Sociedad

  • |

    Los archivos desclasificados que desnudan una operación: la SIDE y la construcción planificada de la teoría de los dos demonios

     

    Documentos desclasificados revelan que la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsó de manera deliberada una campaña clandestina para instalar uno de los discursos más funcionales al encubrimiento del terrorismo de Estado. Lejos de una interpretación espontánea del pasado, la llamada “teoría de los dos demonios” aparece ahora como una operación política diseñada desde las entrañas del aparato de inteligencia.

    Por Alcides Blanco para NLI

    La historia argentina vuelve a sacudirse con una revelación que confirma lo que durante décadas denunciaron organismos de derechos humanos: la disputa por la memoria no fue —ni es— inocente. Los archivos desclasificados de la SIDE muestran que la instalación de la teoría de los dos demonios no surgió como una lectura académica o social del pasado, sino como una estrategia deliberada de propaganda.

    Según la documentación revelada, un funcionario identificado como “Subsecretario A”, perteneciente a la Dirección 8-Interior del organismo, ordenó directamente la elaboración de un material con fines políticos: un libro diseñado para difundir esa interpretación y legitimar un relato funcional al poder. La tarea no fue marginal ni improvisada: incluyó redacción, edición y distribución sistemática.

    Una teoría construida desde el poder

    La llamada “teoría de los dos demonios” sostiene que la violencia estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar es equiparable a la ejercida por organizaciones guerrilleras. Esa equiparación, sin embargo, fue históricamente rechazada por la Justicia y por los organismos de derechos humanos, que señalaron el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo ejercido entre 1976 y 1983.

    Lo que ahora aportan los archivos es una pieza clave: esa narrativa no solo fue discutida en el terreno político o mediático, sino que fue activamente promovida desde el aparato de inteligencia del Estado. Es decir, no fue una lectura posterior, sino parte de una política concreta de construcción del sentido.

    El dato no es menor. Implica que el intento de relativizar el genocidio no fue una consecuencia espontánea del debate democrático, sino una maniobra diseñada para intervenir en la memoria colectiva y condicionar la interpretación histórica.

    Memoria en disputa, ayer y hoy

    La desclasificación de estos documentos se inscribe en un proceso más amplio de apertura de archivos que abarca el período 1973-1983 y que busca reconstruir el accionar del aparato estatal durante años clave. Sin embargo, también reabre un interrogante incómodo: qué se muestra y qué se oculta cuando el propio Estado decide qué parte de su pasado revelar.

    El contexto actual no es ajeno a esa disputa. En los últimos meses, el gobierno nacional volvió a impulsar discursos que retoman elementos de la teoría de los dos demonios bajo la idea de una “memoria completa”, en abierta tensión con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas desde 2003.

    La coincidencia entre los documentos del pasado y los discursos del presente no pasa desapercibida. Lo que ayer fue una operación clandestina hoy reaparece en formatos institucionales, mediáticos y culturales.

    El sentido profundo de los archivos

    Los archivos no son solo papeles: son pruebas de cómo el poder intenta moldear la historia. Que la SIDE haya intervenido activamente en la difusión de una narrativa destinada a relativizar el terrorismo de Estado revela hasta qué punto la batalla por la memoria fue —y sigue siendo— una batalla política.

    En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad establecieron responsabilidades concretas y donde la desaparición forzada fue reconocida como política sistemática, estos documentos aportan un elemento central: el intento deliberado de diluir esas responsabilidades no fue casual.

    La historia, entonces, no solo se escribe en tribunales o en libros: también se fabrica en oficinas de inteligencia. Y cuando esos archivos salen a la luz, lo que queda expuesto no es solo el pasado, sino las continuidades incómodas del presente.

     

  • Encuesta: Kicillof encabeza la intención de voto con 44% y tres de cada cuatro personas quieren cambiar de gobierno

     

    Axel Kicillof encabeza la intención de voto para las elecciones de 2027 con el 44%, un número que lo deja a un paso de ganar en primera vuelta. Además, según un trabajo de Zubán Córdoba, el 72% de los encuestados pide un cambio de gobierno.

    Ante una candidatura de Kicillof, el 44,1% dice que lo votaría, seguido por 34,6% de Sergio Massa contra 32,4% de Patricia Bullrich y 31,7% de Victoria Villarruel. Javier Milei aparece quinto con 31,4% y un 57,2% de «no lo votaría».

