Las cinco fuerzas federales llevarán a cabo una inédita protesta el próximo 2 de abril en reclamo a los bajos salarios. Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta, que en este caso consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Si a esto se le suma la crisis de la obra social Iosfa, el combo es explosivo. Los integrantes d elas fuerzas de seguridad habían pasado a la obra social de los militares que vació el ex ministro Luis Petri, dejándola en una situación tan terminal que fue necesario liquidarla. Ahora el gobierno la dividió en dos: OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Y prometió un plan muy básico de OSDE para gendarmes y prefectos. Pero todo está en el aire. La realidad es que los uniformados están casi sin prestación médica. «Los grupos de Whasapp están en llamas», confirmó a LPO un uniformado.
La ex ministra Patricia Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esto tuvo un doble efecto que está eclosionando ahora: generó un malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial, y bronca en el resto de las fuerzas que se sintieron discriminadas.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Pero la preocupación más fuerte que corre por estas horas en la Casa Rosada apunta a la cuestionada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señala como una «académica» sin capacidad de conducción de las fuerzas.
«Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está», explicó a LPO un experto en seguridad con paso por varias gestiones.
El volante convocando a la protesta que circula en los grupos de Whatsapp y las redes.
Existe además un antecedente que genera escalofríos en el Gobierno. Algunos funcionarios de primer nivel recuerdan que fue la misma Monteoliva la que conducía el ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la Capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.
A la crisis de los salarios, hay que sumar la interna de la ministra de Seguridad con un su ex jefa Bullrich porque la ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su feroz interna con la actual senadora. En el marco de esta disputa es que Bullrich cuestionó la represión a un camarógrafo de A24 en una marcha contra la Ley de Glaciares. Como derivada de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento durísimo con el jefe de la Gendarmería, Brilloni.
Otro ejemplo de la gestión errática de Alejandra Monteoliva se produjo semanas atrás cuando la ministra levantó o dejó que levanten la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital y encendió protestas -por ahora reservadas- de la DAIA.
El timing de Monteoliva no podía ser peor: la decisión se tomó justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel.
Lo más preocupante del caso es que la ministra, ante la revelación exclusiva de LPO, negó el hecho y una simple constatación personal en la sede de la DAIA le hubiera permitido confirmar su veracidad. «O miente o no le informan, que sería peor», afirmó a LPO un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso.
Oscar Zago volvió a tensionar la interna oficialista al cuestionar la permanencia de Manuel Adorni y deslizar que su continuidad no depende exclusivamente del presidente Javier Milei sino de su hermana, Karina.
«Si lo dejan elegir al Presidente, Adorni no estaría más», afirmó Zago en declaraciones a Radio Mitre donde también calificó la situación como «bochornosa» y planteó que el funcionario debería dar «un paso al costado».
Pero el fondo de los dichos de Zago no pasa tanto por apoyar la salida de Adorni sino por poner en duda la centralidad de la toma de decisiones en el gobierno.
El director de LPO, Ignacio Fidanza, reveló en el programa GPS que Ricardo Lorenzetti y un grupo de jueces federales esperaban la designación de Guillermo Montenegro como ministro de Justicia al punto de que en una cena en un exclusivo hotel porteño se habló hasta del reparto de cargos.
El exclusivo encuentro sucedió días antes de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. El exprocurador porteño fue impulsado por Karina Milei y los Menem y le ganó la pulseada a Montenegro, auspiciado por Santiago Caputo.
«Los jueces estaban convencidos de que iba a ser Montenegro y ya estaban repartiendo posiciones», contó Fidanza. «En esa cena Lorenzetti mostró un chat de Javier Milei que decía para el Ministerio de Justicia es Montenegro y Viola», agregó el periodista.
Si lo dejan elegir al Presidente, Adorni no estaría más
Fuentes del sistema judicial contaron a LPO que antes de su designación Mahiques se quejaba ante su entorno porque tenía indicios de que Lorenzetti le llenaba la cabeza a Milei para que no lo nombre como ministro. La revelación sobre la cena del Duhau parece confirmar las sospechas del mercedino.
