El acto fue encabezado por Axel Kicillof, Augusto Costa y Ariel Sujarchuk, presidente ad honorem del organismo, que se propone como un ámbito de articulación entre el Estado y el ecosistema del conocimiento para fortalecer el desarrollo productivo y el empleo de calidad en la provincia y el resto de la Argentina.
Ante más de 800 representantes del sector, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y Ariel Sujarchuk encabezaron el lanzamiento del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio permanente de trabajo conjunto entre el Estado provincial y los sectores del conocimiento para diseñar e impulsar políticas que fortalezcan la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo.
«Desde la Provincia de Buenos Aires queremos generar un ámbito de diálogo multisectorial, heterogéneo y diverso, donde las distintas miradas construyan un pensamiento colectivo. El COPEC viene a escuchar, debatir, aportar y generar propuestas para la economía del conocimiento, un sector profundamente dinámico y transversal que atraviesa a todas las industrias. Si la economía del conocimiento es la economía del futuro, tenemos que trabajar para que sea uno de los grandes motores del desarrollo de la Argentina», enfatizó Sujarchuk en su carácter de presidente ad honorem del COPEC.
El acto se realizó en el espacio El Cubo, de Vicente López, y contó con la presencia de representantes de cámaras y entidades empresariales, clústers tecnológicos, universidades nacionales y centros de formación públicos y privados, científicos e investigadores, sindicatos y gremios, autoridades provinciales y funcionarios municipales.
«El COPEC expresa la necesidad urgente de discutir, pensar y compartir conocimientos sobre un sector clave para el desarrollo nacional como es la economía del conocimiento. Por eso decidimos poner al frente a Ariel Sujarchuk, que tiene experiencia tanto en este sector como en la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión. En un momento en que el Gobierno Nacional desfinancia y destruye capacidades científicas, tecnológicas y universitarias que llevaron décadas construir, desde la Provincia proponemos generar una agenda, definir políticas públicas y trabajar junto con el sector privado, las universidades, los municipios y todos los actores para construir nuestro lugar en esta transformación», resaltó Kicillof.
El COPEC nace con el objetivo de consolidar una agenda estratégica para uno de los sectores con mayor capacidad de transformar la matriz productiva bonaerense. A través del diálogo permanente entre el sector público y el privado, buscará identificar desafíos, promover iniciativas de investigación, desarrollo e innovación, impulsar la formación de talento, fortalecer las capacidades tecnológicas y generar condiciones para el crecimiento de las actividades basadas en el conocimiento. El próximo viernes se abrirán las mesas de trabajo entre los distintos sectores.
«La economía del conocimiento es central para el desarrollo de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Con el COPEC generamos un nuevo ámbito para nuclear a los diferentes sectores, escuchar, construir un diagnóstico común y trabajar juntos en propuestas y políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de la revolución tecnológica que estamos viviendo», remarcó Costa.
La participación y el intercambio entre los distintos sectores comenzaron desde el propio acto de lanzamiento, donde también aportaron sus miradas el presidente del Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la presidenta de Bedson S.A., Alicia Romero de Colusi; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; el director ejecutivo de CAPIT, Pablo Wisznia; el CEO de CRUX Aerospace, Pablo Hollarl; el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco; y la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alejandra Zinni.
Con una agenda de actividades que comenzará en los próximos días, el Consejo funcionará como un espacio de construcción de consensos. Allí confluirán las distintas voces del ecosistema para definir prioridades, promover proyectos y contribuir al diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades del sector.
La ex novia de Fernando Cerimedo, Nadia Shirley Beller Delgado, dijo que fue su esposa quien filtró los audios de Diego Spagnuolo que destaparon el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que complicó seriamente a Karina Milas.
