Axel Kicillof ordenó en las últimas horas a su armado político no confrontar con Máximo Kirchner y apuesta a polarizar con Javier Milei, quien sigue cayendo en las encuestas.
El gobernador estuvo este miércoles en la quinta de San Vicente en un nuevo aniversario de la muerte de Perón. Lo acompañaron varios intendentes del conurbano y algunos de sus ministros.
El viernes reunió a dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su línea interna dentro del peronismo. Allí bajó la orden de no salir a confrontar con La Cámpora tras el duro discurso de Máximo en Parque Lezama.
En La Plata existe malestar por las críticas del líder de La Cámpora, pero prefieren centrarse en la estrategia de no contestar agresiones y avanzar en una campaña presidencial que por ahora es de bajo perfil.
LPO publicó un sondeo de Management & Fit que sostiene que la desaprobación del gobierno nacional llegó a 58,2 por ciento en junio, el nivel más alto desde que Milei es presidente. En el axelismo entienden que ese es el camino para que el peronismo vuelva al gobierno.
Mientras tanto, las críticas de Máximo a Kicillof en Parque Lezama también generaron revuelo en algunos dirigentes que orbitan en el kirchnerismo. Tras el acto le dijeron que aceptaban los cuestionamientos hacia el gobernador, pero le pidieron que anuncie su propia candidatura. El problema para Máximo es su enorme imagen negativa.
El malestar con Kicillof es muy fuerte en La Cámpora. La propia Cristina Kirchner asegura que hoy el gobernador no es su candidato a presidente. En el kirchnerismo buscan alternativas y una opción es llevar un candidato propio que podría ser Wado De Pedro a alguien de las provincias.
La clave está en que no buscarían competir en una PASO con Kicillof, sino ir por fuera y tratar de capitalizar al votante fiel a Cristina. La jugada puede ser riesgosa porque esos votos podrían significar una derrota del peronismo.
La estrategia de Kicillof es consolidar su liderazgo en una primaria. Por caso fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien le planteó a Máximo que compita en una PASO.
«Eventualmente, el año próximo va a ser el año en que se definan las candidaturas y después se lleve adelante la campaña que corresponda al candidato que elija el peronismo. Se verá cuál es la forma concreta, la forma particular en que se definan las candidaturas. Está vigente el sistema de las PASO», dijo.
Los analistas asocian la caída de la imagen de Javier Milei, que en algunas encuestas llegó a su nivel más bajo, a que los datos macroeconómicos que festeja el gobierno son irrelevantes frente al bolsillo golpeado de la gente.
Los encuestadores consultados por LPO aseguran que la microeconomía es la que define las elecciones. La desaceleración de la inflación y la estabilidad del dólar podría no ser suficiente para que Milei gane un ballotage.
En contraste de esos datos macro están el aumento de tarifas celebrado de manera brutal por el nuevo vocero, la suba de transporte al doble de la inflación proyectada por el mismo funcionario y la morosidad récord. A esto se suma la crisis de empleo: el diputado peronista Guillermo Michel, que en LPO explicó el fenómeno de la peruanización de la economía argentina, dijo que entre el inicio del gobierno de Milei y hoy, más de 300.000 asalariados perdieron su empleo formal. «¿A dónde fueron? A la informalidad: +160.000 asalariados informales y +420.000 cuentapropistas informales», dijo Michel.
El propio Luis «Toto» Caputo decía, al menos hasta fin de año en privado, que el modelo liberal que implementó, que consiste en ajustar para ordenar la economía, tendría luz al final del túnel para las familias que, gracias a la estabilización, podrían tomar créditos a tasas bajas.
Pero el escenario meses después es el opuesto. Al mismo tiempo que las tasas siguen altas para contener el dólar, la morosidad se disparó en el último mes al 12,7% en bancos y casi 33% en entidades no bancarias como billeteras virtuales y otras alternativas más angustiantes como la de los usureros. Si Caputo decide bajar la tasa, se encontrará con un universo de 7 millones de argentinos que entraron al Veraz porque dejaron de pagar sus préstamos. Es decir, que el motor que tenían en el equipo económico para recuperar la micro se pinchó.
El relato para la campaña de 2027 se centrará en que Milei logró frenar la inflación que heredó de Sergio Massa y Alberto Fernández. Pero los analistas estiman que ese relato puede ser insuficiente si la micro no levanta.
Si uno proyecta estas condiciones económicas hacia adelante, podría haber dificultades para que Milei convenza a la gente de que el rumbo es el correcto, aún con buenos datos macro; la sensación de insatisfacción política que desprenden las encuestas hace difícil pensar que pueda juntar el 50 más uno.
Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, dijo a LPO que «la microeconomía es lo que está explicando las encuestas, porque estas no parecen sintonizar con la macro, sino con la micro -en un contexto no competitivo, vale aclararlo-«.
La pregunta que se hace Romero es cómo va a evolucionar la micro. «Si uno proyecta estas condiciones económicas hacia adelante, podría haber dificultades para que Milei convenza a la gente de que el rumbo es el correcto, aún con buenos datos macro; la sensación de insatisfacción política que desprenden las encuestas hace difícil pensar que pueda juntar el 50 más uno», dice el titular de Synopsis en referencia a un eventual ballotage.
Cristian Buttié, de CB Global Data, dijo a LPO que «desde ya que la estabilidad macroeconómica representa un activo del gobierno comparado a lo que era la inestabilidad que tenía la gestión anterior, pero el voto realmente es cuantitativo y, en ese sentido, lo que le llega al bolsillo de la gente es lo que realmente importa».
