Tras una insólita discusión, el acuerdo por el nombre destrabó la ley del servicio penitenciario porteño
Una discusión por la denominación del servicio penitenciario porteño hizo peligrar su creación, que tenía apoyo absoluto en la Legislatura tras seis meses de discusión. Al final hubo acuerdo y se votaría en la maratónica sesión del jueves.
Los tres ejes del proyecto diseñado por el Subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperín y consensuado con todos los bloques son: pena segura, separación entre seguridad y tratamiento y la intervención de la víctima en el proceso de ejecución de la pena. El objetivo principal de la ley es evitar la reincidencia.
Pena segura implica que no haya delitos adentro de las cárceles y que los presos no puedan continuar cometiendo delitos desde adentro.
La normativa es una de las más modernas del continente y prevé que el cuerpo de agentes penitenciarios esté divido entre los que mantienen la seguridad de las cárceles y aquellos dedicados al tratamiento de los presos.
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Precisamente la palabra reinserción fue el eje de una controversia. Tras seis meses de discusión y cuando ya estaba pronta para tratarse, la creación del servicio penitenciario de la Ciudad corrió peligro.
Patricia Bullrich no quería se que se llamara agencia penitenciaria sino servicio penitenciario. Parte del bloque libertario tampoco quería que se utilizará reinserción o reintegración en el nombre.
La ley que creaba el servicio penitenciario porteño tenía acuerdo de todos los bloques, incluídos los libertarios. No es una cuestión menor: el gobierno quería lograr el mayor consenso posible, tal como ocurrió con la creación de la policía porteña. Y lo consiguió: tras acceder a denominarlo servicio penitenciario se obturó la discusión.
Ajeno a las discusiones, Halperín agradeció la «buena predisposición de todos los bloques y del gobierno» para tratar la normativa.
El subsecretario de Política Criminal, Leandro Halperin.
Esa ley será una de las 300 que podrían ser aprobadas durante la madrugada del viernes. Para conseguir apoyo en el Presupuesto y la Tarifaria, el gobierno accedió a pedidos casi todos los bloques.
Los libertarios y Graciela Ocaña reclamaron medidas para aliviar a la clase media, como la reducción del impuesto a los sellos para operaciones menores a los 150 mil dólares, que se excluyan de IIBB a los fondos de inversión y las criptos. También se aprobarían beneficios para adultos mayores.
El bloque de Pilar Ramírez también pidió que la bonificación del Régimen Simplificado llegue también a sociedades de hecho e irregulares de hasta tres socios y que se exima del impuesto a los sellos a los intereses de las tarjetas de crédito.
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