En este marco, Zago sugirió además que hay otros actores con peso en la toma de decisiones, lo que alimenta versiones sobre la extrema centralidad de Karina que deja a Milei vacío de poder.
LPO adelantó en exclusivo que en una cena política que mantuvo el domingo por la noche, en la Casa de Gobierno provincial, con el gobernador Ricardo Quintela como anfitrión en el que un riojano que le preguntó a Villarruel si creía que Javier Milei tenía chances de ser reelecto en 2027. «No creo porque lo eligieron para que gobierne él pero gobierna la hermana», dijo.
Los hutíes de Yemen hicieron su debut formal en la guerra en Medio Oriente con un ataque contra Israel que promete una escalada del conflicto. El ejército israelí informó a primera hora del sábado que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado un misil disparado desde Yemen.
Israel lleva años atacando a los hutíes, y muchos creían que sus capacidades militares se habían visto gravemente debilitadas. Sin embargo, el ataque hutí de este sábado demostró que, a pesar de los intensos ataques israelíes contra su liderazgo e infraestructura, el grupo sigue siendo capaz de responder.
El ingreso de los hutíes agrega un elemento de preocupación adicional porque podrían bloquear otra ruta marítima como es el Estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y constituye un corredor vital para el comercio mundial, en particular para el transporte de petróleo y gas entre Europa y Asia.
Esto sería un golpe más para la economía global pero en particular para Arabia Saudita Arabia Saudita, vecino del norte de Yemen, que ha estado canalizando sus exportaciones de petróleo crudo a través del puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, utilizando un oleoducto terrestre construido para evitar el estrecho.
Los hutíes declararon el sábado que habían lanzado misiles balísticos contra objetivos militares israelíes sensibles, actuando en conjunto con Irán y con Hezbolá en lo que ellos denominan como el «eje de la resistencia». El comunicado afirmaba que los ataques continuarían «hasta que cese la agresión en todos los frentes de resistencia».
Los hutíes son una poderosa milicia chiíta que están en guerra civil con el gobierno de Yemen, aliado de Arabia Saudira, desde 2014 cuando tomaron control de la capital del país, Saná, y obligaron a que llevan casi dos décadas en conflicto con el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente. En 2014, capturaron la capital, Saná, obligando al gobierno a huir a la ciudad portuaria de Adén, en el sur del país.
Los hutíes son una poderosa milicia chiíta que están en guerra civil con el gobierno de Yemen, aliado de Arabia Saudita, desde 2014 cuando tomaron control de la capital del país, Saná, y obligaron a que llevan casi dos décadas en conflicto con el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente. En 2014, capturaron la capital, Saná, obligando al gobierno a huir a la ciudad portuaria de Adén, en el sur del país.
Por otra parte, un ataque con misiles iraníes hirió a al menos a 12 militares estadounidenses y dañó varios aviones en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Dos de los soldados resultaron gravemente heridos.
Donald Trump.
Según confirmaron funcionarios estadounidenses a la agencia The Associated Press, el ataque, que incluyó un misil y drones iraníes, impactó aviones de reabastecimiento estadounidenses.
La base aérea Príncipe Sultán ya había sido blanco de ataques previos. El sargento Benjamin N. Pennington resultó herido en un ataque el 1 de marzo y falleció días después. Es uno de los 13 militares estadounidenses muertos en la guerra hasta la fecha.
El Comando Central de Estados Unidos informó que más de 300 militares han resultado heridos desde el inicio del conflicto hace un mes. La mayoría se ha reincorporado al servicio, pero 30 permanecen fuera de combate y 10 están gravemente heridos.
Los misiles iraníes a los bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico han sido destruidas en estas semanas de guerra y, como publicó The New York Times, están inhabitables.
En esta ocasión, la ofensiva contra la sede militar en Arabia Saudita se produce luego de la revelación del periódico británico The Guardian que afirma que los saudíes presionan para que Estados Unidos continué la guerra porque la consideran una oportunidad para que una derrota de Irán configure un mapa regional que lo favorezca como potencia de Medio Oriente.
Sin embargo, en un inexplicable discurso con empresarios, Trump humilló en público al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman y dijo que «el no creía que iba a estar lamiéndome el culo, de verdad que no..y ahora tiene que ser amable conmigo, más le vale ser amable conmigo, tiene que serlo».
