Sociedad

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    Qué dicen los medios de todo el mundo sobre la reforma laboral de Milei

    PorInvitad@ Especial

     

    La reforma laboral de Milei cruzó fronteras y ocupa titulares en Europa, Estados Unidos y Asia. Qué destacan los grandes medios internacionales y por qué ponen el foco en las protestas y el retroceso de derechos.

    Por la Redacción de NLI

    La reforma laboral impulsada por Milei no sólo sacudió el tablero político argentino: también se convirtió en tema central de la prensa internacional. Desde Europa hasta Asia, los principales diarios y agencias de noticias pusieron el foco en el alcance de los cambios, la resistencia sindical y el impacto social de una de las iniciativas más polémicas del Gobierno.

    Reforma laboral de Milei: cómo la presentan los grandes diarios europeos

    El diario español El País, en su edición en inglés, subrayó que Milei logró avanzar con una reforma que gobiernos anteriores no habían podido concretar. El medio remarca que el paquete incluye flexibilización de condiciones laborales, cambios en indemnizaciones y límites al poder sindical, y destaca el clima de tensión social que rodeó el debate parlamentario.

    Desde Francia, Le Monde contextualizó la reforma dentro del programa económico de “shock” que impulsa el oficialismo. El enfoque no sólo fue económico: también puso énfasis en la conflictividad callejera y en la polarización política que atraviesa la Argentina desde la asunción del actual Gobierno.

    En el Reino Unido, Financial Times analizó la iniciativa como parte de un giro liberal profundo, señalando que el Ejecutivo busca enviar señales al mercado internacional. Sin embargo, el diario financiero advierte sobre el riesgo de mayor conflictividad social y caída del poder adquisitivo, en un contexto ya recesivo.

    Estados Unidos y agencias globales: protestas y sindicatos en el centro

    La agencia Associated Press (AP) puso el acento en las movilizaciones frente al Congreso y en el rechazo sindical. Las crónicas describen enfrentamientos, paros y la dimensión de las protestas, presentando la reforma como el mayor desafío laboral en años.

    Por su parte, The New York Times retomó el eje del “experimento libertario” y ubicó la reforma como pieza clave del plan de Milei para transformar la economía argentina. El diario estadounidense subraya que el oficialismo busca reducir costos laborales y dinamizar el empleo formal, aunque advierte que los sindicatos consideran la medida un retroceso histórico en derechos conquistados.

    En América Latina, medios como O Globo y El Mercurio también reflejaron la tensión social y el impacto regional del debate argentino, planteando interrogantes sobre si el modelo puede replicarse en otros países.

    El relato internacional: entre “modernización” y “retroceso”

    La cobertura extranjera oscila entre dos marcos interpretativos. Por un lado, la idea de una reforma estructural que busca “modernizar” el mercado laboral y atraer inversiones. Por otro, la advertencia sobre la pérdida de protección laboral y el debilitamiento sindical.

    No es menor que muchos artículos utilicen palabras como “controversial”, “sweeping overhaul” o “radical shift”. La prensa internacional observa el proceso argentino como un laboratorio político: un caso testigo de hasta dónde puede avanzar un programa de ajuste y desregulación en un país con fuerte tradición sindical.

     

  • El Gobierno contrató por 33 millones de dólares a una empresa canadiense para capacitar a los pilotos de los F-16

    PorInvitad@ Especial

     

    El Gobierno pagará 33 millones de dólares a la empresa privada canadiense Top Aces Corp con sede en Arizona para que capacite a los pilotos de los aviones F-16. La información fue confirmada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos pero no es el país del norte el que hará el entrenamiento sino la firma contratada. 

    Una importante fuente militar dijo a LPO que «en ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos». 

    Según este militar, el costo del entrenamiento hay que sumarlo a lo que nos cobraron por instruir a los pilotos tanto en Estados Unidos como en Dinamarca, que eso era parte del contrato de compra de los aviones, y lo que nos sale, tener a los 30 instructores daneses que tenemos viviendo en Córdoba con su familia». 

    Malestar en las Fuerzas Armadas porque Petri le concedió al Reino Unido que los F-16 no tengan radares para vigilar las Malvinas 

    «No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores», insistió.

    Este militar detalla que «son los famosos contratistas de defensa de Estados Unidos que desarrolla el sistema de armas, lo operan, tienen su propio personal militar retirado que labura para ellos y después finalmente se lo vende a la fuerza. Este es un negocio privado. Estados Unidos sólo da el visto bueno para que se realice el entrenamiento, obviamente en espacio aéreo estadounidense y con militares extranjeros entrenando como tales». 

