Bariloche se prepara para la audiencia pública que tratará la privatización del Catedral. El proyecto tiene el impulso del gobernador Alberto Weretilneck, pero por el momento el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar los nuevos parámetros urbanísticos del cerro.
El gobernador ya habilitó importantes negocios en la provincia a familiares del Emir de Qatar, incluso pasando por encima de la legislatura. Como publicó LPO, Weretilneck permitió el uso de un arroyo provincial para abastecer 3 centrales hidroeléctricas en el complejo Baguales, propiedad de un primo del emir.
Si bien no tiene injerencia directa en la privatización del cerro, Weretilneck juega fuerte para que la iniciativa avance. La familia Trappa, concesionaria del Catedral, es la cara visible del proyecto, pero en la política barilochense aseguran que los capitales para la urbanización del cerro tienen origen en Qatar.
Asociaciones civiles y legisladores presentaron una cautelar para impedir la realización de la audiencia pública, que no es vinculante, pero sí un paso necesario para cambiar los parámetros urbanísticos del Catedral.
El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Bariloche Roberto Iván Sosa Lukman rechazó la presentación, pero no se expresó sobre el fondo de la demanda. Asociaciones y organizaciones locales habían denunciado que la intendencia no cumplió con los procedimientos administrativos para convocar a la audiencia. El juez es esposo de una de las funcionarias que trabajó en el proyecto hasta el año pasado.
Para la audiencia hay 114 inscriptos y la mayoría está en contra de la urbanización del cerro. El proyecto tiene pocas posibilidades de convertirse en ley: hay seis legisladores a favor y cinco en contra. Para tener luz verde hacen falta 8 votos.
Facundo Villalba, Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y el oficialista Tomás Hercingonja adelantaron su rechazo al proyecto. El oficialismo cuenta con dos escaños, a los que se suman dos legisladores de Weretilneck, uno del PRO y otro que hasta hace poco perteneció a Juntos Somos Río Negro.
«El verdadero interesado en que salga el proyecto es Weretilneck, no el intendente», confió a LPO una fuente de la legislatura barilochense.
Los argentinos ya gastaron USD 14.687 millones con tarjeta en dólares desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. El dato surge de las estadísticas del Banco Central y expone uno de los costados incómodos del esquema económico: mientras el gobierno se esfuerza por sumar reservas, los consumos en el exterior son una aspiradora de divisas.
La cifra corresponde al período comprendido entre diciembre de 2023 y abril de 2026. Sólo en el primer cuatrimestre de este año, los préstamos vinculados a pagos con tarjeta en moneda extranjera alcanzaron USD 2.588 millones, algo por encima de los USD 2.533 millones registrados en igual período del año pasado.
En el equipo económico relativizan el problema. Explican que cerca del 70 por ciento de esas operaciones se cancelan con dólar billete para evitar la percepción del 30 por ciento de ARCA, por lo que esas divisas no salen directamente de las reservas del Banco Central.
Pero en el mercado señalan que ese argumento es apenas una verdad a medias. Los dólares podrán salir del colchón y no del Central, pero después alguien vuelve a comprarlos. Y ahí aparece el verdadero problema: la demanda privada de divisas crece a una velocidad cada vez más difícil de financiar.
«Que el pago de la tarjeta se realice con fondos provenientes de la FAE no cambia mucho el problema ya que un pago sustituye a otro», explicó Martín Burgos, director de la consultora Lado B. «La cuestión es la dinámica que está teniendo la compra de divisas, sea para ahorro personal o para el pago de un servicio en el exterior».
Burgos advirtió además que el esquema empieza a mostrar similitudes peligrosas con el final del gobierno de Mauricio Macri. «Se está reproduciendo el mecanismo que llevó al macrismo al abismo, donde los egresos por formación de activos externos terminaron absorbiendo todo lo que ingresaba por deuda externa, ya sea del FMI o de préstamos financieros», sostuvo.
La preocupación no es solamente teórica. En el mercado ya hacen cuentas sobre el impacto que podría tener el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Las estimaciones privadas hablan de un gasto potencial de entre USD 1000 y USD 2000 millones por parte de turistas argentinos, dependiendo de cuánto avance la Selección en el torneo.
