Mariano Llorens perdió este martes la votación por su reelección al frente de la Cámara Federal porteña para 2026 contra Lepoldo Bruglia.
La caída en desgracia del magistrado podría ser doble porque, según fuentes judiciales, el actual titular del cuerpo se había encargado de esparcir la versión acerca de que sería el candidato del gobierno para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La derrota en su propio territorio podría alejarlo del objetivo.
Llorens es uno de los jueces que acreditaban visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Tal como informó a LPO, hace casi un año el juez quedó al frente de la cámara en una jugada sorpresiva, ante la preanunciada jubilación de Juan Carlos Maqueda en su despacho del Palacio de Tribunales, un espacio vacante que le abría camino a Llorens para sumarse en determinadas circunstancias como conjuez de la Corte.
La derrota de Llorens fue atribuida a una serie de medidas administrativas desafortunadas que tomó durante su permanencia al frente de la cámara. «Corrió personas, tomó decisiones erradas», comentaron a LPO.
En efecto, la votación no estuvo exenta de rispidez, más allá de la supuesta sobriedad de los despachos judiciales. El camarista Martín Irurzun lo cruzó sin piedad antes de emitir su voto en contra de Llorens: «quebraste la unidad histórica de la cámara», le habría reprochado.
Los camaristas Irurzun y Bruglia
Si bien Bruglia y Eduardo Farah intentaron una moderada defensa de Llorens, sus argumentos no alcanzaron para salvarlo del hundimiento.
Además de Llorens, Bruglia, Irurzun y Farah, integran la cámara Roberto Boico y Pablo Bertuzzi.
Con asiento en Comodoro Py, la Cámara Federal porteña está dividida en dos salas. La sala 1 quedará encabezada por el propio Llorens, mientras que la sala 2 quedará a cargo de Boico.
La CGT entró en guerra con Federico Sturzenegger y ahora busca que la marcha del jueves contra la reforma laboral sea masiva.
LPO explicó que la semana pasada la CGT no veía condiciones para protestar en la calle y que apostaba a «debilitar» la reforma laboral en el Senado. El más reacio a marchar era uno de los nuevos triunvirs, Jorge Sola, que dijo en una reunión con el bloque de diputados del peronismo que la gente no iba a acompañar una marcha.
Pero después el gobierno introdujo un artículo que golpea el financiamiento de los sindicatos y en la CGT empezaron a recalcular. «Si no hacemos algo nos llevan puestos las bases y los sindicatos que van a hacer un paro», dijeron en la cúpula de la central obrera. Por eso desde el inicio de esta semana empezaron a repartir fondos y llamar punteros para que la movilización del jueves, que será a las 15 a Plaza de Mayo.
El detonante para que la CGT entrara en modo combativo fue el propio Sturzenegger. En el primer borrador de la reforma se eliminaban las cuotas solidarias, que son uno de los principales mecanismos de financiamiento de los sindicatos: se trata de descuentos que se pactan en los convenios colectivos de trabajo y se aplican a todos los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados al gremio correspondiente.
Como un guiño a la CGT, el gobierno quitó ese artículo, pero Sturzenegger volvió a la carga y logró introducir otro que exige conformidad expresa del trabajador para que el empleador actúe como agente de retención de los aportes sindicales. Esto podría dificultar en la práctica la recaudación de cuotas si muchos trabajadores no dan ese consentimiento.
Octavio Argüello y Jorge Sola, dos de los nuevos triunviros de la CGT.
La CGT tomó esto como una provocación del propio Sturzenegger, que a días de que se trate el proyecto dijo en una entrevista que la reforma laboral «aplica a cualquier relación laboral», y no solo a las futuras contrataciones.
Desde el gobierno intentaron desmentir al propio ministro de Desregulación, que dejaba abierta la puerta a la retroactividad de la ley, pero desde la CGT salieron a cruzarlo igual. «Está equivocada la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos», lo cruzó Cristian Jerónimo, uno de los nuevos triunviros de la central obrera.
