Patricia Bullrich fue el miércoles pasado a pedirle apoyo a uno de los senadores aliados para acelerar el trámite de los pliegos de los jueces que mandó el gobierno pero su colega la frenó en seco. La ex ministra se sorprendió con la respuesta que tuvo que escuchar: «ahora no vamos a avanzar con esto, esperemos», le contestó el legislador.
Bullrich, que camina por los pasillos del Senado pletórica y enérgica, se quedó en silencio pero comprendió la dificultad del oficialismo por el escándalo de Manuel Adorni, antes que el contratista revelara que el funcionario le pagó USD 245 mil para hacer las refacciones de la casa en el country de Indio Cuá.
Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que los libertarios «están complicados» para juntar los votos que precisan en el recinto, algo que enciende las alarmas del ministro Juan Bautista Mahiques y una parte del Poder Judicial, donde se agolpan jueces y fiscales concursados para las más de 200 vacantes del sistema.
En rigor, los detalles sobre la cascada, el mármol travertino y el rumor de los sobresueldos detonaron la furia de los gobernadores, que ya venían masticando bronca por la falta de recursos en sus distritos y la intención de Javier Milei de eliminar las PASO. «Si no le mandan el telegrama de despido rápido, no habrá sesión por buen tiempo», dijo a LPO un legislador radical.
Otro integrante de la bancada de la UCR sostuvo que «el efecto Adorni está complicando mucho más que los pliegos». «Todo impacta en la gestión y la gestión necesita dar buenas noticias, por eso la falta de gestión del gobierno es tan negativa e impactante como la mala gestión», comentó.
El peronismo seguía deliberando al cierre de esta nota sobre la chance de judicializar la pelea por los lugares que le quitó Bullrich en las comisiones en general y la de Acuerdos en particular, donde se dictaminan precisamente los pliegos de los jueces. Pero el peso del interbloque de José Mayans, que cuenta con 25 miembros, se juega más que nada en el recinto: con solo 12 voluntades más, la oposición puede voltear los pliegos de los candidatos que mandaron Milei y Mahiques.
Juan Bautista Mahiques.
Ese cálculo inquieta a Bullrich. Los radicales son 10 pero, además, presta atención a los movimientos de aliados como Flavia Royón, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Los cuatro se mueven en tándem con los designios de los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
Pero a ese lote se puede sumar el nombre del correntino Carlos «Camau» Espínola, que colaboró desde el principio con las leyes importantes para la Casa Rosada pero figura ahora entre los que pondrían reparos. «Los dialoguistas miran mucho al oficialismo y, si comienza el desbande, no serán ellos los que entren a la tumba», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones en el Congreso.
Si no le mandan el telegrama de despido rápido a Adorni, no habrá sesión por buen tiempo.
También es una incógnita la conducta que podrían adoptar los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, lo mismo que los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce.
Como sea, el plan del ministro de Justicia es avanzar con el envío de 30 pliegos más en estos días, mientras continúa el cronograma de audiencias públicas para los candidatos cuyos expedientes ya ingresaron a la comisión de Acuerdos. En total, Milei habrá remitido cuando culmine esta nueva tanda un centenar de pliegos pero Bullrich deberá sortear la dificultad de conseguir el respaldo de los senadores que responden a gobernadores cercanos a la Rosada, durante el casting de Karina para encontrarle un relevo a Adorni.
El General de Brigada, Sergio Maldonado, presentó su renuncia como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armada, a solo tres meses de haberse creado tras la disolución del IOSFA.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica.
Además, el pasado primero de mayo se produjo el suicidio de un suboficial retirado en medio de esta crisis y eso habría sido el detonante de la salida del ahora ex funcionario.
El Gobierno buscaba descomprimir la dramática situación con la nueva obra social pero todavía no queda claro la manera en la que Defensa se hará cargo de una deuda de 200 mil millones de pesos que tiene a los afiliados sin cobertura y en muchos casos tiene que transitar enfermedades graves y tratamientos complejos de su bolsillo.
Esto, generó movilizaciones en ciudades importantes como Mar del Plata en donde se concentraron en una de las clínicas que reclama una deuda millonaria.
El Ministerio de Defensa informó ante Diputados que la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo.
LPO reveló en exclusivo que el ante el grado de desesperación para hacer frente a estos compromisos, Carlos Presti evalúa rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda. El documento oficial al que accedió a LPO el pasado 23 de marzo, propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
Justamente, el gobierno publicó un decreto en el que abre el juego para la venta de esos territorios, lo que generó una extrema preocupación en bloques políticos de Mar del Plata, dado que la ciudad balnearia tiene una importante cantidad de inmuebles.
