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La Libertad Avanza tuvo una performance catastrófica en las elecciones municipales de Santiago del Estero y solo consiguió tres bancas de concejales entre las 194 que se pusieron en juego en toda la provincia.
Gerardo Zamora festejó los más de 60 puntos obtenidos en la capital. Allí, a pesar de una enorme inversión publicitaria, La Libertad Avanza cosechó poco más del 12% y quedó cerca del empate técnico con el macrista Facundo Pérez Carletti. Beatriz Yunez, la postulante libertaria había terminado su campaña junto a Iñaki Guiérrez y Eugenia Rolón.
La gran apuesta libertaria fueron La Banda y Termas de Río Hondo, pero en ambos municipios hubo fracasos rotundos.
En La Banda, el segundo distrito en importancia, hubo alta abstención y votó menos del 40% del padrón. Allí el Frente Cívico sacó más del 50% de los votos y ganó la ciudad tras 20 años de gobiernos peronistas. Los libertarios arañaron el 5%.
En Termas de Río Hondo el peronismo dio el batacazo y volverá a gobernar la ciudad tras 20 años de hegemonía del Frente Cívico. Los libertarios quedaron últimos con el 4,71%.
Tras la debacle libertaria, las miradas apuntaron a Tomás Figueroa, el armador de LLA apadrinado por Martín Menem. Figueroa consiguió videos de apoyo de Diego Santilli y Patricia Bullrich, pero no logró traducirlos en votos.
Los memoriosos recuerdan que en 2019 Figueroa fue el segundo mayor aportante a la campaña del Frente de Todos que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El actual armador libertario puso casi 40 mil dólares.
El 10 de octubre de 1927 comenzaba a funcionar en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, una iniciativa que colocó a la Argentina entre los pocos países del mundo capaces de desarrollar una industria aeronáutica propia. Durante décadas produjo aviones, motores, automóviles y tecnología nacional, formando generaciones de técnicos e ingenieros. Su historia es también la historia de un proyecto de país que apostaba a que el conocimiento, la industria y el Estado podían convertirse en herramientas de soberanía.
Por Redacción de NLI
En la Argentina del siglo XXI, acostumbrada a escuchar que casi cualquier desarrollo tecnológico debe venir desde afuera, puede resultar extraño imaginar que hubo un tiempo en que el país diseñaba y fabricaba sus propios aviones. Sin embargo, durante buena parte del siglo XX, Córdoba fue uno de los centros industriales más importantes de América Latina y la Fábrica Militar de Aviones (FMA) fue el corazón de un proyecto que buscaba algo más que producir máquinas: buscaba construir capacidades nacionales.
La creación de la FMA en 1927 no fue un hecho aislado. Formó parte de una etapa en la que distintos sectores del Estado argentino entendían que la independencia política también necesitaba una base económica y tecnológica propia. En un mundo donde las potencias industriales utilizaban el desarrollo científico como una herramienta estratégica, contar con una industria aeronáutica significaba reducir la dependencia externa y formar trabajadores especializados.
La elección de Córdoba tampoco fue casual. La provincia ya contaba con una tradición industrial y una ubicación estratégica dentro del territorio nacional. Alrededor de la fábrica comenzó a crecer un entramado de escuelas técnicas, proveedores, talleres y profesionales que convirtieron a la ciudad en un polo de conocimiento e innovación.
Durante sus primeras décadas, la producción estuvo vinculada principalmente a las necesidades de la defensa nacional. Pero con el tiempo la fábrica amplió sus objetivos y se transformó en un símbolo de una idea más ambiciosa: que la Argentina podía desarrollar tecnología propia y competir en áreas reservadas tradicionalmente a los países centrales.
La etapa de mayor expansión llegó durante mediados del siglo XX, cuando la fábrica pasó a formar parte de un proyecto industrial más amplio impulsado por el Estado. Durante esos años, la FMA dejó de ser solamente una planta aeronáutica para convertirse en un complejo capaz de desarrollar múltiples ramas productivas.
Allí nacieron proyectos que marcaron la historia industrial argentina, como el avión Pulqui II, uno de los desarrollos aeronáuticos más avanzados de su época, diseñado con participación de ingenieros argentinos y especialistas internacionales. También surgieron experiencias vinculadas a la fabricación de automóviles, motores y maquinaria.
Uno de los capítulos más recordados fue el nacimiento del IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) en 1952, que permitió avanzar en la producción de vehículos nacionales. De sus líneas salió el Rastrojero, un utilitario pensado para el trabajo rural que se convirtió en un símbolo de la industria argentina y de la posibilidad de producir bienes adaptados a las necesidades locales.
