Sociedad

 

 El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, se declaró opositor al gobierno de Rodrigo Paz, y expresó su respaldo a las movilizaciones como la promovida por la Central Obrera Boliviana (COB) contra la quita del subsidio a los combustibles. 

En absoluta guerra contras gobierno, Lara aseguró que «los tiranos van a caer» y en un video difundido en TikTok pidió a los sectores movilizados «que no se rindan, que no bajen la moral y la guardia».

«Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando», sostuvo el también expolicía.

Lara acusó a su compañero de fórmula de haberse «puesto del lado de los ricos» y calificó de «decreto del hambre, del desempleo, de la desesperanza» la norma que retiró la subvención a los combustibles y que rige desde hace más de una semana. El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean «fuertes» y les dijo que «se vienen días mejores».

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«Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos, ahí estoy yo para estar al lado del pueblo», aseguró Lara y lanzó una advertencia que roza el golpismo: «Los días de los tiranos están contados».

Como publicó LPO, las tensiones entre el Paz y su vicepresidente comenzaron cuando Lara denunció que lo dejaron de lado en el armado del gabinete y denunció que Paz se sometió a la agenda del empresario y ex candidato de la derecha, Samuel Doria Medina, que salió tercero en la elección en la primera vuelta. 

Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando

Es evidente que las tensiones entre Paz y su vice están ligados al perfil del gobierno, mientras uno quiere una gestión con políticas sociales, el otro busca responder a la necesidad de gobernabilidad y acordar una agenda de derecha con los partidos que pueden apoyarlo en la Asamblea Plurinacional. 

Esta semana, en distintos videos en TikTok, el vicepresidente se declaró en «oposición constructiva» al Gobierno, tildó de «corrupto» a Paz y también arremetió contra los ministros, llamándolos «pelotudos» por «causar una convulsión social» con el decreto 5503 que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

Además, Lara acusó a los parlamentarios de aprobar créditos a cambio de cupos en entidades estatales, aunque no presentó pruebas, ante lo cual, las cámaras de Diputados y Senadores le exigieron que se retracte y advirtieron con iniciarle procesos penales.

La semana pasada, la principal central de trabajadores de Bolivia lanzó un paro general con corte de ruta por tiempo indefinido. 

El decreto 5503 estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel con respecto al costo subvencionado que rigió por más de 20 años.

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Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y el aumento de los bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno señaló que el retiro de la subvención garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.

 

 

Un informe del Centro de Estudios de la UIA expuso un fuerte desplome de la actividad industrial en noviembre, del orden de los 6 puntos, dato que va en línea con la contracción del consumo de energía de grandes usuarios (fábricas), que fue del 5,8%.

Uno de los sectores más golpeados sigue siendo el de la construcción. Los despachos de cemento registraron una merma del 7,7%,, con bajas por encima del 20% respecto a 2022 y 2023. «La demanda interna aún está debilitada», alertaron en la entidad presidida por Martín Rappallini.

Otro rubro afectado fue el de la producción automotriz, que cayó un 22% a raíz de la baja de ventas en el mercado interno que, como contó LPO, generó el freno de la producción por más de un mes en plantas como la de Peugeot-Citroen. Asimismo, la producción del complejo metalmecánico tuvo una baja del 0,5%

«La actividad industrial aún se encuentra estancada», señalaron en la UIA, al argumentar que los números están en los mismos niveles del cuarto trimestre 2024 y en torno a un 10% por debajo de 2022 y2023).

La producción automotriz se derrumbó un 29,3% en noviembre y las fábricas se siguen achicando

Por otro lado, a partir de datos del informe de coyuntura de la Fundación Observatorio PyME, se expuso una «situación crítica» para las pymes durante el tercer trimestre de 2025, en donde persiste la contracción de la actividad con una caída acumulada de la producción de 4,1% y del empleo de4,6%.

Entre las principales dificultades, el 81% de las pymes acusaron una fuerte presión de costos y el 37% expuso una pérdida de participación en el mercado interno ante una competencia importada principalmente de productos de origen chino.