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo
La crisis de la obra social se originó en su totalidad en esta gestión libertaria, con los manejos de los funcionaros que respondían a Luis Petri y que fue generando una bola de nieve hasta llegar a la situación actual.
Pero además del abandono que sufren los militares afiliados para tener una cobertura médica, en las Fuerzas Armadas apareció otro malestar desde la asunción del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti. La Fuerza Aérea lo acusa de «teñir de verde» el Ministerio al colocar a gente de confianza del Ejército de manera mayoritaria en todas las áreas, tanto del ministerio como las empresas que dependen de Defensa.
LPO publicó en exclusivo que las críticas internas a los hombres de Petri en IOSFA era que usaban los recursos de los afiliados para la campaña electoral en Mendoza. Dentro de los supuestos cobradores de campaña aparecen Surabelle y el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
El nuevo emprendimiento de Riccomi es el inmobiliario, en especial en Funes, la ciudad pegada a Rosario donde están los mayores barrios privados, donde tienen casa Lionel Messi y Ángel Di María.
Mientras Victoria Villarruel acelera su estrategia de diferenciarse del Gobierno a partir del caso Adorni, en la provincia apareció un armado que promueve a la vice de cara a 2027 y ya sumó a dirigentes excluídos de La Libertad Avanza.
El incipiente espacio tiene su base en el noroeste bonaerense y tiene como armador seccional a Norberto Delgado, un dirigente que tuvo su última experiencia política en la región con Florencio Randazzo.
«Vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento», dijo Delgado al diario La Verdad, al anunciar la incorporación al espacio de quien fue el candidato a intendente de LLA en Junín en 2023, Javier Souto. Por lo pronto, ya comenzaron las pintadas con la leyenda «Victoria Villarruel 2027».
Eso, tras conocerse recientes encuestas que ponen a la vice por encima de Milei. Un estudio de Zuban Córdoba expuso a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, cifra que la pone por primera vez arriba del presidente, que apareció con una intención de voto de 31,4%.
En Junín, esta irrupción amenaza con tener su reflejo en el Concejo Deliberante, considerando que la concejal Belén Veronelli responde a Souto y ya viene despegada del armado local que responde a Sebastián Pareja.
En el nuevo armado señalaron a LPO que hay conversaciones avanzadas con más de 50 concejales y dirigentes libertarios de la provincia que actualmente están excluidos por el karinismo.
En las últimas legislativas, Veronelli denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pagar pautas publicitarias en medios locales.
En el nuevo armado señalaron a LPO que hay conversaciones avanzadas con más de 50 concejales y dirigentes libertarios de la provincia que actualmente están excluidos por el karinismo.
«El lanzamiento no es oficial. Se va a hacer después del mundial», dicen en referencia a la estructura provincial de Villarruel y aseguran que, próximamente, Delgado mantendrá una reunión con la vice.
En la Cuarta sección hay dirigentes con llegada a la vice que no descartan una futura incursión electoral bajo el paraguas de Villarruel pero que se despegan del nuevo armado y aseguran que la representatividad territorial que dicen tener es «autoproclamada».
Alguien que se mostró recientemente con la vice fue el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. Sin embargo, cerca del municipio chivilcoyano aclararon a LPO que el jefe comunal no tiene nada que ver con el armado lanzado esta semana en Junín.
Quienes charlan con Villarruel señalaron a LPO que, por lo pronto, no dará definiciones de corte electoral a 2027. «Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca», dijo una fuente con llegada a la vice.
Britos había sido el Plan A de Milei a la Gobernación en 2023, pero la negativa del intendente chivilcoyano hizo que finalmente vaya Carolina Píparo. Ahora, el ex comisario muestra diálogo abierto con Villarruel, que visitó el distrito el 2 de abril pasado, con motivo del acto por Malvinas.
En Chivilcoy, fuentes confiables aseguran que Britos no descarta jugar en 2027 con Villarruel de darse algún armado con peronistas, pero que lo descarta por completo en caso de darse un acercamiento de la vice con Macri.
En tanto, la vice refuerza su perfil crítico del Gobierno con el caso Adorni. Días atrás, pegó el faltazo a la misa oficial en homenaje al Papa Francisco realizada en la Basílica de Luján, para no salir en la foto con el jefe de Gabinete, envuelto en un creciente escándalo por denuncias de corrupción.
