Sociedad

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    El ministro de Defensa apoyó la postura británica y justificó el hundimiento del Belgrano

     

    Una fuerte polémica se desató en las últimas horas luego de que el ministro de Defensa avalara la interpretación británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano, una de las heridas más profundas de la guerra de Malvinas. Sus declaraciones, que califican el ataque como un “acto de guerra”, no sólo generaron rechazo inmediato, sino que volvieron a poner en discusión el alineamiento internacional del gobierno libertario y su matriz ideológica.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un giro discursivo que no es aislado

    El hundimiento del ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982, que dejó 323 muertos, constituye uno de los episodios más trágicos de la historia argentina reciente. Desde entonces, amplios sectores sociales, políticos y de excombatientes lo han considerado un crimen de guerra, especialmente porque el buque se encontraba fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido.

    Sin embargo, el ministro eligió validar la postura británica, un gesto que no puede leerse como un hecho aislado. Se trata de una definición política que se inscribe en una lógica más amplia del oficialismo, donde la reinterpretación de hechos históricos aparece alineada con los intereses de las potencias centrales.


    La lógica de alineamiento automático

    El gobierno libertario ha construido, desde su llegada al poder, un esquema de política exterior basado en el alineamiento irrestricto con Estados Unidos y Europa occidental. Esta orientación no sólo se expresa en decisiones diplomáticas, sino también en el plano simbólico.

    Justificar el hundimiento del Belgrano como un “acto de guerra” implica adoptar la narrativa británica en uno de los puntos más sensibles de la historia nacional. No es una discusión técnica ni jurídica: es una toma de posición sobre la soberanía argentina.


    Del discurso soberano a la resignación narrativa

    Durante décadas, la Argentina sostuvo una postura firme respecto a Malvinas, denunciando el ataque como ilegítimo y manteniendo la causa como política de Estado. Esa construcción fue transversal a distintos gobiernos y funcionó como uno de los pocos consensos sólidos de la democracia.

    El cambio actual introduce una ruptura profunda: por primera vez en años, un funcionario de alto nivel se corre de esa línea histórica para validar, aunque sea parcialmente, la decisión británica.

    Este corrimiento se inscribe en una matriz ideológica que prioriza la subordinación geopolítica por sobre la defensa de intereses nacionales, una lógica que históricamente fue definida como “cipaya”.


    Un patrón que se repite en el gobierno de Milei

    Las declaraciones del ministro no son un hecho aislado dentro del gobierno de Milei, sino que se suman a una serie de decisiones y posicionamientos que van en la misma dirección.

    El alineamiento automático con potencias extranjeras, el desprecio por los mecanismos de integración regional y la relativización de conflictos históricos forman parte de un mismo patrón político. En ese marco, la validación del ataque al Belgrano aparece como una consecuencia lógica y no como un error individual.


    Malvinas, memoria y disputa política

    La causa Malvinas es mucho más que un reclamo territorial: es un eje central de la identidad nacional argentina. Por eso, cada declaración oficial sobre el tema tiene un peso político y simbólico enorme.

    Cuando un ministro justifica el ataque que provocó la muerte de 323 argentinos, está interviniendo directamente en la disputa por el sentido de la historia. No se trata sólo del pasado: se trata de cómo se construye el presente y qué lugar ocupa la soberanía en ese proyecto de país.


    Más que una polémica, una señal de época

    Lo ocurrido en las últimas horas no es simplemente una frase desafortunada, sino la expresión de una forma de concebir el rol de la Argentina en el mundo.

    Aceptar como propia la narrativa británica sobre el hundimiento del Belgrano implica un corrimiento profundo en términos políticos, históricos y simbólicos. Y en ese movimiento, queda expuesta una lógica de subordinación que atraviesa al conjunto del gobierno libertario.

    La discusión, entonces, excede a un ministro y se vuelve estructural: qué modelo de país se construye cuando incluso la memoria de Malvinas empieza a ser reinterpretada desde la mirada de las potencias.

     

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    El silencio y las mentiras: Milei, acorralado por los escándalos que no responde

     

    Un reciente artículo de El País expone con crudeza una dinámica que ya no puede ocultarse: frente a los escándalos de corrupción que rodean a su gobierno, Milei no explica, no responde y, en muchos casos, directamente niega o distorsiona los hechos.

    Por la Redacción de NLI

    Un silencio cada vez más ruidoso

    El texto de Hugo Alconada Mon publicado por El País pone el foco en un fenómeno central: el silencio selectivo de Milei. Mientras el presidente mantiene un estilo confrontativo para atacar opositores o periodistas, opta por el mutismo cuando las preguntas apuntan a los escándalos que salpican a su entorno.

