Sociedad

 

Donald Trump ha amenazado con un embargo comercial a España por negarse a ceder Rota y Morón para atacar Irán. Pedro Sánchez ha respondido en cuatro palabras: «No a la guerra.» El mismo presidente que ha militarizado el gasto público como ninguno desde la transición bajo la rúbrica de apoyar a Ucrania ha convertido el pacifismo en su mayor activo electoral —y ha vuelto a ganar el relato sin responder a la pregunta de por qué no impidió desde el principio que EEUU usara las bases para apoyar el genocidio o por qué sigue comprando misiles antitanque a Israel.

La socialdemocracia europea atraviesa su mayor crisis existencial en décadas. El Partido Socialista francés está moribundo. El laborismo de Keir Starmer, pese a la victoria aplastante de 2024, perdería ante Reform UK, el vehículo de Nigel Farage. La ultraderecha gobierna en Italia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Países Bajos, y es la principal fuerza de oposición en Alemania, Francia, Austria y Portugal, donde Chega se ha convertido en la segunda fuerza política del país, enterrando el legado de António Costa, ahora presidente de la Comisión Europea. 

Mientras tanto, la ampliación hacia el este de la UE amenaza con desatar nuevas inestabilidades. Entre los nueve países candidatos, Georgia, Serbia, Turquía y Ucrania plantean serios desafíos a la cohesión interna del bloque —poniendo a prueba la capacidad para garantizar la gobernanza democrática en el seno de la Unión. Es en ese contexto donde cobra toda su dimensión la excepción española: el único bastión donde la socialdemocracia europea sobrevive –y lo hace en la improbable figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un momento de aceleradas turbulencias sistémicas –a las que se suman la revolución digital y verde, la economía de guerra, la crisis del orden unipolar y la fractura del Estado de bienestar–, todo elemento nacional particular influye de manera determinante en las relaciones internacionales. El consenso nacional alcanzado por el sanchismo es producto de esa tensión: su imagen pública está totalmente degradada en España, y solo se sostiene gracias a la reputación exterior que le granjea alzarse como la antítesis de la ultraderecha –una fisura que sus adversarios parlamentarios han aprendido a explotar con eficacia de manera reciente.

La socialdemocracia europea atraviesa su mayor crisis existencial en décadas. El Partido Socialista francés está moribundo. El laborismo de Keir Starmer, pese a la victoria aplastante de 2024, perdería ante Reform UK, el vehículo de Nigel Farage. La ultraderecha gobierna en Italia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Países Bajos, y es la principal fuerza de oposición en Alemania, Francia, Austria y Portugal.

La carrera política de Pedro Sánchez tiene el arco dramático de una película de Hollywood que ningún productor se atrevería a aprobar, salvo quizá Susan Sarandon: demasiado improbable, demasiado kitsch. Desde su nombramiento como secretario general del PSOE en 2014, su ascenso fue fulgurante. Se convirtió en el candidato del partido a la presidencia del Gobierno tanto en diciembre de 2015 como en junio de 2016. Tras 609 días sin presupuestos generales, ante el dilema de abstenerse para permitir un nuevo gobierno de Rajoy o intentar una alternativa progresista, Sánchez se niega a facilitar la investidura. En una escena propia de un thriller, choca con los contubernios de su partido y dimite como diputado nacional.

Un año más tarde, en junio de 2017, regresa a la dirección del PSOE aupado por la militancia y convertido en héroe, como el mejor Perón. «No estoy muerto, estoy aquí», dijo en una hamburguesería cerca de la Moncloa, en una entrevista con el programa político más escuchado del país. Sánchez se presentó a la ciudadanía como el profeta de una religión con una concepción del mundo «activa», que actúa sobre un pueblo pulverizado para organizar su voluntad colectiva. Replicó el discurso contra la casta de Podemos –el partido que amenazaba con sorpassar al PSOE– y atacó duramente al IBEX 35, a César Alierta, expresidente de Telefónica, y a Prisa, editora de El País, por impedir un Gobierno con Podemos. Gramsci dijo sobre Maquiavelo que, en El Príncipe, “la ideología política no se presenta como una fría utopía, ni como una argumentación doctrinaria, sino como la creación de una fantasía concreta».

