Acompañado por el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena firmó la resolución que designa a 70 escribanos de la provincia de Buenos Aires en el marco de un nuevo concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales.
Luego de 11 años, la provincia de Buenos Aires avanzó en la designación de Titularidades de Registros Notariales, una política fundamental para democratizar la función notarial.
Finalizado este proceso se comenzará a trabajar inmediatamente en el nuevo proceso concursal para regularizar definitivamente la situación en toda la provincia.
Guillermo Longhi y Juan Martín Mena.
Las designaciones corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverria, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos, Vicente López.
El último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, y finalizado su sustanciación con la firma de la resolución ministerial en el año 2015.
El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Una acusación lanzada al aire
El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.
Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?
El límite entre la gestión y la difamación
Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.
Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.
El trasfondo: disciplinar a las organizaciones
Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.
En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.
Una respuesta que incomoda
Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.
En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?
Lo vamos a hacer papilla en tribunales a Macri. Este tipo no es más que un garca con el cerebro de una babosa que está más sucio que las fotitos que, según Lilia, anduvo mandando.
Acá está nuestra intimación, ahora que muestre él la denuncia que hizo contra mí, porque no figura… pic.twitter.com/EZl1K8J7ew
N. de R.: Estaría bueno que dirigentes que tanto han bregado contra la concentración de medios, a la hora de hacer una nota de opinión, no caigan en la tentación de dársela a los mismos.
culpó por el cierre de industrias y comercios. «Quieren ganar guita vendiendo televisores blanco y negro», atacó el jefe de gabinete.
En un día caótico para el gobierno por el escándalo de la manipulación de datos del Indec, Adorni tuvo que salir a dar un raid de entrevistas televisivas para intentar apagar las críticas y terminó en una cruzada contra las empresas argentinas.
Adorni aseguró en una entrevista en A24 que «son más los sectores que se han reactivado que los que están en negativo» y que «hay sectores que van a tener que reconvertirse», poniendo como ejemplo el caso Techint. «Hay que dejar de aceptar que hay que pagar algo cuatro veces más porque tiene la bandera de la industria nacional. La industria nacional no pasa por ahí, no pasa porque los argentinos se empobrezcan pagando un precio cuatro veces más caro de lo que vale en el mundo», fustigó.
«Vos hoy podrías seguramente tener un montón de negocios para que te vaya muy bien, pero si ponés un negocio vendiendo cassettes, probablemente te vaya mal», ironizó el jefe de gabinete que lució un bronceado que no se consigue yendo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa.
En otra entrevista, en LN+, Adorni volvió a ser consultado sobre la pérdida de empleos y el cierre de empresas ante la avalancha de importaciones, e insistió con el argumento de que los productos locales son más caros.
«Vos vas y te comprás un jean acá que te cuesta 100 dólares. Importarlo te cuesta 25. Lo importás, dejás de comprarlo acá. Explicame adónde se pierden puestos de trabajo», desafió Adorni a Luis Majul que se quedó en silencio por largos segundos y respondió que no hay pérdida de puestos de trabajo. «Empieza a trabajar el importador y te sobran 75 dólares que vas a reactivar otros sectores», fue el argumento de Adorni.
Cuando el periodista le recordó que en Argentina la carga impositiva sigue siendo altísima para los empresarios, Adorni respondió con otra chicana: «Quieren ganar guita vendiendo y fabricando televisores blanco y negro, bueno eso no va a pasar, ¿qué querés que te diga?».
Adorni también se refirió a las dudas que genera el Indec y la sensación generalizada de que la inflación es mucho más alta que la oficial. «El Indec tiene una canasta promedio porque si no sería imposible. Seguramente no es lo mismo lo que consumís vos de lo que consumo yo, probablemente tengas mucha más inflación que yo o viceversa. Todos tenemos canastas diferentes porque todos somos seres humanos diferentes», afirmó. «Por lo tanto es razonable que haya gente que sienta en su bolsillo una inflación mayor como hay gente que entenderá que la inflación del Indec es más alta que la que él siente», indicó.
Lo que a fines de enero era una maniobra en ciernes, hoy quedó formalizado por decreto. El Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la norma que ordena el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión confirma, profundiza y legaliza una operación política sobre los símbolos fundacionales de la Argentina.
Por Alcides Blanco para NLI
La nota publicada por NLI el pasado 28 de enero advertía que el Gobierno avanzaba sobre el sable corvo no como un gesto administrativo menor, sino como parte de una estrategia deliberada de apropiación simbólica del pasado. A apenas días de aquella publicación, el Ejecutivo decidió blanquear la jugada y convertirla en norma.