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está cerca de un nievo revés. La agencia estatal italiana Ansa publicó que un alto funcionario de la Unión Europea admitió que aún no está asegurada la mayoría calificada que se necesita en el Consejo de la UE para que la Comisión pueda firmar el acuerdo con el Mercosur el próximo sábado, como es la intención de Ursula von der Leyen.
Mercosur y especialmente Brasil está esperando esa votación para poder anunciar el acuerdo en la cumbre del bloque que se realice en la misma fecha en Foz Iguazú. Este encuentro iba a desarrollarse el 17 pero luego se decidió acoplarlo a la cumbre europea con la idea de tener los resultados de la votación definido.
«Haremos todo lo posible para preparar el terreno para la firma el sábado, que aún está en la agenda. Se necesita una mayoría cualificada en el Consejo de la UE; en este momento, no estoy seguro de que la tengamos», dijo este el alto funcionario.
«Si la UE no firma este acuerdo, se socavaría la idea de diversificar el comercio en un momento en que nuestros socios fiables son menos fiables o menos estables», agregó.
El acuerdo UE-Mercosur está dividido en dos partes: comercial y política. La parte comercial puede ser aprobada por la Comisión Europea minera que la parte política necesita ser aprobada por los 27 países de la Unión Europea.
Haremos todo lo posible para preparar el terreno para la firma el sábado, que aún está en la agenda. Se necesita una mayoría cualificada en el Consejo de la UE; en este momento, no estoy seguro de que la tengamos
La parte política incluye los fondos de cooperación que la UE enviará para compensar las concesiones comerciales. «Lula podrá decir que se cerró el acuerdo, pero los fondos de cooperación no llegarán todavía», detalla un diplomático con experiencia en estos acuerdos.
Las resistencias europeas vienen de Francia y otros países como Irlanda que consideran que la rubrica pone en riesgo al sector agropecuario. Macron es el más enfático en el rechazo pero también se oponen el resto de los partidos, desde la extrema derecha de Marine Le Pen hasta la izquierda de Jean Luc Melenchon.
De lado sudamericano, Lula pone todo en este acuerdo para relanzar el bloque y anotarse una medalla como líder tras décadas de negociaciones. Sin embargo, el panorama se presenta complejo y no hay garantía que el sábado haya consenso en Bruselas.
Mandatarios provinciales denunciaron un fuerte desfinanciamiento de las provincias, cuestionaron el retiro del Estado nacional y anunciaron que avanzarán con una agenda parlamentaria común para frenar el ajuste territorial del Gobierno.
Por la Redacción de NLI
Seis gobernadores alineados en el peronismo difundieron este martes un documento conjunto en el que reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron que las provincias atraviesan un proceso creciente de desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei.
El texto lleva las firmas de Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, quienes coincidieron en cuestionar de manera directa la orientación económica y fiscal del Ejecutivo nacional.
Recuperar la Argentina federal e inclusiva
El Federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. pic.twitter.com/9SsAGCA6SJ
En el documento, los mandatarios subrayaron que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino y advirtieron que su debilitamiento no es una cuestión abstracta, sino una política concreta que profundiza desigualdades territoriales y sociales. Para los gobernadores, sin un esquema de distribución equitativa de recursos, no hay desarrollo posible ni cohesión nacional.
Uno de los puntos más duros del texto apunta al retiro progresivo del Estado nacional de funciones esenciales. Según señalaron, las provincias debieron hacerse cargo “casi en soledad” de la prestación de servicios públicos indelegables, sin que esa transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos necesarios para sostenerlas.
A esa situación se suma, remarcaron, una larga lista de incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la paralización casi total de la obra pública en todo el país. Para los gobernadores, esta combinación no solo asfixia a las administraciones provinciales, sino que consolida un modelo de país cada vez más desigual, con regiones condenadas al atraso.