Sánchez llegó al poder en 2018 tras una sentencia judicial que probaba la existencia de financiación irregular en el Partido Popular durante dos décadas. Solo en el último Ejecutivo de Mariano Rajoy se investigaron 60 casos de corrupción en los que se vieron implicados 1.236 cargos. Pocos meses después publicó Manual de resistencia, relatando su azarosa trayectoria desde que asumió el liderazgo del PSOE hasta la presidencia, convirtiéndose en el primer mandatario español en escribir sus memorias en pleno mandato y en acudir a la Fashion Week de Madrid. Un periodista español lo comparó con James Dean: «Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver».

Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez fue investido presidente del Gobierno con el apoyo de una coalición de partidos a su izquierda. Consiguió capitalizar el descontento social que había quedado tras la última década, la desintegración del entorno institucional posterior a la crisis de 2008, cuando el colapso de la actividad capitalista desencadenó una enorme contestación en las calles del país. En su biografía, Verdades a la cara, Pablo Iglesias confiesa por qué no fue su partido el que consiguió la hegemonía: “pensábamos que los movimientos del régimen iban a ser mucho más unívocos, estábamos convencidos de que iba a haber un acuerdo del tipo que fuera entre el PP y el PSOE. Ese acuerdo no terminó de producirse, lo que generó una tensión sin precedentes dentro del PSOE. Pedro Sánchez fue el producto de esa tensión.” 

El Príncipe salvó a su partido y se salvó a sí mismo, una cualidad que no ha dejado de cultivar. En las últimas elecciones generales, cuando un insulto viral de la derecha –«Perro Sanxe»– amenazó su imagen, se apropió del meme y lo usó para politizar al electorado joven. Un año después, cuando Santiago Abascal presentó una moción de censura que tildaba a España de régimen bolivariano, Sánchez convirtió la esfera pública en un debate que ponía el foco en la matriz franquista de Vox. Cuando la derecha activó el lawfare judicial contra Begoña Gómez, se retiró cinco días. «Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar». El país quedó paralizado esperando a saber si dimitía hasta que regresó con una carta a la ciudadanía, calculada y emocional, llamando a los valores de la democracia. Los neoconservadores españoles la calificaron de «comedia de caudillismo lacrimógeno». Hasta cuando compareció en el Senado por un caso de corrupción, unas gafas Dior vintage eclipsaron el escándalo y lo devolvieron al apodo de sus inicios: «Mr. Handsome». Si consigue cerrar su mandato en 2027, Sánchez será el segundo presidente más longevo de la democracia española tras Felipe González. Pero las cabeceras periodísticas repiten al unísono que el sanchismo está agotado simbólicamente. Es un fantasma.

La presunta trama de corrupción ocurrida durante la pandemia no solo ha llevado a que el Tribunal Supremo apruebe el encarcelamiento del primer diputado en ejercicio en la historia del Estado español, José Luis Ábalos, sino también de su ex asesor Koldo García, y también ha provocado la dimisión de Santos Cerdán, secretario general del partido socialista desde 2021. En paralelo, el #MeToo ha explotado en el PSOE, obligando a dimitir por acoso sexual y abuso de poder a Paco Salazar, mano derecha del presidente en la Moncloa, y a otros seis cargos del partido.

Sánchez se ha enfrentado a Donald Trump por las tarifas comerciales y el incremento del 5% del gasto exigido por la OTAN, así como por el bombardeo a Irán. Al mismo tiempo, se ha convertido en el «mediador» entre Europa y China.

Mientras que la derecha, en su radicalización, se ha masculinizado, la izquierda –y especialmente el PSOE– solo gana por el voto progresista de las mujeres. Pero los números de las encuestas empiezan a mostrar que el carisma de Sánchez no puede combatir el descontento. La derecha y la extrema derecha aglutinan el 48,4% de los votos (el 50,7% si se añade la marca del agitador Alvise Pérez), mientras que la izquierda reúne solamente el 37,2%. No gobernaría ni poniendo de acuerdo a todos los aliados actuales. El partido socialista se desplomó electoralmente en diciembre en su principal feudo, Extremadura. En las últimas semanas ha igualado sus peores resultados en Aragón –una vasta comunidad del noreste donde Vox ha duplicado su voto– y todo indica que en los próximos meses ocurrirá lo mismo en Castilla y León y Andalucía, las comunidades autónomas más grandes en extensión de España.

