Sociedad

El canciller Pablo Quirno volvió de la visita oficial al Estado de Israel en estado de éxtasis porque está convencido que tiene el apoyo de Karina Milei para ser el próximo jefe de Gabinete. «Está agrandado, cree que tiene a Karina metida en el bolsillo», dijo a LPO una fuente libertaria.

En efecto, en los despachos oficiales ya se habla que Manuel Adorni podría dar un paso al costado después de su presentación ante los diputados en el Congreso, victimizándose.

El cargo vacante podría quedar para Quirno, que habría experimentado «un complejo de inferioridad» frente a Luis Toto Caputo, de quien fue un estrecho colaborador hasta que asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Por otro lado, el rumor acerca del ascenso de Quirno hacia la Jefatura de Gabinete viene ganando volumen en la Cancillería desde la semana pasada. «Es un amarillo que se pintó de violeta furioso», comentaron a LPO desde el Palacio San Martín. No es un secreto que la variación cromática seduce a los hermanos Milei.

Quirno demora el tratado de patentes y choca con Sturzenegger

El nombre de Quirno podría ser una salida funcional para la crisis política del gobierno, porque el ascenso de Federico Sturzenegger a jefe de Gabinete podría provocar la renuncia de Toto Caputo. Como reveló LPO, la relación entre ambos pasa por su pero momento. El ministro de desrregulador le mete fichas sin piedad a Milei contra su par de Economía y contra Santiago Bausili por el 3,5% de infalción de marzo.

Las otras opciones también son complejas. Un eventual ascenso de Martín Menem dejaría a la Cámara de Diputados en manos de Sebastián Pareja, una opción que no seduce a los riojanos. La mudanza de Sandra Pettovello como jefa de los ministros, por su carácter volcánico, promete potenciar las peleas internas. Acaso la única opción interna sensata, además de Quirno, sería Diego Santilli, que insiste que no está interesado en el ascenso.

Quirno volvió de Israel agrandado, cree que se metió a Karina en el bolsillo.

Como sea, Quirno cuenta con otro activo fundamental en el gobierno libertario: exhibe un perfil aguerrido en las redes y hasta provocador en sus cruces con adversarios políticos en el Congreso. Al final de cuentas, podría cumplir el rol del front man incombustible que asumió Adorni, con el riesgo de acumular tantos enemigos como el ex vocero. Pero se sabe que si hay algo que nubla la prudencia es la experiencia del poder.

Quirno además suele hacer gala de cierta alcurnia familiar, un tema que seduce a Karina. Como reveló LPO, el ministro chapeó el año pasado con el supuesto patriotismo de sus ancestros y, en realidad, Norberto de Quirno Echeandía, tal el nombre de su pariente, votó por la continuidad del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, representante de la corona española en el Virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, es verdad que las raíces de la familia Quirno se remontan a los inicios de la Patria, más allá del lado en el que se ubicaron.

El libertario Gonzalo Roca pidió este miércoles, en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, la postergación del trámite contra el juez Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por abuso sexual y maltrato laboral. El pedido resultó curioso porque ese magistrado fue el que censuró a los medios que difundieron los audios de Diego Spagnuolo revelando la presunta trama de corrupción que involucraría a Karina Milei y los Menem.

Pero el problema es que en las últimas semanas también ingresó un expediente desde la comisión de Disciplina por el cual la actriz Esmeralda Mitre también denuncia a Maraniello, por su inacción ante el maltrato que le habría dispensado Julio Saguier en una audiencia en el marco del litigio por la sucesión del diario La Nación.

Según el testimonio de la heredera de los Mitre, el juez habría cometido «omisión consciente de actuar ante actos de violencia de género» por haber permitido que su contraparte la insultara sin intervenir. «Su inacción no fue un descuido, sino una omisión consciente de su deber de garantizar un proceso libre de violencia», dejó asentado ante el Consejo.

La jugada de Roca para ayudar a Maraniello se produce, además, justo cuando Javier Milei escala su confrontación contra los periodistas en general y el diario La Nación en particular, tal como informó LPO.