Detrás de esos proyectos había una concepción económica determinada: la Argentina no debía limitarse a exportar materias primas e importar productos elaborados. El objetivo era construir una estructura industrial propia, capaz de generar empleo calificado y agregar valor dentro del territorio nacional.
La historia posterior de la Fábrica Militar de Aviones estuvo atravesada por los cambios políticos y económicos del país. Cada etapa modificó la orientación del complejo. Los golpes de Estado, las crisis económicas, los cambios en las políticas industriales y las transformaciones del modelo productivo fueron debilitando una estructura que durante décadas había acumulado conocimiento.
Con la llegada de las políticas de apertura económica de fines del siglo XX, muchas industrias nacionales perdieron protección frente a la competencia internacional. La reducción del papel del Estado como impulsor del desarrollo tecnológico afectó especialmente a sectores donde los tiempos de maduración son largos y las inversiones requieren planificación sostenida.
La fábrica pasó por distintos procesos de transformación hasta convertirse en FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), actualmente bajo control estatal. Sin embargo, su historia sigue siendo utilizada como ejemplo de una discusión que atraviesa a la Argentina: qué lugar debe ocupar el Estado en áreas estratégicas donde la iniciativa privada muchas veces no tiene incentivos para invertir.
El debate sobre la Fábrica Militar de Aviones vuelve a cobrar actualidad cada vez que Argentina discute su modelo de desarrollo. En los últimos años, las políticas de reducción del gasto público impulsadas por el gobierno de Javier Milei reabrieron una discusión histórica sobre el rol del Estado en la producción, la investigación y la defensa de capacidades nacionales.
Desde la mirada libertaria, muchas de estas estructuras son presentadas como gastos innecesarios que deberían quedar sujetos a la lógica del mercado. Sus defensores, en cambio, sostienen que existen áreas donde un país no puede depender exclusivamente de proveedores externos porque perder capacidades tecnológicas implica perder soberanía.
La discusión no es solamente económica. Un ingeniero formado en una empresa estatal, un técnico especializado o un desarrollo tecnológico propio representan conocimientos acumulados durante décadas. Cuando una estructura industrial desaparece, no solamente se pierde una fábrica: se pierde una comunidad de saberes difícilmente recuperable.
La experiencia internacional muestra que incluso los países que defienden economías de mercado sostienen fuertes políticas estatales en sectores estratégicos como aeronáutica, energía, semiconductores o defensa. La diferencia no suele estar en si existe o no intervención estatal, sino en qué objetivos persigue y cómo se administra.
La historia de la Fábrica Militar de Aviones es, en definitiva, la historia de una pregunta que Argentina todavía no resolvió: si quiere ser un país que solamente compra tecnología producida por otros o uno capaz de crearla. Aquella fábrica cordobesa que comenzó a funcionar en 1927 demostró que existían trabajadores, científicos e ingenieros capaces de construir proyectos de enorme complejidad. Su legado no está solamente en los aviones que produjo, sino en la idea de que el desarrollo nacional también se construye fabricando conocimiento.
La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.
El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.
Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.
Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.
«Cristina se podría presentar a las PASO», advierte el nuevo abogado de la ex presidenta
Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable.
Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.
En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.
Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.
La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina.
Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.
Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina.
La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.
Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.
La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.
El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.
La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.
Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.
Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.
Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.
El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».
Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».
El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.
Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.
Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.
El talón de Aquiles del proyecto de reelección de Martín Llaryora como gobernador de Córdoba es la gestión de la capital provincial de Daniel Passerini, que arrastra muy bajos niveles de aceptación. Muy consciente de este flanco, el gobernador lanzó un impactante plan de obras para las principales ciudades de la provincia, pero que tiene como eje a Córdoba Cital.
«No hay nada, si no existe Llaryora 2027. En otras palabras: en Córdoba, el peronismo se acaba por un buen tiempo si se termina Llaryora». Así graficó una de las personas que más conoce al gobernador cordobés el escenario que vive el oficialismo provincial de cara al 2027 y donde el único objetivo que prevalece al resto es el operativo reelección del mandatario.
Dentro de ese marco, la primera consigna es surfear la ola de la sintonía fina con la Nación sin alterar al peronismo duro, pero dando señales al Círculo Rojo y, en este tramo, diferenciarse del modelo libertario sin gritar ni exponerlo. Esto último con fondos que empezarán a derramar en los municipios más grandes de la provincia de Córdoba en formato de obras y por un monto global que alcanza los 130 mil millones de pesos.
Preocupación en el equipo de Llaryora porque la gestión de Passerini en la capital no levanta
La consigna es impregnar la lógica en las ciudades más grandes de un gobernador que fue intendente y que considera que lo básico debe estar al cien por ciento: bacheo, alumbrado y espacios verdes. Parte de lo que hizo en la capital cordobesa antes de ser gobernador.