En su último anuncio antes de Navidad, Pedro Sánchez pidió perdón a las feministas del PSOE –de marcado carácter abolicionista y anti-trans–, cerró filas ante las demandas de un cambio de Gobierno y lanzó un abono mensual de transporte público por 60 € en todo el país. Pero su capacidad legislativa pende de un hilo: el partido de Carles Puigdemont –el líder que proclamó la independencia catalana a través de un referéndum en 2017 y permanece en el autoexilio– ha bloqueado los presupuestos generales y buena parte de la agenda legislativa del Ejecutivo.

Para mantener el pulso, Sánchez pidió a los ministros medidas sociales que no dependiesen del Congreso y renovar sus gabinetes con expertos en política públicas. Sin embargo, el consenso sanchista pronto se enfrentó a un nuevo varapalo. En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, anunció la condena penal al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos y le impuso una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda. A día de hoy, solo la Fiscalía y la Abogacía del Estado han evitado el asalto de la ultraderecha a la instituciones mediante oscuras técnicas. Pero las garantías democráticas siguen estando en peligro.

Liderada por Pedro Sánchez, la socialdemocracia española ha vampirizado las instituciones sociales y absorbido las demandas populares solo para gestionar mercados electorales. Y los mercados, como sabemos, son volátiles. Especialmente en tiempos de guerra.

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Este aura político internacional se fraguó en la primera decisión de Sánchez como presidente, en junio de 2018. Después de que Italia y Malta negaran el asilo a 629 migrantes a bordo del Aquarius, ordenó que el barco fuera acogido en un puerto de Valencia. Se enfrentó al ultraderechista Matteo Salvini –ahora vicepresidente de la República Italiana– y defendió los valores de la libre circulación de personas. Cuatro años después se produjo la «masacre de Melilla», en la que murieron decenas de migrantes por la represión violenta de las fuerzas marroquíes y españolas en el enclave norteafricano del país. Este evento cuestionó la política de gestión de fronteras y la falta de rendición de cuentas del presidente. Por otro lado, tras ser uno de los grandes valedores del pacto migratorio europeo –convenciendo a Giorgia Meloni en un viaje a Roma–, se conoció que el Gobierno abrió dos cárceles de migrantes en África, con cunas para menores.

Pero las contradicciones políticas no siempre tienen un coste –especialmente cuando escapan al escrutinio mediático. Al igual que Javier Milei en Argentina, con quien se ha enfrentado en distintas ocasiones, Pedro Sánchez utiliza la agenda internacional para galvanizar su base interna y distraer a la oposición. El semanario progresista L’Espresso lo celebra como la «persona del año», y los italianos lo respetan casi tanto como al Papa. Sánchez se ha convertido en el refugio más visible de la imagen liberal del Viejo Continente y de su proyecto primigenio: garantizar la paz mediante el comercio. «Para los padres fundadores, la integración militar y securitaria de Europa era tan o más prioritaria que la integración económica», defendió ante el Consejo Europeo citando a Jean Monnet y Robert Schuman. Su política exterior se ha movido entre denunciar el «genocidio» en Gaza –calificando a Israel como «potencia ocupante» ante el CIJ– y proporcionar a Ucrania equipamiento militar de producción nacional por valor de 1.000 millones de euros anuales; entre defender la financiación a Volodímir Zelenski «por razones morales» y las transferencias de material militar a Benjamín Netanyahu tres meses después de la aprobación del embargo, esta vez invocando «intereses nacionales».

