Sociedad

  • Trump recibió a Flavio Bolsonaro en la Casa Blanca pero evitó apoyar su candidatura

     

    La búsqueda de una foto con Donald Trump se convirtió en la nueva apuesta internacional de Flávio Bolsonaro. El hijo mayor de Jair Bolsonaro desembarcó en Washington con la expectativa de concretar una reunión en la Casa Blanca que le permita reposicionarse políticamente en medio de una campaña golpeada por sus vínculos con el dueño del Banco Master acusado de estafador, escándalos financieros y una caída estrepitosa en las encuestas.

    El encuentro fue impulsado por su hermano Eduardo Bolsonaro, quien mantiene vínculos con figuras cercanas al trumpismo en Estados Unidos y hace casi un año que se encuentra exiliado en Washington operando contra la economía brasileña para perjudicar al gobierno de Lula. 

    Un dato importante que marcan en los medios brasileños es que hasta este martes la agenda oficial de la Casa Blanca no incluía ninguna referencia a una reunión entre Trump y Flávio Bolsonaro, lo que alimentó incertidumbre dentro del propio comando político del senador.

    Lula aprovecha la crisis de imagen de Flavio Bolsonaro y estira su ventaja

    Bolsonaro necesitaba una ofensiva internacional de estas caracteristicas para dar vuelta un momento delicado para su candidatura sobre todo tras quedar envuelto en la crisis del Banco Master y conocerse conversaciones con el banquero Daniel Vorcaro, investigado por una presunta megafraude financiera. 

    Bolsonaro necesitaba una ofensiva internacional de estas caracteristicas para dar vuelta un momento delicado para su candidatura sobre todo tras quedar envuelto en la crisis del Banco Master y conocerse conversaciones con el banquero Daniel Vorcaro, investigado por una presunta megafraude financiera

    El senador admitió haber negociado millones de dólares para financiar una película sobre su padre, aunque negó irregularidades. El episodio impactó en su imagen pública y deterioró su competitividad electoral frente a Lula. 

    En ese contexto, el bolsonarismo apuesta a reconstruir centralidad política con una postal internacional. La eventual foto junto a Trump aparece como un intento de revivir la asociación ideológica entre ambos espacios, que marcaron la relación entre Brasil y Estados Unidos durante los gobiernos de Bolsonaro y Trump entre 2019 y 2021. 

    De acuerdo con versiones publicadas en Brasil, Flávio Bolsonaro pretendía además discutir con funcionarios estadounidenses temas vinculados al combate contra organizaciones criminales como el PCC y el Comando Vermelho, buscando que sean clasificadas como organizaciones terroristas, algo que Lula rechazó en el encuentro bilateral que mantuvo con Trump la semana pasada. 

    Lula a Trump: «Quiero que Estados Unidos vuelva a ver a Brasil como un socio estratégico»

    Otra de las agendas que llevaron los bolosonsaro a la reunión con Trump es un respaldo en torno a la «libertad de expresión» en redes sociales, una bandera central del trumpismo y del bolsonarismo en la actual campaña electoral brasileña y que Lula pretender avanzar en regulaciones con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. 

    Trump vive horas turbulentas en lo que respecta a su política internacional. La guerra contra Irán que duraría 4 o 5 semanas ya está cerca de cumplir tres meses y no hay indicios de un acuerdo inminente. Esto dejó la visita de Flavio Bosloanro en un tercer plano de importancia para la Casa Blanca. 

    En la campaña de Lula tomaron con tranquilidad el encuentro y afirmaron a LPO que forma parte de un juego lógico en una elección pareja que va a definirse por aspectos locales. «Se fue a Estados Unidos  para no dar explicaciones a la justicia de Brasil y los jubilados estafados por el Banco Master», afirmó un funcionario de Lula. 

     

  • Karina no logra imponer la conducción de Adorni en la mesa política: «Lo escuchan, pero no le dan bola»

     

    Karina Milei empezó a pagar el costo de sostener al frente de la mesa política del gobierno a Manuel Adorni. «No maneja nada», dijeron desde el entorno de uno de los funcionarios que compartió el encuentro de este martes con la hermana presidencial y el jefe de Gabinete.

