La tragedia alimentaria argentina no es una desgracia aislada ni transitoria: la voluntad política de profundizarla es evidente y sus efectos empobrecedores se siguen multiplicando.
Por Nerio Corello para NLI
En el artículo anterior nos referimos a los aspectos básicos de un tema subvalorado, cuando no excluido, de la discusión pública. En su inserción sistémica, el problema del precio de los alimentos implica relaciones entre actores de peso en nuestro escenario económico y la pertenencia a un contexto definido.
No se trata, lamentablemente, de un accidente o desvió que con voluntad política se intentará corregir. La evolución del problema muestra una escalada de efectos multiplicadores de empobrecimiento que satisface las expectativas de los poderes reales.
Hemos llegado al punto en el que individuos y familias se endeudan para proveerse de alimentos. Con tasas de interés usurarias, la morosidad aumenta al ritmo que disminuye la cantidad de integrantes de las clases medias y las esperanzas de ascenso social desaparecen tanto en la realidad como en el imaginario colectivo.
Uno de los datos que considerábamos en la primera nota era el del salario promedio pretendido, es decir: la cifra media que se supone declaran querer ganar aquellos que acceden a una entrevista o aspiran a un puesto. Las compulsas de enero de 2026 lo ubicaron en $ 1.699.284 mensuales, un 1,87% por debajo del número del mes anterior.
El endeudamiento implica cercanía o caída en la marginalidad financiera, resignación de pretensiones salariales y tácita naturalización de la precariedad laboral en múltiples aspectos. Las tropelías legislativas refuerzan el panorama de orfandad normativa que presiona a los que aún trabajan y a los que buscan empleo: sufrir más, ganar menos y comer mal.
El ejército de desocupados que contribuye a la baja de aspiraciones se oculta estadísticamente al considerar ocupados a monotributistas con agua al cuello, plataformistas eventuales y mujeres y hombres que mal viven de la changa esquiva. Esta y otras hipocresías es de esperar que se pretendan mantener hasta que la configuración en extremo inequitativa del país sea irreversible.
En tanto, clases medias y bajas participan cada vez menos en el reparto de esa torta que llamamos riqueza: solo migajas rancias, cada día más difíciles de canjear por verdadera comida. La brecha de ingresos entre élites y menesterosos se agranda, lo que ha llevado a que desaparezcan de la faz pública los datos oficiales al respecto.
En semejante contexto, la centralidad del precio de los alimentos es insoslayable porque, además de su evidente incidencia cotidiana, es clave para sostener una transferencia de ingresos tan regresiva como constante, en ligazón al costo de servicios esenciales.
Sin embargo, el debate económico nacional ha dejado de lado la microeconomía: quienes pueden hacer escuchar su voz siguen encandilados con los artificios de nuestro castillo de naipes macroeconómico basado en el endeudamiento y los premios a la especulación en el mercado de capitales, al tiempo que festejan o lamentan los vaivenes del Riesgo País.
Al padecer los argentinos inflación en pesos e inflación en dólares, ni siquuiera la importación de alimentos modifica la situación penosa del costo de nutrirse lo mejor posible. La apertura indiscriminada puede destruir PyMES, pero el espejismo de la variedad no favorece el bolsillo de consumidores que ya no aspiran ni a la más ínfima sofisticación en la mesa.
Nos enfrentamos no solo a las restricciones informativas propias de un tema tabú, sino también a una bruma que envuelve los precios e impide evaluar el panorama con claridad. A mantener esta bruma contribuyen, en penosa sinergia, la impostura del INDEC, la indolencia de los economistas y las oscuridades del supermercadismo.
No es necesario abundar en las malas artes estadísticas que justifican los muchos cuestionamientos al INDEC ni en la pusilánime actitud del grueso de nuestros economistas mediáticos, temerosos del apodo o la ridiculización oficial.
Pero lo del supermercadismo es camaleónico e inquietante porque con una infinita combinación de estrategias de venta y promociones, en diversos canales o modalidades de compra, logra hacer imposible la determinación del precio regular de los productos, un laberinto al que los consumidores ingresan con racionalidad pero pronto se resignan a atravesarlo solo confiados en la suerte del azar.
