Sociedad

  • Los intendentes quieren que los nuevos jueces de la Corte bonaerense volteen la ley que limita las reelecciones

    PorInvitad@ Especial

     

    Una idea que circula en los intendentes -tanto del conurbano como del interior de la provincia- es que los cuatro jueces de la Corte bonaerense lleguen al Palacio de Justicia con el mandato de voltear la ley que limita las reelecciones.

    El tema se discutió en algunas reuniones de las que incluso participó la cúpula del peronismo. Los intendentes saben que tal como está conformado el tribunal (con tres de sus siete asientos ocupados) no hay chance de pedirle a los jueces que declaren inconstitucional la ley aprobada en 2016.

    En definitiva, los jueces llegan a la Suprema Corte designados por el poder político. El acuerdo sellado en diciembre establece tres magistrados para el peronismo y uno para el radicalismo. De modo que esa eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.315 supone una especie de devolución de favores a la política.

    El envío de los pliegos al Senado se dilata. En diciembre deberían haberse votado tres jueces designados por los tres sectores del peronismo: kirchnerismo, axelismo y massismo. El cuarto se acordó que se vote antes de la feria judicial de julio de este año.

    Fuerte reclamo de los jueces a Kicillof para que complete la Suprema Corte bonaerense

    Todo indica que la votación de los pliegos ocurrirá durante 2026 o a más tardar en los primeros meses del año próximo.

    Por lo pronto, el martes los jueces de la Corte lanzaron un fuerte reclamo a Kicillof para cubrir las cuatro vacantes. «Somos tres, cuando debiéramos ser siete», dijo el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Torres, y agregó que la corte «se encuentra inéditamente desintegrada».

    Hilda Kogan.

    Torres no estaba solo. A su lado estaban los otros dos magistrados: Hilda Kogan y Daniel Soria. También estaba en el escenario en la sala de audiencias del Máximo Tribunal, el procurador Julio Conte Grand. Fue en el marco de la presentación de un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica para el Poder Judicial.

    Torres planteó que la Corte está incompleta desde hace más de seis años. Y detalló que transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud. «El Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática», planteó.

    Además, recordó que la Constitución de la provincia establece un plazo de 15 días desde que la vacante se formaliza para el envío de la propuesta de un candidato al Senado.

    Torres dijo que el trabajo de siete jueces hoy es realizado por tres con asistencia de los tribunales inferiores. «Esto implica mayor dependencia y la necesidad de la subrogación tanto en temas jurisdiccionales como no jurisdiccionales», dijo. 

     

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    De las promesas al ajuste: dos años y medio de Milei y un modelo que hizo exactamente lo contrario de lo que prometía

    PorInvitad@ Especial

     

    A dos años y medio de haber asumido, el gobierno de Milei ya no puede escudarse en la “herencia” ni en la “pesada estructura estatal”. Los resultados están a la vista y el contraste con las promesas de campaña es, en muchos casos, brutal. Donde se prometía libertad, hay concentración; donde se hablaba de casta, hay privilegios; donde se anunciaba prosperidad, hay caída del poder adquisitivo y deterioro social.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Durante la campaña, Milei construyó su figura sobre una serie de ejes que conectaron con el malestar social: terminar con la inflación “en poco tiempo”, dinamitar la casta política, achicar el Estado para liberar al sector privado y generar crecimiento. El discurso era simple, directo y, sobre todo, contundente. El problema no era lo que decía: era lo que implicaba.

    Dos años y medio después, el balance obliga a poner cada una de esas promesas bajo la lupa. Porque si algo caracteriza a este gobierno no es la falta de rumbo, sino la coherencia entre su programa económico real y sus consecuencias sociales. Lo que se prometió y lo que se hizo no coinciden, pero lo que se hizo sí responde a un modelo claro.

    Inflación: del “en semanas” al ancla recesiva

    Uno de los pilares del discurso libertario fue la promesa de terminar con la inflación rápidamente. Milei llegó a hablar de plazos cortos, casi inmediatos, apoyado en la idea de un ajuste fiscal severo y una política monetaria restrictiva.

