Sociedad

 

Mientras la gestión sanitaria acumula fracasos —desde el caso fentanilo hasta la caída histórica en la vacunación que reabrió la puerta a enfermedades antes controladas—, Milei profundiza una reestructuración del Ministerio de Salud que concentra el poder en áreas administrativas, debilita la política sanitaria y abre de par en par la puerta a privatizaciones y tercerizaciones.

Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

Un Ministerio que deja de hacer política sanitaria y pasa a administrar un negocio

La nueva arquitectura del Ministerio de Salud, presentada hoy a través del Decreto 866/2025, expone una decisión política nítida: la salud deja de ser política pública y pasa a ser administración de recursos. Todo gira alrededor de lo administrativo, lo financiero, lo contable, lo legal y lo contractual.

Tal manifiesta el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión Administrativa se convierte en el verdadero centro de mando. Controlará el presupuesto, los recursos humanos, la infraestructura, las compras, la logística sanitaria, los sistemas informáticos, la seguridad de datos, las donaciones, los créditos externos, los sumarios y los convenios.

Ese esquema no es técnico: es ideológico. La salud como derecho queda subordinada a una estructura que responde más al mapa mental de una empresa que al de una política pública.

Y llega, además, en un contexto donde la gestión sanitaria de Milei ya mostró que, sin conducción política, los daños se pagan con vidas.

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Una gestión que ya fracasó: fentanilo, vacunación en caída y brotes evitables

La reorganización del Ministerio bajo el mando de Mario Lugones no ocurre en el vacío: ocurre en medio de una gestión que ya está desbordada.

• Caso fentanilo: la intoxicación masiva por fentanilo expuso gravísimas fallas en control, regulación, vigilancia epidemiológica y articulación entre áreas sanitarias y judiciales. La respuesta del Gobierno llegó tarde, sin estrategia y sin una coordinación mínima.
• Vacunación en caída libre: se registró la peor cobertura de los últimos años, con faltantes periódicos y demoras en la distribución de dosis básicas del calendario nacional.
• Regreso de enfermedades que estaban controladas: el descenso en la vacunación ya derivó en brotes de sarampión y un aumento preocupante de coqueluche, algo impensado para un país con tradición de inmunización fuerte.
• Desfinanciamiento de programas: la merma en presupuestos y el vaciamiento técnico de áreas claves se sienten en las provincias, donde los hospitales denuncian falta de insumos, recortes y desorganización.

Todo esto ocurre antes de la nueva reestructuración. Ahora, con la salud sometida a un aparato administrativo gigantesco, la capacidad de respuesta sanitaria va a ser aún menor.

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Centralización de compras y modelo PPP: antesala de privatizaciones

El nuevo diseño insiste obsesivamente en las compras. Entre la Secretaría y sus subsecretarías, las palabras que se repiten son adquisiciones, contrataciones, infraestructura, logística, auditoría, financiamiento externo, bienes y monitoreo financiero.

Esta hipercentralización crea un embudo donde todo pasa por el mismo lugar. Eso ralentiza, encarece y despolitiza la ejecución sanitaria, pero facilita otra cosa: la tercerización.

El texto lo dice sin rodeos: la Subsecretaría de Coordinación Administrativa tendrá competencias para intervenir en proyectos de participación público-privada, una autopista hacia la privatización de:

• logística sanitaria,
• compra de insumos,
• infraestructura hospitalaria,
• almacenamiento y distribución,
• y parte de los programas nacionales.

En cualquier reestructuración neoliberal, la prioridad administrativa es siempre el prólogo del negocio privado.

La salud, para Milei, es un mercado. Y con este rediseño deja de disimularlo.

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Sumarios y auditorías para disciplinar a quienes sostienen el sistema

La Subsecretaría Legal queda convertida en un órgano de control interno con dientes afilados: sumarios, recursos, supervisión de convenios, dictámenes, litigios, control documental.

En paralelo al ajuste, esto huele a disciplinamiento.
En cada gobierno neoliberal, el recorte viene acompañado de un aparato punitivo para controlar a quienes sostienen el sistema: trabajadores, profesionales, técnicos, coordinadores de programas. Sin protección política, quedan a tiro de sumarios y recortes.

El mensaje interno es claro: obediencia o sumario.

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¿Cómo le pega esto a la gente? Más costos, menos protección y un Estado retirado

El ciudadano común no ve un anexo administrativo. Ve consecuencias:

• Medicamentos más caros, porque se pierde poder de negociación y crece la intermediación privada.
• Faltantes de insumos, por embudos administrativos que ralentizan compras y entregas.
• Programas de vacunación debilitados, en un país que ya vio cómo regresan enfermedades por falta de decisión política.
• Menos capacidad de respuesta ante emergencias, como la intoxicación con fentanilo, que requiere coordinación real, no un organigrama de oficina.
• Hospitales nacionales y provinciales desfinanciados, porque el ajuste baja por cadena lógica.
• Privatización silenciosa de funciones esenciales, desde logística hasta infraestructura.
• Un Estado que deja de proteger, porque cada área sanitaria queda subordinada a un filtro administrativo que no entiende —ni prioriza— la salud pública.