En el brumoso supermercadismo confluyen intereses empresariales, políticos y del mundillo financiero. Un combo siniestro para cualquier sistema digestivo. Recordemos la farsa del rechazo de listas de precios a monopolios de la industria alimentaria, las promociones bancarias repletas de exclusiones, los diálogos constructivos con Toto, las promociones gancheras que casi siempre son un faltante a la hora de entrega de las compras virtuales…
Algunos influencers intentaron mantener “carritos modelo” en los sitios virtuales de supermercados y registrar los incrementos del costo final. Casi nada lograron esclarecer. La ruleta de ofertas, segundo al X% y afines, días de descuentos extraordinarios, medios de pago privilegiados o castigados, etc., arrojaban cifras que, por tan cambiantes en composición y resultado, poco decían como referencia.
Más allá de la bruma pero con cautela, no pocas consultoras consideran que en febrero se registró otra suba significativa para los productos que aspiramos a llevar a la mesa. LCG, por ejemplo, calculó un incremento en alimentos superior al 3%. El 12 de este mes el INDEC dará cifras oficiales.
Cabe esperar más dietas desequilibradas, más enfermedad, más morosos y mucho silencio cómplice en torno a la tragedia alimentaria argentina.
El apellido Chocobar se viralizó en Argentina por el policía que disparó siete veces contra un ladrón en Buenos Aires en 2017. Con la reproducción de la escena hasta el infinito, el abrazo del autor de la balacera con el entonces presidente Macri y el apoyo ferviente de Patricia Bullrich, su ministra, el crimen se convirtió en una forma de pensar la seguridad y la justicia: la doctrina Chocobar. Parte de la crueldad del símbolo es borrar las aristas hasta volverse meme. Un nombre devenido en adjetivo, sinónimo de una manera de entender la vida y la muerte de las personas, oculta que hay miles de personas con ese apellido en todo el norte argentino y la región andina que no tienen nada que ver con balear gente por la espalda.
Y en particular hay un hombre que se llamó Javier Chocobar y que fue asesinado en 2009 en Tucumán. Tenía 68 años y era una autoridad indígena del pueblo Chuschagasta. Los asesinos fueron un vecino terrateniente y emprendedor minero, y dos policías retirados que pretendían desalojar a la comunidad indígena Chuschagasta de sus tierras.
El crimen, que quedó grabado en video, es el puntapié de Nuestra Tierra, el primer documental de la directora Lucrecia Martel.
No hay un consenso claro de qué significa ni de dónde viene la palabra Chocobar: hay quienes intentan traducirlo del quechua o del aymara, pero sus raíces se pierden en la previa de la conquista, cuando muchos de los nombres originales fueron trastocados por el conquistador. Sí hay registro de que es un nombre que se extendió por toda la región cuando todavía no había países ni fronteras.
Los Chuschagasta, el pueblo al que pertenecía, quizás tampoco tengan ese nombre desde siempre. En algunos registros coloniales se los anota como Chuchingasta, Chachagasta, Chuchagasti, Chugasta, Chuscas o Chujchas.
Lo que es claro, como señala una comunera en la película, es que «el papel permite lo que le quieran poner».
Lucrecia Martel dice que la violencia de la gramática es de las primeras dificultades para contar esta historia. Escribir «El Capitán Sotomayor trasladó a 40 indios», dice, es darle voluntad y nombre al poderoso y convertir a las víctimas en un número, despojadas de voluntad y poder, forzadas a estas circunstancias por muchas estrategias de las que los mismos conquistadores se jactan, como secuestros y hambrunas.
Quizás por eso Martel tardó catorce años en terminar el documental: narrar sin violencia en una época de sobreabundancia de crueldad es intentar deconstruir el lenguaje de una época.
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Javier Chocobar, el Chocobar de esta historia, las noches de luna llena salía de madrugada para cortar cañas de azúcar, un trabajo duro y mucho más cuando se escarchan o está oscuro. Solía llevar una lapicera en el bolsillo de la camisa. Quizá porque nunca se sabía cuándo habría que anotar algo nuevo para defender los derechos de su comunidad. O tal vez porque funcionaba como contraseña para que a simple vista se notara que sabía leer y escribir.