En esa mismo escenario, el líder republicano reconoció los ataques de Irán al portaaviones Gerald Ford que Estados Unidos nunca había confirmado.
«Supimos que estábamos en problemas, cuando a la una de la mañana, tuvimos que evacuar todos los aviones del portaaviones más grande del mundo… los misiles de Irán venían por todas partes, nos atacaron desde 17 ángulos distintos, corrimos por nuestras vidas», dijo Trump en un acto de insólita sinceridad.
Supimos que estábamos en problemas, cuando a la una de la mañana, tuvimos que evacuar todos los aviones del portaaviones más grande del mundo… los misiles de Irán venían por todas partes, nos atacaron desde 17 ángulos distintos, corrimos por nuestras vidas
Por otra parte, Estados Unidos e Israel atacaron la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, fue atacada este viernes por tercera vez en menos de dos semanas.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó preocupación por la proximidad de actividades militares al sitio nuclear y advirtió sobre el riesgo de un accidente radiológico de gran magnitud si el reactor resultara dañado. Grossi reiteró su llamado a ejercer la máxima contención militar en la zona para reducir la posibilidad de una catástrofe nuclear.
La guerra está cerca de cumplir un mes y aún no hay indicios de cuando puede terminar. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado por Irán y el riesgo de una suba de los precios del petróleo sigue latente.
La Cámara Federal de Rosario confirmó por unanimidad el procesamiento dictado contra el juez federal local Gastón Salmain, quien está acusado de haber pedido un soborno para autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior.
El tribunal validó el embargo resuelto por el juez inicial pero lo llevó de 200 mil dólares a 10 millones de pesos para garantizar la pena pecuniaria. Avaló también la prohibición de salir del país y la prisión preventiva domiciliaria contra el magistrado que no es ejecutable por los fueros que lo protegen como magistrado. Los delitos atribuidos son cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Los mismos planteos dispuso contra el coimputado Santiago Busaniche, un escribano santafesino señalado como lobista del más alto nivel de la Justicia Federal, que apareció como mediador de la gestión de sobornos entre el financista Fernando Whpei que administraba el fideicomiso que buscaba obtener los dólares y el juez Salmain que dispuso favorablemente la medida que aquel esperaba.
Otro punto decisivo es la confirmación de parte de la Cámara Federal de la gravedad institucional del caso, dado que involucra a un juez federal en ejercicio de sus funciones, lo que afecta la credibilidad del sistema judicial y el servicio de justicia. Esto último la defensa de Busaniche lo discutió el jueves pasado ante la Cámara Nacional de Casación que pide además recusar la actuación de los fiscales, que los camaristas rosarinos en este fallo volvieron a convalidar.
Por unanimidad, los camaristas federales Aníbal Pineda, Silvina Andalaf y Elida Vidal dieron por admitidos los delitos imputados en esta primera etapa del trámite penal. En esta los fiscales federales atribuyen a Salmain y Busaniche «haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 hasta el mes de abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de U$S 10.000.000, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N° 1 de Rosario».
En ese contexto y para lograr el objetivo premeditado, «Fernando Whpei utilizó su influencia y poder económico para que el magistrado Gastón Salmain en conjunto con Santiago Busaniche direccionen el proceso judicial y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA, dicen los jueces. «A cambio de ello, Santiago Busaniche -por su aporte operativo- y Salmain -por su aporte como magistrado a cargo de la causa solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a U$S 200.000», dicen textualmente.
«Es así que, para cumplir con el plan criminal, Salmain, se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su asiento laboral el 02.10.2023, donde este le hizo entrega del último escrito de presentación que realizarían y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con Santiago Busaniche».
La pregunta de si esto deja más cerca a Salmain de un proceso de suspensión es una incógnita debido a la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación de avanzar con los distintos expedientes disciplinarios abiertos hace meses.
La diputada santafesina Lionella Cattalini instó con una carta personal a todos los consejeros a dar una rápida definición de los legajos porque un juez que tiene varias causas penales en trámite, entre ellas cobro de sobornos, sigue controlando un juzgado civil y comercial donde se dirimen pleitos económicos. Pero fuentes del organismo que define sobre la conducta de jueces indican que Salmain solo podría ser suspendido después de que haya una resolución del plenario del cuerpo que disponga el inicio de su juicio político.