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Frente a ese cuadro, más de la mitad de las empresas (un 52%) reportó retrasos en los pagos de clientes y un 35% admitió tener problemas para cumplir sus compromisos financieros.

Ya en octubre, a nivel sectorial cayeron 11 de los 16 sectores que componen el índice en términos interanuales. El sector con mayor baja de producción es el textil, con un derrumbe interanual del 24%. 

 

 

El dólar blue volvió a subir y el riesgo país acompañó. El regreso de la desconfianza del mercado no fue casual. Este viernes se conoció el balance cambiario de noviembre, que arrojó un déficit de USD 1.163 millones. Esto coincide con el rojo de las reservas que ya supera los USD 18.00 millones.

La origen de la inquietud es evidente: el próximo nueve de enero la Argentina tiene que pagar un vencimiento de USD 4.100 millones y lejos de acumular dólares, el gobierno pierde cada vez más. Además, el ministro Caputo sigue sin explicar como hará para pagarlo: por ahora el préstamo repo de USD 7.000 millones que anunció no aparece y este viernes puso en duda la existencia del Swap con el Tesoro de Estados Unidos.

LPO había anticipado que a medida que se acerque ener, la presión sobre el dólar iba a crecer. Este viernes el blue saltó 1,7% y se ubicó en $1530, mientras el riesgo país volvió a acercarse a la zona de 580 puntos equivalente a un aumento del 1%. 

Esa inquietud tiene respaldo en los números oficiales. El balance cambiario de noviembre que publicó el Banco Central mostró un déficit de cuenta corriente de USD 1.163 millones. Es decir, al país le salieron más dólares de los que le entraron por comercio, servicios y rentas. Un dato que no dialoga bien con la promesa de acumular reservas. 

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El problema más grave no está en el comercio exterior, aunque la caída respecto al año anterior es pavorosa, y se acerca al 80%. Pero aún así, el rubro Bienes dejó un superávit de USD 535 millones, con USD 4.888 millones cobrados por exportaciones y USD 4.353 millones pagados por importaciones. 

La sangría vino por el lado de los Servicios, con un rojo de USD 559 millones, empujado por viajes, pasajes y consumos con tarjeta. A eso se sumó el golpe más pesado: el Ingreso primario, que registró una salida de USD 1.131 millones, explicada casi íntegramente por pagos de intereses, en especial al FMI. Ahí se va buena parte del aire financiero. 

El balance cambiario de noviembre que publicó el Banco Central mostró un déficit de cuenta corriente de USD 1.163 millones. Es decir, al país le salieron más dólares de los que le entraron por comercio, servicios y rentas. Un dato que no dialoga bien con la promesa de acumular reservas.

La reacción de la gente ante esa situación quedó reflejada en el mercado de cambios. Las personas humanas compraron USD 1.596 millones netos, con USD 1.088 millones destinados a billetes. Más de 1,1 millón de personas salió a dolarizarse. No es pánico, pero tampoco confianza. 

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El equilibrio mensual se sostuvo por otro lado. La cuenta financiera fue superavitaria en USD 1.656 millones, gracias a ingresos del sector financiero y a los llamados «otros movimientos netos». En cambio, el Gobierno y el BCRA tuvieron un rojo de USD 840 millones. Sin deuda, préstamos y movimientos financieros, el cierre no daba. 

Las reservas subieron USD 954 millones y cerraron en USD 40.335 millones, pero no por acumulación genuina. Pesaron los depósitos de los bancos en el Central, la revaluación de activos como el oro con destino incierto y compras puntuales del Tesoro. Al mismo tiempo, se pagaron USD 843 millones al FMI y USD 865 millones a otros organismos. 

 

 

La venta de Manantiales Behr, la joya del petróleo convencional que YPF, se dilata en medio de fuertes tensiones en el directorio de la petrolera estatal que conduce Horacio Marín. 

La operación fue tratada en una reunión de directorio hace dos semanas. En la empresa aseguran que la aprobación fue por unanimidad. Sin embargo, casi veinte días después, YPF no informó la decisión como Hecho Relevante ni ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, donde cotiza vía ADR. 

