Sociedad

  • Intendentes denuncian una campaña fake que los mostraba apoyando a Randazzo

     

    En las últimas horas se promocionó en redes un shock de publicaciones falsas que tenían como denominador común el apoyo de una serie de intendentes a la candidatura de Florencio Randazzo.

    A la par de la circulación de esa campaña fake, cuatro intendentes involucrados salieron a desmentir el apoyo al candidato de Provincias Unidas. Pero son más los jefes comunales, legisladores y referentes que aparecen en publicaciones falsas de similar calibre.

    De acuerdo a lo recopilado por LPO de la biblioteca de anuncios en Facebook de la cuenta que difundió las fake ya denunciadas, son 11 intendentes y 6 ex jefes comunales del peronismo los que aparecen en distintas publicaciones pagas que hablan de un apoyo a Randazzo que no es tal ya que todos esos dirigentes apoyan la lista de Fuerza Patria.

     Ya denunciamos la publicación en redes sociales y avanzamos en las acciones legales pertinentes ante la Justicia para poner fin, de una vez y para siempre, a estas prácticas berretas de la vieja política 

    Pero también figuran dos intendentes radicales y uno del PRO que, en realidad, tampoco respaldan al ex ministro de Transporte. En varias de esas publicaciones, la noticia falsa es montada de viejas fotos de Randazzo con esos dirigentes.

    «Ya denunciamos la publicación en redes sociales y avanzamos en las acciones legales pertinentes ante la Justicia para poner fin, de una vez y para siempre, a estas prácticas berretas de la vieja política», acusó Ariel Sujarchuk sobre la falsa noticia publicada la cuenta Modo Bonaerense.

    Tras ratificar su apoyo a la lista que encabeza Jorge Taiana, el intendente de Escobar apuntó contra los impulsores de la campaña fake: «Van saltando de partido en partido para tratar de esconder el olor a naftalina, pero en el Fondo son los mismos de siempre: los que llevan años anunciando el fin del peronismo. Y acá estamos».

    Otro intendente que advirtió la campaña fake y salió a desmentirla fue el massista Pablo Garate (Tres Arroyos): «La política no puede prestarse a querer confundir a los vecinos, no coincido con esa forma de construir ni hacer», dijo.

    Algunas de las publicaciones falsas promocionadas daban cuenta de apoyos a Randazzo por parte de Granados (Ezeiza) y Mussi (Berazategui). Son 11 intendentes del peronismo que aparecen en la campaña fake.

    También salieron a desmentir un apoyo a Randazzo su ex candidato en la provincia, el hoy senador del peronismo Eduardo «Bali» Bucca. En esa sección, también negó un apoyo al ex ministro el intendente de 25 de Mayo Ramiro Eguen.

     

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    Los bancos de Wall Street desconfían del rescate a Milei y piden garantías al Tesoro de Estados Unidos

     

    El swap con el Tesoro norteamericano no logró el “efecto tranquilizador” que el Gobierno esperaba. A días de las elecciones legislativas, los bancos convocados para financiar la otra mitad del paquete de 40 mil millones de dólares reclaman garantías concretas antes de desembolsar el dinero.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

    Un rescate a medias

    El plan de auxilio financiero que Estados Unidos diseñó para apuntalar a Milei antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre asciende a 40 mil millones de dólares. La mitad corresponde al swap ya anunciado por el Tesoro estadounidense y la otra mitad a un préstamo a ser otorgado por la banca privada. Pero el segundo tramo del paquete está en riesgo: los bancos involucrados —JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup— se niegan a liberar los fondos sin garantías de devolución.

    Lejos de la foto de “confianza internacional” que el oficialismo intentó proyectar, la negociación expuso las dudas del propio sistema financiero que Washington eligió para ejecutar la operación. La banca exige precisiones sobre qué activos respaldarán la deuda y qué papel jugará el Tesoro en caso de impago.


    La desconfianza detrás del swap

    El swap con Estados Unidos fue presentado como una herramienta para estabilizar la economía, pero el efecto fue limitado. Los operadores financieros interpretaron la maniobra como un intento político para fortalecer la imagen de Milei, más que como una solución de fondo.