El conflicto que enfrenta su pueblo no es fácil: los Chuschas fueron trasladados al Valle de Choromoros desde los Valles Calchaquíes hace más de 350 años, forzados por las autoridades coloniales locales luego de las guerras calchaquíes, un intento de resistencia de los pueblos de la región contra los invasores.
Y allí viven desde entonces: sobre los animales que crían y sus cultivos pasó una maraña de papeles, desde los tributos que les cobraban sus encomenderos, hasta los arriendos que les impusieron otros vecinos estancieros y funcionarios, descendientes también de aquellas familias beneficiadas por la colonia, y más tarde beneficiadas por el nuevo orden, que los declararon extinguidos en 1808 para hacerse de sus tierras.
En los censos nacionales de medio siglo más tarde, los ancestros con los mismos apellidos que tiene la comunidad hoy, están registrados con oficios de servicio, como peones, lavanderas, etc, dependientes de una de estas familias estancieras a la que le debieron pagar arriendos y cumplir con «obligaciones», una forma de trabajo servil muy difundida en el norte, bajo la amenaza latente de desalojo.
En dos siglos de estancias queriendo acaparar su territorio están los Molina, los Cobo, los Alurralde, los Colombres –que terminaron expropiados por el Estado provincial– y finalmente los Amín, que llegaron en 1959 con la misma intención. A esa familia pertenecía Darío Amín, uno de los condenados por el crimen de Chocobar.
Pero con todas esas idas y vueltas, los habitantes nunca jamás se fueron del Valle de Choromoro.
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«Hoy a las 11 es el operativo, no le digas nada a la mamá, me tiembla todo, pero confío en Luis, y van 4 policías más. No digas nada a nadie. Vos y yo lo sabemos». El mensaje de texto lo mandó Darío Amín unas horas antes del crimen.
Luis es Luis Humberto Gómez, alias “El Niño”, un policía retirado. Junto con ellos estaba otro policía, José Valdivieso. El objetivo de Amín era explotar una cantera de piedra laja en el corazón de la comunidad. Para eso se había asociado con Gómez: la idea era ir 50 y 50. Le pusieron a la sociedad Campo Amigo, combinando sus apellidos. La misión de Gómez era “limpiar” el territorio apelando a la intimidación.
El operativo, como lo llamaron, se hizo el 12 de octubre de 2009. ¿Habrá sido casual la fecha? ¿Eligieron el día del aniversario de la conquista española como una cábala?
Quizás no se detuvieron en ese detalle, pero fueron preparados para una masacre. Amín llevó un revólver calibre 32 largo, Gómez una pistola marca Taurus calibre 40 y otra marca CZ calibre 6,35 mm. Valdivieso una pistola Beretta, calibre 9mm. En la camioneta en la que llegaron, también guardaron una escopeta.
Además de todo, llevaron una cámara digital. El de Chocobar fue un crimen registrado en una época donde el registro permanente de la violencia todavía no estaba tan normalizado.
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En la primera imagen del video hay un hombre vestido de color caqui que baja de una camioneta. Frente a él, un grupo de comuneros llega en silencio por el camino. Traen la mirada un poco gacha, pero avanzan firmes, todos juntos. Detrás de ellos viene Javier Chocobar.
El hombre vestido de caqui, el ex policía Gómez, avanza hacia ellos, parece sacar pecho. Todavía no muestra sus armas.
–¿Quién es el encargado de ustedes?– pregunta.
–Acá no hay encargados– responden los comuneros.
–¿No hay nadie? –repite Gómez, que vuelve hacia la camioneta– Hasta luego, que anden bien ustedes.
Lo dice con desprecio, con un tono de ‘ahora van a ver lo que les espera’.
En la camioneta hay respiraciones agitadas, discuten por dónde seguir. Del lado de afuera, los comuneros miran. Uno de ellos, Delfín Cata, tiene una cámara de rollo, de esas que antes se usaban para los cumpleaños. Toma una fotografía.
