Axel Kicillof evalúa un viaje a China junto a un grupo de empresarios argentinos que quieren ingresar al mercado asiático. El gobernador recibió una invitación para llevar empresas bonaerenses a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghai.
Desde el entorno de Kicillof confirman la invitación a participar del evento, pero reconocen que puede haber superposición de agenda y que eso lleve a suspender el viaje.
Sucede que la exposición es del 5 al 10 de noviembre, fecha que podría coincidir con la visita del Papa León XIV a la Argentina. La gira del Sumo Pontífice no fue aún confirmada por la Santa Sede. Sin embargo, tanto Javier Milei como el canciller Pablo Quirno señalaron que noviembre aparece como la fecha tentativa para una visita que también incluiría Perú y Uruguay.
Por lo pronto, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, confirmó este jueves que una comitiva del Vaticano recorrió Argentina para evaluar los posibles lugares que visitaría el Papa.
Los enviados del Vaticano analizaron los destinos de una eventual gira con el fin de diagramar la logística para un viaje de tal magnitud y dimensión. Según informó el sitio Infovaticana, la delegación de la Secretaría de Estado se reunió con autoridades del Gobierno nacional, la Casa Militar y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para trazar cuestiones de seguridad y protocolo.
León XIV.
Según esa publicación, entre las alternativas analizadas figuran una actividad en el Teatro Colón, una misa multitudinaria en Buenos Aires, una visita a Córdoba y otra al santuario de Luján, además de una audiencia con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
El último viaje al exterior de Kicillof fue en abril cuando voló a España para participar en Barcelona como orador principal en la Movilización Global Progresista.
“La compra de tierras en sí misma no es una inversión.” Esa es una de las frases textuales más potentes de la Ley de Tierras. Es la Ley que Milei pretende desarticular. No logró hacerlo a fines del año 2023 a través del DNU 70/2023, gracias a un amparo judicial presentado por un Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata. Entonces incluyó la reforma en un nuevo proyecto, firmado junto con los gobernadores del Consejo de Mayo y presentado a fines de marzo al Congreso.
Ese nuevo proyecto, el de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iba a ser tratado en el Senado en la sesión fallida del jueves 16 de julio. Ante la falta de apoyo político, Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, pidió aplazar la sesión hasta el 6 de agosto.
Que la votación se postergue tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social organizada en ONGs, cooperativas, movimientos sociales, políticos, sindicales, científicos y religiosos. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía.
Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, Peter Thiel y sus amigos se frotarán las manos.
Ahora empezó a circular una convocatoria: “Nos vemos el 6 en el Congreso.” Se corre la bola. Entre todos, de a poco logramos derribar el cerco mediático desde los medios locales y autogestionados y llegar al centro de la conversación social, incluso la vinculada con el Mundial. “Yo me pongo la camiseta. No a la extranjerización de la tierra”, circulaba en estados de Whatsapp con el hashtag #lasoberanianosenegocia. Se organizaron espacios de colaboración en red como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la tierra y la vivienda. La semana que viene, la última de julio, se realizarán acciones federales con el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, clases y radios abiertas, charlas y banderazos. Y el 6 de agosto, la movilización al Congreso.
Desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo integrado por organizaciones de todo el país vinculadas a la ruralidad y a los territorios, tejemos estrategias. Yo, por ejemplo, que vivo en Buenos Aires pero soy de Santiago del Estero, entre otras cosas participé en zooms con mujeres de la Red Federal de Concejalas que tienen llegada a la Federación Argentina de Municipios (FAM), y así logramos sumar firmas para el rechazo al proyecto. Las compañeras de Casa Patria de Neuquén lograron reunirse con el Obispo cuando estaba por viajar a un Encuentro de Obispos en La Rioja. Se trabajó sobre aportes de colegas miembros de la pastoral social de Santa Fe, del chaco salteño (Salta) y de otros equipos que integran ese espacio. Así salió la Carta Abierta a los Legisladores de la Iglesia Católica firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas. Otro tanto sucedió con el comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y el pronunciamiento del Llamamiento argentino-judio contra el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos pronunciamientos hicieron que el reclamo trascienda la ciudadanía politizada y llegue a amplios sectores de la sociedad.