    Los banqueros privados, en tanto, revisaron el historial de Argentina en materia de endeudamiento y pagos. Con un país que acumula compromisos por casi 60 mil millones de dólares con el FMI, la confianza no abunda. Las entidades temen quedar atrapadas en un nuevo esquema de “deuda para pagar deuda”, mientras el peso continúa depreciándose y las reservas se erosionan.


    Trump condiciona el respaldo

    En el plano político, el expresidente Donald Trump, principal impulsor del rescate, no disimuló su interés electoral. Condicionó la continuidad del apoyo a un buen resultado de La Libertad Avanza en las legislativas. Esa advertencia no solo expone el sesgo político del acuerdo, sino que añade una capa de incertidumbre: si Milei pierde apoyo en las urnas, la asistencia podría evaporarse junto con la voluntad de los bancos de avanzar con el préstamo.


    Riesgos y dilemas para Washington

    En Washington también hay preocupación. Si el swap implica canjear dólares por pesos sin respaldo y la moneda argentina se desploma, el Tesoro norteamericano podría quedarse con activos que pierdan valor rápidamente. Esa posibilidad genera tensiones internas en el gobierno estadounidense, que no quiere asumir un costo político y financiero por una operación que podría fallar a corto plazo.

    Mientras tanto, la línea de crédito sigue sin concretarse. Los bancos privados aguardan una señal clara del Tesoro: o bien Estados Unidos respalda la operación con garantías propias, o bien la transacción quedará en suspenso hasta nuevo aviso.


    Un puente frágil hacia las elecciones

    Milei intentó presentar el swap como un “puente hacia un futuro económico mejor” y aseguró que servirá para garantizar los pagos de 2026 si el país no logra acceder a los mercados. Sin embargo, los mercados interpretan lo contrario: que el Gobierno podría estar tomando deuda para pagar deuda, en un contexto de tasas internacionales altas y desconfianza interna.

    La fragilidad del plan quedó al descubierto. El apoyo internacional que debía traer estabilidad terminó abriendo nuevos interrogantes. La banca no confía, el Tesoro duda y el Gobierno argentino se aferra a un acuerdo que todavía no existe en los hechos.


    Dinero anunciado, confianza ausente

    El swap con Estados Unidos fue concebido como una muestra de fortaleza, pero se transformó en un espejo de debilidad. Los bancos piden garantías, el Tesoro no arriesga y los mercados ya descuentan que la foto de tranquilidad que el Gobierno esperaba mostrar el domingo electoral será, una vez más, una puesta en escena.

     

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    La Justicia Electoral frenó la maniobra de Milei para mostrarle un falso “triunfo nacional” a Trump

     

    La Cámara Nacional Electoral ordenó al Gobierno que los resultados de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre se difundan por provincia y no de forma global, tal como pretendía La Libertad Avanza. El fallo frena una estrategia oficialista destinada a mostrar una imagen de “triunfalismo” político en plena crisis cambiaria.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    La Cámara Nacional Electoral (CNE) hizo pública una resolución clave que cambia el modo en que el Gobierno deberá difundir los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El tribunal estableció que los datos deberán presentarse por distrito electoral, y no en una suma nacional como había planteado La Libertad Avanza (LLA), que buscaba mostrar un supuesto “avance general” en todo el país.

    La decisión llega luego de que Fuerza Patria (FP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) presentaran un reclamo conjunto ante la Justicia Electoral. Las fuerzas advirtieron que la idea de informar resultados agregados a nivel nacional podría “confundir a la ciudadanía” y “distorsionar la lectura política de los comicios”.


    Un intento de manipular la percepción pública

    Según pudo reconstruir Noticias La Insuperable, el Gobierno libertario pretendía que, en la noche del domingo electoral, los medios y los portales oficiales difundieran una única cifra nacional, que sumara los votos de todos los distritos, sin aclarar las diferencias provinciales.
    De esa forma, Milei buscaba mostrar un panorama de “triunfo generalizado”, incluso si el oficialismo no ganaba en los principales centros urbanos.

    La maniobra, según sostienen desde FP, formaba parte de una estrategia comunicacional para amortiguar el impacto político de la crisis cambiaria y la caída de la imagen presidencial en las últimas semanas. “En elecciones legislativas, los votos no se suman como si fueran una presidencial: lo que importa es cuántas bancas se renuevan en cada provincia”, remarcaron desde el espacio que encabeza Eduardo Valdés.