Nadia Beller dijo que el ex estratega digital de Milei mantenía su vínculo con Natalia Basil, nombrada por Spagnuolo en la Andis y que fue ella quien filtró los audios para destapar la corrupción del gobierno libertario. «Cuando yo cuestioné la moral de ella (por Basil) como corrupta, Cerimedo me dijo que fue ella quien denunció y filtró los audios y que la corrupta era Karina Milei», dijo
Beller Delgado responsabilizó a Cerimedo por el ataque que sufrió el lunes por la noche en el que recibió cuatro impactos de bala.
«Sobre Milei, lo escuché muchas veces cuestionar hechos de corrupción con su socio. Decían que se caía y que no había forma de salvarlo. Pero no sé de casos concretos», agregó a radio El Destape.
Más tarde, en otra entrevista con radio Rivadavia, Nadie Beller volvió sobre la misma idea. «Ellos filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado», subrayó.
Cuando yo cuestioné la moral de ella (por Basil) como corrupta, Cerimedo me dijo que fue ella quien denunció y filtró los audios y que la corrupta era Karina Milei.
Además, afirmó que Basil es «agente de la CIA» según le había dicho Cerimedo y que trabaja en combustibles con un exasesor de Trump, que de acuerdo a la agredida, también es de la CIA.
Recordó que «hubo un incidente en el que me di cuenta de que él me mentía en su relación con su expareja. Me dijo que ella lo engañó y que cuando estaba embarazada tuvo que hacerse un ADN».
Además, detalló que «en abril descubrí que tenía conversaciones románticas con ella. Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó. No me contestó si era verdad o era mentira, dijo que ella empezó a sospechar sobre mí y él intentó engañarla para que no viniera a Bolivia».
También dijo que le envió a Cerimedo «fotos de cajones llenos de billetes de hechos de corrupción» en los que estaría involucrados miembros del gobierno boliviano. «El resto del dinero lo maneja su testaferro, que se llama Iván, que vive en el mismo edificio en La Paz, y del que no sé el apellido», añadió. La mujer, que afirma esperar un hijo de Cerimedo, manifestó que «tengo miedo de permanecer internada, acá es muy fácil que entren para eliminarme».
Luis «Toto» Caputo les prometió a los gobernadores del Norte que si le votan al gobierno el proyecto de Zonas Frías en el Senado, él firmará luego el subsidio a la luz para las zonas cálidas.
El ministro de Economía recibió este martes en el Palacio de Hacienda a cinco gobernadores del Norte junto a Diego Santilli y el área de Energía. Estuvieron el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el chaqueño Leandro Zdero y el correntino Juan Pablo Valdés.
«Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias», dijo Caputo en Twitter. Presidencia usó los mismos términos grandilocuentes y se refirió a un «acuerdo histórico» con los gobernadores.
El «acuerdo histórico» depende de la palabra de Toto Caputo y consiste en firmar una resolución para subsidiar la luz en las provincias cálidas una vez que sus senadores voten el proyecto de Zonas Frías que ya tiene media sanción de Diputados.
Como anticipó LPO, el gobierno espera votar ese proyecto en septiembre, como surgió de la cumbre que tuvo la semana pasada Santilli con los gobernadores del Norte Grande en Posadas.
El radicalismo y el peronismo están cerca de cerrar un acuerdo para aprobar la nueva Ley Electoral de Santa Fe con un piso del 4% del padrón para acceder al reparto de las 50 bancas de la Cámara de Diputados, una barrera que amenaza con dejar sin representación a los partidos chicos.
La negociación se cocinó en los pasillos del Senado y fue conducida por Felipe Michlig, la principal espada de Pullaro en la Cámara Alta. El senador radical acordó el porcentaje con sus pares peronistas y el entendimiento permitiría destrabar el punto más conflictivo de la reforma.
El pullarismo había planteado inicialmente un piso del 5% para evitar un «festival de listas», como definió el oficialismo, pero entró en cortocircuitos con el socialismo que propuso bajarlo al 3% mientras que sectores del PJ impulsaron una posición intermedia del 3,5%, pero la negociación entre radicales y senadores peronistas terminó acordando el 4%.
El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont. En un escenario de baja participación, una fuerza podría reunir un porcentaje significativo de votos yaun así quedar afuera del reparto de bancas.