Pese a sus contradicciones, la dialéctica genocidio no, guerra sí ha situado a Pedro Sánchez como una figura de primer orden. Al contrario que buena parte de la tecnocracia comunitaria, no cree que la «doctrina Monroe» de Trump vaya a beneficiar a la Unión Europea en materia económica o militar. El Gobierno español ha apostado por una política de seguridad «autónoma» de Washington, la construcción de gigantes nacionales como Indra, el desarrollo de sectores estratégicos y la producción nacional de recursos. Sánchez se ha enfrentado a Donald Trump por las tarifas comerciales y el incremento del 5% del gasto exigido por la OTAN, así como por el bombardeo a Irán. Al mismo tiempo, se ha convertido en el «mediador» entre Europa y China, ha impulsado la minería de minerales críticos, abriendo nuevos caminos comerciales hacia África a través de sus relaciones con Mauritania, y ha negociado la no dependencia del gas ruso en acuerdos con Argelia.

Pedro Sánchez ha conseguido articular una nueva constelación progresista con América Latina, diversificando las relaciones comerciales de la UE hacia bloques regionales distintos a Estados Unidos, y abriéndose a un multilateralismo basado en los derechos humanos.

Asimismo, los miembros más destacados del Gobierno de Sánchez han orientado a la tecnocracia europea hacia un rol más geopolítico. Nadia Calviño, la ministra de Economía que pilotó la salida de la pandemia absorbiendo en tiempo récord los fondos europeos y reforzando la estabilidad financiera, fue nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y responsable de negociar el «energy price cap» ibérico –el tope al gas que permitió abaratar la factura eléctrica en España y Portugal–, es ahora comisaria de Competencia de la Comisión Europea. Ambas han sido clave en la autonomía europea: Calviño anunció una inversión de 6.500 millones en dos años para alimentar a firmas de defensa, como las españolas, cuadruplicando el gasto del BEI en defensa y canalizando cerca del 5% de su financiación total hacia el sector. «Nos hemos dado cuenta de que no podemos depender enteramente de Estados Unidos para la defensa, ni enteramente de China para la tecnología», declaró en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ribera, por su parte, lidera las sanciones contra las grandes tecnológicas estadounidenses, que este año ascienden a 4.000 millones en multas. Tras abrir una investigación contra Google, afirmó: «No aceptaremos ninguna forma de subordinación en el ejercicio de nuestras funciones».

Del mismo modo, la diplomacia de Pedro Sánchez ha conseguido articular una nueva constelación progresista con América Latina, diversificando las relaciones comerciales de la UE hacia bloques regionales distintos a Estados Unidos, y abriéndose a un multilateralismo basado en los derechos humanos: ha firmado declaraciones con Gustavo Petro sobre justicia climática, ha coordinado con Gabriel Boric intercambios sobre estrategias de reforma constitucional, se ha alineado con Luiz Inácio Lula da Silva en política industrial y liderazgo del Sur Global –siendo una de las voces más favorables en el acuerdo Mercosur–, y ha retomado la relación con Claudia Sheinbaum para disculparse formalmente por la violencia colonial de la conquista española.

Sánchez incluso se ha sumado al bloque no alineado en la declaración sobre la intervención estadounidense en Venezuela –con quien mantuvo abiertos canales diplomáticos a través de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el final– como «un intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos». Con este mismo fin, la política exterior de Sánchez ha engrasado los presupuestos de cooperación al desarrollo de América Latina, buscando estabilidad y crecimiento en un momento en que muchos países sufren el asedio electoral de la ultraderecha. También ha impulsado que una mujer latinoamericana lidere las Naciones Unidas, demostrando su esfuerzo por reconfigurar la gobernanza multilateral.

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Pese a la presión privatizadora del mercado durante el último medio siglo, y especialmente desde 2008, las relaciones internas del Estado han facilitado un cierto nivel de comando democrático. En estos años, la economía española es la que más ha crecido entre los grandes países de la eurozona, destrozados por la crisis energética posterior al conflicto militar en Ucrania; el PIB avanzó un 3,5% el pasado año, con la demanda interna y la inversión como motores principales. La reforma laboral, además, ha reducido la temporalidad creada por la austeridad, del 30% antes de la legislatura al 13% actual. El keynesianismo sanchista se ha traducido en mayor recaudación para políticas públicas, con un gasto que rompió la barrera récord de los 700.000 millones en 2024 (la mayoría destinado a las pensiones), en mayor protección para los hogares vulnerables y en la capacidad de ahorro de las familias.