    En ningún momento de la gestión de Luis Petri se habló de un contrato con una empresa privada. En Estados Unidos lo que va a hacer es autorizar que los pilotos a venir a la Argentina pero el entrenamiento se los da una empresa privada canadiense que cobra 33 palos

    Esto abre un frente con la Armada. Un importante integrante de esa fuerza reveló a LPO que «esos 33 millones de dólares es una cifra muy cercana a los 30 millones que le habían prometido a la Armada para comprar dos Fragatas, casualmente, en Dinamarca». 

    «Presti les aplica mano militar a los jefes de Estado Mayor y con el jefe de la Armada no dialoga, le ordena nada más pero están todos a las puteadas porque se enteraron hoy por los diarios», aseguró. 

    No fue contemplado en ningún momento, no se habló, no fue motivo de análisis, siempre fue que con el paquete venía el entrenamiento a los pilotos y los simuladores

    La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar «Tape 6.5»: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.

    Lapidario informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16: «No hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares»

    El envió incluyó seis aviones: cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004/05/07/08) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020). Estos aparatos reciben apoyo logístico de un Boeing 737 T-99 «Islas Malvinas» y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.

    Todo esto no estuvo exento de controversias, no solo por el costo de la operación sino también porque, como adelantó LPO, no cuenta con radares para vigilar las Islas Malvinas porque Estados Unidos es aliado de Reino Unido en la OTAN.

    Este medio reveló también el lapidario informe de la Fuerza Aérea sobre los F-16 que dijo que «no hay capacidad técnica para mantener pistas y hangares», hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado. «Si tuviéramos los 24 aviones se los podría hacer volar dos horas a cada uno en el año», afirmó a LPO en ese momento una fuente militar.

     

  • Los libertarios cuentan con el voto de los peronistas Uñac y Corpacci para aprobar la ley de Glaciares

    PorInvitad@ Especial

     

    El gobierno confía que este jueves conseguirá en el Senado la media sanción de la modificación a la Ley de Glaciares con los votos del bloque de Carolina Moisés y los peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.

    La senadora jujeña acaba de separarse del interbloque de José Mayans y se convirtió en vicepresidenta de la cámara con el respaldo de los 44 antikirchneristas, quedándose sorpresivamente con el lugar que le correspondía a la principal fuerza opositora. Si se inclina por la afirmativa, su postura serviría de excusa para que sus excompañeros de bancada se reconforten en el reproche por su acompañamiento a Javier Milei.

    Uñac y Corpacci, por su parte, ni siquiera asistieron este miércoles a la reunión del bloque peronista. La catamarqueña preside el PJ de su provincia y, aunque se encolumna bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, se cuida siempre de no desairar a su gobernador pero, encima, cultiva un profundo malestar después que Mayans blandiera su nombre para compulsar contra Moisés en vano, por el sillón que dejó vacante Silvia Sapag.

    Por lo demás, fuentes del oficialismo adelantaron a LPO que cuentan con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes expusieron a favor de los cambios a la norma aprobada el 30 de septiembre de 2010, con el histórico voto de Miguel Pichetto.

    «No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza»

    El propio Orrego anunció este martes que los diputados que le responden, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, tienen la orden de votar por la afirmativa pero aprovechó para pronunciarse contra los peronistas que rechacen la iniciativa en la Cámara Alta. «Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos», dijo.

    A Uñac, de todas formas, lo asiste incluso la postura del exgobernador José Luis Gioja, que no solo se opuso a la ley nacional vigente sino que impulsó una legislación provincial que flexibilizó las condiciones impuestas por el Congreso. Además, su hermano César Gioja se desempeñaba en 2010 como senador y votó contra la normativa impulsada en ese entonces.

    Carolina Moisés y Flavia Royón.

    En rigor, Moisés, que se abrió junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada con Convicción Federal, más Corpacci y Uñac, sumarían cinco voluntades al lote de los 21 libertarios, los dos misioneros, los dos santacruceños, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. En total serían 33 y habría que agregarles alrededor de cinco radicales, porque se espera que el bloque de la UCR también se divida.

    Cerca de Eduardo Vischi comentaron a LPO que la preocupación radical se basaba en «las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras» y se evaluaban «alternativas para dirimir las discusiones».

    Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos.

    El dictamen que se estará este jueves en las bancas todavía no estaba totalmente pulido, al cierre de esta nota. A ese trabajo de correcciones y negociaciones se dedicaban en la tarde de este miércoles el libertario Agustín Coto, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la santacruceña Natalia Gadano.

    En el bloque de Patricia Bullrich, no obstante, aseguraron a LPO que la ley saldría. «De piso, tenemos 38 votos pero podemos acercarnos un poco más al techo de 44», dijeron.

    Los libertarios reivindican que «no se va a tocar el inventario de glaciares» hecho por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se jactan de promover el respeto pleno al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen la potestad sobre los recursos que provean sus suelos. «Vamos a usar los argumentos de Cristina para el veto de 2008», anticipan.

    La ley en debate se basa en el cuestionamiento a la pericia del IANIGLA para inventariar con imágenes satelitales los miles de glaciares del país. Un senador de LLA lanzó ante LPO una crítica furiosa «al progresismo de Palermo que impulsó la ley Bonasso», en referencia al periodista y exdiputado Miguel Bonasso. «No vamos a tocar el artículo del objeto protegido pero necesitamos que las provincias puedan decidir si habilitan la minería o no en glaciares de escombros, donde no hay relevancia hídrica», argumentó.

    En los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico.

    A pedido de los gobernadores, los libertarios repusieron la primacía de los distritos provinciales por encima de los criterios científicos del IANIGLA para que sea cada jurisdicción, en base a sus propios estudios de impacto ambiental y con la legitimidad social que emane de audiencias públicas, la que resuelva si una zona de glaciares o sus adyacencias pueden abrirse a la minería u otro tipo de producción.

    Según la última actualización del inventario del IANIGLA, apuntó Eugenia Testa, redactora de la ley de 2010 y actual directora del Círculo de Políticas Ambientales, «en los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico». «Estas áreas corresponden en gran parte a las provincias cuyos gobernadores hoy buscan flexibilizar la norma que los protege», alertó.

     

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    Licencias por enfermedad: el Gobierno vuelve a la carga en el Congreso y reabre un frente sensible con los trabajadores

    PorInvitad@ Especial

     

    El Gobierno confirmó que insistirá en modificar el régimen de licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias. Qué busca cambiar, qué impacto tendría sobre los trabajadores y por qué el tema vuelve a tensar la relación con la CGT y la oposición.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El oficialismo confirmó que volverá a impulsar cambios en el régimen de licencias por enfermedad durante las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Tras haber retirado el polémico artículo 44 de la reforma laboral ante la presión política y sindical, ahora el espacio de La Libertad Avanza anticipa que no abandona el objetivo de modificar el esquema vigente.

    La señal la dio el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien sostuvo que el tema deberá debatirse en una ley específica. En otras palabras: el Gobierno perdió esa batalla en Diputados, pero no la guerra legislativa.

    Qué quiere cambiar el oficialismo en las licencias médicas

    El artículo eliminado planteaba una reducción en el salario durante el período de licencia por enfermedad o accidente. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que el trabajador cobre el 100% de su remuneración durante el período establecido por antigüedad.

    Desde el entorno de Milei argumentan que el sistema actual genera “abusos”, fomenta certificados médicos irregulares y aumenta el costo laboral para las empresas. Bajo ese diagnóstico, el oficialismo busca introducir un esquema que —según su visión— “corrija distorsiones”.

    Pero el punto central es otro: no se trata solo de combatir fraudes, sino de redefinir el equilibrio entre protección del trabajador y reducción de costos empresariales. Y ahí es donde aparece la tensión estructural.

    Para el Gobierno, modificar las licencias médicas es parte de su programa de “modernización laboral”. Para amplios sectores sindicales, es un intento de recortar derechos históricos en nombre del ajuste fiscal y la competitividad.

    El conflicto político que se abre en sesiones ordinarias

    La eliminación del artículo 44 no fue técnica: fue política. La presión de bloques opositores y la advertencia de la Confederación General del Trabajo obligaron a retroceder. Reabrir el debate implica volver a encender ese conflicto.

    El oficialismo apuesta a que, con el clima legislativo más ordenado en sesiones ordinarias, pueda construir mayorías parciales o negociar una redacción menos frontal. Sin embargo, el costo político no es menor: tocar las licencias por enfermedad impacta directamente en el bolsillo y la seguridad económica de millones de trabajadores formales.

