Cristina Kirchner contrató a los abogados de Lula y prepara un reclamo ante Naciones Unidas. La ex presidenta busca revertir las condenas por la Causa Vialidad.
Cristina sumó a Rafael Valim y Javier Borrego. Valim es especialista en Lawfare y participó de la defensa de Lula en la causa Lava Jato.
La condena a Cristina tiene dos partes que su defensa busca dar vuelta. Una es la prisión y la otra la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Uno de los puntos fuertes de la estrategia del presidente brasileño fue lograr una condena contra la justicia brasileña en Comité de Derechos Humanos de la ONU. En Naciones Unidas consideraron que los derechos de Lula habían sido violados por el juez Sergio Moro.
Si bien la resolución favorable de la ONU llegó casi un año después de que el Supremo Tribunal de Brasil anulara las penas contra Lula, sirvió para darle visibilidad mundial al caso.
Cerca de Cristina reconocen que el litigio puede llevar varios años, pero confían en que la presentación en Naciones Unidas mejora la situación de la ex presidenta ante la justicia argentina.
Borrego, el otro abogado que trabaja en el equipo que encabeza Carlos Beraldi, fue juez en la sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La defensa de Cristina ya agotó sus reclamos en todas las instancias posibles de la justicia argentina y ese un requisito indispensable para poder presentarse ante la ONU. La otra restricción que tiene Naciones Unidas es que el expediente no sea presentado en ningún otro organismo internacional.
Las pymes elaboradoras de biodiesel presentaron un proyecto alternativo al impulsado por el oficialismo para amortiguar el aumento del crudo por la nueva escalada bélica en Medio Oriente.
Las empresas buscan elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir la producción entre las plantas regionales, las compañías no integradas y las grandes aceiteras.
La propuesta de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) contempla reservar un 5% del corte para las 17 plantas regionales, otro 2,5% para ocho compañías no integradas y el 5% restante para las aceiteras.
Patricia Bullrich intenta que se apruebe el proyecto que pone en riesgo 10 mil empleos, dicen desde la Cámara
Por un lado, buscan amortiguar el precio final del combustible y a su vez, garantizar un mercado interno para grandes y chicos, una salida superadora al proyecto impulsado por Patricia Bullrich que habilitaba a las grandes cerealeras a quedarse con todo el negocio.
«Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior», explicaron a LPO desde la Cámara.
Las pymes no cuestionan la incorporación de las grandes empresas al mercado interno, pero reclaman que el crecimiento de la demanda no se produzca a costa de la producción que actualmente tienen asignada las plantas del interior
Para CEPREB, la iniciativa oficial es «la sentencia de cierre de 25 plantas del interior» y pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo», señalaron desde la entidad.
Las plantas regionales sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con las aceiteras, debido a que deben comprarles a esas mismas empresas el aceite de soja que utilizan como materia prima para fabricar el biodiesel.
Además, detrás de las 25 plantas funciona una cadena integrada por unas 400 extrusoras que producen aceite y agregan valor a la soja en distintas localidades del interior.
La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país y los 10.000 puestos de trabajo que están en riesgo
El sector advierte que una reducción del cupo no afectaría solamente a las elaboradoras de biodiesel, sino también a sus proveedores y a las economías de las ciudades donde se encuentran instaladas.
Las plantas están distribuidas entre Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis y producen unas 900.000 toneladas anuales para abastecer el corte vigente del 7,5%. Santa Fe aporta 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.
Según los cálculos de CEPREB, elevar el corte al 12,5% generaría una demanda adicional de 600.000 toneladas. Santa Fe sería la principal beneficiada porque concentra las compañías no integradas y buena parte de la capacidad aceitera del país.
Sin embargo, las pymes advierten que el proyecto oficial habilita el coprocesamiento y no establece un reparto explícito, por lo que las grandes empresas podrían quedarse tanto con el crecimiento del mercado como con parte de la producción que actualmente corresponde a las plantas regionales.