«Era un acto donde estaba lo peor de la casta política», dijo la vicepresidenta cuando la abordó la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Esta semana, tras conocerse la cascada que Adorni encargó en su casa del country Indio Cua, Villarruel lanzó una lapidaria chicana en redes al hacer un saludo de cumpleaños en redes: «Que tengas una cascada de éxitos este año!!», escribió en X.
Quienes charlan con Villarruel señalaron a LPO que, por lo pronto, no dará definiciones de corte electoral a 2027. «Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca», dijo una fuente con llegada a la vice.
Axel Kicillof reunió en La Plata a un grupo de rectores de universidades nacionales. Fue una reunión política que se da en la antesala de una nueva marcha universitaria pautada para el 12 de mayo. El gobernador comprometió su respaldo a la movilización tanto del gobierno provincial como del PJ bonaerense.
Unos 20 rectores llegaron este mediodía a Casa de Gobierno para conversar con Kicillof. Se trata de un grupo de unos 30 representantes de universidades nacionales que articulan en distintos espacios del peronismo. A pesar de las distintas miradas en el grupo, existe una premisa: deben trabajar juntos por la defensa de los fondos nacionales que recortó el gobierno de Javier Milei.
En la reunión, los rectores reconocieron el esfuerzo de la provincia de Buenos Aires con aportes a las universidades en materia de infraestructura y a través del boleto estudiantil. Por su parte, Kicillof brindó su apoyo a las instituciones educativas en un momento de fuerte ajuste.
La movilización de la semana próxima buscará visibilizar el reclamo por cumplimiento de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario. Además, reclaman la actualización de las partidas de funcionamiento universitario para garantizar la continuidad de la actividad académica y becas estudiantiles.
Según rectores que estuvieron en la reunión, Kicillof buscó interiorizarse de la situación de las universidades de otras provincias. Además, se mostraron optimistas ante la posibilidad de recibir invitaciones de este tipo por parte de otros gobernadores.
«Tenemos que construir un gran marco que apoye a las universidades y a la ciencia. Kicillof nos demostró que tiene un plan para las universidades», dijo a LPO Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue. «Durante la charla se plantearon distintos lineamientos para defender a la universidad pública. Entender que no se trata de la defensa a una corporación sino que es la defensa de un proyecto de país», agregó Gentile.
Esa casa de altos estudios mantiene vínculos sólidos con el gobierno bonaerense. El año pasado esa universidad firmó convenios con la provincia para impulsar la cooperación y llevar oferta académica a diversos municipios bonaerenses.
El programa Puentes financia la creación o mejora de centros universitarios locales y subsidia el dictado de tecnicaturas, licenciaturas y diplomaturas en municipios que no cuentan con sedes universitarias propias, facilitando el estudio sin traslados.
En el encuentro estuvieron María Alejandra Zinni (Universidad de Quilmes), Germán Oestmann (Universidad del Chaco Austral), Daniel Martínez (Universidad de La Matanza), Carlos Greco (Universidad de San Martín), Jaime Perczyk (Universidad de Hurlingham), Jorge Calzoni (Universidad de Avellaneda), Sandra Torlucci (Universidad de las Artes), Walter Panessi (Universidad de Luján), Natalia Álvarez Gómez (Universidad de La Rioja), Oscar Alpa (Universidad de La Pampa), Anselmo Torres (Universidad de Río Negro) y Darío Kusinsky (Universidad de José C. Paz).
También estuvo Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Su presencia en La Plata no es casual toda vez que Kicillof estará la semana que viene en Córdoba y en su agenda tiene prevista la firma de acuerdos con esa casa de estudios.
Se avanzará en dos convenios: uno vinculado al ministerio de Desarrollo Agrario y otro relacionado con la implementación de carreras universitarias en suelo bonaerense, en el marco del programa Puentes.
Además, participará en el Congreso de delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) en La Falda, junto al titular del gremio y referente de la CGT, Héctor Daer. La agenda sindical le permite a Kicillof pisar Córdoba sin quedar atado a ninguna estructura política local en particular. Es que por el momento no hay encuentro agendado con el gobernador Martín Llaryora. Tampoco con la diputada Natalia De la Sota, que aparece como una eventual compañera de fórmula.
En Córdoba, Kicillof presentará además su libro «De Smith a Keynes», en lo que será otro guiño a un electorado al que busca interpelar desde un perfil más intelectual y menos partidario.
El gobierno porteño clausuró un corralón ilegal que abastecía a las construcciones que se realizaban en el Barrio 31.
