mensaje al interior del PRO. La anunciada presencia de Cristian Ritondo es parte de eso.

Como reveló LPO, Macri ordenó a sus diputados que se sumen a una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero evitó incluir a Ritondo en la comunicación, consciente del buen vínculo del diputado con los libertarios.

Macri le pidió a los diputados del PRO que voten la remoción de Adorni

«Porque hay equipo en la Provincia. Y porque lo que Kicillof no muestra, lo mostramos nosotros», señala la convocatoria que llegó a la dirigencia amarilla bajo el lema que ahora agrupa al macrismo: «Próximo Paso Provincia de Buenos Aires».

Fuentes partidarias detallaron a LPO que la actividad se realizará en el Club Centro Galicia Sede Olivos y, además de Macri, se prevé que hable la intendenta anfitriona y vice del PRO bonaerense, Soledad Martínez. Aún no está definido si hablará Cristian Ritondo y, por lo pronto, Diego Santilli no está invitado.

Luego de esta actividad, Macri retomará su gira federal con desembarcos en Mendoza y Entre Ríos.

 La actividad tiene como excusa el lanzamiento de «Radar PBA», una plataforma a partir de la que dirigentes y legisladores locales del PRO construyan datos propios desde el territorio. 

En el PRO hay quienes apuesta a mostrar en la actividad de este viernes una foto que contraste con el desguarnecido acto que La Libertad Avanza bonaerense organizó días atrás en Suipacha y dar así un testimonio de la vigencia del armado amarillo de cara a las negociaciones electorales del año que viene.

El reseteo del PRO que propone Macri tiene la orden a los territorios de armar pensando en liderar propuestas electorales, tanto en los distritos como en las provincias.

Con estructura y municipios propios, una eventual candidatura amarilla a la Gobernación, al igual que en Nación, alcanzaría para arruinarle a los libertarios la posibilidad de quitarle la provincia de Buenos Aires al peronismo.

 

 

Pablo Quirno se reunió en Montevideo con su par uruguayo, Mario Lubetkin, para dar en el marco del diálogo bilateral que se viene desarrollando sobre el proyecto de instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y e-combustibles en la ciudad de Paysandú y generó tensión por su posible impacto ambiental y económico. 

El encuentro se desarrolló en la sede de la Cancillería uruguaya y dio seguimiento a la reunión celebrada el pasado 26 de noviembre, en el marco de las conversaciones entre ambos países sobre el emprendimiento impulsado por la empresa HIF Uruguay S.A. 

La delegación argentina estuvo encabezada por Quirno e integrada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la directora de América del Sur, Natalia Gunski; y el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud. 

Por parte de Uruguay participaron, además del canciller Lubetkin, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la jefa de Gabinete, Imelda Smolcic; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa; y la directora general de Asuntos de Frontera, Límites y Marítimos, Cecilia Otegui. 

Quirno viajó de urgencia a Uruguay para evitar un nuevo caso Botnia

Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo. 

Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo.

Asimismo, Uruguay comunicó que se encuentran en análisis otras posibles localizaciones alternativas para el proyecto, con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas logísticas y técnicas disponibles. 

En ese contexto, Quirno valoró especialmente la incorporación de la ciudad entrerriana de Colón como parte del «área de influencia» del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y expresó su satisfacción por la evaluación de nuevas ubicaciones.

Según destacó la Cancillería argentina, esta revisión responde al interés de evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, especialmente aquellas vinculadas al uso racional y productivo del río Uruguay. 

Esa postura fue acompañada por  Frigerio y Walser, quienes vienen siguiendo de cerca la evolución del proyecto por su potencial impacto en la región. Por su parte, el canciller uruguayo Mario Lubetkin señaló que, una vez que se defina la localización definitiva de la planta y se complete la evaluación del estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), activando así el mecanismo de información y consulta previa previsto en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

Finalmente, ambas partes destacaron la importancia de sostener un canal de diálogo fluido y transparente sobre esta cuestión, en el marco de la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, y remarcaron la voluntad de preservar tanto el desarrollo productivo como la protección ambiental en una zona de alta sensibilidad compartida.

Frigerio publicó en sus redes sociales que «el Gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú». 

COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. pic.twitter.com/vNt5CdioSp

— Cancillería Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Cancilleria_Ar) May 12, 2026

«Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados», culminó.

Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados

En noviembre del año pasado,  Quirno viajó de urgencia a Montevideo en medio de un escándalo internacional que lo apunta por no haber tomado medidas ante supuestas violaciones del gobierno de Uruguay en la próxima instalación de la planta de combustibles no fósiles de HIF Global en Paysandú.

Frigerio viene reclamando a Uruguay que cambie la zona prevista para la planta para no afectar el turismo y el desarrollo sostenible de toda la costa del Río Uruguay. Al gobernador  preocupa en espacial el impacto del proyecto en el desarrollo turístico y productivo de Colón. Por eso viajó dos veces a Montevideo en lo que va del año, para exigir la relocalización del proyecto y evalúa acudir a La Haya de ser necesario.

Frigerio advirtió que podría ir a La Haya para frenar la refinería en Paysandú: «No podemos permitir otra Botnia»

El punto es que Uruguay habría violado tres veces los tratados vigentes y el gobierno de Milei no hizo nada para controlar su cumplimiento y dejó vencer los plazos en favor de HIF Global, denuncian en Entre Rios. Por eso, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, exigió explicaciones a Quirno y al secretario de Ambiente Daniel Scioli.

Este cuadro obligó a realizar varias reuniones que ahora parecen encaminadas para evitar un conflicto bilateral de alto nivel similar al de Botnia de principios de los años 2000. 

 

 

La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.

La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.

LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.

En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.

El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.

Sturzenegger se impuso a Sigman y desreguló las patentes de medicamentos 

El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.

Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.

Alejandro Cacace, secretario de Modernización.

El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.

Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.

Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.

Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.

También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.

¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.

Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.

El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.