Martín Menem informó este jueves que ingresó a la Cámara de Diputados el Acuerdo UE-Mercosur, un texto de más de 5000 páginas que el Congreso debe aprobar para respaldar la suscripción del Estado argentino.
Tras un primer sondeo de las voluntades, los libertarios confían que alcanzarán los votos suficientes para refrendar el documento. En efecto, el oficialismo cuenta con un bloque de 95 diputados pero, además, tendría el apoyo de casi todo el interbloque de Unidos, que junta a los legisladores de Provincias Unidas, los radicales de Martín Lousteau y Pablo Juliano, los socialistas y los pichettistas, por un lado, y el interbloque del PRO, el MID y la UCR de Aldredo Cornejo, Gustavo Valdés y Leandor Zdero.
La gran incógnita es la postura que adoptará la bancada peronista. Como anticipó LPO, habría por lo menos tres grandes grupos: los peronistas ligados a los sectores productivos, que pretenden la aprobación del acuerdo, los kirchneristas que esperan alguna indicación de Cristina Kirchner y un grupo que se identifica con la expresidenta pero que no duda en fijar su posición sin consultar o debatir con sus colegas.
El acuerdo entre los dos bloques de países supone un entendimiento entre naciones que conforman un espacio económico de más de 700 millones de personas. Los especialistas estiman que entre la UE y el Mercosur se concentra el 35 por ciento del comercio global.
Para darle tratamiento en la Cámara Baja, el oficialismo necesita integrar la comisión de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Para aprobar el proyecto formal que ratifica el acuerdo, se requiere un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones, algo que Menem y Gabriel Bornoroni pretenden lograr la semana próxima.
Aun cuando los aliados se manifiestan a favor del acuerdo en general, ponen reparos sobre temas puntuales que podrían afectar la producción rural o determinados sectores industriales. «Estamos trabajando ya en la reglamentación y salvaguardas, porque hay temas de patentes de medicamentos y algún tema para pymes que hay que cuidar», dijo un legislador del interbloque de Unidos.
Luis Toto Caputo confirmó que el gobierno de Javier Milei no utilizará el IPC elaborado por la gestión de Marco Lavagna con el argumento de que quedó «desactualizada» porque se basa en datos de consumo del año 2018, por lo que el Indec continuará midiendo la inflación con la canasta de 2004 que incluye entre otras cosas productos como el fax o los VHS.
El ministro tuvo que seguir dando explicaciones para tratar de cerrar el escándalo de la manipulación de los datos del Indec que terminaron con la renuncia de Lavagna, y ahora dice que la propuesta del exdirector era vieja por lo que se continuará utilizando la de 2004.
«La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas», afirmó Caputo en una entrevista en La Nación +. «Probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con antes», argumentó el ministro.
Caputo confirmó de esa forma que el nuevo IPC no se utilizará y que se realizará uno nuevo, todavía sin fecha. Esto pese a que el gobierno se había comprometido con el FMI a actualizarlo. El exviceministro Joaquín Cottani contó ayer que el Fondo incluso financió «con un programa de asistencia técnica la revisión del índice».
Lo insólito del argumento de Caputo es que se seguirá utilizando un índice de precios que toma como referencia para elaborar la canasta la información brindada por la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares del año 2004, cuando por ejemplo Milei tenía unos jóvenes 23 años o el propio Caputo andaba por los 28.
Es decir que la medición actual del Indec incluye productos tan modernos como el fax, los teléfonos fijos, las llamadas en locutorios, antenas de TV, tocadiscos, contestadores automáticos, los VHS, disketes, CD vírgenes, radiorelojes, revelado de fotografías o el alquiler de películas.
El argumento del Indec durante estos años fue que se relevaban los precios de productos sustitutos, lo que marca otra contradicción grosera con el argumento de Caputo para justificar la no innovación del índice.
En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.
Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.
La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.
En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.
Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.
En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.
En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.
El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.
La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.
En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.
Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.
La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.