    El fastidio por las reuniones en ese ámbito de la Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia delega la conducción en Adorni, empieza a expandirse. Uno de los miembros del selecto grupo habría deslizado en su oficina que el jefe de Gabinete es apenas «un espantapájaros», en referencia a que está plantado en medio de los cultivos de maíz para que los cuervos lo picoteen a él pero no arrasen con la cosecha de la administración libertaria.

    Cerca de un diputado libertario hasta se mofan compartiendo por WhatsApp la canción de la película infantil «Trapito», el clásico de la filmografía argentina realizado por Manuel García Ferré en 1975, cinco años antes que naciera el propio Adorni. La historia de ese dibujito animado representa las peripecias de un espantapájaros que se siente solo y busca su identidad, en medio de las inclemencias climáticas. Cualquier parecido de la pieza enviada por un libertario con la realidad tal vez no sea mera coincidencia.

    Se vuelve a reunir la Mesa Política, pero Patricia aclara: «No sirve para nada» 

    En la cita de este martes, por caso, Adorni profundizó en la agenda parlamentaria, mientras Martín Menem y Patricia Bullrich, autoridades del oficialismo en ambas cámaras del Congreso, lo escuchaban solo por decoro. «Lo escuchan, pero no le dan bola», dijo un funcionario del gobierno a LPO.

    A la mesa se sentaron, además de Adorni y Karina, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo Lule Menem; la jefa de la bancada de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo y el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

    Santiago Caputo

    El jefe de Gabinete planteó la importancia de darle curso al tratamiento del proyecto de Super RIGI, una nueva versión del régimen aprobado con la ley Bases en 2024 y cuyo alcance fue insuficiente hasta para la tropa libertaria que lo defendió en las maratónicas sesiones de entonces. También quiere darle impulso a la ley de Lobby, ludopatía y etiquetado frontal, todo mientras Karina padece la rebelión de los senadores para la aprobación de los pliegos de jueces que mandó Juan Bautista Mahiques y los gobernadores se resisten a eliminar las PASO.

    Las victorias legislativas de Menem con la media sanción para la ley Hojarasca y la reducción drástica del alcance de zonas frías para hogares beneficiarios de un alivio en la tarifa de gas no implican, según legisladores de los bloques colaborativos con Javier Milei, que continúe la luna de miel del período extraordinario. Esa ventana de tiempo del verano, cuando se aprobaron el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la modificación a la ley de Glaciares, parece haberse cerrado.

    Ahora es el momento conveniente para darle salida a Adorni. Tiene que ser antes que lo citen a indagatoria y ahora que la espuma bajó en la gente.

    En tal contexto, un legislador libertario sacaba cuentas respecto de que «ahora es el momento conveniente para darle salida a Adorni». «Tiene que ser antes que lo citen a indagatoria y ahora que la espuma bajó en la gente», especulaba.

    En Comodoro Py comentaron a LPO que la citación a indagatoria es un paso casi obligado para Ariel Lijo, en base a la prueba reunida. De hecho, deslizaron que el fiscal Gerardo Pollicita, de licencia hasta la semana próxima, iba a dejar escrito el pedido para que el magistrado solo tuviera que habilitarlo.

    Hasta que se reincorpore Pollicita, lo releva en su cargo Franco Picardi, el fiscal que lleva adelante la investigación de las coimas de Andis, otra causa sensible para el gobierno. Al cierre de esta nota, no había novedades sobre la situación judicial de Adorni pero tampoco se aflojaba la tensión por su permanencia en el gobierno.

     

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    Según el Colegio de Escribanos se derrumbaron los créditos hipotecarios (salvo para funcionarios de Milei)

     

    El relato libertario sobre el supuesto “regreso del crédito hipotecario” empezó a chocar de frente con la realidad. Según los últimos datos difundidos por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, las escrituras con hipoteca se desplomaron un 48,9% interanual en abril y encendieron una alarma directa sobre la destrucción del acceso a la vivienda para la clase media. Pero el dato adquiere un tono todavía más escandaloso cuando se lo cruza con las denuncias que estallaron semanas atrás sobre créditos millonarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Mientras millones de argentinos ven cada vez más lejos la posibilidad de comprar una vivienda, sectores vinculados al poder parecían acceder a condiciones privilegiadas. La postal es devastadora para el discurso de Milei: el crédito hipotecario se derrumba para la sociedad, pero no necesariamente para quienes orbitan alrededor del Gobierno.