LEY DE TIERRAS, LA ORIGINAL
La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada por el Congreso en 2011, con amplia mayoría. En ese momento, el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como problema condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales necesarios para un desarrollo nacional lo más equitativo posible, a los que el gobierno de Estados Unidos ya les ponía el ojo.
Que el Congreso haya postergado la votación tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social.
Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. No prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones. Establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establece que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que ninguna persona, de manera individual, pueda comprar más de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura (como la zona núcleo y otras regiones de la pampa húmeda) o su equivalente en otras zonas del país de acuerdo a lo que defina cada provincia. Además, les prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido. También establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.
Para mediados de 2013, un 6% de la superficie nacional estaba a nombre de extranjeros según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por la Ley de Tierras, que dirigí durante cuatro años desde sus orígenes. Entre los datos más curiosos que recabamos aparecen los paraísos fiscales como dueños de 1.113.654,85 hectáreas, 55 veces la superficie porteña, a través de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
El Registro Nacional de Tierras Rurales fue valioso en términos institucionales y de política pública. Fue el primer registro que unificó a nivel nacional datos reales sobre los dueños de la tierra (extranjeros), construido en clave federal a partir de los catastros y registros de la propiedad inmueble de todas las provincias argentinas independientemente de su conducción política. Además, construyó una base de datos a partir de las declaraciones juradas de empresas y el entrecruzamiento de esa información con otros organismos nacionales y provinciales de control, como direcciones de personas jurídicas e inspección general de justicia. Ese relevamiento fue la primera foto de la situación de extranjerización de la tierra rural en Argentina.
Hoy también hay acceso a esa información en la web del Ministerio de Justicia de la Nación (publicados por provincia y por departamento a través de un excel que permite su descarga en pdf) aunque la última actualización fue en agosto de 2025. Otra de las fuentes es el Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de UBA y CONICET que da cuenta de un 5% de superficie extranjerizada en el país.
LEY DE TIERRAS SEGÚN MACRI
A mediados de 2016, el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias. Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado por diversas organizaciones de la sociedad civil, de pequeños productores y por legisladores nacionales de Mendoza, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Misiones, Buenos Aires, entre otras. Pasaron cuatro años, y recién en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
LEY DE TIERRA Y LEY BASES
En diciembre de 2023, la Ley de Tierras entró en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, la llamada “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes. Con esta medida -atacada por inconstitucional- se habilitaría a que capitales extranjeros adquieran y administren la tierra rural, cercenando el acceso a miles de argentinos y poniendo en peligro la estructura de la tierra rural, incluso la de la pampa húmeda. Ese Decreto 70/2023 fue impugnado judicialmente por distintos colectivos, en distintos momentos y con resultado disímil, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.
La Ley de Tierras vigente no prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones.
Entre estos reclamos judiciales se destaca el planteo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. Sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, implica la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo. El 29 de enero de 2024 el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26.737 de Tierras. A una semana del fallo, el titular del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó esa acción de amparo. Dijo que el CECIM no se encuentra legitimado para estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina ni de la soberanía nacional. Entonces el CECIM apeló la decisión y la Cámara Federal de la Plata finalmente declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en tanto deroga la Ley de Tierras Nº 26.737. Entre los aspectos más salientes del fallo destaco la referencia a que la soberanía nacional justifica la incidencia colectiva y por su naturaleza, es un bien jurídico a proteger. Podemos decir que hoy la Ley de Tierras está vigente gracias al CECIM.
6 DE AGOSTO: NO A LA EXTRANJERIZACIÓN
A comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional impulsó una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina. En nueve artículos, bajo el título “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto implica una derogación encubierta de la Ley de Tierras 26.737 al proponer cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y requisitos para la expropiación, y flexibilizaciones a la Ley de manejo del fuego. Sobre tierras rurales realizan modificaciones estratégicas que vacían de contenido su espíritu original al eliminar las limitaciones establecidas por ley, en cuanto a superficie, nacionalidad, topes personales y la prohibición de adquirir lagos y ríos.
