Luis «Toto» Caputo les prometió a los gobernadores del Norte que si le votan al gobierno el proyecto de Zonas Frías en el Senado, él firmará luego el subsidio a la luz para las zonas cálidas.
El ministro de Economía recibió este martes en el Palacio de Hacienda a cinco gobernadores del Norte junto a Diego Santilli y el área de Energía. Estuvieron el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el jujeño Carlos Sadir, el chaqueño Leandro Zdero y el correntino Juan Pablo Valdés.
«Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias», dijo Caputo en Twitter. Presidencia usó los mismos términos grandilocuentes y se refirió a un «acuerdo histórico» con los gobernadores.
El «acuerdo histórico» depende de la palabra de Toto Caputo y consiste en firmar una resolución para subsidiar la luz en las provincias cálidas una vez que sus senadores voten el proyecto de Zonas Frías que ya tiene media sanción de Diputados.
Como anticipó LPO, el gobierno espera votar ese proyecto en septiembre, como surgió de la cumbre que tuvo la semana pasada Santilli con los gobernadores del Norte Grande en Posadas.
El radicalismo y el peronismo están cerca de cerrar un acuerdo para aprobar la nueva Ley Electoral de Santa Fe con un piso del 4% del padrón para acceder al reparto de las 50 bancas de la Cámara de Diputados, una barrera que amenaza con dejar sin representación a los partidos chicos.
La negociación se cocinó en los pasillos del Senado y fue conducida por Felipe Michlig, la principal espada de Pullaro en la Cámara Alta. El senador radical acordó el porcentaje con sus pares peronistas y el entendimiento permitiría destrabar el punto más conflictivo de la reforma.
El pullarismo había planteado inicialmente un piso del 5% para evitar un «festival de listas», como definió el oficialismo, pero entró en cortocircuitos con el socialismo que propuso bajarlo al 3% mientras que sectores del PJ impulsaron una posición intermedia del 3,5%, pero la negociación entre radicales y senadores peronistas terminó acordando el 4%.
El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont. En un escenario de baja participación, una fuerza podría reunir un porcentaje significativo de votos yaun así quedar afuera del reparto de bancas.
El porcentaje representa una barrera enorme porque se calculará sobre la totalidad del padrón y no sobre los votos válidos emitidos. El diputado Carlos del Frade calcula una base de 113 mil votos mínimos para ingresar al sistema D’hont
La reforma viene a adaptar el sistema electoral a la nueva Constitución provincial sancionada en 2025 que eliminó el sistema que le garantizaba 28 diputados al partido más votado. Desde 2027, las 50 bancas se distribuirán de manera proporcional pero el piso acordado entre la UCR y el PJ podría limitar fuertemente la apertura que introdujo el nuevo texto constitucional, sostienen los más críticos.
La medida golpea especialmente a los bloques minoritarios que actualmente tienen representación legislativa, como los espacios de Amalia Granata y Carlos Del Frade. También dificulta el crecimiento de nuevas fuerzas provinciales que no cuentan con la estructura territorial de Unidos, el peronismo o La Libertad Avanza.
El otro cambio importante se produciría en el sistema de boletas únicas en las elecciones generales. En las PASO se mantendrán las cinco categorías separadas: gobernador, diputados provinciales, senador departamental, intendente y concejales.
En las generales, en cambio, habrá tres boletas. Los candidatos a gobernador y diputados provinciales compartirán una papeleta, los postulantes a senador departamental tendrán otra y las listas de intendentes y concejales aparecerán juntas en una tercera. El esquema reforzará el arrastre de los candidatos ejecutivos sobre las nóminas legislativas.
Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos
Todavía se discute si una fuerza podrá presentar candidatos a diputados sin llevar postulante a gobernador. El pullarismo pretendía que las listas legislativas quedaran obligatoriamente ancladas a una candidatura ejecutiva, pero la iniciativa encontró resistencias dentro de Unidos y entre sectores de la oposición.
Una propuesta que acercó el Partido Socialista pero no prosperó fue la de ensayar una especie de ley de lemas en las PASO donde un candidato a gobernador pueda aparecer en varias listas con distintas candidatas a vicegobernadoras.
De esta manera, habilitaba al socialismo a llevar a la interna la fórmula Pullaro-Clara García y competir contra Scaglia del PRO en la fórmula ejecutiva. Pullaro le prometió a Scaglia que iba a ser la candidata para la reelección y todo indica que va a cumplir.
Como sea, el oficialismo buscará emitir dictamen este miércoles y llevar el proyecto al recinto de Diputados el jueves. Si obtiene la media sanción, la intención de Pullaro y Michlig es que el Senado convierta la reforma en ley el 27 de agosto, con el respaldo de una parte importante del peronismo.
El gobierno entró en un estado de confusión total sobre la estrategia que adoptará para negociar con los gobernadores aliados luego de que Karina Milei filtrara que recién en 2027 cerrará los acuerdos electorales.