Juristas advierten que la cautelar del juez Maraniello es un delito: «Es abuso de autoridad»

Por eso, sorprendió la maniobra al resto de los consejeros, que terminaron revelando que ese no había sido el acuerdo en la reunión previa al debate pero acompañaron la iniciativa con su voto, incluso los kirchneristas, en un insólito intercambio con el diputado cordobés, que con sus intervenciones seguía aportando a la confusión.

A poco de iniciar la reunión, Roca planteó: «Tratemos todos los expedientes de todas las causas en conjunto para no ser improlijos (SIC)». El problema, advertido enseguida por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, era que ya se había votado uno de los cuatro expedientes que tramitaban contra el juez.

Santiago Viola, Alberto Maques y Alejandra Provítola.

El larretista Álvaro González, desconcertado, pidió la palabra y preguntó: «qué es lo que estamos… (votando)». Tailhade rió y Roca se puso nervioso.

El presidente de la comisión, el abogado Alberto Maques, trataba de interpretar el pedido del diputado libertario y, junto a su par César Grau, tradujeron que Roca promovía la postergación para «analizar y acumular los expedientes a los fines de la economía procesal».

Sin embargo, Roca volvió a intervenir. «Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente», solicitó.

Perdón, perdón. Pero no es la moción que había hecho yo, tratemos de tener una reunión por acumulación de expediente.

El representante del Poder Ejecutivo en el consejo, Santiago Viola, no podía disimular su incomodidad. Es que el viceministro de Justicia ofició como abogado de Karina cuando Maraniello censuró la circulación de los audios de Spagnuolo en los que atribuía a la hermana presidencial el supuesto cobro de coimas en la Andis.

En ese contexto, el senador Luis Juez confesó: «nos estamos enredando, a mí me parece una cosa de locos». La diputada Vanesa Siley, por su parte, objetó la propuesta de Roca: «Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar», argumentó.

Acabamos de votar el expediente 21/26, que es una denuncia contra Maraniello. Si hubiera sido lógico lo que había pedido Roca, no tendríamos que haber votado lo que acabamos de votar.

Maques, resignado, concluyó: «Por esta vez en particular, todo lo que tiene que ver con Maraniello queda suspendido».

LPO había informado que la secretaria privada y jefa de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 lo había acusado de «maltratado». Según su exposición, Maraniello «usaba plata del Estado para solventar los gastos de la Asociación», entidad que tenía entre sus auspiciantes, dijo, al intendente de José C Paz (en uso de licencia) Mario Ishi. «Maraniello respetaba las formas por WhatsApp, pero cambiaba radicalmente su actitud de manera presencial -aseguró-. Se iba de eje, perdía el equilibrio y te maltrataba. Se sacaba y no tenía límites», expresó.

El magistrado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura en 2024, a través de distintas presentaciones que formularon empleados en el sindicato Asociación de Judiciales y ante la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. En la comisión de Disciplina se había escuchado a testigos como el ex camarista Guillermo Antelo, quien contó que oyó a una de las víctimas decir que Maraniello le exigía «usar pollera y tacos» y «todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba». 

Los escándalos que sacuden a Manuel Adorni complican la candidatura de su hermano Francisco, quien hasta hace algunas semanas se posicionaba como el candidato natural de Karina Milei para enfrentar al intendente Julio Alak en La Plata.

Adorni llegó a la Legislatura el año pasado. En el cierre de listas, Sebastián Pareja lo había ubicado en tercer lugar de la lista. En la cabeza había puesto a un referente suyo: Juan Osaba. Sin embargo, apenas unos días después, Karina dio la orden para cambiar ese orden. Adorni pasó al primer lugar y Osaba al tercero.

Aunque de perfil bajo, Francisco Adorni caminaba despreocupado hacia una candidatura que consideraba un hecho. La potencia de su hermano en el gobierno nacional había hecho del apellido una marca que los libertarios estaban decididos a explotar.