La aprobación del proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno Nacional implica riesgos institucionales y riesgos en sentido estratégico. La derogación de la Ley de Tierras significará:
–pérdida de acceso a la información pública a nivel nacional de los datos dominiales y catastrales en torno a la extranjerización de la tierra.
–pérdida de control sobre el territorio nacional y las implicancias en cuanto a la posible balcanización de nuestro país.
–eliminación de límites para la adquisición de tierras con acceso directo a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, ríos), y por ende fuentes de agua y energía sumado al RIGI.
–de ser aprobado el SUPER RIGI, promete estabilidad regulatoria por 30 años y así desarma cualquier facultad de ejercicio de poder de policía sobre el territorio y por ende ejercicio de soberanía.
EL DOBLE OBJETIVO
Esta reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Por un lado, cumple una función económica liberalizadora clásica: derogar los controles para facilitar y garantizar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, tratando a la tierra como una mercancía más. Por otro lado, y de manera simultánea, introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático. En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto se refiere a Estados extranjeros o entidades bajo su control y cobra sentido pleno a la luz de la alineación absoluta del gobierno de Javier Milei con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Fue a comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional impulsó esa reforma hecha a la medida de grandes capitales extranjeros.
Lejos de una mera “modificación”, esta iniciativa representa una liberalización integral y selectiva del mercado de tierras. Se ampara en un principio abstracto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuando la ley actual no afecta derechos adquiridos y opera dentro del consenso jurídico sobre el principio de razonabilidad. La flagrante contradicción con el fundamento soberanista original de la ley—expresado en el mensaje de 2011—revela la verdadera naturaleza de la reforma.
En el doble objetivo se define su esencia: es a la vez un instrumento de desregulación económica para capitales amigos y una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera.
Pero el debate continúa, trasciende lo técnico y lo económico: se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación.
El Gobierno de Javier Milei prepara una nueva reforma impulsada por Federico Sturzenegger que modificaría de manera profunda el mercado farmacéutico. Especialistas advierten que la iniciativa puede favorecer la automedicación, encarecer tratamientos y debilitar el rol sanitario de las farmacias.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una reforma que cambia las reglas del sistema farmacéutico
El Gobierno nacional avanza en un nuevo paquete de desregulaciones encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, que esta vez apunta directamente al mercado de los medicamentos. Entre los cambios que se analizan figura la modificación o derogación de normas históricas que regulan la comercialización farmacéutica, habilitando una mayor liberalización del sector.
Según trascendió, la iniciativa permitiría ampliar la venta digital de medicamentos, flexibilizar las condiciones para la entrega a domicilio e incluso extender la comercialización de productos de venta libre fuera de las farmacias, una medida que genera fuerte preocupación entre profesionales de la salud.
Lejos de tratarse de una discusión meramente comercial, distintos especialistas sostienen que el proyecto implica un cambio profundo en la forma en que los argentinos acceden a los tratamientos médicos.
Advierten sobre más automedicación y medicamentos más caros
El médico clínico Oscar Atienza alertó que la desregulación podría tener efectos contrarios a los que promete el Gobierno. En lugar de favorecer la competencia y reducir los precios, señaló que la flexibilización puede incentivar la automedicación, dificultar el seguimiento profesional de los pacientes y terminar incrementando el costo efectivo de los tratamientos.
El especialista recordó que las farmacias cumplen una función sanitaria que excede la mera venta de productos. Allí se controla la correcta dispensación de medicamentos, se detectan incompatibilidades entre tratamientos y se orienta al paciente respecto de dosis y riesgos, una tarea que podría perderse si los remedios pasan a comercializarse como cualquier otro bien de consumo.
Además, diversos sectores del sistema de salud sostienen que la concentración del mercado en grandes plataformas comerciales podría terminar debilitando a las farmacias de barrio, reduciendo la competencia real y dejando a millones de personas con menos asesoramiento profesional.
Otra apuesta al mercado en un área sensible
La reforma forma parte del nuevo paquete de desregulaciones que Sturzenegger impulsa tras la expiración de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. El ministro busca avanzar ahora mediante proyectos legislativos que eliminen o modifiquen decenas de leyes vinculadas a distintas actividades económicas.