El documento también pone el foco en un dato estructural: desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%. En ese marco, alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral que impulsa el Gobierno, podrían agravar aún más el desfinanciamiento federal.
Agenda común en el Congreso
La posición conjunta fue consensuada en una reunión realizada en la Casa de la Provincia de La Pampa, donde los gobernadores coincidieron en que resulta imprescindible rediscutir el federalismo como una verdadera estrategia de desarrollo e inclusión, y no como una consigna vacía.
En ese sentido, anunciaron que avanzarán con una agenda política e institucional común en el Congreso Nacional, con el objetivo de construir mayorías legislativas que frenen el ajuste sobre las provincias. Según expresaron, buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias, para defender el bienestar general.
Asimismo, anticiparon que respaldarán todas las iniciativas que fortalezcan la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a los productores y trabajadores del interior del país.
“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, afirmaron los mandatarios, y cerraron el documento con una definición política de fondo: sin federalismo real, sin igualdad de oportunidades y sin respeto por los derechos fundamentales, no hay democracia que se sostenga ni proyecto de país que incluya a todos.
Con el proyecto de reforma laboral del Gobierno quedan atrás los palabrerios cargados de incertezas: qué tan vetusto es el modelo actual, cuáles son los vectores de la adaptación al nuevo orden tecnológico y comercial global, y si este modelo —erigido a mediados del siglo XX y tantas veces reformado— debe ser definitivamente desarticulado, reconstruido o actualizado. Es una afirmación incómoda: para el gobierno libertario —y para todos los gobiernos neoliberales antes que él— las reformas laborales son un elemento central del programa económico.
Desde la oposición, el planteo respecto al mundo del trabajo es que el principal problema está en otra parte: las leyes laborales no crean empleo. Una verdad incontrastable, pero tal vez insuficiente. Entonces, ¿hace falta una reforma laboral? ¿La política del trabajo y sus regulaciones son tan centrales para el peronismo como lo son para los libertarios? ¿Qué lugar ocupa una reforma laboral en un programa inclusivo de crecimiento y desarrollo?
Una reforma perfecta
El proyecto de Ley de Modernización Laboral es la reforma de un modelo que apunta a transformar de raíz la estructura productiva y a promover lo que Schumpeter llamó una “destrucción creativa”: una destrucción de buena parte del tejido productivo –industrial–, como supuesta condición para el fortalecimiento de otros sectores, como el complejo energético y la minería.
Para dinamizar este proceso, promueve la rotación laboral y abarata los despidos mediante la creación del Fondo de Asistencia Laboral y a través del financiamiento estatal. Equivale a resignar 2.500 millones de dólares anuales del sistema previsional en concepto de contribuciones patronales. Si se aprueba esta norma, el modelo no permitirá ningún tipo de reconversión productiva que habilite la supervivencia de las empresas. El único camino será la mera destrucción —creativa, pero destrucción al fin— de un sinnúmero de empresas y un tendal de desocupados y puestos precarios.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Es la reforma laboral de un esquema macroeconómico cuya política antiinflacionaria tiene entre sus anclas principales la contención de los salarios. Con ese objetivo, institucionaliza la autoridad del Estado para fijar un techo a las paritarias.
El proyecto busca consolidar un modelo que no se apalanca sobre el mercado interno. Por ello, no precisa garantizar pisos salariales ni de derechos que fortalezcan el consumo local. Por eso descentraliza la negociación colectiva y permite que los acuerdos a nivel de empresa contengan peores condiciones que los que se negocian a nivel sectorial. Y también legaliza el fraude laboral promoviendo la contratación de trabajadores a través del monotributo.
La reforma laboral de Milei se integra a un modelo que abre indiscriminadamente las importaciones, y que a las empresas más afectadas les deja como única alternativa la subsistencia en base al pago de bajos salarios. Para eso también sirve la descentralización de la negociación colectiva y la institucionalización del techo a las paritarias.
