Sociedad

Guillermo Dietrich estaría detrás del lobby de la empresa belga DEME, que perdió la licitación por la Hidrovía frente a Jan de Nul y ahora busca ensuciar el proceso. El ex ministro de Transporte de Macri es mencionado en el sector como el operador de DEME, con quien, afirman, acordó trabajar.

Mauricio Macri siempre quiso tener el control de la Hidrovía. Intentó hacerlo durante su gobierno y no pudo. Luego avanzó durante el gobierno de Javier Milei y eso generó un fuerte roce con Santiago Caputo, quien lo acusó de sabotear el primer intento de licitación, que logró detonar.

De hecho, entre los nombres que Macri promovía como funcionarios al inicio de la gestión de Milei, cuando creía posible un «take over» del gobierno libertario, estaba el de Dietrich que en las conversaciones dejaba en claro su interés por controlar la licitación de la Hidrovía.

Jan de Nul acusa a DEME de evadir IVA para ofrecer un peaje más barato en la Hidrovía

Macri buscó en principio que la holandesa se quede con una parte del negocio. Quien movió sus vínculos para que el ex presidente impulse ese consorcio fue la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta.

El problema fue que Boskalis, una de las principales empresas holandesas en negocios marítimos y fluviales, no contaba con la capacidad operativa para hacerse cargo del total de la hidrovía. Por eso Macri trabajó para que la licitación sea por partes y que diferentes empresas se queden con distintos tramos. Esto tenía una contra: el Estado se tenía que hacer cargo de los tramos menos redituables y encarecía el peaje.

Entre los nombres que Macri promovía como funcionarios al inicio de la gestión de Milei, cuando creía posible un «take over» del gobierno libertario, estaba el de Dietrich que en las conversaciones dejaba en claro su interés por controlar la licitación de la Hidrovía.

En el mercado afirman que Dietrich estuvo detrás de la avanzada contra la empresa Jan De Nul quien -asociada a la firma argentina Servimagnus- ganó la pulseada contra DEME por la administración de la vía navegable.

Según el dictamen de la Comisión Evaluadora de la licitación internacional la unión Jan De Nul-Servimagnus obtuvo el mejor desempeño en las etapas de evaluación técnica y antecedentes, alcanzando 66,20 puntos, mientras que la oferta de DEME logró 42,14 puntos.

LPO contó que la diferencia se produjo en la valoración técnica, toda vez que ambas empresas presentaron exactamente las mismas tarifas económicas para las tres etapas de la concesión y consiguieron el puntaje máximo en ese apartado.

La empresa ganadora acreditó experiencia por más de 210 millones de metros cúbicos dragados en la Hidrovía y otros proyectos internacionales, además de antecedentes en balizamiento y mantenimiento de vías navegables similares.

Pese a la derrota, DEME no se dio por vencidos y difundió que estaba en condiciones de operar la Hidrovía con una tarifa 17,4% inferior a la prevista en el proceso licitatorio. Según la empresa belga, esa reducción permitiría un ahorro de cientos de millones de dólares para exportadores, importadores y usuarios de la vía navegable.

Jan De Nul salió al cruce de esa oferta y sostuvo que ese supuesto ahorro no surge de una mayor eficiencia operativa sino fundamentalmente de la omisión del pago de impuestos como el IVA, un esquema de inversiones significativamente menor al previsto en los pliegos y errores en la estimación de los ingresos futuros de la concesión.

El caso de la nutria cruelmente asesinada en Bahía Blanca derivó en un escándalo en el Concejo Deliberante cuando varios concejales recibieron amenazas de muerte y agresiones por negarse a declarar personas no gratas a los dos jóvenes que mataron al animal en el Barrio Universitario mientras se filmaban.

Fue la presidenta del cuerpo, Gisela Caputo (PRO), quien presentó un proyecto para declarar personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los dos estudiantes universitarios oriundos de Coronel Suárez.

