Hizo ruido en Catamarca la entrega de la concesión por 20 años de buena parte de la autopista Rosario-Córdoba a la unión de empresas integrada por Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública catamarqueña y que es sindicada como la «preferida» del gobernador Raúl Jalil.
La empresa de la familia del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta, se quedó con los peajes del tramo Centro de la Red Federal de Concesiones promovida por Toto Caputo. Son 682 kilómetros que además incluye tramos de las rutas 19 y 34.
Fuentes al tanto de estas licitaciones advierten que la adjudicación en cuestión fungió como prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir el voto de legisladores catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei, entre ellas la eliminación de las PASO.
Jalil con Franco Mogetta cuando era el secretario de Transporte de Milei.
«Mogetta es el Lázaro Báez catamarqueño», sostuvo una fuente de esa provincia que enumeró una serie de obras clave que el gobierno de Jalil otorgó a Guido Mogetta S.A. La más significativa fue la Ruta Provincial N.º 43, por casi 1.500 millones.
Luego, aparecen la Ruta 1 -por casi 878 millones y donde Mogetta fue el único oferente-, el Paseo Religioso Virgen del Valle -por casi 250 millones- y hasta lo que se presentó como «el puente más largo de Catamarca», inaugurado la semana pasada sobre el río Santa María.
Los cálculos de las obras más recientes exponen que el gobierno de Jalil adjudicó a Mogetta obras por más de 3.500 millones.
Hay casos, como la remodelación del Dique Jumeal (por más de 160 millones) donde la licitación quedó desierta y la gestión Jalil recurrió a contratar directamente a Mogetta.
Los cálculos de las obras más recientes exponen que el gobierno de Jalil adjudicó a Mogetta obras por más de 3.500 millones.
Como contó LPO, el grupo Mogetta también está asociado con la poderosa empresa cordobesa Boeto y Buttigliengo Constructora (BBC) como contratistas en la explotación de Galaxy Lithium, en la puna catamarqueña.
Un dato que ponen en Catamarca para ilustrar el estrecho lazo que une a Jalil con la contratista es que, a través de un «convenio de colaboración» entre el Ministerio de Educación y Mogetta se lanzó un «Campus de Entrenamiento Laboral» para formar a operadores de maquinaria vial.
«La provincia pone recursos para formar a los empleados de Mogetta», cuestionan en Catamarca.
Para la concesión otorgada por Caputo días atrás, Guido Mogetta se impuso sobre otras seis ofertas proponiendo una tarifa de 1.399 + IVA para el peaje.
A la semana siguiente de la entrega de la concesión de la autopista Rosario-Córdoba a Mogetta, el Gobierno logró aprobar en Diputados la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Ahí, los diputados de Jalil no mostraron resistencia y se abstuvieron.
Toto eligió una palabra peligrosa para pedirles paciencia a los argentinos. «Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible», dijo el ministro de Economía. La frase tendría poco de extraordinario si «deslomado» no fuera una palabra con historia reciente dentro del gobierno de Javier Milei. Es, precisamente, la expresión que quedó pegada a Manuel Adorni durante el escándalo que precedió su salida de la Jefatura de Gabinete.
El problema para Caputo es que la apelación al sacrificio oficial llegó acompañada por una admisión bastante menos confortable. El ministro reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que no llegarán a fin de mes. «Siempre va a haber alguien que esté mal», sostuvo al defender el programa económico y reclamar paciencia para que sus resultados alcancen al conjunto de la sociedad.
El pedido de paciencia de Caputo coincidió además con la presentación de su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025. El ministro informó bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones al cierre del año, contra $11.851 millones al comienzo, un incremento nominal de casi $7.700 millones.
El dato más llamativo está en la composición: declaró alrededor de $12.422 millones en depósitos en el exterior, mientras que sus ahorros en el país rondaron los $600 millones. Es decir, cerca del 95% de sus ahorros declarados estaban fuera de la Argentina y aproximadamente el 68% de su patrimonio estaba radicado en el exterior.
En el Gobierno la elección de la palabra no pasó inadvertida. «Parece el gobierno de los deslomados. Cada vez que alguno dice que se desloma, conviene agarrarse la billetera», ironizó ante LPO una fuente que conoce la interna libertaria.
La picardía tiene un antecedente demasiado fresco como para necesitar demasiadas explicaciones. Adorni había inaugurado involuntariamente esa categoría en marzo. Cuando tuvo que explicar por qué su esposa lo acompañó en un viaje oficial a Nueva York, dijo que quería tenerla cerca porque iba a pasar una semana allí «deslomándose».
La explicación, que pretendía transmitir sacrificio, produjo exactamente el efecto contrario. La palabra quedó asociada a los cuestionamientos sobre sus viajes y su patrimonio y se transformó en una etiqueta que lo persiguió hasta su salida del Gobierno.
La oposición incluso llevó el «deslomado» al Congreso cuando Adorni presentó su informe de gestión en abril. Hubo carteles, pochoclos y chicanas. Natalia Zaracho le dijo que ese día sí tenía «cara de deslomado» después de seis horas en el recinto. Para entonces, la palabra ya había dejado de pertenecerle al exvocero y se había convertido en una contraseña política para hablar del contraste entre la prédica de austeridad libertaria y las explicaciones que daban sus funcionarios sobre sus propios privilegios.
