Sociedad

  • Milei ya no critica los festivales populares y ahora va a buscar votos a Jesús María

     

    Después de criticar durante toda la campaña del 2023 y en la primera parte de su mandato la organización de los festivales populares en el interior, Javier Milei acudirá por primera vez este viernes a Jesús María, un territorio afín donde buscará reforzar el apoyo del votante de campo.

    En el ecosistema libertario anticipan alguna movida del Presidente para llamar la atención y algunos hasta arriesgan que podría subirse a un caballo. «Quiere que sea épico. Va a estar en el campo de la doma y habrá muchas selfies», dijo a LPO un libertario cordobés que está al tanto de algunos detalles de la logística; entre ellas, que la agenda y los invitados los lleva adelante Karina.

    La visita de Milei a la 60ª edición del festival de Doma y Folklore marcará una fuerte contradicción del presidente, que había sido muy duro con los gobernadores que subsidian las fiestas populares. Particularmente, Milei se había cruzado con Martín Llaryora por los aportes a la organización de estas fiestas. Para bronca del Milei del pasado, Jesús María recibe una ayuda estatal millonaria.

    El viaje de Milei a escuchar folklore en Córdoba contrastará fuerte con su decisión de no visitar la zona del desastre de los incendios en la Patagonia, una ausencia que intentó sanar con una foto trucada con IA. También contrastará con lo que hizo el año pasada durante los incendios en Córdoba, cuando sobrevoló la zona y dejó a los bomberos esperando al rayo del sol pero no bajó a saludarlos.

    Villarruel en la edición pasada de Jesús María

    La presencia de Milei en Córdoba para el próximo viernes fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en un recorrido que la cordobesa hizo este fin de semana por las sierras y con un itinerario que, además, incluyó una escala en Jesús María.

    En todo el itinerario por la provincia, Monteoliva se mostró con su par provincial, Juan Pablo Quinteros, el ministro de buen feeling con Patricia Bullrich y quien este lunes confirmó las tareas coordinadas con Casa Militar para el operativo con motivo de la presencia de los Milei.

    El viaje de Milei a escuchar folklore en Córdoba contrastará fuerte con su decisión de no visitar la zona del desastre de los incendios en la Patagonia, una ausencia que intentó sanar con una foto trucada con IA

    De la batería de festivales que tiene la provincia mediterránea, el de la Doma y el Folklore es, quizá, el que reúne el público más afín a las ideas del libertario. En el verano del 2009, y con el fresco recuerdo por la tensión a raíz de las retenciones al campo, uno de los invitados de lujo fue el por entonces vicepresidente Julio Cobos, a quien la transmisión de la Televisión Pública ignoró y omitió por completo.

    Años más tarde, Mauricio Macri lo convirtió en una recorrida clave de su campaña presidencial y acudió también una vez que se hizo cargo del despacho principal de Balcarce 50. Al igual que hizo, con la misma receta, aunque con otro éxito, la senadora Bullrich.

    En esta ocasión, el dato no sólo es el debut de Milei en el festival, sino que arriba a un escenario en el que, en las dos últimas ediciones, el foco de todos los flashes fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. Situación que el año pasado, y en plena crisis entre ambos, despertó incomodidades entre los dirigentes del territorio que también abrevan en el espectro libertario.

    Entre ellos, el actual intendente de Jesús María, el radical Federico Zárate, y su antecesor, el actual diputado radical con peluca, Luis Picat. Ambos, como así también los libertarios Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca, Cecilia Ibáñez, Laura Rodríguez Machado y María Celeste Ponce serán de la partida el viernes durante la recorrida de Milei por el norte del Gran Córdoba.

    Asimismo, no hay confirmaciones de un encuentro entre el presidente y el gobernador Martín Llaryora, quien recibió en las últimas ocasiones al primer mandatario en el aeropuerto y después no formó parte de ninguna de las actividades del libertario.

     

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    Argentina y los hombres lobo: la extraña ley que no existe en ningún otro país

     

    Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.

    Por Alcides Blanco para NLI

    Una superstición que llegó al Boletín Oficial

    Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.

    Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.

    De la leyenda al Estado

    Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.

    El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.

    Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.

    Del mito rural al Congreso Nacional

    Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.

    Europa: mitos sí, leyes no

    En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.

    En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.

    Una rareza jurídica con raíz popular

    Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.

    Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.

    Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.

     

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    La otra mentira gorila: El mito del oro nazi

     

    Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.