En el caso de los medicamentos, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible porque involucra el acceso a tratamientos esenciales, la seguridad sanitaria y el derecho a la salud.
Mientras el Gobierno sostiene que una mayor apertura favorecerá la competencia y eliminará regulaciones consideradas «obsoletas», desde distintos sectores médicos y farmacéuticos advierten que la experiencia internacional muestra que la liberalización del mercado farmacéutico no garantiza una reducción de precios y puede aumentar los riesgos asociados al consumo sin control profesional.
La discusión recién comienza, pero ya anticipa un nuevo frente de conflicto para una administración que viene impulsando una profunda transformación del Estado bajo la premisa de que el mercado debe ocupar un lugar cada vez más amplio, incluso en áreas tan sensibles como la salud.
Hugo Passalacqua y Carlos Rovira escaló hasta el punto de no retorno. Tras quedarse con gran parte de su aparato político, el gobernador de Misiones empezó a atacar el poder económico del otrora hombre fuerte de la provincia y cortó un contrato millonario que beneficiaba directamente al dueño de los streaming Blender y Carajo, Augusto Marini.
Se trata del contrato con la aplicación de telemedicina Alegramed que es parte de CaleGroup, el
holding de empresas del libertario Marini. La app Alegramed fue puesta en marcha durante la pandemia y a través de ella los misioneros podían sacar turnos en el sistema de salud público.
En Misiones dicen que Alegramed es la principal fuente de financiamiento de Marini y creen que con ella sostiene los streaming porteños, que como quedó claro en la crisis de Blender le dan pérdida.
El gobierno misionero le pagaba a Alegramed alrededor de 9 dólares mensuales por cada uno de los 350 mil usuarios que tenía. Un negocio fenomenal que algunos creen era del propio Rovira, el padrino de Marini.
Ahora, el gobierno de Passalacqua está desarrollando su propia aplicación y los misioneros empezaron a ser avisados que Alegramed será dada de baja a fin de mes. La versión en la provincia es que ya se cortaron los pagos a la empresa de Marini, que ahora depende de los contratos ferroviarios que le empezó a dar el gobierno nacional.
El fin del contrato con Alegramed es parte de un avance de Passalacqua sobre las cajas de Rovira, en una confirmación de que la guerra política entre los caudillos misioneros no tiene retorno.
Días atrás, Passalacqua le sacó a Rovira el control de dos de las principales cajas económicas de la provincia: la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y Energía de Misiones SA (EMSA), la distribuidora de energía. Ambas estaban en manos de alfiles del exgobernador, que fueron desplazados al igual que todas las segundas líneas.
Passalacqua también había cortado la concesión de un hotel del Instituto de Previsión Social en Posadas, que manejaba un grupo empresario al que también ligan a Rovira. Otras proveedoras del Estado provincial tendrían el mismo destino que la app de Marini.
Carlos Rovira
La disputa entre Rovira y Passalacqua comenzó cuando el gobernador anunció su intención de buscar un nuevo mandato
en 2027, contra los deseos del caudillo provincial que quería mantener la potestad de elegir al candidato del oficialismo.
La histórica estrategia de Rovira -que dejó la gobernación en 2007 pero controlaba políticamente la provincia desde la Legislatura- fue darles un mandato a los elegidos para impedir un crecimiento que amenace su poder. Por eso su plan era imponer en 2027 al vicegobernador Lucas Romero Spinelli.
Pero Passalacqua se retobó y consiguió el apoyo de casi 70 intendentes que antes respondían a Rovira. El caudillo entonces avisó que ponía fin al sello Frente Renovador de la Concordia y lanzó Encuentro Misionero. Desde el sector gobernador se dieron por fuera del espacio y avanzaron con un armado propio.
LPO reveló días atrás que dirigentes importantes del oficialismo misionero estaban intentando un acercamiento entre Passalacqua y Rovira, que habría dado algunas señales de que aceptaría un nuevo mandato del actual gobernador. Pero la mediación por ahora no avanzó y Passalacqua decidió ir a fondo contra el poder económico del rovirismo.