Caputo decidió ahora rescatarla del archivo en un momento particularmente sensible. Mientras pidió tiempo para que los beneficios del programa económico lleguen «a todos», también defendió que la economía avance a «dos velocidades».
Explicó que el Gobierno hizo una reasignación de recursos hacia los sectores generadores de dólares que, según su visión, habían sido castigados durante años. Para explicarlo apeló al fútbol: dijo que era como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández sentados en el banco. El ministro sostuvo que esa diferencia entre sectores no debería leerse negativamente y afirmó que el crecimiento estará impulsado por las exportaciones.
El discurso del ministro de Economía encajó perfectamente con el clima de Vientos de Cambio, la cumbre organizada por la Fundación Libertad y Progreso junto con Reason Foundation y Archbridge Institute en el Sheraton de Retiro
La organización presentó el encuentro como un «punto de inflexión para América Latina» y convocó a más de 40 expositores para discutir reformas económicas, libertad de mercado, y reducción del Estado. El cierre quedó a cargo de Javier Milei, que volvió a defender el ajuste fiscal y descartó flexibilizar la política monetaria y fiscal.
Un caño roto provocó una filtración y el desprendimiento de paneles en el Sheraton, donde Milei cerrará el foro libertario “Vientos de Cambio”.
Por Lola Santacreta para NLI
Una inesperada complicación alteró este miércoles la actividad en el Hotel Sheraton de Retiro, donde se desarrolla el foro liberal “Vientos de Cambio” y está previsto que el presidente Milei encabece el acto de cierre. Una rotura de un caño provocó una importante filtración de agua y el desprendimiento de paneles en las inmediaciones de la sala de prensa, obligando a los trabajadores del establecimiento a intervenir para contener la situación mientras se esperaba la llegada del mandatario.
El episodio ocurrió precisamente en el escenario elegido por la Fundación Libertad y Progreso para reunir durante dos jornadas a dirigentes políticos, economistas, empresarios y referentes internacionales del universo liberal. La cumbre comenzó el martes y tiene como sede al Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, en Retiro, con una agenda que incluye exposiciones de funcionarios del Gobierno nacional y figuras vinculadas al pensamiento económico y político que reivindica el oficialismo.
Una filtración en medio del encuentro libertario
Mientras los organizadores avanzaban con los preparativos para la jornada de cierre, el desperfecto obligó a los trabajadores del hotel a desplegar baldes y elementos de contención ante el ingreso de agua. La filtración, además, derivó en el desprendimiento de paneles en una zona próxima al espacio destinado a la prensa, generando una escena inesperada en medio de uno de los principales encuentros políticos del oficialismo y su entorno internacional.
La situación adquirió rápidamente un particular valor simbólico por el contexto en el que ocurrió: el foro lleva por nombre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas” y fue presentado por sus organizadores como una cumbre destinada a debatir la transformación económica y política de la región. En su página oficial, Libertad y Progreso señala que el encuentro reúne a más de 700 líderes de más de 20 países y lo define como una oportunidad para impulsar una nueva etapa regional basada en sus postulados de libertad económica.
La postal de trabajadores intentando contener el agua dentro del hotel terminó contrastando, inevitablemente, con el discurso de eficiencia, transformación y reducción del Estado que atraviesa las exposiciones del encuentro. Sin necesidad de convertir el desperfecto edilicio en una cuestión política en sí misma, la escena no deja de resultar llamativa: mientras en los salones se discute cómo modificar estructuras enteras de la economía y el Estado, en los pasillos del mismo edificio se trabaja contrarreloj para contener una filtración y evitar que el incidente genere mayores inconvenientes.
Milei prepara el cierre ante el núcleo libertario
El episodio se produjo horas antes de la llegada de Javier Milei, prevista para las 18:15, cuando el Presidente será el encargado de cerrar formalmente la cumbre. Su participación concentra buena parte de la expectativa de la segunda jornada, después de que el martes distintos referentes del espacio expusieran sobre desregulación, economía y políticas públicas.
Entre los participantes estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió el rumbo económico del Gobierno y llegó a bromear con que su cartera podría ser considerada un “ministerio de la felicidad” debido a los efectos que, según sostuvo, provocan las desregulaciones. También afirmó que el Gobierno lleva acumuladas 17.000 millones de desregulaciones y destacó las cifras de crecimiento que atribuyó a la gestión.
La jornada de este miércoles contempla además la participación de funcionarios y referentes económicos como el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el viceministro José Luis Daza, además de especialistas y dirigentes vinculados al liberalismo regional. La presencia inicialmente anunciada del empresario tecnológico Peter Thiel, sin embargo, finalmente no se concretó y fue retirada del programa.
Por ahora, el incidente en el Sheraton aparece como un contratiempo logístico que los trabajadores del hotel intentan resolver antes del momento central del encuentro. El agua podrá ser contenida, los paneles reemplazados y la actividad continuar normalmente, pero la imagen de los trpos en el piso, los techos cayendo y la filtración quedó instalada como una inesperada escena previa al discurso presidencial.
