Mauricio Macri podría ser alcanzado por los coletazos de la crisis que sacude a la FIFA a partir de la intención de su titular Gianni Infantino de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, con un familiar de Donald Trump como agente financiero.
El ex presidente argentino llegó a la fundación del máximo organismo mundial de fútbol en enero de 2020, un mes después de dejar la Casa Rosada, por impulso del propio Infantino.
Macri había tejido un lazo cercano al suizo y le otorgó una invitación especial a la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires en 2018. La Fundación FIFA la inventó el propio Infantino en 2018 y luego de dos años de preparación, el suizo le creó el cargo a Macri como primer Executive Chariman (presidente ejecutivo).
Como toda fundación, se inventó para recaudar fondos y Macri acercó sus influencias con los qataríes, con los que hace tiempo sueña con privatizar el fútbol argentino. Al líder del PRO se lo pudo ver en buena parte de los partidos de Qatar 2022 y en el reciente mundial de Estados Unidos.
La relación estrecha que cultivó con Infantino lo ató a la suerte del suizo en la FIFA. Infantino tiene intenciones de renovar su último mandato en 2027 hasta 2031, pero la propuesta de privatizar la FIFA y el Mundial, empujado por Trump, le provocó un efecto boomerang que incluso motivó versiones de su renuncia. Su principal asesor, Carlos Cordeiro, renunció este viernes en medio del desplante de la UEFA, Concacaf y la confederación de Asia.
«Si cae Infantino, cae Macri», dijo a LPO un importante dirigente de la Conmebol, que en la tarde de este viernes salió a rechazar la propuesta de Infantino.
Clara Muzzio organizó una jornada contra la Educación Sexual Integral y el aborto legal en la Legislatura y desde el gobierno porteño aseguran que no los consultaron.
La vicejefa sostiene desde hace más un año una agenda antiwoke en sintonía con el gobierno de Milei. En el evento que coordinó en la Legislatura hubo dos integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el diputado Santiago Santurio y el ex secretario de Culto Nahuel Sotelo.
Cerca de Jorge Macri aseguran que Muzzio se mandó sola y no consultó antes de utilizar la Legislatura en un evento en donde además fue la principal oradora. También participó el ministro de Desarrollo Social Gabriel Mraida, identificado con el movimiento evangélico.
«Se pone en una postura muy extrema por su oportunismo político», le dijo a LPO un funcionario del PRO que recuerda la participación de Muzzio en los desfiles del día del Orgullo junto al ahora diputado Maxi Ferraro, la diputada Sabrina Ajmechet, el legislador Emmanuel Ferrario o el ex ministro Juanjo Méndez.
En la charla antiwoke estuvieron presentes dirigentes del PRO como la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y también la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que anunció su intención de derogar el aborto legal.
Entre los dirigentes alineados con Patricia Bullrich, no hay unanimidad. «Nosotros tenemos un sentido más liberal del mundo, no conservador. Patricia votó en favor del matrimonio igualitario. Creo que la ESI tiene que reformularse, las familias también tienen que ser parte de la decisión de afrontar ciertas cosas», explicó Juan Pablo Arenaza, legislador porteño.
«Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia» fue el nombre de la charla patrocinada por la organización Political Network for Values. Su directora fue recibida por el canciller Pablo Quirno.
Según confiaron desde el PRO, el contenido de la charla generó tensión al interior del gobierno. En algunas carteras no se tomaron a bien las intervenciones de Muzzio: a diferencia de la vicejefa, otros funcionarios deben responder preguntas de padres, ONG y diferentes colectivos preocupados por saber si el gobierno tiene la intención de eliminar la ESI y programas como Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA.
La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?
Por Roque Pérez para NLI
La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.
Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos
El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.
Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.
En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.
Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas
La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.
Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.
Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.
Mucho más que una obra pública
La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.
En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.
La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.
El intendente de La Plata, Julio Alak, retoma su campaña para suceder a Axel Kicillof y viajará la semana próxima a Bahía Blanca junto al ex presidente Eduardo Duhalde para encabezar un acto político.
Es el segundo encuentro en el que Alak y Duhalde comparten en los últimos meses. A fines de marzo estuvieron juntos en el Sindicato de Pasteleros de Villa Elisa. En esa reunión también participó Chiche Duhalde.
Esta vez el encuentro será en el Centro de Empleados de Comercio de Bahía Blanca y se sumarán intendentes, concejales y dirigentes sindicales del sur de la provincia.