    Según describe el artículo, ese silencio no es casual sino estratégico: evitar conferencias incómodas, elegir entrevistas sin repreguntas y esquivar ámbitos institucionales como el Congreso. En otras palabras, controlar el escenario para no dar explicaciones.


    El caso $Libra y la trama de fondo

    Uno de los episodios más graves señalados es el colapso del criptoactivo $Libra, promovido públicamente y que terminó generando pérdidas millonarias. Lejos de aclarar su rol, Milei habría minimizado o negado su participación, pese a las evidencias de su impulso inicial.

    Investigaciones previas ya habían advertido que el esquema presentaba características típicas de maniobras especulativas, donde unos pocos ganan mientras miles pierden sus ahorros.

    A esto se suman sospechas de vínculos con los impulsores del proyecto y posibles beneficios económicos indirectos, lo que agrava el cuadro político y judicial.


    Discapacidad, audios y denuncias

    El otro eje crítico es la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), atravesada por denuncias de corrupción en la compra de medicamentos. Audios filtrados de funcionarios cercanos al presidente describen un presunto sistema de sobornos que, según distintas denuncias, podría haber escalado hasta niveles altos del poder.

    Frente a esto, la respuesta oficial volvió a ser la misma: desmentidas genéricas, desplazamientos puntuales y ausencia de explicaciones de fondo.


    Mentiras, evasivas y construcción de relato

    El artículo también apunta a un patrón discursivo: cuando Milei habla, muchas veces no aclara sino que desvía, insulta o desacredita. En lugar de asumir responsabilidades, recurre a teorías de persecución política o directamente a negar los hechos.

    Esta lógica no es nueva. En episodios anteriores, el presidente ya había respondido a denuncias de corrupción calificándolas como “mentiras” sin aportar pruebas contundentes en sentido contrario.


    Una estrategia que erosiona la democracia

    El punto más fuerte del análisis es político: el problema no es solo la corrupción, sino la falta de rendición de cuentas. El silencio sistemático y las respuestas evasivas debilitan los mecanismos básicos de control democrático.

    El País advierte que este modelo —silencio ante lo incómodo, agresividad ante lo crítico— se parece a estrategias vistas en otros liderazgos globales, donde la verdad pierde centralidad y la comunicación se vuelve una herramienta de poder más que de transparencia.


    Cuando el silencio ya no alcanza

    La acumulación de escándalos, denuncias y contradicciones empieza a configurar un escenario complejo para el gobierno. Porque el silencio puede servir como táctica momentánea, pero no resuelve las preguntas de fondo.

    Y esas preguntas siguen abiertas: qué pasó con $Libra, qué ocurrió en la ANDIS, qué responsabilidades existen y, sobre todo, por qué el presidente elige no responder.

     

  • Ahora investigan un posible viaje de Adorni al Caribe

     

    En paralelo al abrazo de apoyo que Javier Milei le dio a Manuel Adorni en el acto por Malvinas, este jueves trascendió la revelación de otro viaje de placer presuntamente realizado por el jefe de Gabinete, esta vez a Aruba, entre fines de 2024 e inicios de 2025.

    De confirmarse el viaje de Adorni a la denominada «isla feliz» del caribe neerlandés, el presidente se queda sin margen para sostenerlo.

    En la semana, fuentes del Gobierno señalaron a LPO que, de surgir una nueva propiedad o viaje que tribute al frenético crecimiento patrimonial de Adorni, su tiempo en el gabinete estaba terminado.

    Según reveló el periodista Ignacio Ortelli, hay argentinos que veranearon en Aruba entre finales de 2024 y el 11 de enero de 2025 y que se estarían presentando como testigos de haber visto a Manuel Adorni en la isla.

    Ya durante el período del presunto viaje de Adorni a Aruba, algunos usuarios manifestaron en redes haberlo visto vacacionando en un hotel all inclusive de ese paraíso del caribe. 

    En ese sentido, se conoció que la Justicia está investigando en Migraciones la lista de vuelos de Adorni, quien había dejado trascender a través de su amigo Marcelo Grandío que su viaje a Punta del Este en un vuelo privado se enmarcaba en sus primeras vacaciones en dos años.

    A partir de la línea investigativa orientada hacia Aruba se conoció que, ya durante el período del presunto viaje de Adorni a esa isla, algunos usuarios manifestaron en redes haberlo visto vacacionando en un hotel all inclusive de ese paraíso del caribe.

    Eso, días después de que Javier Milei les pidiera a sus funcionarios evitar vacacionar en los destinos de lujo convencionales. 