El lunes aterrizó Kristalina Georgieva en Buenos Aires para reunirse con Javier Milei en Casa Rosada. Fue el primer encuentro entre la directora del FMI y el Presidente argentino en diez meses. Hoy voló a Neuquén con el presidente de YPF, Horacio Marín, para recorrer Vaca Muerta. La escena es elocuente por lo que muestra y por lo que oculta: la autoridad del mayor acreedor de la Argentina caminando sobre el yacimiento que el Gobierno exhibe como prueba de que la restricción externa ya tiene solución. Pero detrás de la imagen hay una pregunta que ninguna recorrida oficial va a responder: ¿alcanza la renta de Vaca Muerta para pagar una deuda de esta escala con el Fondo, o se está usando ese activo estratégico para financiar, otra vez, el corto plazo político a costa de la soberanía sobre los recursos que lo generan?
La visita no ocurre en el vacío: coincide con la discusión de un nuevo proyecto para derogar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales —hoy sostenida solo por una cautelar judicial mientras la Corte Suprema decide su suerte— y con la aplicación de una versión ampliada del RIGI —el Súper RIGI— que extiende a nuevas industrias los mismos treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria que ya rigen para los proyectos de Vaca Muerta. No son dos agendas paralelas: es la misma agenda. Mientras se discute quién puede ser dueño de la tierra sobre la que se asientan los yacimientos, se profundiza el régimen que blinda por tres décadas la renta que esos yacimientos producen.
El resultado combinado de ambas reformas parte de un mismo diseño: condiciones cada vez más favorables para que capitales extranjeros se apropien de recursos naturales estratégicos y extraigan de ellos rentas extraordinarias.
Esa continuidad se vuelve todavía más nítida en la agenda privada de Georgieva. Además de sus encuentros con Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili, la directora del Fondo cenó el lunes por la noche con la cúpula empresarial argentina en el Palacio Duhau. Estuvieron Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Strategic Advisor) y Catalina Cascio (Ferrosider).
No es un detalle protocolar: se trata de la cúpula corporativa a la que el propio Banco Central señaló como contraparte directa de la fuga de capitales financiada por el FMI en 2018.
Durante la cena, Georgieva puso hincapié en profundizar las reformas destinadas a expandir el crédito privado, impulsar el desarrollo del mercado de capitales, avanzar en las concesiones de infraestructura y mantener el rumbo del proceso de desregulación económica. También tuvo tiempo para repasar un poco de historia: les consultó a los contertulios sobre los motivos detrás de la caída del régimen de convertibilidad. Los empresarios dieron sus interpretaciones: la devaluación brasileña de 1999, el empeoramiento del escenario internacional y los desequilibrios macroeconómicos que terminaron derivando en la crisis de 2001.
Tocata y fuga
Según el informe del BCRA de 2020, la formación de activos externos del sector privado entre mayo de 2018 y octubre de 2019 alcanzó 45.100 millones de dólares —una cifra casi calcada a los 44.500 millones que el Fondo desembolsó en ese mismo período—, y en el ciclo completo 2015-2019 esa fuga superó los USD 86 mil millones. El BCRA documentó, además, su grado de concentración: apenas cien agentes económicos explicaron 24.679 millones de esa salida, y el 1% de las empresas concentró la mayor parte de la formación de activos externos de personas jurídicas. Estos números dan cuenta de que la deuda que hoy asfixia al Estado no financió, en 2018, una expansión de la economía real: financió, dólar por dólar, una fuga de capitales de un puñado de grandes actores privados.
Que Georgieva se siente a cenar, ocho años después, con figuras clave que pertenecen al mismo universo corporativo que se benefició de manera directa de aquella fuga financiada con crédito del organismo que ella dirige, cierra el círculo de un mismo patrón: el Fondo presta, una porción sustancial de ese crédito termina afuera del país en manos de un puñado de grandes actores privados, y la cuenta de la deuda queda en las manos del pueblo argentino.