«Que hasta el momento Milei esté en 36, 37 o 38 puntos de aprobación -dependiendo de la coyuntura- es porque claramente la macro es irrelevante frente a las urgencias de la microeconomía, que es la economía de bolsillo», dijo el encuestador.
Buttié puso el ojo en el Conurbano, el área más afectada por el cierre de empresas, comercios y por la morosidad que en algunos distritos como Florencio Varela rozó el 40 por ciento según datos que brinda el propio Banco Central.
«El dato, que lo venimos siguiendo de cerca, es la imagen del presidente en el Conurbano bonaerense, que es donde peor le va a nivel nacional (creo yo solamente superado por la provincia de Santiago del Estero)», dijo el titular de CB Global Data. «En el tercer cordón del conurbano la imagen de Milei es muy baja. Está claro que es esa microeconomía la que erosiona el capital político que pudo haber conseguido el presidente, un desgaste que se fue dando paso a paso. Ese es el gran desafío: que la micro se reactive para que el votante no termine teniendo a Milei como su ‘mal mayor'», dijo.
Desde ya que la estabilidad macroeconómica representa un activo del gobierno comparado a lo que era la inestabilidad que tenía la gestión anterior, pero el voto realmente es cuantitativo y, en ese sentido, lo que le llega al bolsillo de la gente es lo que realmente importa.
Romero dijo que a Milei le puede alcanzar para ser competitivo aun no recuperando todo lo que el ingreso disponible tenía en el bolsillo de la gente en el 2023: «la sensación de mejora puede construir otra perspectiva de futuro», dijo.
«Habrá que ver cómo llega esto al año electoral: si los salarios van a seguir recuperándose, aunque recuperen poco, puede cambiar la perspectiva. Me parece que vamos a retomar el concepto de la ‘teoría de las perspectivas’ de Kahneman, que decía que estamos influidos por la experiencia inmediata anterior. Y la experiencia inmediata anterior es que si vos ves que el salario se viene recuperando, eso te puede ayudar a pensar que el rumbo es el correcto, aún con el salario deprimido», estimó el titular de Synopsis.
El politólogo Marcos Novaro, por el contrario, dijo a LPO que «la distinción entre la macro y la micro es un poco abusiva». «En la realidad la economía es una sola: si anda bien, anda bien, y si anda mal, anda mal», dijo.
La otra cuestión que debaten los analistas es si la combinación de microeconomía golpeada con casos de corrupción puede ser un yunque para el gobierno. El relato de la estabilidad es una idea que tuvo que apurar Santiago Caputo tras el caso Adorni. El asesor estrella dice en privado que el ex jefe de gabinete les hizo perder el atributo anticasta y que Milei hoy es un político más.
El caso de Adorni tuvo un rechazo inédito en las encuestas: la última que recibieron en el gobierno dio un 80% de respuestas negativas. Es difícil encontrar fenómenos de la política que hayan tenido semejante nivel de rechazo.
«La imagen de Milei cayó hasta 20 puntos por lo de Adorni», dijo Alejandro Catterberg, de Poliarquía, a Radio Rivadavia. Es una caída similar a la que tuvo Alberto Fernández tras el escándalo de la foto de Olivos. En ese momento, los sondeos de Management & Fit detectaron que un 22,3% de las personas que planeaban votar al oficialismo manifestaron que cambiarían o revisarían su voto debido al festejo del presidente en plena pandemia.
Para Novaro, los planes del oficialismo se vienen fortaleciendo tras la resolución del caso Adorni con la llegada de Diego Santilli y la ampliación de la coalición oficialista. «Ver a todos los gobernadores yendo a la Casa Rosada a la asunción de Santilli y sacándose fotos sonrientes es espectacular. Eso le da al Gobierno un blindaje político que también consolida la confianza económica», apuntó.
Novaro prevé un escenario electoral con menos incertidumbre que los anteriores. Con un electorado que prefiere la normalización económica a pesar de los costos que viene pagando, el politólogo cree que la Rosada y los gobernadores aliados buscarán un esquema de beneficio mutuo: «Vamos a una elección donde todos los actores principales buscan certidumbre y apuestan a una reelección generalizada el año que viene», dijo.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro generó consecuencias inesperadas. La brigada de búsqueda y rescate urbano de Bomberos Voluntarios de Santa Fe permanece desde el fin de semana en condiciones de partir hacia la zona devastada por el terremoto en Venezuela, pero la ausencia de representación diplomática argentina en Caracas dificulta la coordinación del operativo.
Según pudo saber LPO de fuentes diplomáticas, los rescatistas fueron activados apenas se produjo el desastre y completaron toda la documentación exigida para laa misión internacional.
Sin embargo, el despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate, explicaron a este medio fuentes al tanto del operativo.
El despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate
La situación expone las profundas consecuencias que pueden tener las rupturas diplomáticas intempestivas que por ello representan un último recurso en la relación entre los Estados. Por eso, en 2015 el gobierno de Mauricio Macri suspendió los vuelos directos hacia Venezuela, pero nunca llegó a romper romper con Maduro.
La administración de Alberto Fernández tampoco restableció esas conexiones aéreas y con la llegada de Milei se decidió el retiro del personal de Caracas y la Argentina quedó sin embajada ni consulado operativo en ese país.
Rescatistas vietnamitas ya están en Venezuela
Mientras tanto, 40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida pero el Hércules que debería trasladarlos con los equipos y vehículos no apareció.