A las 18:15, Milei buscará cerrar el foro ante el núcleo más cercano del universo libertario con la defensa de un modelo basado en la desregulación, la reducción del Estado y la libertad de mercado. Mientras tanto, a pocos metros de donde se prepara el escenario político, los trabajadores del Sheraton tienen una misión bastante más concreta: que los “vientos de cambio” no terminen convertidos en una inundación.
La Cámara Federal de Rosario iniciará una auditoría que explique por qué se detectaron unos 8 mil casos paralizados en juzgados federales de primera instancia, que al no haber sido trasladadas a tiempo a las fiscalías no tuvieron ningún impulso investigativo, lo que puede implicar delitos no esclarecidos y con impunidad hacia sus posibles autores.
La anomalía llegó a conocimiento de la Procuración General de la Nación, que está a cargo de todos los fiscales federales, luego de que en el Ministerio Público Fiscal de Rosario advirtieran que les cursaban extemporáneamente causas ingresadas a los juzgados federales 3 y 4, en algún caso hasta con seis años de demora. Algo que hizo que se pronunciara sobre esto con preocupación el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. «Acá hay responsabilidades funcionales», declaró.
El juzgado federal 3 está a cargo de Carlos Vera Barros y el 4 de Marcelo Bailaque, actualmente con prisión domiciliaria acusado por tres delitos en el desempeño de ese cargo considerados hechos de corrupción institucional.
Frente a esta situación, que dio a conocer LPO, la Cámara Federal de Rosario ordenó este martes a los secretarios de los juzgados 3 y 4 que informen en 48 horas los criterios de actuación utilizados para supervisar la información documentada que explique que esas causas hayan quedado paralizadas.
La Cámara Federal pide eso para cotejar el número excedente con las cifras que se confeccionaron en mayo de 2024 cuando dejó de tener vigencia el sistema de juicio escrito y comenzó el modelo acusatorio. Entonces los juzgados hicieron un listado de los expedientes que estaban en trámite para una transición hasta que tuvieran sentencia. Eran según fuentes de la Procuración unos 1.180 legajos. Pero ahora aparece una cifra de ocho mil adicionales que son anteriores a esa fecha límite y que no se comunicaron.
Al mismo tiempo, la Cámara también pidió al Ministerio Público Fiscal que les remita un listado de esas 1.180 causas a fin de contrastarlo con los guarismos de los informes que ahora encargan a los juzgados.
Esta situación de limbo en el que quedaron esas causas puede deberse a motivos burocráticos que impliquen negligencia pero no intenciones deliberadas de ocultarlos. «Puede haber una mala gestión de los expedientes u otra cosa más grave que se verá», dijo a LPO una fuente de la Cámara Federal. Pero esto ocurre en una jurisdicción donde hay causas penales en curso por expedientes cajoneados sin explicación o hechos que prescribieron por falta de impulso, en especial delitos tributarios, que tienen como infractores a personas de capacidad económica.
El fin de la Argentina no es profecía, es diagnóstico. La Argentina fue dejando de ser una trama integrada y devino archipiélago de enclaves extractivos conectados hacia afuera, hacia la exportación y el contrabando, separados por intersticios desertificados. El gobierno libertario ofrece al mercado inmobiliario la oportunidad de crear santuarios anarcocapitalistas arrancados a la soberanía política sobre el territorio. No debería sorprender: la corriente de opinión inaugurada por Friedrich Hayek prevé desde sus inicios, a mediados del siglo XX, esta estocada final a los Estados nacionales: la fragmentación y apropiación corporativa de porciones de espacio,la secesión.La matriz urbanística es la de zonas económicas especiales, ciudades gestionadas como empresas que calzan perfectamente en la estructura económica misma del modelo posneoliberal argentino, un combo de latifundio, contrabando, futurismo y especulación financiera desconectada de la economía real.
Tal tipo de postulados económicos se corresponde con esta morfología urbana. La privatización de la expansión metropolitana sostenida hace cincuenta años es la hoja de ruta anarcocapitalista. Excepciones a los códigos de planeamiento urbano forjaron un régimen de prácticas para el que la ley es solo una sugerencia. El zócalo sobre el que avanzan en el Congreso los ejecutores del plan de gobierno es el tramo final de un proceso histórico impulsado por nombres que se repiten.
Javier Milei no destruye un Estado de manual. Lo que algunos lamentan era ya un estado-espejismo instrumental al status quo de negocios. Lo cual explica muchas cosas.
El 12 de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al tecno-oligarca Peter Thiel, fundador de las mega empresas tecnológicas PayPal y Palantir, instalado en Buenos Aires desde abril. El misterio es el sello de las operaciones “exotéricas” (anda alertando sobre la llegada del Anticristo) de Thiel. Sus narrativas sci-fi se apilan sobre los disparates económicos y complejizan la lectura de lo que busca. El verdadero sentido de sus teatralizaciones se encuentra lejos de las fotos, como lo demuestra la investigación reciente de Anfibia y Reporteros Sin Fronteras, “Hackear a Peter Thiel”. Más bien, está en esa reforma al régimen de propiedad que impulsa el gobierno libertario —los RIGI, las modificaciones en la Ley de Glaciares y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”— que es el core de la agenda de la tecno-oligarquía global.
