Ni el volantazo de Toto Caputo para que el Indec no publique el nuevo índice de precios logró frenar a la inflación que marcó un altísimo 2,9 por ciento en enero y acumula ocho meses consecutivos al alza. Un dato letal para el relato libertario de la «desinflación» y las promesa de Milei que en agosto el IPC comenzará con cero.
El ministro de Economía había asegurado la semana pasada que la inflación de enero estaría en torno al 2,5 por ciento, pero la realidad fue mucho más áspera. El índice manipulado por Caputo dio casi medio punto más y el gobierno solo pudo zafar de que empiece con 3, un fantasma que recorría la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.
LPO había revelado la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.
El ministro y sus voceros oficiosos aseguraron que el nuevo índice hubiese dado una décima menos que el actual, pero la realidad es que todos los analistas serios explican que por la mayor ponderación de los servicios la cifra daría más alta. El 2,9% con el índice viejo confirma la primicia de LPO, que luego fue replicada por otros medios.
Es obvio que con la nueva ponderación el IPC se iba a ubicar por encima del 3%, una bomba neutrónica para Milei y Caputo, que justifican el fenomenal ajuste que castiga el consumo, el empleo y el poder adquisitivo, en el logro estratégico de bajar la inflación a niveles regionales, esto es alrededor del 5% anual. Ahora, para hablar de un proceso de desinflación, la inflación tiene que bajar, no subir ni acelerarse como está ocurriendo.
LPO reveló la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.
El papelón de Caputo fue múltiple. Primero porque forzó la renuncia de Lavagna y detonó la credibilidad del Indec al frenar la actualización de un índice anunciado varios meses atrás, con el único objetivo de que no el índice no empezara con 3 y terminó apenas una décima abajo. En el medio, violó el secreto estadístico del Indec anunciando que daría 2,5% y terminó casi medio punto arriba, dando una señal de incertidumbre total.
El ridículo también fue grosero de las consultoras amigas del gobierno que salieron a coro a anunciar que la inflación sería de 2,4 por ciento, en un intento burdo por legitimar la intervención de Caputo en el Indec. El analista Fernando Marull, por ejemplo, sostuvo que si el índice daba más de 2,5 o 2,6 «estás siendo operado».
Un dato alarmante del índice de enero es que alimentos dio 4,7 por ciento, lo que golpea de lleno a los sectores más postergados de la economía y hará repuntar la canasta de pobreza. En el Conurbano bonaerense los alimentos subieron 5,5 por ciento, casi el doble que el promedio general de inflación.
Además, también burla a los analistas caputistas que sostenían que el índice porteño, que dio 3,1 por ciento, estuvo empujado por productos estacionales como el turismo y no por la inflación núcleo.
El gobierno de Javier Milei se aseguró el apoyo a la reforma laboral en el Senado luego de que Toto Caputo cediera y aceptara retirar el capítulo de Ganancias, como pedían los gobernadores.
La posición de las provincias se terminó de aceptar esta mañana durante una reunión de la mesa política en la que entre otros participaron el ministro de Economía y los encargados de negociar la ley, Diego Santilli y Patricia Bullrich. Por la tarde, la jefa del bloque de La Libertad Avanza el acuerdo con los dialoguistas en una conferencia junto a los aliados del Senado.
El ministro del Interior y la senadora terminaron siendo internamente los ganadores, aunque a nivel general se impuso la postura de los gobernadores que no aceptaban el capítulo de Ganancias. La decisión de retirarlo confirma que el oficialismo no tenía los votos para sacar la ley sin cambios, a pesar que filtraban que estaban «sobrados» de votos.
LPO había adelantado el lunes que Patricia convocó a una reunión de urgencia a los jefes de bloques aliados para sacar la baja de Ganancias de la reforma laboral, en alerta porque LLA no tenía asegurado los votos para la sesión del miércoles.
Meter la baja de ganancias en la reforma laboral fue idea de Toto y ahora le cuesta aceptar la derrota.