Los sindicatos, para este esquema, son un claro obstáculo, porque pueden retrasar la “destrucción creativa” que afecta a los sectores intensivos en mano de obra, y pueden resistir el avance de una economía en base a salarios bajos y ausencia de derechos laborales. Por eso, el proyecto de ley busca ahogar financieramente a las organizaciones de los trabajadores, comprometer su sustentabilidad económica y limitar severamente la acción gremial.
Para lograr un país sin industria se necesita un país sin sindicatos. ¿O es al revés? Igual da.
Según este modelo de país, el bienestar de los trabajadores nunca —en ninguna circunstancia, ni territorio, ni tiempo— puede estar por sobre la rentabilidad de las empresas. Para eso la reforma laboral impulsa el banco de horas y otras formas de flexibilización de la jornada que desorganizan la vida de los trabajadores, elimina o debilita regímenes de protección a colectivos específicos (ley de teletrabajo, estatuto del periodista, entre otras) y convalida la precariedad del trabajo en plataformas.
Esta es la reforma, en definitiva, de quienes creen que los sindicatos, las leyes laborales y la negociación colectiva —instituciones que la Argentina se dio a sí misma después de 1983— son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca. El gobierno nacional está construyendo un modelo de país. Esta es la reforma laboral que necesita para eso. Una que desarticule instituciones construidas en democracia.
Qué reforma necesita Argentina
Un modelo de desarrollo con inclusión necesita esencialmente una reforma laboral que integre ese programa. Las reformas laborales no resuelven los problemas que el desarrollo —o, mejor dicho, la falta de desarrollo— deja tendidos. Pero son componentes clave de los modelos económicos y productivos que tienen entre sus principales prioridades la generación de trabajo de calidad. Por eso es importante definir cómo se articula la regulación del trabajo con ellos.
Los modelos de desarrollo que encuentran en el mercado interno un factor de dinamismo precisan reformas laborales que fortalezcan la demanda y, en particular, los niveles de consumo de los trabajadores. Para eso, incorporan esquemas de negociación colectiva que no profundizan las asimetrías naturales entre capital y trabajo, sino que las moderan. También priorizan la recuperación del salario mínimo, vital y móvil para incentivar el crecimiento de los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial, e incluyen mecanismos de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, de modo que los frutos de las mejoras en la productividad sean compartidos.
Esta es la reforma de quienes creen que las leyes laborales y la negociación colectiva son el principal obstáculo para que se radiquen inversiones y la economía crezca.
Los modelos de desarrollo que priorizan el fortalecimiento del mercado interno encuentran en los sindicatos un actor fundamental para consolidar la demanda e impulsar el consumo de quienes trabajan. Por eso, precisan asociaciones gremiales que participen activamente en la puja distributiva, promoviendo mayor equidad en la distribución de la riqueza. En consecuencia, otorgan un marco de garantías a la acción gremial y fortalecen los recursos de las organizaciones sindicales.
Los modelos de desarrollo cuyas políticas antiinflacionarias no se basan en la contracción salarial necesitan reformas laborales que impulsen mecanismos suprasectoriales de coordinación salarial, para promover el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en una evolución acompasada de salarios, precios, tarifas y otros indicadores clave de la economía.
Los modelos de desarrollo centrados en la innovación, la incorporación de tecnologías, la generación de valor agregado y que apuntan a mejorar la competitividad por la vía alta —en base a la mejora de procesos y productos—, necesitan estrategias de incremento de la productividad de las empresas que no se basen en la intensificación y la híper explotación del trabajo. Por el contrario, necesitan trabajadores formados, comprometidos con sus empresas, que sean una fuente de innovación y pongan sus conocimientos al servicio de la mejora de la producción. Que sean reconocidos y bien remunerados por ese aporte. Para eso, las reformas laborales inclusivas incorporan mecanismos de participación de los trabajadores en la organización del trabajo, de reconocimiento de los saberes que esos trabajadores ponen a disposición de la producción y de distribución de la rentabilidad que surge como consecuencia del incremento de la productividad. Y con ese objetivo, las leyes fijan estándares laborales que incentiven a mejorar la competitividad de las empresas para alcanzarlos. Porque, a contramano del sentido común más ortodoxo, el debilitamiento de los derechos laborales no mejora la competitividad sino todo lo contrario, desincentiva la innovación porque habilita estrategias de negocios basadas en salarios bajos e incumplimiento de derechos.