El fuerte rally que experimentaron las acciones argentinas durante los últimos meses comenzó a dar paso a una etapa de mayor selectividad. Si hasta hace poco el mercado compraba casi cualquier papel local ante la expectativa de una mejora de la economía, ahora los analistas empezaron a diferenciar entre las empresas con mayores perspectivas de crecimiento y aquellas cuyo recorrido aparece más limitado.
Ese cambio quedó reflejado en el último informe de estrategia de Allaria, que ubicó a Loma Negra, Aluar, Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y BBVA Argentina entre las acciones con menor potencial de suba para lo que resta de 2026. La selección no implica una recomendación de venta, sino que identifica a las compañías que, según el broker, ofrecerían un rendimiento relativamente inferior frente a otras alternativas del mercado.
La señal más clara recae sobre Loma Negra, Aluar y Molinos Río de la Plata, tres empresas estrechamente ligadas al desempeño de la economía real. La recuperación más lenta de la actividad, especialmente en sectores como la construcción, el consumo y la industria, comenzó a moderar las expectativas sobre la evolución de sus resultados.
Para Facundo Pascual, asesor financiero, el denominador común de las compañías que Allaria ubica entre las menos atractivas es que dependen de variables que todavía no mostraron una recuperación contundente. «Todas dependen de una variable que aún no repuntó con fuerza: el consumo interno, la obra pública y la industria liviana. Loma Negra necesita que la construcción privada y la obra pública convaliden con volumen lo que el precio ya anticipó. Aluar enfrenta un consumo industrial que todavía no traccionó y depende del tipo de cambio para sostener su competitividad exportadora», explicó.
Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, sostuvo que esa diferenciación responde al contexto macroeconómico. «El retraso en la construcción impacta de forma directa a empresas como Loma Negra y Ternium, mientras que la lentitud en la recuperación del consumo frena a Molinos Río de la Plata», explicó.
El retraso en la construcción impacta de forma directa a empresas como Loma Negra y Ternium, mientras que la lentitud en la recuperación del consumo frena a Molinos Río de la Plata.
El ejecutivo agregó que no todos los sectores enfrentan el mismo escenario. «Un peso apreciado favorece a exportadoras como Aluar y Molinos Agro», señaló. Aun así, considera que las mayores oportunidades continúan concentrándose en el sistema financiero. «Hacia adelante vemos el mayor potencial de crecimiento en los bancos, principalmente Galicia y Macro», afirmó.
Pascual también vinculó la posición de Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y BBVA Argentina con esa misma dinámica. «Las dos alimenticias cargan con un consumo masivo que sigue siendo el más golpeado del panel. Y BBVA es la contracara bancaria de ese escenario: sin un crecimiento sostenido del crédito privado, el negocio tradicional de los bancos no logra revalorizarse al mismo ritmo que las utilities o las empresas de servicios públicos», señaló.
Javier Madanes Quintanilla, CEO de Aluar.
En el caso de Molinos Agro y BBVA Argentina, Allaria mantuvo una recomendación positiva, aunque las ubicó entre las compañías con menor potencial relativo respecto del resto de su cartera sugerida. La lectura del mercado es que buena parte de las expectativas favorables ya se encuentran incorporadas en sus valuaciones actuales.
Del otro lado aparecen las empresas que siguen concentrando el optimismo de los analistas. El informe ubica entre las favoritas a compañías vinculadas con la energía y la infraestructura, como Transener, Comercial del Plata, Metrogas, Ecogas, Transportadora de Gas del Norte y Edenor, sectores que todavía cuentan con catalizadores propios asociados a las inversiones, la normalización tarifaria y el desarrollo de Vaca Muerta.
Para Daniel Pesalovo, operador financiero, la selección de Allaria refleja más una lectura sobre la economía que una crítica a las empresas. «Más que una cuestión de las compañías, esto refleja las dudas que todavía existen sobre la velocidad de la recuperación económica en Argentina. Las empresas vinculadas al consumo, la construcción y la industria necesitan que la actividad se acelere para justificar una mejora importante en sus resultados futuros», sostuvo.