La reunión duró casi cuatro horas y los aliados se fueron con la idea de que el Gobierno sacaría el capítulo de Ganancias, pero faltaba el aval final de Toto Caputo que se había negado sistemáticamente a ceder, pese a los insistentes pedidos de Bullrich y Diego Santilli, a cargo de conseguir los votos para la reforma.
«Meter la baja de ganancias en la reforma laboral fue idea de Toto y ahora le cuesta aceptar la derrota», afirmó a LPO un senador al tanto de las negociaciones.
Como contó este medio, la dureza del ministro se aflojó con el dato de la recaudación de enero, que cayó 7 puntos en términos real y marcó su sexta baja consecutiva. En un sector del gobierno empezaron a preocuparse y entendieron que no es momento de seguir resignando recursos.
Para los gobernadores, que viven la misma caída de la recaudación que Nación, no había manera de resignar cuatro puntos de ganancias. El primero en alertar sobre el impacto de esta reforma en las cajas provinciales fue el diputado Guillermo Michel en una columna exclusiva para LPO.
En un principio, Caputo había barajado la alternativa de que la baja de ganancias a las empresas recién se active cuando la economía crezca al 4 por ciento, como una especie de cláusula gatillo. Luego, sugirió que se podría patear para 2028 como una forma de mantener el relato de la baja de impuestos.
Otro dato de último momento en las negociaciones es que también se caería el traspaso del fuero laboral a la Ciudad. En el oficialismo dicen que Victoria Villarruel habría sido clave en evita el traspaso, en un abierto desafío a Milei. Pero no está claro como haría la vice para bloquear un artículo que está en la ley que votarán senadores que no le responden.
Las tensiones generadas la semana pasada en la policía santafesina tuvieron un marcado rebrote la noche del lunes. Grupos de familiares y allegados a efectivos activos volvieron a congregarse en la Jefatura de Rosario. Esta vez la situación fue más grave porque hubo patrulleros que no salieron a cumplir el servicio. También una decisión del jefe de policía de la provincia, Luis Maldonado, de desalojar por la fuerza a los que bloqueaban el ingreso del edificio policial. Lo que generó corridas, gritos y situaciones de conflictividad que se mantuvieron durante la madrugada.
Temprano a la mañana el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció medidas drásticas. Separó dos circunstancias que calificó como claras. Por un lado, dijo que se debía diferenciar los reclamos legítimos de aumento y bienestar policial, que el gobierno había acompañado con medidas hace siete días, que admitió deben profundizarse. Pero remarcó que estos malestares fueron aprovechados por actores separados de la fuerza por corrupción que se plegaron a las manifestaciones.
Anunció que a veinte policías que hicieron abandono de servicio se los puso en disponibilidad, con quite de arma reglamentaria, chaleco y credencial. Y que se impulsaron denuncias penales en fiscalía porque se resintió el servicio de seguridad con un perjuicio a la comunidad. También admitió el ministro que esta vez aunque no se dieron situaciones graves el servicio resultó afectado porque unos 20 patrulleros sobre 80 del turno nocturno no salieron a la calle.
Tras los anuncios la situación no pareció desinflarse. Personas cercanas a los policías permanecían en el portón de la Jefatura rosarina donde había estacionados en el exterior no menos de 40 patrulleros.
También la medida tuvo su correlato en la ciudad de Santa Fe, donde unos 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano, fueron llevados hacia la División Judiciales de la Jefatura de la capital provincial, donde se les retiraron las armas, según contó la periodista Ivana Fux. Desde el lunes familiares, retirados y personas de civil se habían concentrado para protestar en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a LPO que la Subsecretaría de Control no había iniciado actuaciones en esa ciudad.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas y hacer reclamos que aglutinan a todo el personal.
La semana pasada con los reclamos escalando el gobierno otorgó 500 mil pesos a los policías de calle, 250 mil a los choferes de patrulleros y anunció medidas para la contención policial, en especial luego de que el suicidio de Oscar Valdez, un efectivo de 32 años en la Jefatura de Rosario generara demandas explícitas de atención a situaciones de precariedad de salud integral de las fuerzas de seguridad.