La defensa de Salmain objetó dos asuntos fuertes. El primero es que en el tribunal se hayan mantenido las camaristas Sivina Andalaf y Elida Vidal cuando ambas, dicen los defensores, aceptaron las recusaciones planteadas por Salmain contra ellas. «Las propias juezas reconocieron que correspondía su apartamiento por causal objetiva y ahora intervienen en este acto», sostuvieron.
Lionela Cattalini.
El segundo asunto es que el procesamiento a Salmain por cohecho por pedir una coima lo consideran basado en un hecho endeble, inverosímil y con una evidencia de baja robustez basada en la declaración de un imputado colaborador que es el financista Fernando Whpei. Justamente venían los defensores de Salmain de denunciar a Whpei y pedir que el caso se llevara en Buenos Aires. Lo que la jueza federal María Romilda Servini rechazó de plano lo que se interpretó como un puente intentado por el magistrado en aprietos para que todo el caso saliera de la jurisdicción de Rosario, lo que fue denegado.
El planteo defensivo de Salmain apunta a que no existe ninguna prueba de pacto, entrega, promesa concreta, acuerdo económico, o contraprestación funcional. «El procesamiento se apoya en conjeturas concatenadas y ello no satisface el estándar legal», dice.
Hay un momento en que vuelve a jugar fuerte indicando que hay una pretensión de atribuir a su resolución de ordenar al BCRA de vender dólares a una empresa como un supuesto caso excepcional o aislado cuando hay otros casos resueltos del mismo modo por distintos tribunales del país. En diciembre pasado Salmain en una audiencia, de viva voz, señaló uno que causó un ramalazo a nivel local.
Era un amparo, dijo Salmain hace tres meses, presentado por abogados del diario La Capital de Rosario que solicitaban en la misma época adquirir dólares en el mercado único libre de cambios (MULC), es decir a valor oficial, para pagar deudas contraídas en la compra del medio al Grupo América de Daniel Vila. Salmain hizo lugar a ese pedido. Reguló honorarios para el patrocinante que fue el abogado Jorge Mattos, socio del estudio jurídico que tiene directores en el diario conocido como decano de la prensa argentina. Y sostuvo que sus superiores de la Cámara Federal lo avalaron.
Pero el fallo de los camaristas rosarinos rechaza los planteos defensivos. Hay un párrafo que es muy categórico sobre el rol de Fernando Whpei como imputado colaborador. «Si bien es cierta la cautela con la cual debemos valorar el testimonio de un investigado arrepentido o colaborador (atento las desconocidas motivaciones que lo pudieron haber llevado a efectuar su declaración en un sentido u otro), en este caso dicho testimonio no solo que se condice con las demás pruebas objetivas existentes (entre ellas el impacto de antenas y mensajes de whatsapp), sino que especialmente la explicación de Whpei es la que permite actuar de forma lógica todo el extraordinario, irregular y antinatural que tuvo el expediente. civil en el cual el juez libró la orden contra el BCRA (que luego fue revocada por esta Cámara de Apelaciones)».
Otro momento demoledor de los camaristas es cuando se centran en la incomprensible actuación de Salmain. «Todo el actuar forzado del magistrado en el expediente civil se transforma en sí mismo en prueba o indicio de delito», plantean.
Lo que tiene de revelador ese enunciado es que revela algo que está permanentemente en el comportamiento de Salmain. Como cuando se quiso quedar con causas del imputado por corrupción ex jefe de la AFIP Carlos Vaudagna por hechos ocurridos en jurisdicciones ajenas. O como cuando intervino aceptando con un amparo para habilitar obras de un barrio privado cerrado por el gobierno santafesino por problemas de saneamiento hídrico. Para los que siguen de cerca los movimientos de Salmain como juez acaso lo más bizarro fue cuando, tramitando la causa en una fiscalía, él como juez se llevó copia del peritaje del teléfono de Vaudagna, que tenía una relación probada con él previa a la llegada a Rosario del magistrado. «En la práctica, es altamente improbable que un juez haga algo así. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer con el peritaje? ¿En qué marco lo iba a analizar? La conjetura fiscal en ese momento fue que como en el primer peritaje no salieron sus comunicaciones con Vaudagna se la jugó a quedarse con todos los casos.