    Dentro del pelotón de arriba, el gobernador bonaerense también tiene el «no lo votaría» más bajo con 43,8%, mientras que Bullrich aparece con el 56,4% y Villarruel con 44,9%. Bullrich es la libertaria mejor ponderada, un dato que consolida le teoría de que la senadora podría ser la candidata del espacio libertario impulsada por el establishment ante el desgaste de Milei.

    El 64,5% de los encuestados desaprueba la gestión libertaria contra el 34,3% de aprobación. Desde Zuban-Córdoba explicaron que, a pesar de una leve mejora respecto de los números de abril muestran una tendencia negativa que se «consolida». Solo 3 de cada 10 mujeres aprueban la gestión de Milei y 4 de cada 10 hombres tienen una opinión positiva.

    La desaprobación de Milei llega al 63 por ciento y Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen 

    Javier Milei tiene una imagen positiva de 34,8% y lo supera Myriam Bregman con 35,1%. Además, el presidente tiene la negativa más alta de los posibles candidatos presidenciales con 60,6 y sólo lo supera Mauricio Macri con 62,8%.

    En ese rubro lidera Axel Kicillof con 45,2 de positiva y 46,3 de negativa. Lo sigue Villarruel con 40,6% y 42,3% y Bullrich con 37,3% de positiva y 55,5% de negativa.

    De los dirigentes con peor imagen analizados en la encuesta, Adorni tiene 65,7% de negativa y solo quedó por debajo de Karina Milei. Sacando quienes no conocen al jefe de gabinete y los no sabe/ no contesta, la negativa del ex vocero se eleva hasta 72%.

    A la pregunta «¿Hace falta un cambio de gobierno en la Argentina?», el 71,2% dijo que sí contra 21% que se mostró en desacuerdo. El 76,5% de las mujeres están de acuerdo con la afirmación contra el 65,1% de los hombres.

    El 40% de los votantes de Milei dice estar defraudado con el presidente. Además, el 28% de los consultados se inclina por votar al peronismo y 22% a los libertarios. El PRO y el Frente de Izquierda están muy lejos con 5%.

    La encuesta fue realizada entre el 26 de abril y el 1 de mayo e incluyó 2000 casos con 20% de mailing y 80% CAWI.

     

  • |

    Intercargo: Milei quiere privatizar una empresa que gana plata y que vale más que lo que pide por ella

     

    Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.

    El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.

    Una privatización difícil de justificar

    El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.

    Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.

    El negocio detrás del desguace

    La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.

    Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.

    Superávit, pero igual en venta

    El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.

    De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.

    Privatizar por definición, no por necesidad

    Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.

    En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.

    Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.

     

  • La crisis de la construcción complica los planes de Mindlin para recuper Loma Negra

     

    La crisis de la construcción está complicando los planes de Marcelo Mindlin en Loma Negra. Las acciones de Loma Negra atraviesan un momento delicado, marcado por el cambio en su conducción, fundamentos complicados y la caída de la construcción que condiciona su desempeño en el mercado.

    Durante más de dos décadas, la compañía estuvo bajo la órbita de capitales brasileños, primero con Camargo Correa y luego a través de InterCement. Esa relación se convirtió en un factor de incertidumbre creciente en los últimos años, a medida que la controlante acumulaba una deuda superior a los USD 2.000 millones y entraba en un proceso de recuperación judicial en Brasil en 2024. El riesgo latente era una eventual venta de activos para hacer frente a sus compromisos.

    Ese capítulo se cerró el 6 de abril de 2026, cuando el empresario Marcelo Mindlin, a través de Latcem y junto a Redwood Capital Management y Moneda-Patria Investments, tomó el control de InterCement tras la homologación de su reestructuración.

    Bruno Bonacina Rogliano, asesor financiero en Bull Market Brokers, tiene una mirada positiva del desembarco de Mindlin. «Es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida», afirmó Rogliano.

    Caputo admite el freno de la economía y debaten medidas para reactivar

    El nuevo esquema accionario, con Latcem controlando el 38,7%, trajo un cambio clave en la percepción del mercado. No solo se despejó el riesgo financiero de la controlante, cuya deuda fue reprogramada hasta 2031 sin vencimientos relevantes en el corto plazo, sino que además ingresó un perfil inversor con experiencia en ciclos largos de infraestructura.