–No sé para qué toman fotos –masculla Amín–. Si en tribunales ya nadie les da bola.
En la siguiente escena, los comuneros y Gómez están frente a frente.
–Quiénes son ustedes, qué tienen que venir a meterse aquí.
–Los Amín –dice el hombre de caqui–. Nosotros somos los Amín.
–Nadie tiene que venir a hacer aquí.
–Usted dice que no, explíquenos quiénes son ustedes –dice Amín.
–Bueno, tranquilo, tranquilo, hablando nos vamos a entender. Si no, capaz que no nos entendemos –dice gesticulando Gómez–, usted sabe que hay una orden judicial… Si yo voy a denunciar lo que ustedes están haciendo, vamos a tener problemas todos.
–¿Qué es lo que estamos haciendo? –dice Andrés Mamaní. Da un paso al frente.
Está tranquilo, pero firme. Gómez lo empuja con las manos.
–Maestro, quedate piola –dice y saca la pistola que lleva en la cintura–. ¡Vos a mí no me vas a venir a prepiar, te estoy hablando por las buenas!
Delfín Cata levanta su cámara pocket y toma una foto. Gómez lo ve, le dispara a los pies y avanza para pegarle un culatazo en la cabeza.
–¡Qué te creés vos, qué te creés vos! – grita.
La cámara que filma la escena baja. El que la lleva también empuña un arma. Lo que sigue después es audio. Hay gritos, más disparos. «Qué pasa, te voy a hacer pingo, culeado», se escucha mientras la cámara rueda al suelo/a la tierra.
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En la reconstrucción judicial se supo que, tras el golpe y el disparo, Delfín forcejeó con Gómez, que seguía disparando. Con la ayuda de otros comuneros lograron reducirlo y le arrebataron su pistola Taurus calibre 40 y una cachiporra que llevaba encima.
Gómez intentó sacar la pistola CZ de una tobillera, pero Delfín lo derribó de un empujón, le sacó el arma y la tiró al monte. Y, una vez que desarmó a Gómez, corrió a auxiliar a otros compañeros que intentaban frenar a José Valdivieso. Tras un breve forcejeo, logró quitarle la Beretta 9 mm con la que también había disparado.
“Yo les quité las armas a los asesinos”, dijo tiempo después al medio La Palta. “Si yo hubiera sido otra persona, quizás con las mismas armas los habría liquidado”.
Parecía que la situación se calmaba, pero Amín siguió disparando: lo hizo primero contra Javier Chocobar y, cuando logró darle, siguió. Primero hirió a Emilio Mamaní en la pierna y luego a Andrés Mamaní en el abdomen. En el tambor de su arma quedaron seis vainas servidas.
—¡Turco hijo de puta, me ha baleado! —gritó Javier con las últimas fuerzas que le quedaban, recuerdan quienes estuvieron ahí.
Valdivieso, que había logrado zafarse, recuperó la pistola que se le había caído a Gómez y disparó contra los comuneros que escapaban cerro arriba por un sendero.
Los tres hombres subieron a la camioneta y escaparon mientras Javier Chocobar se desangraba frente a su familia.
Además de Chocobar, Andres Mamani recibió un disparo en el abdomen, y desde entonces vive en los cerros con una colostomía, incapacitado para trabajar con sus animales. Y a Emilio Mamani le dieron un disparo en la pierna. Todavía tiene el plomo clavado en el hueso.
Después de la huida de los agresores, Delfín recogió la cámara y la guardó. Más tarde la entregó a un policía que, a pesar de recibir presiones de Hugo Sánchez, el entonces jefe de la policía provincial y cuñado de Gómez, no descartó esa evidencia fundamental para esclarecer el crimen.
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¿Cómo se recuerda al que murió defendiendo su tierra? ¿Con esa última escena, diciendo “Turco hijo de puta me has baleado”? ¿Con los brazos abiertos frente a una muerte que no esperaba? ¿Cómo se hace honor a su memoria?
La película de Martel parece hacerse esa pregunta y la responde metiéndose en la historia de la comunidad y del propio Chocobar. Hay algo muy amoroso en las dos horas de película que elige detenerse y poner el eje en la memoria de la comunidad.
El documental muestra sus fiestas, a Chocobar vestido de traje con toda la onda del mundo, peinado y firme para las muchas fotos de plaza que se tomó con fotógrafos minuteros. Habla de los que fueron a trabajar a las ciudades y volvieron, de los que se quedaron en su territorio a pesar de los papeles y las amenazas, de las cosechas, de las mujeres que trabajaron en fábricas, en la costura, limpiando casas con cama adentro cuando todavía eran niñas, pero que luego sintieron el llamado a volver a su tierra. “Trabajé en casas de jueces, de abogados, de doctores”, dice una de las comuneras, Isabel Cata. “Cuando ya he cumplido mi mayoría de edad he querido salir de ahí y trabajar por mi cuenta”.
Martel es conocida por construir en sus películas paisajes sonoros con varias capas superpuestas. Para esta producción, le pidieron a la comunidad los chips de sus teléfonos viejos. Allí descubrieron que, aunque la imagen de los celulares antiguos esté pixelada, el sonido de las fiestas familiares, los chistes, la forma de hablar sin inhibiciones, es un tesoro imposible de recrear con actores.
A esos archivos se suman los álbumes de fotos familiares de los comuneros. Y con ellos Martel no solo construye esa atmósfera onírica que envuelve sus películas, sino que también hace un prodigio de la mirada: pone el foco en las vidas subalternas. Nombra a aquellos que para la historia oficial no tienen ni siquiera rostro.
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Hay otra dramaturgia que contrasta con las fotografías en blanco y negro sobre la mesa: la narrativa judicial de los expedientes y los pasillos judiciales. Más allá del uso de cartas y títulos de propiedad para evidenciar la manipulación del lenguaje legal, el film se detiene en las contradicciones del juicio contra los acusados por el asesinato de Chocobar.
En una de las escenas, la defensa interroga a un testigo de la comunidad.
—¿Por qué estaban ahí?
—Nosotros estábamos cuidando nuestras tierras, que no vayan otras personas ajenas a quitárnoslas.
—¿Desde cuándo ustedes cuidan estas tierras en ese lugar?
—Nosotros vivíamos ahí, desde nuestros ancestros, los abuelos.
—¿Qué edad tiene usted?
—46 años.
—¿Hace 46 años que cuidan las tierras?
—No, de más antes.
El documental evidencia el contraste visual entre la inmensidad de los paisajes que habitan los Chuschas y el encierro de la sala de audiencias, con el kitsch burocrático de tonos marrones de los despachos, los jueces y abogados tomando jugo y café mientras los rostros indígenas observan en silencio absoluto.
Los acusados, vestidos de traje, parecen en su salsa.
La escena del testigo al que someten a un careo con el policía Valdivieso parece sacada de una película policial de cine negro.
Otro de los testigos convocado por Gómez para respaldarlo es su amigo y compañero policía, Justo Danielsen, da fe de su aptitud como comando:
–Yo puedo estar hablando –dice–, pensando y analizando, puedo unificar y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo…
Más tarde, Gómez se jacta de su puntería:
– Si hubiese querido matar era más fácil levantar el arma y disparar.
Y al final agrega, como una confesión de parte:
–El Estado me entrenó para hacer esto.
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Los tres responsables del crimen fueron condenados recién en 2018: 18 años de prisión para el expolicía Gómez, 10 para Valdivieso y 22 para Darío Amín, el hombre que apretó el gatillo. La libertad les llegó pronto gracias a los laberintos de las apelaciones. Recién el 23 de octubre de 2025 la Corte Suprema dejó firmes las penas, aunque para Amín el veredicto llegó tarde: murió por Covid-19 antes de volver a la cárcel.
Pero mientras los expedientes acumulaban tecnicismos que rechazaban la justicia, la comunidad de Chuschagasta hacía otro trabajo: el de la persistencia. La película de Martel no es solo un registro del horror, sino un acto de restitución. La primera vez que se proyectó el documental fue en el salón comunitario en el territorio, con la comunidad en pleno. Allí descubrieron que, aunque el Estado lo convierta en número, hay un registro que ninguna bala pudo destruir: el de un pueblo que, tras 350 años de asedio, sigue eligiendo no irse de su lugar en el mundo.
La historia, que el poder intentó reducir a un «operativo» de desalojo, se convirtió en otra cosa. Quizás el cine sirva para que Chocobar ya no sea solo ese eco violento que resuena en Buenos Aires. Quizás el cine nos permita darle el sentido que ese apellido tiene en la comunidad de los Chuschas: el de un hombre que murió defendiendo su tierra, con una lapicera en el bolsillo y los brazos abiertos.
Victoria Villarruel hizo catarsis en la red social X después de los cruces con los hermanos Milei durante la apertura de sesiones y avisó que no piensa renunciar a su cargo, luego de que el presidente la acusara de golpismo por cadena nacional.
El descargo de la vice empezó a partir de unas declaraciones de Luis Petri acusándola de apostar «por el fracaso del Gobierno» y de ofrecerse a la oposición como «una alternativa» a Milei. El mendocino continuó así la línea del propio Milei que el domingo acusó a «propios» de «soñar con el sillón de Rivadavia», sumando un grosero cabezazo en dirección a Villarruel que no casualmente en ese momento era tomada por la transmisión oficial, que durante el resto del discurso la borró.
La vice comenzó cruzando a Petri, pero después fue directo a Milei. «Eso quieren, mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno», disparó.
Eso quieren, mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno
«Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente», respondió cuando la cuestionaron por haber usado el celular durante el discurso de Milei. Luego, exigió «que lo demuestre porque de palabras vacías venimos desde hace décadas en la política». En otro tuit fue menos diplomática, respondiendo a otro usuario: «dice estas huevadas y no aportan una sola prueba de sus afirmaciones».
Antes de los tuits de Villarruel, fuentes de La Libertad Avanza arriesgaron ante LPO que esta pelea «termina como el orto». «Karina se va a cansar y empieza la vía judicial y los servicios. La van a embarrar hasta el fondo y con ayuda de Caputo van a exterminar a la Vice».
Villarruel se descargó con ganas contra Petri, al que acusó de vaciar la obra social de los militares durante su paso por el Ministerio de Defensa. «Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país», escribió.
«Creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial», ironizó Villarruel, que también chicaneó a Petri por sus «cosplays» y «trencitos» con Milei.
Otro que la ligó, pero menos, fue Martín Menem al que la vice señaló por «refinado» y por tener «amplios conocimientos en chupamedismo».
El costo de alimentarse en Argentina es tan disparatado como ignorado en el debate político y económico actual.
Por Nerio Corello para NLI
Aunque parezca inverosímil, el precio de los alimentos es un tema tabú. El grueso de los políticos, empresarios y economistas lo elude. Aunque se trate de la base fundamental de la economía doméstica del ciudadano común, se soslaya con la hipócrita elegancia de la referencia fugaz. En los medios aparece con intermitencia, como escándalo del día o indicador de inestabilidad transitoria.
Las personas públicas que se animan a poner el tema en primer plano sufren descalificaciones o son blanco de la falacia ad hominem. La estacionalidad, los malos hábitos alimentarios y la deficiente educación de los consumidores suelen ser argumentos que permiten a políticos y economistas acorralados salir por la tangente.
El elevado precio de los alimentos es un problema mundial, pero en Argentina un verdadero calvario. Si ya se conoce que nuestro país lidera el ranking mundial de estrés y ansiedad cotidianos 2025 (según Statista Consumer Insights), habría que averiguar cuánto incide en estos padecimientos psíquicos la dificultad para parar la olla.
Mientras el índice de precios de alimentos de la FAO mantiene una tendencia sostenida a la baja desde fines de 2025 y comienzos de 2026, según los datos de nuestro ficcional INDEC –que Marco abandonó por falta de vocación literaria-, para alimentarse en Argentina hubo que sobrellevar un incremento de más del 35% en los últimos doce meses.
Con las referencias de un SMVM de $ 352.400,-, un salario promedio pretendido (nada más que pretendido) de $1.699.284 mensuales para enero de 2026 pero un sufrido ingreso promedio per cápita del total de la población urbana de $ 956.283,-, y una Canasta Básica Alimentaria subvaluada por el INDEC en $ 453.384,-, es suficiente para encender todas las alarmas.
Sin embargo, dejarse llevar únicamente por indicadores, índices y estadísticas en general significa las más de las veces abonar discusiones bizantinas. El discurso sesgado, con datos elegidos y omitidos a discreción, suele estar a la orden del día en cualquier tema conflictivo y ganar la partida de las justificaciones o llevarnos directo, sin escalas realistas, a Narnia.
Los cálculos propios suelen dar mejores pautas de orientación aunque, claro, incrementan el estrés.
Si, por ejemplo, usted compra a estos precios promedio: un kilo de arroz $ 2.000,-. uno de harina $ 1.300,-, uno de azúcar $ 1.000,-, uno de pollo $ 4.100,-, una docena de huevos $ 7.000,-, una lata de tomates $ 1.500, unos fideos secos de medio kilo $ 1,000,-, 900 ml de aceite de girasol $ 4.200,-, medio kilo de picada $ 5.000,-, uno de paleta $ 14.000,-, un litro de leche $ 1.500,- y un kilo de pan $ 3.400,-, se gastó en esta comprita mísera bastante más del 10% de un SMVM.
Las economías individuales o familiares no pueden sostenerse con relaciones tan dispares entre ingresos y precios de alimentos. Es un punto de partida absolutamente viciado e ineludible que se agrava con los alocados costos de alquileres, servicios, salud, educación y transporte.
El destino del endeudamiento y la posterior bancarrota de las economías domésticas ya está siendo realidad.
Axel Kicillof inauguró las sesiones en la Legislatura con un discurso dirigido no sólo a los bonaerenses, sino a todos los argentinos. «Desde la provincia invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida».
El gobernador trazó un oscuro diagnóstico sobre el impacto de las políticas de Milei en todo el país. Habló de la caída del consumo y detalló que las ventas minoristas están 10 puntos por debajo, mientras que en mayoristas cayeron un 20%. «Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirtha Legrand a Melconian, todos le están señalando al presidente lo evidente: la Argentina no va bien», dijo.
También habló del endeudamiento de las familias. Dijo que un 9,3% del total de los créditos no se pagan. En créditos personales ese porcentaje llega al 12%. Por fuera del sistema bancario el endeudamiento es mucho peor, y llega al 24,6%.
«Casi todos los sectores productivos se desplomaron», dijo y detalló que la industria cayó un 10%, la construcción un 26% y el comercio un 6%. «Esta temporada se movilizó un millón menos de turistas a los destinos bonaerenses», planteó.
Dijo que desde que asumió Milei cerraron cerca de 30 empresas por día y que en todo el país ya son 21.938. Además, mencionó los casos bonaerenses de Whirlpool, cerámicas Ilva y Cerro Negro. La pesquera Ostramar, las alimenticias Molinos, Georgalos, Tía Maruca y Nestlé. Fate y Pirelli, en neumáticos. Las automotrices Toyota y Volkswagen. También mencionó los casos de las textiles Daas, Bicontinentar y Alpargatas, entre otras. «Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico del Gobierno Nacional es un fracaso», dijo.
Felipe Sola y Axel Kicillof.
En un momento de su discurso, Kicillof dijo que le hablaría «directamente a la mayoría de argentinos» y mencionó al empresario Pyme, al industrial y al comerciante que son empujados al abismo. «A ellos les digo: no son ustedes, es el rumbo económico, es la recesión, es la caída del consumo, es la apertura importadora y el tarifazo. En otras palabras: Argentina, no sos vos, es Milei», dijo.
Además, planteó la necesidad de construir un liderazgo para enfrentar al gobierno libertario. Dijo que «el desafío no es narrar el daño, sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional».
Tenemos que demostrar que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional.
