En Buenos Aires hay barrios que se cuentan solos, pero pocos tienen un nombre que funcione como documento geológico, archivo lingüístico y crónica inmigrante. La Boca no es solo un punto en el mapa: es una explicación completa sobre cómo se forma una ciudad desde el agua, la lengua y la política popular. Su nombre, anterior al barrio y al club, ya aparece en escritos coloniales que describían esa desembocadura peligrosa, fangosa y estratégica donde el Riachuelo se abría como una boca hacia el Río de la Plata. A partir de allí, todo lo demás fue sedimentación histórica.

Por Alcides Blanco para Noticias La Insuperable

Primero fue el río: la “boca” geográfica que dio nombre a todo

Antes de ser barrio, antes de ser conventillos, antes de ser fútbol, “Boca” fue un accidente hidrográfico. En la toponimia náutica del período colonial, la palabra boca era usada para designar el punto donde un río “abre” su salida al mar o a otro cauce mayor, lo que en geografía física se llama estuario menor.

Las primeras referencias documentales conservadas surgen en las Actas del Cabildo de Buenos Aires, donde ya en la década de 1580 se menciona la “boca del Riachuelo de los Navíos” como área de desembarco y de fondeo peligroso por el fango y los bancos de arena. Esa designación —que aparece en inventarios de fondeaderos y en informes a la Corona— no era un nombre propio sino una descripción técnica, un marcador espacial dentro del sistema de navegación colonial.

La ciencia geológica explica por qué esa zona se volvió tan característica: allí se daba lo que hoy se conoce como progradación sedimentaria, un proceso en el cual el río arrastra limo, arcilla y restos orgánicos que se depositan en la desembocadura, creando un borde inestable, cambiante. Por eso los mapas del siglo XVII muestran líneas difusas: La Boca era literalmente un territorio que se movía.

Con los años, esa denominación funcional se convirtió en nombre propio. En los planos de 1810 y 1820 redactados por ingenieros militares aparece ya como “la Boca del Riachuelo”, una unidad reconocible, habitada por trabajadores portuarios, saladeros y astilleros. La toponimia había dejado de ser mera descripción para transformarse en identidad territorial.

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El barrio que inventaron los inmigrantes (y el Estado recién reconoció después)

Aunque La Boca tenía población desde el siglo XVIII, la fisonomía barrial nació con la inmigración masiva, especialmente genovesa, entre 1870 y 1910. Los registros notariales muestran que los primeros asentamientos eran precarios, construidos sobre pilotes, porque el terreno era un pantano salitroso. La ciencia urbana describe este tipo de poblamiento como ocupación marginal de borde hídrico, común en puertos industriales.

Los genoveses establecieron allí una microsociedad marítima: astilleros, carpinterías, bares de puerto y sociedades de socorro mutuo. De esa vida cotidiana surgió la lengua híbrida conocida como xeneize, producto del contacto entre dialectos ligures y el castellano rioplatense.

El nombre La Boca se consolidó de manera definitiva en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Estado nacional comenzó a cartografiar la ciudad para unificar parroquias, comisarías y circunscripciones. En los planos oficiales de 1871 —los mismos que se elaboraron tras la epidemia de fiebre amarilla— la zona aparece ya rotulada como “Barrio de la Boca”. Es decir: primero vino la geografía, después el poblamiento y recién entonces la formalización estatal.

La identidad política también fue temprana: La Boca fue uno de los primeros enclaves obreros organizados de Argentina, con huelgas, periódicos anarquistas y sociedades de resistencia. El barrio se convirtió en un laboratorio social de la modernidad rioplatense.

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Boca Juniors: un club nacido en una esquina que ya tenía nombre propio

La historia del club aparece última, pero no porque haya sido menos importante, sino porque se montó sobre una identidad barrial ya consolidada. En 1905, un grupo de pibes del barrio —Alfredo Scarpatti, los hermanos Teodoro y Juan Farenga, y Esteban Baglietto— decidió fundar un club de fútbol en la casa de este último, frente a la Plaza Solís.

Eligieron el nombre Boca Juniors por una razón simple, documentada en testimonios de época: querían que el club llevara el nombre del barrio, pero con un toque inglés, como hacían muchos equipos del período fundacional del fútbol argentino. La palabra “Juniors” era, para ellos, señal de prestigio deportivo y pertenencia cosmopolita.

El club no creó el nombre: lo heredó, lo amplificó y lo convirtió en marca global. Hoy, cuando se dice “Boca”, millones piensan primero en el club, pero la historia va al revés: sin la boca geográfica y sin La Boca inmigrante, Boca Juniors no existiría.

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Referencias bibliográficas

1. Actas del Cabildo de Buenos Aires, Archivo General de la Nación.
2. Diego Del Pino, Toponimia náutica en el Río de la Plata (Ediciones Mar del Sur, 1998).
3. Roberto Cortés Conde, La formación económica de Buenos Aires (FCE, 2002).
4. Carlos Mayo, Los saladeros y el mundo del trabajo ribereño (Ed. Biblos, 1987).
5. Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Plano Municipal 1871.
6. Julio Frydenberg, Historia Social del Fútbol (Siglo XXI, 2011).
7. Fundación Museo de la Boca, Anales 1965–1990.