    La Justicia pone orden

    En su fallo, la CNE indicó que la Dirección Nacional Electoral (DINE) deberá informar los resultados provisorios por cada distrito, con los datos discriminados de diputados y senadores que se eligen en cada caso. Además, señaló que difundir una suma global podría inducir a interpretaciones incorrectas, ya que la cantidad de bancas por provincia varía y cada elección tiene su propio peso político.

    De esta manera, el tribunal frenó una práctica irregular que ya se había ensayado en el simulacro electoral del 18 de octubre, cuando la DINE realizó una prueba en el Correo Argentino y difundió resultados preliminares bajo criterios no explicitados. En esa ocasión, los datos mostraban una presentación parcial y sesgada de las cifras.


    La importancia de la transparencia

    El reclamo de FP, acompañado por la UCR y el FIT, hizo hincapié en que la transparencia del proceso electoral no se limita al conteo de votos, sino también a la forma en que se comunica la información pública.
    Difundir los resultados por provincia permite que cada fuerza política, los medios y la ciudadanía puedan controlar el desarrollo del escrutinio y evitar manipulaciones mediáticas.

    Además, la resolución marca un precedente sobre cómo deben comunicarse las elecciones legislativas, en las que cada provincia elige sus propios representantes y donde no existe un resultado “nacional” que defina una mayoría o minoría.


    Un revés político en plena crisis

    El fallo de la Cámara Nacional Electoral constituye un nuevo revés para La Libertad Avanza, que en los últimos días buscaba mostrar fortaleza frente a un escenario económico inestable.
    A pocas jornadas de los comicios, Milei pierde una herramienta de propaganda clave, justo cuando el dólar paralelo volvió a dispararse y las tensiones internas en su espacio comienzan a salir a la luz.

    La Justicia, esta vez, le recordó al oficialismo que la transparencia democrática no se mide en slogans, sino en reglas claras.

     

  • Scrollear para mirarse a uno mismo

     

    —Internet no puede ser una tierra sin ley. 

    Parado detrás de su atril, Lula Da Silva mira a un lado y al otro. No sonríe, pero tampoco está enojado. Su discurso en la Asamblea General de la ONU viene cargado de convicción: defiende la necesidad de regular las redes sociales. El gran sobreviviente de la oleada de gobiernos populares de América del Sur ha decidido enfrentar a las big tech. Aunque la afirmación del presidente de Brasil plantea, en verdad, un interrogante: ¿son las plataformas una tierra sin ley?

    Cuando se habla de las redes sociales, suele pensarse en el tiempo. En la duración de un scrolleo, en la brevedad de los reels. Lula, ante los presidentes del mundo, presenta a las plataformas como un espacio. Más aún: como un espacio por fuera del derecho. No es el primero en pensar la regulación de las redes en términos geográficos. Benjamin Bratton, en The Stack, advierte que la programación y el diseño de las plataformas cumplen una función arquitectónica: crean un espacio que organiza las interacciones. Si esto es así, se impone una pregunta: quién ejerce el poder de soberanía sobre ese espacio y quién lo gobierna.

    El capitalismo occidental, en las últimas dos décadas, se ha mimetizado con las caras de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Lula sugiere que las redes sociales no pueden ser una tierra sin ley del Estado. Se posiciona en contra de la autorregulación, de que sean los dueños quienes legislen el territorio digital que se superpone con el espacio soberano de las naciones. ¿Qué hace el presidente de Brasil, entonces? Envía un paquete de leyes al Congreso para regular a las plataformas. Confronta a las big tech y a Trump, cuyos intereses se han fusionado desde que asumió su segundo mandato.

    Transformar es mejor que aprender

    La intervención de Lula en el mayor órgano de la diplomacia mundial parece ajena a la coyuntura argentina. Pero no lo es. Sobre todo, en tiempos electorales. Los partidos políticos invierten millones en publicidad y diagraman sus campañas digitales. Se suele concebir a las redes sociales como un espacio disponible para la aplicación instrumental de estrategias destinadas a capturar el voto, en especial de los jóvenes. El éxito de las derechas radicalizadas se ha atribuido, en más de una ocasión, a su presunta sabiduría en el manejo de estas plataformas. 