La escala del problema no es un detalle retórico: es lo que separa una discusión de política económica de un simple episodio protocolar. En setenta años de vínculo bilateral, un director gerente del FMI pisó suelo argentino cuatro veces, y las tres visitas anteriores comparten un patrón inequívoco. Horst Köhler llegó en 2003, en plena crisis de deuda, para presionar a un Kirchner recién asumido. Rodrigo Rato aterrizó en agosto de 2004 por apenas diez horas, custodiado por la policía, para exigir un acuerdo que la Argentina terminó rechazando. Christine Lagarde estuvo en marzo de 2018, en el marco del G20, semanas antes de que el país cerrará el mayor préstamo de la historia del organismo —el mismo episodio en el que Macri, para instalar confianza sobre la negociación en curso, invitó a los argentinos a «enamorarse» de la titular del Fondo—. Ese romance terminó en la exposición más alta jamás sostenida por un país miembro del FMI. Que Georgieva repita hoy ese mismo gesto, con un gobierno otra vez alineado, siendo un acreedor seniority por representar un 34% de la deuda del FMI entre todos los países del mundo, no es protocolo: es la prueba de que el Fondo nunca visitó la Argentina para auditar cuentas, sino para bendecir gobiernos en medio de crisis de financiamiento.
La cuenta que no cierra: superávit energético versus stock de deuda
Vaca Muerta va a «pagar la deuda». Esa es la muletilla del discurso oficial. Los números, tomados de las fuentes oficiales, obligan a matizarlo. En 2025 la balanza energética argentina cerró con un superávit récord de 7.815 millones de dólares, el más alto de la historia impulsado por exportaciones de combustibles y energía por 11.086 millones. En el primer semestre de 2026 ese superávit ya alcanzó unos 6.987 millones, un salto interanual de casi 62%, y las proyecciones del sector para el año completo rondan los 12.500 millones.
Son cifras notables. Pero al compararlas con la exposición vigente, se ve que Argentina le debe hoy al FMI el equivalente al 1.311% de su cuota, unos 57 mil millones de dólares de capital. No el doble ni el triple del límite normal, sino más de seis veces el techo acumulado que rige en este mismo momento para cualquier otro país miembro.
Traducido a dólares, el tramo que excede los parámetros normales de acceso vigentes al momento de cada desembolso se ubica en 37.800 millones de dólares. No es un matiz menor: representa entre la mitad y las dos terceras partes de toda la deuda que la Argentina mantiene hoy con el organismo.
Si se destinara la totalidad del superávit energético anual —sin un solo dólar para importaciones, salarios, inversión o cualquier otro uso— a cancelar exclusivamente ese stock, con las proyecciones más optimistas de YPF para 2026 se necesitarían más de cuatro años solo para cubrir el capital, sin contar intereses, sobrecargos, ni el resto de los vencimientos de deuda pública que la Argentina también enfrenta en dólares. Y esa cuenta ni siquiera contempla que buena parte de esa renta energética no queda enteramente disponible para el fisco: una porción se destina a las regalías provinciales, otra a la rentabilidad de las empresas —muchas de ellas extranjeras— que operan bajo el régimen de estabilidad de treinta años.
Vaca Muerta puede ser, con el tiempo, una fuente relevante de divisas. Lo que no puede ser, con esta escala de deuda, es la solución por sí sola. Confundir un superávit sectorial —por más récord que sea— con la capacidad de repago de una exposición trece veces superior a la cuota es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una forma de demorar la discusión de fondo: qué parte de esa deuda es técnica, qué parte es un excedente de naturaleza política y qué instrumentos legales existen para tratarla como corresponde.
Un gesto político, no un dictamen técnico
En abril de 2025, durante las Reuniones de Primavera del FMI en Washington, la directora gerente advirtió que resultaba «importante» que la Argentina no «descarrilara» su rumbo de cambio de cara a las elecciones legislativas de octubre, sugiriendo que un resultado favorable a la oposición peronista implicaría, de manera casi automática, un salto en el tipo de cambio o una corrida sobre las reservas. El episodio no quedó en la declaración: minutos después, en el mismo panel, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le obsequió un prendedor con forma de motosierra, que Georgieva aceptó y se colocó en la solapa ante las cámaras. La oposición calificó la intervención de Georgieva de intromisión electoral y el propio organismo debió aclarar al día siguiente, que el mensaje estaba dirigido al Gobierno y no al electorado.