En un momento en que el posfascismo recorre el mundo occidental, el melodrama barroco de Sánchez ha consagrado un tipo de capitalismo popular que ha sostenido un ciclo político reformista de casi una década: el Ingreso Mínimo Vital para hogares en riesgo severo; una reforma fiscal que combina impuestos a los beneficios extraordinarios de energéticas, banca y grandes fortunas; una reforma del sistema de pensiones que «garantiza la sostenibilidad sin recurrir a grandes recortes»; y un nuevo modelo para los autónomos dirigido a que quienes ganen menos paguen menos, impulsado por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno tras la salida de Podemos.

Los antepasados del PSOE integraron a sus coetáneos del Partido Comunista en un nuevo consenso para cumplir con los requisitos de entrada en la UE primero y en la OTAN después. Hoy, Pedro Sánchez ha conseguido hacer lo mismo con los partidos que acumularon su base social tras el 15-M –el movimiento de los indignados de 2011. En este caso, para llevar al país más azotado por la austeridad, junto con Italia, a la cima de la eurozona. La prima de riesgo de ambos países alcanzó en diciembre su nivel más bajo en 16 años, dejando atrás la etiqueta de periferia europea (o PIIGS, el acrónimo acuñado durante la crisis de la deuda para denominar a las «economías frágiles»). Tampoco los indignados ponen en duda la estabilidad del euro: la institucionalización de la política ha vaciado las plazas de su cometido revolucionario. Gracias al sanchismo, ahora todos somos eurocomunistas.

El bloque histórico de Sánchez ha borrado del mapa al resto de fuerzas sociales que provocaron la mayor crisis de legitimidad del Estado desde la transición: el referéndum de independencia catalán de 2017, conocido como «el procés». Para normalizar las difíciles relaciones de Gobierno con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, los partidos que lo proclamaron, Sánchez ha concedido una amnistía que les perdona los delitos cometidos. También ha presionado a Bruselas para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE.

El PSOE cogobierna Euskadi y Navarra con los nacionalistas vascos de derecha e izquierda respectivamente. Las transferencias del Estatuto de Gernika –firmado hace 46 años– están a punto de culminarse, delegando nuevas competencias administrativas que incluyen la gestión de la Seguridad Social, la política lingüística del euskera y la de migración. Además, el Gobierno ha puesto fin a las medidas de excepcionalidad con los presos condenados durante las décadas de la actividad armada de ETA.

Pero, al igual que con Zapatero –que negoció la paz con ETA y aprobó derechos LGTBQ+ antes de sucumbir a la austeridad–, la gestión política de un capitalismo cada vez más turbulento puede hacer descarrilar el proyecto sanchista y poner en evidencia los límites orgánicos de la socialdemocracia: la contradicción entre garantizar las condiciones de acumulación capitalista y el bienestar social.

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España ha crecido gracias a milagros en política energética que han bajado la factura de los ciudadanos, a mejoras en el mercado laboral que impulsan la demanda interna, a los ingresos turísticos y a los fondos europeos. No obstante, si se rasca la superficie se encuentra un modelo enteramente dependiente de fuerzas de mercado que se está evaporando rápidamente con la reconfiguración del mundo en líneas reaccionarias.

En primer lugar, el crecimiento económico por sí solo no garantiza una transformación del modelo productivo capaz de traducir los avances a corto plazo en mejoras sostenidas de las condiciones de vida. Esta expansión sigue constreñida por deficiencias crónicas de recaudación y la disciplina impuesta por los marcos de austeridad europeos. La política española es un espectáculo: intervenciones diseñadas para los titulares de prensa, que aumentan los ingresos sin romper el techo de gasto. La regularización de más de 500.000 migrantes por parte de Sánchez –similar a la medida de Zapatero anunciada tras los atentados de Madrid en 2004– ejemplifica esta lógica a la perfección. Como entonces, se trata de una gestión fiscal calculada para incorporar a trabajadores latinos informales al sistema y asegurar la sostenibilidad de las pensiones frente al envejecimiento demográfico. Sin embargo, la economía sigue dependiendo de la explotación del trabajo precario en los cuidados, la hostelería, la agricultura y la construcción.