El rally de bonos, la baja del riesgo país y la recuperación de algunas utilities no necesariamente se trasladó al consumo, la construcción o la industria. Cuando un broker pone al final de la tabla a una cementera, una aluminera, dos alimenticias y un banco, lo que está diciendo es que la City espera una recuperación más lenta o incierta de esos sectores.
Según el operador, ese escenario explica por qué el mercado comenzó a privilegiar otros sectores. «Es lógico que los inversores prefieran compañías con mayor potencial de crecimiento o con catalizadores más claros, como el sector energético, que además vuelve a verse favorecido por la presión sobre el precio internacional del petróleo», indicó.
Pesalovo agregó que la mirada de los inversores ya empieza a incorporar otro factor: el calendario político. «También aparece en el horizonte el escenario electoral de 2027, que genera incertidumbre. En ese contexto, muchos inversores buscan compañías con buenos fundamentos y menos expuestas a la coyuntura política. Esa selección también responde a la necesidad de reducir volatilidad dentro de las carteras», concluyó.
Para Pascual, la clave del informe es que el mercado comenzó a separar la mejora de los activos financieros de la evolución de la economía real. «El rally de bonos, la baja del riesgo país y la recuperación de algunas utilities no necesariamente se trasladó al consumo, la construcción o la industria. Cuando un broker pone al final de la tabla a una cementera, una aluminera, dos alimenticias y un banco, lo que está diciendo es que la City espera una recuperación más lenta o más incierta de esos sectores, no que las empresas estén mal gestionadas», concluyó.
La fotografía que muestra Allaria confirma que el mercado dejó atrás la etapa de las apuestas generalizadas sobre Argentina. Con varias acciones acumulando importantes subas desde fines del año pasado, los analistas comenzaron a separar ganadores y perdedores según las perspectivas de cada sector. En ese nuevo escenario, la recuperación de la economía real será determinante para que compañías ligadas al consumo, la construcción y la industria vuelvan a recuperar protagonismo frente a las energéticas y los bancos, que hoy siguen encabezando las preferencias de buena parte de los inversores.
Durante las últimas semanas, y especialmente desde la final del Mundial, comenzó a expandirse por las redes sociales una campaña que intenta instalar una idea tan simple como efectiva: la Argentina sería un país esencialmente racista. Influencers con millones de seguidores, artistas, actores y comunicadores de distintas partes del mundo repitieron esa afirmación como si se tratara de una verdad indiscutible, muchas veces apoyándose en videos descontextualizados, fake news o episodios aislados convertidos en sentencia definitiva. Sin embargo, cuando el ruido de las redes deja paso a la historia, el relato empieza a resquebrajarse y aparece una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral algunos países pretenden juzgar a la Argentina cuando buena parte de sus propias sociedades todavía conviven con problemas de discriminación, xenofobia y racismo mucho más profundos que los nuestros?
Por Alcides Blanco para NLI
La velocidad de un prejuicio
Vivimos en una época en la que un video de treinta segundos parece tener más peso que doscientos años de historia. Un recorte editado, una frase fuera de contexto o un cántico repetido en una cancha pueden transformarse, gracias al funcionamiento de los algoritmos, en una supuesta radiografía cultural de un país entero. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Argentina. A partir de algunos episodios vinculados al fútbol, comenzó a construirse un relato según el cual el racismo no sería un problema presente —como lo es en prácticamente todas las sociedades del planeta— sino una característica constitutiva de la identidad nacional.
El mecanismo resulta curioso porque reproduce exactamente aquello que dice combatir. Se toma la conducta de un grupo reducido de personas y se la convierte en la esencia de cuarenta y siete millones de habitantes. En otras palabras, se estigmatiza a todo un pueblo por acciones individuales, un procedimiento que no es otra cosa que un prejuicio.
Naturalmente, la Argentina no está exenta de expresiones discriminatorias. Sería absurdo negarlo. Existen actos racistas, xenófobos y antisemitas que deben ser denunciados y sancionados. Lo que resulta intelectualmente insostenible es sostener que esas conductas representan la identidad profunda del país, especialmente cuando la propia historia argentina ofrece evidencias exactamente en sentido contrario.