En el fallo de la Cámara Federal conocido este viernes, los vocales parecen valorar la relación de confianza previa que había entre Busaniche y Salmain, dado que como lobista en cercanías de la Corte Suprema Busaniche había hecho gestiones para que designaran juez federal en Rosario al ahora cuestionado juez. Para concretar una maniobra como la apuntada por los fiscales, Whpei no tenía relación con salmain, y por eso se conecta para que haga de intermediario con alguien que sí tuviera ascendencia sobre el juez. Sin confianza y ascendencia sobre un juez estas acciones no son posibles.
Otro asunto irregular es que cuando se frustra el pago del soborno, dada una devaluación que generó una diferencia de cambio, Salmain que primero había oficiado al BCRA para venderle dólares al fideicomiso de Whpei súbitamente se declara incompetente, manda el expediente a Buenos Aires y realiza una denuncia penal contra Whpei por estafa procesal, como si lo hubieran engañado en el marco del trámite. Esa acción adquiere lógica a la luz de los dichos de Whpei como arrepentido. ¿Qué dice? Que no le pudieron pagar los 200 mil dólares acordados inicialmente y, devaluación mediante, le ofrecían 20 mil. Frente a ese cambio en el monto que lo beneficiaría, lo que cambió fue la conducta del juez.
Juan Grabois presentó formalmente un pedido de citación a declaración indagatoria de los hermanos Milei en la causa que investiga la criptoestafa $Libra. Para el diputado kirchneristas existen elementos suficientes para que el presidente y su hermana den explicaciones ante la Justicia.
El planteo se basa en nuevas pruebas incorporadas al expediente, incluyendo pericias informáticas, registros financieros y documentación que, según la querella, permitirían reconstruir el funcionamiento de la operatoria investigada. De hecho, en las últimas semanas circuló un documento extraído del celular de Mauricio Novelli, el articulador del negocio, que revela un acuerdo con los Milei para pagarles USD 5 millones a cambio que difundan la cripto $Libra.
Es muy difícil que el fiscal Eduardo Taiano, que según los querellantes, hace todo posible para trabar la causa y deslindar a los Milei, haga lugar al pedido. De hecho, aunque parezca increíble, Taiano todavía ni siquiera le tomó declaración indagatoria a Novelli y retrasó todo lo que pudo el acceso de los querellantes al contenido de su celular, que finalmente ante la presión legar, liberó de manera parcial.
«Sobran los elementos para que tengan que dar explicaciones. Esperamos que el Poder Judicial actúe con celeridad como corresponde», agregó.
Sobran los elementos para que tengan que dar explicaciones. Esperamos que el Poder Judicial actúe con celeridad como corresponde
La causa que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Georgi, investiga los posibles delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública de los hermanos Milei y alcanza a otros funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que participó activamente de las reuniones con Novelli y otros involucrados en la criptoestafa.
De acuerdo con la presentación de Grabois, la existencia de nuevos elementos probatorios surgidos de pericias oficiales y del análisis del material incorporado al expediente, permiten reconstruir un plan delictivo en tres fases: planificación y negociación, concreción, y el intento sistemático de encubrimiento.
Asimismo, el escrito señala que existen evidencias documentales, financieras y digitales que respaldan el avance de la causa: «En algo más de un año de trámite del expediente, con todo este tipo de prueba ya está incorporada a la causa. Los implicados, incluyendo a los propios funcionarios públicos, dejaron todas sus huellas extraordinariamente visibles».
En relación con el estándar jurídico para avanzar con las indagatorias, el planteo recuerda: «La citación a indagatoria no exige prueba plena ni certeza definitiva. Constituye el acto procesal destinado a garantizar el derecho de defensa frente a los indicios que vinculan a una persona con el hecho investigado».
Con todo este tipo de prueba ya está incorporada a la causa. Los implicados, incluyendo a los propios funcionarios públicos, dejaron todas sus huellas extraordinariamente visibles.