El dato no es menor. El Mundial de Rusia 2018 coincidió con el estallido de la crisis cambiaria de Macri, cuando el Banco Central perdió reservas a un ritmo vertiginoso y terminó recurriendo al FMI. La diferencia es que ahora Estados Unidos aparece como un destino mucho más accesible para los sectores de ingresos altos argentinos gracias al dólar planchado.
En otras palabras: el Gobierno festeja que los argentinos vuelvan a viajar al exterior justo cuando la economía necesita que los dólares se queden adentro. El problema es que la discusión ya no pasa sólo por la salida de dólares. Empieza a aparecer otro riesgo más delicado: el crecimiento de la deuda en moneda extranjera dentro del sistema financiero.
Tras la flexibilización dispuesta por el Banco Central en 2025, algunas entidades comenzaron a explorar créditos en dólares para clientes que cobran en pesos. Aunque el sistema todavía se mueve con cautela, el tema ya encendió alarmas en varias mesas bancarias.
Los bancos recuerdan demasiado bien lo que ocurrió en otras experiencias argentinas donde familias o empresas tomaron deuda en dólares mientras sus ingresos seguían pesificados. El negocio funciona mientras el tipo de cambio permanece artificialmente tranquilo. El problema aparece cuando llega la corrección.
Ahí es donde el esquema de Milei empieza a mostrar su doble fragilidad. Por un lado, la economía necesita dólares para financiar turismo, ahorro y consumo externo. Por otro, empieza lentamente a recrear pasivos en moneda extranjera sobre actores que generan ingresos en pesos.
En el mercado financiero muchos creen que el verdadero test llegará cuando el Gobierno tenga que elegir entre sostener el atraso cambiario o acelerar una devaluación para evitar que las reservas vuelvan a drenarse. El problema es que cuanto más se expanda el crédito en dólares, más costosa será esa corrección.
El riesgo es terminar atrapados en la peor combinación posible: una economía que pierde dólares por turismo y fuga mientras acumula deuda dolarizada que explota apenas el tipo de cambio se mueve. Exactamente el cóctel que terminó detonando la crisis de 2018.
Estados Unidos refuerza su poder sobre Cuba. El Departamento de Justicia reveló la imputación de Raúl Castro, el expresidente cubano de 94 años y hermano de Fidel Castro, y de otras cinco personas.
La acusación es de asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses y se deriva del derribo de dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas de la isla.
El ministro de Justicia interino, Todd Blanche, dijo que «hay orden de arresto y esperamos que se presente voluntariamente o por otros medios». En caso de condena, algunos de los acusados podrían enfrentar la pena de cadena perpetua.
Raúl Castro, que el próximo 3 de junio cumplirá 95 años, en cambio, se expone a hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos que se le formulan por la destrucción de los aviones. «El intento de imputación es una acción política sin fundamento jurídico», denunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
«Es un circo que montan para justificar una agresión militar contra Cuba», añadió el embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, al New York Times.
Sin embargo, la imputación contra Castro es un gesto más simbólico dado que después de haber sido ministro de Defensa durante 49 años y presidente durante 12 años, Raúl Castro ya no tiene actualmente ningún cargo oficial, más de un posible poder interno, especialmente sobre las fuerzas armadas.
La acusación es de asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses y se deriva del derribo de dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas de la isla.
En este marco, la denuncia alimenta otra teoría como es la de una intervención militar similar a la que Washington hizo en Caracas para sacar de poder a Nicolás Maduro.
La pasada, el gobierno de Cuba informó que el director de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), John Ratcliffe, se reunió con su contraparte en el Ministerio del Interior en La Habana.
Raúl Rodríguez Castro con su abuelo, Raúl.
Según informó la BBC inglesa y su socia estadounidense CBS, participaron en la reunión Raúl Rodríguez Castro conocido como «El Cangrejo» (nieto del expresidente Raúl Castro), el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de la Dirección de Inteligencia.
En el encuentro se «discutió la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello con el telón de fondo de que Cuba ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios en el hemisferio occidental», dijo la fuente de la CIA.
La isla lleva tiempo en el punto de mira de la administración Trump, que nunca ha descartado de manera definitiva una posible acción militar. Hasta ahora, Washington ha impulsado sanciones económicas.