El 19 y 20 de diciembre del 2001 fueron jornadas históricas en Argentina. El pueblo salió a la calle en un gesto de desobediencia civil, desafiando el estado de sitio decretado minutos antes, y produciendo con esta poblada la expulsión del presidente. En estas fechas se vivía en el país un clima que combinaba tristeza y euforia, saqueos y estupor por la represión policial. Muchas compañeras travestis empezaban a bucear en sus maletines de cosméticos y perfumes, empezaban a producirse como se dice en lengua travesti. De pronto fuimos sorprendidas por algo que a primer oído parecían los tambores llamando a participar en los tradicionales carnavales. Esos carnavales que desde hace mucho tiempo son para nosotras el único lugar de aceptación social, aun cuando se trate de una aceptación más vinculada a lo bufonesco. Vale recordar, de paso, aquel contundente dictamen de la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo que, en su sagrado estatuto y en defensa de la sana diversión familiar, prohibió el desfile de las travestis por la histórica avenida. Pero éstos eran otros tambores, su llamado tenía otra razón: resistir al estado de sitio que había declarado el por entonces presidente de la nación.
De las ventanas de Palermo, de las de San Telmo, Constitución y Flores, las travestis asomamos nuestros rostros a medio maquillar o con el rímel ya corrido, luego de una noche de pocos clientes y mucha caminata. Fuimos sumándonos a ese grito rebelde que se juntaba en la esquina, en la calle, en las avenidas. Al lado de nuestros vecinos y vecinas, nuestro primer motivo de asombro fue no escuchar aquellos acostumbrados insultos con que muchos nos identificaban: negritas, viciosas, sidosas. Fue una sorpresa advertir que por una vez las exageradas siliconas, los pudorosos genitales, las indecorosas pinturas y corpiños se desvanecían tras la protesta social, se ocultaban en ella. Curiosamente, o no tan curiosamente, cuando no nos miraban fue cuando mejor miradas nos sentimos. Allí éramos una vecina más.
Fuimos muchas las compañeras travestis que nos encontramos en la Plaza de Mayo, gritando por la libertad y repudiando esos largos años de estado de sitio; con valor y decisión salimos a defender una democracia de la que poca parte nos toca. Y digo poca parte porque, en realidad, las travestis y transexuales de la Argentina todavía seguimos criminalizadas. En casi todo el país se mantienen los edictos policiales (1), cuya letra nos coloca del lado del atentado a la moral y las buenas costumbres.
Los gritos que las travestis llevamos el 19 y el 20 eran preguntas tales como: ¿es moral el robo que hizo Menem y el haber dejado pobres a 18 millones? ¿Es moral una Iglesia que ataca a gays, lesbianas, travestis y transexuales mientras defiende a sus pervertidos miembros? ¿Es moral matar travestis, torturarlas y encubrir políticamente esos crímenes? ¿Es moral privar de una vida digna a las personas diferentes, entre ellas a nosotras, travestis y transexuales? Regresando a la pregunta de qué significó el 19 y el 20 de diciembre para las travestis puedo decir que por primera vez nos sentimos unidas a un reclamo en común: el no rotundo a la imposición del estado de sitio. Vale ahora plantear una diferencia: para las travestis, el estado de sitio es a diario. La rutinaria persecución policial, las acostumbradas restricciones a circular libremente por las calles portando una identidad subversiva, los permanentes obstáculos para acceder a derechos consagrados para todos/as los/as ciudadanos/as del país, entre otros, hacen de la vida travesti una vida en estado de sitio. Quizá por eso se escuchó a algunas compañeras que participaron en las jornadas del 19 y 20 decir bajito ahora nos tocó a todos y todas.
Ese 19 y 20 de diciembre, entonces, las travestis llevamos a la calle lo que en realidad es nuestra lucha diaria. Para hacer sólo un breve repaso: lucha contra nuestras familias, que nos expulsan a temprana edad con la firme decisión de desterrar de sus livings el pecado; lucha contra las instituciones escolares, que nos cierran las puertas para que no manchemos a sus blancas palomitas; lucha contra el sistema médico, que nos considera una execrable patología que hay que reconducir a la normalidad heterosexual; lucha contra los empleadores, que se desmayan cuando el DNI contraviene la imagen que tienen ante los ojos pero no sienten pudor de la explotación que ejercen, de la contratación en negro, etcétera; lucha contra los poderosos medios de comunicación, que lucran con nuestra apariencia fortaleciendo un estereotipo cada vez más alejado de lo que somos.