40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida
Los rescatistas ahora se encuentran en alerta amarilla esperando la nueva convocatoria esperando la orden de partida. Muchos debieron suspender sus trabajos, reorganizar sus familias y dejar en pausa todas sus actividades porque el llamado puede llegar en cualquier momento.
La brigada santafesina integra el reducido grupo de equipos USAR – Urban Search and Rescue- certificados bajo las normas INSARAG, el sistema creado por Naciones Unidas para coordinar las tareas de búsqueda y rescate en grandes catástrofes.
Esas normas unifican procedimientos, señalización, protocolos de seguridad y equipamiento para que brigadas de distintos países puedan trabajar de manera conjunta en escenarios de derrumbes masivos, explicó a LPO una alta fuente de Bomberos Voluntarios de la provincia.
Los rescatistas se guían por estos protocolos a través de los cuales las estructuras inspeccionadas quedan marcadas con símbolos internacionales que indican si se detectaron personas con vida, víctimas fatales, sectores ya revisados o zonas peligrosas. Esa estandarización permite que equipos de distintas nacionalidades continúen un operativo sin perder información crítica.
Personal del Ejército Argentino que llegó a Caracas
La brigada santafesina obtuvo la acreditación internacional en mayo del año pasado y fue registrada como ARG-15. Junto con la brigada USAR de la Policía Federal, integra el reducido grupo de equipos argentinos de capacidad media reconocidos por Naciones Unidas.
Esa categoría implica que puede operar entre diez y quince días de manera completamente autónoma, trasladando su propio campamento, comunicaciones, logística, atención sanitaria y equipamiento especializado.
Buena parte de ese equipamiento fue incorporado recientemente por el gobierno de Santa Fe. Entre otros dispositivos, la provincia adquirió sistemas de búsqueda técnica capaces de detectar movimientos, golpes e incluso latidos cardíacos bajo estructuras colapsadas, herramientas de alta complejidad que hoy poseen muy pocas brigadas del país y que pueden ser claves en la zona de catástrofe arrasada por los terremotos.
Rosario aporta seis de los 40 integrantes al contingente entre ellos, ingenieros civiles, arquitectos, especialistas en higiene y seguridad y rescatistas con años de experiencia en emergencias complejas.
La movilización de la brigada comenzó el viernes, cuando la Agencia Federal de Emergencias elevó el nivel de alerta tras monitorear la evolución del desastre. Como ocurre en todas las emergencias internacionales, el organismo coordinó la presentación de manifiestos de carga, inventario de equipamiento y disponibilidad del personal.
Brigadistas y equipos qataríes que llegaron a prestar colaboración en Venezuela
Argentina envió un primer vuelo en un Hércules con personal del Ejército, vehículos y equipos, pero tuvieron grandes inconvenientes para instalarse. Ese avió volvió el domingo y todavía no volvió a viajar hacia Caracas.
Ahora los bomberos santafesinos permanecen listos para partir apenas llegue la confirmación definitiva de Cancillería, que además deberá coordinar con las autoridades venezolanas las condiciones de ingreso y el traslado de varias toneladas de equipamiento especializado hacia la zona afectada.
El gobierno de Javier Milei congeló el subsidio a la tarifa social de colectivos bajo sistema SUBE. A partir de ahora, la compensación del 55% queda fija a la tarifa de referencia al 30 de junio y dejará de actualizarse al valor del boleto vigente.
Eso significa que, cuando las jurisdicciones definan nuevos aumentos, Nación no pondrá más recursos que los que destina al momento para ese beneficio.
La resolucion de la Secretaría de Transporte que se oficializó este miércoles disparó reacciones de rechazo en varios municipios, mientras ya hay provincias que avisan que no se harán cargo de los baches que dejará el subsidio nacional a futuro.
En el sector calculan que, en una próxima actualización del boleto, el peso de la tarifa social podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
En ese sentido, fuentes del sector consultadas por LPO no dudan que, «para compensar» esa merma de recursos provenientes de Nación, «los próximos aumentos del cuadro tarifario tendrán que contemplar ese aspecto», por lo que el peso recaerá en los usuarios en general.
Eso, o directamente un derrumbe en el tiempo de la gravitación de la tarifa social. En el sector calculan que, en la próxima actualización, podría caer del 55% al 43%, algo que repercutiría muy fuerte en los sectores más vulnerables.
Hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias
Actualmente, ese beneficio abarca a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, del programa Progresar, personal de casas particulares, monotributistas sociales y veteranos de Malvinas, entre otros.
Por lo pronto, hay empresarios que ya vaticinan por lo bajo que caerá aún más el índice pasajero-kilómetro, lo que genera un efecto dominó que ya se vio en abril pasado, con la reducción de frecuencias por parte de numerosos empresas de colectivos del AMBA y de grandes centros urbanos del interior bonaerense.
Frente a eso, ya surgen expresiones de rechazo desde los municipios. «No es un cambio técnico, es una decisión política: el Estado Nacional se retira del transporte público del interior del país», dijo en su cuenta de X el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli.
El jefe comunal de la capital pampeana advirtió que, a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, «la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios».
En tanto, un empresario del interior bonaerense, dijo a LPO: «La consecuencia para el sistema es que lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional, será abonado por el resto de los usuarios. Es decir, se aumentará más todo el cuadro tarifario para compensar».
Mientras, ya hay provincias que advierten que no absorberán la diferencia que deje de aportar Nación. «Mendoza no va a poder hacerse cargo de estos subsidios nacionales que otorga Nación», dijo a LVDiez el subsecretario de Transporte de la gestión Cornejo, Luis Borrego.
El senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley para incorporar penas de arresto para quienes ejerzan de manera ilegal la actividad de trapito y limpiavidrios. La iniciativa apunta a sancionar a quienes, sin autorización legal, ofrezcan o presten servicios de cuidado de vehículos, reserven espacios para estacionar o limpien parabrisas y cristales en la vía pública.
El proyecto establece sanciones de arresto para quienes desarrollen estas actividades. Además, dispone que la conducta será igualmente sancionada aun cuando la contraprestación económica sea presentada como voluntaria.
Asimismo, incorpora sanciones para quienes reserven, delimiten, ocupen u obstaculicen espacios destinados al estacionamiento mediante conos, sogas, cadenas, vallas, cajones, carteles, elementos móviles u otros medios destinados a impedir, restringir o condicionar su libre utilización.
La propuesta también agrava las sanciones cuando las conductas se cometan mediante intimidación, amenazas, hostigamiento o insistencia indebida; cuando exista un aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor; cuando intervengan dos o más personas actuando de manera coordinada o exista una organización previa; cuando el infractor registre antecedentes por hechos de la misma naturaleza; cuando oculte deliberadamente su identidad o porte armas impropias o no convencionales.
Además, establece sanciones más severas para quienes organicen, coordinen, administren, financien, promuevan o exploten económicamente estas actividades, prevé la intervención de la autoridad competente cuando existan indicios de participación, protección o connivencia de funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad, y contempla multas para clubes, instituciones u organizadores de eventos cuando se compruebe su participación directa o indirecta.
El objetivo de la iniciativa es brindar a las autoridades policiales y de control las herramientas necesarias para erradicar estas prácticas, recuperar el espacio público y establecer límites claros frente a conductas que lesionan derechos de terceros y generan situaciones de conflictividad social.
Si bien la expresión “calentamiento global” es hoy un significante en disputa —con billones de dólares en juego—, hay por lo menos dos alternativas en el horizonte. Si el capitalismo no logra organizarse para frenar la elevación de temperatura del planeta por emisión de gases de efecto invernadero, según las ciencias del clima, el planeta avanza derecho por un sendero: el de la catástrofe climática. Pero si la compleja estructura de gobernanza global y los intereses corporativos logran organizar la cruzada de la transición energética, las voces del establishment energético y financiero auguran que el premio será doble: no solo se podrá salvar al planeta neutralizando el cambio climático, sino que además el capitalismo logrará recuperarse de su agonía post-crisis de 2008 para ingresar en un nuevo ciclo de prosperidad global.
¿Qué cosa es la transición energética para suponer que pueda producir este milagro? Es el proceso de reemplazo de toda la infraestructura energética y de transporte del planeta basada en hidrocarburos por una nueva basada en energías renovables y limpias. Entre las energías limpias está la energía nuclear. Y dentro de la energía nuclear hay una tecnología incipiente que promete ser una clave para la transición energética: los llamados “pequeños reactores modulares” (SMR, por sus siglas en inglés), esto es, reactores nucleares de baja potencia para producir electricidad.
Aún no existe el mercado para esta tecnología, está en conformación. Argentina, que tiene una tradición nuclear robusta, persistiendo en un camino sinuoso de varias décadas, logra estar hoy entre los cuatro o cinco países que lideran con el desarrollo de un prototipo propio: el reactor CAREM-25. Mientras que el paradigma de transición dominante supone que nuestro país debe proveer recursos naturales y comprar la tecnología “llave en mano” y con crédito (esto es, con deuda), el CAREM muestra cómo la transición puede ser una oportunidad para la acumulación de capacidades tecnológicas e industriales con crecientes grados de autonomía. Y, al final del camino, exportación de alto valor agregado.
A comienzos de 2024, la Nuclear Energy Agency realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares en desarrollo. Se enfocaron en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros.
Sin embargo, el Gobierno de La Libertad Avanza designó en mayo a las nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que decidieron someter al proyecto CAREM-25 (Central Argentina de Elementos Modulares) a un proceso de revisión integral. El 6 de junio de 2024, a través de la Resolución 262, el nuevo presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, formalizó el “Comité de revisión de pares”. En esa lista de miembros figuraba el doctor en Ingeniería mecánica José Converti, quien, un mes más tarde, escribió en el diario Los Andes un artículo donde argumenta que el proyecto CAREM es un fracaso. Tratándose de un proyecto con futuro comercial, estas declaraciones son un acto de boicot explícito. Desde entonces, solo silencio acerca de estas declaraciones de uno de los proyectos tecnológicos emblemáticos para la Argentina. Por eso es necesario poner una gran lupa sobre los antecedentes del proyecto CAREM y su presente.
La energía nuclear en la transición energética
El cambio climático, la transición energética y el desarrollo de energías renovables y limpias son temas sensibles a escala global. A contramano de las políticas del Gobierno, su Ley de Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la Argentina puede construir una ventana de oportunidad con el CAREM, en construcción desde 2014 en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Pero la CNEA es parte de un Estado que Javier Milei afirma estar destruyendo desde adentro. Pese a las afirmaciones de Lavalle, las inversiones que requiere el CAREM están siendo recortadas.
Para dimensionar el sentido de la transición energética, el Financial Times explicó, a mediados de 2023, que “la magnitud de la infraestructura física que debe renovarse, demolerse o reemplazarse está más allá de la comprensión”. Y alertaba que debían ser los gobiernos, “y no BlackRock”, quienes lideren este nuevo Plan Marshall global que debe neutralizar el cambio climático.