Kicillof cerró su discurso con algunos slogan de campaña. «Hay otro camino», dijo y dejó en claro que le hablaba a los bonaerenses, pero también a los argentinos. «Hay otro camino, con oportunidades reales, con un Estado que acompaña, con un proyecto de desarrollo que promueva a todos los rincones de la patria», planteó.
También habló de la necesidad de bajar la inflación, un concepto económico al que el gobernador rara vez hace alusión. «Hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo», dijo.
Federico Achaval, Federico Otermin, Gastón Granados y Leonardo Boto
En un tramo de su discurso, Kicillof lanzó fuertes críticas a Luis Caputo. «En un momento en el que los países protegen más que nunca su producción industrial, tenemos un Gobierno que festeja el cierre de empresas y que desmantela la protección», dijo y mencionó el caso del ministro de Economía que «con orgullo nos cuenta que él nunca compró ropa argentina y que por lo tanto hay que cerrar la industria textil completa».
Tenemos un Gobierno que festeja el cierre de empresas. Incluso tenemos un ministro que con orgullo nos cuenta que él nunca compró ropa argentina y que por lo tanto hay que cerrar la industria textil completa.
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna de Kicillof dentro del peronismo, copó los palcos del recinto de Diputados y alentó al gobernador con piezas del clásico repertorio justicialista.
Por primera vez, el gobernador usó un atril para hablar a los senadores y diputados, un detalle que los libertarios aprovecharon para lanzar chicanas. «Kicillof arrancó copiándose del Javo y se puso un atril. Esperemos que se copie también en bajar el gasto público, la deuda y los impuestos», tuiteó Agustín Romo.
Axel Kicillof.
El ingreso del gobernador a la Legislatura dejó algunos momentos de color. El saludo con Mario Ishii fue distante, intercambiaron sonrisas, pero no hubo diálogo. El jueves, el líder de José C. Paz se quedó con un cargo clave en el Senado bonaerense: la vicepresidencia primera, un lugar en el que Kicillof buscaba ubicar a alguien de su espacio. Tras el saludo de rigor, Ishii se retiró de la Legislatura y no escuchó el discurso. Desde su entorno aseguran que tenía 39 grados de fiebre.
Cuando el gobernador saludó al diputado Fernando Rovello (PRO) intercambiaron algunas palabras. Rovello le pidió que este año oficialistas y opositores busquen una salida «entre todos» al conflicto del IOMA, la obra social del Estado bonaerense, que atraviesa una profunda crisis en muchos distritos de la provincia. Más tarde, Kicillof hablaría varios minutos sobre las políticas de Salud de su gobierno, pero no mencionó la crisis del IOMA.
El discurso de Kicillof coincidió con el primer día de clases, aunque en la provincia hubo paro ante el rechazo de la oferta salarial del gobierno. El gobernador evitó mencionar la medida de fuerza en su discurso pero sí recordó el paro nacional para reclamar contra la reforma laboral. «El paro se realizó en todas las provincias, pero en 16 provincias, incluyendo la nuestra, hoy no empezaron las clases», dijo. En uno de los palcos estaba el líder de Suteba, Roberto Baradel, y referentes de ATE como Hugo ‘Cachorro’ Godoy y Oscar de Isasi.
Tras el discurso, el Frente Renovador cuestionó al gobernador y defendió las medidas de fuerza tanto de docentes como de trabajadores judiciales. «Es un reclamo justo porque comparados con Nación y Ciudad, nuestros judiciales están super atrasados», dijo la senadora massista Valeria Arata.
El reclamo de los trabajadores judiciales es un reclamo justo porque comparados con Nación y Ciudad, nuestros judiciales están super atrasados.
En tanto, el diputado Alexis Guerrera también lanzó críticas a Kicillof. «Nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender. Esperemos que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo», dijo.
También hubo críticas desde La Cámpora por no hacer referencia a la condena sobre Cristina Kirchner. «me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad», dijo la diputada Mayra Mendoza.
La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.
El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria
El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.
Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.
Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.
El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.
La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad
Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.
Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.
En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.
El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.
La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.
El caso argentino: justicia social como pacto democrático
En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.
Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.
El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.
Una consigna más ideológica que aplicable
La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.
La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.
Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.
La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.
El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.