Los modelos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad de las PyMES pero, a la vez, pretenden no dinamitar los ingresos del Estado, precisan reformas laborales y tributarias que incluyan esquemas progresivos de contribuciones patronales, que reduzcan al mínimo la carga de las empresas más chicas y compensen con las que tienen más margen para aportar.
Esos modelos de desarrollo precisan relaciones laborales a largo plazo, que puedan sostenerse incluso en contextos de crisis. Para eso necesitan reformas laborales que desincentiven la rotación laboral y políticas de estabilización del empleo que ayuden a las empresas a no tener que echar trabajadores en circunstancias de dificultades económicas porque, sobre todo para las PyMES, después es muy difícil volver a formarlos.
Los modelos de desarrollo que buscan un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad de los empresarios y el bienestar de los trabajadores precisan reformas laborales que armonicen esos dos elementos. Esto implica definir condiciones laborales que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos; establecer estándares que protejan la salud y seguridad laboral; diseñar formas de organización del tiempo de trabajo y de las vacaciones que respondan tanto a las necesidades operativas de las empresas como a las preferencias y expectativas de los trabajadores, entre otros conceptos.
Esa sería una reforma laboral que, en democracia y con el reconocimiento del protagonismo de los actores sociales, puede señalar un horizonte posible y deseable de producción y trabajo.
Sí, hace falta una reforma laboral
No solamente por las urgencias del mundo del trabajo, que son muchas, sino porque es urgente mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de quienes ya están protegidos por derechos laborales. Es urgente ampliar la protección efectiva con derechos laborales a todos los trabajos —asalariados e independientes— que hoy tienen vedado el acceso a la estabilidad, el descanso remunerado y una jubilación digna. La justicia social no puede llegar por vía judicial cuando los daños ya están hechos o cuando la precariedad ya está consagrada.
Una reforma laboral inclusiva es necesaria para atender mucho más que urgencias. No es la última milla del crecimiento y el desarrollo sino su condición. No es la posibilidad del derrame ni del goteo sino un componente esencial del vaso lleno. No es solamente el factor que haría inclusivo a un modelo o que garantizaría una distribución más equitativa del ingreso sino un componente esencial del desarrollo y la estabilidad política. Es un elemento central de un proyecto de país que crezca con inclusión.
En menos de 48 horas, el Boletín Oficial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires publicaron resoluciones que, leídas en conjunto, revelan un cambio estructural en la cobertura de riesgos laborales del Estado. Bajo el rótulo técnico del “autoseguro público”, se consolida un esquema que transfiere miles de millones de pesos a un mismo grupo empresario, reduce derechos laborales y anticipa una ola de litigios que pagará, otra vez, el erario público.
Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI
Autoseguro: cuando el Estado deja de asegurar y empieza a tercerizar el riesgo
Ayer, 15 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó la Resolución 58/2025, mediante la cual autorizó al Gobierno de la Provincia del Chubut a incorporarse al régimen de Autoseguro Público Provincial previsto en la Ley 27.348. Formalmente, el argumento es la “gestión más eficiente” de los riesgos del trabajo. En la práctica, se trata de romper el esquema tradicional de ART integrales.
Hasta ahora, una ART debía cubrir tres pilares:
Prestaciones médicas
Pago de salarios durante la licencia
Indemnizaciones o litigios por incapacidad
Con el nuevo modelo, el Estado sólo contrata servicios médicos, dejando fuera las prestaciones dinerarias. Esto no elimina el riesgo: lo traslada. Los salarios caídos y las indemnizaciones pasan a depender de partidas presupuestarias futuras o, directamente, de los tribunales laborales.