Un país que abolía la esclavitud mientras otros todavía la defendían
Hay fechas que ayudan a ordenar las discusiones. En 1813, cuando gran parte del continente americano todavía aceptaba la esclavitud como un elemento natural de la economía, la Asamblea del Año XIII aprobó la Libertad de Vientres, estableciendo que los hijos de mujeres esclavizadas nacerían libres. Aquella decisión no eliminó inmediatamente el sistema esclavista, pero marcó un rumbo político que terminaría consolidándose con la Constitución de 1853, que prohibió definitivamente la esclavitud en el territorio nacional.
Conviene detenerse un instante en esa comparación histórica. Estados Unidos abolió la esclavitud recién en 1865, después de una guerra civil que dejó cientos de miles de muertos. Brasil lo hizo en 1888. Cuba, en 1886. La Argentina, con todas sus contradicciones, había iniciado ese camino varias décadas antes. No se trata de competir por quién fue más virtuoso, sino de poner las cosas en perspectiva cuando algunos pretenden presentar al país como si hubiera permanecido al margen de las grandes luchas por la igualdad.
Tampoco puede olvidarse el papel desempeñado por los afroargentinos en la construcción de la Nación. Combatieron durante las Invasiones Inglesas, integraron masivamente los ejércitos de la Independencia y participaron en las campañas de San Martín y Belgrano. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron invisibilizados por una historiografía que prefirió construir la ficción de una Argentina exclusivamente europea. Esa invisibilización existió y merece ser revisada, pero es muy distinta a sostener que nunca existieron o que el país edificó su identidad sobre la exclusión racial.
En ese contexto también aparece una discusión historiográfica poco conocida. Diversos investigadores, entre ellos el reconocido historiador George Reid Andrews, recuperaron documentos y testimonios de época que alimentan la hipótesis de una posible ascendencia africana de Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina, conocido por algunos contemporáneos con el apodo de «Doctor Chocolate». El tema continúa siendo objeto de debate académico, pero resulta revelador porque muestra hasta qué punto la presencia afrodescendiente fue mucho más importante de lo que durante décadas quiso admitir la historia oficial.
Una Constitución que invitó al mundo cuando otros levantaban fronteras
Hay un texto que todos los argentinos aprendemos en la escuela y que, sin embargo, pocas veces dimensionamos en toda su profundidad. El Preámbulo de la Constitución Nacional afirma que los derechos allí consagrados se establecen «para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». No habla de una religión determinada, de una etnia específica ni de un origen nacional privilegiado. Habla del mundo entero.
No fue una declaración vacía. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina recibió millones de inmigrantes italianos, españoles, franceses, judíos perseguidos por los pogromos europeos, sirios, libaneses, armenios que escapaban del genocidio otomano, japoneses, coreanos y, más recientemente, enormes corrientes migratorias provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela y otros países latinoamericanos. La identidad argentina no nació de la pureza, sino exactamente de lo contrario: de la mezcla.
Mientras eso ocurría, muchas de las sociedades que hoy levantan el dedo construían políticas migratorias basadas en criterios raciales o mantenían colonias repartidas por África y Asia. La historia, otra vez, obliga a relativizar ciertos discursos moralizantes.
Europa y el espejo que prefiere no mirar
Buena parte de las acusaciones más resonantes contra la Argentina provinieron de Europa. Resulta inevitable preguntarse entonces qué sucede hoy mismo en ese continente.
Cada año, miles de personas provenientes de África atraviesan el Mediterráneo en embarcaciones precarias intentando escapar de guerras, hambre o persecuciones. Miles también mueren en ese intento. Las imágenes de cuerpos flotando frente a las costas europeas se repiten desde hace años sin que el continente haya encontrado una respuesta humanitaria acorde con los valores que suele reivindicar. Quienes logran llegar muchas veces permanecen hacinados en centros de detención o enfrentan crecientes discursos políticos que los presentan como una amenaza para la identidad nacional.