    Ida: 24 de diciembre de 2024. Vuelta: 10 de enero de 2025. Destino: Aruba. Hotel: Tamarijn Aruba All Inclusive. Costo por ese periodo para dos adultos y dos menores: 12 mil dólares. Sumemos:U$S 200.000 para la compra de la casa en Indio CuáU$S 30.000 de adelanto para un…

    — Manu Jove (@manujove) April 3, 2026

    «El Presidente no recomienda dónde irnos de vacaciones, lo que nos pidió fue lógica, austeridad y razonabilidad. Y es lo que vamos a hacer todos», dijo Adorni en la conferencia de prensa del 17 de diciembre de 2024, una semana antes de volar al caribe.

    Es que, según reveló el periodista Manu Jove, Adorni viajó el 24 de diciembre de 2024 y regresó el 10 de enero de 2025. Se alojó en el Tamarijn Aruba All Inclusive, con un costo por ese periodo para dos adultos y dos menores de 12 mil dólares.

    La jubilada que le prestó cien mil dólares a Adorni pidió en 2025 un subsidio de $60 mil en la Ciudad

    Esta nueva línea investigativa surge tras conocerse que una de las jubiladas que le prestó a Adorni cien mil dólares para comprar un departamento en Caballito, le pidió al gobierno porteño un subsidio de 60 mil pesos mensuales.

    En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación ordenó valuar el costo de cada propiedad de Adorni y su financiamiento. 

    Al pelotudisimo de Adorni se lo cruzo una pariente en Aruba hace 2 dias parando en un hotel all inclusive pero claramente no trascendio porque tienen blindaje mediatico, y si trasciende igual nadie va a decir nada porque solo se indignan con las carteras de Cristina https://t.co/vNLdjUU1Tl

    — Ulipe (@UliPnz) January 8, 2025

     

  • Vinculan a la mejor amiga de Karina con la mansión misteriosa de San Isidro

     

    Andrea Juárez es la mejor amiga de Karina Milei y uno de los personajes más cuidados por el entorno presidencial, que la mantuvo al margen de cualquier exposición mediática.

    Juárez, que conoció a Karina cuando estudiaban relaciones públicas en la UADE, sólo dio una nota para la revista colombiana Gatopardo el día de la Lealtad de 2024. En la nota contó que conoció a la hermana del presidente en un clase de la facultad a la que llegó tarde y ambas se sorprendieron por tener la misma marca de mochila.

    Desde que su amiga llegó al poder, Juárez se mudó desde el Abasto al Chateau de avenida Libertador, cerca de la cancha de River. Fuentes libertarias dijeron a LPO que Andrea se tuvo que ir del Chateau en junio de 2025, cuando explotó el escándalo entre su habitante más famosa, Wanda Nara, y el futbolista Mauro Icardi. La constante presencia de móviles de televisión en la puerta del edificio fue la motivación de Juárez para irse.

    Nerviosismo en el gobierno de Milei por la misteriosa mansión de San Isidro

    Su lugar de mudanza es un secreto en el gobierno, pero ya corrieron versiones que indican que se había mudado a Martínez, pero hace dos semanas comenzó a hablarse de la misteriosa mansión valuada en más de un millón y medio de dólares y supuestamente comprada por un misterioso empresario cripto, de una fauna similar a los protagonistas de la criptoestafa $Libra. 

    Lo curioso es que junto con la irrupción en la agenda pública del misterio de la mansión, comienzos de esta semana, Karina Milei se habría mudado al Chateau, según afirmó a LPO un libertario cercano a la hermana presidencial.

    Andrea Juárez es la mejor amiga de Karina Milei y uno de los personajes más cuidados por el entorno presidencial, que la mantuvo al margen de cualquier exposición mediática.

    LPO anticipó que en el gobierno de Milei hay extrema preocupación por la circulación de datos sobre la coqueta mansión de San Isidro que en un principio se atribuyó a Manuel Adorni, pero que no se descarta que pertenezca a otro personaje importante de La Libertad Avanza.

    La vinculación de esta propiedad con Adorni apareció a principios de la semana y el jefe de Gabinete tuvo que dar explicaciones en la fallida conferencia de la semana pasada. «Lo de la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno», dijo Adorni, que prefirió tirarse arriba de la granada y admitir que tiene un departamento en Caballito del que poco se sabía hasta ese momento y que ahora lo acorrala aún más que los escándalos del avión presidencial y el viaje en chárter a Punta del Este.

    «Hay un interés muy particular en que no se hable de la casa», dijo una fuente al tanto de la situación. El chalet tiene custodia de la Policía Federal por lo que no hay dudas de que reside algún funcionario del Poder Ejecutivo o del Judicial.