    Además, en un contexto de caída del consumo, salarios deteriorados y ajuste en el sector público, cualquier iniciativa que afecte ingresos durante períodos de enfermedad puede leerse como un nuevo endurecimiento del programa económico.

    No es casual que el Gobierno haya optado por fragmentar el debate. Al retirar el artículo de la reforma laboral general, evita que el rechazo a las licencias contamine otras reformas. Pero al anunciar que insistirá, deja claro que forma parte de su núcleo ideológico.

    Qué está realmente en juego

    Más allá del tecnicismo legislativo, la discusión es profunda. Se debate:

    • El rol del Estado en la protección ante la enfermedad.
    • El equilibrio entre productividad y derechos laborales.
    • El modelo de relaciones laborales que quiere consolidarse en Argentina.

    Si prosperara una modificación que reduzca ingresos durante licencias médicas, el impacto no sería homogéneo. Golpearía con más fuerza a trabajadores con enfermedades crónicas, patologías prolongadas o menor estabilidad laboral.

    Para el oficialismo, el argumento es fiscal y empresarial. Para los sindicatos y la oposición, el eje es social y constitucional. La disputa no es administrativa: es sobre el modelo de país.

    Las sesiones ordinarias del Congreso serán el escenario donde esta tensión vuelva a expresarse. Y el resultado marcará hasta dónde puede avanzar el Gobierno en su agenda laboral sin romper equilibrios políticos más amplios.

     

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    Cancillería aumentó casi 400% un contrato con la academia vinculada a la esposa de Federico Sturzenegger

    PorInvitad@ Especial

     

    La Cancillería incrementó cerca de un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger. El aumento supera la inflación acumulada y abre un fuerte debate sobre transparencia, conflicto de interés y uso de fondos públicos.

    Por Roque Pérez para NLI

    La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de incrementar en casi un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro Federico Sturzenegger, desató una controversia política y administrativa que excede la discusión presupuestaria. La actualización del monto, muy por encima de la inflación acumulada, reavivó las sospechas sobre conflicto de interés, transparencia en la contratación pública y doble vara en el ajuste estatal.

    El caso se inscribe en el clima de recortes, despidos y poda del gasto que impulsa Milei, mientras determinadas partidas parecen evolucionar a una velocidad muy superior a la del índice de precios.

    Contratación pública y aumento del 400%: los números bajo la lupa

    El contrato original había sido firmado por una cifra sensiblemente menor. La renovación elevó el monto a más de cinco veces el valor inicial. Si bien el Gobierno puede argumentar actualización por inflación o ampliación de servicios, los datos disponibles muestran que el incremento supera ampliamente la inflación acumulada del período, que ronda el 276%.

    La capacitación contempla cursos de idioma para personal diplomático y administrativo. Desde el punto de vista funcional, nadie discute la necesidad estratégica de que el cuerpo diplomático domine lenguas extranjeras. Lo que está en debate es si el Estado pagó un valor acorde a mercado y si se garantizó competencia real entre oferentes.

    Para un público especializado en administración pública y control del gasto, la pregunta central no es si la capacitación es necesaria, sino si:

    • Se evaluaron alternativas privadas con mejor relación costo-beneficio.
    • Hubo licitación efectiva o mecanismos de comparación de precios.
    • Se justificó técnicamente la magnitud del aumento.

    El diferencial porcentual es el dato político más fuerte del expediente.

    Conflicto de interés y mecanismos de integridad: ¿alcanzan los controles?

    El vínculo personal entre la conducción de la AACI y el ministro Sturzenegger obligó formalmente a activar mecanismos de control previstos para evitar incompatibilidades. Sin embargo, la discusión no es solamente jurídica sino política.

    En términos normativos, pueden haberse cumplido los pasos administrativos. Pero la cuestión de fondo es otra: ¿es razonable que un organismo del Estado incremente en casi 400% un contrato con una institución dirigida por la esposa de un ministro clave del gabinete?

    El estándar internacional en materia de ética pública no sólo exige legalidad, sino también apariencia de imparcialidad y prevención de beneficios indirectos. Incluso cuando no se pruebe irregularidad penal, el costo reputacional para la administración puede ser alto.

    En un gobierno que sostiene un discurso de “corte de privilegios”, este tipo de decisiones generan ruido político inmediato.