El 19 y el 20 pudimos incluso cantar contra la burocracia sindical. Cuando Moyano exclamó díganme de todo menos puto, las travestis le contestamos desde la plaza dígannos de todo menos Moyano. En fin, la lucha diaria de las travestis contra los Estados que sólo nos sitian compulsivamente en la binariedad varón-mujer. El 19 y el 20 de diciembre las travestis nos reunimos en los piquetes de cada una de nuestras esquinas y calles, nos sumamos a las largas filas de gente autoconvocada a la Plaza de Mayo.
Un año después volvimos a esa plaza a conmemorar la histórica gesta de diciembre y cabe ahora un breve balance. Si las travestis hemos levantado como bandera la lucha por el esclarecimiento y el repudio de los asesinatos de Kosteki y Santulón (2) y de todos aquellos que fueron víctimas de la represión de diciembre, quiere decir que las banderas de los/as piqueteros/as son las nuestras y las de los 18 millones de pobres también: ¿cuándo, entonces, nuestras demandas serán encarnadas por todos estos grupos rebeldes a cuyas voces unimos las nuestras? Los beneficios del Estado, sus planes sociales y donativos, no nos llegan; no somos jefes ni jefas de hogar, según las definiciones establecidas; no abortamos, pero reivindicamos el derecho de las mujeres a hacerlo; no hay puestos de trabajo dignos para nosotras, y sólo la amenaza de juicio o de denuncia persuade a instituciones como la escuela a aceptarnos en sus aulas. La lista puede continuar.
Las jornadas del 19 y el 20 de diciembre se sumarán a nuestra ya larga lucha. Desde las oscuras calles de la prostitución, desde las villas más devastadas, desde el movimiento piquetero, desde la protesta estudiantil, desde el campo de los derechos humanos, desde los partidos políticos, las travestis seguiremos tejiendo nuestra rebeldía para conseguir un mundo gobernado por la paz, la equidad y la justicia, sin opresiones de ningún tipo.
Este texto se publicó en anfibia originalmente en diciembre de 2021. Es un extracto de “Un itinerario político del travestismo” publicado originalmente en Diana Maffía (comp), Sexualidades Migrantes. Género y Transgénero , Buenos Aires, Feminaria Editora, 2003. ISBN 987-9143-05-1 . Reedición, Ed. Librería de Mujeres/Feminaria Editora, 2008. ISBN 978-987-20555-7-8
(1) Los edictos policiales prohibían vestirse con ropas del otro sexo, y reprimían específicamente a las travestis.
(2) Se trata de dos militantes populares de los llamados piqueteros, asesinados brutalmente por la Policía durante la manifestación.
La trama que rodea a José Luis Espert suma un capítulo internacional explosivo: Fred Machado, el financista condenado por narcotráfico que aparece ligado al economista libertario, mantuvo vínculos comerciales y sociales con Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual. Aviones, dinero negro, fiestas privadas y un entramado que vuelve a salpicar al entorno político que hoy orbita a Milei.
Por Roque Pérez para NLI
Imagen modificada digitalmente por NLI
Desde hace meses, Noticias La Insuperable viene reconstruyendo la red de negocios, vuelos, transferencias y favores cruzados entre José Luis Espert y Fred Machado, un financista con condena en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico. Ahora, una investigación difundida este martes por medios nacionales suma un dato inquietante: Machado también aparece vinculado a Jeffrey Epstein, el financista estadounidense señalado como uno de los mayores depredadores sexuales del poder global.
EL VÍNCULO MACHADO–EPSTEIN: AVIONES, DINERO Y LUJO
Según documentación y testimonios relevados en Estados Unidos, Fred Machado compartió circuitos de negocios, vuelos privados y encuentros sociales con Epstein, en un esquema donde el dinero fluía sin demasiadas preguntas y los aviones privados funcionaban como moneda de intercambio. No se trata de una amistad casual, sino de coincidencias reiteradas en operaciones financieras y uso de aeronaves de lujo.
Epstein, hoy muerto en una cárcel federal en circunstancias nunca aclaradas del todo, utilizaba empresas pantalla, jets privados y cuentas offshore para mover fondos y personas. El nombre de Machado aparece en ese mismo ecosistema, lo que refuerza el perfil de un financista habituado a los márgenes más oscuros del sistema financiero internacional.
ESPERT, LOS LIBROS CONTABLES Y LOS 200 MIL DÓLARES
En Argentina, el nombre de Machado ya era conocido gracias a una investigación de Noticias La Insuperable, que reveló documentación contable donde figura un pago de 200.000 dólares a nombre de José Luis Espert, registrado en los libros de un narco condenado en Estados Unidos. No es una denuncia mediática: es un documento concreto que forma parte de causas judiciales en curso.
