Luego de aclarar que en el gobierno de Javier Milei no están «en guerra con nadie», Luis «Toto» Caputo alimentó la pelea con Techint y expuso que el grupo liderado por Paolo Rocca cobró los tubos del gasoducto Néstor Kirchner con un sobreprecio del 180% en comparación con la última oferta ganadora para el gasoducto a Río Negro.
Al exponer un ejemplo de lo que definió como un «cambio de modelo», Caputo sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández «salió a armar a las apuradas» un gasoducto y que, en esa licitación, Techint cobró 4.000 dólares la tonelada de tubos.
«»Primer error: se lo cargaron a la gente en vez del sector privado. Y esa licitación salió a 4.000 dólares la tonelada de tubos. En la última licitación, en cambio, salió a 1.400 dólares. Fijate la diferencia de modelo. Y lo paga el sector privado», destacó Caputo en Radio Mitre, en alusión a la oferta ganadora para el gasoducto a Río Negro y que hizo la empresa hindú Welspun por USD 203 millones para 480 kilómetros de ducto y enardeció a Rocca, que había pasado un presupuesto un 40 por ciento por encima de su competidora.
Caputo expuso así que Techint pasó un presupuesto más de 180% superior al de la última licitación donde, a pesar de sucesivas maniobras, del lobby de su ex empleado Horacio Marín y de reformulaciones de su oferta original, Rocca no logró hacerse de una obra estratégica en su rubro ícono.
Esa licitación salió a 4.000 dólares la tonelada de tubos. En la última licitación, en cambio, salió a 1.400 dólares. Fijate la diferencia de modelo. Y lo paga el sector privado.
Un ex funcionario que participó de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno por el gobierno libertario, explicó a LPO durante el gobierno de Alberto, una serie de factores como el Compre Argentino, la Ley de obra pública, el cepo y la obligación de pesificar los dólares, hacían que no se presenten competidores afuera.
«No lo ganó una empresa argentina. Es una cuestión de incentivos. Nosotros trabajamos para los argentinos, y los argentinos quieren mejores productos a mejores precios», dijo Caputo al contrastar con el gobierno anterior.
En ese sentido, el ministro habló de «un proceso de aprendizaje» y vaticinó que para la próxima licitación de tubos para una obra cinco veces más grande que la recientemente licitada, «seguramente Rocca baje los precios».
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, justo antes de la publicación de un nuevo índice de inflación, dejó al descubierto una situación tan delicada como inquietante: los números que debía mostrar el organismo no coincidían con el relato económico del gobierno de Milei. La decisión oficial de postergar la nueva metodología y cambiar a su máxima autoridad reavivó las sospechas sobre la intervención política en las estadísticas públicas, en un contexto donde la inflación real sigue golpeando los bolsillos mientras el Ejecutivo necesita vender un éxito que los datos no confirman.
Por Roque Pérez para NLI
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, a pocos días de que se conociera un nuevo índice de inflación con metodología actualizada, encendió todas las alarmas políticas. No se trata de un cambio administrativo más: el movimiento ocurre en un momento clave para el relato económico del gobierno de Milei, que necesita mostrar una desaceleración sostenida de precios para justificar el ajuste brutal que atraviesan los hogares argentinos.
Lavagna, que había sostenido un perfil técnico y de bajo ruido político desde su llegada al organismo, dejó su cargo justo cuando el Indec estaba en condiciones de publicar los primeros datos con una nueva fórmula de medición del IPC, basada en una canasta más actualizada y representativa del consumo real. La coincidencia temporal es demasiado evidente como para ser ignorada.
Una salida en el peor momento para el relato oficial
Según distintas reconstrucciones periodísticas, el nuevo índice no mostraba el resultado que el Gobierno esperaba. La inflación medida con la nueva metodología daba más alta de lo que Milei y el ministro Luis Caputo venían prometiendo, lo que implicaba un golpe directo al discurso de “desinflación exitosa” que el oficialismo intenta instalar.
En ese contexto, la continuidad de Lavagna se volvió incómoda. El ahora ex titular del Indec habría insistido en publicar los datos tal como estaban previstos, respetando los criterios técnicos y los tiempos ya trabajados por el organismo. Del otro lado, el Ejecutivo optó por patear la implementación del nuevo índice, una decisión que, lejos de ser inocua, tiene impacto político inmediato.
La versión oficial habló de “diferencias de criterio” y de la necesidad de esperar “condiciones más estables”. Sin embargo, puertas adentro del propio Estado nadie logra explicar por qué un índice terminado, probado y listo para difundirse debe ser guardado en un cajón justo cuando los números dejan de acompañar.
Postergar datos también es una forma de intervenir
Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Indec y que la nueva fórmula de medición de la inflación será postergada. En los hechos, se seguirá utilizando un índice que subestima consumos actuales, mientras los precios de alimentos, transporte, servicios y alquileres siguen golpeando el bolsillo real.