Ayer, al mismo tiempo que Georgieva aterrizaba en Buenos Aires, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley del bloque de diputados de Unión por la Patria para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso. La propuesta, avalada por quince diputados del principal bloque opositor, hace foco además en las asimetrías institucionales y contradicciones como las que se presentan entre la directora que interviene políticamente en un proceso electoral doméstico y el propio staff técnico que viene señalando el incumplimiento de la meta de superávit primario y la insuficiencia de reservas. La alerta es clara: el FMI opera, al mismo tiempo, como acreedor, como auditor de sus propios programas y como actor con intereses geopolíticos explícitos, cuya conducción no es ajena al resultado de los procesos electorales de sus principales deudores.
Se trata de la misma lógica de discrecionalidad política —aplicada ahora al plano de la comunicación y la campaña— que en 2018 permitió aprobar un programa por fuera de los criterios técnicos de sostenibilidad. La corresponsabilidad que reclama el proyecto no es sólo jurídica: es también política, y empieza por reconocer que las decisiones del Fondo sobre la Argentina nunca fueron, ni son hoy, puramente técnicas. Son profundamente políticas.
Un patrón que se repite: desembolsos que llegan cuando la política los necesita
El caso argentino ofrece, además, una serie temporal que resulta difícil de leer como pura coincidencia técnica. El préstamo de 2018 se cerró bajo un gobierno de Cambiemos en pleno año electoral legislativo, con Lagarde elogiando en Bali «la disciplina» fiscal de Macri semanas antes de los comicios de octubre. Siete años después, en 2025, el patrón se repitió: el Fondo desembolsó 14 mil millones de dólares en abril, en el tramo final de una negociación que incluyó un viaje de Milei y Caputo a Mar-a-Lago para conseguir el respaldo público de Donald Trump, y Georgieva llegó a declarar sobre un desembolso inicial más alto que el gobierno argentino se “había ganado” por su desempeño.
En 2025, previo a las elecciones legislativas, el Tesoro de Estados Unidos anunció un swap de monedas con el Banco Central por otros 20 mil millones, y el propio Trump condicionó públicamente ese respaldo al resultado electoral del oficialismo, en una frase que generó un desplome inmediato de los mercados argentinos. Bloomberg tituló, sin medias tintas, que el FMI respaldaba la ayuda de Washington a la Argentina antes de esos comicios.
La nueva arquitectura de endeudamiento: cuando el prestamista es también el padrino político
Lo que ocurrió en 2025 agrega, además, una capa novedosa y que vuelve más urgente su lógica: la aparición del Tesoro de Estados Unidos como actor de financiamiento directo, por fuera del propio FMI. El swap de 20 mil millones de dólares anunciado por la administración Trump no es un crédito del organismo multilateral: es una línea bilateral del Tesoro norteamericano, activada en medio de una corrida cambiaria y explícitamente atada, según las propias palabras del presidente estadounidense, al resultado electoral.
En apenas veinte meses de gestión, el Gobierno acumuló préstamos por 20 mil millones con el FMI, otros 12 mil millones con el Banco Mundial, USD 10 mil millones con el BID y montos adicionales con la Corporación Andina de Fomento, además de esa línea del Tesoro estadounidense.
Esta arquitectura combinada —FMI, banca multilateral y ahora también el Tesoro de un país miembro actuando directamente como prestamista de última instancia— desdibuja todavía más la frontera entre asistencia técnica y respaldo político-electoral. El propio FMI reconoció el peso de esa variable: su directora llegó a admitir que el respaldo de la Casa Blanca resulta clave para destrabar desembolsos, y la sintonía personal entre Milei y Trump se volvió, en los hechos, una variable tan relevante para el programa económico como el cumplimiento de las metas fiscales.
Es exactamente el escenario que la doctrina de corresponsabilidad busca nombrar y ordenar: si el financiamiento externo de la Argentina depende, en última instancia, de alineamientos geopolíticos y ciclos electorales antes que de criterios técnicos verificables, entonces la salida de esa dependencia no puede limitarse a pedirle prolijidad al Fondo.
Una deuda política necesita una solución política
La discusión que busca llevar al Congreso el bloque de Unión por la Patria apunta a darle un techo legal a la deuda, control parlamentario obligatorio y una negociación explícitamente política para la porción de deuda generada no por un cálculo técnico, sino por un que un ciclo político.