    Para Loma Negra, desaparece el «overhang» que pesaba sobre la acción y se suma un refuerzo de capital de USD 110 millones para sostener la operación. Pero eso no implica que el camino esté despejado. Bonacina lo resumió con claridad al señalar que «todo esto ocurre sobre un balance operativo que todavía muestra las cicatrices de 2025», marcando que el cambio financiero convive con desafíos operativos vigentes.

    Mindlin es el mismo empresario que construyó Pampa Energía pacientemente y que conoce los ciclos de infraestructura en Argentina mejor que nadie, no el perfil de inversor financiero que entra a hacer una salida rápida.

    En términos operativos, la compañía todavía arrastra las secuelas de un 2025 débil. El EBITDA cayó a USD 146 millones desde los USD 198 millones del año anterior, con márgenes presionados y una recuperación de volúmenes más lenta de lo esperado. La demanda de cemento creció apenas 5,6%, reflejando un sector de la construcción que nunca terminó de despegar.

    Aun así, hubo algunos indicios de piso. En concreto, el negocio de hormigón creció 62% interanual en volúmenes y el segmento ferroviario mejoró su rentabilidad. Además, la empresa mantiene una estructura financiera razonable, con deuda neta de USD 183 millones y un apalancamiento de 1,47x.

    En el mercado, esa combinación de señales se traduce en cautela. El ADR en la Bolsa de Nueva York cotiza a cerca de USD 11 y acumula un año y medio de lateralización.

    En este punto, Martín D’Odorico, director de Guardian Capital, indicó que la situación «no es casualidad» porque «la compañía cementera cuyo negocio depende en buena medida de la obra pública pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura».

    A esto se sumó el encarecimiento de los costos de construcción, que frenó proyectos privados y postergó decisiones de inversión.

    «Loma Negra presenta fundamentos operativos sólidos y una estructura financiera relativamente robusta. Sin embargo, la dinámica del precio de la acción refleja su elevada exposición al ciclo económico y, en especial, al de la construcción, que aún muestra signos de debilidad y alta volatilidad», comentó Gustavo Araujo, jefe de Investigación en Criteria.

    El negocio de Loma Negra depende en buena medida de la obra pública y pagó el costo de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que frenó de manera abrupta la inversión estatal en infraestructura

    «La compañía ha evidenciado presión sobre márgenes en un contexto de costos crecientes y cierta limitación en la capacidad de trasladarlos a precios. Hacia adelante, el potencial de apreciación está condicionado a una recuperación más sostenida de la actividad, tanto en obra privada como, en especial, pública. En este marco, la tesis de inversión luce más dependiente del ciclo macro que de drivers idiosincráticos», añadió.

    Sin embargo, empiezan a aparecer factores que podrían cambiar el escenario. Por un lado, el Gobierno habilitó a varias provincias (como Córdoba, Santa Fe y Mendoza) a licitar y gestionar rutas bajo esquemas de concesión con peaje.

    Por otro lado, la construcción privada mostró señales de recuperación: en el primer trimestre de 2026, los metros cuadrados registrados crecieron cerca de un 20% interanual.

    En este marco, el consenso de analistas proyecta un crecimiento de ventas de Loma Negra del 25% para 2026, con recomendación de compra y un precio objetivo cercano a USD 15 por acción, lo que implicaría un potencial de suba de alrededor del 30%.

     

  • Galicia: tras la caída de la acción por la compra del HSBC, el regreso de los dividendos seduce al mercado

     

     La compra de HSBC Argentina por parte de Grupo Galicia tuvo todos los condimentos de una montaña rusa bursátil: euforia, golpe y posible rebote. Wall Street primero la celebró, después la castigó por la dilución y los costos, y ahora vuelve a mirarla con mejores ojos. El ruido no desapareció del todo, pero el clima cambió.

    El arranque fue contundente. El 9 de abril de 2024, cuando se anunció la operación, la acción saltó más de 4% en una sola rueda. Pasó de USD 27,73 a USD 28,66. Fue una reacción clásica: el mercado leyó escala y una jugada ofensiva en un sistema financiero que venía achicado.