    Los números difundidos por el Colegio de Escribanos son contundentes. En abril apenas se registraron 609 escrituras formalizadas con hipoteca en la Ciudad de Buenos Aires. El dato implica una caída de casi el 50% respecto del mismo mes del año pasado y muestra que el “boom hipotecario” que promocionaba el oficialismo prácticamente se desinfló en pocos meses. El mercado inmobiliario volvió a frenarse y la financiación desaparece otra vez como herramienta de acceso para los sectores medios.

    La explicación económica es relativamente simple. Los salarios quedaron destruidos frente al ajuste, las cuotas UVA volvieron a generar temor por la inflación acumulada y las condiciones exigidas por los bancos se volvieron prohibitivas. En muchos casos, las familias necesitan ingresos que triplican o cuadruplican el promedio salarial argentino para acceder a una vivienda mínima. El resultado es una exclusión silenciosa pero masiva.

    El escándalo del Banco Nación que dejó expuesta la doble vara

    En ese contexto explotó semanas atrás el escándalo de los créditos del Banco Nación. Las denuncias publicadas por distintos medios revelaron que funcionarios, legisladores y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza habrían obtenido préstamos hipotecarios millonarios en condiciones extraordinariamente favorables. La polémica generó indignación porque coincidía exactamente con el momento en que el resto de la población comenzaba a quedar afuera del sistema financiero.

    La contradicción política fue imposible de ocultar. Milei llegó al poder denunciando los privilegios de la “casta”, pero el caso del Banco Nación terminó mostrando a funcionarios y dirigentes oficialistas accediendo a beneficios que para cualquier trabajador promedio son prácticamente inalcanzables. El mensaje que queda flotando es brutal: el mercado no funciona igual para todos.

    Lo más grave es que el derrumbe de los créditos hipotecarios no aparece como un accidente sino como una consecuencia lógica del modelo económico libertario. El Gobierno sostiene tasas altísimas, destruye el poder adquisitivo y profundiza la precarización laboral. En ese escenario, pensar en una hipoteca a 20 o 30 años se vuelve directamente imposible para gran parte de la sociedad.

    El sueño de la casa propia vuelve a convertirse en un privilegio

    Durante décadas, el acceso a la vivienda fue uno de los pilares de la movilidad social argentina. Incluso con crisis recurrentes, existía la expectativa de que una familia trabajadora pudiera aspirar a comprar su casa. Hoy ese horizonte parece romperse nuevamente.

    El desplome registrado por el Colegio de Escribanos revela mucho más que un problema inmobiliario. Expone el agotamiento de un esquema económico que favorece la especulación financiera mientras castiga ingresos y consumo. En paralelo, el escándalo del Banco Nación dejó instalada otra percepción todavía más corrosiva: que el crédito existe, pero para sectores cercanos al poder.

    En otras palabras, el “mercado libre” que prometía Milei empieza a mostrar una dinámica conocida en la Argentina: ajuste para las mayorías y privilegios para minorías bien conectadas. Mientras la clase media vuelve a alejarse del sueño de la casa propia, los funcionarios libertarios quedaron bajo sospecha por haber accedido justamente a aquello que el resto ya no puede alcanzar.

     

  • Kicillof designó a Descalzo en una de las empresas del Bapro y sigue abriendo el gabinete a leales del MDF

     

    Axel Kicillof empezó a pagar la lealtad de referentes de peso que el año pasado jugaron fuerte para armar una línea interna dentro del peronismo. Este lunes formalizó al ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, al frente de Provincia Seguros, una de las empresas más importantes del holding del Grupo Bapro.

    Descalzó es uno de los armadores políticos del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y controla Ituzaingó, un enclave importante en el oeste del conurbano.

    El ahora director de Provincia Seguros había sido enviado por el gobernador a Corrientes en marzo junto con Julio Pereyra, puntualmente a la ciudad de Empedrado donde encabezaron un acto político.