El planteo central del proyecto de ley puede resumirse en una sola idea, tan simple como incómoda: hay que distinguir lo que se debe pagar siempre —la cuota, el crédito ordinario— de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas —el excedente que, en el caso argentino, representa la enorme mayoría de la deuda—.
Si el origen de ese excedente fue una decisión política —del Directorio del Fondo, que aprobó en 2018 el mayor préstamo de la historia del organismo pese a que la propia evaluación técnica dudaba de su sostenibilidad, y del gobierno argentino, que lo tramitó incumpliendo sus propios procedimientos institucionales—, entonces su resolución no puede ser exclusivamente técnica. Necesita una negociación política con objetivos políticos: un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento de la economía argentina, que no descargue el ajuste sobre la distribución del ingreso de las y los argentinos.
Los socialistas santafesinos les advirtieron a sus socios de la coalición que gobierna la provincia que se pondrán en una opción contraria a la de Javier Milei en el proceso electoral que viene. También hicieron una crítica clara al intendente de Rosario Pablo Javkin que está en el mismo espacio político. Y hablaron de recuperar espacio ante docentes y trabajadores estatales que están notoriamente enfrentados con el gobernador Maximiliano Pullaro.
Estos planteos son una ratificación, con una tonalidad ahora más fuerte, de insinuaciones que se distancian de los sectores del radicalismo y del PRO que componen Unidos, la alianza multipartidaria que gobierna Santa Fe y de la que el Partido Socialista es parte.
Fue durante un locro en Rosario donde se reunieron cinco mil militantes de toda la provincia frente a legisladores, intendentes y autoridades del socialismo santafesino, por los 130 años de vida partidaria. Allí el presidente del partido en Santa Fe y diputado provincial Joaquín Blanco se plantó de punta hacia sectores asociados en el oficialismo provincial. También dejó claro que el PS disputará protagonismo en 2027.
Quedó en evidencia la fisura histórica que hay con el intendente Pablo Javkin, quien desde un espacio aliado hace seis años terminó desalojando al socialismo de treinta años de control de la Intedencia de Rosario, y con quien hay una indisimulada pica histórica. Blanco fue muy crítico del criterio político de la administración donde cuestionó «mediocridad», «improvisación» y también a los «especuladores de la política».
Políticos que comentaban ese contenido en el acto deslizaron a LPO que el señalamiento no era solo para Javkin sino también para Juan Monteverde, dirigente de centroizquierda aliado al peronismo, que fue en las últimas elecciones el dirigente opositor más destacado.
«Lo que se cuestiona es que desde el socialismo vemos una noción superficial de la política en las opciones de Javkin y Monteverde. El socialismo en 30 años perfiló una ciudad basada en grandes líneas de planificación cultural, con ejes muy fuertes que perduraron en descentralización, en proyectos de profunda transformación urbana, en bienestar social de los más postergados. Hoy lo que hay no supera la discusión por obras de nivel comunal y no se ven políticas que dejen una marca perdurable e histórica en la ciudad», le dijo a este medio un dirigente histórico del socialismo.
Maxi Pullaro
Desde el triunfo de Javkin y la muerte del ex gobernador Miguel Lifschitz el socialismo si bien tuvo presencia en la gestión provincial, en especial al ser el partido que mayor cantidad de diputados obtuvo en la última renovación legislativa, quedó lejos de alcanzar el protagonismo de otras épocas, cuando obtuvo tres gobernaciones consecutivas y cuatro intendentes en Rosario que revalidaron sus mandatos en la ciudad que tiene el 40 por ciento de la población provincial.
Blanco, que fue el último orador, se perfila en un rol protagónico en el socialismo santafesino, y dentro del partido lo ubican como posible candidato a gobernador el año próximo. En referencia a Rosario, reconoció que la ciudad «respira otro aire después de años de violencia», pero en ese pespunte crítico sostuvo que «necesita una segunda ola de transformaciones estructurales para los próximos 30 años».