A fines de marzo, la Ciudad prohibió la entrada de materiales de construcción a la Villa 31 para evitar nuevas construcciones y frenar el crecimiento del barrio.
A partir de ese momento los inspectores porteños clausuraron cinco corralones. Además, la Ciudad realizó operativos de saturación para reforzar la seguridad, montó retenes policiales y peatonalizó calles para evitar que sigan entrando materiales de construcción
«Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa, pero se terminó. Por si no les quedó claro, los corralones que venden materiales para que crezca la Villa 31 no van más. Ley y orden», dijo Jorge Macri.
El corralón cerrado el martes ya había sido clausurado la semana pasada y el gobierno soldó el portón de acceso. Sin embargo, la entrada fue violentada.
Funcionarios porteños encontraron una persona que intentaba retirar materiales y fue detenida junto a otras tres que también habían ingresado al predio de manera ilegal.
Según explicaron desde el gobierno «el corralón clausurado acopiaba grandes cantidades de ladrillos, hierro, arena y otros insumos».
A pocos meses de asumir la conducción de YPF, la administración libertaria anunció el Proyecto Andes – Oportunidad de inversión en gas y petróleo convencional. Se trata de uno de los pilares de una estrategia más amplia denominada Plan 4×4, que propone cuadruplicar el valor de la empresa en un periodo de 4 años y alcanzar exportaciones por 30.000 millones de dólares para 2031. Así, la nueva gestión anunció lo que sería el inicio de un proceso de profundas transformaciones hacia adentro de la empresa energética de bandera nacional, sin preguntarse a qué costo o qué implicancias tiene esta gran estrategia para los territorios que viven por y para el petróleo. Esos efectos están empezando a verse ahora.
La columna vertebral del plan es maximizar los recursos financieros destinados a exploración y extracción de hidrocarburos, y concentrarlos en los yacimientos más productivos de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. El plan de racionalización y optimización de sus activos (Proyecto Andes) representa el primer paso; es decir, el abandono masivo de campos “maduros” de baja productividad ubicados en la región patagónica y Mendoza. El principal argumento de la empresa para llevar calma a los territorios afectados era que operadoras más pequeñas iban a apostar a nuevas tecnologías y ser más eficientes en procesos (con menor intensidad de mano de obra), para alcanzar niveles de productividad y rentabilidad acordes.
Este cambio abrupto dentro del sector petrolero tuvo una baja repercusión mediática. Sin embargo, para la zona de la Cuenca del Golfo San Jorge – que se extiende sobre 70.000 kilómetros cuadrados entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz – fue como un baldazo de agua fría, en invierno. Nadie intuía que del día a la noche le estuvieran poniendo la tapa al cajón de la que fuera durante más de cien años la principal cuenca petrolífera del país y la segunda cuenca convencional más importante en la actualidad.
Este territorio semidesértico se caracteriza por un clima árido y ventoso, lo cual históricamente ha representado una barrera para el arraigo de las personas que migraron a estas zonas, atraídas por las oportunidades laborales en torno a la actividad hidrocarburífera.
El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa.
A pesar de ser una de las zonas con menor densidad poblacional del país, en este amplio territorio habitan aproximadamente 375.764 habitantes. Cerca del 90% de la población se concentra en los dos principales aglomerados urbanos: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Chubut (57%) y Caleta Olivia, Santa Cruz (33%). En estas ciudades, que están a menos de 70 kilómetros de distancia entre sí, se localizan los principales parques industriales y el entramado de empresas del sector hidrocarburífero. Son ciudades que viven por, para y del petróleo.
El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa. Aquella vez no sólo se entregaron capacidades estatales estratégicas para regular, gestionar y planificar la explotación del principal recurso energético a manos extranjeras (de los pocos casos en el mundo); también se le quitó cualquier tipo de condicionamiento sobre los planes de acción de los nuevos propietarios o previsión sobre las consecuencias del impacto económico y social.
La reestructuración interna de la empresa significó en aquellos años la pérdida de miles de puestos de trabajo y un fuerte deterioro de la economía local en Comodoro Rivadavia, al igual que otras ciudades de la cuenca. La transformación del sector en dicho momento también se llevó gran parte de la identidad ypfeana, el conjunto de símbolos y valores que unían a los empleados de la empresa estatal y los distinguía. Tal como sostiene un informe reciente de FUNDAR, esto se explica en buena medida porque YPF además de empleo estable y bien remunerado, ofrecía a las “familias ypfeanas” protección social, servicios y un fuerte sentido de identidad compartida.