«La protesta legítima, el reclamo legítimo por mejorar las condiciones de trabajo, nosotros los seguimos acompañando. Toda policía que hace correctamente su trabajo y que nos ha permitido llevar adelante una política de seguridad que ha bajado drásticamente los niveles de violencia que azotaban esta provincia la vamos a seguir defendiendo», dijo Cococcioni.
«Ahora sobre este reclamo legítimo se montaron y tenemos detectada a sectores desplazados de la policía de Santa Fe, en algunos casos vinculados a gravísimos delitos de corrupción, cuyos perpetradores hoy están privados de libertad. Esto nosotros no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución policial y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad, que tanto trabajo nos costó poner en orden en la provincia de Santa Fe, es una línea que nosotros no vamos a dejar cruzar», sostuvo.
El ministro de Seguridad dijo que al menos 20 funcionarios policiales, «y seguramente algunos más que irán siendo identificados mediante labores investigativas que se están desarrollando», fueron puestos en disponibilidad. «Además, estamos haciendo actuaciones de todo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para que investigue posibles ilícitos penales de los funcionarios policiales y de estos grupos marginales y desplazados de la Policía de Santa Fe, que claramente no se resignan a que han perdido la posición de poder y de privilegio que obtuvieron en otro momento».
Cococcioni dijo que esta madrugada, a diferencia de la semana pasada, hubo afectación de la prestación de tareas. «Si bien no ha afectado sustancialmente la seguridad esta medida, si objetivamente no menos de 20 unidades de patrulla urbana abandonan su servicio en plena jornada, objetivamente eleva los niveles de riesgo. Y hasta me atrevería a decir que le acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por culpa de esa acción de incumplimiento de sus deberes funcionales».
«Se puede dialogar para mejorar las condiciones de trabajo, se puede organizar mejor las jornadas de trabajo, totalmente de acuerdo. Ahora, no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública, la seguridad de todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Estas acciones ilícitas, antijurídicas y en algunos casos violentas, entendemos que quieren golpear la política de seguridad, que es una política de seguridad exitosa. A quien le guste, esta es la política que en conjunto con el gobierno nacional y con el Ministerio de Seguridad Nacional, está bajando el delito y está bajando la violencia, en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Así que acá es donde trazamos una raya que no estamos dispuestos a permitir que se cruce», subrayó el ministro.
En Rosario la situación mostró escenas de mayor convulsión aunque no se llegó a hechos de violencia física, aunque sí hubo contacto cuerpo a cuerpo cuando efectivos de custodia dispersaron del portón de Jefatura a los manifestantes, que a viva voz los insultaban por no reconocerlos como camaradas
Tras el anuncio de sanciones y el duro mensaje del ministro no dispersó durante la mañana a los allegados a los familiares y cercanos que seguían apostados frente a la Jefatura de Rosario. En ellos los reclamos eran de mejoras salariales, de prestaciones integrales para la salud mental en una profesión sometida a altos niveles de estrés, y a que resuelva cambios en el régimen horario, que complican el descanso adecuado para una enorme cantidad de suboficiales que están en las ciudades del sur de la provincia pero que son oriundos del norte y tienen que cubrir distancias de hasta 800 kilómetros cuando retornan. El policía con carpeta médica que se suicidó el sábado pasado en Jefatura era de Vera que está a 450 kilómetros de Rosario donde estaba asignado.
«Intentaron dividir con los anuncios, alimentos para unos pocos. Estamos pidiendo que el aumento sea para toda la policía, no para unos pocos», declaró el abogado Gabriel Sarla, un ex policía santafesino que estuvo la semana pasada como interlocutor de los que protestaban en las conversaciones ante el Ministerio de Seguridad que derivaron en los anticipos de beneficios no remunerativos.
«El conflicto ha tomado una escala que no queríamos», reconoció. «Era pacífico pero un hecho desafortunado anoche, cuando el señor Maldonado decidió reprimir, lo que hizo que los policías vengan a apoyar a sus familiares. Una mujer embarazada recibió gas pimienta», comentó el abogado a Cadena 3 Rosario.