El proyecto de Caputo generó revuelo de inmediato y pareció exagerado. Quienes se negaba a acompañarlo recordaron que la última persona que fue declarada como no grata en Bahía Blanca fue el represor Alfredo Astiz en 1998.

De modo que la decisión de equiparar, en términos simbólicos e institucionales, el caso Astiz con el accionar de los jóvenes que mataron el animal abrió una polémica que generó una grieta en la ciudad del sur bonaerense.

Los concejales consideraron un exceso el proyecto de la concejal del PRO y pidieron avanzar con una disposición similar a la que utilizó la Universidad Nacional del Sur, que repudió el accionar de los jóvenes, pero no tomó medidas al respecto.

Sin embargo, Caputo insistió e impuso el proyecto en la última sesión. La iniciativa estuvo lejos de conseguir las adhesiones necesarias (necesitaba 16 votos, y sólo consiguió 10). Sin embargo, generó una serie de repudios, agresiones y amenazas de muerte contra los concejales que votaron en contra.

El clima de tensión y de escarnio público que se generó a partir del proyecto reavivó la polémica sobre el rol de Caputo al frente del Concejo. Ella llegó al organismo como cuarta integrante de la lista de La Libertad Avanza en 2025, pero a comienzos de este año generó una fractura entre los sectores del PRO y los libertarios a nivel local al desplazar de la presidencia del cuerpo a su compañero de lista, Mauro Reyes.

Según sostuvieron en aquel entonces desde el bloque libertario, la jugada de Caputo fue «una doble traición a los votantes de La Libertad Avanza que la votaron y también a Reyes, por haberse quedado ella con la presidencia del cuerpo tras un acuerdo con el peronismo, a pesar de que estaba él había sido designado para ocupar ese cargo».

El caso de la nutria conmovió a Bahía Blanca justo en un momento en el que la opinión pública estaba centrada en la investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en un gimnasio de la ciudad tras caer al vacío por una pared falsa.

Se trata de un caso delicado para el gobierno de Federico Susbielles por las versiones sobre posibles fallas en las inspecciones realizadas por el área de Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Fiscalización.

En las últimas semanas, los intendentes del conurbano reforzaron contactos con curas y sacerdotes con quienes buscan contener la creciente demanda de comida y ayuda social en los barrios más humildes.

La Iglesia también sufre el ajuste del gobierno nacional y los recursos que llegan desde Desarrollo Social no alcanzan para comedores y espacios de contención comunitaria. Por su cercanía con los barrios, son los intendentes quienes ahora cargan con la responsabilidad de resolver esa falta de recursos.

«Estamos trabajando mucho con personas en situación de calle. Vemos un crecimiento de la demanda, en particular de personas muy jóvenes que pierden su trabajo, no pueden pagar el alquiler y terminan en la calle», explica a LPO Leonardo Silio, responsable de la parroquia San Martín de Porrés, ubicada en el sur de Moreno.

Silio arroja una cifra alarmante. Asegura que en las primeras semanas del año se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas en situación de calle por día. Hoy esa cifra asciende a 60.

Vemos un crecimiento de la demanda de personas muy jóvenes que pierden su trabajo y terminan en la calle. En enero se duchaban en los espacios de Cáritas unas 25 personas por día. Hoy esa cifra asciende a 60.

Además, afirma que las personas en situación de calle quedan atravesadas por otros factores muy complejos como los consumos de droga y alcohol y también la inseguridad.

«Los actores que tienen responsabilidad empiezan a trabajar fuerte sobre el tema y ahí es donde aparecen los intendentes. La ayuda social es un conjunto de todos», dice Silio.

El párroco dice que los envíos de alimentos se vienen manteniendo por parte de Capital Humano, pero hubo otros recursos que fueron recortándose. «La alimentación es sólo una parte de la contención. Nosotros le damos el plato de comida, pero después vuelve a la calle», explica.