El dato no es menor. La normativa es clara: la comunicación debe ser inmediata, simultánea y con información suficiente. Precio, contraparte, impacto patrimonial y operativo. No se puede postergar para un balance trimestral. 

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Fuentes cercanas a miembros del directorio que hablaron con LPO relativizan la versión de Marin. «Unanimidad no hubo», dicen. Y agregan la clave de la demora: hay directores que no quieren dejar los dedos marcados en una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador. 

Manantiales Behr no es un área más. Está en la Cuenca del Golfo San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, y produce alrededor de 8.000 barriles diarios. Es uno de los yacimientos donde YPF desplegó recuperación secundaria y terciaria, con inyección de polímeros, tecnología propia y know-how acumulado durante años. No es sólo petróleo: es innovación aplicada en un campo maduro. 

Hay directores de YPF que buscan mostrar distancia con la venta de Manantiales Behr, preocupados por una operación que consideran sensible, tanto por el activo que se entrega como por quién aparece del otro lado del mostrador. 

Pero lo que incomoda a una parte del directorio no es la geología. Es la empresa adjudicataria. Rovella Carranza, de origen puntana vinculada a los Rodríguez Saá, es una constructora que despegó al calor del macrismo porteño y cuya experiencia en el sector energético se limita, básicamente, al tendido eléctrico. No tiene antecedentes como operadora de yacimientos petroleros de esta complejidad.  

A eso se suma un dato político explosivo. Su titular, Mario Ludovico Rovella, fue señalado como el primer arrepentido en la causa Cuadernos. Para una compañía que cotiza en Nueva York como YPF y responde a estándares de compliance internacionales, no es un detalle decorativo. Es una bandera roja. 

Mario Rovella y Alerto Rodrígez Saá.

En paralelo, el proceso de desinversión de YPF en la producción de petróleo convencional expone los límites de un modelo con un pleno a las exportaciones de recursos naturales. El boom exportador petrolero que explica el 90% del superávit comercial del país, convive con ajuste, tercerización y pérdida de puestos de trabajo en el sector. 

Mario Lavia, secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados indicó «Hoy YPF va rápido en la búsqueda de divisas a un sector: Vaca Muerta. Pero se encuentra con que se necesita financiamiento y los elementos para producir», detalló Lavia y consideró que la política hidrocarburífera planteada «es errónea» porque «se trabaja para poder procesar» el petróleo y se «ha retirado de todos los yacimientos convencionales».

Ademas, Lavia remarcó que esta política de desinversión de YPF «deja un pasivo ambiental en las provincias» y al mismo tiempo genera «sectores que quedarán postergados porque muchos trabajadores pierden el empleo».

 

 

La historia no empezó esta semana. Cuando LPO contó en julio del año pasado que Luis Caputo y Santiago Bausili sacaron las reservas de oro del país en un operativo clandestino, comenzó una saga de silencios y evasivas. 

El Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Una escena propia de una novela policial que de la administración de las reservas de un país. Pero ocurrió. 

Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado. 

 «Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos». Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y  la Justicia exige explicaciones.   

La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado. 

La presunción de delito encuentra sustento en elementos concreto. Porque los funcionarios del Central no manejan bienes propios. Custodian activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un detalle administrativo: abre un flanco penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal. No hay margen para la ingenuidad contable. 

Ahora el expediente escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos. 

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores. 

El contexto internacional vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico. Ese salto funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían rondar los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo. 

La paradoja es evidente. Los lingotes computan como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan rendimiento o si fueron entregados como garantía para conseguir dólares frescos. 

Carlos Rodríguez, arquitecto del programa económico de Milei durante la campaña que quedó afuera apenas asumió el gobierno calificó el episodio como «simplemente insólito». Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central. 

Rodríguez fue un paso más allá. Además de preguntar por el oro, pidió saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos y reclamó la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del Fondo Monetario Internacional. 

LPO advirtió sobre la sospecha del mercado respecto al pagó del vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas. Con reservas en rojo por USD 18.000 millones según el dato de LCG, la única ventanilla líquida del sistema son los encajes bancarios. El resto es swap con China y crédito del Fondo que no se pueden tocar.