El archipiélago exportador
La Argentina no es destino turístico de excéntricos magnates y emires fanáticos del paisaje. Tampoco es sólo refugio contra el Armagedón nuclear, aunque no falten inversores que quieran explotar ese nicho paranoico, como la estancia Wamani desarrollada por el millonario argentino Martín Varsavsky en Mendoza. Esta etapa final de la Argentina es la secesión territorial con o sin ley específica. Thiel no requirió norma alguna para hacerse con una parte de Vista Energy, la petrolera de Miguel Galluccio.
El suelo fértil para este tipo de exploraciones es la tradicional desigualdad argentina en la relación entre lo público y lo privado. De un lado, el planeamiento urbano de un Estado enclenque; del otro, el poder de empresarios que conocen mejor que nadie cómo sacarle provecho a ese Estado poroso. Así, el escenario de tensiones entre corporaciones —y entre las potencias Estados Unidos y China—, se traslada a la apropiación de nuestro territorio. Como si fuera tierra virgen, se lo disputan fondos de inversión respaldados por el movimiento trumpista MAGA, la corona británica, rabinos norteamericanos, emires árabes, empresas chinas y las redes parasitarias de las élites locales, siempre dispuestas a venderle todo a cualquiera.
Por eso la revolución que amenaza con fragmentar al país en un archipiélago tiene la forma de las Zonas Económicas Especiales, utopías de ecosistemas sin democracia ni derechos laborales, donde los multimillonarios son déspotas. Sobre esta iniciativa explicó el investigador canadiense Quinn Slobodian: “fue celebrada, y a menudo puesta en acto, por una hueste de ultracapitalistas, libertarios y neoliberales que creían posible escapar de las ataduras de la supervisión y el control democráticos. (…) Una suerte de mundo posible gobernado únicamente por el contrato y el intercambio, dejando atrás el legado hecho bolsa de soberanía popular o gobierno representativo”.
En la Argentina, esta matriz global opera sobre un sistema de negocios inmobiliarios ordenado hoy por lo que el investigador Michael Goldman describe como speculative urbanism (urbanismo especulativo): la producción de ciudad como activo financiero, sobre los ejemplos de Dubái, Shanghái o Singapur, y ejecutada sin deliberación democrática en nombre de la eficiencia. Un urbanismo neoliberal que elude regulaciones e impone de facto un nuevo diseño del espacio. Algo equivalente a lo que Uber le hizo al transporte y Pay-Pal a las transacciones comerciales. Un urbanismo de plataformas, explica la socióloga australiana Sara Barns, que crea sus propias reglas internas independientes de los sistemas legales y constitucionales.
El promotor de Próspera llegó a la Argentina antes que el tecnomagnate. El 7 de julio de 2025, el cofundador del enclave hondureño, Gabriel Delgado Ayau, entró a la Casa Rosada y se reunió casi dos horas con el entonces jefe de asesores del presidente, Demian Reidel. Nieto de Manuel Ayau —fundador de la Universidad Francisco Marroquín y presidente de la Sociedad Mont Pelerin, nodo fundado por el propio Hayek—, define las ciudades privadas como un “modelo transportable” y sostiene que la Argentina podría “crear nuevos espacios para invertir, emprender y experimentar”. Reidel, quien debió salir del gobierno en medio de denuncias de sobreprecios en Nucleoeléctrica Argentina, es también el impulsor de los proyectos de data centers de OpenAI en la Patagonia.
Un detalle que debería pesar en las deliberaciones sobre el Súper RIGI es que cuando el Congreso hondureño, bajo el gobierno deXiomara Castro en 2022, derogó el régimen de zonas especiales, ZEDEs en aquel sistema jurídico, Próspera demandó al Estado en el CIADI del Banco Mundialpor 10.775 millones de dólares por “daños a inversiones” (el presupuesto total de Honduras de este año es aproximadamente 16.758 millones de dólares). En 2025, el monto del reclamo bajó a 1.630 millones, pero como el nuevo gobierno de Nasry Asfura pertenece a la fuerza de ultraderecha que había apadrinado las ZEDEs, el desenlace previsible de esta historia es el de una extorsión que toma de rehén al Estado mismo.
Los tecno-oligarcas temen morir tanto como odian pagar impuestos. Por eso impulsan lasfreedom cities, ciudades de libertad, a la vez guarida fiscal basada en criptomonedas y paraíso de experimentaciones clínicas enloquecidas. Allí no corren los controles estándar de alimentos, medicinas y ensayos clínicos. Son refugio de startups y figuras que promueven soluciones eugenésicas en visiones edulcoradas. Tal es el caso del Próspera Bio Hub, que experimenta con terapias no aprobadas por las autoridades estadounidenses; de Minicircle, respaldada inicialmente por Thiel y Sam Altman, CEO de OpenAI, que promete “alinear tus genes con tus ambiciones”. Bryan Johnson, el biohacker que aplica sobre sí mismo ingeniería genética para la extensión de la vida y vende suplementos alimentarios también se sometió a experimentos allí en 2023. Fue antes de anunciar que padece una enfermedad degenerativa extraña.
