En medio de las tensiones en el peronismo, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner mantuvieron en las últimas horas una reunión en la que acordaron cerrar filas para sostener las PASO tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.
El encuentro surgió a instancias del senador José Mayans y el diputado Germán Martínez y también participaron cuatro gobernadores: Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); además del jefe político de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Según trascendió, tanto Kicillof, Massa y Máximo como los gobernadores coincidieron en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar «una propuesta electoral amplia y potente» de cara al año próximo.
Además, hubo consenso para avanzar en la conformación de una mesa política destinada a articular a los distintos sectores del peronismo y establecer una instancia de coordinación entre gobernadores, conducción partidaria y representantes parlamentarios.
Fuentes al tanto de la reunión dijeron a LPO que la reunión surge después de lo ocurrido el jueves en el Senado cuando el peronismo logró frenar el capítulo sobre la extranjerización de tierras del proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
A partir de esa derrota legislativa, el gobierno libertario salió a operar que ahora la prioridad es eliminar o suspender las PASO. Por eso, Mayans y Martínez avanzaron en una convocatoria para hablar del tema. El consenso en la reunión fue que Milei tiene como único objetivo la reelección y que está dispuesto a todo en función de eso.
En el peronismo, las negociaciones que sirvieron para voltear el capítulo sobre extranjerización de tierras tuvieron un efecto positivo. Se retomaron contactos que hacía meses habían quedado congelados. La respuesta a la convocatoria a la cumbre fue inmediata.
La reunión arranco alrededor de las 20 del martes y duró hasta pasadas las 23.30. Arrancaron hablando sobre la agenda parlamentaria y los temas fueron escalando hasta llegar al tema de las primarias, donde hubo un consenso para trabajar para evitar que el gobierno las elimine o las suspenda.
También hubo un compromiso para frenar las modificaciones en el esquema de subsidios al gas conocido como Régimen de Zona Fría que ya se aprobó en Diputados.
Todo había empezado como en una película floja: un grupo de guardavidas en una playa de Monte Hermoso que estaba entrenando en enero de este año encuentra un bolso en la orilla del mar y al abrirlo advierten varios ladrillos de cocaína. Eso desata una investigación fiscal que termina este lunes, 700 kilómetros más arriba, con cinco detenidos en la zona de San Nicolás por intentar sacar desde el río Paraná 500 kilos de cocaína en buques que transitan por la Hidrovía.
Es una situación que tiene una habitualidad notoria, que implica cargamentos de cocaína con destino de exportación, y que cada tanto se registran con situaciones en la que son detectados. En esta ocasión hubo una pesquisa de meses que desembocó este lunes con una vigilancia encubierta realizada por Prefectura Naval en Ramallo que siguió a una lancha con tres tripulantes en cercanías del club Somisa. El seguimiento dejó ver que a la lancha subían varios bultos de una camioneta y que después seguía viaje hasta San Nicolás, hasta acercarse a un buque amarrado en el Puerto. Cuando izaban los bultos al buque los encargados de la tarea fueron detenidos.
Esta es una práctica tan rutinaria que la Prefectura Bajo Paraná dispuso vigilancias en la zona portuaria de Rosario hasta San Lorenzo, en Santa Fe, ya que la mayor cantidad de casos detectados se dan en esta zona. Los fiscales federales de la de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) le hicieron saber a Prefectura Naval que la organización bajo seguimiento «podía operar entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria» donde posiblemente contaminarían buques en navegación.
El bolso encontrado el 26 de enero en Pehuén Co tenía 35 kilos de cocaína en casi veinte panes. Los panes tenían diferentes etiquetas. Dos decían «Moncler» y «Stefano Ricci». Eso orientó las pesquisas de la Procunar. La cercanía del lugar donde fue encontrado el bolso con lugares donde amarran buques de ultramar en el puerto bahiense dejaban vislumbrar que la carga podía ser transportada fuera del país.
Después de las detenciones, en una audiencia tras el descubrimiento de la cocaína que iba a embarcar en San Nicolás, la fiscal federal Patricia Cisnero explicó que la contaminación de buques en la Hidrovía es un fenómeno reiterado. Se le llama «rip-off» y consiste en «acercar una pequeña embarcación a un buque de mayor porte para infectarlo con la droga, con la probable colaboración de algún integrante de la tripulación», mediante un sistema de izado. Para ello, los estupefacientes son acondicionados en bolsos estancos que permiten proteger la carga del contacto con el agua.