Al igual que Javier Milei en Argentina, con quien se ha enfrentado en distintas ocasiones, Pedro Sánchez utiliza la agenda internacional para galvanizar su base interna y distraer a la oposición.

Asimismo, tras presentarlo como la muerte de la ideología neoliberal y la panacea a todos los problemas estructurales, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español –los 160.000 millones en subvenciones y préstamos procedentes de los fondos Next Generation entre 2021 y 2026– solo ha conseguido equiparar la inversión privada en sectores de alto valor añadido (energías renovables, digitalización, industria) con la media europea. Dado que ha respondido a las exigencias de los capitalistas nacionales sin proteger a los sectores más empobrecidos, estos fondos se parecen más a una «revolución pasiva» diseñada para aminorar las posibles situaciones de insurrección social.

Bruselas entregó fondos a los países del Sur, sumamente endeudados y azotados por la pandemia, para evitar que las periferias volvieran a las calles e iniciaran revueltas populares aún más intensas que las de 2011. Pero la tecnocracia de Sánchez empleó los fondos para salvar a las grandes empresas en un rescate que tendrá un coste similar al de 2008, y que perpetuará el estado de excepción presupuestario. Un informe de un think tank liberal se jacta de que 29.000 de los 32.925 millones concedidos en 2024 fueron a parar a las empresas privadas. Sumando las ayudas indirectas, las compañías españolas recibieron un 68% del gasto social destinado a amortiguar el impacto de la crisis.

La financiación destinada a apoyar a los sectores esenciales para las personas en situación de pobreza se redujo drásticamente. Solo el 7% se destinó a sanidad, educación y transporte público. El Estado de bienestar descansa sobre los límites de gasto impuestos tras el rescate financiero. Las agendas de 60 pacientes al día de los médicos de familia, la saturación de atención primaria y el colapso sanitario de las urgencias de los hospitales en todo el país se suman a la escasa inversión en educación pública y al crecimiento exponencial del gasto público en enseñanza privada. La política de vivienda, además, ha empoderado a los especuladores antes que a los inquilinos: el precio de la vivienda está en máximos históricos, superando los niveles de la burbuja inmobiliaria, con una subida interanual del 12%. Este es el precio de la integración en la eurozona: BlackRock, Vanguard y Blackstone explotan la arquitectura institucional que obliga a los Estados a los mercados de deuda, financiando soberanos mientras extraen rentas. Si se le añade el 2% en gasto militar de España, la coyuntura solo puede resolverse mediante una nueva forma de austeridad.

Para justificarlo, el método sanchista ha mutado del keynesianismo pandémico al «neoliberalismo militar», movilizando el gasto en defensa más grande de la historia del país y presentando al sector militar como la única forma de alcanzar la prosperidad económica nacional. Solo en las dos semanas de las Navidades, Defensa adjudicó 15.800 millones a empresas privadas –cuya facturación bate récords históricos en España– para cumplir con la OTAN. Cuando el rearme es el sentido común de nuestro tiempo, poco importan las poses humanitarias ante las cámaras. La sociedad civil queda aturdida y la ultraderecha politiza el malestar. Como si fuera una profecía electoral autocumplida, la lógica securitaria desplaza la deliberación democrática.

El problema de fondo, avisaba Evgeny Morozov hace años, es la falta de imaginación institucional de la socialdemocracia desde la Tercera Vía –una ideología según la cual el mercado es el único mecanismo posible para responder a los problemas políticos. Hoy, el solucionismo tecnológico sirve como la expresión más contemporánea de ese agotamiento: la promesa de que las apps, las plataformas y las herramientas de inteligencia artificial pueden despolitizar las cuestiones de redistribución y poder. Esta es precisamente la mina política a evitar para desafiar a la ultraderecha, porque cuando los partidos progresistas abandonan la tarea de construir instituciones públicas robustas en favor de parches tecnocráticos, ceden el terreno de la agencia colectiva y la soberanía democrática que la derecha ocupa con mitologías nostálgicas y resentimiento nihilista.