Las ciudades “desreguladas” son producto de una historia de disrupciones urbanas, sueños digitales y gobernanza corporativa. Así es como la producción de la ciudad de esta etapa del capitalismo se convierte en una de las mayores fuentes de reproducción del capital financiero. La nomenclatura llega en inglés porque cada término importa mecánicas conceptuales llave en mano. Imaginarios de “islas de fantasía” que promueve el premio Nobel de economía Paul Romer, fascinación neoliberal en torno al estatuto colonial de Hong Kong y de Singapur, postulados de free-market cities, derivas de lasgated communities (barrios privados, como Nordelta), charter cities, start-up cities, freedom cities que son parte de la plataforma política del trumpismo. Las lecciones mal aprendidas de varios experimentos fallidos no llegan a impugnar estos experimentos: Hargeisa proyecto delirante financiado en parte por el Estado de bienestar en Somalia, el proyecto de ciudad inteligente Sidewalk Toronto propulsado por Google, y la citada Próspera.
La arquitectura jurídica para blindar el nuevo urbanismo de fragmentación y secesionista llega del norte. Pero en Argentina hacen pie en un régimen de hecho erigido sobre excepciones a la norma y negocios inmobiliarios desde 1976. Nombres como los de Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain son los más representativos del tipo de empresario especializado en la producción privada del espacio urbano residencial para los sectores más acomodados, una explotación de la segregación socioespacial de urbes cerradas, que se hizo posible merced a las inversiones públicas en infraestructura —especialmente autopistas— de los años sesenta y setenta.
El canciller Pablo Quirno explicó a principios de agosto que la idea detrás de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es permitirle a algún extranjero “comprar una provincia o un pueblo”. Pero la extranjerización anhelada por el mileísmo no es mera venta de tierras a ciudadanos de otra nacionalidad. Es sinceramiento jurídico del régimen de hecho. Y el Súper RIGI, con media sanción en Diputados, que el ministro de Economía presentó como un régimen orientado a la instalación de data centers, está pronto a tratarse en el Senado.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, casi el 5% del país. 31 departamentos superan el límite legal del 15% máximo en manos extranjeras; 14 están por encima del 25%. En marzo el Gobierno propuso directamente eliminar ese límite dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo apoyó la Sociedad Rural con el argumento del precio es un negocio que tiene la vista puesta detrás del horizonte: la hectárea de la zona núcleo cotiza 15 mil dólares contra 25 mil o 30 mil en Iowa. Argentina es el cuarto reservorio mundial de tierra negra (con 39,7 millones de hectáreas) después de Rusia (326,8 millones), Kazajistán (107,7 millones) y China (50 millones).
Esa es la estructura que cobija un ecosistema de negocios con el suelo rural y urbano convertido en encajes financieros.
En este mercado se abre ahora el capítulo de los data centers, centros de cómputo indispensables en la cadena de valor de la inteligencia artificial y las criptomonedas. La primera fase de esta verdadera carrera del oro fue Stargate Argentina, joint venture de OpenAI, la empresa de Sam Altman, junto a la local Sur Energy para levantar en la Patagonia un centro de datos de 500 megavatios con hasta 25 mil millones de dólares de inversión, estructurado, claro, bajo el RIGI y sus treinta años de privilegios fiscales, monetarios y aduaneros. Desde su anuncio el año pasado no se supo más de Stargate, aunque especialistas consultados para esta nota aseguran que estaría a la espera definiciones de beneficios fiscales para avanzar.
La doble operación de extirpación de soberanía, territorial y popular fue avanzando junto al sistema económico de especulación monetario-financiera y la hegemonía centrada en la city porteña, la bolsa de Rosario, las redes de la exportación y del contrabando. Ahora muta hacia su etapa superior, la cripto y la guarida fiscal.
Mutación urbanística: programa, no desregulación
Lo que progresa no es desregulación, sino enajenación, en las dos acepciones del término. El suelo cambia de dueño y, en el mismo movimiento, la ciudad pierde el control deliberativo sobre su propio destino.
Los números del conurbano describen la transformación. Hay más de 500 urbanizaciones privadas en la región metropolitana de Buenos Aires. Conglomerados de grandes dimensiones que dividen o encierran localidades preexistentes, lo que la investigadora del Conicet Sonia Vidal-Koppmann llama “nuevas fronteras urbanísticas”, un fenómeno de agregación que la normativa de ordenamiento territorial “no ha podido controlar”.
El caso del partido bonaerense de Tigre muestra la mecánica fina: 70% de expansión del suelo urbano entre 1980 y 2017. Y el dato revelador: los grandes movimientos de tierra del período 1999-2017 (los años del auge de Nordelta y sus clones) se hicieron al amparo de apenas dos ordenanzas, según la reconstrucción de Ana Fehrmann. La norma madre sigue siendo, por lo demás, el Decreto-Ley 8912, sancionado por la dictadura en 1977.
La impotencia normativa es, en realidad, la verdadera política de planeamiento urbano caótico. Como señala la economista Jayati Ghosh, “desregulación es una antífrasis”, la palabra nombra lo contrario de lo que hace pues en realidad se trata de una regulación explícita “al servicio de los hedge funds y las tecno-élites”.