    Trump, Bolsonaro y Milei navegan con comodidad estas aguas porque se les parecen: la viralización premia a los que gritan y a los que se niegan a enfrentar aquello que los contradice. Las redes sociales no solo pertenecen a empresarios de derecha, sino que también contribuyen a una vida de derecha. Más que aprender a utilizarlas, el desafío consiste en transformar sus reglas de juego para incidir en la conformación algorítmica de la experiencia social.

    Esa es la convicción que Lula le ofrece al mundo. El ejemplo al que la región puede abrazar para trazar una imaginación de futuro en torno a la regulación de las plataformas. El líder del Partido de los Trabajadores entendió que la decisión unilateral de un empresario estadounidense influye en las maneras en que cualquier ciudadano se informa. Así ocurrió en enero, después de la asunción de Trump, cuando Zuckerberg relajó la moderación de contenidos vinculados con inmigración y género en Instagram y Facebook bajo el argumento de proteger la “libertad de expresión”.

    La ley de las redes sociales va mucho más allá de la moderación de contenidos: se entromete con los modos en que cada uno ve el mundo y en que la sociedad se imagina a sí misma. ¿Por qué se puede considerar a las redes sociales como espacios de derecha, más allá de pertenecer a las derechas? ¿Qué relación hay entre el acto tan naturalizado de scrollear y el empobrecimiento de la vida en común? La discusión sobre las redes sociales, en el debate público, empieza por el problema del tiempo.

    Un espacio para dominar el tiempo

    Las plataformas despiertan preocupación por la cantidad de horas que las nuevas generaciones pasan en ellas. Se habla de una “epidemia” de padecimientos mentales y de una “generación ansiosa” que se habría vuelto “adicta” a las pantallas. Estos planteos dan cuenta de una situación real: la experiencia social se desplaza hacia las redes sociales.

    La terminología —epidemia, ansiedad, adicción—, sin embargo, patologiza la relación con estas plataformas y la circunscribe a un asunto de administración individual. Desde esta perspectiva, habría que focalizarse en la crianza y en la prohibición del uso de smartphones y plataformas hasta los dieciséis años. Eliminada la causa de la “adicción”, la infancia volvería a ser el tiempo del “juego libre”, sin pantallas.

    La discusión se centra en las infancias y las adolescencias, pero las redes sociales se entrometen con el tiempo de cualquier usuario. ¿Por qué scrolleamos? ¿Lo hacemos por la dopamina, por los mecanismos de recompensa que producen placer en el cerebro? Hay que cuidarse de las respuestas apresuradas, que traducen una transformación histórica surgida desde las entrañas del capitalismo estadounidense —Facebook se fundó en 2004; TikTok, en 2016— como un asunto de las neurociencias y la psiquis individual.

    La ley de las redes sociales se propone dominar el tiempo subjetivo. Lo que vemos durante el scrolleo se nos parece demasiado. Y esto es un problema político.

    El montaje algorítmico

    Toda sucesión de imágenes implica una operación de montaje. El director de una película, por ejemplo, selecciona, ordena y edita las secuencias grabadas para ofrecérselas al espectador en un producto acabado. El scrolleo también depende de un montaje que lo antecede. Cuando un usuario entra a una red social, se encuentra con una serie de contenidos. Termina el primer reel y ya está listo el siguiente.

    En las redes no hay director. El montaje lo realizan los algoritmos, que bucean en el océano de contenidos digitales y eligen aquellos con mayores chances de atraer la mirada. Realizan un trabajo incesante de perfilización publicitaria a partir de los datos que registran: identifican correlaciones, clasifican a los sujetos y les muestran contenidos acordes a sus patrones de interacción.

    En Argentina, se consolidó una migración del consumo de noticias desde los medios tradicionales a las redes sociales, que ya desplazaron a la televisión. Los criterios periodísticos de construcción de lo noticiable conviven con algoritmos que regulan el acceso a la información, la cultura y el entretenimiento. 

    En el caso de los reels de gatitos y contenidos similares, el montaje algorítmico parece inocuo. En el de las técnicas publicitarias, tal vez asistamos al sueño húmedo de los dueños de la industria cultural del siglo XX. Pero si el 59 por ciento de los argentinos acceden a noticias en redes sociales, están en juego asuntos serios: el derecho a la comunicación, la convivencia democrática y la construcción de una vida en común que sea capaz de soportar el encuentro de lo contradictorio.

    Aún debemos insistir con una pregunta: ¿por qué miramos, por qué nos quedamos?

    ¿Musk y Zuckerberg manipulan las conductas a través del scrolleo? Si así fuera, la respuesta política sería sencilla. A fin de cuentas, nadie se enorgullece de que lo manipulen. Pero el problema es otro: nos gusta lo que vemos. En el montaje algorítmico, las inclinaciones personales se incorporan a priori. Cuando el usuario se dispone a mirar, sus deseos ya han sido órdenes: los algoritmos derrumban la distancia entre las imágenes del mundo y la subjetividad de quien mira. Scrollear es mirarse a uno mismo.

    Por supuesto que algo de este orden ocurría con los medios tradicionales. Cada uno elige el diario o la señal televisiva más acorde a sus intereses y opiniones. Pero las redes sociales disgregan la “opinión pública” en campos de visión más estrechos, que prometen adaptarse a los deseos de cada usuario a cada segundo.

    Mi preciado mundo tautológico

    Si un usuario, por ejemplo, consume contenidos del influencer británico Andrew Tate, ex luchador de kick boxing, famoso por sus comentarios misóginos y homofóbicos, los algoritmos le mostrarán publicaciones relacionadas con el consumo digital de sus fanáticos. Así se compone una constelación tautológica de contenidos que se remiten unos a otros, con un efecto confirmatorio. “Yo soy yo. Y yo soy esto que veo”. 

    El montaje algorítmico, sin embargo, no reconoce distinciones partidarias: es el propio escenario de la interlocución social y política el que se moviliza hacia la tautología. La información y la cultura se muestran siempre ya particularizadas. El reel se traga veloz y se digiere aún más rápido: ¿por qué alguien se preguntaría si lo que está viendo en su preciado mundo tautológico es falso?

    Esta transformación en la experiencia y en la percepción alcanza a los criterios sociales que distinguen lo verdadero de lo falso. El montaje algorítmico favorece la pérdida de legitimidad de los procedimientos institucionales que establecen la validez y la jerarquía de una opinión por sobre otra, como los de la ciencia y el periodismo profesional. La verdad se aleja de una pregunta por lo justo y se define por criterios personales, que no requieren de argumentos ni explicaciones: viva la libertad, carajo.

    La experiencia del scrolleo se lleva mejor con los trolls, que se encuentran inmersos en circuitos de contenidos en los que siempre tienen la razón. A Milei, los algoritmos le confirman que el kuka es chorro, corrupto, casta, sodomita o lo que su mente se disponga a imaginar sobre el objeto de su resentimiento.

    Las redes sociales les permitieron a las derechas correr los límites de lo decible y lo tolerable. Han hecho de la “libertad de expresión” un instrumento para el daño. Así lo atestiguan las agresiones recientes contra figuras como la periodista Julia Mengolini, el diputado y activista LGBT, Esteban Paulón, y el niño que defiende los derechos del espectro autista, Ian Moche.

    La libertad (de expresión) es fiebre

    —Le propongo un ejercicio. Se determinó que el deepfake de Macri llamando a votar por Adorni tuvo un alcance de catorce millones de reproducciones. Si eso se lo hacen a usted, ¿qué diría? —pregunta Luis Majul a un Milei victorioso, aunque por margen estrecho: su candidato ganó las elecciones legislativas porteñas por dos puntos y medio.

    —La libertad de expresión está por encima de todo eso. Es una locura perseguir a los que están en las redes sociales —dice el presidente en un pasaje de su respuesta.

    El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil opina distinto. Dictaminó que las plataformas son responsables por las publicaciones que implican, por ejemplo, un daño al honor, acciones antidemocráticas y terrorismo. Esta postura contradice a las big tech, que se presentan como meras intermediarias sin relación con los contenidos.

    La discusión es relevante para Argentina. Milei es el usuario “no troll” que más insultos publica en X. En el caso $LIBRA, la defensa oficial argumentó que se expresaba como ciudadano y no como presidente en esa plataforma. ¿La banda presidencial se deja en la puerta de las redes sociales?

