Sociedad

  • La reaparición de Patricio Mussi agita la interna del peronismo en Berazategui

     

    El fallecimiento de Juan José Mussi en noviembre pasado dejó un profundo vacío de poder en Berazategui y la disputa por su legado de cara a las elecciones del año que viene empieza a generar tensiones, más aún tras la reaparición del hijo del caudillo, el ex intendente Patricio Mussi.

    Apartado de la escena política desde que le devolvió el sillón de intendente a su padre en diciembre de 2015, Patricio se mostró está semana en Ezeiza con el intendente local, Gastón Granados, quien fue el encargado de difundir el encuentro con un mensaje en clave electoral: «Mussi = Berazategui. Pasado, presente y futuro».

    En el sur del conurbano se habla de una decisión de Mussi hijo de posicionarse de cara a 2027 en su distrito con el impulso del grupo de intendentes peronistas que tiene gravitación propia en el PJ bonaerense y diálogo abierto con ambos polos de esa interna.

    Además de Granados, en ese grupo reportan jefes comunales como Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

    Esa foto no pasó desapercibida en los pasillos de la Municipalidad de Berazategui, hoy al mando de Carlos Eduardo Balor. «El Turco» custodió la sucesión de los Mussi en las últimas seis elecciones ejecutivas, encabezando la lista de concejales desde 2003.

    Ese dato es el que sacan a relucir voces de su entorno como una suerte de «testimonio electoral» de la voluntad del fallecido caudillo por ser sucedido por Balor. Por eso, se resisten en hablar de una «transición» y hablan de un «legado».

     «Desde que dejó de ser intendente, Patricio nunca más se comunicó con nosotros», dijo a LPO un dirigente alineado a Balor. 

    Así, la primera reacción a la reaparición de Juan Patricio fue el rechazo. «No tengo ni idea de lo que está haciendo ni le vamos a dar entidad», dijo a LPO un dirigente alineado al actual intendente, molesto con el posible regreso de Mussi hijo.

    «No hay internas para nosotros. El candidato natural es Carlos Balor, es el único que puede llegar a representar al justicialismo de Berazategui», agregó un concejal del oficialismo berazateguense, que definió al Turco como «la figura que nos dejó el Dr. Mussi para que continúe con su gestión».

    Cristina sugirió un apoyo a Patricio Mussi en la carrera por la sucesión en Berazategui

    Por eso, en ese espacio hay voces que ya avisan que Balor será candidato a intendente en 2027. En esa línea, resaltaron la ausencia de Mussi hijo desde su salida del Palacio Municipal. «Desde que dejó de ser intendente, Patricio nunca más se comunicó con nosotros», dijo a LPO un dirigente alineado a Balor.

    El legado de Mussi y lo que eso representa en términos electorales es lo que empieza a ponerse en disputa fuerte.

    A pesar de ser un funcionario de extrema confianza del caudillo, en Berazategui hay quienes no ven a Balor con un perfil de liderazgo lo suficientemente fuerte como para contener la interna del peronismo, dominada por décadas por Mussi, que se encargó de no poner cerca suyo figuras que desafíen su conducción.

    Carlos Balor asumió días atrás la conducción del PJ de Berazategui.

    Quienes tienen un buen recuerdo del paso de Juan Patricio por la intendencia (entre 2007 y 2015) también señalan el apoyo que el hijo de Mussi tiene del kirchnerismo.

    Como contó LPO, Mussi padre se mantuvo distante de Cristina en los últimos años. Siempre priorizó su territorio y renegó de las recientes internas.

    Con el fallecimiento del caudillo, el recuerdo de la ex presidenta incluyó palabras elogiosas y de afecto a Patricio Mussi. En sectores del peronismo, eso fue leído como una señal de apoyo a futuro, algo que cobra valor con la foto reciente de reaparición.

    A pesar de ser un funcionario de extrema confianza del caudillo, en Berazategui hay quienes no ven a Balor con un perfil de liderazgo lo suficientemente fuerte como para contener la interna del peronismo, dominada durante décadas por Mussi padre, que se encargó de no poner cerca suyo figuras que desafíen su conducción.

    Pero Balor y Mussi hijo no son los únicos nombres que suenan en la interna del peronismo de Berazategui a 2027. También aparece activo el ex diputado provincial Mario Giacobbe, que lidera la agrupación «Primero Berazategui» y que en los últimos días llamó a una «democratización interna del peronismo».

    «No creo en la portación de apellido y que cada uno tiene que dar explicaciones de lo que hizo y no hizo», dijo Giacobbe en declaraciones a El Termómetro al ser consultado sobre la reaparición política de Mussi hijo.

    Giacobbe admitió que el fallecimiento del caudillo dejó «un agujero muy grande» por lo que habló de «un proceso de discusión» que se abre en el peronismo local. 

     

  • Mahiques negocia con el kirchnerista Ustarroz los pliegos de jueces y fiscales

     

    Juan Bautista Mahiques consiguió este jueves que la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobara el Concurso 442 para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde deben cubrirse una vacante en su sala II y tres en la sala III.