    La realidad fue otra. Si bien la inflación mostró desaceleraciones en algunos períodos, lo hizo a costa de un mecanismo conocido: la licuación del salario y la recesión profunda. El consumo se desplomó, la actividad económica se contrajo y el poder adquisitivo cayó a niveles que no se veían en años.

    Es decir, la inflación no se “resolvió”: se contuvo mediante el empobrecimiento generalizado.

    La casta: un relato que se volvió en contra

    “Vengo a terminar con la casta”, repetía Milei. Sin embargo, con el correr de los meses, esa promesa se fue diluyendo frente a decisiones concretas.

    Nombramientos cuestionados, alianzas con sectores tradicionales de la política, designaciones en cargos estratégicos para quienes apoyaron leyes clave del oficialismo. La famosa casta no desapareció: cambió de nombre y se reacomodó dentro del nuevo esquema de poder.

    Incluso en materia salarial, varios funcionarios del gobierno quedaron envueltos en polémicas por aumentos y privilegios, en abierta contradicción con el discurso de austeridad que se pregonaba hacia afuera.

    Estado: del “afuera” al uso selectivo

    El mantra de “achicar el Estado” fue otro de los ejes centrales. Pero lo que se observó no fue una retirada del Estado, sino una reconfiguración de su rol.

    Se redujeron partidas en áreas sensibles como salud, educación y ciencia, se desfinanciaron programas sociales y se avanzó en procesos de privatización o vaciamiento de empresas públicas. Pero, al mismo tiempo, el Estado siguió presente donde el modelo lo necesitaba: garantizando negocios, regulando a favor de sectores concentrados y sosteniendo estructuras clave para el funcionamiento del esquema económico.

    No hubo menos Estado: hubo un Estado al servicio de otros intereses.

    Libertad económica: para quiénes

    La promesa de una economía libre se tradujo en desregulación, apertura y quita de controles. En teoría, esto debía generar competencia, inversión y crecimiento.

    En la práctica, lo que se consolidó fue otra cosa: mayor concentración económica. Las grandes empresas, especialmente en sectores estratégicos, lograron ampliar márgenes y posicionamiento, mientras las pymes enfrentaron un escenario adverso marcado por caída de ventas, aumento de costos y falta de financiamiento.

    La libertad, en este contexto, no fue pareja. Fue selectiva.

    El impacto social: la variable de ajuste

    Quizás el punto más evidente del contraste entre promesas y gestión está en lo social. Milei aseguró que el ajuste lo pagaría la política. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

    Caída del salario real, aumento de la pobreza, deterioro de jubilaciones, recortes en programas esenciales. El ajuste tuvo destinatarios claros: los sectores medios y populares.

    Lejos de un “derrame” prometido, lo que se consolidó fue una transferencia regresiva de ingresos.

    Modelo, no error

    A esta altura, ya no se trata de errores de gestión ni de medidas aisladas. Hay una lógica que atraviesa toda la administración Milei.

    Un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la actividad, que apuesta a la desregulación aun cuando profundiza desigualdades, que reduce el rol social del Estado mientras fortalece su función económica en favor de determinados actores.

    Las promesas de campaña fueron una cosa. La gestión, otra. Pero ambas no son contradictorias por accidente: son parte de una misma construcción política donde el discurso fue la puerta de entrada y el programa real, la ejecución de fondo.

    Dos años y medio después, la pregunta ya no es qué prometía Milei. La pregunta es quiénes ganaron y quiénes perdieron con lo que efectivamente hizo.

    Y ahí, los números —y la vida cotidiana— hablan por sí solos.