    Los dueños de las big tech y las derechas radicalizadas, con Trump a la cabeza, atacan a los periodistas y a las figuras opositoras. Pero cuando se trata de la circulación de informaciones y opiniones en redes sociales se amparan bajo los parámetros de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta normativa es citada para defender una concepción casi absoluta del derecho a la libertad de expresión y enfrentarse a los intentos regulatorios de los poderes públicos. La ley de las redes sociales se enmarca en un imperialismo digital: la legislación y la jurisprudencia estadounidenses prevalecen donde las plataformas operan.

    —Intentan imponer a Brasil la idea de que no podemos regular a las big tech. Es nuestra obligación regular lo que queramos de acuerdo con los intereses y la cultura del pueblo brasileño. Si no quieren la regulación, que se vayan de Brasil —dijo Lula en una entrevista con SBT Brasil.

    La convicción del presidente de Brasil se sustenta en hechos. El 17 de septiembre promulgó el Estatuto Digital del Niño y Adolescente, también conocido como “Ley de adultización”. La norma promueve funciones de supervisión parental, determina mecanismos más expeditivos para eliminar contenidos, limita el scrolleo automático y prohíbe el uso de técnicas de perfilado con fines publicitarios dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

    La ley se posiciona como un modelo regulatorio para la región, que empieza por el eslabón más débil: las infancias y las adolescencias. El texto no se refiere a patologías ni ansiedades. Señala la preeminencia del interés superior de niños, niñas y adolescentes y sus derechos por sobre las big tech.

    Ahora, el Congreso de Brasil tratará un proyecto de ley para regular los mercados digitales, con el fin de identificar plataformas de relevancia sistémica y someterlas a regulaciones antimonopólicas.

    La pelea contra las big tech parece un asunto de supervivencia. Del Partido de los Trabajadores, pero también de la democracia brasileña, que enfrenta una guerra comercial declarada unilateralmente por Trump.

    El presidente republicano firmó el 30 de julio una orden ejecutiva que impuso un arancel del 50 por cierto a la importación de productos brasileños. El texto menciona cuatro veces a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal de Justicia que bloqueó X cuando Musk desobedeció la orden judicial de suspender cuentas vinculadas al intento de golpe de Estado.

    Además de la “persecución” a Bolsonaro, Trump denuncia que el gobierno de Brasil ha violado la Primera Enmienda por el intento de modificar los algoritmos y las políticas de moderación de contenido de las plataformas estadounidenses. Así llegó Lula a la ONU. Asediado por la intimidad que existe entre las big tech y las derechas. 

    La geopolítica de las plataformas

    Las disputas geopolíticas y partidarias de los próximos años incluirán la regulación de las plataformas. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido el país más activo en enfrentar a TikTok, en imponerle su soberanía. Hace algunos días, se anunció un acuerdo con China para que ByteDance, propietaria de la red social, ceda las operaciones en suelo estadounidense a empresarios locales. 

    Trump pelea con China, pero no se olvida de sus amigos sureños. Encabeza la defensa internacional de Bolsonaro y promete miles de millones de dólares a Milei. Aunque puede que el experimento libertario tenga los días contados, el caso de Brasil demuestra que la discusión regulatoria excede a los vaivenes electorales, porque las big tech se entrometen con la potencia emancipatoria de las democracias. A través de sus algoritmos, imprimen a las relaciones sociales formas afines a una vida de derecha: mientras infancias y adolescencias crecen en un territorio publicitario, el sedimento histórico de la memoria cultural y de las luchas políticas se disuelven en las aguas de la personalización.

    América Latina es un continente privilegiado en las disputas por el derecho a la comunicación. La memoria está fresca. Entre 2004 y 2014, hubo una oleada de leyes que se propusieron regular el mercado de los medios tradicionales. En Argentina se aprobó por amplias mayorías la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apuntó sus cañones contra el Grupo Clarín.

    Las big tech presentan un grado de concentración y monopolización aún mayores. Sus dueños son los hombres más ricos del planeta y defienden los intereses de las potencias a las que pertenecen. Argentina cuenta con MercadoLibre, su propio gigante regional. Medido por nivel de ingresos, su dueño es el troll libertario número uno.