Mosconi, Repsol, y la recuperación
El descubrimiento de petróleo el 13 de diciembre de 1907 en la ciudad Comodoro Rivadavia marcó un quiebre significativo para este territorio, así como también para la historia política y económica del país. Argentina era el segundo país de América del Sur en superficie y dependía casi enteramente del combustible importado.
La futura “capital nacional del petróleo” también sería testigo de la creación de la primera empresa petrolera estatal de Latinoamérica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), luego de arduas disputas entre legisladores y funcionarios del Estado que propugnaban por una política nacionalista y aquellos (en gran parte de las provincias) que apoyaban el desarrollo de la industria en manos de capitales privados y extranjeros.
Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se impulsó una política petrolera extremadamente agresiva, restringiendo la operación de las compañías petroleras extranjeras. Al mismo tiempo, se delegó el mando de la compañía al coronel Enrique Mosconi, consagrado oficial que consideraba que el desarrollo de la industria petrolera estatal era un asunto que merecía la más alta prioridad nacional. El coronel Mosconi implementó un ambicioso plan para incrementar la producción de la empresa estatal, hacerla crecer aguas abajo, a partir de la compra de las estaciones de servicios, la construcción de refinerías, y la mejora en las condiciones de vida de los obreros petroleros en el territorio. Además, Mosconi sentó las bases para convertir YPF en un símbolo, al transmitir tanto a los empleados de la empresa, como al conjunto de la sociedad y diferentes países de la región, la importancia de una empresa petrolera estatal para alcanzar la soberanía energética y el desarrollo nacional.
La empresa supliría la presencia del Estado, que cubría pocas demandas en Comodoro Rivadavia. En este sentido, la identidad ypefiana también actuaba como un factor de diferenciación social importante, respecto del resto de los comodorenses (no-ypefeanos) que no gozaban de esa vasta red de instituciones prestadoras de beneficios sociales que sostenía la petrolera estatal.
Hasta fines de la década de 1980, la explotación petrolera en el país se expandió impulsada principalmente por la empresa nacional, como parte de una política estatal de autoabastecimiento del mercado interno y desarrollo de las economías regionales. En este marco, la estructura productiva de Comodoro Rivadavia y otras localidades de la Cuenca del Golfo San Jorge (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras) se conformaron con un papel muy específico: proveedor de los recursos energéticos necesarios para el desarrollo industrial de los grandes centros urbanos del país. En Comodoro Rivadavia se gestó un denso entramado de empresas industriales, principalmente metalmecánicas, vinculadas al sector hidrocarburífero, el ferroviario y portuario.
Las necesidades de la industria favorecieron el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (privada y de origen confesional), que luego se fusionaría con la Universidad Nacional de la Patagonia (de carácter nacional y estatal) en 1980. Esta se orientó a la formación y capacitación de los recursos humanos demandados, como geólogos, biólogos e ingenieros. A su vez, se fue equipando y creando laboratorios para la provisión de servicios específicos para la industria. En este sentido, la historia de YPF, estuvo fuertemente asociada a ideales de autodeterminación e industrialización y sirvió de ejemplo para el modelo que adoptaron otras petroleras estatales en Sudamérica.
La privatización de los 90 generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Cabe recordar que aquellos territorios petroleros serían la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.
Tras la privatización de YPF en los 90 menemistas, la empresa dejó de ser un actor central en la organización y planificación del desarrollo económico y social del territorio. Redujo sus capacidades técnicas y productivas a la mínima expresión, y su mandato se limitó a la coordinación de la producción petrolífera y las decisiones de inversión, con la premisa de maximizar la rentabilidad de corto plazo (en función de los intereses de los accionistas). Contrariamente, a través de contratos de explotación y de servicios creció la participación de empresas nacionales e internacionales en la explotación de los yacimientos mayoritariamente descubiertos por la inversión estatal. Emergieron nuevas empresas operadoras: concesionarias de los yacimientos, siendo su actividad núcleo la extracción de petróleo. Estas empresas, con la capacidad técnica para desarrollar los proyectos y actividades de explotación, eran mayormente empresas petroleras internacionalizadas (con control total o parcial de capitales extranjeros) y pasaron a regular el ritmo de explotación petrolera en la cuenca en función de variables de mercado (principalmente, el precio del barril de petróleo). Al mismo tiempo, aplicaron mecanismos de governance a la relación con los proveedores locales, bajo la lógica de una cadena de valor de tipo cautiva. Es decir, relaciones asimétricas entre pequeños y medianos proveedores con unos pocos compradores que detentaban gran poder para establecer las condiciones contractuales (tarifas, tareas, responsabilidades, etc.) y trasladar los riesgos económicos.