Las pericias del bolso encontrado en Pehuen Có en enero y otros elementos determinaron que había sido adquirido por Sebastián Di Seri y que iría a ser despachado en un buque a ultramar. Lo que se cree es que ese bolso se cayó al agua y se perdió entre otros que sí fueron subidos a cubierta.
El segundo hecho del planteo fiscal ocurrió este lunes en San Nicolás cuando se intentó subir a un buque en el puerto 499 kilos de cocaína. Parte de esa carga, unos 232 kilos, estaban en la lancha aledaña al barco. El resto de la sustancia se encontró en 7 bolsos en un garaje de la calle Laprida 245 en Ramallo, a veinte kilómetros, que tenían un peso total de 267 kilos. Eran parte de la misma operación, dijeron los fiscales Cisnero y el titular de Procunar, Diego Iglesias.
Para determinar la conexión entre el caso de Bahía Blanca y San Nicolás fue fundamental una operación en Mercado Libre. Se supo que el 18 de marzo de 2025 Sebastián Di Seri había comprado 25 bolsos estancos de 80 litros. Esos bolsos tenían características coincidentes con los encontrados en uno y otro lugar.
El análisis de las comunicaciones telefónicas, los movimientos de los investigados y los registros de geolocalización permitieron más tarde a los fiscales de Procunar establecer vínculos entre Di Seri con las personas que, meses después, serían detenidas esta semana en San Nicolás. Estos son Damián Leyria, Antonio Straccia, Jorge Ayala y Jorge Miño. También con las evidencias obtenidas se reconstruyeron distintos desplazamientos hacia localidades de la costa del río Paraná.
La fiscal Cisnero dijo este martes en audiencia que en las últimas semanas las tareas de inteligencia permitieron inferir que se preparaba una nueva operación de contaminación de un buque.
En particular, el seguimiento de los investigados y las escuchas permitieron establecer desplazamientos hacia Ramallo y la utilización de distintos vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger y un auto Citroën C3.
El 7 de agosto, los investigadores observaron movimientos de los vehículos de los sospechosos entre Ramallo y distintos puntos de la costa del río Paraná. En una de las vigilancias se constató que tres hombres acoplaban un trailer a la Ford Ranger, sobre el que se encontraba una embarcación semirrígida denominada «Gran Brack». Fueron los vehículos seguidos hace cuatro días que llevaron al decomiso de los 500 kilos.
Las líneas intervenidas a Di Seri, el que había comprado los 25 bolsos en Mercado Libre, dieron pautas razonables de que buscaban infectar un barco con el cargamento de cocaína. Un ejemplo fue una conversación captada a Straccia el 22 de marzo
-Escuchá, mañana le dije al «capitán» que nos mande la plata que nosotros le dejamos allá cuatro.
Una llamada de Leyra del 24 de julio indicó a los investigadores que se iba a producir una maniobra de tráfico de cocaína.
-Está ahí, pero no confirman, nosotros no podemos salir hasta que confirmen boludo. Estamos los seis. Tengo un hombre dentro de mi casa hace tres días. Estamos trabados, no nos contestan de arriba-, dijo Leyra hace dos semanas.
Su interlocutor le respondió: «Está complicado el tema de los barcos ahora». Y aludió a algún tipo de iluminación para identificar puntos de contacto.
El 28 de julio Leyra se comunicó con Ayala. Le dijo: «Escuchame viejo, se suspendió. Está viniendo Gustavo (por Straccia), igual te van a dar la plata. Ahora vamos a trabajar en Rosario, ahora te cuento, va para allá, va par Rosario».
Todos estos elementos indiciarios permitieron que Prefectura siguiera y detuviera al grupo que fue llevado a audiencia este martes ante la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón.
«Nos encontramos frente a una verdadera organización narcocriminal, con una clara y persistente duración en el tiempo, con una logística importante, tanto de recursos materiales como económicos. Una organización que tiene presencia y territorialidad y capacidad de operación en distintas jurisdicciones de nuestro país», sostuvo Iglesias durante la audiencia, según indicó el portal Fiscales.gob.ar.