El Decreto 81/2026, publicado este 3 de febrero, dispone de manera expresa que el sable corvo deje de estar bajo la órbita del Museo Histórico Nacional y pase a la custodia directa del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en su cuartel de Palermo. La medida no solo ordena el traslado físico del objeto, sino que deroga el decreto de 2015 que había fijado su permanencia en el museo como patrimonio histórico de acceso público.
Un decreto que confirma la maniobra
El texto oficial sostiene que el traslado se realiza por “razones de seguridad” y menciona antecedentes de hechos ilícitos ocurridos cuando el sable se encontraba en el museo. Bajo ese argumento, el Gobierno establece que la custodia, preservación y resguardo queden en manos del Regimiento de Granaderos, fuerza que históricamente actuó como guardia del Libertador.
Sin embargo, el decreto omite cualquier referencia al derecho ciudadano al acceso al patrimonio histórico, al rol de los museos nacionales como espacios de memoria colectiva o a la dimensión civil del legado sanmartiniano. La lógica es clara: militarizar el símbolo y reubicarlo en un espacio institucional alineado con el relato que Milei intenta construir.
Tal como anticipó NLI, no se trata de una decisión neutra. El sable corvo no es un objeto más: es uno de los emblemas centrales de la independencia, cargado de significados políticos, históricos y populares que exceden largamente el ámbito castrense.
De patrimonio público a símbolo regimentado
Con este decreto, el sable deja de estar en un museo nacional —espacio civil, educativo y abierto— para quedar alojado en un cuartel militar con acceso restringido. El mensaje es contundente: el pasado se ordena desde arriba y se encuadra en una narrativa de autoridad, disciplina y verticalidad.
No es casual que esta decisión se inscriba en una secuencia más amplia. Milei viene utilizando la figura de San Martín, los Granaderos y los símbolos patrios como elementos de legitimación política, vaciándolos de su complejidad histórica y resignificándolos al servicio de su propio proyecto ideológico.
La historia, así, deja de ser un campo de debate y memoria para convertirse en escenografía de poder. El decreto no hace más que confirmar que el Gobierno concibe los símbolos nacionales como piezas de un relato oficial, no como patrimonio plural del pueblo argentino.
Lo que advertía NLI y hoy se confirma
Cuando NLI publicó la nota del 28 de enero, aún no existía norma vigente. Había versiones, trascendidos y una fuerte señal política. Hoy, con el decreto ya publicado, queda claro que no era una hipótesis exagerada, sino la antesala de una decisión consumada.
La derogación del decreto de 2015, la reasignación de la custodia y la argumentación centrada exclusivamente en criterios de seguridad confirman que el Gobierno eligió avanzar sin debate público, sin consulta a especialistas en patrimonio y sin consideración por el sentido democrático de la memoria histórica.
El sable corvo, legado de San Martín al pueblo argentino, pasa así a ser una pieza más en la política de símbolos de Milei, donde el pasado se ordena, se encuadra y se utiliza como herramienta de construcción de poder en el presente.
Las asociaciones patronales y la CGT llegaron a una coincidencia inesperada: lo ideal sería que la reforma laboral pase para marzo, para poder tratarla con tranquilidad en las sesiones ordinarias del Congreso. Son demasiados los puntos importantes que siguen en el aire.
El titular de la CAME, Ricardo Diab, reclamó la semana pasada al gobierno modificaciones nada menos que en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, el de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Explicó que la eliminación de esa cláusula implicaría «la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos» para que «después, lógicamente, el Estado lo homologue o no». «Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo», argumentó.
Diab comentó en ese reportaje que también reclamaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que esperaban respuesta sobre esas solicitudes.
Fuentes de la CGT deslizaron a LPO que esos pedidos de los empresarios podrían colocarlos en la misma senda, en la búsqueda de posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Para las patronales, dicen en Azopardo, no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma porque desataría una ola de litigios judiciales.
En efecto, los sindicalistas y los opositores del Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más polémicos d ela reforma y por esto Patricia Bullrich se jactó ante los senadores que el Gobierno ya tenía el compromiso de «los camariatas» del fuero laboral, que rechazarán las impugnaciones a la norma.
Para las asociaciones empresarias no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma laboral porque desataría una ola de litigios judiciales.