Y, sin dudas, en esta jornada larga gran favor le hizo al desarrollo de las zonas la reforma constitucional de 1994. Con marketing progresista, convirtió a las administraciones provinciales en cobradoras de regalías. Un federalismo invertido en el que cada excepción a códigos de planeamiento votada de madrugada es regulación a favor de alguien.
La “respetabilidad” cotiza
El empresarialismo urbano, como lo denominan los ingenieros María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, se va cristalizando en códigos de edificación con el apoyo político de la derecha argentina. La reforma porteña de 2018 pasó de zonificar por usos a regular por morfología y capacidad constructiva, redujo la superficie destinada al centro libre de manzana, favoreció las demoliciones para así captar la nueva y mayor edificabilidad habilitada. Es decir, convirtió al suelo porteño en una grilla de derechos de edificación negociables. Lo financiarizó.
La maniobra se perfeccionó en 2024. En una sesión maratónica en la que se despacharon más de 300 expedientes, la Legislatura porteña aprobó otra reforma. Esta se vendió como preservación de la identidad barrial. Pero en lo decisivo, optimizó el mercado de derechos de edificación transables al habilitar la transferencia de capacidad constructiva desde los barrios del sur a otros donde la demanda retribuye mejor. El metro cuadrado se desprendió del terreno y se convirtió en activo financiero comprado barato en La Boca o Barracas y transado caro en Palermo o Belgrano.
El resultado: demoliciones a la orden del día, “cascarones vacíos” que conservan solo la fachada tapiada; catalogaciones desestimadas por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el Chalet Tudor de Bustillo en venta pese a estar protegido, entre otras. Así se aseguró un mercado con unidades cuyo metro cuadrado supera los 4 mil dólares, en una ciudad con 200 mil viviendas vacías y unas 12 mil personas durmiendo en la calle. ElObservatorio del Derecho a la Ciudad llama al modelo de la derecha porteña “la utopía excluyente”. Un sistema en tres tiempos: desplazamiento de sectores vulnerables mediante operativos punitivos, criminalización de la supervivencia —intentos de internación forzosa de personas en situación de calle— y gentrificación.
La compra de la mansión de Thiel en Buenos Aires se inserta en esta dinámica y anticipa la etapa siguiente: 13,5 millones de dólares pagados por Birkdale Emprendimientos, una sociedad constituida 49 días antes de la operación, detrás de la cual la Inspección General de Justicia identificó al abogado jefe y al director financiero de Thiel Capital. La técnica de las sociedades interpuestas (shell companies) que se usó en CABA y el conurbano bonaerense tuvo su propio laboratorio de ensayos en la Patagonia.
El futuro, hoy aquí
La conversión del territorio nacional en un archipiélago de zonas tiene precedentes consumados.
Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, es el ejemplo más claro. El magnate inglés Joe Lewis, dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, logró hacerse una estancia en los noventa, que estaba ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón. Y en esa operación se apropió también del lago que estaba cerca. En la misma movida, había adquirido tierras en la costa atlántica, donde construyó una pista de aterrizaje más extensa que la del Aeroparque porteño.
Su impulso fagocitador de campos acabó enfrentando a este Gold Silver de la Trulalá patagónica con la población comunitarista que persiste allá. La reacción fue la movilización recurrente de activistas en reclamo de acceso libre al lago en las Marchas por la Soberanía.
Lago Escondido es la secesión de facto: territorio cercado, acceso público judicializado eternamente, jurisdicción extranjerizada dentro del mapa argentino, con el sistema político convalidando todo. Lewis, quien fue indultado recientemente por Donald Trump de su condena a prisión en Nueva York por maniobras financieras irregulares, fue protegido de Mauricio Macri. El expresidente llevó a Barack Obama 1.700 kilómetros hasta aquella mansión a discutir vaya uno a saber qué, durante la presidencia argentina del G20. Fue Macri, además, quien lo favoreció directamente al romper la restricción de que extranjeros acumulen tierras en áreas prioritarias para la seguridad nacional. Su decreto 820/2016 elevó del 25% al 51% el umbral accionario para considerar extranjera a una empresa.
A escasos kilómetros del feudo de Lewis se encuentra el fideicomiso Amaike, de capitales de Emiratos Árabes Unidos. La estancia Las Marías pertenece a la casa real de Abu Dhabi. El tramo de la Ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón se convirtió, según el diario Tiempo Argentino, en una servidumbre de paso por el interior de un solo bloque de tierras extranjerizadas: cuatro grupos —Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la belga BURCO y el británico Lewis— controlan allí unas 110 mil hectáreas, casi seis veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Una sola montaña repartida entre propietarios extranjeros, y las nacientes de cuatro ríos adentro del alambrado.
Lewis le vendió recientemente al emir de Qatar su estancia de la costa oceánica rionegrina, con pista propia de 2.200 metros y hangares para aeronaves de gran porte, a tiro de las Islas Malvinas.El enclave británico se transfirió al enclave catarí.
Los árabes perfeccionaron el modelo de Lewis. Los capitales del Golfo Pérsico entraron encubiertos por sociedades fantasmas habilitadas por el decreto macrista. Y todo hubiera pasado desapercibido si este año las triquiñuelas no hubieran saltado en los tribunales, generando un escándalo que complica al gobernador Alberto Weretilneck.