Este rearmado no mejora nada: agrava todo lo que ya salió mal.

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La salud pública no es un Excel. La salud pública es territorio, vacunas, insumos, vigilancia, hospitales, profesionales y presencia del Estado.
Milei logró lo contrario: una gestión que ya mostró su incompetencia y ahora se reorganiza para facilitar negocios privados y profundizar el desinterés por la salud de la gente.

 

 

Milei reordenó por decreto el corazón del Estado y dejó a un solo ministerio a cargo de la energía, el transporte, la obra pública, Vialidad, los organismos de control y hasta el sector nuclear. La concentración inédita de funciones anticipa tarifazos, privatizaciones encubiertas y una entrega abierta de áreas estratégicas que afectará de lleno a los argentinos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Una arquitectura diseñada para el mercado

El Decreto 866/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, reescribió de punta a punta la estructura del Ministerio de Economía y lo convirtió en un superministerio. Donde antes había áreas divididas entre producción, obra pública, transporte, minería, energía o infraestructura, ahora todo se ordena bajo un único mando político.

Según el nuevo organigrama, Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas, Infraestructura, Asuntos Nucleares y Agua quedan dentro del mismo paquete administrativo. También se incorporan organismos clave como la CNRT, la ANSV, la ANAC, el ORSNA, la Junta de Seguridad en el Transporte, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Agua y el Tribunal de Tasaciones.

El movimiento no es técnico: es político. Con esta estructura, el Gobierno se asegura que las decisiones sobre precios, subsidios, obras, concesiones, contratos, privatizaciones y energía dependan de una sola mesa, sin controles cruzados ni miradas divergentes. Un modelo estatal hecho a la medida de la desregulación.

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Energía y transporte: lo que viene para el bolsillo

El rediseño de la Secretaría de Energía —con nuevas subsecretarías para electricidad, combustibles líquidos, gas y transición energética— arma el terreno para nuevos aumentos de tarifas, segmentación más agresiva y liberalización de precios.

La presencia de áreas específicas para cada mercado energético es funcional a un objetivo: acomodar regulaciones y contratos para que los valores finales reflejen “precios de mercado”, es decir, más altos. La estructura está pensada para que nada frene ese proceso.

En transporte será similar. La Secretaría de Transporte, que reúne trenes, colectivos, logística y aviación civil, aparece diseñada para reducir subsidios, avanzar hacia tarifas plenas y preparar nuevas concesiones. Con la CNRT y la ANSV bajo la órbita de Economía, el ministerio controla la regulación, la supervisión y la operación de todos los sistemas.

El impacto para los argentinos será concreto: boletos más caros, servicios más inestables y un avance de privados sobre rutas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

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Obras públicas: disciplina para gobernadores y un freno a la inversión

Al incorporar Obras Públicas, Vialidad Nacional, ORSEP y el Tribunal de Tasaciones, el superministerio queda a cargo de toda la infraestructura del país. Desde rutas y puentes hasta sistemas de agua, mantenimiento de represas y proyectos urbanos.

Esto le da a Milei, en la figura de Toto Caputo, un instrumento político directo: decidir qué provincia recibe obra, cuál no y cuáles proyectos quedan paralizados. En un contexto de recorte extremo, la obra pública será la herramienta para disciplinar gobernadores y avanzar con modelos de privatización de corredores viales, cobro de peajes o concesiones largas.

La nueva estructura no incorpora áreas para planificación o desarrollo federal, lo que confirma el enfoque: menos Estado, más mercado, menos coordinación territorial.

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Sector nuclear: un giro silencioso que abre dudas

En un movimiento inesperado, el decreto crea la Secretaría de Asuntos Nucleares, con dos subsecretarías propias. El sector nuclear vuelve a tener rango político, pero sin el fortalecimiento técnico de siempre. La novedad es que la agenda se orienta a aplicaciones comerciales, exportaciones tecnológicas y articulación con empresas privadas.

Sin referencias fuertes a Atucha III, al CAREM o a la planta de agua pesada, el riesgo es claro: postergación de proyectos estratégicos, pérdida de capacidades del sistema científico y apertura a la participación privada en un área históricamente controlada por el Estado.
Otro gesto de entrega en un campo donde Argentina es líder mundial.