    Después vino el golpe. En enero de 2025, Galicia anunció la emisión de 17,7 millones de nuevas acciones a USD 53 para financiar la compra. La respuesta fue inmediata. Caídas de hasta 7,7%. La dilución pesó más que la expansión. El mercado, que había aplaudido el crecimiento, marcó el costo de pagarlo.

    El Galicia perdió 83 mil millones y marca el impacto de la mora en los bancos

    Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí, la acción entró en una zona más volátil. En los últimos 12 meses tocó máximos de USD 65,48, pero hoy se mueve en torno a USD 41,34. Un retroceso que refleja ese doble movimiento: entusiasmo estratégico y castigo financiero.

    Los balances de fines de 2025 terminaron de enfriar el cuadro. Los costos de integración pegaron fuerte y dejaron pérdidas contables. Era, en buena medida, lo esperado. Integrar un banco del tamaño de HSBC no es gratis. Pero el mercado, en el corto plazo, no suele tener paciencia.

    Ahora el tono es otro. El consenso de analistas volvió a inclinarse a favor. Informes de JPMorgan y de HSBC, con recomendación de compra, proyectan precios objetivo de hasta USD 75 para 2026. Es una señal clara de que el foco pasó del costo al potencial.

    Los balances de fines de 2025 terminaron de enfriar el cuadro. Los costos de integración pegaron fuerte y dejaron pérdidas contables. Era, en buena medida, lo esperado. Integrar un banco del tamaño de HSBC no es gratis. Pero el mercado, en el corto plazo, no suele tener paciencia.

    En ese giro también juega un factor concreto: el regreso del pago de dividendos. Galicia ya retomó pagos trimestrales a sus accionistas. Ahora hay expectativa por un nuevo anuncio a mediados de mayo, cuando presente balance. 

    La clave está en la rentabilidad. Se espera que el retorno sobre el patrimonio (ROE) se ubique entre 11% y 12% este año, una vez absorbido el impacto de la fusión. Ahí aparece la lógica de fondo: el negocio ampliado debería empezar a rendir.

    En ese cambio de clima hay una lectura más estructural. Galicia quedó mejor posicionada en tamaño y capilaridad. En un sistema financiero chico, ganar escala no es un detalle. Es poder competir, prestar más y capturar negocio cuando la economía se reactive. 

    El punto que todavía hace ruido es la mora. Con niveles en torno al 8,2%, sigue por encima de algunos competidores. Es el dato que el mercado mira con más atención. Algunos analistas, como Invertir Online, recomiendan cautela o incluso rotar hacia entidades. 

    La historia todavía está en desarrollo, pero el guion cambió. Galicia atravesó el tramo más áspero de la operación y ahora juega otro partido. El mercado, que primero se entusiasmó y después se decepcionó, vuelve a darle crédito. Con una condición: que la mejora prometida deje de ser expectativa y se transforme en números.

     

  • La Mediterránea advierte que el campo ganaría menos plata que con Alberto

     

    Por momentos, el Gobierno de Javier Milei se entusiasma con una narrativa que suena irresistible: la campaña agrícola 2025/26 cerraría con una de las mejores cosechas de la historia, con más de 110 millones de toneladas entre soja y maíz. 

    En la Casa Rosada repiten el número como si fuera un salvoconducto hacia la reelección presidencial. Pero debajo de ese volumen impactante asoma una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa cosecha récord se traduce realmente en rentabilidad?

    El dato no surge de un paper opositor ni de una entidad rural en pie de guerra. Al contrario. Proviene de un informe de la Fundación Mediterránea, con la firma de Juan Manuel Garzón -exfuncionario del propio Milei- y Franco Artusso. Es decir, números incómodos que nacen dentro del propio ecosistema técnico que suele orbitar el círculo rojo cordobés.

    Los datos -plasmados en el informe «Rentabilidad agrícola 2018-2026: márgenes ajustados, volúmenes récord y una carga tributaria que no afloja»- dibujan un escenario de contrastes. El maíz podría alcanzar un récord histórico de 67 millones de toneladas, mientras que la soja se mantendría en torno a los 48 millones. A simple vista, el agro vuelve a ser la locomotora. Pero cuando se mira la rentabilidad por hectárea, el cuadro cambia drásticamente.