Y, de nuevo, nadie encarna esta situación como Pedro Sánchez. La estética almodovariana –esa fusión de lo trash del folklore popular con una genuina ambición artística– hoy sobrevive en buena medida a través de las inversiones multimillonarias de Netflix en la industria cultural española. En un momento de austeridad permanente, en que la ideología dominante profesa hacer más con menos, la narrativa transgresora de la España postfranquista se reduce a la promesa de hacer la administración pública más eficiente gracias a las bases de datos de Microsoft. Lo que fue una imaginación política enraizada en la reinvención cultural se ha convertido en una colaboración público-privada.

¿La ensoñación de una política industrial innovadora y sostenible, centrada en el desarrollo de los talentos jóvenes? Se ha externalizado a Amazon y Google. España se proyecta como un hub europeo de centros de datos, con inversiones que superarán los 90.000 millones de euros en la próxima década. Tras la pandemia, las plataformas de las Big Tech comenzaron a ser las únicas disponibles para acceder a la educación, la salud y la movilidad. La estrategia de defensa depende ahora de satélites de comunicaciones militares de SpaceX, y el Ministerio de Defensa ha implementado el software de Palantir en el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Los puestos de mando del Estado español han sido silenciosamente entregados a Silicon Valley –y casi nadie se ha percatado.

El método sanchista ha mutado del keynesianismo pandémico al neoliberalismo militar, movilizando el gasto en defensa más grande de la historia del país y presentando al sector militar como la única forma de alcanzar la prosperidad económica nacional.

¿La respuesta del Gobierno? Atacar a Elon Musk en su propia plataforma y prohibir las redes sociales a menores de dieciséis años. Este es el clásico juego de manos de Sánchez: regular los servicios y el acceso a los productos de las plataformas mientras entrega la infraestructura subyacente. Que cualquier adolescente con una VPN pueda saltarse la prohibición revela la lógica operativa del populismo digital: dicotomizar, fabricar al villano, hegemonizar el miedo tecnológico. El gesto es quijotesco más que laclausiano. Los molinos devienen gigantes mientras la alianza estructural entre ultraderecha y Silicon Valley permanece intacta, naturalizada, invisible.

La tradición de los oprimidos a la que apela la socialdemocracia solo pervivirá en el tiempo si arrebata el control de la narrativa del futuro al capitalismo autoritario. Para ello, debe volver a las raíces del progresismo: un proyecto que abole las jerarquías de raza, género y clase para permitir a cada individuo alcanzar su potencial a través de entornos mediados social e institucionalmente. La creatividad, el devenir y el descubrimiento, dice Morozov, son sus valores nucleares. Europa los ha construido y escalado a través del Estado de bienestar, pero también de instituciones culturales y mediáticas. Si las fuerzas neoliberales están ganando, es porque han logrado posicionar al mercado como la única institución que facilita estos procesos. El objetivo es construir infraestructuras públicas e instituciones sociales para aprovechar el hecho de que todas las personas, en el fondo, inventamos nuevas técnicas y formas de acción para sortear problemas genuinamente desconocidos y acuciantes.

Estas discusiones más excitantes –así como el arduo trabajo de articular una nueva formación histórica que responda al bolchevismo de Vox y MAGA en sus propios términos– todavía escapan a las capacidades mismas del lenguaje político español. La crisis del sanchismo ha vuelto a poner al país en la casilla de salida: tensionado por la precariedad, ingobernable. Pero esta vez es la ultraderecha –y no la izquierda– la que llega a los territorios rurales y a la clase trabajadora. Los conflictos sociales llegarán. ¿Serán lo suficientemente poderosos como para reconfigurar el orden político, o el establishment bipartidista fabricará otra falsa clausura, instrumentalizando la amenaza fascista? En el 50 aniversario de la muerte de Franco, España está a punto de descubrir si la transición fue realmente completada o simplemente suspendida.

Esta es una versión traducida y extendida del ensayo del autor publicado originalmente en The Ideas Letter

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