El hermano de Adorni fue a votar y le dieron el 3% para Karina

Sin embargo, ahora todo está en duda. Más allá del destino de Manuel, las posibilidades de una candidatura de Francisco en La Plata parece imposible de cara al año próximo.

En el espacio libertario resuenan otros nombres. Uno es el de Carolina Piparo, quien hoy tiene un asiento en el directorio del Banco Nación. Piparo no pudo renovar su banca el año pasado y varias veces blanqueó su deseo de ser intendenta.

Otro referente libertario en la capital provincial es Juan Pablo Allan, quien reporta a Patricia Bullrich. Allan es concejal y director Ejecutivo de Registro Nacional de Armas (RENAR). En 2023 compitió para llegar a la intendencia pero perdió la interna con el entonces intendente Julio Garro, quien después caería frente a Alak.

Francisco Adorni, Patricia Bullrich y Juan Pablo Allan.

También está la diputada provincial Julieta Quintero Chásman, la principal dirigente del PRO en la capital provincial. Quintero Chásman logró renovar su mandato el año pasado. Responde a Diego Santilli y tiene buena relación con Cristian Ritondo.

La diputada mantiene además los puentes abiertos con el mundo libertario, tanto con la línea interna de Pareja como con Las Fuerzas del Cielo, que en la ciudad encabeza la concejal Soledad Pedernera.

El año pasado, Adorni sufrió durante toda la campaña los tormentos por parte de militantes peronistas que se acercaban a las mesas para darle unos pesos como parte del 3% para Karina. Eran días donde el escándalo por supuestas coimas estaba en el tope de la agenda mediática.

 La economía cayó en febrero y el Gobierno chocó de frente con los datos duros. Mientras  insisten con una narrativa de crecimiento sostenido, el último informe del INDEC dejó una señal clara: la actividad expuso los límites de la recuperación.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja de 2,1% interanual y un desplome de 2,6% respecto de enero en términos desestacionalizados. La serie tendencia-ciclo, que suele usarse para suavizar los movimientos, mostró apenas un avance de 0,1%, un dato que no alcanza para compensar la caída del mes.

El detalle sectorial confirma que el problema no es marginal. Ocho sectores crecieron, pero siete cayeron, y lo hicieron en áreas clave. La industria manufacturera se hundió 8,7% interanual y el comercio retrocedió 7%. Entre ambos explican la mayor parte del deterioro del índice. Es una escena conocida: los sectores que dependen del mercado interno siguen en rojo.

Nada marcha de acuerdo al plan

En contraste, el empuje volvió a concentrarse en pocos motores. Minería y agro crecieron cerca de 10% interanual y explicaron buena parte de los aportes positivos. Pero el mapa es desigual: dos o tres sectores tiran del carro mientras el resto viaja como puede, atado a una economía que no logra traccionar de forma homogénea.

El informe de ACM pone el foco en esa heterogeneidad. Señala que más del 67% del crecimiento se explica por sectores muy puntuales, mientras las ramas vinculadas al consumo interno siguen rezagadas. En otras palabras, hay expansión, pero no alcanza a convertirse en recuperación generalizada.

Desde LCG, el diagnóstico es más crudo. La consultora advirtió que la actividad «se desplomó» en febrero y volvió a niveles de julio de 2025. También remarcó que la demanda interna no logra consolidarse, golpeada por la caída del poder adquisitivo y la retracción del crédito. El consumo, además, se desplaza hacia importados en un contexto de apertura y tipo de cambio apreciado. 

Frente a estos datos, el ministro Luis Caputo buscó relativizar la caída. Argumentó que febrero tuvo menos días hábiles que el año anterior y que estuvo atravesado por un paro general. También destacó que la tendencia-ciclo se mantiene en terreno positivo y acumula casi dos años de expansión. La explicación intenta correr el foco del dato puntual hacia una lectura más larga, aunque el número mensual marca un freno evidente.