    Por Walter Onorato para NLI

    Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.

    El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.

    Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.

    El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.

    Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.

    Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.

    No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.

    El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.

    La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.

    ¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.

    La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.

     

  • Trump impone aranceles a los países que comercien con Irán y evalúa una acción militar

     

    Donald Trump anunció que los países que comercian con Irán se enfrentarán a un nuevo arancel del 25 %. 

    El anuncio parece significar que la importación de productos de China, un gran socio comercial tanto de Irán como de Estados Unidos, se encarecería significativamente.

    «Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % en cualquier y todo negocio que se realice con Estados Unidos», escribió Trump este lunes en su plataforma Truth Social. «Esta Orden es final y concluyente», añadió. 

    El anuncio de Trump llega tras sugerir una intervención militar de Estados Unidos para «rescatar» a los manifestantes que salieron a las calles contra el régimen de los ayatolá que suman ciertos de muertos.

    Máxima tensión en Irán: las protestas suman 45 muertos y Trump no descarta intervenir 

    Además de China, India, Emiratos Árabes Unidos y Turquía son considerados los principales socios comerciales de Irán.

    Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % en cualquier y todo negocio que se realice con Estados Unidos

    El éxito de la operación de extracción del poder que utilizaron el sábado contra Nicolás Maduro envalentonó a Trump que, además de volver a la ofensiva contra Groenlandia, ahora amenaza con intervenir en Irán para derrocar al líder supremo Ali Jamenei.

    En ese marco, Trump afirmó que muchos manifestantes han muerto «por problemas con el control de multitudes» y que «no está seguro de poder responsabilizar necesariamente a alguien por ello». Sin embargo, el medio israelí Haaretz tituló que el líder republicano está listo para intervenir. 

    Esta tarde, el gobierno convocó a miles de personas se movilizaron en apoyo al régimen del ayatolá Ali Jamenei. El líder supremo consideró la marcha como una «advertencia a los políticos estadounidenses». 

    «Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales», afirmó Jamenei.

    Fuertes protestas en Irán dejan 7 muertos y Trump amenaza con intervenir 

    «Irán se expuso, con su determinación y su identidad, a los enemigos. Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que dejaran de engañar y no confiaran en mercenarios traidores», clamó Jamenei.

    Las protestas en Irán comenzaron a fines del año pasado por la crisis económica y la inflación pero se convirtió rápidamente en una marcha contra el régimen islámico que gobierno el país persa desde 1979.

    Uno de los que busca capitalizar esta crisis es el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, quien lanzó una advertencia al régimen islámico, afirmando que «el mundo y (el presidente estadounidense Donald Trump) los están observando de cerca». «La represión del pueblo no quedará sin respuesta», añadió Pahlavi.

     

  • Morgan Stanley advierte que Milei tiene un rojo de USD 5.000 millones para enfrentar los vencimientos de este año

     

    Morgan Stanley puso el foco donde el Gobierno quiere mostrar resultados. El banco destacó que la Argentina pagó la deuda de enero sin sobresaltos. Pero el informe agrega una advertencia clave: la estrategia sirve en el corto plazo. Más adelante, la tensión vuelve. 

    El arranque de 2026 fue ordenado. En los primeros días del año, el Tesoro canceló unos USD 4.300 millones de deuda en moneda extranjera. Es cerca del 21% de los vencimientos totales del año, estimados en USD 19.900 millones. El mercado lo tenía descontado. Y se cumplió. 

    «El cumplimiento de las obligaciones era plenamente esperado por el mercado, a pesar del anuncio de último momento de un Repo por USD 3.000 millones que incrementó las divisas disponibles en el BCRA y, a su vez, permitió al Tesoro comprar las divisas suficientes para efectuar el pago», señala el informe.

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    Según el banco, ese pago fue posible por una combinación puntual. Aporte de organismos, manejo fino de caja y el repo por USD 3.000 millones que reforzó las reservas del Banco Central. Una estrategia que tiene pocas chances de repetirse. 

    El informe aclara que las necesidades brutas de divisas para 2026 ascienden a USD 38.700 millones. El número incluye intereses y amortizaciones de toda la deuda en moneda extranjera. Es el dato central del paper. 

    Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque.

    De ese total, unos USD 18.900 millones corresponden a bonos duales que ajustan por dólar pero se pagan en pesos. No requieren dólares billete. Así, la necesidad efectiva baja a USD 19.900 millones. De ese monto, USD 8.700 millones son intereses y USD 11.100 millones capital. 