    Desde la coyuntura nacional, la alianza internacional entre las derechas y las plataformas parece inquebrantable. Pero hay que mirar a Brasil. El presidente que perdió tres elecciones en el siglo XX y ganó otras tantas en este milenio insiste:

    —Queremos regular y vamos a regular, le duela a quien le duela.

    La entrada Scrollear para mirarse a uno mismo se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Natalia de la Sota: “El adversario es Milei y este modelo económico que daña a los argentinos”

     

    La diputada nacional cordobesa lanzó su espacio Defendamos Córdoba con la intención de renovar el peronismo provincial, distanciarse del schiarettismo y consolidar una alternativa frente a las políticas de Milei. Reivindica el legado de su padre, José Manuel De la Sota, y llama a reconstruir la unidad justicialista desde una mirada federal.

    Por la Redacción de Noticias La Insuperable

    Una nueva etapa en Córdoba

    Natalia de la Sota, diputada nacional e hija del tres veces gobernador José Manuel De la Sota, decidió encarar un camino propio en estas elecciones. Desde su flamante espacio Defendamos Córdoba, busca representar a una porción del electorado que, según dice, “se había alejado del peronismo y necesita volver a tener esperanza”.

    La legisladora, en una entrevista realizada por Cristian Castillo, plantea una ruptura con el oficialismo provincial que encabezan Juan Schiaretti y Martín Llaryora, a quienes acusa de haber sido funcionales al actual Gobierno nacional. “En estos dos años, Hacemos por Córdoba acompañó las políticas de Milei. Incluso desde el balotaje, cuando Schiaretti trabajó para que ganara La Libertad Avanza”, señaló.


    Del cordobesismo al peronismo federal

    Para De la Sota, la etapa del cordobesismo cumplió su ciclo. Si bien reconoce que en su momento sirvió para “defender los intereses de la provincia”, hoy considera que la prioridad es reconstruir un proyecto nacional desde el federalismo. “El adversario es otro, y necesitamos pensar en una Argentina integrada, no encerrada en debates locales”, sostiene.

    La diputada propone discutir una renovación profunda del peronismo, que contemple las realidades de cada provincia: “El PJ tiene que respetar las idiosincrasias de Córdoba, Mendoza, San Luis o Buenos Aires. Solo así vamos a poder encontrar denominadores comunes”.


    “Hay un acuerdo real entre Milei, Macri y Schiaretti”

    En medio de la campaña, la legisladora respondió a quienes la acusan de “dividir” al justicialismo cordobés. “Nos eligen como adversarios porque en realidad no son tan opositores al Gobierno de Milei. Aparecieron para criticarlo recién este mes, pero han sido funcionales y lo seguirán siendo. Hay un acuerdo real entre Milei, Macri y el espacio Provincias Unidas que lidera Schiaretti”, afirmó.

    De la Sota advierte que las políticas libertarias están provocando un daño profundo: “Las familias están desprotegidas, no tienen más tiempo y les piden más sacrificios. Nosotros queremos un espacio que tome decisiones sin pedir permiso ni perdón a Buenos Aires, pero con una mirada solidaria hacia el conjunto del país”.


    El legado de su padre y la necesidad de una síntesis

    Consultada sobre la figura de José Manuel De la Sota, la diputada reivindicó su espíritu de diálogo: “Mi padre estaba hablando con todos los sectores cuando murió. Veía una avanzada antidemocrática y sentía que había que construir una alternativa a lo que entonces representaba Macri y que hoy representa Milei”.

    Para Natalia, esa vocación por tender puentes debe ser el eje de un peronismo que vuelva a representar a las mayorías. “La alternativa al Gobierno se tiene que construir desde el peronismo, pero con sinceridad y generosidad para alcanzar una síntesis”, afirma.


    Renovar las lealtades

    A pocos días de conmemorarse un nuevo Día de la Lealtad Peronista, De la Sota propone resignificar el concepto: “Tenemos que reconstruir una lealtad con nosotros mismos, con nuestra sociedad y con nuestra patria. Lo digo por los diputados que llegan al Congreso y todavía no saben bien qué hacer. La lealtad no es una palabra vacía: es un compromiso con el pueblo argentino”.