El jefe de la Procunar detalló que por el volumen de cocaína secuestrado, el valor de la droga podía variar sustancialmente según el destino. Estimó que, en una zona portuaria de la provincia de Buenos Aires, la sustancia representaría no menos de 2,5 millones de dólares. Si lograba salir del país y llegar a Europa, el valor ascendería a no menos de 16 millones de dólares, mientras que, según la hipótesis de la fiscalía, en otro continente más lejano podría alcanzar los 45 millones de dólares.
La jueza dejó presos a los cinco detenidos y les impuso prisión preventiva por 180 días.
Los casos en donde se advierte droga son esporádicos y no indican que es porque la droga no pase. En junio de 2025 se descubrió, por la denuncia de un capitán de un buque filipino, un cargamento de 470 kilos de cocaína en el buque de tripulación amarrado en el puerto de Vicentin en San Lorenzo. En julio de 2022 se detectó que en el puerto frente al Monumento a la Bandera fueron metidos 1300 kilos de cocaína en una carga de maní llegada de Córdoba. En mayo de 2022 en un barco puerto frente a Australia con 40 mil toneladas de harina de soja encontraron 50 kilos de cocaína junto a un buzo de nacionalidad brasileña sin vida. El barco había sido cargado en Renova, en Timbúes, y pasado por el puerto de Santos en Brasil.
La Provincia de Buenos Aires se bajó de la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el mayor evento promocional de la región, en un gesto político de la gestión de Axel Kicillof tendiente a denunciar la crisis del sector, por la que acusan a Daniel Scioli de ser «partícipe de la destrucción».
«Con los números que estamos viendo de nuestros destinos, decidimos este año no ir por primera vez a la Feria», dijo la titular del área en la provincia, Soledad Martínez, en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Turismo.
La decisión fue anunciada poco después de los números en rojo que mostró el gobierno bonaerense relativos a las vacaciones de invierno que, resaltaron, fueron «las peores desde la pandemia», con un derrumbe del 11,5% en cantidad de turistas con relación a 2025 y del 22,3% respecto de 2023 (ver abajo).
En el Ejecutivo provincial detallaron que los costos de participar con un stand de 840 m2 en el evento que se realizará a finales de septiembre en La Rural merodean los 1.000 millones de pesos, sumando logística, personal y material de promoción.
«En este contexto, se prefiere reinvertir en otro lado», dijo Martínez en declaraciones a radio Splendid, para agregar que la idea es redirigir esos recursos a estrategias de promoción directa y a los municipios. «Esto es una decisión fundamentalmente política», sostuvo.
Como contó LPO, el receso invernal registró números muy flojos en materia de reservas, con numerosos hoteles que decidieron no abrir y otros, de cuatro y cinco estrellas, que llegaron a tener apenas dos habitaciones ocupadas, de más de cien a disposición.
«No hubo movimiento a pesar de las tarifas casi ridículas que algunos ofrecieron, casi por debajo del costo y pauperizando el servicio. Complicado», dijo a LPO un empresario turístico de uno de los principales destinos de la provincia
En Mar del Plata las ventas en vacaciones de invierno cayeron 4,9%. «Si bien la situación mejoró levemente durante la segunda semana, no alcanzó para lograr una comparación positiva respecto del año anterior», dijo Blas Taladrid, presidente de la Unión de Comercio, Industria y Producción local (UCIP).
«No hubo movimiento a pesar de las tarifas casi ridículas que algunos ofrecieron, casi por debajo del costo y pauperizando el servicio. Complicado», dijo a LPO un empresario turístico de uno de los principales destinos de la provincia.
El informe de la Subsecretaría de Turismo de la provincia expuso también un derrumbe de los ingresos reales por turismo del 29%, con una estadía media que estuvo seis puntos por debajo del invierno pasado y con un consumo también en picada.
Frente a eso, Soledad Martínez apuntó contra Scioli: «Entiendo que él no decide la política macroeconómica, pero la avala y la defiende. Está siendo partícipe de la destrucción del turismo interno», dijo.
Mauricio Macri habló por teléfono con Karina Milei para acercarse al gobierno tras meses de distanciamiento y acordó con la hermana del presidente la creación de una mesa política que debutará este jueves en la Rosada.
La mesa la integrarán Diego Santilli y Lule Menem, por el lado del gobierno, y Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, de parte de Macri. Curiosamente, tres cuartas partes de la mesa proviene del PRO, como el 80% de los ministros de Milei, pero Macri no es quien toma las decisiones.