    Salvar el proyecto, soltar a Milei

    El problema no es la producción, sino el margen. En el primer trimestre de 2026, los números empezaron a deteriorarse. Los ingresos cayeron en términos reales, empujados por la baja del precio del maíz, mientras que los costos -especialmente el gasoil y los fertilizantes- subieron entre 6% y 8%. El resultado: «márgenes en retroceso después de una recuperación parcial durante 2025». 

    El dato más sensible es que, incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos, aunque lejos de los niveles de años anteriores.

    Incluso con buenos rindes, producir granos dejó de ser negocio en algunas regiones. En la zona extrapampeana, los productores que alquilan campos directamente operan a pérdida: -78 dólares por hectárea. En la zona núcleo, el corazón productivo del país, los arrendatarios apenas raspan el equilibrio con márgenes de 26 dólares. Solo los propietarios logran sostener números positivos.

    Es un escenario que relativiza el optimismo oficial. Porque la «cosecha récord» convive con una ecuación económica cada vez más ajustada. Y en Córdoba, la rentabilidad derrama en la dinámica política, particularmente en el interior, bastiones de Milei en las últimas tres elecciones. El factor que termina de tensar el cuadro es la estructura impositiva. 

    En los últimos doce meses, el Estado se quedó con el 55% del excedente económico en la zona núcleo y con el 76% en la extrapampeana. En otras palabras, en las regiones menos productivas, tres de cada cuatro dólares generados por el campo terminan en manos del fisco.

    Y ahí aparece otro contraste que incomoda al relato libertario. Mientras el Gobierno despliega el «cotillón» de la baja de algunos impuestos nacionales -con anuncios segmentados y reducción de alícuotas en tributos puntuales-, el corazón de la presión fiscal sobre el agro sigue prácticamente intacto. 

    Las retenciones, el impuesto más distorsivo según el propio Milei en campaña, continúan explicando la mayor parte de la carga tributaria efectiva.

    El informe de la Mediterránea también explica que el peso de los Derechos de Exportación es clave para entender la distorsión. A diferencia de otros impuestos, no se ajustan a la rentabilidad: se aplican sobre el ingreso bruto. Eso genera una paradoja que incomoda incluso a economistas cercanos al oficialismo: cuando los márgenes caen, la presión fiscal efectiva sube.

    Es el tipo de inconsistencia que el propio Milei había prometido eliminar durante la campaña, cuando hablaba de «dinamitar» el sistema impositivo y terminar con tributos que castigan la producción. Por ahora, esa promesa convive con una realidad más pragmática: la necesidad de sostener la recaudación.

    En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos.

    El contraste con el período 2021-2022 es elocuente. En esos años, con precios internacionales en niveles excepcionales, los márgenes eran mucho más altos y la carga tributaria relativa, más baja, incluso con retenciones más elevadas. Hoy ocurre lo contrario: menores precios, mayores costos y una presión fiscal que pesa más.

    El informe lo precisa así: «En 2021 y 2022, los derechos de exportación sobre la soja eran del 33%, más altos que los actualmente vigentes (24%). Sin embargo, los precios internacionales de los granos eran excepcionalmente elevados (efecto postpandemia y guerra en Ucrania), lo que generaba mayores excedentes económicos». No son años cualquiera, sino los de Alberto Fernández en la Casa Rosada. 

    A eso se suma otro elemento que empieza a preocupar en el sector: el financiamiento. Si parte de los insumos se paga con crédito -un escenario cada vez más frecuente-, los márgenes se deterioran aún más. En ese caso, incluso los arrendatarios de la zona núcleo entrarían en terreno negativo.

    La conclusión es menos épica que el relato oficial. La campaña 2025/26 puede ser récord en volumen, pero no necesariamente en rentabilidad. Y eso tiene implicancias políticas y económicas.

    Para el Gobierno, el agro sigue siendo una fuente clave de dólares en un contexto de fragilidad externa. Pero si los márgenes siguen comprimidos, la capacidad de reinversión del sector se reduce, y con ella, el potencial de crecimiento futuro.

    En el fondo, el modelo enfrenta una tensión clásica de la economía argentina: la necesidad fiscal versus la competitividad productiva. Por ahora, la balanza sigue inclinándose hacia el primer lado.La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el «veranito» de la cosecha récord alcanzará para tapar ese desequilibrio. O si, por el contrario, terminará exponiéndolo con más crudeza.