    Fuentes judiciales dijeron a LPO que para esos cargos el ministro de Justicia negoció con Gerónimo Ustarroz, ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y hermano del senador Eduardo «Wado» De Pedro, los nombres de postulantes «atractivos para el peronismo». Pero también logró colar aspirantes funcionales a su propio armado entre el PRO, la lista Bordó y la agrupación Compromiso Judicial, dos espacios de militancia al interior de la Asociación de Magistrados.

    Uno de los jueces ofendidos por los manejos para ubicar candidatos en los concursos deslizó que el propio Ustarroz habría admitido las conversaciones con Mahiques. «Estos son los que podemos meter, si les gustan, bien», habría sido la frase que usó el titular de la cartera de Justicia ante el hombre de Mercedes, distrito del que son oriundos no solamente Wado y su hermano sino también los integrantes de la familia Mahiques.

    Pese a que De Pedro siempre negó el diálogo que se le atribuyó como negociador en representación de Cristina con este gobierno y también con el actual ministro y sus parientes, fuentes del kirchnerismo aseguran lo contrario. Pero, además, lo dicen con un reproche: «La amistad de Wado con los Mahiques no sirvió para evitar que le fallen en contra a Cristina».

    Ultimátum de Irurzun a Mahiques para que le mande el pliego, con una medida clave en la causa de Karina en juego

    Como sea, las ternas aprobadas para este concurso quedaron formadas por Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Nóbili y Juliana Gabriela Kina; Camilo Almeida Pons, Beatriz Pfarher y Javier Pico Terrero; Silvina Bracamonte, Alejandro José Laje y Marcelo Gota; y José Luis Cassineiro, Fernando Julián Olta Santa Cruz y Sofía Saint Jean.

    De esos 12 candidatos, si el plenario del Consejo los aprueba y Viola manda sus nombres a la Casa Rosada, Milei deberá elegir uno para cada vacante. El asunto es que no todos obtuvieron esos puestos en el orden de mérito por el rendimiento en sus exámenes sino que varios escalaron por las entrevistas, instancia en la que pueden pesar apreciaciones subjetivas y hasta simpatías ideológicas.

    En efecto, Kina y Pfarher subieron desde los puestos 11° y 10° al 3° y 5°, respectivamente. Ambas hicieron su carrera en el Ministerio Publico Fiscal y cultivaron la línea de Alejandra Gils Garbó, un dato que las convierte en candidatas que el peronismo podría votar.

    Laje, por su parte, es quien renunció al concurso 405 para la vacante de la Sala D de la Cámara Civil, con el objetivo de que pudiera simularse el ingreso a terna de Raul Agustin Rubiero, quien estaba en lista complementaria, es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde 2021 y fiscal de CABA desde octubre 2025. Tal como reveló LPO, Mahiques mandó el pliego de Rubiero la semana pasada al Senado.

    Santiago Viola y Alejandra Provítola.

    Una magistrada al tanto de las negociaciones admitió ante LPO que «Mahiques acordó que Laje se baje del concurso 405 para que entre Rubiero y le garantizó a cambio el acceso a una terna en el 442». «La renuncia al 405 fue un favor a Mahiques y ya fue retribuido», argumentó.

    Los casos más asombrosos son los de Gota y Saint Jean, que habían quedado en los puestos 18° y 20°, respectivamente, pero treparon hasta el 9° y el 12° con las entrevistas personales. Un ascenso meteórico que gatilló una impugnación que hizo peligrar la votación del concurso en sí en el Consejo, que arrancó la discusión con dos horas de demora.

    Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos atractivos al peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado.

    La objeción fue presentada por Ximena Rocha y Julio César García Villalonga. Los dos son funcionarios de la Cámara Civil y Comercial pero Rocha figuraba en el 8° puesto antes de las entrevistas y la bajaron al 14°.

    En la nota, apuntan contra la jueza Alejandra Provítola y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, los dos representantes del Consejo a cargo de la subcomisión de Selección, porque hallaron «cambios que no encuentran un correlato razonable y fundado en función de la nómina plasmada en el orden de mérito aprobado el 28 de marzo de 2022, ni menos aún en la propuesta de mayoría aprobada por la Comisión el 8 de noviembre de 2022».

    Sucede que el 442 es un concurso iniciado en 2021, que ya durmió en los cajones durante varias composiciones del Consejo. El paso del tiempo y la nueva integración del cuerpo perjudicó a Rocha y permitió que entrara en el concurso Pfarher.

    Un consejero aseguró a LPO que «el que tenía a cargo la confección de las ternas es Santiago Viola con la supervisión de Mahiques». «Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos del peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado», comentó.

     

  • Mario Lugones activó una maniobra para quedarse con la obra social de los médicos

     

    Mario Lugones activó una maniobra para quedarse con Osmédica, la obra social de los médicos que tiene más de 180 mil afiliados en todo el país. La intención del secretario de Salud sería nombrar una gerenciadora a pesar de que la obra social es superavitaria.

    Por estatuto, Osmédica está administrada por Femeca, la Federación de Médicos de Capital, pero con el paso de los años captó afiliados en toda la Argentina. Su presidente es Héctor Garín, creador del SAME, pero desde el año pasado la conducción del gremio está judicializada.