Luego del cataclismo financiero de 2008, el calentamiento global y la transición energética se convirtieron en la oportunidad de rejuvenecimiento para un capitalismo financiarizado y exhausto. La urgencia que plantea una potencial catástrofe climática fue asimilada y resignificada como urgencia financiera. Así, la transición energética hoy no solo aparece como el único camino para neutralizar el calentamiento global sino que, además, se la presenta como una oportunidad para grandes negocios.
El accidente nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, desplazó a la energía nuclear del incipiente despegue de la “revolución industrial verde” y del “Global Green New Deal”, promovido, por lo menos en la retórica, por los organismos de gobernanza global. Ahora bien, el lobby nuclear es potente y disciplinado. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la industria del sector lograron impulsar un proceso de rehabilitación de la energía nuclear y así volverla a subir al escenario de la transición energética. Colaboraron con este proceso las limitaciones que enfrenta el desarrollo de las tecnologías renovables disponibles para la transición. Las dos principales, la solar y la eólica, presentan problemas: tienen vida operacional relativamente limitada y son intermitentes (es decir, dependen del sol y del viento). Lo que falta para superar esta limitación son tecnologías de almacenamiento, que aún están en desarrollo. Finalmente, los marcos regulatorios, consolidados a lo largo del siglo veinte a medida de los hidrocarburos, obstaculizan su avance[1]. La energía nuclear, vigente desde los años setenta, en cambio, es energía de base: no depende de factores climáticos ni de la hora del día. Además, es una energía limpia: junto con la eólica, es la que menos gases de efecto invernadero emite. El aporte nuclear se vuelve necesario para cumplir las metas de descarbonización comprometidas en el Acuerdo de París en 2015.
Desde hace más de dos décadas funcionan en el mundo alrededor de 420 centrales nucleares que producen el 10% de la electricidad del planeta. Y hay alrededor de 50 en construcción, la gran mayoría en el este asiático. Las industrias estatales de Rusia, China y, detrás, Corea del Sur —con mayoría estatal en la principal empresa nuclear— lideran la provisión de las grandes centrales de potencia a escala global.
En la actual versión financiera y extractiva de la transición energética, se supone que Argentina proveerá recursos naturales a bajo costo para las cadenas de suministros de las grandes corporaciones a cambio de crédito para ser consumidores de tecnologías renovables y limpias extranjeras y “llave en mano”.
En especial para los países en desarrollo, las grandes centrales nucleares de potencia —entre 1200-1600 MW (megavatios de electricidad)— presentan hoy algunos problemas, como la enorme inversión de capital inicial y el costo que surge de las exigencias para los sistemas de seguridad post-Fukushima. Como respuesta aparecieron, en el horizonte cercano, los SMR, que pueden producir entre 20 y 300 MW para electricidad y calor. La ventaja crucial de estos reactores, especialmente para los países en desarrollo, es que los costos de la inversión inicial son mucho más bajos. Por un lado, porque su diseño permite instalar un primer módulo que produzca electricidad mientras se avanza, al mismo tiempo, con un segundo módulo, y así con los siguientes. Por otro lado, porque sus componentes se pueden producir en serie, bajando los costos de fabricación. El foco de esta familia de reactores puesto en bajas potencias también hace posible mejoras importantes en la seguridad, en la flexibilidad operativa y en la gestión del combustible gastado.
Martínez de Hoz vs. Castro Madero
Sin excluir a la CNEA de las políticas de terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar genocida se impulsó el sector nuclear con inversiones masivas inéditas. Si bien la política económica de Martínez de Hoz no tuvo problemas en arrasar por completo sectores de la ciencia, la tecnología y la industria, el alumno de Milton Friedman no pudo meter la cuchara en la política nuclear, blindada por un grupo remanente de militares industrialistas.
Durante los años de terror institucionalizado, la CNEA fue conducida por el vicealmirante Carlos Castro Madero, un marino egresado del Instituto Balseiro. Con una preocupación parcial y selectiva que no pudo evitar que el personal de CNEA padeciera persecuciones, desapariciones, cesantías y legajos paralelos, Castro Madero le imprimió un impulso vertiginoso a los proyectos nucleares más ambiciosos. Entre 1976 y 1983 se materializó la autonomía en el ciclo de combustible nuclear, pero también, según la caracterización de la socióloga Ana Castellani, se transformó al sector en uno de los “ámbitos privilegiados de acumulación de la patria contratista”.
La devaluación de salarios, la dolarización de las tarifas de energía y la ausencia de regulaciones transforman a la Argentina en un país con mano de obra calificada y barata, apta para convertirse en un país ensamblador y apetecible para los negocios financieros.
Durante la guerra de Malvinas, luego del hundimiento del ARA General Belgrano, Castro Madero denunció ante el OIEA el uso de submarinos nucleares británicos. La respuesta del organismo fue que la propulsión naval nuclear —tecnología que presenta numerosas ventajas operativas como la velocidad y la autonomía de navegación (de varios meses) respecto a los submarinos convencionales— no estaba prohibida por los tratados de no proliferación de armas nucleares. La Argentina contestó que se reservaría, entonces, el derecho a trabajar en propulsión nuclear con aplicaciones navales. Es decir, el derecho a desarrollar submarinos nucleares.