El 7 de abril, el expolista Hugo Barabucci confesó en un juicio que él había comprado un campo de 20 mil hectáreas condos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Detrás de esta revelación apareció unentramado de sociedades fantasma, testaferros y fideicomisos que transfirió finalmente la propiedad a manos directas de dos hombres del poder emiratí: Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly, hombre de confianza del emir de Abu Dhabi, y el general retirado Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri, presidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos.
En febrero, en pleno bombardeo iraní contra bases estadounidenses en Emiratos, su presidente, emir de Abu Dhabi y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas,Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Bariloche con una comitiva de 200 personas. ¿Cuál será la naturaleza de esta urgencia?
La zona al dock
En el sur de la CABA todo está listo para la nueva zona libertaria. “Ramblas del Plata” no será un barrio porteño más. Una propuesta que IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, que busca emular la revolución urbanística de Margaret Thatcher en los docks londinenses del East End de los años setenta. Una ciudad entera de iniciativa privada sobre 71,6 hectáreas ganadas al río, entre la Reserva Ecológica y La Boca. Es el proyecto urbano más grande del país. Un Puerto Madero con esteroides, diría Trump. El volumen del negocio: 1.800 millones de dólares de inversión en tres etapas, 895 mil metros cuadrados de capacidad constructiva para entre 6 mil y 10 mil viviendas de lujo en torres, oficinas, hotelería, comercio, escuelas y un paseo costero. IRSA vendió este año casi todos los lotes de la primera etapa.
IRSA es dueña del suelo, fija el masterplan y vende lotes aotros desarrolladores que edifican dentro de sus reglas. Es una zona económica especial de hecho. Su régimen urbanístico no surge del código general de la ciudad sino de un convenio público-privado sancionado a medida del proyecto; el espacio público queda bajo mantenimiento privado por contrato; y la escala es la de una ciudad mediana con gobierno propio. Es exactamente el desplazamiento que Sonia Vidal-Koppmann viene documentando desde hace veinte años en la región metropolitana: de la construcción de barrios cerrados a la creación de ciudades privadas. La desigualdad constitutiva de estas zonas la ubica pegada a la villa Rodrigo Bueno. El contraste no podía ser más lógico.
Pero quien crea que esto empezó con Macri-Rodríguez Larreta y Milei debe mirar el antecedente de Isla Demarchi, un predio vecino a Ramblas del Plata. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con Elzstain, en lo que fue el puntapié inicial de una cooperación de las fuerzas políticas que ella conducía para aprobar en la Legislatura porteña las modificaciones que requerían los proyectos de IRSA.
En 2012, el gobierno del Frente para la Victoria anunció en Isla Demarchi un Polo Audiovisual: doce hectáreas frente al río presentadas como un “Central Park porteño”, con una torre de 335 metros y 67 pisos, estudios de televisión, un hotel de lujo en los pisos superiores y un estadio. El “Hollywood argentino”, financiado a través de la ANSES, interesó también a Elsztain quien incluso recorrió Isla Demarchi a pie junto a su hijo y a funcionarios de presidencia por aquellos días. En 2017, un decreto de Mauricio Macri canceló el Polo y las tierras volvieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) donde todavía esperan su turno.
Para confirmar que la enajenación de territorio es un movimiento furtivo pero coherente, Milei y Caputo rediseñaron por decreto el Puerto de Buenos Aires, instruyendo a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a convocar iniciativas privadas para financiar y operar proyectos urbanos público-privados. La hipótesis que trabajos académicos liberalizadores venían modelando, la “paulatina reducción del espacio operativo portuario y un traspaso hacia lógicas de urbanización comercial y residencial”, se convierte en business.
No se puede hacer más lento.
¿Malvinas ZEDE?
Trump corrió por izquierda al entonces primer ministro laborista del Reino Unido, Keir Starmer, amagando con respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas a comienzos de este año. Semanas más tarde, él mismo recordó que su país no tiene amigos más íntimos que los británicos. Esa fugacidad hizo pensar que se trataba de una represalia por negarse a acompañar la cruzada contra Irán.
A nosotros nos conviene tomarlo en serio por otro motivo. Leído desde la lógica de la secesión, estos gestos no serían tanto reparación histórica sino caballo de Troya. Washington no le entregaría las Islas a la Argentina, algo absolutamente improbable. Pero el lobby MAGA podría querer quitarle el dominio de las islas al Estado británico, para crear una ZEDE controlada por corporaciones multinacionales en el Atlántico Sur. Un vigía de occidente con su propio régimen jurídico, fiscal, autonomía presupuestaria y ciudadanía por contrato.
Las condiciones materiales para que esto ocurra fueron zanjadas con la aprobación por el gobierno de ocupación del proyecto petrolero Sea Lion en el que participa también una empresa israelí. De la guerra de 1982 a esta parte, el gobierno kelper se convirtió en un “embrión de un Estado nacional” al decir del especialista Federico Lorenz. El petróleo pasó a consolidar una cierta independencia de Malvinas respecto de la metrópoli británica. Condiciones óptimas para la instalación de un nodo geopolítico en el molde de la ciudad-estado-empresa. Normalizar la relación entre la administración colonial y el gobierno argentino amortizaría costos de mantenimiento logístico del enclave. Pero eso no es soberanía.