También tuvo un significado que el presidente provincial del partido le haya mentado a Pullaro un punto débil, el suyo con los trabajadores públicos, con los cuales la actual gestión mantuvo una disputa, en especial con el sector docente por la implementación de un programa de asistencia perfecta o presentismo y por una reforma previsional.
«Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. Pregunten a cualquier comerciante, pregúntenle a aquel trabajador precarizado, pregúntele a aquel empresario pyme que ve la máquina parada en su taller. Binner se le plantó a Menen en los noventa. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei», dijo.
Sabemos que Milei es malo. No hace falta que lo repitamos. El socialismo hoy está en la vereda de enfrente de Milei
Esto significa una distinción a la vez que una ambigüedad. El socialismo critica a Milei pegado a un gobernador que dice de una manera enfática y sin desvíos que frente a una opción electoral próxima que enfrente a algún referente relacionado al kirchnerismo con uno libertario no dudará en respaldar a esta última. Los socialistas tendrán que tomar una opción más que ante Milei, ante Pullaro.
Hasta ahora se defendieron señalando que una opción es el nivel nacional y otra el provincial donde el gobernador santafesino impulsa la obra pública, la infraestructura vial, el crédito productivo y que pese a las tensiones los escucha. Por ejemplo en muchos aspectos de la reciente Constitución reformada en 2025. «Si la nueva Constitución mantiene derechos de los que nos enorgullecemos es gracias a la participación de los convencionales socialistas», dijo Varinia Drisun, diputada socialista que también habló en el acto.
Las menciones seductoras hacia los docentes y los trabajadores estatales, un espacio que confronta abiertamente con el gobierno radical, pudo haber sido algo que Pullaro supiera de antemano. En Santa Fe el oficialismo apuesta a armar una Paso provincial fuerte para elegir gobernador en abril próximo. El actual mandatario es el que cuenta con más chances de ser el candidato del espacio. Pero una competencia con otros postulantes como Blanco en la primaria pueden dejar al espacio fortalecido frente a los opositores, en especial al que pueda ser candidato libertario.
En las últimas contiendas las disputas con LLA terminaron en escenarios de tercios y muy ajustadas. Por eso un socialismo que mantenga adhesiones de espacios como docentes, que el pullarismo de alguna manera dispersó, conviene al propio gobernador.
En el acto de 130 años de vida del socialismo estuvieron los diputados provinciales Rubén Galassi, Lionella Cattalini, Mariano Cuvertino, Gisel Mahmud, Rossana Bellatti, Leonardo Calaianov, Fabián Cejas, Charo Mancini, Sergio Rojas y Sofía Masutti. También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez Alberto Ricci, de Recreo Omar Colombo, de Sunchales Pablo Pinotti, de Alvear Carlos Pighin, de Las Toscas Iván Sánchez, de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani y presidentes comunales, concejales, dirigentes y militantes de toda la provincia. Estuvieron el diputado nacional Esteban Paulón y la presidenta del partido Mónica Fein.
Un grupo de 11 intendentes bonaerenses consolidó una Liga y se posicionan como un cuarto sector dentro del peronismo. Este lunes visitaron a Axel Kicillof en La Plata y posaron frente a Casa de Gobierno en una foto fundacional del nuevo espacio.
La reunión con el gobernador duró unas tres horas. Formalmente se comunicó que hablaron de la situación económica y del impacto del ajuste en los distritos. Sin embargo, hubo un diálogo político profundo con Kicillof, a quien visitaron como principal autoridad del peronismo en la provincia.
El germen de la Liga fue lo que se denominó como Grupo AFA, un armado que integraron Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).
Ahora se sumaron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), y Mariel Fernández (Moreno). El espacio pasa a ser una Liga de Intendentes Peronistas.
La Liga busca constituir un nuevo espacio que complemente la actual división que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, se posiciona como un cuarto sector frente al axelismo, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. Pero, al mismo tiempo, no busca ser un grupo cerrado.
Varios intendentes tienen puentes con Cristina y Máximo Kirchner, al tiempo que mantienen buen diálogo con Kicillof. No hay en la flamante Liga posturas extremas. Por caso, a pesar de la cercanía con la ex presidenta, en los hechos respaldaron el año pasado la decisión del gobernador de desdoblar la elección bonaerense.