Pero como resaltó LPO el día que se hicieron los anuncios, las mejoras económicas no llegan a la totalidad de la fuerza sino a un 40 por ciento que es la que realiza las prestaciones operativas de seguridad en calle. Y además se trata de sumas no remunerativas. Desde la zona de la protesta, un oficial le comentó a este medio por qué el cortafuegos ensayado por la provincia no satisface.
«Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario. Esto a los policías que tienen que viajar seis o siete horas ida y vuelta hacia sus destinos no les resuelve gran cosa», dijo el oficial con veinte años de servicio.
Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario
Esta es una de las protestas más fuertes surgidas en Rosario desde la muerte en 2005 del agente Diego Navarro cuando custodiaba un supermercado, que tuvo sin embargo una magnitud incomparable, porque la ciudad quedó entonces sin servicio policial, bajo el gobierno de Jorge Obeid. Lo que derivó en que más de 300 gendarmes fueran transferidos a Rosario para realizar tareas de patrullaje urbano.
Según fuentes de la Casa de Gobierno santafesina, la administración de Pullaro se propone cortar de raíz cualquier situación que implique una escalada del conflicto. En la calle pese a los anuncios disciplinarios la tensión no se había disipado.
«Yo estuve en el acuartelamiento cuando mataron a Navarro en el súper Azul en 2005», decía un policía con mando medio a LPO desde el lugar donde siguen los familiares. «Esa vez nos conformaron con un par de borcegos, con el retiro de las viejas pistolas 11.25 que se trababan como le pasó a Navarro y con el aumento del adicional. Pero ahora es distinto. La policía está mejor soportada en sus demandas y además hay una situación económica que vuelve comprensibles los reclamos», le comentó a La Política Online otro policía cercano a los 50 años desde las inmediaciones a Jefatura rosarina.
Continúa la guerra de arenas y los Werthein, La Nación y Fenix Entertainment competirán por quedarse con la concesión de Tecnópolis por los próximos 25 años.
Tres empresas se anotaron en la controvertida licitación que lanzó el gobierno: el ejecutivo solo dio un mes para presentar los proyectos para un predio de 54 hectáreas y hay sospechas de direccionamiento.
El gobierno dio 20 días de prórroga para presentar los dossiers, pero, a pesar de los pedidos de varias productoras, decidió cerras las inscripciones el 9 de febrero.
Lo más complejo del proceso es juntar los avales. Si se estiman 600 mil dólares mensuales por alquiler, son cerca de 180 millones de dólares para 25 años.
La Nación controla el Movistar Arena de Villa Crespo, uno de los principales espacios para recitales en la Ciudad. Además, en diciembre de 2025 se quedó junto a Clarín con el predio de Costa Salguero que en los años 2000 albergó decenas de fiestas electrónicas.
Como contó LPO, el grupo se expendió hacia el sector de feria y espectáculos ante el declive de los medios de comunicación. Ahora presiona fuerte para que le suspendan a DF Entertainment la obra del Luna Park que competiría con el Movistar Arena.
Fenix pertenece a Marcelo Fígoli y produjo recitales multitudinarios en los últimos años: organizó shows de Roger Waters, Ricky Martin, Shakira, The Rolling Stones, Luciano Pavarotti y Rod Stewart. Además del Parque de la Costa, Fígoli es el dueño de Radio Rivadavia y de Rock & Pop.
Foggia es una productora muy cercana a Karina Milei. Mara Gorni, mano derecha de la hermana presidencial, fue una de las dueñas de la empresa. La funcionaria le cedió a su pareja, Marcelo Dionisio, el control de la compañía.
Las luces amarillas que vienen encendiéndose en distintas empresas ligadas al agro ahora alcanzaron a Metalfor, una de las fábricas de maquinaria agrícola más emblemáticas del interior productivo, que dejó un tendal de cheques rechazados por 120 millones.
El presidente de la empresa, Eduardo Borri, admitió que sufrieron episodios de «estrés financiero», pero en diálogo con LPO dijo que «el problema está resuelto». Lo curioso es que los problemas financieron coincidieron con el anuncio de un crédito por USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).