     

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    Kicillof planta bandera en el día del trabajador: “no les vamos a dar la espalda” frente al ajuste de Milei

    PorInvitad@ Especial

     

    En un nuevo 1° de mayo atravesado por el ajuste y la conflictividad social, Axel Kicillof envió un mensaje contundente a los trabajadores: prometió no abandonar a quienes sufren las consecuencias del modelo económico y volvió a marcar una línea política clara frente al rumbo del gobierno nacional.

    Por Ignacio Elfratini para NLI

    En medio de un escenario económico cada vez más adverso para amplios sectores de la sociedad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof eligió el Día del Trabajador para fijar posición. Lo hizo con una frase que sintetiza tanto una definición política como un posicionamiento estratégico: “no les vamos a dar la espalda”, en referencia directa a los trabajadores golpeados por el ajuste.

    El mensaje no fue aislado ni meramente conmemorativo. Según publicó C5N, el mandatario remarcó que, pese al intento de instalar que “no hay alternativa”, existe un horizonte distinto y que es necesario construirlo colectivamente. En otras palabras, el discurso se inscribe en una disputa más amplia: la de resignación versus proyecto político.

    Una respuesta política al modelo de ajuste

    El contexto no es menor. La gestión de Javier Milei viene siendo cuestionada por sindicatos, gobernadores y sectores productivos por el impacto de sus medidas. En ese marco, Kicillof no solo habló a los trabajadores, sino que se posicionó como uno de los principales referentes de la oposición a nivel nacional.

    La frase elegida —“no les vamos a dar la espalda”— funciona como contracara directa de un modelo que, según distintas críticas, ha descargado el peso del ajuste sobre salarios, empleo y consumo. En ese sentido, el gobernador planteó la necesidad de sostener un rol activo del Estado frente a la crisis.

    No es la primera vez que el mandatario bonaerense adopta este tono. En reiteradas oportunidades ha advertido sobre los efectos sociales de las políticas nacionales, y en este caso volvió a insistir en la idea de que hay un camino alternativo basado en la protección del trabajo y la producción.

    Entre la resistencia y la construcción de una alternativa

    El mensaje también dialoga con el clima de movilización que atraviesa al país. En los últimos meses, distintas protestas sindicales y sociales marcaron el rechazo a reformas impulsadas por el oficialismo, especialmente en materia laboral, que desde sectores opositores son interpretadas como un avance sobre derechos históricos.

    En ese escenario, Kicillof intenta correrse de una lógica puramente defensiva para plantear algo más ambicioso: la construcción de una alternativa política. La referencia a que “no hay alternativa” aparece, justamente, como una crítica a la narrativa oficial que busca instalar inevitabilidad.

    El gobernador, en cambio, propone lo contrario: que el rumbo económico es una decisión política y que puede ser modificado. De allí la insistencia en “construir ese futuro posible”, una frase que apunta tanto a la militancia como al electorado en general.

    El peronismo reconfigura su discurso frente a Milei

    El posicionamiento de Kicillof también tiene una lectura interna dentro del peronismo. En un escenario de reacomodamiento político, su figura gana centralidad como uno de los dirigentes con mayor capacidad de confrontar con Milei desde una narrativa económica y social consistente.

    La apelación directa a los trabajadores no es casual: históricamente, ese sector ha sido la base del movimiento peronista. Y en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de la precarización, el discurso busca reconectar con esa identidad.

    Así, el mensaje del 1° de mayo no solo funciona como un gesto simbólico, sino como una pieza más en la construcción de un liderazgo opositor que intenta articular resistencia, gestión y proyección nacional.

     

  • Disolvieron el fondo para obras eléctricas, pero siguen cobrando el recargo y ya acumulan 38.600 millones

    PorInvitad@ Especial

     

     El Gobierno disolvió un fondo creado para el desarrollo infraestructura eléctrica, pero dejó intacto el cobro. Esa es la paradoja que quedó expuesta en el informe que Manuel Adorni presentó ante el Congreso. En la respuesta número 1.1173 el Gobierno admitió que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal todavía no fue liquidado. La caja se cerró en los papeles, pero la plata sigue entrando todos los meses.