    «El gobierno sabe perfectamente quién vive ahí por que tiene custodia federal permanente. Podrían desactivar rápidamente el tema filtrando quién vive ahí, pero por alguna razón no lo hacen», agregó la fuente. «Evidentemente ahí vive o vivía alguien que no debería vivir en una casa así», concluyó.

     

  • Denuncian a dos camaristas por maniobras para favorecer a Bunge en una mega causa por evasión

     

    La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

    El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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    «En el 80 y pico…»: Martín Menem no pudo decir en qué año fue la guerra de Malvinas

     

    El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dejó una frase que rápidamente se volvió símbolo de algo más profundo que un simple error: al referirse a la guerra de Guerra de Malvinas, la ubicó “allá por el ochenta y pico”, sin poder precisar el año exacto. No se trata de una trivia ni de un dato menor: hablamos de 1982, uno de los hitos más dolorosos y determinantes de la historia argentina reciente.

    Por Roque Pérez para NLI

    La escena, ocurrida hoy en el marco del 2 de abril, no sólo generó incomodidad. Encendió una alarma concreta sobre el nivel de formación de quienes hoy ocupan los cargos más altos del Estado. Porque no es lo mismo un furcio en una charla informal que una imprecisión histórica desde la presidencia de la Cámara baja.

    Una seguidilla de papelones que ya no sorprende

    Lo de Menem no es un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en una cadena de errores que empieza a configurar un patrón dentro del gobierno de Javier Milei: dirigentes que exhiben una preocupante falta de conocimientos básicos en historia, política internacional y cultura general.

    Uno de los casos más resonantes de los últimos días fue el de la diputada Juliana Santillán, quien aseguró haberse reunido con el “embajador de Checoslovaquia”. El problema es que Checoslovaquia dejó de existir hace más de tres décadas, tras su división en República Checa y Eslovaquia.

    El dato no es anecdótico: Santillán preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Es decir, tiene entre sus responsabilidades centrales el vínculo diplomático con otros países. El error, en ese contexto, adquiere una gravedad institucional evidente.

    Pero no es el único caso. En distintos niveles del oficialismo se repiten declaraciones erráticas, confusiones históricas y fallas conceptuales que, acumuladas, empiezan a delinear una imagen de improvisación estructural más que de simples deslices individuales.

    Malvinas: memoria, soberanía y responsabilidad

    La Guerra de Malvinas no admite aproximaciones vagas. No es “ochenta y pico”. Es 1982. Es dictadura, es jóvenes soldados enviados al frío extremo, y es también el inicio del fin del régimen. Es, además, una causa de soberanía que atraviesa generaciones y gobiernos.

    Desde la ocupación británica de 1833, la Argentina sostiene un reclamo histórico que se convirtió en política de Estado. Cada 2 de abril no es una formalidad: es memoria, identidad y respeto. Por eso, la liviandad con la que se la menciona desde un cargo institucional no puede leerse como un simple error.

    El mito del outsider y la realidad del desconocimiento

    El gobierno de Milei construyó gran parte de su identidad sobre la idea del “outsider”, del dirigente ajeno a la política tradicional. Sin embargo, esa narrativa empieza a mostrar su contracara: la falta de formación en áreas clave para la gestión pública.

    Porque gestionar el Estado no es opinar en televisión ni viralizar consignas en redes. Requiere conocimiento, preparación y una comprensión básica de la historia y del mundo. Cuando eso falta, lo que aparece no es frescura ni renovación, sino improvisación.

    En ese sentido, los episodios de Menem y Santillán no son excepciones: son síntomas de un modelo que privilegió la exposición mediática por sobre la idoneidad.

    Entre la ignorancia y el desprecio

    Hay una pregunta incómoda que sobrevuela estos episodios: ¿es ignorancia o es desinterés? Porque ambas opciones son problemáticas, pero implican cosas distintas. La primera habla de falta de preparación; la segunda, de algo más grave: desprecio por la historia y por lo que representa.

    Cuando un presidente de la Cámara de Diputados no puede ubicar en el tiempo la guerra de Malvinas, no solo queda expuesto él. Se expone la calidad institucional de todo un gobierno.

    Y cuando una diputada que maneja relaciones exteriores confunde países que dejaron de existir hace más de 30 años, el problema deja de ser anecdótico.

    Un gobierno que subestima la historia

    Tal vez lo más preocupante no sea el error en sí, sino lo que revela: una dirigencia que parece no dimensionar el peso de la historia argentina. Que habla de soberanía sin precisión, de diplomacia sin rigor y de memoria sin conocimiento.

    En política, los símbolos importan. Y Malvinas es uno de los más profundos que tiene el país. Reducirlo a un “ochenta y pico” no es solo un error: es una señal de época. Una en la que el poder parece cada vez más desconectado de la historia que debería representar.