Como sea, Borri atribuyó los cheques impagos a «una combinación de factores», entre los que mencionó el encarecimiento abrupto del crédito, el cierre del mercado de capitales y un efecto contagio provocado por la crisis de otras firmas del sector.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Metalfor no es una empresa menor. Con más de 50 años de trayectoria, especializada en pulverización y fertilización, construyó un modelo de negocios poco habitual en la industria: integra toda la cadena comercial, con locales propios en lugar de concesionarios, toma máquinas usadas como parte de pago, las reacondiciona y las vuelve a colocar en el mercado entre pequeños productores y contratistas.
La empresa tiene dos plantas en Marcos Juárez, una en Noetinger y una unidad industrial en Ponta Grossa, en el estado brasileño de Paraná. En total emplea a unas 1.100 personas, muchas de ellas en localidades de menos de 10 mil habitantes. «Nuestro impacto se multiplica por cuatro en los lugares donde estamos», subrayan en la compañía, conscientes del peso político y social que tiene cualquier ruido financiero en el interior profundo.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Según Borri, el punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. «Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando», explicó. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Metalfor canceló cerca de 20 millones de dólares en obligaciones negociables y recibió una capitalización adicional de 10 millones de dólares por parte de sus accionistas.
En paralelo, la empresa gestionaba un crédito clave con la Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del Tesoro de Estados Unidos. El financiamiento, por unos 50 millones de dólares, terminó llegando más tarde de lo previsto, luego de completar su aprobación en el Senado norteamericano. «Fuimos la única empresa argentina aprobada en 2025», remarcan en Metalfor. Esos fondos se destinaron a cubrir el financiamiento que la firma tiene colocado en clientes y a ordenar su exposición en el mercado de capitales.
Una de las plantas de Metalfor.
El episodio de los cheques rechazados, que volvió a instalar el ruido en los últimos días, se dio en medio de un clima general de desconfianza y dificultades en la cadena de pago. La semana pasada, el presidente de Adeba advirtió públicamente sobre el fuerte aumento de cheques rechazados en el sistema, un dato que golpea de lleno a las empresas que dependen del financiamiento comercial para sostener ventas.
El punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando.
Además, en el complejo industrial apuntan contra el funcionamiento del pagaré bursátil, un instrumento que se expandió con fuerza en los últimos años. «Cuando emitís una obligación negociable sabés a quién le debés. Con el pagaré bursátil no, y hubo una exageración en el uso de ese producto», contó a LPO un empresario de Santa Fe.
El tema se complicó aún más luego de la sequía histórica de 2023 que agregaron malas calificaciones crediticias y el escenario se terminó de entorpecer con reacomodamiento posterior a la devaluación del cambio de gobierno.
El caso Metalfor vuelve a exponer una tensión de fondo que recorre al agro y a la industria: empresas con facturación relevante -en este caso, unos 125 millones de dólares anuales- que dependen cada vez más de un mercado de capitales chico, caro y volátil, y que quedan expuestas a cualquier sacudón sistémico. «Si se eliminan las retenciones, el gringo compra de todo», resumen en la firma, como síntesis brutal de un problema estructural que va mucho más allá de un cheque rechazado.
Luis «Toto» Caputo pidió que los argentinos lleven sus ahorros a los bancos tras la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal y desde el peronismo le pidieron que predique con el ejemplo.
«Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco», dijo el ministro de Economía, luego de más de dos años de mandato.
«Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico; podríamos bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios. Además, cobrarían un interés por sus dólares. Todo beneficio», dijo Caputo.
La senadora peronista Juliana di Tullio salió a chicanearlo en Twitter. «Hay que dar el ejemplo Toto! Traé la que tenés afuera y ponela en el Banco Nación», dijo Di Tullio.
«Primero quiero ver si vos la traes y la depositas acá», dijo con la misma tesitura el economista Roberto Cachanosky, que además compartió una captura de Chequeado que recuerda que Toto declaró un patrimonio de $11.800 millones y mantiene dos tercios en cuentas del exterior.