El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont
La reforma viene a adaptar el sistema electoral a la nueva Constitución provincial sancionada en 2025 que eliminó el sistema que le garantizaba 28 diputados al partido más votado. Desde 2027, las 50 bancas se distribuirán de manera proporcional pero el piso acordado entre la UCR y el PJ podría limitar fuertemente la apertura que introdujo el nuevo texto constitucional, sostienen los más críticos.
La medida golpea especialmente a los bloques minoritarios que actualmente tienen representación legislativa, como los espacios de Amalia Granata y Carlos Del Frade. También dificulta el crecimiento de nuevas fuerzas provinciales que no cuentan con la estructura territorial de Unidos, el peronismo o La Libertad Avanza.
El otro cambio importante se produciría en el sistema de boletas únicas en las elecciones generales. En las PASO se mantendrán las cinco categorías separadas: gobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales.
En las generales, en cambio, habrá tres boletas. Los candidatos a gobernador y diputados provinciales compartirán una papeleta, los postulantes a senador departamental tendrán otra y las listas de intendentes y concejales aparecerán juntas en una tercera. El esquema reforzará el arrastre de los candidatos ejecutivos sobre las nóminas legislativas.
Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos
Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos y entre sectores de la oposición.
Una propuesta que acercó el Partido Socialista pero no prosperó fue la de ensayar una especie de ley de lemas en las PASO donde un candidato a gobernador pueda aparecer en varias listas con distintas candidatas a vicegobernadoras.
De esta manera, habilitaba al socialismo a llevar a la interna la fórmula Pullaro-Clara García y competir contra Scaglia del PRO en la fórmula ejecutiva. Pullaro le prometió a Scaglia que iba a ser la candidata para la reelección y todo indica que va a cumplir.
Como sea, el oficialismo buscará emitir dictamen este miércoles y llevar el proyecto al recinto de Diputados el jueves. Si obtiene la media sanción, la intención de Pullaro y Michlig es que el Senado convierta la reforma en ley el 27 de agosto, con el respaldo de una parte importante del peronismo.
El gobierno entró en un estado de confusión total sobre la estrategia que adoptará para negociar con los gobernadores aliados luego de que Karina Milei filtrara que recién en 2027 cerrará los acuerdos electorales.
Clarín reveló esta martes que la hermana del presidente le puso un freno a Luis «Toto» Caputo, que busca dar certidumbre a los mercados con acuerdos políticos que espanten lo que él denomina «riesgo kuka».
Fue el propio ministro de Economía quien intercedió para que Karina llamara a Mauricio Macri para reencauzar la relación de la Rosada con el líder del PRO. En la misma línea iba el acuerdo distrito por distrito con los gobernadores aliados, que implicaba un giro en la estrategia de Karina del año pasado, cuando decidió enfrentarlos.
Pero según las fuentes del menemismo que hablaron con Clarín, los acuerdos se van a cerrar el año que viene y tampoco hay apuro para suspender las PASO. Tal como anticipó LPO, importantes dirigentes libertarios le están pidiendo a Karina y los Menem que abran el debate sobre la decisión, con un argumento importante: jugarse todo a la primera vuelta podría favorecer que los enemigos del Gobierno armen candidatos para comerle votos a Milei y forzarlo a un ballotage.
Toto Caputo salió confundido de la reunión de la mesa política.
El cambio radical en la estrategia política de Karina no sólo descolocó a Caputo sino que también dejó en un lugar incómodo a Diego Santilli, que llegó a la jefatura de gabinete con la misión de acordar con los gobernadores y facilitar la reelección de Milei.
La confusión la padeció en vivo el propio Caputo, que fue interceptado por la prensa luego de participar de la reunión de la mesa política de este martes en Casa Rosada.
Al ministro le preguntaron si el gobierno tenía que sellar acuerdos políticos con los gobernadores para traer tranquilidad a la economía. «Eso lo decide la mesa pol…eh…Karina», titubeó Toto.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
