Sociedad

En el gobierno de Javier Milei hay extrema preocupación por la circulación de datos sobre la coqueta mansión de San Isidro que en un principio se atribuyó a Manuel Adorni, pero que no se descarta que pertenezca a otro funcionario importante.

La propiedad en cuestión es un chalet en la esquina de Vieytes y Presidente Quintana, en la localidad bonaerense de Martínez. La residencia se ubica en una zona muy exclusiva, a una cuadra de Acasusso y muy cerca de la Costanera. En el mercado estiman que el valor de la casa no baja del millón de dólares.

La vinculación de esta propiedad con Adorni apareció a principios de la semana y el jefe de Gabinete tuvo que dar explicaciones en la fallida conferencia del miércoles. «Lo de la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno», dijo Adorni, que prefirió tirarse arriba de la granada y admitir que tiene un departamento en Caballito del que poco se sabía hasta ese momento.

Adorni reveló que tiene otro departamento y complicó a Adorni 

«Hay un interés muy particular en que no se hable de la casa», dijo una fuente al tanto de la situación. En el barrio dicen que la casa de Adorni, pero también se habla de otro funcionario muy importante. Un dato no menor: el chalet tiene custodia de la Policía Federal por lo que no hay dudas de que reside algún funcionario del Poder Ejecutivo o del Judicial.

«El gobierno sabe perfectamente quién vive ahí por que tiene custodia federal permanente.

Podrían desactivar rápidamente el tema filtrando quién vive ahí, pero por alguna razón no lo hacen», agregó la fuente. «Evidentemente ahí vive alguien que no debería vivir en una casa así», continuó.

En la Casa Rosada hay extremo nerviosismo y entraron en alerta con una investigación mediática que estaría llegando cerca de la verdad. Las fuentes consultadas por LPO revelaron que hubo insistentes llamados a algunos canales de televisión para que no se hable del chalet de San Isidro, pero nada pidieron sobre el resto de los escándalos de Adorni.

Hay un interés muy particular del gobierno en que no se hable de la casa de San Isidro

De acuerdo a los datos de los registros públicos, el chalet figura a nombre del empresario  Álvaro Castro Burgueño desde abril de 2025, dos meses después del lanzamiento de Libra. Fuentes del sector indicaron que se trata de un empresario dedicado a la tokenizacion del mercado inmobiliario y la inversión cripto en ladrillos.

«Genera muchas incógnitas, no porque no tenga el patrimonio para comprarla sino porque no se entiende esa inversión. Es raro que un desarrollista que está promoviendo formas tokenizadas de comprar en todo el mundo de golpe estacione 1.5 millones de dólares en una casona difícil de vender», explicaron a LPO.

Adorni fue uno de los funcionarios invitados al Tech Forum 2024, que sirvió para que Milei se contactara con los empresarios cripto que estuvieron detrás del lanzamiento de Libra. Según los registros, Adorni incluso participó en algunas reuniones. Pero además el jefe de Gabinete iba a ser figura estelar del Tech Forum 2025, según se desprende de la pericia al teléfono de Mauricio Novelli. El diario Página 12 reveló que en un chat grupal la hermana de Novelli anunció que Adorni sería «key note speaker» (orador principal) del evento que finalmente no se hizo por el escándalo con Libra.

Muchas versiones indican que Adorni estuvo muy involucrado en el negocio de Libra y que eso sería la razón que hace que los hermanos Milei sean especialmente cuidadosos con su posible salida del gobierno, ante el temor a que pueda hablar.

 El gobierno porteño prohibió el ingreso de materiales de construcción para frenar el crecimiento de la Villa 31. El Ejecutivo instaló retenes policiales y peatonalizó calles para impedir nuevas edificaciones.

Desde hace varios meses el gobierno porteño puso el foco en el orden público y publicitó los desalojos a propiedades que llevaban años usurpadas. Además, en la última semana, Jorge Macri anunció que el IVC dejaría de destinar recursos a la urbanización de barrios populares.

«Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad», dijo Macri luego de un operativo donde se instalaron bolardos en varias calles para impedir el paso de vehículos.

Como parte del operativo también fueron clausurados corralones de materiales que estaban en el interior del barrio.

Sánchez Zinny se queda con un área clave de Espacio Público

Cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos fueron transformadas en calles peatonales, tres pasarán a tener puestos permanentes de la policía porteña y dos calles se convirtieron en contramano.