Las milanesas compartidas por Macri y Milei quedaron en el recuerdo. El líder del PRO tuvo que ir al pie de Karina, a quien menospreciaba en los comienzos del gobierno libertario, y el presidente se recluyó en Olivos delegando en su hermana toda la gestión.
El propio Milei le admitió este miércoles a Infobae que quien toma las decisiones es la mesa política, que no comanda él sino su hermana. Como explicó LPO, la mesa vino a suplir las reuniones de gabinete por decisión de Karina.
Fuentes al tanto de la conversación entre Macri y Karina dijeron a LPO que no se debatirá sobre la suspensión de las PASO sino que sólo se hablará de acuerdos políticos.
El principal interés de Macri es que los libertarios no le saquen el control de la Ciudad. Jorge Macri está permeable a un acuerdo con La Libertad Avanza, que incluiría dejarles la vicejefatura de gobierno a cambio de que lo ayuden a reelegir en la Ciudad.
El primer damnificado con la creación de esta mesa es Hernán Lacunza, que sólo días atrás lanzó su candidatura presidencial por el PRO, pese a que ni siquiera está afiliado al partido amarilo.
La otra perjudicada es Patricia Bullrich, que viene del PRO como Ritondo, de Andres y Santilli, pero no fue invitada a la nueva mesa, pese a que forma parte de la mesa política del gobierno y es quien mejor mide en la Ciudad.
Luis Caputo abrió una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro. Esta vez, con el fondo creado para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores.
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía definió este miércoles dónde podrán colocarse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dejó una particularidad difícil de pasar por alto: puso límites para casi todos los activos, menos para la deuda del Estado nacional.
El FAL es una de las piezas centrales de la reforma laboral aprobada este año. Fue creado por la Ley 27.802 para que las empresas acumulen recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despidos y otras formas de extinción del contrato laboral. No reemplazan formalmente la indemnización ni liberan al empleador si el dinero acumulado resulta insuficiente. Funcionan como una reserva financiera para ayudar a pagarla.
El sistema alcanzará a los empleadores privados y comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Cada empresa tendrá una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio será separado, inembargable y de afectación específica. La administración quedará en manos de entidades habilitadas por la CNV.
La plata tampoco sale directamente del bolsillo del trabajador. La ley estableció una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial imponible para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con las condiciones previstas por la propia norma. Los pagos serán canalizados mensualmente a través de ARCA.
Son recursos que hasta ahora tenían destino previsional y financiaban el sistema de seguridad social. La reforma reduce contribuciones patronales y redirecciona una parte de ese flujo hacia las cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones.
Hasta ahí, la arquitectura laboral. La resolución de Caputo incorpora ahora la pata financiera y transforma ese flujo en una nueva masa de ahorro institucional que saldrá todos los meses al mercado a buscar activos.
Economía autorizó que los fondos compren títulos públicos nacionales a tasa fija, ajustados por CER, vinculados a la TAMAR, dólar linked y bonos duales. También podrán colocar dinero en deuda provincial, obligaciones negociables de empresas privadas y depósitos bancarios. Todos los instrumentos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos.
Pero la diversificación tiene una curiosidad. La deuda provincial no podrá representar más del 15% de la cartera. Las obligaciones negociables privadas tendrán un límite del 20%. Los depósitos en una misma entidad financiera tampoco podrán superar el 15%. Para los títulos dólar linked habrá además un máximo agregado del 10%. Para la deuda del Tesoro Nacional, en cambio, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente.
En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos.
Para la deuda del Tesoro Nacional, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos
La reglamentación que todavía debe dictar la CNV podrá agregar restricciones adicionales, pero en la resolución publicada por Caputo no aparece un techo específico para la exposición del FAL a deuda soberana nacional.
El detalle cobra mayor importancia por otra disposición. Los fondos deberán mantener como mínimo un 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez para responder a los pagos de indemnizaciones.
Entre los instrumentos que Economía considera aptos para cumplir esa exigencia incluyó expresamente Letras del Tesoro en pesos, a tasa fija o ajustables por CER, con hasta 90 días de plazo remanente.
Es decir, hasta el colchón de liquidez que debe estar disponible para pagar un despido podrá utilizarse para financiar al Tesoro.
Federico Sturzenegger, el ideólogo del plan para las indemnizaciones
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro.