El pedido de indagatoria de Grabois excede a los Milei e incluye a Novelli; Manuel Terrones Godoy; Sergio Morales; Pía Novelli; María Alicia Rafaele; Orlando Rodolfo Mellino y Favio Camilo Rodríguez Blanco.
La desesperación d elos hermanos Milei por esta causa es cada vez más evidentes y fue uno d elos motivos por los que Karina Milei tomó el control del Ministerio de Justicia y nombró a Juan bautista Mahiques, que en su primer entrevista como ministro habló como abogado de los hermanos y aportó ideas para matar la causa $Libra.
LPO publicó este viernes que Mauricio Novelli, el amigo de Javier Milei y creador de Libra, se sumó a la estrategia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y pidió la nulidad de la pericia a su teléfono celular de donde salieron explosivas revelaciones sobre la estafa con la criptomoneda y su relación con los hermanos Milei.
En efecto, Novelli presentó un escrito ante el fiscal Taiano en el que solicita la nulidad total del peritaje realizado por la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal (DATIP).
De esa pericia, que el fiscal guardaba celosamente, surgieron numerosas revelaciones sobre la causa Libra y también sobre supuestos pagos en negro de Novelli a los hermanos Milei antes y después de su llegada a la presidencia, entre otras cosas.
La revelación más impactante fue un supuesto contrato por 5 millones de dólares para Milei por recibir a Hayden Davis y empujar el lanzamiento de Libra. También se descubrieron varios llamados entre Novelli y los Milei antes y después de la publicación del tuit del presidente.
Sebastián Soler condujo el equipo legal que inicialmente intervino en Nueva York para defender la legalidad de la expropiación de YPF como subprocurador del Tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. Rosarino por adopción, graduado en Derecho en la UNR tiene una maestría en Harvard y durante mucho tiempo litigó en Wall Street. Sobre el fallo que dio la razón a la posición argentina sobre la recuperación de YPF tiene mucho que decir, y lo hace.
De elegir dos conclusiones la primera sería, afirma, que se expropió correctamente. La segunda es que hoy deberíamos celebrar todos. «Incluso los que festejan per diciendo que se actuó mal deberían leer el fallo. La Cámara de Nueva York dice que Argentina actuó de acuerdo a su derecho».
-¿Cuál le parece el punto central por la que la posición argentina se impuso en el fallo conocido hoy?
-Son en realidad los argumentos de defensa que se promovieron durante la gestión del gobierno anterior y que afortunadamente fueron reiterados por la gestión del gobierno actual. Ha habido una continuidad y eso rindió sus frutos hoy. En resumidas cuentas, la Cámara de Nueva York lo que dice primero es que quizás este juicio debió realizarse en la Argentina, pero reconoce que la jueza Preska tiene amplia discreción para decidir sobre su competencia y, por lo tanto, más allá de un parecer distinto, no revierte la decisión de la jueza, no la revoca, de haberse quedado con el juicio y haber resuelto en primera instancia como resolvió. Paso seguido, la Cámara dice que, por lo tanto, como el juicio está en Nueva York, hay que revisar la decisión de Preska, de novo, que es la expresión en latín que quiere decir como si viéramos estos temas como primera vez. Y lo que dice es que todas las cuestiones en discusión, en este caso, son de derecho argentino, no son de derecho estadounidense, y por lo tanto tenemos que interpretarlas desde ese punto de vista.
El paso siguiente es afirmar que es cierto que el Estatuto de YPF decía que Argentina, si adquiría el 49% más de las acciones de YPF en algún momento, por ejemplo, mediante expropiación, debía ofrecerle comprar sus acciones a los demás accionistas minoritarios, y es cierto también que no lo hizo. Pero, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, que es el derecho aplicable, deben considerarse dos cosas. El Estatuto de una Sociedad privada no es un contrato bilateral, y, por lo tanto, bajo el derecho argentino, uno de los accionistas no puede demandar por daños a otro de los accionistas –el otro accionista en este caso sería la República Argentina– por el supuesto incumplimiento de una obligación del Estado, y en eso Preska se equivocó.