Desde el gobierno aseguraron que «la urbanización de la Villa 31, tal como estaba diseñada desde 2016, no pudo evitar un crecimiento urbano sin control ni logró propiciar un ordenamiento territorial, que eran objetivos de la Ley 6.129. Por eso, la Ciudad decidió avanzar con medidas para regularizar la situación».

«No podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos», dijo Macri.

La idea de prohibir el ingreso de materiales a la villa más grande de la Ciudad ya fue implementada durante el primer gobierno de Mauricio Macri. El efecto inmediato fue el encarecimiento del cemento, arena y piedras, pero las construcciones siguieron. En ese entonces, la restricción terminó por favorecer a empresarios como Oscar Remorino, un conocido puntero del barrio.

El Gitano continuó con su negocio y luego se convirtió en proveedor del gobierno porteño, lo que le permitió incluso comprar un inmueble subastado por el AABE en 2017.

Es extrema la crisis de los tambos frente a un aumento de los costos de producción cada vez más desacoplado del monto que perciben por litro de leche, algo que amenaza con profundizar la escalada de cierres de tambos, que ya superan los mil desde que asumió Javier Milei.

De acuerdo a datos revelados este jueves por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el tambo promedio facturó un 9,1% menos en el primer bimestre del año, debido a una baja en el precio de 18,9% pero con una mejora de producción del 12,1%.

En el sector vienen denunciando la brecha cada vez más grande entre el precio que percibe el productor y lo que percibe el resto de la cadena.

Esa distorción la grafican haciendo la comparación interanual tomando los datos de febrero de 2026. Ahí, el precio de la leche al tambo subió apenas 7,5% ($481 por litro), mientras que el Índice Lácteo Mayorista subió 16,4% y productos al consumidor como el yogur firme escalaron 26%.

Frente a esee cuadro quee golpea directo en los márgenes de rentabilidad, en la cuenca lechera del oeste bonaerense, advirtieron que «cada vez más productores están en rojo».

«La rentabilidad de los tambos no ha parado de caer, en un contexto macro complejo y poco contemplativo con la micro, hasta un momento como éste, en que la necesidad de leche, de a poco vuelve a insinuarse», señalaron en la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba) .

Esa entidad detalló que las empresas más grandes tienen ociosas una parte significativa de sus instalaciones a raíz de un mercado interno débil, mientras se preparan para atender las exportaciones. Las pyme, en tanto, se mueven con cautela.

 La rentabilidad de los tambos no ha parado de caer, en un contexto macro complejo y poco contemplativo con la micro, hasta un momento como éste, en que la necesidad de leche, de a poco vuelve a insinuarse 

En ese contexto, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que en los últimos dos años se registró el cierre de más de mil tambos, lo que representa cerca del 10% de los establecimientos existentes.

«El cierre de tambos no es casualidad: es la consecuencia directa de un modelo que desprotege a quienes producen», dijo.

Esta situación también se encuadra en una crisis que repercute a industrias históricas del sector como Verónica o ARSA, firma que hacía los postres Shimmy de Sancor y que quebró, dejando 400 trabajadores en la calle. 

Axel Kicillof encabezó este jueves una reunión con intendentes donde trazó un durísimo diagnóstico sobre la situación económica de la provincia de Buenos Aires y el impacto de esa crisis en los municipios. «Abrió el paraguas», fue la conclusión de uno de los presentes.

En dos extensos documentos elaborados por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se analiza el impacto de las políticas de Milei a nivel país y en la provincia. En esos trabajos se destaca que la capacidad instalada industrial, a nivel nacional, llegó a 53,6% en enero, el peor registro de la década. Con 270.000 puestos de trabajo perdidos a nivel nacional desde diciembre del 2023, en los que la provincia se lleva la peor parte con 164.000 desocupados nuevos y una tasa de desempleo que trepa al 9,4%. 

Los estudios presentados confirman que cerraron 22.000 empresas en la provincia desde noviembre del 2023, a un escalofriante ritmo de 7 por día. Y confirma que ante los siete meses consecutivos de baja en la recaudación nacional, la provincia perdió 100.000 millones de coparticipación solo en febrero. 

Para hacer frente a este desastre, Kicillof anunció el estado de las demandas ante la Corte Suprema contra Nación por distintos fondos que se cortaron y dijo que  si recupera algo de lo que Javier Milei le debe a la provincia, lo coparticipará con los intendentes.