    Kicillof sumó a Sujarchuk al gabinete en un área de Economía del Conocimiento

    La semana pasada, Kicillof designó al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, al frente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) un área que buscará potenciar a la provincia como un polo de innovación y desarrollo tecnológico.

    Tras la elección de septiembre, cuando el desdoblamiento de Kicillof demostró ser una jugada exitosa, se especuló durante con la posibilidad de cambios importantes en el gabinete. En particular, los referentes del axelismo esperaron durante meses que el gobernador saque a La Cámpora de su gobierno. Algo que no ocurrió.

    Pablo y Alberto Descalzo.

    Trascendieron algunos pases de factura de los dirigentes hacia el gobernador. Sin embargo, desde el Ejecutivo siempre dijeron que no hay cuestionamientos de gestión hacia los ministros de La Cámpora y por lo tanto, el gobernador no iba a pedirles la renuncia.

    Ahora, la elección de Descalzo y Sujarchuk para ocupar cargos en el Ejecutivo distiende a muchos dirigentes del MDF que mascullaban bronca en silencio por el esfuerzo del año pasado. En tanto, que la elección de un referente de Escobar y otro de Ituzaingó es una muestra de la importancia que le da el gobernador al conurbano, en detrimento del interior.

     

  • La oposición a Furlán lo acusa de victimizarse y no explicar «años de desmanejos» en la UOM

     

    En paralelo a la movida que se realiza este martes frente a la sede de la UOM en rechazo a la intervención del gremio y en apoyo a Abel Furlán, desde la oposición al líder metalúrgico salieron al cruce y lo acusaron de no explicar «años de desmanejos» en el sindicato.

    «Furlan se victimiza, pero los metalúrgicos conocemos la verdad», señalaron desde la lista Naranja que enfrentó en la seccional Campana a Furlán y que llevó como candidato a Ángel Derosso.

    Como contó LPO, la Justicia dictaminó anular las elecciones nacionales del gremio realizadas en marzo en las que fue ungido Furlán, al advertir que la conducción metalúrgica avanzó con esos comicios a pesar de existir un fallo que las suspendía a partir de la denuncia de la lista opositora en Campana.

    La agrupación que lidera Derosso acusa fraude y aprietes con barras durante la elección seccional en la que se impuso Furlán como delegado, paso imprescindible para que pudiera ser electo secretario General nacional más tarde.

     «¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición 

    «Existen denuncias de fraude y se llenó Campana de barras bravas y policías para condicionar el voto. ¿Quién va a dar explicaciones?», señalaron en la lista naranja, que cruzaron a los gremios que apoyan a Furlán: «No es solidaridad. Es bancar a un tipo que usa la UOM para sus negocios personales».

    Este martes, la CTA y sindicatos alejados de la conducción cegetista estuvieron en la sede central del gremio metalúrgico para denunciar «persecución política» del gobierno libertario. Cerca de Furlán también apuntan contra Techint.

    «Los afiliados de base sabemos que no hay persecución. Hay años de desmanejos con la plata de los metalúrgicos que Furlan intenta tapar buscando apoyo en otros sindicatos y en la política», cruzaron en la agrupación opositora.

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    Así, advirtieron que Furlan «no explica» una serie de temas, entre los que pusieron de relieve la causa que lo investiga por posible defraudación y asociación ilícita a partir del contrato celebrado con la firma USEM S.A., que dirige la ex concejal camporista de Zárate Soledad Calle, cercana al líder metalúrgico y con un rol muy activo en la UOM.

    Por ese contrato -que trascendió que es por más de $100 millones por mes- semanas atrás se allanó la sede central del gremio metalúrgico.

    «¿Va a culpar a Milei o a Techint de haber armado USEM con su «compañera» Soledad Calle y cobrarle a la UOM por manejar nuestra propia plata? Son cientos de millones de pesos de los metalúrgicos que hasta hoy no tienen rendición de cuentas», señalaron en la oposición, que también apuntó contra «el desastre de la obra social».

    «Mientras los ascensores del Sanatorio no funcionan, sobraron más de mil millones de pesos para una sede sindical nueva», apuntaron, a la vez que acusaron a Furlán de negociar «salarios miserables mientras su entorno se enriquecía», cuando «los siderúrgicos llevan dos años sin recomposición salarial». 

     

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.