Clarín reveló esta martes que la hermana del presidente le puso un freno a Luis «Toto» Caputo, que busca dar certidumbre a los mercados con acuerdos políticos que espanten lo que él denomina «riesgo kuka».
Fue el propio ministro de Economía quien intercedió para que Karina llamara a Mauricio Macri para reencauzar la relación de la Rosada con el líder del PRO. En la misma línea iba el acuerdo distrito por distrito con los gobernadores aliados, que implicaba un giro en la estrategia de Karina del año pasado, cuando decidió enfrentarlos.
Pero según las fuentes del menemismo que hablaron con Clarín, los acuerdos se van a cerrar el año que viene y tampoco hay apuro para suspender las PASO. Tal como anticipó LPO, importantes dirigentes libertarios le están pidiendo a Karina y los Menem que abran el debate sobre la decisión, con un argumento importante: jugarse todo a la primera vuelta podría favorecer que los enemigos del Gobierno armen candidatos para comerle votos a Milei y forzarlo a un ballotage.
Toto Caputo salió confundido de la reunión de la mesa política.
El cambio radical en la estrategia política de Karina no sólo descolocó a Caputo sino que también dejó en un lugar incómodo a Diego Santilli, que llegó a la jefatura de gabinete con la misión de acordar con los gobernadores y facilitar la reelección de Milei.
La confusión la padeció en vivo el propio Caputo, que fue interceptado por la prensa luego de participar de la reunión de la mesa política de este martes en Casa Rosada.
Al ministro le preguntaron si el gobierno tenía que sellar acuerdos políticos con los gobernadores para traer tranquilidad a la economía. «Eso lo decide la mesa pol…eh…Karina», titubeó Toto.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei, fue detenido la madrugada de este martes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz luego de un ataque a tiros contra su ex novia, la abogada Nadia Beller.
Cerimedo fue reducido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y trasladado a dependencias de la entidad anticrimen para tomarle de declaración.
Según reveló el medio digital El Deber, la investigación apunta a la presunta participación de Cerimedo en el ataque a Beller, que recibió tres impactos de bala en su humanidad cuando se encontraba en un hotel por la zona del canal Isuto.
Los dos autores materiales fueron captados por las cámaras de vigilancia de la zona, que llegaron hasta un reconocido hotel vestidos de delivery. Tras el ataque armado, ambos abandonaron la motocicleta en la que se transportaban para darse a la fuga con rumbo desconocido y aún no fueron encontrados.
Medios boliviano confirmaron que Cerimedo fue detenido mientras estaba por tomar un vuelo a Buenos Aires.
El ex asesor de Milei fue clave durante la campaña presidencial de 2023 a través de la estrategia digital que hizo fuerza al libertario en las redes sociales. Además, Cerimedo es co-fundador de La Derecha Diario y trabajó con Jair Bolsonaro, también en el esquema de comunicación digital que lideró Carlos Bolsonaro, hijo del ex presidente.
En la actualidad, Cerimedo es asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, luego de formar parte de su equipo de campaña en las elecciones que ganó en 2025 y terminó con 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo de Evo Morales.
Los dos autores materiales fueron captados por las cámaras de vigilancia de la zona, que llegaron hasta un reconocido hotel vestidos de delivery. Tras el ataque armado, ambos abandonaron la motocicleta en la que se transportaban para darse a la fuga con rumbo desconocido y aún no fueron encontrados.
Nadia Beller es abogada y fue candidata a diputad en 2019 por el Movimiento al Socialismo (MAS) siendo una férrea defensora pública de de Evo. Luego del golpe de estado se alejó para volverse crítica y lo llegó a acusar de pedófilo en el marco de la causa judicial por trata gravada de personas y estupro, vinculado a una supuesta relación que mantuvo con una menor de edad.
En 2020, Beller dijo en una entrevista el ex gobernador de Santa Cruz y uno de los arquitectos del golpe contra Evo Morales la asesoraba en sus conversaciones con integrantes del gobierno del MAS. Esto se daba mientras Camacho lideraba lo que se conoce como «paros cívicos» que fueron determinantes para salida forzada del poder del expresidente.
«En una oportunidad, estando Luis Fernando Camacho a mi lado en los días de paro, me pidió que dijera que el Ejército y la Policía habían cerrado con él. Yo le dije: ‘Andan comentando los del Comité Cívico que Carlos Mesa habría negociado con ustedes (exautoridades). Camacho estaba escuchando la charla. Estaba a mi lado», detalló Beller.
En noviembre de 2019, Camacho mencionó a la abogada y reconoció que ella había desempeñado un rol significativo de «acercamiento» entre MAS y la oposición.
«Nadia Beller me apoyó, previo y posterior a la salida de Evo Morales en el acercamiento a los sectores que eran afines a éste, con el único fin de que yo pueda hablar con ellos y darles a entender que ésta era una lucha democrática contra un tirano, no contra ellos», mencionó Camacho.