    El dato no es menor. El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tiene hoy esos miles de millones de pesos.

    En el informe de la Jefatura de Gabinete se habla de un «proceso post disolutorio». Lo concreto es que el fondo fue eliminado por decreto, pero en los hechos sigue activo. Porque, mientras tanto, el recargo sigue corriendo. Es plata que sale del bolsillo de hogares, comercios e industrias en todo el país. No es optativo. Está incorporado en la estructura tarifaria y se traslada de forma automática. Se paga en Buenos Aires, en Córdoba o en el NOA. Es nacional.

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    Lo más incómodo es que ese dinero ya no va a una caja específica. Fue redireccionado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, dentro del presupuesto. Cambió el envase, no el mecanismo. Se sigue cobrando igual, pero con otra lógica de administración.

    El problema es que el objetivo original quedó diluido. El fondo había sido creado en 1999 para financiar obras de transporte eléctrico en alta tensión. Los grandes tendidos que conectan regiones, evitan cuellos de botella y llevan energía a zonas alejadas. 

    El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026 que deberían destinarse a obras. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tienen hoy esos miles de millones de pesos.

    Durante años, esa caja funcionó con un destino atado. Esa estructura obligaba a que los fondos tuvieran una trazabilidad clara: lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas.

    Hoy ese esquema se rompió. El Gobierno reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato. Se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha, pero la infraestructura no avanza, esta paralizada. 

    Ahí aparecen las tensiones. La primera es la pérdida de trazabilidad. Sin fideicomiso, es más difícil seguir el rastro fino de cada peso. La segunda es la discrecionalidad. La administración directa por parte del Ministerio de Economía habilita decisiones más políticas que técnicas. La tercera es el ruido: se sigue cobrando un cargo que nació para un fondo que ya no existe formalmente.

    Además, el recargo no es transparente en la factura. No aparece como «FFTEF». Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios. Está ahí, pero no se ve con claridad. La factura eléctrica es una suma de capas donde estos componentes quedan mezclados.

    Sin embargo, el número existe. El recargo que alimenta ese esquema ronda los $1.704 por MWh, es decir, cerca de $1,7 por kWh. Para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales, implica entre $340 y $500 por mes. No es el componente más grande de la boleta, pero es constante y universal.

    En términos relativos, representa entre el 2% y el 5% de la factura, según el nivel de consumo. No es un porcentaje fijo. Es un cargo técnico que se integra al precio mayorista y se traslada al usuario final. Por eso se vuelve difícil de identificar.

    En el Congreso quedó flotando una pregunta que nadie terminó de responder. Quién administra esa caja y con qué criterio. 

     

  • Lule Menem apuró a la libertaria Orozco porque le complica la relación con el salteño Saenz

    PorInvitad@ Especial

     

    La cúpula del gobierno fue al choque con la senadora salteña Emilia Orozco (LLA) porque su críticas irritan al gobierno de Gustavo Sáenz, un aliado que debe aporta votos clave para poder aprobar en el Congreso el fin de las PASO.

    Los roces se dieron durante una exposición económica sobre Keynes que Javier Milei brindó en el Palacio Libertad junto al diputado Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo. Allí Lule Menem se acercó a Orozco para increparla. Discutieron durante algunos minutos y el funcionario de Karina le dejó en claro que sus críticas a Sáenz complican los intereses del gobierno.

    Orozco consiguió un triunfo contundente en las elecciones de octubre pasado. Superó sin problemas a Flavia Royón, la candidata de Sáenz, y dejó sin banca al ex gobernador Juan Manuel Urtubey. Ahora la senadora libertaria asoma como una amenaza para la reelección del gobernador salteño.

    Sus críticas a Sáenz complican la estrategia que el gobierno teje con los gobernadores del norte. Los libertarios cerraron un acuerdo por el cual La Libertad Avanza pondrá en esa provincia un candidato de media tabla y Milei no hará campaña en el norte. A cambio, Sáenz debe votar la reforma electoral.