El tamaño potencial del nuevo jugador tampoco es menor. Según los últimos datos disponibles del SIPA, en abril había 6,13 millones de asalariados privados registrados. El RIPTE de mayo, que sirve sólo como referencia y no coincide exactamente con la base imponible del FAL, alcanzó los 1.849.728 de pesos mensuales.
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro
Un cálculo mecánico permite dimensionar el volumen, aunque no proyectar todavía con precisión cuánto dinero efectivamente ingresará al sistema. Si todos esos trabajadores tributaran sobre una remuneración equivalente al RIPTE, una contribución del 1% representaría alrededor de 113.000 millones de pesos mensuales, unos 1,36 billones por año. Con una alícuota del 2,5%, el flujo treparía a unos 283.000 millones de pesos mensuales, cerca de 3,4 billones anuales.
El monto real estará en algún punto que no puede determinarse todavía con esos datos, porque depende de la masa salarial efectivamente alcanzada, de la distribución de trabajadores entre grandes empresas y MiPyMEs y de la remuneración imponible de cada uno.
Pero la cuenta sirve para mostrar la escala: el Gobierno acaba de crear un inversor institucional capaz de administrar varios billones de pesos y habilitó al Tesoro para disputar una porción importante de ese ahorro.
La CNV tendrá ahora que completar el tablero. El decreto reglamentario le encomendó dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento los vehículos de inversión y establecer sus requisitos.
Hasta entonces, el diseño que dejó Caputo tiene una particularidad política y financiera difícil de disimular. La reforma laboral creó un fondo para garantizar que haya plata cuando llegue el momento de pagar una indemnización. Economía acaba de decidir que, mientras ese momento no llegue, una parte potencialmente muy importante de esa plata podrá descansar en títulos emitidos por el propio Estado. El fondo de los despidos entra así al mercado de pesos. Y el Tesoro queda primero en la fila.
La operación tiene entonces dos movimientos. Primero, una porción de los recursos que ingresaban al sistema previsional deja de hacerlo y pasa a alimentar los Fondos de Asistencia Laboral. Después, mientras esos pesos no sean necesarios para pagar indemnizaciones, las administradoras podrán invertirlos en los activos habilitados por Economía.
El gobierno de Milei armó un megaoperativo de control de unos 60 agentes de Migraciones y la Policía Federal en el centro comercial de Rosario y en la Terminal de Ómnibus para capturar inmigrantes ilegales. Controlaron a 420 personas y terminaron reteniendo a un solo ciudadano chino sobre quien pesaba una orden de expulsión.
El despliegue sorprendió por su magnitud. Los federales coparon una de las esquinas más transitadas de la ciudad donde solicitaron documentación a trabajadores y clientes de los comercios detectando a ocho personas sin los documentos o con problemas en ellos.
Hubo móviles oficiales, fajas de seguridad y escenas que alteraron durante varias horas la actividad habitual del microcentro para luego trasladarse a la zona de la Terminal de colectivos.
Sin embargo, cuando Migraciones difundió los resultados, los números quedaron muy lejos de la espectacularidad del procedimiento. De las 420 personas relevadas, 94 eran extranjeras y 86 tenían toda su documentación en regla. Apenas ocho presentaron irregularidades migratorias y solamente el ciudadano chino tenía una orden de expulsión vigente.
De las 420 personas relevadas, 94 eran extranjeras y 86 tenían toda su documentación en regla. Apenas ocho presentaron irregularidades migratorias y solamente el ciudadano chino tenía una orden de expulsión vigente
Pese al resultado, los agentes anticiparon que los controles continuarían durante la semana como parte de una nueva política impulsada por el gobierno nacional que coincide con la decisión del Ministerio de Salud que reglamentó el procedimiento para que los hospitales nacionales comiencen a cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en Argentina, una modificación introducida a la Ley de Migraciones mediante el DNU 366/2025.
De esta manera, el gobierno libertario aumentó los controles callejeros endureciendo la política migratoria en sintonía con la agenda de Donald Trump en Estados Unidos y los cuestionados operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, que trascendieron mundialmente por la crueldad en el trato con los detenidos.
El debut del ICE libertario en Rosario rozó el papelón después de movilizar 60 agentes federales, revisar la documentación de centenares de personas y desplegar un operativo durante casi nueve horas, Migraciones encontró a un solo extranjero sobre el que pesaba una orden de expulsión dejando en evidencia la poca incidencia del tema entre los problemas urgentes del país.