Una encuesta de la Universidad de San Andrés ubica al peronismo primero en intención de voto para 2027, mientras LLA queda tercera y el 25% todavía no sabe a quién votar.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El escenario electoral de cara a 2027 empieza a mostrar señales incómodas para el gobierno de Javier Milei. Una nueva encuesta de la Universidad de San Andrés (UDESA) ubicó al peronismo en el primer lugar de la intención de voto presidencial, con el 26%, apenas un punto por encima del enorme universo de ciudadanos que todavía no sabe o no contesta qué fuerza elegiría. La Libertad Avanza quedó tercera, con el 24%, en un escenario de extrema paridad que, a esta altura, parece bastante más abierto de lo que el oficialismo pretende mostrar.
El relevamiento fue realizado entre el 5 y el 11 de agosto sobre 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15%. Por eso, metodológicamente, la propia fotografía debe ser leída como un escenario de empate técnico entre el peronismo, los indecisos y LLA. Sin embargo, hay un dato político que resulta imposible ignorar: después de casi tres años de la irrupción electoral de Milei, el espacio que el Gobierno pretendió dejar definitivamente atrás vuelve a aparecer en el primer lugar de una medición nacional.
El dato que más preocupa al Gobierno
Más allá del primer puesto del peronismo, hay otro número que probablemente merezca todavía mayor atención: uno de cada cuatro encuestados todavía no tiene decidido su voto. Ese 25% de indecisos se convierte en la segunda fuerza electoral del relevamiento, apenas por debajo del peronismo y por encima de La Libertad Avanza.
La lectura política es clara: no existe todavía un escenario consolidado de cara a 2027. La elección presidencial está lo suficientemente lejos como para que una parte muy importante del electorado mantenga abierta su decisión y, al mismo tiempo, ninguna de las fuerzas aparece con una ventaja capaz de garantizar un resultado. El 26% del peronismo, el 25% de los indecisos y el 24% de LLA configuran una fotografía prácticamente partida en tres.
Para el oficialismo, el dato puede resultar especialmente sensible porque contradice el relato de una fuerza política destinada a convertirse en el eje permanente del sistema político argentino. LLA no está fuera de competencia, pero tampoco domina el escenario. Con un año todavía por delante hasta el próximo gran turno electoral presidencial, cualquier movimiento en la economía, el empleo, los ingresos, la conflictividad social o la propia interna política puede modificar sustancialmente ese tablero.
El resto de las fuerzas aparece bastante más lejos. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y el PRO empatan con 5%, mientras que otras opciones quedan todavía más atrás: partidos provinciales y Provincias Unidas reúnen 2% cada uno, la UCR alcanza el 1%, un 4% se inclina por «otros», mientras que 3% manifiesta que no votaría y otro 3% optaría por el voto en blanco.
Un escenario abierto y con un voto todavía en disputa
La encuesta también permite observar diferencias interesantes según género. Entre los hombres, LLA alcanza el 27%, mientras que entre las mujeres llega al 21%. El peronismo presenta el comportamiento inverso: registra 25% entre los hombres y 27% entre las mujeres. Es decir, aun con una diferencia pequeña, el estudio muestra que las preferencias políticas no se distribuyen de manera homogénea dentro del electorado.
Pero sería un error interpretar estos números como una elección ya definida. Falta muchísimo para 2027 y, sobre todo, todavía no están definidos los candidatos ni la arquitectura electoral con la que competirán los distintos espacios. El peronismo, además, tiene por delante el desafío de transformar una intención de voto agregada en una propuesta política concreta y competitiva, capaz de contener distintas identidades y sectores que hoy pueden aparecer agrupados estadísticamente pero no necesariamente coincidir en una eventual interna.
Para Milei, en cambio, el problema pasa por otro lado: el oficialismo necesita convertir su gestión en una expectativa electoral sostenible. El hecho de que un cuarto del electorado todavía no sepa a quién votar significa que existe un enorme territorio político en disputa. Pero también implica que una parte importante de la sociedad aún no tiene definido si quiere prolongar el rumbo iniciado en diciembre de 2023 o buscar una alternativa.
La elección de 2027, por lo tanto, comienza a aparecer como una competencia mucho más abierta de lo que podría sugerir el discurso triunfalista de cualquiera de los espacios. El peronismo tiene hoy una pequeña ventaja estadística, LLA conserva un caudal importante y los indecisos representan una reserva electoral capaz de modificar completamente el resultado.
El dato más importante de esta encuesta quizás no sea entonces quién ocupa circunstancialmente el primer lugar, sino que ninguna fuerza consiguió apropiarse todavía del futuro. El electorado argentino continúa en movimiento y, a poco más de un año de la próxima elección presidencial, una porción enorme de la sociedad todavía está esperando señales para decidir hacia dónde inclinar su voto.