Federico Otermin, recorrió el barrio El Cocho junto al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, con quien recorrió la finalización una la obra de saneamiento hídrico. El barrio el Corcho forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares y está compuesto por ocho manzanas donde viven más de 4.500 personas.

«Nosotros creemos que la salida es en comunidad y este es un ejemplo de eso, una obra que surgió desde el obispo, desde la capilla, desde la comunidad, y que entre todos pudimos hacer», dijo Otermin.

En tanto, Gabriel Katopodis estuvo al frente de un encuentro entre intendentes con el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo.

Katopodis instó a todos a fortalecer una red para sostener a la gente en los barrios. «El Gobierno nacional está desconectado y sin reacción. No hay plan de salida y lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones, los municipios», dijo el ministro de Axel Kicillof.

Estuvieron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

Alberto Weretilneck perdió dos legisladores y podría ser el inicio de una sangría en el oficialismo que incluya a otros legisladores, a concejales e intendentes en todo Río Negro.

La partida de Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti es algo inédito en los 15 años de gobierno de Juntos Somos Río Negro. Ambos abandonaron el bloque oficialista en la legislatura provincial el mismo día que Weretilneck lanzaba la renovación del partido.

El elegido para liderar Juntos Somos Río Negro fue Rodrigo Buteler, el intendente de Cipolletti que Weretilneck ve como su sucesor en 2027 si las encuestas no lo favorecen. En caso de pasar el filtro, el gobernador tiene decidido «abrir la fórmula» al PRO, como le confesó hace poco a Horacio Massaccesi.

El problema de Weretilneck es que son pocos los que imaginan al oficialismo gobernando la provincia otros cuatro años. «Después de 15 años, hay un desgaste muy grande y una crisis de representación», explicó un funcionario que abandonó el espacio.

Denuncian que Weretilneck habilitó tres hidroeléctricas para capitales qataríes sin pasar por la Legislatura

El gobernador delega las cuestiones energéticas en su esposa, Andrea Confini y no abre el juego a otros actores. Ese manejo hizo que Weretilneck se ganara varios enemigos, como su vice gobernador Pedro Pesatti, que terminó rompiendo como antes lo había hecho Arabela Carreras, ex gobernadora.

Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027.

El ex intendente de Bariloche Gustavo Genusso también se distanció de Weretilneck y logró que el gobierno nacional lo designara al frente de la prestigiosa Fundación Intecnus. A los pocos días la Justicia reactivó una causa contra él que estaba dormida.

El ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.

«Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027», dijo a LPO un legislador provincial.

María Emilia Soria, del peronismo, y Aníbal Tortoriello, ahora cercano a LLA, aparecen como los principales contendientes.

Sin pertenencia partidaria marcada y con orientación socialcristiana, Tortoriello perteneció al PRO y luego desembarcó en LLA. Años antes había estado en conversaciones para ser candidato a intendente de Cipolleti por el peronismo, pero terminó ganado con la lista del PRO.

Soria, intendenta de General Roca, también será candidata el año próximo. El apellido tiene peso en la provincia: su hermano Martín se impuso en 2025 en la boleta de senadores, mientras que Tortoriello ganó en diputados.

«Hay otros intendentes, legisladores y concejales de Juntos Somos Río Negro que están esperando una señal de Tortoriello para irse. Hay clima de fin de ciclo», le dijo a LPO un ex funcionario que se alejó del oficialismo.

La tensión entre el gobierno provincial y los tribunales cordobeses alcanzó su punto de máxima ebullición. En una movida inédita, que quiebra la histórica diplomacia subterránea entre el poder político y el judicial, cerca de un millar de jueces, camaristas y fiscales presentaron formalmente una batería de recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial. 

La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.

De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Protestas en Córdoba después que el fiscal pidiera una medalla para el perro que encontró el cuerpo de Agostina

El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal. 

La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal

Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial. 

La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.

La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales. 

Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes