La sospecha de soja transgénica HB4 en un cargamento argentino encendió las alarmas del complejo agroexportador y expuso nuevamente las debilidades de los controles en argentina. El tema se está investigando en los Países Bajos donde llegó un barco con harina de soja que estaría contaminada con el grano patentado por Bioceres que está prohibido en el viejo continente.
El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.
En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.
Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.
El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.
En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.
Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares
En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.
Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.
Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.
En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.
Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.
En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.
Patricia Bullrich le exigió a Manuel Adorni que presente su declaración jurada de bienes de inmediato en medio del escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete.
Patricia rompió el tono amistoso que el gabinete mostró con Adorni la semana pasada en el Congreso y puso en duda que el ex vocero pueda justificar sus millonarios gastos.
Como publicó LPO, Karina ya aceptó correr al funcionario, aunque aún no está claro quién será su reemplazante. En el medio, el contratista que reformó la casa de Adorni en el country Indio Cuá, declaró ante la Justicia que recibió 245 mil dólares en negro como pago de la obra.
Mientras crece el rumor de que Bullrich es la candidata que eligió el establishment para suceder a Milei, Bullrich se tomó una atribución presidencial y buscó ordenar al gabinete. La senadora no consultó con Milei ni Karina antes de reclamarle al ex vocero que presente los papeles y «hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible».
«Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior», dijo en una entrevista con A24.
Para Bullrich, con la presentación de los papeles quedará en claro si Adorni «puede demostrar o no puede demostrar» sus gastos que suman casi 800 mil dólares en dos años con un sueldo de 3 millones de pesos.
La crisis de largo aliento que azota a la industria pesquera llegó a su pico máximo con la suba de los combustibles desatada con la guerra en medio oriente.
Por eso, en Mar del Plata el sector salió a denunciar un escenario «terminal» y reclamaron ser recibidos por Javier Milei y Toto Caputo. «La crisis actual es insostenible y requiere medidas inmediatas», alertaron.
Tras una reunión entre miembros de la flota fresquera y plantas de procesamiento, las cámaras y armadores independientes salieron con un mensaje conjunto en el que plantearon una «situación dramática» que exige medidas «urgentes».
«Sin respuestas el escenario es terminal», advirtieron en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata.
Los pedidos de audiencia al presidente, el ministro de Economía y al Consejo Federal Pesquero (CFP) buscan llevar el reclamo de eliminación del IVA en la primera venta de pescado fresco destinado a procesamiento y exportación.
A la crisis preexistente del sector, se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.
También, la devolución inmediata del IVA retenido a quienes exportan materia prima, punto central en una actividad netamente exportadora. Esos retrasos golpean de lleno a aquellas empresas sin la espalda suficiente para sostener la actividad.
Como contó LPO, la crisis del sector es producto de una combinación de factores que van desde el costo de los insumos y el fuerte incremento en materia de Derechos Únicos de Extracción (DUE) hasta la decisión del gobierno de Milei de no incluir al sector en la reducción temporal de retenciones que sí abarcó al agro.
Ahora, se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.
En ese contexto, las cámaras también reclaman la derogación urgente de una disposición que definieron «ridícula» y que obliga a llevar dos patrones en embarcaciones costeras, algo que -acusan- «mantiene a gran parte de la flota detenida en el muelle».
También, reclamaron la «revisión de sanciones irrisorias derivadas de una norma que impone límites antinaturales a la actividad».
«No toleraremos que se nos intente disciplinar con multas extemporáneas y absurdas, basadas en una normativa ilógica y que ya deberían estar condonadas», avisaron.
En lo que representa un frente de conflicto abierto por salarios, las cámaras señalaron a los gremios que «no existe margen para nuevos aumentos salariales». En tanto, a los proveedores de insumos y servicios les pidieron «evitar incrementos que agraven el quebranto».
«La pesca no pide subsidios, pide reglas claras, alivio impositivo y condiciones para trabajar», señalaron.
En este contexto crítico, este miércoles en el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) celebraron el fallo de la justicia laboral que hizo lugar a la cautelar pedida por el gremio que conduce Pablo Trueba contra artículos neurálgicos de la reforma laboral.
Así, hasta que no se resuelva de fondo, que será en la Corte, al Simape y sus afiliados no se le podrá aplicar la reforma laboral, por lo que no están limitados al derecho de huelga, quedan cubiertos por la vieja ley de contrato de trabajo y los convenios del sector no pierden retroactividad cuando se vencen.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
La interna libertaria estalló en vivo y dejó al descubierto una denuncia explosiva: la ex aliada del oficialismo, Marcela Pagano, apuntó directamente contra Manuel Adorni y lo vinculó con movimientos millonarios en criptomonedas en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito.
Por Roque Pérez para NLI
El escándalo alrededor de Manuel Adorni sumó un capítulo de alto voltaje político tras las declaraciones de Marcela Pagano, quien aseguró que el funcionario “tiene 3 millones de dólares en una billetera virtual”. La denuncia no surge en el vacío: aparece en pleno avance judicial sobre su patrimonio y en un contexto de creciente acumulación de sospechas.
La intervención de Pagano se dio en televisión, donde no solo puso cifra concreta al presunto circuito de dinero sino que además sugirió que hay elementos suficientes para seguir la trazabilidad de esos fondos. Según planteó, el foco no debe limitarse a las criptomonedas sino también a las billeteras virtuales, donde —según afirmó— existirían registros de movimientos que permitirían reconstruir el origen del dinero.
Una denuncia que apunta a la “ruta del dinero”
El dato más explosivo no fue solo el monto, sino el encuadre político que le dio la propia Pagano. La diputada habló directamente de la necesidad de investigar lo que denominó la “ruta del dinero” vinculada al entorno de Milei, insinuando conexiones que podrían escalar más allá del propio Adorni.
En ese sentido, sostuvo que el funcionario tendría cuentas en más de una billetera digital —mencionando incluso plataformas específicas— y que con “el dato de una sola wallet” sería posible acceder a la trazabilidad completa de las operaciones, incluyendo quién depositó y hacia dónde se movieron los fondos.
La gravedad institucional del planteo es evidente: no se trata solo de una acusación mediática, sino de una línea de investigación potencial que podría derivar en medidas judiciales concretas si se aportan pruebas.
Enriquecimiento bajo la lupa y señales que se acumulan
La denuncia de Pagano se suma a un cuadro ya comprometido para Adorni. El funcionario viene siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se detectara un crecimiento patrimonial difícil de explicar en relación con sus ingresos declarados.
En paralelo, trascendieron gastos millonarios, compras de propiedades, viajes al exterior y operaciones en dólares que alimentaron las sospechas. Todo esto configura un escenario donde la aparición de fondos en billeteras virtuales no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio.
La propia Pagano fue aún más allá al vincular el caso con el escándalo de $LIBRA y deslizar que existiría una estructura de manejo de dinero dentro del oficialismo, con roles asignados para canalizar fondos.
Un frente interno que se vuelve peligroso
Lo que convierte esta denuncia en particularmente delicada es su origen: no proviene de la oposición tradicional, sino de una ex integrante del espacio libertario. Eso le otorga un peso político distinto y deja al descubierto fisuras internas que hasta ahora el gobierno intentaba disimular.
Mientras Milei sostiene públicamente a su funcionario, el cerco político y judicial parece cerrarse. La combinación de denuncias cruzadas, investigaciones en curso y filtraciones constantes instala un clima de crisis permanente dentro del oficialismo.
En ese contexto, la frase de Pagano —“3 millones de dólares en una wallet”— deja de ser solo un titular impactante y se convierte en un dato que podría marcar un punto de inflexión si logra ser probado en sede judicial.
Toto Caputo mandó al Congreso el proyecto para reducir los subsidios por zona fría en las tarifas de gas, una ley impulsada por Máximo Kirchner en 2021, y choca con los gobernadores de provincias aliadas que perderían el beneficio.
La movida del gobierno incluyó también la regularización del Mercado Eléctrico Mayorista y, en su mensaje, el ministro de Economía expresó que persigue el sostenimiento de «la política económica de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético, ordenamiento de las cuentas públicas y continuidad en las condiciones para el acceso y la utilización de fuentes de energías renovables».
Con el rediseño de Caputo, la cobertura de la ayuda estatal volvería al esquema histórico, que concentraba el alcance de la norma en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la Región de la Puna.
Esto implica que perderán el beneficio automático más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, varias zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, y localidades de provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada: Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán. También localidades de La Pampa y La Rioja perderían el subsidio.
Actualmente, rige la ley 27637 y de su articulado se desprende que el subsidio equivale a una tarifa diferencial que impacta al mismo tiempo sobre el precio del gas, el transporte y su distribución. Con la propuesta de Caputo, el subsidio solo se aplica al precio del gas, el pago se hace a los productores y se rompe la concordancia entre el porcentaje de la tarifa cubierto y la factura final.
Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que, además de achicar el alcance territorial, el proyecto del oficialismo establece que allí donde continúen los subsidios, «serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional con las modalidades que considere pertinentes».
Además, los libertarios pretenden barrer la compatibilidad expresa del subsidio «con otros beneficios que pudieran corresponder a los usuarios».
Desde el bloque peronista comentaron que la iniciativa que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados «vuelve a intentar lo del Presupuesto de 2026», cuando la oposición terminó abortando un capítulo entero de la ley de leyes.
Al cierre de esta nota, los diputados de LLA y algunos de sus aliados carecían de «línea» para defender el proyecto, tal como admitió un importante legislador libertario.
Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.
De hecho, un opositor al gobierno graficó la situación con una paradoja: «los descuentos por Zona Fría en gas ya no son un tema que le importe a la enorme mayoría de las personas en Mar del Plata o Bahía Blanca porque, en octubre del año pasado, casi el 50% de los votantes marplatenses eligieron a diputados nacionales que promueven su eliminación, así como el 54,08% de los bahienses».
Aún así, advirtió que «es difícil que el gobierno tenga los votos para este tipo de leyes». «No creo que consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno», dijo.
No creo que (el gobierno) consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno.
La ex vicegobernadora Gisela Scaglia, actual diputada por Provincias Unidas, consideró de todas maneras que «no está mal que los subsidios los implementen a las personas y no directamente a las zonas, es interesante que el esquema sea por condición económica, no es justo que alguien con recursos sea subsidiado».
La legisladora santafecina valoró que «a diferencia del régimen anterior, donde el subsidio era general para todos los residentes de estas zonas, el nuevo proyecto establece doble condición para recibir la bonificación adicional por Zona Fría». «Por un lado, el usuario debe residir en la localidades contempladas por el programa y estar registrado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), y por otro, tiene que estar contemplado por criterio socioeconómico porque el beneficio ya no es puramente geográfico, sino que se destina a hogares con ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales o que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)», explicó.
En cambio, el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde a Llaryora y Schiaretti, dijo que el gobierno nacional «ya no sabe qué más sacarnos a los cordobeses». «Si Caputo quiere eliminar estos subsidios, que empiece por CABA», lo chicaneó.