Sin chances de tomar deuda por la suba de tasas, Kicillof enfrenta un momento crítico 

La actividad fue anunciada como una jornada que llevó como título: «Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la Provincia de Buenos Aires y sus municipios». El gobernador y su ministro de Economía, Pablo López fueron los oradores ante un auditorio conformado por intendentes.

Kicillof reveló que cerraron 22.000 empresas en la provincia desde noviembre del 2023, a un escalofriante ritmo de 7 por día. Y ante los siete meses consecutivos de baja en la recaudación nacional, la provincia perdió 100.000 millones de coparticipación solo en febrero. 

Se esperaba una asistencia masiva, pero sólo llegaron a La Plata 62 de los 135 intendentes bonaerenses. En su mayoría era parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la línea interna de Kicillof dentro del peronismo. «Si nos convocan a conversar sobre los problemas no dudaríamos en ir, pero de ninguna manera vamos a participar de un acto para escuchar un diagnóstico que ya conocemos», dijo a LPO un intendente del PRO.

Kicillof recordó que la provincia mantiene siete denuncias en la Corte Suprema por fondos que el gobierno libertario dejó de enviar a la provincia. En el presupuesto que se aprobó en diciembre se incluyó un Fondo de Recupero de Deudas, un espacio contable donde apuntar el dinero que eventualmente llegue a las arcas bonaerenses en caso que el máximo tribunal falle en favor de la provincia.

Hoy ese fondo está en cero, pero Kicillof prometió coparticiparlo con los municipios, una promesa que cuesta visualizarla a corto plazo y que asoma muy lejos en el horizonte de cara a las emergencias que los intendentes enfrentan en estos días. Por lo pronto, el gobernador dijo además que los municipios deberán adherir a un convenio, algo que seguramente los obligará a desfilar por Casa de Gobierno y sacarse una foto con Kicillof.

Kicillof fue un poco confuso al hablar del pago de la primera cuota del Fondo de obras para Municipios (FEFIM), uno de los temas que meas interesaba a los intendentes. Se trata de un fondo para los municipios que se incluyó en el presupuesto y que está conformado por el 8% de la deuda que tome la provincia. En la ley se incluyó un un piso de financiamiento por 250 mil millones cuya primera cuota se vence el último día de abril. «Vamos a hacer el mayor esfuerzo para pagar en tiempo», dijo Kicillof sin dejar en claro si lo pagará o no.

La provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense. La situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico.

La jornada arrancó con una exposición técnica del ministro de Economía respecto de la situación de la provincia. Dijo que las políticas económicas del gobierno libertario tuvieron un severo impacto en el territorio bonaerense y que ese es el motivo por el cual los intendentes sufren la caída de recursos de coparticipación.

López dijo que la provincia sufrió dos años consecutivos (2024-2025) de la caída de la actividad económica. Habló de una caída generalizada en todos los sectores con un promedio del 8,2%.

También destacó que la industria funciona con apenas el 50% de la capacidad industrial instalada. «Ni en la pandemia llegamos a semejante caída», dijo. En tanto, dijo que la industria textil y la industria automotor sufren una caída que llega al 25%.

Román Bouvier, Lisandro Hourcade y Martín Randazzo.

También dijo que la deuda del Gobierno nacional con la provincia alcanza los $15 billones y, si se suma la pérdida de recaudación, llega a más de $22 billones acumulado en estos dos años

«Ésta cifra muestra que la provincia perdió recursos equivalentes al 50% de su presupuesto anual bonaerense», dijo el ministro y agregó que «lejos de solucionarse, la situación es cada vez más crítica. No hay posibilidades de cambiar esta coyuntura, si no se modifica el plan económico».

Faltaron muchos intendentes de distritos importantes del conurbano. Entre ellos el Grupo AFA: Federico Otermin (Lomas), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Tampoco estuvieron Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Leonardo Nardini (Malvinas). Los tres cercanos a Cristina Kirchner.

Hubo algunos camporistas como Julián Álvarez (Lanús), Juan Ignacio Ustárroz (Mercedes) y Leonardo Botto (Luján). Éstos dos últimos alineados con Wado De Pedro. También fueron cinco radicales que tienen puentes fluidos con Kicillof: Nahuel Mittelbach (Ameghino), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid) y Javier Andrés (Alsina).

Juan Manuel Cerezo, Alberto Gelené y Sebastián Walker.