Por esos días, medios de comunicación británicos y estadounidenses difundieron que el gobierno de facto argentino ocultaba proyectos de armas nucleares. Se trató de una poco novedosa operación de propaganda para distorsionar los objetivos de la política nuclear argentina, una campaña que se había iniciado a fines de los sesenta y se intensificaba entonces. La guerra de Malvinas fue una oportunidad materializada en titulares de los principales diarios: “Falkland, la ‘bomba latina’ y la proliferación nuclear” (Wall Street Journal), “Buenos Aires podría tener la bomba pronto” (Washington Post), “La derrota de Falklands podría acelerar la bomba A argentina” (The Christian Science Monitor).
En simultáneo, la BBC de Londres difundía un documental que denunciaba un plan de los militares argentinos para desarrollar armas nucleares en complicidad con Alemania Federal. Los contratos de Atucha I y II con el grupo Siemens habrían tenido su origen, según el documental, en los “científicos atómicos nazis” refugiados en la Argentina al final de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo más en el imaginario demonizador del peronismo, según la tenaz versión de la paranoia colonial anglosajona.
A pesar de las operaciones, nunca se impulsaron, desde Argentina, proyectos de artefactos explosivos nucleares. Sí se propuso el desarrollo de un submarino nuclear, tecnología que, como afirmaba el OIEA, estaba encuadrada en los usos pacíficos de la energía nuclear. De esta trayectoria emerge el proyecto CAREM.
La larga marcha del CAREM
En 1969, Argentina inició negociaciones con el astillero alemán Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, en Kiel, para la construcción de dos submarinos Tipo 209-1200[2]. En 1973, la Armada firma un convenio con la CNEA para avanzar en un estudio sobre propulsión naval nuclear. Durante la fugaz tercera presidencia de Perón, se inició el ensamble de los dos primeros submarinos en el astillero Tandanor, mientras, a la vez, a través de otra evaluación avalada por una serie de decretos del Poder Ejecutivo[3], se contrató al astillero alemán Thyssen Nordseewerke GmbH para completar el ensamblado de otros seis submarinos de la serie TR-1700. De esta segunda serie, solo se completaron, en el astillero Domecq García, los dos submarinos construidos en Alemania: el ARA San Juan y el ARA Santa Cruz[4].
A fines de 1982 Castro Madero encargó al área de reactores de la CNEA la nuclearización de ambos submarinos. Al frente de esa tarea estuvo el físico Juan José Gilgerbino, que incluyó en la iniciativa a la empresa INVAP, Sociedad del Estado de Río Negro, que se había creado en octubre de 1976 y estaba a punto de lograr el desarrollo, en secreto, de la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, en Pilcaniyeu, cerca de Bariloche. Argentina anunció el 18 de noviembre de 1983 que era el octavo país en dominar esta tecnología. A través de la firma de un estudio preliminar, expuesto en 1983 ante un grupo de almirantes, se formalizaron los vínculos de CNEA e INVAP con la Armada para avanzar en la propulsión nuclear de los submarinos argentinos.
Raúl Alfonsín heredó un plan nuclear sobredimensionado para la capacidad presupuestaria y financiera de un país con una enorme deuda externa. Por esos días, el liderazgo del proyecto pasó de CNEA a INVAP. En febrero de 1985, el físico Mario Mariscotti, entonces director del Departamento de Investigación y Desarrollo de CNEA, explicaba que si bien INVAP soportaba una situación económica crítica, el grupo de Pilcaniyeu estaba realizando estudios para la producción de un pequeño reactor. El proyecto de submarino nuclear había sido reformulado al de un reactor de baja potencia para ser empleado en poblaciones de no más de 30 mil habitantes y había sido presentado en marzo de 1984 en Lima, Perú, durante una conferencia del OIEA sobre reactores pequeños y medianos. La crisis presupuestaria del sector, sin embargo, mantenía paralizado al proyecto.
La transición energética debería ser concebida como sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas con autonomía incremental. Excelente radiación solar en la zona cordillerana, los mejores vientos del planeta en la Patagonia, la tercera reserva mundial de litio, el yacimiento de Vaca Muerta y potencial marítimo.
A fines de abril de 1985, CNEA e INVAP gestionaron una patente: “Reactor Nuclear Modular para Plantas de Generación Eléctrica”. Una mención temprana al CAREM-15 (así llamado por la producción de 15 MW) aparecía en el documento[5]. Cuando Roque Carranza asumió como ministro de Defensa, a mediados de 1985, el proyecto de pequeño reactor volvió a recibir apoyo. Pero su fallecimiento en febrero de 1986 lo dejó huérfano por varios años más. Hacia fines de abril, el accidente de Chernobyl arrojó una sombra sobre la energía nuclear, aunque no llegó a detener los trabajos de diseño del proyecto. El problema principal era, desde hacía varios años, presupuestario. Se especulaba con que, de haber financiamiento, el primer ejemplar del CAREM-15 estaría funcionando a comienzos de los años noventa.
El liderazgo del proyecto volvió a CNEA. En 1989 se intentó una sociedad con Turquía, el primer país en demostrar interés por el proyecto CAREM. Se llegó a constituir una empresa binacional con un consorcio privado turco que, luego de muchas idas y vueltas en los años siguientes, no prosperó. En el mismo año se habló de la conformación de una empresa entre CNEA y la provincia de San Luis, interesada en el CAREM, que no llegó a concretarse.
En el folklore oral del sector nuclear hay algunas diferencias de interpretación sobre todos estos avances y tropiezos. INVAP recriminaba a la CNEA que se atribuyera la propiedad del proyecto y que obstaculizara la búsqueda de socios privados, imprescindibles para acceder a las inversiones necesarias. En todo caso, las relaciones históricas, conflictivas, densas y enormemente prolíficas entre CNEA e INVAP —el primer desprendimiento empresarial de CNEA—, son la manifestación del dinamismo del sector nuclear y de la ausencia crónica, con excepción del período 2006-2015, de una política nuclear estable con metas de mediano y largo plazo.