El resultado es previsible: menos cobertura real para el trabajador y más juicios contra el propio Estado.
Chubut como laboratorio: menos derechos, más juicios y un solo ganador
En Chubut, el discurso oficial de Nacho Torres habló de terminar con “el curro de los seguros” y anunció un ahorro superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, fuentes del sector asegurador advierten que la atención médica contratada bajo el nuevo esquema es incluso más cara que la que brindaban las ART integrales.
La diferencia es otra:
El costo inmediato baja artificialmente
El costo judicial y fiscal se patea hacia adelante
La provincia dejó afuera a Prevención ART, del Grupo Sancor, que llevaba más de una década brindando el servicio, aun cuando había presentado una de las ofertas más económicas. En su lugar, se impuso Colonia Suiza ART, una firma vinculada al Grupo Varadero.
Chubut no es una excepción: es el ensayo general.
CABA y los $36.000 millones: la licitación hecha a medida
Un día después, el Gobierno porteño de Jorge Macri, en un hermetismo total, amplía la jugada. Mediante la Resolución 5322/MHFGC/25, el Ministerio de Hacienda y Finanzas preseleccionó a Río Varadero S.A. para una licitación multimillonaria: $36.000 millones destinados a la “cobertura de prestaciones en especie” bajo el régimen de autoseguro.
El proceso eliminó a cuatro competidores —incluidas Provincia ART, OMINT ART y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos— por supuestas falencias contables. El único oferente que quedó en pie fue Río Varadero S.A.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede fallar toda la competencia en requisitos básicos y sobrevivir sólo una empresa?
Marcos Podestá, el hombre detrás del autoseguro
Detrás de Río Varadero aparece un nombre conocido en los pasillos del poder: Marcos Podestá. Médico de formación, construyó un holding que combina droguerías, prestadores médicos, ART, servicios financieros y empresas vinculadas a la energía y los residuos industriales.
El Grupo Varadero creció de la mano del Estado, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO. Droguería Varadero, Instituto Biológico Contemporáneo, Gemepe y ahora Río Varadero S.A. aparecen reiteradamente como proveedoras públicas.
No es un actor aislado: es un engranaje estable del poder.
Santilli, préstamos milagrosos y sociedades incómodas
La trama se vuelve más oscura cuando se revisan antecedentes patrimoniales. En 2015, el actual ministro del Interior de Milei, Diego Santilli, declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con Marcos Podestá. Un año después, la deuda desapareció sin explicación económica plausible, mientras el entonces vicejefe porteño mantenía un salario de funcionario público.
El vínculo empresarial tampoco es menor. Río Varadero S.A. fue constituida junto a Juan Carlos Loureiro, un nombre mencionado en el expediente del triple crimen de General Rodríguez. Loureiro figuró como presidente de la sociedad, con Podestá como director suplente.
Nada de esto impidió que la empresa creciera como proveedora estatal.
Cenzón, Vaca Muerta y el mismo patrón
El esquema se repite con Edgardo Cenzón, el recaudador histórico del macrismo. Tras su salida de la función pública, apareció presidiendo empresas vinculadas al Grupo Varadero en Vaca Muerta, como Treater, denunciada por Greenpeace por malas prácticas ambientales.
Los enroques societarios, las licitaciones estatales, los negocios cruzados entre salud, seguros, finanzas y residuos peligrosos muestran un patrón: privatizar ganancias, estatizar riesgos.
El saldo real: trabajadores expuestos y un Estado rehén
El autoseguro no elimina costos: los esconde.
Reduce prestaciones
Aumenta litigios
Consolida grupos empresarios amigos
Convierte al Estado en cliente cautivo de prestadores privados
Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores estatales de Chubut y la Ciudad de Buenos Aires quedan con una cobertura fragmentada y una incertidumbre jurídica total.
El negocio ya está en marcha. La factura, como siempre, llegará después.