Lejos de aclarar el origen de esos fondos, Espert optó por el silencio y la victimización, mientras la Justicia avanzaba con medidas que incluyeron allanamientos en su domicilio por presunto lavado de dinero vinculado a Machado.
VUELOS, COCAÍNA Y UNA RED QUE NO SE EXPLICA
Otra investigación de este medio detalló la existencia de vuelos privados, vínculos con empresarios ligados al narcotráfico y un circuito de favores que conecta a Espert, Machado y el grupo Bada Vázquez. Aviones que entran y salen, dinero sin trazabilidad clara y relaciones políticas que garantizan protección.
El dato nuevo —la conexión Machado–Epstein— no hace más que reforzar el patrón: personajes que se mueven entre el delito financiero, el narcotráfico y las redes de poder internacional, con ramificaciones directas en la política argentina.
EL SILENCIO DE MILEI Y EL PODER QUE MIRA PARA OTRO LADO
Mientras estas revelaciones se acumulan, Milei evita cualquier explicación pública sobre el entramado de relaciones que rodea a uno de los referentes históricos del liberalismo local. Ni una aclaración, ni un repudio, ni una distancia política clara frente a un caso que mezcla narcotráfico, lavado y ahora también vínculos con un abusador serial de menores.
En una Argentina golpeada por el ajuste, el dinero libertario vuelve a mostrar su verdadera cara: no la del mérito ni la libertad, sino la de los negocios turbios, los aviones privados y las redes que operan en las sombras. Lo que antes eran “operaciones” hoy son documentos, causas judiciales y conexiones internacionales imposibles de ignorar.
Sebastián Pareja pasó por la ciudad de La Plata para ordenar el espacio de La Libertad Avanza y se defendió de los silbidos que recibió en el Derecha Fest por parte de un grupo de Las Fuerzas del cielo.
La semana pasada, en el evento organizado por los libertarios en Mar del Plata, volvió la tensión entre las facciones oficialistas y Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo le hicieron sentir el rigor a Pareja. No solo evitaron aplaudirlo durante todo su discurso, sino que le recordaron los incidentes con Traductor Te Ama en Rosario.
«Yo, como presidente del partido, tengo una responsabilidad superior a todas esas situaciones que se dan en las redes sociales. Yo era el que estaba parado arriba del escenario del Derecha Fest y eran cinco personas las que estaban incitando a la violencia», dijo la mano derecha de Karina Milei en la provincia durante un encuentro con periodistas de la capital provincial.
«Tenemos que entender que internamente existe un espacio de debate y de apertura. Yo contesto todas las llamadas telefónicas que tengo», dijo y siguió: «cualquiera puede estar molesto o puede tener otro punto de vista. En la medida en que esa persona del espacio ventile las diferencias para desgastar la imagen de La Libertad Avanza o del Presidente, esa persona está fuera del espacio.
En la medida en que esa persona del espacio ventile las diferencias para desgastar la imagen de La Libertad Avanza o del Presidente, esa persona está fuera del espacio.
«No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades, tiene sus cuestiones internas y tiene su manual disciplinario», aseguró el armador libertario en un mensaje que también buscó limitar las acciones de sus legisladores provinciales que lo escuchaban atentos.
«Desde el día uno las puertas de La Libertad Avanza están abiertas a todos los que vengan a discutir y proponer lo que sea. Acá tenemos un ámbito de actuación, el que está allá, por definición, está afuera», dijo.
Además, negó que Milei tenga que llamar la atención a quienes lo insultaron en el cierre del Derecha Fest. «Es gente que se empresa libremente en una red social. Traductor te Ama no está en ningún espacio de La Libertad Avanza». Además, dijo que El Gordo Dan nunca le hizo ningún tipo planteo público. «Ahí había cinco personas que eran irreconocibles para mí», cerró.
Pareja fue el encargado de hablar antes que Milei en el escenario que convocó a la militancia de derechas. La encargada de presentarlo fue Lilia Lemoine, que tras haberse sumado a Las Fuerzas del Cielo ahora intentó una ovación para «Seba» Pareja.
Sin embargo, el público libertario, mayormente de la facción de Caputo, le devolvió un silencio incómodo y algunos silbidos.