Alak había desacelerado sus recorridas y reuniones. Algunas versiones señalan que el motivo era el mundial de fútbol, pero otras aseguran que la interna entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner hacía casi imposible encarar una campaña de instalación.
Como sea, lo cierto es que esta semana el intendente de La Plata reactivó sus intenciones y se mostró en el Palacio Municipal con Natalia De la Sota, quien trabaja en un acercamiento con el peronismo federal y arranca una construcción política con horizontes más allá de Córdoba.
«Con Natalia coincidimos en la necesidad de construir una alternativa federal que priorice el desarrollo, fortalezca las economías regionales y recupere el dinamismo de la actividad económica», escribió Alak junto a la foto con la diptuada nacional en el balcón del Palacio Municipal y con la Catedral de La Plata de fondo.
Natalia De la Sota y Julio Alak.
Alak busca ser un candidato de unidad validado tanto por Cristina como por Kicillof. Se sabe que con el gobernador mantiene un buen vínculo después de algunas turbulencias que tuvieron que ver con las definiciones sobre la presidencia del PJ bonaerense. Sin embargo, mantiene roces con algunos funcionarios que conforman el grupo político del gobernador.
En tanto, con la ex presidenta mantiene canales abiertos y hasta evalúa salir fuerte en los medios en los próximos días a cuestionar la condena que la mantiene con libertad domiciliaria en su departamento de San José 1111.
El intendente de La Plata encara una campaña con varios frentes. Uno de ellos, quizás el más disruptivo (si se tiene en cuenta los movimientos del resto de los pre candidatos), tiene como objetivo recuperar a la vieja guardia del peronismo.
En marzo, Alak logró juntar en Dolores a dirigentes históricos que lograron ocupar cargos ejecutivos y legislativos relevantes en la provincia, pero que el kirchnerismo fue apartando de los lugares decisivos.
Fue un encuentro distendido en la casa de Alfredo ‘Tati’ Meckievi, un ex senador provincial y ex intendente de Dolores.
Entre los invitados estuvieron Baldomero ‘Cacho’ Álvarez, ex intendente de Avellaneda que ocupó el ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Daniel Scioli. También se lo vio a Federico Scarabino, un dirigente muy importante, que ocupó la presidencia del Senado bonaerense en 2010 tras el ACV que sufriera Alberto Ballestrini.
Se sumó a esa reunión Juan Garivoto que apuntaló la lista de Gustavo Pulti en la interna peronista de Mar del Plata, lista que cayó frente a la de Fernanda Raverta. Otro histórico de la Quinta Sección que participó fue el ex diputado provincial Tomas Hogan.
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Diego Santilli le pidió a Victoria Villarruel que renuncie a la vicepresidencia por haber puesto en duda el estado de salud de Javier Milei y convirtió la pelea política en un conflicto institucional.
«Si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces», afirmó el jefe de Gabinete, el funcionario más importante en la estructura del Poder Ejecutivo. Su palabra tiene un peso muy importante en el funcionamiento institucional del gobierno, por lo que el pedido de renuncia a Villarruel adquiere una relevancia mucho más seria que el que habían formulado legisladores libertarios.
«Me parece una barbaridad, un disparate, una falta de sentido común», afirmó Santilli en radio Mitre sobre el tuit de Villarruel. «Me parece una falta de respeto y unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula», agregó.
Justamente la seriedad del pedido de renuncia a Villarruel es que la vicepresidenta fue electa por el voto popular, no es una funcionaria elegida a dedo por el presidente. Así de grave es el conflicto institucional que implica que el funcionario más importante del gobierno le pida la renuncia.
«Estoy en total desacuerdo. No puedo entender por qué hace lo que hace. En vez de apoyar a un gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre poniendo palos en la rueda, un disparate», continuó Santilli.
«Si una persona no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?», preguntó el jefe de gabinete. «Que dé un paso al costado si cree que es así, que arme su proyecto y que compita», la desafió.
Si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?. Que dé un paso al costado si cree que es así, que arme su proyecto y que compita
Villarruel dijo estar preocupada por el estado de salud de Milei y sostuvo que el presidente tiene «persecuciones imaginarias» que lo llevan a tuitear estupideces y delirios, en referencia a posteos de Lilia Lemoine que replicó.
«Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», dijo Villarruel.