Y segundo, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, no la ley específica de la expropiación de YPF, sino la ley general de expropiaciones, no puede una acción de un privado, en este caso la demanda que intenta imponerle a la Argentina la obligación de indemnizar por no haber hecho la oferta de compra, no puede una acción de un privado restringir la potestad expropiatoria amplia que tiene la República Argentina. Recordemos que la facultad expropiatoria es una facultad reconocida por la Constitución Nacional, que sólo impone tres requisitos: que se apruebe por ley, que se declare por utilidad pública, y que se indemniza al dueño efectivamente expropiado, cosa que en este caso se hizo. Por tanto, la Cámara dice: revocamos el fallo de Preska, Argentina tiene razón, ganamos el juicio.
-Hay un ánimo celebratorio en todos lados, pero argumentos diferentes. Por ejemplo, el expresidente Macri habla de que en YPF hubo una expropiación ilegal
-Es lo contrario a lo que dice la Cámara, es lo contrario a lo que dicen los escritos de defensa presentados por el Gobierno actual y es lo contrario a los presentados por nuestra gestión durante el Gobierno de Alberto Fernández. Falso. Literalmente es tratar una vez alguien de inmiscuirse y ganar un crédito por algo en lo que no tiene nada que ver. El Gobierno actual puede correctamente decir parte del mérito es nuestro porque efectivamente ellos tomaron tres decisiones atinadas, más allá de las declaraciones desagradables e inoportunas del presidente de la nación de hoy. Las decisiones técnicas que tomó su gobierno fueron atinadas y fueron tres. La primera es que no bien llegaron, ratificaron la designación de Sullivan&Cromwell, el estudio internacional que habíamos elegido nosotros en diciembre de 2019 para que nos defendiera del caso. O sea, el mismo estudio que trabajó en la defensa entre 2019 y 2013, es el que trabajó en la apelación.
Segundo, confirmaron al frente de la Dirección de Internacionales de la Procuración del Tesoro a las dos funcionarias de carrera brillantes académicas de Derecho Internacional Público, la doctora Mariana Loza, la doctora Alejandra Echegorri, para que continuaran prestando ese servicio como funcionarias de carrera en la apelación. Ellas así se desempeñaron y son las mismas que nosotros habíamos designado en esos cargos en nuestra gestión. Y la tercera y más importante es que eligieron continuar los argumentos de defensa planteados por la gestión anterior. Esos son los argumentos de defensa que la Cámara acogió y que nos permitieron ganar el juicio.
-¿Por qué en gobiernos muy diferentes se mantuvo la misma estrategia legal?
-Primero hay un hay un requisito del derecho procesal estadounidense que no le permite al apelante, en este caso, la República Argentina ya bajo la gestión del gobierno de Milei, plantear argumentos nuevos que no haya planteado en su defensa en la primera instancia, o sea, que había una un impedimento legal. Y segundo, me imagino, porque hablaron con Sullivan&Cromwell, hablaron con las funcionarias de carrera que habían llevado la defensa durante los cuatro años anteriores, y confío que tras una conversación sensata concluyeron correctamente que debían seguir por el mismo camino.
Axel Kicillof
-¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo coincidencias con la posición argentina?
-Hay que entender que Estados Unidos no estuvo en contra del fallo de fondo de la jueza Preska. Efectivamente sí el gobierno de Estados Unidos presentó dos escritos muy importantes, apoyando la postura de la defensa argentina. Uno bajo el gobierno de Biden y otro bajo el gobierno de Trump. Fue en dos cuestiones puntuales.
La primera, oponiéndose a la pretensión de Burford, acogida por una orden de Preska, de tratar de forzar el pago de esa sentencia ordenándole a la Argentina entregar acciones de YPF. Y la segunda, apoyando la petición de la defensa argentina de suspender el proceso de Discovery, es decir, de adecuación de información, hasta tanto se resolviera el fondo del asunto, que es lo que sucedió hoy. Es decir, el gobierno estadounidense apoyó la defensa argentina, pero en cuestiones colaterales al tema de fondo.
-¿Y por qué interpreta que hizo eso?