Esta transformación estructural dentro de la cadena de valor generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Es bueno recordar también, que los territorios petroleros (destacándose la Cuenca Neuquina) serán la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.
Históricamente la cuenca se ha concentrado en las actividades de exploración y explotación (extracción y primer tratamiento) de petróleo y gas, que representan el primer anillo dentro de la cadena de valor del petróleo y gas, denominado Upstream. El siguiente anillo, Midstream, es el almacenamiento y transporte del petróleo como el gas extraído (por buques o gasoductos, respectivamente) hacia Buenos Aires o mercados de exportación. El último anillo es el Downstream, que corresponde a la refinación, comercialización y distribución de distintos productos finales, como naftas, gasoil, entre otros.
La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. . Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador, es decir, los eslabones de mayor valor agregado se completan por fuera de la región, lo que la configura como un enclave energético y limita su articulación productiva interna.
En este sentido, a pesar de haber sido la principal cuenca productora de petróleo del país por más de 100 años, YPF no asentó allí destilerías como en otras localidades (Neuquén, Salta y Mendoza ), aún con niveles de producción significativamente menores.
La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador.
Ante la sostenida inacción de Repsol-YPF en términos de inversión y producción, en mayo de 2012 el Gobierno Nacional tomó la decisión, retomando el espíritu de Mosconi, de impulsar la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, y expropiar el 51% del paquete accionario de la empresa Repsol. A partir de ese momento, el desarrollo masivo de los recursos no convencionales para convertir a Argentina en exportador neto de energía pasó a ser prácticamente una política de Estado para las sucesivas administraciones nacionales. Luego de la sanción de la Ley Nº 27.007, de fines de 2014, que regula las formas de operar los hidrocarburos no convencionales, YPF comenzó a buscar asociaciones con grandes firmas nacionales e internacionales (Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Dow Chemical, Petronas, entre otras) para adquirir más rápidamente las tecnologías necesarias, disminuir los plazos de aprendizaje y conseguir el capital del que no disponía el país.
En una primera etapa, YPF se enfocó en los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta y Los Molles) y los del Golfo San Jorge (D-129 y Aguada Bandera), en donde el conocimiento del subsuelo y la infraestructura instalada permitirían acelerar la puesta de la producción en el mercado. Sin embargo, con menores niveles de reservas potenciales y luego de algunas pruebas piloto fallidas, la Cuenca del GSJ perdería centralidad a medida que Vaca Muerta se transformaba en la promesa de la salvación nacional.
Crónica de una crisis anunciada
Las nuevas operadoras, aquellas que suceden a YPF en la cuenca del Golfo San Jorge, mantienen cierto hermetismo sobre sus planes de inversión y producción, y hasta el momento sólo han avanzado en un proceso de restructuración de contratos con los distintos anillos de proveedores, integrados por prestadoras de servicios internacionales, grandes empresas nacionales y un gran número de PYMES locales.
Entre las empresas locales resuena la consigna de que hay que tratar de reducir costos como sea, porque la capacidad financiera de las operadoras es significativamente menor que la de YPF. Sin embargo, todos son conscientes de que el boom productivo que atraviesa la Cuenca Neuquina, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, es el espejo invertido de lo que sucede en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Según el estudio de FUNDAR, el auge productivo y de inversión sin precedentes que experimenta la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) y la crisis estructural de desinversión y pérdida de empleo que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) “son las dos caras de una misma moneda: un proceso de reasignación de capital y reconversión productiva que está redibujando el mapa socioeconómico de la Patagonia, con ganadores y perdedores claramente definidos”.
La magnitud de la transformación sectorial se verifica a través del aumento en la participación de los recursos no convencionales que se extraen en Vaca Muerta. En 2017, los recursos no convencionales representaban el 9% de la producción de petróleo y el 24% de la de gas natural; para los primeros nueve meses de 2025, su participación se había elevado al 61% y 64%, respectivamente. Tal como sostienen los autores del reciente estudio, “si bien la caída porcentual más pronunciada corresponde a la cuenca Noroeste, es la reducción del Golfo San Jorge la que representa el mayor impacto en términos absolutos, dado su rol como segunda cuenca más importante del país”.