En 1992, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) publicó un libro titulado Argentina y el submarino de propulsión nuclear. Allí Castro Madero sostenía que un pequeño reactor de propulsión nuclear podía ser una base para el desarrollo, porque eran demandados por un “mundo que no puede asimilar fácilmente las grandes unidades de generación nucleoeléctrica”. Creía que avanzar en un prototipo para submarinos le abriría a la Argentina la posibilidad de ser los primeros en ofrecer un SMR y así iniciar el diseño de un reactor de entre 10 y 25 MW. Una visión pionera a nivel global.
En la misma publicación, el diplomático Julio Carasales sostenía que si bien resultaba claro que la decisión de producir submarinos nucleares introduciría un factor desestabilizador en la región que obligaría a Chile y a Brasil a dar un paso similar, y que los efectos de la controversia alrededor de las Islas Malvinas lógicamente impulsarían al Reino Unido a desarrollar una campaña para prevenirlo, no había, en concreto, ninguna prohibición legal[6].
Lo ideal no debería ser “vender” viento, radiación, mareas o carbonato de litio, sino agregar valor, es decir, desarrollar la tecnología y el conocimiento para que la industria nacional aporte equipos, maquinarias, aerogeneradores, turbinas para energía undimotriz, componentes de paneles fotovoltaicos, etc.
Durante los noventa, dos miembros de INVAP acompañaron a Menem en una gira por el este asiático: hicieron presentaciones y se dictaron seminarios en Vietnam, Malasia y Tailandia. También se presentó el proyecto de pequeño reactor en Indonesia y Egipto. Se describía al CAREM como un reactor modular con características interesantes para países que, sin experiencia nuclear previa, desearan ingresar en el campo de la generación nuclear de energía eléctrica[7].
En un manuscrito inédito sobre la historia de INVAP, el tecnólogo Tomás Buch cuenta que mientras se trataba de exportar la concepción del CAREM, la CNEA había logrado destinar fondos a través de contratos para avanzar en distintos aspectos del reactor. Las primeras pruebas del CAREM se iniciaron a fines de 1993 en una instalación ubicada en Pilcaniyeu, designada como Laboratorio de Ensayos Termohidráulicos (LET). Para ese entonces, también se había completado la ingeniería básica y el análisis preliminar de seguridad. “Este documento fue el primero en su especie hecho en el país, con la profundidad y el detalle necesarios para una central de potencia”, escribe Buch.
El premio mayor que buscaba el sector nuclear argentino desde la compra a Alemania de la central Atucha I, a fines de los años sesenta, era el desarrollo de la central de potencia argentina. Siguiendo este plan, Atucha I incorporó más del 30% de industria nacional; la central de Embalse, alrededor del 45%; y Atucha II, que debía finalizar a comienzos de los noventa, cerca del 70%. A comienzos del nuevo milenio, Argentina debía producir sus propias centrales de potencia. Sin embargo, la crisis de deuda y el alineamiento incondicional del menemismo con Estados Unidos paralizaron Atucha II, finalmente inaugurada a fines de 2014 por Cristina Fernández de Kirchner.
En síntesis, durante los años noventa al sector nuclear se le escapó de las manos el principal objetivo de cuarenta años de desarrollo incremental. Es en este punto que el CAREM aparece como la alternativa viable. Por eso el énfasis de Buch en un informe que demuestra que, a pesar de los palos en la rueda, se podía avanzar en una central de potencia nacional.
En septiembre de 1997 se sancionó la Ley de financiamiento para el proyecto CAREM, que autorizaba a la CNEA a realizar operaciones de crédito público con plazo no inferior a siete años por un monto de 132 millones de pesos. El objetivo del proyecto era alcanzar el desarrollo y la construcción del prototipo de un reactor innovador de baja potencia para producir energía eléctrica. Entre 1997 y 1999, en instalaciones de Pilcaniyeu, se hicieron ensayos con los elementos combustibles del pequeño reactor, fabricados en el Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, cuenta Buch, mientras INVAP reclamaba a la CNEA mayor libertad para buscar otras fuentes de financiamiento y lograba despertar el interés de la empresa Pescarmona, que sugería un modelo de mayor potencia, el resultado favorable del estudio de factibilidad realizado por la CNEA se dio a conocer recién a fines de 2000, cuando la situación económica del país era muy negativa.
A fines de los años noventa, a pesar de un gobierno adverso al sector, CNEA e INVAP insistieron en difundir que el CAREM abría “un nuevo mercado para la generación nucleoeléctrica: el de las centrales nucleares de pequeña potencia” (CARI, 1999: 46). La crisis terminal de 2001 congeló el avance del proyecto.
Relanzamiento y obras
En agosto de 2006, cuando Néstor Kirchner relanzó el desarrollo nuclear devastado durante los años noventa, el prototipo del reactor CAREM figuraba entre las metas prioritarias. En noviembre de 2009 se sancionó la Ley 26.566, que declaraba al CAREM de interés nacional y delegaba en la CNEA el diseño, ejecución y puesta en marcha del prototipo. En febrero de 2014 comenzó la obra civil (el primer hormigonado) en el Complejo Tecnológico Atucha, en Lima, y se estimó la finalización del prototipo para 2028. Se espera que esta primera versión pueda generar 32 MW, mientras que el módulo comercial tendría una potencia de entre 100 y 120 MW. Además, se proyectó que alrededor del 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados fueran provistos por empresas argentinas certificadas bajo estándares internacionales.