    Morgan Stanley estima que parte se puede cubrir con USD 5.000 millones de organismos multilaterales y otros USD 6.000 millones vía emisiones de deuda en moneda extranjera, tanto externas como locales. Aun así, queda un bache de unos USD 5.000 millones. 

    El informe señala que ese faltante debería cubrirse con compras del Tesoro al Banco Central o con operaciones financieras específicas. Ninguna de las dos opciones es neutra para las reservas. Por eso el banco es claro en su recomendación. Ve valor en posiciones de corto plazo en deuda argentina. Especialmente en los tramos que vencen con el primer trimestre del año. 

    «Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque», asegura el informe. 

    El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado. 

    La lógica es simple: los pagos inmediatos están cubiertos. El problema aparece más adelante. Hacia el segundo trimestre, las necesidades de dólares se vuelven más exigentes. Y las fuentes de financiamiento, más inciertas. Ahí es donde el riesgo crece. 

    Morgan Stanley también analiza el roll over. Señala que varios vencimientos en dólares son con el propio sector público y pueden renovarse. Incluye letras del Tesoro y compromisos con el Banco Central. Eso alivia, pero no resuelve. 

    El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado. 

    El banco ve difícil ampliar el programa con el Fondo. La deuda ya ronda los USD 57.000 millones, más de trece veces la cuota. Incluso con buena relación política, el margen es limitado. 

    En ese contexto, el informe deja abierta la puerta a un regreso al mercado internacional. Habla de una posible emisión antes de julio. Un bono a entre 7 y 12 años, con tasa superior al 10%. Caro, pero funcional para cubrir vencimientos. 

    La conclusión es prudente. Morgan Stanley reconoce que el Gobierno logró ordenar el frente inmediato. Pero advierte que la estrategia es de corto alcance.

     

  • El gobierno de Kicillof alerta por el cierre de 5.335 empresas en la provincia durante la era Milei

     

    El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, alertó por el cierre de unas 5.335 empresas en el territorio bonaerense durante el gobierno de Javier Milei. Son, en promedio, 232 PyMes por mes que bajan la persiana para siempre.

    López publicó una serie de datos en las redes sociales en los que se destaca que, entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 -último registro disponible-, un total de 5.335 empresas dejaron de operar en la provincia. Al tiempo que se registran siete meses consecutivos de cierres.

    «Aunque el impacto fue generalizado -con la excepción de Neuquén-, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país», explicó el funcionario, quien recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en el territorio bonaerense.

    El gobierno de Kicillof denuncia que los datos de capacidad instalada son peores que en la pandemia

    Tal como afirma el ministro, la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).

    «No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial», sostuvo López.

    No hay misterio. La apertura indiscriminada y el descuido de la actividad real golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial.

    Los reportes sobre los cierres de empresas se suceden a diario. En las últimas horas trascendió el cierre de GEPSA, agroindustrial especializada en la producción de alimento balanceado, cuyos trabajadores permanecen en estado de alerta. La empresa instalada en Pilar anunció el cierre de su planta y 80 trabajadores esperan los telegramas de despidos.

    En ese distrito del norte del conurbano también cerró a finales de 2025 la empresa de porcelanatos ILVA. Durante varios días los 300 trabajadores despedidos protestaron con quema de gomas en la puerta de la fábrica.

    Verónica Magario, Alexis Guerrera y Pablo López.

    En tanto, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de que inicialmente se anunciaran alrededor de 90 desvinculaciones. La misma suerte corrió la empresa mayorista Lustramax, dedicada a la fabricación y distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering y que tiene su planta en el Parque Industrial de Tortuguitas, Malvinas Argentinas, cesanteó a 29 operarios.

    Aunque el impacto fue generalizado, Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país.

    Pero la crisis no alcanza solo a las PyMES. La multinacional Lamb Weston bajó las persianas de la planta ubicada en Munro, en Vicente López, y despidió a unas 100 personas.

    Una multinacional anunció el cierre de una de sus principales fábricas como parte de una reorganización mundial de su red industrial. La compañía fabricante de papas fritas concentrará su producción en Mar del Plata.

    La actividad industrial se desplomó en noviembre con una caída que se acerca a los dos dígitos

    Semanas atrás, el gobierno de Kicillof puso el ojo en el uso de la capacidad instalada, que cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8.

    La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.

    Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.