Las reservas de Vaca Muerta posicionan al país como un player global y, sin dudas, tiene el potencial para contribuir al autoabastecimiento energético y la generación de un flujo de miles de millones de divisas genuinas que contribuyan a relajar la tan mentada restricción externa (aunque el gobierno liberal no comulgue con este concepto). Sin embargo, la forma de aprovechar esta ventana de oportunidad en el marco de la transición energética no es trivial, más aún sí queremos impulsar un bloque de desarrollo, con capacidad para generar una transformación estructural de la economía nacional. En términos del desarrollo económico, el riesgo pasa por quedar estancados en la producción de un bien commodity de tipo enclave, mientras contribuimos al desarrollo económico de otros países, que dispondrán de un insumo estratégico a bajo costo para ser competitivos en actividades de mayor agregado de valor.
La decisión de reorganizar de forma drástica el Upstream petrolero siguiendo exclusivamente metas financieras y señales de precios (o “de mercado”), puede ser contraproducente. En este sentido, la necesidad de generar recursos líquidos para maximizar las inversiones en Vaca Muerta condujo a YPF a desprenderse de yacimientos convencionales históricamente productivos, e incluso de otras unidades de negocios muy redituables como, por ejemplo, la venta de su participación accionaria en Profertil en diciembre de 2025. Esta empresa es de los productores de urea y amoníaco más eficientes del mundo, y cubre cerca del 60% del consumo de urea de Argentina. Un activo estratégico para un país productor de alimentos y, más aún, en un contexto global en el que la guerra disparó el precio de los fertilizantes a la par que generó restricciones de suministro.
La retirada de YPF de la Cuenca del GSJ fue acompañada por otras operadoras, como Tecpetrol (de Techint), que también habían empezado a redireccionar sus inversiones hacia Vaca Muerta unos años atrás. El panorama de una fuerte contracción del mercado local a corto plazo, desencadenó un efecto dominó sobre el resto de la cadena de valor local.
Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales.
Las empresas que componen el primer anillo de proveedores, mayoritariamente de capital extranjero, fueron de las primeras que impulsaron retiros voluntarios masivos, achicando drásticamente su nómina de empleados o, directamente, levantaron campamento (para concentrarse en Vaca Muerta). Estas empresas brindan servicios específicos fundamentalmente de perforación y puesta en producción de pozos a las empresas operadoras, como: perforación, cementación, construcción de las instalaciones de superficie, terminación, work over (intervención de pozos para repararlos o aumentar su producción), pulling (operaciones en el fondo del pozo) y mantenimiento. La retirada de estas compañías no sólo implica la pérdida de empleos, sino también de tecnología y conocimiento especializado, lo cual encarece las operaciones y obstruye las posibilidad de recuperar la producción.
La contracción del primer anillo de proveedores naturalmente impactó sobre el segundo anillo de proveedores, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas (y algunas grandes) de capitales locales, que debieron reducir personal y ajustar estructuras de gastos, a costa de sobreendeudarse, para adaptarse a nuevas tarifas. Muchas de estas empresas son familiares, conducidas por las segundas o terceras generaciones, que durante décadas han hundido capital en tecnología y capacidades productivas locales. Contribuyendo a la formación de trabajadores calificados, con saberes específicos, y a la generación de nuevo conocimiento y soluciones tecnológicas exportables.
Hasta el momento el saldo de la salida de YPF de la Cuenca del GSJ se tradujo en una drástica destrucción de miles de puestos de trabajo, que incluso superan el boom de empleo en Vaca Muerta. Según estimaciones del municipio comodorense, sólo en la provincia de Chubut, entre diciembre de 2023 y el tercer trimestre de 2025, se destruyeron más de 6.700 empleos privados registrados, sin incluir otros sectores de la economía. Esta tendencia se profundizó en los últimos meses, aunque todavía no se dispone de estadísticas oficiales que cierren los números precisos.
Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales. Por otra parte, la contracción del nivel de actividad en la industria del petróleo y gas tiene un impacto relevante en los ingresos provinciales y de los municipios de la Cuenca del GSJ, provenientes de las regalías petroleras que tributan las operadoras. Este cuadro de situación se ve agravado en un contexto de fuerte contracción del gasto público nacional, que está reduciendo la masa de ingresos reales disponibles de los empleados públicos nacionales y, efecto multiplicador mediante, el nivel de actividad de la ciudad. Así, este encadenamiento de golpes pone en jaque la viabilidad económica de una provincia entera.