-Quiero creer que porque está de acuerdo con la postura de la defensa técnica de la defensa argentina, porque cree, en el caso de la orden de entregar las acciones de YPF, que excede las potestades de los jueces de Nueva York, que fija la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, que dice que los bienes de un estado extranjero solamente son embargables si están dentro del territorio de Estados Unidos, y las acciones de YPF, que están registradas en el registro que lleva la Comisión Nacional de Valores de Argentina, no están en el territorio de Estados Unidos. Y en el del caso de Discovery, porque el Discovery había llegado a límites francamente indefendibles en cuanto a cuánto se entrometían en cuestiones internas de la Argentina, la clase de información que pretendían. Pero, sobre todo, porque parecía un despropósito pretender que la Argentina, en el primer caso, pagara la sentencia y, en el segundo, siguiera entregando información cuando el fallo todavía no estaba firme.
-Alguien sin formación legal ve que Burford adquirió el derecho de ir a juicio por unos 15 millones de euros y que una jueza con eso le aseguró un resarcimiento de más de 16 mil millones ¿Son principios jurídicos los que permiten eso?
-Burford compra en 15 millones de euros más el compromiso de entregarle a la quiebra de las empresas Peterson en España el 30% de lo que lograra cobrar y se hace cargo de todos los gastos del juicio, incluyendo honorarios de abogados. Efectivamente el 70 por ciento se lo quedaba. La razón por la que Preska decide concederle a Burford 16.000 millones de indemnización más los intereses de 2012 es porque concluye, equivocadamente, ahora lo sabemos por la decisión de la Cámara, que Argentina debió ofrecer comprar las acciones de, en este caso, las empresas Peterson de la familia Esquenazi cuando expropió a Repsol. Y el precio que debió pagar por esas acciones, de acuerdo a la fórmula que establece el estatuto de YPF adoptado por la Argentina en la década del 90 cuando se privatizó, era un precio, según Preska y según Burford, no el que se le pagó a Repsol, no el precio de mercado de las acciones en ese momento, sino el precio más alto que surgía de una fórmula que había puesto Menem, el gobierno de Menem, en el estatuto de YPF, justamente para ser virtualmente imposible expropiar YPF. Esto queda hoy sin efecto. Terminado acá a favor de la Argentina. No hay más condena.
-¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que dice y lo que formula el fallo conocido hoy?
-Lo primero, que se expropió YPF correctamente. Para decirlo en términos políticos, Axel tenía razón. Es decir, el gobierno hizo lo correcto en aquel entonces cuando se formuló esta pregunta: ¿Me alcanza con expropiar el 51 por ciento, porque quiero asegurarme que recupero el control estratégico de las políticas de YPF, pero, al mismo tiempo, mantengo su capital abierto cotizando en bolsa y nombro un gerenciamiento profesional? Se acuerda que vino Miguel Galluccio por aquel entonces. Eso se concibió de modo de que la empresa esté al servicio del posible interés Argentina, por ejemplo, reinvirtiendo sus utilidades, haciendo crecer Vaca Muerta. Pero, al mismo tiempo, sin que nadie dude de que el gerenciamiento era profesional, que tiene en cuenta el interés de la empresa también. Esa decisión fue correcta, y la manera de hacer eso era no ofrecer comprar el resto de las acciones, porque, si no, nos quedábamos con el cien y pagábamos una fortuna. Esa es la primera lección del fallo de Cámara de hoy, que dice, que la Argentina actuó de acuerdo a su derecho
Y la segunda lección, que me parece importante, pero que no se entiende del todo, es que en días como hoy deberíamos celebrar todos. Y nadie debería tratar de hacer de esto una ganancia política. El gobierno actual en vez de derivarse en otras
cosas
en una cadena nacional podría decir: «Ganamos porque esto fue una política de Estado que todos suscribimos». Yo desafío a cualquiera que lea los escritos que presentó este Gobierno en la apelación y no va a encontrar una sola frase que diga que Argentina expropió mal.
-Es arbitrario o torcido decir que porque Argentina expropió hoy tenemos Vaca Muerta?
-No lo es. Me parece que nadie duda a esta altura que ha sido beneficioso para el país recuperar YPF. Ya ni siquiera pueden decir que se expropió mal. Al menos desde el punto de vista del derecho argentino.