En paralelo, ha mantenido conversaciones con algunos representantes de cubanos, con los que también discutió la oferta de 100 millones de dólares de ayuda a la isla. Con su estrategia, la Casa Blanca busca valerse de los cubanos y de sus dificultades para que se vuelvan contra el régimen.
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
La postal que más inquieta hoy a la Casa Rosada no viene del peronismo, ni de los mercados, ni siquiera del Congreso. Viene del propio ecosistema libertario. En una escena impensada hace apenas meses, uno de los soldados digitales más importantes del mileísmo terminó contradiciendo públicamente a Milei y dejando al desnudo una interna feroz entre los distintos clanes del oficialismo. El protagonista fue Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, que salió a dinamitar la versión presidencial sobre el escándalo de la cuenta atribuida a Martín Menem y dejó flotando una frase venenosa: “Creo que le mintieron al Presidente”.
El episodio parece menor sólo para quien no entiende cómo funciona el poder libertario. Porque en el universo de Milei, las redes no son un accesorio: son el corazón político del proyecto. Y cuando el principal operador del aparato digital contradice al propio jefe de Estado en vivo, lo que se rompe no es apenas una narrativa. Se rompe la cadena de mando.
Santiago Caputo contra Karina: la guerra que ya nadie disimula
Detrás del escándalo por la cuenta @PeriodistaRufus se esconde algo mucho más grande. La pelea real es entre los dos grandes polos de poder que sobreviven dentro de La Libertad Avanza: el armado territorial y partidario de Karina Milei contra el dispositivo político-digital de Santiago Caputo.
Las llamadas “Fuerzas del Cielo”, la tropa de influencers y militantes libertarios que responde a Caputo y tiene al Gordo Dan como cara visible, decidieron ir hasta el fondo contra Martín Menem, uno de los hombres más cercanos a Karina. Y lo hicieron incluso después de que Milei intentara cerrar el conflicto diciendo que todo había sido una “operación prefabricada”.
Pero Parisini no sólo rechazó la explicación presidencial: directamente sostuvo que la cuenta sí pertenecía a Menem y que alguien engañó al mandatario. El mensaje político fue devastador. Porque si Milei fue engañado, entonces no controla su propia mesa chica. Y si no fue engañado, entonces el aparato digital libertario decidió desafiarlo igual.
En cualquier caso, el resultado es pésimo para la autoridad presidencial.
El Presidente que ya no ordena
La escena expone un problema cada vez más visible: Milei conserva centralidad mediática, pero empieza a perder capacidad de disciplinamiento interno. Y eso en un gobierno tan personalista es letal.
Hasta hace unos meses, las diferencias dentro del oficialismo se procesaban bajo cuerda. Hoy se discuten en streaming, en Twitter y a través de operaciones cruzadas entre funcionarios, trolls y dirigentes. La lógica de la “batalla cultural” terminó devorándose a sí misma.
La tensión ya venía escalando. Patricia Bullrich quedó enfrentada con el karinismo, Manuel Adorni aparece cuestionado desde distintos sectores y el Senado se transformó en otro foco de conflictos internos.
Lo novedoso es que ahora la implosión alcanza al núcleo más fanático del mileísmo: el aparato digital que hasta hace poco funcionaba como guardia pretoriana del Presidente. El mismo espacio que se autodefinió como el “brazo armado” libertario —aunque luego aclararan que era una metáfora— empieza a mostrar fisuras imposibles de ocultar.
La Rosada teme algo peor: que la pelea se vuelva irreversible
En Balcarce 50 saben que la disputa ya dejó de ser ideológica. Es una pelea por el control político del futuro libertario. Karina Milei quiere consolidar el partido y blindar el armado electoral. Santiago Caputo busca sostener influencia estratégica a través de la comunicación, los operadores digitales y la construcción de relato.
El problema es que ambos espacios necesitan demostrar fuerza. Y cuando eso ocurre en gobiernos verticalistas, la pelea suele terminar mal.
La gran incógnita es si Milei todavía puede arbitrar entre ambos bandos o si terminó convertido en rehén de su propia interna. Porque el Presidente quedó en una posición incómoda: desautorizado por quienes supuestamente lo defienden todos los días.
Y en política, hay algo peor que tener enemigos afuera: empezar a perder autoridad adentro.
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