«Llaryora es muy del intendente del interior del interior y lo va a repetir en las ciudades grandes. Lógicamente, entiende que Córdoba no está como cuando él era intendente y la Ciudad será la que más reciba esos fondos, hay que levantar la imagen en la Capital para lograr la reelección», dijo un funcionario que conoce detalles de esa inyección de fondos para obras, que incluyen la construcción de dos grandes viaductos elevados, uno inaugurado semanas atrás y otro en marcha.
Llaryora entiende que Córdoba no está como cuando él era intendente y la Ciudad será la que más reciba esos fondos, hay que levantar la imagen en la Capital para lograr la reelección.
Pero además de la capital cordobesa se incluirá en el plan de obras a Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Alta Gracia y también aquellas que no son gobernadas por el PJ, siempre y cuando haya sintonía con el intendente.
En el entorno del gobernador saben que hay municipios que están al límite y sienten, desde hace varios meses, la ausencia de llegada de fondos de la Nación. Suplir eso es una manera de diferenciarse sin lanzar dardos en redes o mensajes públicos.
El intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini.
Por otro lado, la relación de Llaryora y Passerini, entró en una fase de menos tensión según reconocen en ambos campamentos.
«Hubo una propalación de ambos lados que no le sirvió a nadie. Entonces, creo que lo mejor fue entender que el objetivo es uno solo y que para que se cumpla se tienen que dar una serie de factores. Entre ellos levantar el caudal de votos en la Ciudad que tiene una caída y no sólo por responsabilidad de Daniel», dijo un funcionario provincial.
Acá se abren dos aspectos en la necesidad de revincularse de Llaryora con la capital cordobesa: por un lado, con la sociedad para repuntar en términos de imagen a cuando él fue intendente; por el otro, igual de complejo, con la dirigencia del PJ capitalino. Atento a la carrera por la intendencia y los ruidos que contó en su momento LPO.
Para ambos, la receta puede estar en relacionarse de la manera que lo hizo el exgobernador Juan Schiaretti cuando decidió, hace cuatro años, aplacar las tensiones con el llaryorismo entendiendo el objetivo de sucesión de aquel momento.
Sin embargo, dentro de esa lógica apareció un factor que hizo ruido. Por su rol en el peronismo de la capital cordobesa, pero también por la banca que ocupa en el Senado. Ámbito clave de la negociación entre Milei y Llaryora.
La senadora Alejandra Vigo.
Porque la senadora Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, decidió desmarcarse de manera muy anticipada a la discusión por la venta ilimitada de tierras a extranjeros, anticipó su rechazo y le quita un voto central en la negociación que Karina mandó a hacer a Patricia Bullrich. Esto no cayó bien en el seno del llaryorismo que busca otra relación con Casa Rosada.
«Es coherente con lo que hizo siempre, no sorprende», dijo un llaryorista puro sobre la actitud de la esposa del exgobernador.
Los cinco millones de dólares que Hayden Davis transfirió a la Argentina antes del lanzamiento de Libra terminaron en una cueva que Mauricio Novelli utilizaba para pagarle a Javier y Karina Milei.
Davis mandó más de cinco millones de dólares a dos cuentas virtuales entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025. La primera transferencia ocurrió horas después de reunirse con Javier Milei en Casa Rosada.
Orlando Mellino, un jubilado, recibió US$1.015.000 de dólares, y el trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco cerca de US$4.000.000. El monto total de las transferencias coincide con la cifra de un contrato hallado en el celular de Novelli.
Según publicó La Nación, los más de cinco millones pasaron por una cueva de Vicente López donde un hijo de Mellino era socio y el trader colombiano, empleado. El destino final de la plata de desconoce, pero hay indicios.
Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra
Al día siguiente de la segunda transferencia, Mauricio Novelli fue junto a su madre y su hermana a una sucursal del Banco de Galicia en Vicente López y entró con bolsos negros al espacio en donde hay cajas de seguridad. Tras el escándalo, circularon imágenes de la madre y la hermana de Novelli haciendo el camino inverso.
Las transferencias de Davies terminaron en una cueva que Novelli conocía bien. Realizaba operaciones con frecuencia, en general para retirar dólares en efectivo.
En junio de 2023, cuando Milei ya estaba lanzado a competir por la presidencia, Novelli le pidió a su asistente apartar 2000 dólares «para la secretaria de Milei».
En un audio obtenido del celular de Novelli, el trader le indica a su asistente «coordinalo ahí con Camilo». Se refiere a varios pagos, entre ellos los del presidente, uno de los maestros de N&W Profesional Traders.
Más allá de las sospechas y los indicios, la causa por la estafa de Libra podría quedar paralizada. El juez Martínez De Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar. Semanas atrás, la esposa del magistrado fue confirmada por Milei como jueza federal.
