El partido político de Alicia Kirchner, Kolina, lanzó el operativo clamor para que Cristina Kirchner pueda ser candidata, luego del reclamo ante la ONU que anunciaron los nuevos abogados de la ex presidenta.
Esta semana, Cristina sumó a Rafael Valim y Javier Borrego, los abogados de Lula que anunciaron en una conferencia de prensa que la ex presidenta puede presentarse en las PASO. Además dijeron que analizan presentar una cautelar que le permita ser candidata en las generales de 2027.
Tan sólo un día después, el partido de Alicia armó un encuentro en la Ciudad para empezar a «construir las condiciones políticas» para que Cristina pueda volver a ser candidata.
El encuentro se tituló «Poder elegirla» y fue encabezado por el presidente de Kolina en la Ciudad, el legislador Andrés La Blunda. La actividad se desarrolló en el espacio La Palabra, en el microcentro y también contó con la participación de la legisladora Delfina Velázquez y del analista Artemio López.
Durante la apertura, La Blunda sostuvo que la condena contra la expresidenta no constituye solamente una persecución individual, sino una intervención directa sobre la voluntad popular. «Cuando Cristina está proscripta, estamos proscriptos también todos aquellos que queremos elegirla. La condena afecta a Cristina, pero la inhabilitación afecta al pueblo», dijo el legislador.
«La operación económica necesita una operación judicial. Necesitan que Cristina esté presa y proscripta. Necesitan que millones de argentinos no podamos elegirla», señaló La Blunda, quien convocó a una «sublevación democrática» basada en la organización, la movilización y el voto, y no en la violencia ni en el odio.
Por su parte, Artemio López planteó que la candidatura de Cristina no puede ser meramente testimonial, sino que debe sostenerse por convicción política.
Velázquez retomó la reciente carta difundida por Cristina y destacó la importancia de sostener una construcción política organizada, territorial y colectiva frente al intento de disciplinar y fragmentar al peronismo.
La Blunda advirtió además que no alcanza con derrotar electoralmente a Javier Milei si el próximo gobierno mantiene sus reformas, convalida el endeudamiento y conserva los pilares centrales de su programa económico.
«No podemos derrotar electoralmente a Javier Milei para después institucionalizar su programa desde un gobierno peronista. En 2027 no alcanza con vencer a Milei: tenemos que vencer su modelo económico», dijo el legislador.
Un camión que transportaba productos lácteos volcó en la autopista Rosario-Córdoba y decenas de vecinos saquearon la manteca que se desparramó por la calzada.
El hecho ocurrió el viernes por la tarde a la altura del kilómetro 5 mano a Rosario porque un automovilista frenó de golpe y sorprendió al camionero que, por la maniobra que hizo para esquivarlo, volcó a un costado de la ruta.
Según informó Rosario3, el vehículo que transportaba lácteos terminó tendido sobre el césped del cantero central y no impactó contra ningún otro vehículo, por lo que no hubo heridos.
Minutos después del siniestro, decenas de personas se acercaron al camión volcado y saquearon la mercadería. A las toneladas de manteca sustraída se sumaron cajas de crema de leche.
Cada vez que aumenta el precio de las frutas y las verduras, el nombre del Mercado Central vuelve a aparecer en los medios. Sin embargo, pocas personas conocen la historia de este gigantesco centro de abastecimiento que, desde hace más de cuatro décadas, organiza buena parte de la distribución de alimentos frescos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Su creación respondió a una idea que hoy vuelve a generar debate: que el Estado también podía intervenir en la comercialización para evitar abusos, transparentar precios y acercar alimentos a millones de consumidores.
Por Redacción de NLI
Cada madrugada, cuando la mayor parte de Buenos Aires todavía duerme, una ciudad paralela comienza a ponerse en movimiento a pocos kilómetros de la General Paz. Cientos de camiones provenientes de todas las regiones productivas del país ingresan cargados de frutas, verduras y hortalizas. En cuestión de horas, miles de toneladas cambian de manos, se negocian precios, se organizan cargas y vuelven a salir con destino a verdulerías, supermercados, comercios de barrio y ferias de toda el Área Metropolitana. Ese movimiento cotidiano, que para la mayoría de los consumidores permanece invisible, convierte al Mercado Central de Buenos Aires en uno de los principales nodos alimentarios de la Argentina.
Aunque suele aparecer en las noticias cuando se realizan operativos de control de precios o cuando alguna crisis económica impacta sobre el costo de los alimentos, el Mercado Central cumple una función mucho más amplia que la de un gran mercado mayorista. Desde su inauguración en 1984 fue concebido como una herramienta para ordenar la comercialización de productos frescos, reducir costos logísticos y transparentar un circuito donde históricamente convivieron pequeños productores, grandes intermediarios y miles de comerciantes minoristas. Su existencia expresa una discusión que atraviesa buena parte de la historia económica argentina: hasta dónde debe intervenir el Estado cuando se trata de garantizar el acceso de la población a bienes esenciales.
La decisión de construir un mercado concentrador de escala metropolitana comenzó a tomar forma durante la década de 1970, cuando el crecimiento urbano había vuelto insuficientes los antiguos mercados que abastecían a Buenos Aires. La expansión demográfica, el aumento del consumo y la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y logísticas impulsaron la creación de un espacio capaz de concentrar buena parte del comercio mayorista de alimentos frescos. El resultado fue un predio de más de quinientas hectáreas ubicado estratégicamente en La Matanza, con acceso directo a las principales rutas del país y preparado para recibir producción proveniente de todas las economías regionales.
Mucho más que un lugar donde se venden frutas y verduras
Con el paso del tiempo, el Mercado Central se convirtió en una pieza fundamental para comprender cómo funcionan los precios de los alimentos en la Argentina. Allí confluyen productores de Mendoza, Río Negro, Misiones, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, el cinturón hortícola bonaerense y prácticamente todas las regiones agrícolas del país. La enorme concentración de oferta permite observar, casi en tiempo real, cómo influyen las condiciones climáticas, los costos del transporte, las variaciones estacionales y los cambios económicos sobre el valor de los productos que luego llegan a la mesa de los consumidores.
Sin embargo, entre el productor y quien finalmente compra un tomate o una naranja suele existir una extensa cadena de intermediación. Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización agregan costos que muchas veces multiplican el precio original varias veces antes de llegar a una verdulería. Por esa razón, el Mercado Central también fue pensado como un espacio donde los valores mayoristas pudieran servir como referencia para evitar distorsiones excesivas y ofrecer información pública sobre la evolución de los precios.
A lo largo de su historia, distintas administraciones utilizaron esa herramienta de maneras diferentes. En algunos períodos se impulsaron programas destinados a acercar productos directamente al consumidor, mientras que en otros predominó una lógica de menor intervención estatal. Ese vaivén refleja una discusión mucho más amplia sobre el papel que debe asumir el Estado frente a la inflación alimentaria y la concentración económica.
Un termómetro de la economía cotidiana
Pocas instituciones muestran con tanta claridad los efectos de una crisis económica como el Mercado Central. Cuando una sequía reduce la producción, cuando una helada destruye cultivos o cuando aumentan los costos del combustible, el impacto suele reflejarse rápidamente en las operaciones que allí se realizan. Pero también ocurre lo contrario: cuando la demanda cae porque las familias pierden poder adquisitivo, los operadores mayoristas son de los primeros en advertir el cambio.
Por eso, recorrer el Mercado Central es también recorrer una parte de la economía real argentina. Allí no se habla únicamente de estadísticas o indicadores macroeconómicos. Se habla de cosechas, de pequeños productores que intentan sostener su actividad, de comerciantes que calculan cuánto podrá pagar el cliente del barrio y de consumidores que cada vez deben mirar con más atención el precio de los alimentos básicos.
En los últimos años, esa realidad volvió a adquirir una fuerte dimensión política. El incremento sostenido del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y las sucesivas discusiones sobre el rol del Estado en la regulación de los mercados alimentarios colocaron nuevamente al Mercado Central en el centro del debate público. Para algunos sectores, debe limitarse a cumplir una función logística; para otros, constituye una herramienta estratégica para garantizar el acceso a alimentos en condiciones razonables y reducir el poder de negociación de los grandes grupos concentrados.
Una discusión que excede a un mercado
La experiencia internacional demuestra que prácticamente todas las grandes ciudades cuentan con mercados concentradores destinados a organizar el abastecimiento de alimentos frescos. La diferencia radica en el papel que cada Estado decide asignarles. Algunos funcionan exclusivamente como centros privados de comercialización; otros cumplen además funciones de regulación, generación de información y promoción de pequeños productores.
La Argentina todavía mantiene abierto ese debate. En un país productor de alimentos, donde periódicamente resurgen discusiones sobre inflación, concentración económica y seguridad alimentaria, el Mercado Central representa mucho más que un enorme predio lleno de camiones y galpones. Es el punto donde confluyen el trabajo de miles de productores, las necesidades de millones de consumidores y una vieja pregunta sobre el modelo económico: quién fija el precio de los alimentos y qué herramientas tiene la sociedad para evitar que un bien esencial quede exclusivamente librado a la lógica de la especulación.
Cada madrugada, cuando los primeros camiones cruzan sus portones, el Mercado Central vuelve a poner en marcha una maquinaria silenciosa que alimenta a millones de personas. Su historia demuestra que detrás de cada fruta y cada verdura existe una compleja red de trabajo, producción y distribución. También recuerda que discutir cómo llegan los alimentos a la mesa de los argentinos nunca fue solamente una cuestión comercial: es, ante todo, una discusión sobre el derecho a una alimentación accesible y sobre el papel que el Estado decide asumir para garantizarla.
Patricia Bullrich comprobó este viernes, tras una reunión por zoom con los senadores aliados, que sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. «Así como está, no la votamos», dijo a LPO un senador que integra el pelotón de los que conversa con la jefa del bloque libertario.
La pelea es porque las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden «un tope» al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. En la actualidad, solo se admite que pueda entregarse hasta el 15 por ciento del territorio a extranjeros y los senadores que responden a gobernadores cercanos al gobierno aspiran a fijar un límite en 20 o 30 por ciento, según fuentes al tanto de la negociación.
Por lo demás, la resistencia de los aliados no es tan firme como la tozudez del gobierno frente a las modificaciones que reclaman los legisladores de la Cámara Alta. El tratamiento de la ley ya fracasó en tres ocasiones y el próximo 6 de agosto podría volver a frustrarse, advierten miembros de la bancada de LLA, si Sturzenegger no se allana a los pedidos del Senado.
En efecto, los senadores que discutieron este viernes con Bullrich bajo modalidad telemática para no interrumpir sus vacaciones esperan una respuesta del ministro de Desregulación para el próximo lunes. «Veremos qué mandan», contestaron desde el entorno de una legisladora que no firmó el dictamen de mayoría pero participa de las deliberaciones con el oficialismo.
Un senador libertario admitió ante LPO que «el problema principal es el capítulo de tierras». «Si no estuviera eso, la ley ya se habría aprobado», reconoció.
Juez, Zimmerman y Camau Espínola
Para colmo, ya se perdió la cuenta sobre el número de la versión que acredita el proyecto sometido a negociación. Mientras que un aliado deslizó que ya van por la vigésima reescritura del capítulo de tierras, algo que ocurre por fuera del trabajo en comisiones y se corrige bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann, un miembro del bloque oficialista confesó: «dejamos de ponerle números para no estigmatizar las versiones».
A esta altura, el proyecto de Sturzenegger funciona casi como un elemento de martirio de la Casa Rosada contra Bullrich, como si el gobierno le exigiera a la senadora que consiga un objetivo casi imposible. Algo similar ocurre con la intención de eliminar las PASO; encargo que no pesa solo sobre los hombros de la ex ministra, que avisó incansablemente en las reuniones de mesa política que no prosperaría, sino que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
De hecho, el ministro coordinador imitó a Bullrich en la sobreactuación de karinismo cuando cargó en las últimas 48 horas contra Victoria Villarruel, pidiéndole que renuncie. La jefa de bloque libertario, que también tuvo sus horas de furia contra la Vicepresidenta cuando ventiló en el grupo de WhatsApp del oficialismo las discusiones que mantuvieron en privado ambas mujeres, había intentado desescalar el conflicto en una reunión a solas.
Fuentes del Senado comentaron que, en ese encuentro, Bullrich habría asumido que había quedado en un lugar «incómodo», algo que Villarruel disfruta en medio del congelamiento que Karina Milei le aplica a ella.
Como sea, no sería una casualidad la coincidencia de Santilli y Bullrich, dos conversos provenientes de Juntos por el Cambio, contra la Vicepresidenta en la previa del cuarto intento por aprobar la ley de tierras. En el Senado se especula con que Villarruel podría desempatar contra el gobierno si los votos se empardan en el recinto.
Por el momento, el interbloque de José Mayans y el de Carolina Moisés juntan 28 senadores en el rechazo pero a ese grupo se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Un piso de 33 legisladores en contra, con los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más allá de los cálculos, dejaría a los libertarios al borde de un nuevo fracaso.
La situación crítica que cruza a Granja Tres Arroyos (GTA) llegó a su punto de máxima tensión esta semana, cuando la empresa notificó en algunas de sus plantas que paralizará la actividad durante todo agosto. Eso, en medio de conflictos salariales sin resolver, entre ellos el pago del aguinaldo.
En Pilar, este viernes los 150 trabajadores fueron informados de la suspensión de la jornada laboral desde el lunes 3 al domingo 30 de agosto inclusive. «No se desarrollarán actividades operativas ni de faena», dice el comunicado de la empresa.
De acuerdo a lo detallado por El Diario de Pilar, al momento muchos empleados no percibieron los salarios de junio y julio, ni el aguinaldo y que recién días atrás terminaron de cobrar mayo, mes que fue liquidado en hasta 10 cuotas. Esa foto lleva a varios trabajadores a realizar changas y, también, a endeudarse.
«Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores de la ex Crest Roja a los que «le dieron vacaciones forzadas».
Lo mismo pasa en la planta de la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría que hoy controla la firma Wade, subsidiaria de GTA. «Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores a los que «le dieron vacaciones forzadas».
En mayo, LPO contó que esa planta pasó de faenar 110 mil pollos por día a 80 mil. Ahora, la situación empeoró en medio de la profundización de las importaciones de pollo de Brasil promovidas por el gobierno libertario.
Ya en mayo, Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos al derrumbarse la faena diaria, que pasó de 700 mil a 200 mil pollos.
La grave crisis que cruza a la principal empresa avícola del país genera una fuerte incertidumbre en trabajadores de plantas bonaerenses como Brandsen, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Pergamino y otras.