El contraste con el relato oficial quedó aún más expuesto por el posteo de Javier Lanari en la víspera a conocerse el dato. El funcionario celebró que la economía habría crecido 4,4% en 2025 y proyectó otro año de expansión, destacando incluso máximos históricos del PBI. El problema es que ese optimismo chocó con la caída concreta del nivel de actividad. 

«El caso Dalmasso es el ‘Nisman del cordobesismo’. Cada vez que hay quilombo se reactiva el tema». La frase pertenece a una persona que conoce detalles de lo sucedido por la causa del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, en noviembre del 2006. Y sintetiza el tembladeral judicial y político que comenzó este martes en la Legislatura provincial con el jury a los tres primeros fiscales que intervinieron en el caso: Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles.

Los tres están acusados por mal desempeño y negligencia grave. Acusaciones por las que son juzgados frente a un tribunal policromático que incluye llaryorismo, schiarettismo, radicalismo y juecismo; y que tiene como acusadora a la Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Bettina Croppi. Situación que en el arranque de la jornada motivó el pedido de nulidad del proceso por parte del abogado de Miralles que insistió con que, quien debía estar sentado en ese rol para acusar era el flamante Fiscal General, Carlos Lezcano.

Funcionario que asumió hace casi dos semanas con un fuerte aval del llaryorismo y para suceder al schiarettista Juan Manuel Delgado con quien, la nueva generación del cordobesismo nunca tuvo buena relación.

En tanto, la compensación que tiene el jury que se inició este martes en la Unicameral cordobesa cuenta con varios ingredientes. Es presidido por Julieta Rinaldi, legisladora del peronismo que responde de manera directa al exgobernador Juan Schiaretti; pero también lo integran el jefe de bloque del oficialismo, Facundo Torres, hombre de Alta Gracia de buen vínculo con el exmandatario, pero que reconstruyó su relación con Llaryora. Al punto que el actual mandatario lo dejó al frente del PJ provincial.

Javier Di Santo, uno de los fiscales acusados.

Y están el legislador radical que responde a De Loredo, Miguel Nicolás; y el juecista Walter Gispert. En tanto, por el Poder Judicial, la silla la ocupa la vocal del Tribunal Superior (TSJ), Aída Tarditti, de muy buena relación con la senadora Alejandra Vigo y de frío vínculo con Llaryora.

Este esquema es el que definirá el futuro de los tres primeros fiscales que tuvo el crimen más resonante del siglo en Córdoba y por el que la política se preocupó. Y mucho.

Al punto que un memorioso hoy recordó en 2007, después del perejilazo cuando se acusó y detuvo al pintor Gastón Zárate -al que luego se liberó por la marcha en Río Cuarto- cómo reaccionó la política y la tensión que se produjo entre De la Sota y Néstor Kirchner. Con una escala del por entonces presidente en Río Cuarto que incluyó acto y algunas palabras alusivas al caso.

De los tres fiscales, el futuro más complejo lo tiene Di Santo. Que hoy, al momento de declarar se quebró y dijo no ser prejuicioso. «Es de total falsedad sostener que no se investigó a Barzola», señaló, además, sobre quien se apuntó, recién hace poco más de un año como el autor material, aunque luego fue absuelto.

Di Santo cruzó fuerte a Croppi, la Adjunta que tiene el rol acusatorio y está ligada a Vigo, aunque el desembarco en el MPF lo motorizó Llaryora.

Por su parte, Miralles también se defendió y Pizarro, que tomó la causa en el 2017, reparó en la cantidad de fiscalías que tenía a su cargo cuando tomó la investigación.

No obstante, en la convivencia que existe entre los pasillos de la Justicia y los despachos de la política en Córdoba saben que los dos funcionarios judiciales con mayor peso que tiene Llaryora son la vocal del TSJ, Jéssica Valentini, y el jefe de los fiscales, Lezcano. Si el jury a los fiscales del caso Dalmasso termina con destitución será un correctivo contundente al resto del ministerio público fiscal.