La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no es descabellada para los dirigentes gremiales porque, según deslizó un senador peronista, «admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno». Pero, además, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con el apresuramiento de Patricia Bullrich por darle media sanción al proyecto la semana que viene.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no estará este martes en la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. «Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir», hizo saber a sus interlocutores.
El itinerario que fijó Bullrich parece demasiado ajustado: este martes la esperan sus pares del Senado, a excepción de los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que conteste si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones formuladas. Y para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá llevar el saldo de su conversación con los senadores a la mesa política del gobierno.
Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo.
Los gobernadores, por su parte, tienen reservada la sala del CFI también el miércoles. El peronismo espera el resultado de ese encuentro para saber cuántas voluntades puede juntar en recinto para frenar la reforma o, en todo caso, si cuenta con fuerza suficiente para retacear el quórum.
José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, si todos están alineados en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más agudas, y solo puede bloquear las intenciones del oficialismo si se pliegan los senadores que responden a los gobernadores.
El formoseño habría sido claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para pedirle ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia. «Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral», habría respondido.
Como sea, también hay legisladores del oficialismo que observan con preocupación la reforma laboral, por sus inconsistencias técnicas y la debilidad con que nacería si se promulga sin un debate profundo entre los sindicatos y las patronales.
Pese a estar bajo investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos retornos ilegales, el Gobierno volvió a habilitar a la droguería Suizo-Argentina para hacer negocios con el Estado. La empresa está en el centro del escándalo de la ANDIS y es señalada por un esquema de coimas que salpica de lleno al entorno más íntimo de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras Milei repite su discurso contra “la casta” y promete transparencia, la realidad vuelve a mostrar otra cosa. El Estado nacional reactivó contrataciones con la droguería Suizo-Argentina S.A., una de las firmas más beneficiadas durante el actual gobierno y que se encuentra bajo investigación por una trama de sobreprecios, contratos amañados y presuntos retornos del 3% en el marco de las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La investigación judicial se inició a partir de audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe con crudeza un esquema de contratación irregular con Suizo-Argentina. En esas grabaciones se habla de licitaciones armadas, sobreprecios sistemáticos y un retorno del 3% del monto de los contratos.
Según la denuncia, ese dinero habría sido canalizado hacia funcionarios y operadores políticos del oficialismo. El nombre de Karina Milei aparece mencionado como destinataria final de esos retornos, junto a otros integrantes del círculo de poder que rodea al Presidente.
Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por no dar explicaciones públicas, desplazar silenciosamente a algunos funcionarios y, ahora, volver a habilitar a la empresa sospechada para seguir contratando con el Estado.
Contratos millonarios que continúan pese a la causa judicial
Los números son elocuentes. Más de 600 contratos firmados entre la ANDIS y Suizo-Argentina, por montos que superan los 55 mil millones de pesos, se encuentran bajo la lupa judicial. A eso se suman compras realizadas por otros organismos nacionales, como el Ministerio de Salud, el PAMI y obras sociales estatales.
Pese a este escenario, la droguería volvió a presentar ofertas en nuevas licitaciones, incluyendo provisión de insumos médicos de alta complejidad para hospitales públicos. En algunos casos, los procesos administrativos ya quedaron listos para adjudicar, como si la investigación en curso no existiera.
No hubo suspensión preventiva, ni inhabilitación, ni siquiera un gesto mínimo de prudencia institucional.
Un crecimiento explosivo bajo el gobierno de Milei
Otro dato que refuerza las sospechas es el crecimiento exponencial de los contratos de Suizo-Argentina desde la llegada de Milei al poder. En apenas un año, la facturación de la empresa con el Estado se multiplicó de manera abrupta, alcanzando cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.
Este salto contrasta brutalmente con el ajuste que el propio Gobierno aplica sobre jubilaciones, prestaciones por discapacidad, salarios estatales y el sistema de salud pública. Mientras se recortan derechos, los negocios amigos siguen intactos.
El relato anticasta que se derrumba
La reapertura de las contrataciones con una empresa bajo investigación judicial deja en evidencia una doble vara escandalosa. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero cuando las sospechas tocan a su propia familia, el discurso se desvanece.
No hay transparencia, no hay explicaciones y no hay sanciones. Hay continuidad de negocios, encubrimiento político y una sensación de impunidad que se profundiza.
Mientras la Justicia avanza a paso lento y el Gobierno hace equilibrio para despegarse del escándalo, los contratos siguen firmándose y el dinero público sigue fluyendo, incluso cuando las denuncias ya no son versiones periodísticas sino una causa judicial en marcha.