 

 

Carlos Presti ni siquiera asumió y ya dejó un mensaje inequívoco: su Ministerio de Defensa será refugio de negacionistas, protectores de represores y operadores contra los organismos de derechos humanos. Su primera decisión —nombrar como jefe de Gabinete a Guillermo Madero— confirma un rumbo que alarma a todo el arco democrático.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

Un gesto político, no un descuido

Que Presti —hijo de un represor detenido por secuestros y desapariciones durante la dictadura— haya elegido como mano derecha a Madero no es un accidente de la política: es una definición ideológica, hecha y derecha.
Madero celebró su ascenso en redes, agradeció felicitaciones tras la primicia que difundió Eduardo Feinmann y lo vivió como un premio. En realidad, es la señal más cruda de la deriva negacionista que Milei impulsa desde el Estado.

Con esta dupla, el Ministerio de Defensa deja de simular neutralidad y se alinea directamente con la agenda de la “memoria completa”, un proyecto que busca relativizar los crímenes de la dictadura y reinstalar la narrativa militarista que la sociedad argentina ya rechazó.

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Madero y un prontuario institucional imposible de maquillar

Basta revisar su paso por el Estado durante 2024 para comprender por qué su nombramiento desató alarma. En febrero de ese año, desde la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, Madero rechazó enviar la historia clínica solicitada por Conadi, el organismo que trabaja junto a Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar nietos y nietas apropiadas.

El gesto, celebrado por las redes del lobby pro-impunidad, fue un mensaje directo:
el Estado empezaba a cortar los vínculos con las investigaciones de lesa humanidad.

Pero el sabotaje no quedó ahí.

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Visitas a represores y desmantelamiento de equipos clave

En marzo de 2024, señalan desde EnOrsai, Madero visitó a los represores detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, junto al entonces director de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes. El Ministerio lo disfrazó de “recorrido técnico”, pero —según distintas fuentes— los represores quedaron “esperanzados” tras aquella charla.

Semanas después, el entonces ministro Luis Petri tomó una decisión devastadora: echó a los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), que colaboraban con la Justicia aportando información crucial en causas de lesa humanidad.
Treinta y seis fiscales denunciaron públicamente el golpe institucional.

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Los archivos en riesgo y la ofensiva contra fiscales

Cuando el fiscal Miguel Palazzani pidió preservar archivos históricos, Madero respondió con una nota al procurador interino Eduardo Casal acusándolo de una supuesta “comunicación indebida”. Como resultado, Casal llamó la atención al fiscal… cuyo único objetivo era evitar la destrucción de documentos esenciales.

La tensión escaló con la denuncia del fiscal Félix Crous por la tentativa de destruir información en el Archivo General de la Armada. Para Crous, el episodio formaba parte de un “esfuerzo persistente y coordinado” para borrar pruebas del terrorismo de Estado.

En esa lista de hechos, el primer ítem era siempre el mismo: la negativa de Madero a entregar los legajos que Conadi necesitaba.

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Un dirigente moldeado por el PRO y abrazado por La Libertad Avanza

La historia política de Madero también explica su desembarco en Defensa. Nacido del riñón del PRO, fue designado durante el macrismo por Patricia Bullrich como director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, con el padrinazgo de Guillermo Montenegro, hoy intendente de General Pueyrredón y aliado entusiasta del oficialismo mileísta.

Su avance dentro del Ministerio se consolidó de la mano de Petri, primero como funcionario en Planeamiento y luego como subsecretario de Defensa Civil.

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La doctrina Petri y la agenda militarista

En notas recientes —como las publicadas en Infobae— Madero defendió la llamada “doctrina Petri”, que pretende ampliar el rol de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior, en oposición directa a la doctrina Garré, que mantuvo una separación estricta entre defensa y seguridad.

Allí repitió argumentos propios de la ultraderecha militarista: la idea de la “industria de los juicios de derechos humanos”, el mismo latiguillo que Victoria Villarruel convirtió en propaganda electoral. Para Madero, los juicios de lesa humanidad no fueron justicia: fueron persecución.

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Un clima general de retroceso

El nombramiento llega en un momento donde la Casa Rosada presenta a Presti como la forma de “terminar con la demonización” de las Fuerzas Armadas. La lectura de los organismos de derechos humanos es diametralmente opuesta:

el mensaje es la validación del negacionismo, la protección política a condenados y procesados, y el riesgo concreto de desmantelamiento de controles y archivos que fueron pilares de 40 años de justicia.

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Lo que viene: retrocesos y pérdida de información crítica

Mientras Milei insiste con la bandera de la “memoria completa”, lo que toma forma es una ofensiva contra la verdad histórica. Con Madero como jefe de Gabinete de Defensa, la pregunta ya no es si habrá retrocesos en derechos humanos, sino cuán profundos serán y cuánta información vital puede perderse antes de que sea demasiado tarde.

El mensaje político es claro: en el Ministerio de Defensa se abrió la puerta a quienes quieren reescribir la historia desde la impunidad.

 

 

En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.

Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

Un poder a medida del desguace

Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.

El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.

El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.

Con este DNU, queda a merced de un funcionario.

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¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?

Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:

• No avanzan los gasoductos troncales.
• Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
• Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
• Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
• Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.

El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.

Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.

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Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos

En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.

Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.

Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.

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El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario

El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.

Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.

La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.

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¿Qué puede pasar si lo eliminan?

Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:

• Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
• Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
• Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
• Incremento del costo energético para hogares e industrias.
• Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
• Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.

En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.