    Ajuste selectivo y doble vara en el gasto estatal

    Mientras el Ejecutivo impulsa recortes en áreas sensibles, despidos masivos y reducción de partidas sociales, la ampliación de este contrato aparece como un caso testigo. El mensaje que se proyecta hacia el interior del Estado es complejo: hay sectores donde el ajuste es implacable y otros donde el gasto crece muy por encima del promedio.

    Desde el análisis presupuestario, el monto total puede no representar una porción decisiva del gasto nacional. Pero en política, los símbolos pesan. Y este contrato se convirtió en un símbolo de:

    • Tensiones entre discurso y práctica.
    • Fragilidad en la gestión de conflictos de interés.
    • Falta de pedagogía pública sobre criterios de contratación.

    La situación también interpela a los organismos de control y a la oposición parlamentaria, que ya anticipan pedidos de informes y posibles presentaciones judiciales.

     

  • Macri volvió a perder en la Justicia y Agost Carreño convocó a internas en el PRO Córdoba

    PorInvitad@ Especial

     

     La pelea por el control del sello del PRO en el distrito que alguna vez fue su bastión parece encaminarse hacia una definición: Mauricio Macri volvió a perder en el escritorio de la jueza María Servini y Oscar Agost Carreño convocó a elecciones internas para el 29 de marzo, con cronograma de cierre de lista previsto para 20 días antes.

    En el horizonte asoman tres tribus para la disputa por el sello: la macrista que lidera Soher El Sukaria; la bullrichista a cargo de Laura Rodríguez Machado; y la del propio Agost Carreño, que juega a las escondidas respecto de una eventual candidatura suya. Por ahora, Agost Carreño controla el estratégico resorte de la Junta Electoral.

    Desde octubre de 2024 Macri intenta, infructuosamente, intervenir el PRO y desconocer la presidencia de Agost Carreño, quien siendo presidente del partido se unió al bloque de Pichetto en Diputados. Pese a las embestidas, el cordobés viene ganando cada uno de los planteos en la Justicia Federal.

    Rodríguez Machado avisó que está preparándose para competir y que valora la interna: «Voy a participar; siempre a favor de la democracia interna», dijo la diputada que responde a Bullrich. Además, bancó la resistencia de Agost Carreño: «Desde la ‘intervención’, jamás hubo un interventor», agregó.

    Laura Rodríguez Machado

    La macrista El Sukaria cree que la interna convocada por Agost Carreño puede caerse: «Veremos si hay elección, porque está todo viciado». «No le tenemos miedo a la interna siempre que sea justa, y no lo es con vicios, falta de transparencia y siendo (Agost Carreño) el único apoderado», dijo la actual concejala que responde a Macri.

    Aunque en privado se cuelga de alambrado para gritar el segundo gol a Macri, en público Agost Carreño juega moderado: «Busco que las disputas del PRO Córdoba se resuelvan como deber hacerse: con elecciones transparentes; cada vez que llamé a elecciones, (Macri) intervino el partido».

    Tampoco dice qué hará: intentar revalidar su presidencia, heredada tras la sangría del PRO en 2023; acordar con el sector de Rodríguez Machado, pese a la sociedad con Milei; o mirar desde la tribuna, una opción que parece improbable. Hay mucho en disputa: un triunfo de Rodríguez Machado llevaría al PRO directo y formalmente al frente libertario que comanda Gabriel Bornoroni.

    Desde octubre de 2024 Macri intenta, infructuosamente, intervenir el PRO y desconocer la presidencia de Agost Carreño, quien siendo presidente del partido se unió al bloque de Pichetto en Diputados. Pese a las embestidas, el cordobés viene ganando cada uno de los planteos en la Justicia

    En lo jurídico, Asgost Carreño logró revertir en la Justicia Electoral dos intervenciones dispuestas por Macri al PRO en Córdoba. De hecho, en octubre Agost Carreño fue cabeza de lista del PRO, aunque no renovó su banca. El expresidente insistió en noviembre por tercera vez, y Servini debería expedirse en los próximos días.

    No es un tema que pasa inadvertido para Martín Llaryora, afecto a las ingenierías electorales con varios sellos opositores. Como se recordará, el gobernador logró descabezar a la anterior cúpula del PRO a fuerza de cargos: Pedro Dellarossa, quien era presidente del partido amarillo, fue designado ministro y en diciembre dejó el cargo para ocupar una dirección en el Banco de Córdoba; mientas que Javier Pretto, presidente del PRO en la ciudad de Córdoba, es el actual viceintendente de Daniel Passerini.