    Campaña austera, militancia activa

    Su campaña se desarrolló con pocos recursos y fuerte presencia en redes sociales, aunque también con un extenso recorrido territorial. “Salimos a la ruta en auto y recorrimos toda la provincia. Las redes nos ayudan a llegar a otros lugares, pero lo importante es el contacto directo con la gente”, cuenta.

    Sin anticipar su futuro político, evita responder sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. “Vamos paso a paso. Ahora lo importante es esta elección, donde creo que nos va a ir muy bien”, asegura.

     

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    El desarraigo libertario: el diputado que hacía que sus asesores financien el partido con plata del Estado

     

    Un nuevo escándalo de corrupción interna golpea a La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. El diputado Santiago Pauli fue denunciado por obligar a sus asesores a entregarle el plus salarial del “desarraigo” —unos 500 mil pesos mensuales— para cubrir los gastos partidarios. Los audios filtrados muestran el lado más cínico de la doble moral libertaria.

    Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable


    Cuando el “anticasta” cobra como la casta

    El diputado de La Libertad Avanza (LLA) por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, quedó en el centro de la escena tras la difusión de una serie de audios que exponen una maniobra de presunta malversación de fondos públicos.
    En las grabaciones, el legislador exige a sus propios asesores que le entreguen el 100% del plus salarial conocido como “desarraigo”, un adicional destinado a cubrir viáticos y alojamiento para quienes deben viajar de Río Grande a Ushuaia durante las sesiones legislativas.

    Lejos de eso, el dinero terminaba usado para financiar los locales y gastos partidarios del espacio libertario en la provincia.
    “Voy a dar de baja todos los contratos y poner gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo”, se escucha decir a Pauli en uno de los audios difundidos tras el extravío del celular de Rolando Correa, puntero y empleado del despacho del candidato a senador Agustín Coto.


    El método Pauli: del “no hay plata” al “pásenme todo el desarraigo”

    Según reveló el propio Correa en diálogo con distintos medios, la exigencia no era nueva: Pauli les pedía el dinero desde hacía meses, bajo la amenaza de dar de baja los contratos de quienes se negaran a colaborar.
    “El problema surgió cuando le dije que no podía seguir aportando el 100%. Ahí me respondió que iba a buscar gente nueva para sacarle el total”, relató el denunciante.

    Los empleados debían transferir los 500 mil pesos del suplemento a las cuentas del partido, incluso cuando no viajaban a Ushuaia ni cumplían las tareas que justifican el cobro del viático. En los audios, Pauli justifica el desvío de fondos con una frase lapidaria: “El desarraigo no es tuyo, es del partido”.


    El partido del ajuste… para los demás

    La historia expone, una vez más, la hipocresía estructural del mileísmo, que se autoproclama enemigo de “la casta” mientras reproduce las peores prácticas del sistema político que dice combatir.
    Mientras Milei exige “austeridad” a jubilados, docentes y trabajadores, sus dirigentes provinciales mantienen locales partidarios financiados con plata pública.

    Desde el entorno del diputado se intentó minimizar el escándalo alegando que “todo era para sostener la estructura del espacio”, aunque los audios dejan claro que se trataba de fondos estatales desviados a fines partidarios.


    El silencio del partido y la preocupación en Tierra del Fuego

    Hasta el momento, La Libertad Avanza no emitió un comunicado oficial sobre el caso. En Tierra del Fuego, la situación encendió las alarmas: se trata de una provincia donde este año se eligen también tres bancas de senadores nacionales, y el espacio libertario buscaba posicionarse como fuerza competitiva.

    El escándalo llega en el peor momento para el oficialismo nacional, con una imagen de Milei en franco desgaste y un creciente malestar social por el ajuste. La denuncia contra Pauli desnuda lo que muchos fueguinos ya intuían: el discurso de la “honestidad libertaria” no resiste el menor archivo.


    La doble vara de siempre

    Mientras el Gobierno recorta presupuesto a universidades, comedores y obras públicas, sus representantes más fieles usan los recursos del Estado para financiar sus aparatos partidarios.
    El caso Pauli es apenas una muestra de cómo opera esa doble vara libertaria: moralina para afuera, negocios para adentro.

    La libertad avanza, sí, pero sobre los viáticos del pueblo.