Legalizar el estado de cosas
El mapa de las innovaciones legislativas del tipo RIGI avanza sobre los pasos de la ley de Bases inicial de Milei para completar la obra de fragmentación del país. El nuevo corpus empujado por Sturzenegger y la City no es otra cosa que la adecuación del sistema legal al estado de cosas y su blindaje hacia el futuro.
Thiel en la Argentina representa el avance de la agenda global defreedom cities, microestados anarco-capitalistas. Y viene porque aquí se está fabricando algo mejor que Próspera. El magnate habría inscripto a sus tres hijas en un colegio porteño como prueba de su convencimiento. La Argentina ofrece a la tecno-oligarquía escala continental, recursos estratégicos, un sistema jurídico perforado por décadas de cesiones discretas, un gobierno que se asume “topo” destructor del Estado que administra, y una distancia cierta de los descalabros geopolíticos que ellos mismos fomentan en Oriente Medio y Europa. Es el prototipo exportable del nuevo régimen de propiedad, inspirado en representaciones idealizadas del feudalismo. La etapa superior del capitalismo financiero en la era de las plataformas y el triunfo de la contracultura antidemocrática. Esta vez parece que el tiro del final sí va a salir.
Y aquí debemos sumar otro factor de incentivos que aceita el proceso histórico de la secesión: el ladrillo como puerta de entrada del dinero global anonimizado. El especialista en crimen organizado Jean-François Gayraud, autor de Le nouveau capitalisme criminel (2014), señala cómo el negocio inmobiliario compra el territorio y la respetabilidad en la misma operación. Los “profesionales grises” —abogados, escribanos, agentes inmobiliarios, banqueros— son los facilitadores indispensables que hoy cuentan con ministerio propio en los gabinetes de Milei y el primo de Macri.
Esta arquitectura jurídica del despojo se afina con el paquete de “inocencia fiscal II”, aprobado en Diputados hace algunos días, que promete volver a blindar a los millonarios del escrutinio sobre el origen de sus fondos. “La evasión y elusión fiscal, los flujos financieros ilícitos, la fuga de capitales y el lavado de activos son fenómenos diferentes pero estrechamente interconectados”, sostienen las especialistas Verónica Grondona y Magdalena Rua. La opacidad es el sello del avance disimulado del programa socio-político de la tecno-oligarquía.
René Lavand engañaba, pero avisaba: no se puede hacer más lento. El gobierno libertario hace el mismo truco pero con las dos manos y el establishment global a favor. En el teatro, cuando la magia termina, el naipe desaparecido vuelve a aparecer. Los países, como la Argentina, tristemente no.
A pesar de los intentos de Luis Juez y Gabriel Bornoroni por correrlo del centro de las sospechas, cada vez más comprometida es la situación judicial de Marcos Carasso en la causa que investiga una sobrefacturación por hasta 1.400 millones en perjuicio del Pami Río Cuarto.
Imputado por tráfico de influencias, el ex compañero de fórmula de Juez es investigado a partir de llamados que pueden llegar a sugerir un rol de intermediario entre la empresa prestadora de servicios que infló los números y un tercer actor en el Estado aún no identificado.
Según detalló el portal Jornada Política, registros de comunicaciones telefónicas demostrarían que Carasso atendió y canalizó pedidos de los empresarios procesados en la causa, Pablo Adzich y Gonzalo Lima.
Juez dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora». Sin embargo, en la Justicia relativizaron su incidencia y ven a Carasso cada vez más complicado
Concretamente, la causa investiga sobrefacturaciones de la firma Ethical Salud, prestadora de servicios de rehabilitación, desde mediados de 2024 a septiembre de 2025.
Lo curioso es que, mientras la Justicia Federal avanza con la investigación, la delegación de Pami Río Cuarto que controla el hombre de Karina Milei en Córdoba, el diputado nacional Gabriel Bornoroni, no se presentó como querellante, a pesar de ser damnificada directa.
El Pami Río Cuarto que controla Bornoroni no se presentó como querellante a pesar de ser la principal damnificada.
En paralelo, días atrás Luis Juez se presentó como testigo en la causa buscando correrlo de escena a su ex compañero de fórmula. «Carasso es un tipo honorable, decente», sostuvo el senador nacional, que dijo que su testimonial sería «absolutamente esclarecedora».
Sin embargo, en los pasillos judiciales minimizaron al extremo la incidencia de la declaración de Juez sobre el futuro de la causa en la que están imputados por asociación ilícita y defraudación al Estado Pablo Adzich, presidente de la Cámara de Internación Domiciliaria de Córdoba; Gonzalo Lima, gerente de Ethical Salud y Lucas Kurilkowich, responsable de rehabilitación de Ethical en Río Cuarto.
Fuentes judiciales señalaron que, a futuro, la investigación buscará dilucidar el rol que tuvo Carasso y si tuvo una participación activa en el fraude. En ese punto, hay quienes no descartan que aparezcan nuevos elementos en su contra.