    Médicos Municipales está afiliado en Femeca y decidió jugar fuerte en la federación. Primero consiguió armar junta electoral paralela que luego convocó a elecciones de Femeca el 18 de marzo de 2026. Las elecciones oficiales se celebraron un día antes y confirmaron a Garín en la conducción del gremio.

    Médicos Municipales, el poderoso gremio que conduce Carlos Rojo, impulsó a Cristina Rosales. «No les interesa Femeca, quieren quedarse con la obra social», le dijo a LPO un miembro del oficialismo.

    Para Lugones, los jubilados del Pami mayores de 80 años son «una carga muy grande»

    Sin acuerdo entre las partes, la cuestión se judicializó. La comisión blue se anotó una victoria luego de que la Superintendencia de Salud, que responde a Mario Lugones nombrara a un administrador para Osmédica, que desde hace más de un mes está paralizada por la disputa.

    El elegido fue Hernán Nápoli, un viejo conocido de Rojo que se desempeña como secretario de Ceremonial y Protocolo Facultad de Medicina. El titular de Médicos Municipales tiene influencia en la UBA y aliado a Emiliano Yacobitti llevó al ex decano de Medicina, Ricardo Gelpi, al rectorado.

    El rumor que se escucha en Osemédica es que Rojo y Lugones ya tienen conversaciones avanzadas con una gerenciadora para que se haga cargo de la obra social. «No se entiende para qué se necesita una gerenciadora si Osemédica sigue haciendo obras y abriendo nuevos centros médicos», se quejó un dirigente del oficialismo.

     

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    Se apaga una fábrica histórica: Tía Maruca deja de producir y expone la crisis del modelo Milei

     

    La emblemática marca nacional de galletitas dejó de fabricar en su planta principal y pasó a tercerizar su producción en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento. Otro golpe a la industria argentina que desnuda el impacto real del ajuste.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La postal se repite con una insistencia alarmante: fábricas que se achican, líneas de producción que se apagan y marcas históricas que dejan de fabricar. Esta vez, el golpe lo da Tía Maruca, una de las firmas más reconocidas del rubro alimenticio, que decidió dejar de producir en su planta principal de San Juan y migrar a un esquema de tercerización para intentar sobrevivir.

    Detrás de la decisión, lejos de cualquier relato épico empresarial, aparece un combo conocido: caída del consumo interno, aumento sostenido de costos y dificultades para acceder al crédito. Una radiografía que coincide, punto por punto, con el deterioro económico que atraviesa el país bajo el modelo de Milei.

    La planta de Albardón, que llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores, ya no producirá las clásicas galletitas que supieron ganar mercado frente a gigantes del sector. En su lugar, funcionará elaborando productos para terceros, mientras la marca intentará sostenerse mediante producción externalizada.

    No es un cierre total en términos formales, pero sí un retroceso industrial evidente: la pérdida de producción propia implica menor valor agregado, menor integración productiva y mayor dependencia de terceros.

    La industria en retirada

    El caso de Tía Maruca no es aislado ni repentino. La empresa arrastraba problemas desde hace años, incluyendo un concurso preventivo en 2019 y el cierre de otra planta en Chascomús en 2025 con despidos incluidos.

    Sin embargo, el contexto actual aceleró el desenlace. La caída del consumo masivo —producto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y la recesión— impactó de lleno en alimentos básicos, incluso en segmentos populares como las galletitas.

    A eso se suma el incremento de insumos clave como harina y azúcar, que comprimió márgenes hasta volverlos inviables, y un sistema financiero que no ofrece crédito accesible para sostener o modernizar la producción.

    El resultado es previsible: empresas que, ante la imposibilidad de sostener la producción, optan por achicarse, tercerizar o directamente cerrar.

    El “costo invisible” del ajuste

    El discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y equilibrio macroeconómico. Pero detrás de esos números, la economía real muestra otra cara: desindustrialización progresiva y pérdida de capacidad productiva nacional.

    Cuando una empresa deja de producir, aunque siga existiendo como marca, el daño es profundo. Se pierden encadenamientos productivos, se debilitan economías regionales y se precariza el empleo, incluso cuando no hay despidos inmediatos.

    En San Juan, la planta seguirá operativa, pero ya no como motor de una marca nacional, sino como proveedor para terceros. Es decir: menos industria propia y más lógica de subsistencia.

    El caso de Tía Maruca se suma así a una lista cada vez más extensa de empresas que retroceden en su escala productiva. Y plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas “reconversiones” más hacen falta para reconocer que el problema no es empresarial, sino estructural?

    La respuesta, por ahora, se cocina en silencio, mientras otra línea de producción se apaga.

     

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    Casta premium: Milei premia con una embajada a Crexell tras su voto clave para la Ley Bases

     

    La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.

    El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.

    Un voto que valía una embajada

    El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.

    Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.

    Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.

    La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.

    La casta que no era casta

    El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.

    No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.

    El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.

    Un precedente peligroso

    El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.

    Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.

    La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?