No se trata únicamente de casos aislados. El crecimiento electoral de fuerzas de extrema derecha en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o España se explica, en buena medida, por plataformas que hacen de la inmigración y del rechazo al extranjero uno de sus principales ejes políticos. Resulta difícil ignorar esa realidad cuando desde esos mismos países se pretende presentar a la Argentina como una excepción mundial en materia de discriminación.
Estados Unidos y una memoria demasiado corta
Algo parecido ocurre con Estados Unidos, donde numerosas figuras públicas se sumaron a la ola de críticas. Conviene recordar que la segregación racial fue política oficial hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y que millones de ciudadanos afroamericanos vivieron durante décadas sometidos a leyes que separaban escuelas, hospitales, transportes públicos y espacios de convivencia según el color de la piel.
La Ley de Derechos Civiles recién fue aprobada en 1964, casi ciento cincuenta años después de la Revolución de Mayo. El primer presidente afroamericano llegó a la Casa Blanca en 2008. Mientras tanto, los casos de violencia policial contra ciudadanos negros continúan generando movilizaciones masivas bajo consignas como Black Lives Matter, demostrando que el problema dista mucho de haber sido resuelto.
Nadie sostiene por ello que Estados Unidos sea únicamente racismo. Sería una simplificación injusta. Exactamente la misma injusticia implica reducir toda la historia argentina a algunos videos virales difundidos por las redes sociales.
Palestina, los pueblos originarios y las contradicciones de toda nación
Otra de las paradojas aparece cuando se observan las posiciones internacionales. La Argentina reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2010, sosteniendo una política exterior basada en el derecho a la autodeterminación de los pueblos mucho antes de que varios países europeos adoptaran decisiones similares. Es cierto que el gobierno de Javier Milei modificó esa tradición mediante un alineamiento explícito con Benjamin Netanyahu, pero también es cierto que un gobierno nunca agota la identidad política ni moral de un pueblo. Confundir ambas dimensiones constituye un error analítico tan frecuente como peligroso.
Sería igualmente deshonesto omitir las deudas propias. La «Conquista del Desierto» implicó violencia, despojo y muerte para numerosos pueblos originarios, una tragedia que forma parte de nuestra historia y que debe ser estudiada sin eufemismos. Sin embargo, también es cierto que la reforma constitucional de 1994 reconoció expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les otorgó derechos específicos que hoy poseen jerarquía constitucional. Las sociedades maduras no son aquellas que niegan sus errores, sino las que son capaces de incorporarlos críticamente a su memoria colectiva.
Mucho más que un algoritmo
Quizá el problema de fondo sea que las redes sociales necesitan relatos simples. Es más fácil instalar que «los argentinos son racistas» que explicar dos siglos de historia, de inmigraciones, de conflictos sociales, de avances, retrocesos y contradicciones. Los algoritmos premian las etiquetas; la historia, en cambio, obliga a pensar.
La Argentina no necesita inventarse un pasado perfecto para responder a esa campaña. No fue una nación sin desigualdades ni discriminaciones, como tampoco lo fueron Francia, España, Estados Unidos o cualquier otra sociedad contemporánea. Pero existe una diferencia fundamental entre reconocer las propias deudas y aceptar una caricatura construida sobre prejuicios.
Porque cuando se deja de mirar apenas el último video viral y se observa el recorrido completo de la historia argentina, aparecen un país que inició tempranamente el camino hacia la abolición de la esclavitud, que escribió en su Constitución una invitación abierta a todos los habitantes del mundo, que se construyó a partir de sucesivas olas inmigratorias, que reconoció derechos a pueblos históricamente postergados y que, con avances y retrocesos, hizo de la integración uno de los pilares de su identidad nacional.
Por eso, antes de repetir consignas nacidas al calor de una campaña viral, tal vez convenga hacer un ejercicio mucho más incómodo: mirar la propia historia con la misma severidad con la que se pretende juzgar la historia ajena. Muchas de las voces que hoy acusan a la Argentina descubrirían entonces que los mayores fantasmas del racismo no viven precisamente al sur del mundo, sino bastante más cerca de sus propias casas.