La decisión no es técnica, es política. Medir distinto cambia el resultado, y cambiar el resultado altera el clima social. Milei necesita mostrar una inflación en baja para sostener el ajuste, contener el malhumor y negociar con el poder financiero. Publicar un dato que contradiga ese relato sería admitir que el sacrificio no está dando los frutos prometidos.
El problema es que el Indec no es una consultora del Gobierno: es un organismo público cuya credibilidad fue duramente dañada en el pasado y que había logrado recomponer prestigio con criterios profesionales. Forzar salidas, demorar índices y acomodar tiempos vuelve a sembrar dudas que el país ya conoce demasiado bien.
Cuando la estadística molesta
La inflación no es una cifra abstracta: es el precio de comer, viajar, calefaccionarse y vivir. Si los números oficiales no reflejan esa realidad, el problema no es la gente, sino la estadística. Y cuando un director técnico se va justo porque los datos no cierran con el discurso presidencial, la sospecha deja de ser una hipótesis para transformarse en una señal política.
La renuncia de Lavagna expone una tensión de fondo: entre la necesidad del Gobierno de sostener su relato y la obligación del Estado de decir la verdad, aunque incomode. En esa disputa, Milei parece haber elegido priorizar la narrativa antes que la transparencia.
Porque cuando los números no le dan, el problema no es el índice. El problema es la realidad.
Axel Kicillof envió un contingente de brigadistas y equipamiento pesado para combatir el fuego en Chubut. A pedido de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el gobierno provincial desplegó un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan al sur del país.
El ministerio de Seguridad movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales. Según se informó, este equipo de élite está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso.
El despliegue busca garantizar la efectividad del operativo en la compleja topografía de Chubut. Además, la provincia de Buenos Aires envió una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia.
El parque automotor desplegado incluye 14 camionetas para transporte rápido y logística. Un camión autobomba 4×4 URO diseñado específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles y dos vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las «zonas rojas» donde los vehículos convencionales no pueden acceder.
El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, en Chubut, donde el comportamiento del fuego tiene comportamiento extremo.
Allí, las altas temperaturas del fin de semana con fuertes ráfagas de viento complicaron aún más el comportamiento del fuego. El gobierno de Ignacio Torres decidió en las últimas horas cortar la ruta provincial 71 desde el tramo Cholila hasta el empalme con la ruta nacional 40.
En tanto, el incendio en Puerto Patriada continúa contenido en un 85%, de acuerdo al informe emitido este domingo por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut. El organismo precisó que el sector del arroyo El Blanco permanece activo en todo su perímetro.
Desde el gobierno señalaron que la situación se volvió especialmente compleja luego de las 16 horas del domingo, cuando el aumento repentino del viento generó reactivaciones severas.
«Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica», destaca el informe oficial de la operación, subrayando la capacidad operativa de las instituciones de emergencia bonaerenses para actuar más allá de sus fronteras.
El Grupo México del magnate Germán Larrea aparece como el caballo del comisario de la administración libertaria para quedarse con el Belgrano Cargas, el tren de cargas más importante de la Argentina. A tal punto que en el sector ferroviario comentan que ejecutivos de ese holding frecuentan diariamente las oficinas del Belgrano Cargas en Palermo.
El dato circuló con fuerza entre empresarios y técnicos del sector. Un vocero de la empresa lo negó a LPO. Es que si se confirmara, empañaría todo el proceso licitatorio que el gobierno pretende adjudicar en las próximas semanas.
Sin embargo, el nivel de discusión que tiene este grupo con el gobierno se asemeja bastante a las condiciones que pone una empresa que está a punto de asumir la conducción del ferrocarril, más que a un competidor en ua licitación abierta. La gente del Grupo México le marcó al Gobierno de Milei tres límites para hacerse cargo del Belgrano Cargas: no acepta que le adosen una línea de pasajeros, rechaza el sistema de Open Access y descarta un modelo de licitación atomizado donde por un lado se liciten las vías, por otro los talleres y en un tercer rubro el material rodante.
Sucede que mientras que el tren de cargas es el que genera rédito económico, el de pasajeros tiene que ser subsidiado por el Estado. Es por eso que en los ’90, cuando Carlos Menem privatizó los ferrocarriles lo hizo con el criterio que suele utilizarse a nivel mundial: obligar a que los concesionarios de carga también se hagan cargo de un ramal de pasajeros. Sin embargo, el Grupo México aclaró al gobierno de Milei que no acepta ese modelo.
«Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan», confirmó a LPO un empresario ferroviario. A fines de noviembre visitó Buenos Aires del CEO de la filial ferroviaria del grupo, que maneja un doble discurso: en México dicen que la posibilidad de invertir en la Argentina no está entre sus prioridades y en la Argentina afirman que están muy interesados en quedarse con el Belgrano Cargas.
Los mexicanos están dejando bien clarito al gobierno de Milei bajo qué condiciones juegan.
El dueño del Grupo México es el magnate Germán Larrea Mota-Velasco, que no está en un buen momento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que le tiene pisada la habilitación de una mega mina de cobre en baja California. El cobre es el core bussines de este grupo, que tiene minas en México, España y Perú. En otra señal de su momento complejo en México, el año pasado intentó crecer en el sistema financiero, pero perdió la pulseada para quedarse con la operación del Citibanamex.
Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola, minera e industrial de la región del Cuyo a los puertos.
El presidente Javier Milei.
El grupo se quedó en los 90 con el tren de cargas que conecta a México con Texas y desarrollo know how en el tipo de cargas que trabajaría en la Argentina.
Sin embargo, la licitación plantea algunos desafíos. Al grupo mexicano no le convence el sistema Open Access que es uno de los puntos requeridos por el sector agroexportador. Ese sistema habilita a distintos operadores a circular por la misma infraestructura pagando un canon, algo que el Gobierno evalúa como forma de fomentar competencia.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los más fervientes defensores de la modalidad Open Access.
Para los mexicanos ese esquema diluye los incentivos a invertir, porque quien pone el capital no controla ni la vía ni la carga. La idea del Open Acces cobró fuerza durante el gobierno de Macri cuando Guillermo Dietrich se embanderó detrás de los intereses de los agroexportadores que reclamaban esta modalidad. Sin embargo, en el Grupo México recuerdan el antecedente del Reino Unido, donde la fragmentación del sistema terminó en mayores costos, menor eficiencia y una red ferroviaria degradada.
Aunque el Belgrano Cargas aparece como el principal interés del grupo de Larrera, en el sector afirman que la apuesta va más allá y el objetivo es avanzar sobre el control del sistema ferroviario de cargas en su conjunto, incluyendo también la línea San Martín, clave para la salida de la producción agrícola y minera a los puertos.
Con los mismos argumentos explican el rechazo al esquema de desintegración de la licitación, frente a la idea de la Casa Rosada de separar la concesión de las vías, los talleres y la operación, además de vender el material rodante existente para financiar obras. El planteo mexicano es exactamente el opuesto: sin control integral del sistema, el negocio no cierra. Más carga, trenes más largos y previsibilidad operativa son las únicas variables que permiten ganar competitividad frente al camión y justificar inversiones de largo plazo.
En el mercado estiman que poner en valor el sistema ferroviario argentino requiere inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares. El grupo mexicano asegura tener la espalda para afrontar ese desembolso, pero pone una condición central: que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sea aplicable a las privatizaciones ferroviarias.
Pero la avanzada mexicana deberá enfrentar intereseslocales. Un consorcio de grandes agroexportadoras -ACA, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill y Dreyfuss- impulsa una propuesta alternativa para quedarse con el Belgrano Cargas. En paralelo, la minera Rio Tinto sigue de cerca la definición del esquema logístico, clave para sus proyectos de litio y cobre.
Jorge Macri apuntó contra Juan Grabois y lo acusó de ser el «nombre y apellido» del «negocio de la pobreza».
Eso, tras una fiscalización del gobierno porteño a partir de la cual se denunció más de 5.000 raciones irregulares en 40 comedores cerrados recientemente, entre los que figuran personas fallecidas, dueños de inmuebles y jubilados millonarios.
Entre las investigadas, la Ciudad detalló que se encuentra una organización vinculada al diputado nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
En la fiscalización del Ministerio de Desarrollo Humano, se expuso que en los listados de beneficiarios de los comedores había personas fallecidas, otras con ingresos de más de $5 millones y dueños de autos y de inmuebles.
Dentro de los beneficiarios se encontró que figuraban como receptores de comida 454 personas fallecidas, 196 personas con dos o más inmuebles a su nombre, 1.517 personas con dos o más automóviles a su nombre y 476 personas con ingresos registrados superiores a $2 millones mensuales.
Ya se suspendieron más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de 40 comedores «fantasma» que no entregaban comida a los beneficiarios declarados.
También, 18 personas con ingresos registrados superiores a $5 millones mensuales, 23 personas inscriptas en categorías altas de monotributo (F, G, H y J), con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales, 40 jubilados con haberes superiores a $2 millones y cinco jubilados con haberes superiores a $5 millones.
El cruce de datos -señalaron- permitió detectar situaciones particulares, por ejemplo un hombre registrado como beneficiario de comedores que tiene 13 inmuebles y dos autos.
Otra persona que contaba con una embarcación y dos automóviles; un beneficiario con 11 autos registrados; y 18 personas con ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Estas inconsistencias fueron detectadas gracias a una fiscalización integral que la Ciudad viene llevando adelante en los más de 500 comedores que forman parte de su red de cobertura alimentaria.
Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso.
En la Ciudad señalaron que algunos de los espacios fiscalizados del Movimiento Popular La Dignidad que nunca funcionaron como comedores fueron los registrados como: «Los Amigos», en White 21 (Mataderos); «Caritas Felices», en Scappino 6846 (Mataderos); o «Pekes», en Bonorino 1851 (Flores).
«Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso», dijo en X Jorge Macri en alusión al Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones investigadas y que vinculan a Grabois.
En la Ciudad informaron que, actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria todos los días en la Ciudad, ya sea a través de comedores, espacios de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle o mediante la transferencia directa del programa Ciudadanía Porteña.
La implementación de tecnología, como la nueva App de registro de beneficiarios, permitió por primera vez identificar a cada persona asistida, seguir el recorrido de cada ración para que le llegue a quien lo necesita y detectar irregularidades en tiempo real.
«Fiscalizar es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente, y también para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor», dijo Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad.
Y agregó: «Así, además de cerrar comedores fantasma y terminar con las irregularidades, logramos que 35 chicos retomen la escuela y ya estén inscriptos en el ciclo lectivo 2026 y conectamos a 200 chicos con distintas colonias de verano de la Ciudad. Por otro lado, dos comedores que habían dejado de recibir sus raciones debido a las irregularidades detectadas con la organización social que los intermediaba fueron reabiertos de forma directa, sin intermediarios, y 50 familias volvieron a recibir su cobertura alimentaria».
Vista Energy, la petrolera fundada por Miguel Galuccio, consolida su expansión en Vaca Muerta con la reciente adquisición de activos estratégicos a la noruega Equinor por USD712 millones.
Se trata de bloques con reservas y producción con alto potencial de crecimiento que actualmente son operados por YPF, que también estuvo involucrada en la negociación.
En concreto, la operación incluyó el 30% de Bandurria Sur y el 50% de Bajo del Toro, lo que le permite a Vista proyectar superar los 150 mil barriles diarios y consolidarse como el principal productor independiente de crudo y el mayor exportador de petróleo de la Argentina.
Este lunes, las acciones de Vista Energy cotizaron USD60,5 en Wall Street, alcanzando una capitalización de mercado de USD6.320 millones. Así, en lo que va de 2026, la compañía de Galuccio acumula subas del 12%.
Como contó LPO, Vista apunta a incrementar la producción en un 60% en los próximos tres años y proyecta llegar a los 200 mil barriles diarios en 2030. Para eso, ya acumula inversiones por USD6.500 millones en la cuenca neuquina.
Una de las apuestas más fuertes la concretó en abril del año pasado, con la adquisición del 50% de La Amarga Chica, uno de los principales bloques de petróleo no convencional del país.
«Los bloques son ideales para complementar el portafolio de Vista, ya que aportan tanto reservas y producción básica como un amplio inventario de pozos de alta productividad listos para perforar y apuntalar nuestro crecimiento», dijo Galuccio.
Este lunes, las acciones de Vista Energy cotizaron USD60,5 en Wall Street, alcanzando una capitalización de mercado de USD6.320 millones. Así, en lo que va de 2026, la compañía de Galuccio acumula subas del 12%.
Además, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con YPF: «Estamos profundizando una experiencia de trabajo muy positiva, iniciada con la adquisición del 50% de La Amarga Chica, donde ya alcanzamos importantes sinergias operativas».
Vista proyecta para el segundo trimestre de 2026 cerrar esta operación que será financiada mediante una combinación de fondos propios y financiamiento bancario. El crédito será otorgado por un consorcio de bancos encabezado por Santander, Citi e Itaú, por un monto de hasta USD600 millones, con un plazo de cuatro años.
Una vez completada la transacción, YPF pasará a tener una participación del 44,9% en el bloque Bandurria Sur, mientras que Shell Argentina conservará el 30% y Vista el 25,1% restante.
En el bloque Bajo del Toro, en tanto, YPF contará con una participación del 65% y Vista con el 35% restante. YPF continuará siendo el operador de ambos bloques.
El bloque Bandurria Sur es una concesión de explotación de hidrocarburos no convencionales que, hasta 2025, contaba con 195 pozos en producción, alcanzando una 81.285 barriles, de los cuales 67.634 barriles por día fueron de petróleo. Vista estima que el bloque cuenta con un potencial remanente de 421 nuevas ubicaciones de pozos en su inventario (al 100% de participación).
En tanto, el bloque Bajo del Toro contaba a 2025 con 22 pozos en producción, alcanzando unos 4.191 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), de los cuales 3.565 barriles por día fueron de petróleo. Vista estima que el bloque cuenta con un potencial remanente de 396 nuevas ubicaciones de pozos en su inventario.