El gobierno de Macri perdió —o eligió perder— el foco del proyecto y durante el gobierno de Alberto Fernández, si bien no se definió una política nuclear, se retomaron las inversiones para los principales proyectos nucleares, incluido el CAREM-25. A comienzos de 2024, la NEA (Nuclear Energy Agency), agencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares en desarrollo a lo largo y ancho del planeta. El análisis se enfocó en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros[8].
Epílogo anarcocapitalista
Argentina tiene un poco de industria y otro poco de capacidades tecnológicas. En conjunto, algo insuficiente para iniciar un proceso sostenible de desarrollo social y económico. En el paradigma dominante de la transición energética corporativa y financiera, el país puede aceptar el lugar que se le asigna en el orden neoliberal y enfocarse en la exportación de recursos naturales y en la compra de tecnología importada, con endeudamiento y fuga. En esta dirección se orientan la Ley Bases y, especialmente, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Esta versión financiera y extractiva de la transición energética supone que Argentina proveerá recursos naturales a bajo costo para las cadenas de suministros de las grandes corporaciones con base en las economías centrales a cambio de crédito y deuda para ser consumidores de tecnologías renovables y limpias extranjeras “llave en mano”. La devaluación de salarios, la dolarización de las tarifas de energía y la ausencia de regulaciones transforman a la Argentina en un país con mano de obra calificada y barata, apta para convertirse en un país ensamblador y apetecible para los negocios financieros. Así ocurrió durante el gobierno de Macri; así vuelve a ocurrir hoy en esta versión recargada.
El CAREM-25 no es un fracaso, es un Aconcagua de las capacidades tecnológicas nacionales. Lo único que falta es decisión política.
La transición energética, por el contrario, debe ser concebida como sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas con autonomía incremental. Excelente radiación solar en la zona cordillerana para la producción de energía fotovoltaica, los mejores vientos del planeta en la Patagonia para la energía eólica, la tercera reserva mundial de litio, el yacimiento de Vaca Muerta para la producción de gas —que además de abastecer industria y hogares puede usarse para producción de hidrógeno azul— y potencial marítimo para el desarrollo de energía undimotriz.
Pero la idea no debería ser “vender” viento, radiación, mareas o carbonato de litio, sino agregar valor, es decir, desarrollar la tecnología y el conocimiento para que la industria nacional aporte equipos, maquinarias, aerogeneradores, turbinas para energía undimotriz, componentes de paneles fotovoltaicos, etc. La transición energética debe ser concebida como un sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas autónomas incrementales.
En este esquema, los procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales y tecnológicas con crecientes grados de autonomía que se codifican en la trayectoria del CAREM-25 y su proyección al CAREM comercial, junto con el papel del Estado y las empresas —públicas, privadas y mixtas— representan un caso testigo del sendero virtuoso de transición energética por el que puede optar la Argentina.
Esta película no la vamos a ver durante el gobierno libertario, que no solo está devastando las capacidades científicas y tecnológicas a escala nacional, sino que ya está ralentizando la construcción del CAREM-25 y, además, permite que referentes nombrados por el actual presidente de CNEA comprometan el futuro del CAREM comercial con afirmaciones irresponsables que pueden calificarse de boicot. En una gestión seria esta persona sería expulsada.El CAREM-25 no es un fracaso, es un Aconcagua de las capacidades tecnológicas nacionales. Lo único que falta es decisión política.
REFERENCIAS
Buenos Aires Herald. 1985. “Nuke research awaiting funds”, 15 de febrero, p. 7.
Carasales, J. 1992. “Argentina y el submarino de propulsión nuclear: posibilidades y políticas en el mundo actual”, pp. 13-44. En: Argentina y el submarino de propulsión nuclear – Posibilidades y dificultades. Buenos Aires: Servicio de Hidrografía Naval.
CARI. 1999. La Argentina exportadora de tecnología nuclear. Buenos Aires: Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.
Christophers. B. 2024. The Price is Wrong. Why Capitalism Won’t Save the Planet. Londres: Verso.
CNEA. 1970. Memoria Anual 1970. Buenos Aires: CNEA.
Hymans, J. 2006. The Psychology of Nuclear Proliferation. Cambridge: Cambridge University Press.
La Nación. 1969. “Piezas para submarinos argentinos”, 28 de marzo, p. 3.
NEA. 2024. The NEA Small Modular Reactor. Boulogne-Billancourt: OCDE-Nuclear Energy Agency, No. 7671.
Tiempo Argentino. 1985. “Crisis presupuestaria en los planes nucleares”, 6 de febrero, p. 9.
NOTAS
[1] Para aproximarse a la complejidad de este último tema, puede verse: Christophers (2024).
[2] La Nación (1969).
[3] Decreto 768 de 1973, decreto 956 de 1974 y decreto 336 de 1978.
[4] CNEA (1970: 23-24); Hymans (2006: 156-158).
[5] El documento también mencionaba la participación de la empresa COMETARSA (Construcciones Metálicas Argentinas), del grupo TECHINT, para integrar un consorcio que finalmente no prosperó. Además de la producción de electricidad, se hablaba de utilizar el calor remanente para la desalinización de agua.
[6] Carasales (1992: 17, 38). El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, abierto a la firma en 1968, no decía nada sobre submarinos nucleares.