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Un Estado mínimo para un modelo concentrado

La reorganización del Ministerio de Economía no sólo cambia nombres: reordena el poder real. Concentra presupuesto, organismos técnicos, infraestructura, energía, transporte y minería en un único espacio político. No existe antecedente reciente de algo semejante.

Mientras Milei proclama achicar el Estado, la reforma hace lo contrario: lo centraliza. Pero lo centraliza para liberar precios, desregular mercados, acelerar privatizaciones y desplazar el rol público en áreas estratégicas.

Los argentinos verán sus efectos en el bolsillo, en las tarifas, en la obra pública frenada, en la infraestructura privatizada, en la energía dolarizada y en servicios básicos cada vez más caros y más lejos del control democrático.

El nuevo superministerio es, en los hechos, el Estado mínimo que sueña Milei: concentrado arriba, privatizado abajo y hecho a medida del mercado.

 

 

En la diminuta isla Sentinel del Norte vive uno de los últimos pueblos completamente aislados del planeta. Su historia, su modo de vida y su decisión de mantenerse lejos del mundo moderno abren un debate incómodo: ¿cómo se garantiza el respeto a los derechos humanos cuando un pueblo exige que nadie cruce su frontera?

Por Alcides Blanco para NLI

Un pueblo antiguo frente al mundo moderno

Los sentineleses habitan Sentinel del Norte desde hace al menos 30.000 o 40.000 años, según estimaciones arqueológicas sobre la ocupación del archipiélago andamanés. Son descendientes de las primeras migraciones humanas que salieron de África y siguieron rutas costeras por el Índico. Su aislamiento actual no es un retiro reciente: es un proceso de larga data marcado por la defensa del territorio y, probablemente, por la memoria colectiva de contactos violentos que sufrió la región tras la llegada de potencias coloniales.

A diferencia de otros pueblos vecinos —granandamaneses, jarawa u onge— los sentineleses lograron sostener su aislamiento, y eso les permitió mantener una continuidad cultural casi absoluta.

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Cómo viven: lo que se sabe desde la distancia

La investigación sobre ellos es excepcional justamente porque evitan todo contacto. Lo poco que se conoce surge de observaciones a distancia, vuelos controlados y breves interacciones fallidas.

Algunas características aceptadas por la antropología:

• Subsistencia por caza, pesca y recolección. Se los ha visto capturar peces, cangrejos y moluscos en aguas poco profundas. En tierra cazan pequeños animales y recolectan frutos del bosque.
• Tecnología simple pero adaptada. Fabrican arcos largos, flechas de punta afilada y lanzas. Aprovechan con habilidad restos de barcos encallados para producir herramientas metálicas, sin que eso implique ningún tipo de cambio cultural mayor.
• Viviendas ligeras. Usan estructuras pequeñas, techadas con hojas, aptas para un clima tropical sin estaciones marcadas.
• Navegación de corto alcance. No emplean embarcaciones oceánicas, pero sí balsas o canoas sencillas que les permiten desplazarse por la zona de arrecifes sin alejarse de la isla.
• Organización social imprecisa. No hay datos sobre linajes, jefaturas o sistemas de parentesco. Se observa una comunidad pequeña —50 a 150 personas— lo que sugiere grupos familiares extensos y cooperación permanente.
• Ausencia de agricultura. No se han detectado cultivos ni señales de domesticación vegetal; dependen por completo del entorno natural.
• Uso restringido del fuego. Se ha observado humo en algunas temporadas, lo que indica control del fuego, aunque no se ha documentado su empleo en grandes fogones ni trabajos complejos.

Su cultura, aunque desconocida en sus detalles, se mantiene íntegra porque nunca hubo imposición externa, ni colonización, ni misiones religiosas, ni programas de “integración”.

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La política del no contacto

India mantiene una política estricta: prohibición absoluta de acercarse a Sentinel del Norte. El objetivo es doble: proteger a los sentineleses de enfermedades letales para las que no tienen defensas y evitar que turistas, aventureros o misioneros enfrenten ataques que son, en realidad, actos de defensa territorial.

Lo ocurrido en 2018 con el joven misionero estadounidense John Chau —muerto al intentar ingresar ilegalmente para evangelizarlos— dejó claro que cualquier intento de contacto forzado es un error ético y sanitario.

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Derechos humanos: el derecho a la distancia

El caso sentineles pone en primer plano un derecho poco discutido: el derecho a no ser contactado, una extensión radical del derecho a la autodeterminación. Lo que en otros pueblos se expresa como autonomía territorial, en Sentinel es una frontera física y simbólica que no debe cruzarse.

Para los organismos internacionales y para los Estados, respetar los derechos humanos en este caso no implica intervenir, sino aceptar que la primera y única voluntad expresada por este pueblo es mantenerse aislado. Protegerlos implica garantizar que esa elección se sostenga.