Visiones de futuro
El proceso de transición y traspaso de las áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge deja al descubierto problemáticas institucionales estructurales, propias de un territorio periférico que históricamente se desarrolló a partir de una integración subordinada al sistema capitalista nacional. Esto ha generado sentimientos encontrados en la población comodorense. Algunos responsabilizan a las instituciones y actores locales (sindicatos, funcionarios y otros) por las ineficiencias y falta de competitividad sistémica del territorio. Otros, más optimistas, tienen esperanzas de que las nuevas operadoras puedan recuperar la producción (tras años de desinversión de YPF en la Cuenca), logrando reducir costos y mejorando la productividad media. Sin embargo, para una gran mayoría representa la estocada final desde las heridas abiertas por la privatización de YPF en la década de los noventa.
La transformación estructural dentro del sector de petróleo y gas (azuzada por la transición energética global) y la absoluta desconexión y retirada del gobierno nacional, desataron una crisis sin precedentes para la estructura socioeconómica de este territorio extractivista. Al mismo tiempo, cristalizó las debilidades y limitaciones institucionales y productivas de un territorio periférico que, tras años de bonanza, deberá aprender a navegar contra el viento. Esto implica un desafío enorme para Comodoro Rivadavia y cuenca del GSJ en general.
En la región existen otras actividades extractivas (minería) y/o energéticas (energía eólica, hidrógeno de bajas emisiones y derivados) que hace tiempo están en la agenda pública, por su potencialidad para movilizar capital e inversiones millonarias que logren compensar la caída de la inversión en el sector hidrocarburífero. Estos proyectos pueden tener un rol estructurante para el desarrollo local a mediano/largo plazo, en la medida que se desarrollen estrategias y hojas de ruta que realmente discutan dos aspectos centrales: 1) marcos regulatorios y de gobernanza que promuevan la agregación de valor local, dentro de las cadenas energéticos y/o otras industriales asociadas, y 2) férreos mecanismos de control y saneamiento socio-ambiental, consensuados políticamente y con licencia social. Un primer paso necesario, es migrar de la mirada de los recursos naturales como meros commodities (mercancías), a la de recursos naturales estratégicos y, al mismo tiempo, como bienes comunes, es decir recursos compartidos por una comunidad. Tal como sostiene el documento de FUNDAR, los reclamos por exigencias de “reparación” social, infraestructura y abordaje de pasivos ambientales tras la privatización de YPF y retirada del estado del territorio, “son antecedentes que muestran que la ausencia de planificación en contextos de declive extractivo suele traducirse en crisis multidimensionales difíciles de revertir”.
Sin embargo, el territorio tiene otras ventajas naturales y geográficas y capacidades creadas (productivas, científicas y tecnológicas), para recuperarse y comenzar a transitar nuevas trayectorias tecno-productivas que contribuyan a un proceso de diversificación productiva en base a la innovación y la agregación de valor. A corto plazo, existen oportunidades concretas en productos de alto valor agregado y con potencial exportador (olivos, vid, cerezas, productos biotecnológicos, acuicultura y economía circular en torno a los desechos de la pesca) así como servicios turísticos. La mayoría de estos productos y servicios, conforman líneas de investigación prolíficas en instituciones científicas locales, como el Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP) y son impulsadas desde la agencia municipal Comodoro Conocimiento, a partir de la articulación público-privada. Transformar estas experiencias “piloto” en proyectos de escala comercial y crear nuevos polos, clusters o distritos industriales, es un camino largo y sinuoso que no puede transitar el municipio sólo, sin una política industrial y científico-tecnológica coherente y federal detrás.
Como respuesta al abandono por parte de YPF, el municipio y, en particular, la Agencia Comodoro Conocimiento, están conduciendo un estudio de base para fortalecer el sistema regional de innovación (SRI), que incluye talleres participativos y espacios de intercambio con las fuerzas vivas locales. El objetivo de acercar los subsistemas responsables de la generación de conocimiento (universidades e instituciones de ciencia y técnica), de explotar ese conocimiento (fundamentalmente, las empresas), de apoyo a la innovación (centros tecnológicos y empresas de bienes de equipo y servicios avanzados) y de financiamiento de las actividades de innovación, es fundamental en un territorio aislado geográficamente y periférico en términos económicos y políticos. La planificación articulada y coordinada entre los actores institucionales que participan del SRI ya no es opcional. El conocimiento tácito acumulado localmente, las redes de conocimiento y aprendizaje colectivo y las capacidades específicas son bienes comunes indivisibles del territorio, claves para la transición y el desarrollo local.