    El problema es que el triunfo de Orozco el año pasado y las críticas constantes de la senadora a Sáenz hace dudar al salteño. Al punto que días atrás, Royón mostró reticencia a aprobar el fin de las PASO tal como llegó al Congreso. «Está dispuesta a discutir modificaciones sobre las primarias pero no sacarlas. Se puede discutir la obligatoriedad o el financiamiento», dijeron desde su entorno.

    Un dato interesante es que estos acuerdos entre gobernadores peronistas y el gobierno son promovidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, que no quiere desórdenes políticos en las provincias.

    La conferencia en el Palacio Libertad mostró la incomodidad que rodea al Presidente en las últimas semanas. En un momento, Milei casi pierde los estribos ante la pregunta de un libertario sobre la suba de la inflación.

    Es que a pesar de ser un evento rodeado mayoritariamente por seguidores y figuras afines a las ideas libertarias, el Jefe de Estado protagonizó un cruce incómodo con uno de los presentes. Un joven identificado con el movimiento libertario consultó al mandatario sobre las preocupaciones actuales respecto al aumento de la inflación.

    La reacción de Milei fue inmediata y denotó una profunda molestia por el cambio de eje de la charla. «No es el lugar, maestro, no es el momento ni el lugar», repitió el Presidente en varias ocasiones, cortando en seco la intervención del seguidor.

    Visiblemente irritado, el jefe de Estado instó a mantener la discusión dentro de los carriles académicos previstos para la tarde, evitando dar precisiones sobre los índices de precios en ese contexto.

     

  • Lijo tiene un gesto amistoso con Karina y le pide a Gendarmería que perite los audios de Spagnuolo

    PorInvitad@ Especial

     

    Ariel Lijo ordenó este jueves el peritaje de los audios de Diego Spagnuolo para «corroborar el origen y la veracidad» del material, a través de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, y produjo un verdadero terremoto en Comodoro Py. La resolución es un guiño directo a Karina Milei, que se estaba desesperando por el avance de la investigación y hasta designó a Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia con la misión de frenarla.

    En ese contexto, la definición del magistrado podría constituir un giro copernicano respecto del camino que había trazado Sebastián Casanello, que subrogó el juzgado de Lijo hasta febrero pasado.

    De hecho, Lijo basó su argumento para el pedido a la Gendarmería en los lineamientos dispuestos por la Sala II de la Cámara de Apelaciones el 4 de diciembre pasado. Ese juzgado está integrado por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

    Irurzun y Boico habían dejado abierta la causa por el reclamo del gobierno para que, justamente, se impugnara lo actuado por Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes alegaban que no instruían la causa con el contenido de los audios sino a partir de la prueba que obtuvieron en los allanamientos de las casas de los imputados, sus computadoras y sus teléfonos celulares. Farah había votado en sentido contrario.

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    LPO reveló que el propio Martín Menem se habría encargado de pedirle a Irurzun que mantuviera abierta esa posibilidad.

    Ahora, Lijo habilita la chance que los audios fueran objeto de algún tipo de adulteración o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar.

    La medida del magistrado generó sorpresa en Comodoro Py. Un colega suyo que seguía con atención la investigación calificó la resolución de Lijo como «una vergüenza».

    Ya se habría producido un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que ya no confía plenamente en Mahiques para la resolución de sus problemas.

    El giro de Lijo, que disputa con Juan Bautista Mahiques la postulación como Procurador de la Nación, podría obedecer a la búsqueda de congraciarse con Karina Milei. De hecho, LPO informó que la hermana presidencial se habría enterado del ultimátum de Irurzun a Mahiques por el freno a su pliego para prorrogar su cargo a través de un mensaje de WhatsApp que le llegó a la legisladora Pilar Ramírez, su mano derecha.

    Después de eso, se habría producido un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que ya no confía plenamente en Mahiques para la resolución de sus problemas. La secretaria general de la Presidencia habría decidido puentear a su ministro.