La idea del grupo es mantener y remarcar una fuerte identidad como intendentes peronistas. Eso, dicen, es un punto en común para poder abrir el juego y dialogar con el resto de los intendentes de la provincia.
El grupo venía manteniendo conversaciones con Kicillof. Incluso el gobernador les planteó el año pasado que ese grupo debería formar parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su línea interna dentro del peronismo.
Los jefes territoriales prefirieron mantener su identidad como intendentes. Creen que es justamente desde allí donde pueden aportar para la unidad en momentos en que el peronismo atraviesa una de sus peores crisis.
De ahora en más buscarán abrir el juego. Retomar las reuniones con Kicillof, visitar a Sergio Massa en sus oficinas de Libertador y de manera individual y, por cuestiones judiciales, visitar a Cristina en su domicilio de San José 1111.
Los intendentes entienden que la fragmentación del peronismo en tres sectores rompió con un esquema cotidiano de reuniones de jefes distritales que se juntaban a discutir política y buscar soluciones. Por caso, la solidez del grupo de intendentes fue clave entre 2015 y 2019 para resistir las políticas del PRO en la provincia.
De ahora en más buscarán abrir el juego. Retomar las reuniones con Kicillof, visitar a Sergio Massa en sus oficinas de Libertador y de manera individual y, por cuestiones judiciales, visitar a Cristina en su domicilio de San José 1111.
Aunque esquivan plantearlo abiertamente, la Liga buscará influir en la definición del sucesor de Kicillof en el gobierno bonaerense. Los intendentes saben del poder que consolidaron en la elección de septiembre pasado y buscarán hacer valer esa gesta. A diferencia de elecciones anteriores, en esa pulseada electoral ellos traccionaron solos la victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza.
Uno de los temas de los que se habló en la reunión fue la necesidad de modificar la ley que prohíbe las reelecciones. No hubo definiciones concretas, pero cayó bien en el grupo que Kicillof haya reflotado el tema en los últimos días.
En los próximos días, los intendentes publicarán un documento fundacional y se expresarán públicamente sobre reelecciones y otros temas de coyuntura.
También se conversó sobre la estrategia electoral del año próximo. Kicillof planteó que antes de definir la estrategia electoral bonaerense es necesario esperar qué resuelve el Congreso sobre la continuidad o eliminación de las PASO. La idea es esperar una definición sobre eso y luego comenzar a discutir hacia fin de año el camino a seguir en la provincia.
En las últimas horas se vitalizaron videos de la ruta nacional 151 en Río Negro que dan cuenta de la crisis total en infraestructura tras casi tres años sin obra pública. Las imágenes muestran un asfalto casi inexistente y un sin fin de pozos que hacen ir a los camiones a velocidades mínimas.
La ruta nace en Cipoletti y avanza hacia el norte de Río Negro para atravesar el oeste de La Pampa hasta la localidad de Santa Isabel, casi al límite con San Luis.
Alberto Weretilneck, un gobernador aliado al gobierno de Javier Milei, presentó en los primeros días de julio un amparo para que Vialidad Nacional intervenga en el ruta. La presentación judicial fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, los intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, y por cámaras empresariales de esas localidades.
El pedido del gobernador es que la Justicia exija al gobierno libertario un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa.
«Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas», dijo Weretilneck.
El desastroso estado de la ruta obstaculiza varios servicios esenciales. Por caso, en los primeros seis meses del año más de 576 traslados sanitarios se hicieron en ese tramo. En tanto, más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas utilizan a diario esa ruta para acceder a la educación.
Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. No hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas.
Además, el estado del camino impacta directamente en actividades estratégicas como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, de la que depende el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.
«Casi tres años sin obra pública. Única nación en el planeta con este modelo. Milei gobierna el octavo país más grande del mundo y no construyó un solo kilómetro de ruta durante su mandato», dijo este lunes el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. «Van a dejar este país intransitable, con familias destrozadas por accidentes evitables y producciones completas sin poder transportarse», dijo y agregó que reconstruir esa ruta será cuatro veces más caro que haberla reparado en su momento.
