Sociedad

  • |

    Mientras Argentina se juega una semifinal contra Inglaterra, Milei abre el Mar Argentino a empresas británicas y habilita el arbitraje internacional

     

    Mientras la Selección enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial, el Gobierno de Milei publicó un decreto que impulsa una licitación petrolera en el Mar Argentino tras el interés de una empresa británica y habilita el arbitraje internacional en los futuros contratos.

    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras millones de argentinos vuelven a vivir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más cargadas de historia del deporte mundial, con la Selección enfrentando a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el Gobierno de Milei eligió este miércoles para publicar un decreto que abre un nuevo proceso para la exploración petrolera en el Mar Argentino a partir de la iniciativa presentada por una empresa británica y que, además, habilita que los futuros contratos contemplen la posibilidad de resolver controversias mediante tribunales arbitrales internacionales.

    La coincidencia difícilmente pase inadvertida. Para la inmensa mayoría de los argentinos, Inglaterra nunca es un rival cualquiera. Malvinas, la guerra de 1982, los encuentros mundialistas de 1966 y 1986 y la permanente disputa diplomática por la soberanía de las islas convierten cada partido entre ambos países en un acontecimiento que trasciende largamente al fútbol. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en la semifinal del Mundial, el Poder Ejecutivo avanzó con una decisión que vuelve a colocar a empresas británicas en el centro de un proyecto estratégico vinculado a los recursos naturales argentinos.

    Un decreto que abre la puerta a una licitación impulsada por una empresa británica

    El Decreto 590/2026, publicado este 15 de julio en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Energía para convocar a un concurso público internacional destinado a adjudicar un permiso de exploración sobre el área CAN_200, un bloque de aproximadamente cinco mil kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, dentro de la plataforma continental argentina.

    La decisión no implica una adjudicación directa. De hecho, la normativa establece que deberá realizarse una licitación abierta en la que podrán participar distintas compañías. Sin embargo, el propio decreto explica que el procedimiento se inicia luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC, de origen británico, presentara formalmente una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en ese bloque del Mar Argentino.

    En otras palabras, el Gobierno pone en marcha un proceso administrativo cuyo punto de partida fue la iniciativa de una compañía británica interesada en explorar recursos hidrocarburíferos argentinos, una circunstancia que inevitablemente adquiere otra dimensión política cuando coincide con un nuevo enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.

    El arbitraje internacional vuelve al centro del debate

    El aspecto que probablemente genere mayor controversia no pasa únicamente por la futura participación de empresas extranjeras, sino por el régimen jurídico que acompañará esos contratos.

    El decreto autoriza expresamente que los acuerdos que eventualmente se firmen con la empresa adjudicataria puedan incluir cláusulas de arbitraje internacional, permitiendo que eventuales controversias entre el Estado argentino y las compañías privadas sean resueltas fuera de la Justicia nacional, conforme a los mecanismos previstos por la Convención de Nueva York de 1958.

    Si bien la norma aclara que la República Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares o la potestad tributaria del Estado, la decisión vuelve a abrir un viejo debate político sobre hasta qué punto la resolución de conflictos vinculados con recursos naturales debe quedar bajo jurisdicción de tribunales internacionales.

    La utilización de este tipo de mecanismos ha sido defendida históricamente por distintos gobiernos como una herramienta para atraer inversiones de gran escala, aunque también recibió fuertes cuestionamientos desde sectores políticos, académicos y jurídicos que consideran que esos esquemas terminan condicionando la capacidad soberana de los Estados para definir sus propias políticas energéticas.

    De las tribunas a los negocios

    La publicación del decreto también llega después de otra decisión que despertó críticas entre excombatientes y distintos sectores políticos: la aceptación por parte del Gobierno argentino de las disposiciones de la FIFA que impidieron el ingreso a los estadios de banderas y símbolos vinculados con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, bajo el argumento de evitar manifestaciones políticas durante el Mundial.

    Aunque la FIFA sostiene desde hace años que los torneos deben desarrollarse sin expresiones de carácter político, la decisión fue interpretada por numerosos veteranos de guerra y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas como una nueva muestra de la escasa voluntad del Gobierno nacional para defender esa reivindicación en los escenarios internacionales, especialmente frente a un rival como Inglaterra, cuya presencia inevitablemente reaviva un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.

    En ese contexto, la publicación del Decreto 590/2026 termina reforzando una imagen que la oposición viene construyendo desde el inicio de la gestión libertaria: un Gobierno que evita confrontar con el Reino Unido cuando se trata de la cuestión Malvinas y que, al mismo tiempo, impulsa políticas de apertura para que empresas británicas puedan competir por la exploración de recursos estratégicos en el Mar Argentino bajo contratos que incluso prevén mecanismos de arbitraje internacional.

    Mucho más que una coincidencia de calendario

    Probablemente el decreto hubiera generado debate cualquier otro día. Sin embargo, su publicación mientras Argentina vuelve a enfrentarse con Inglaterra en un Mundial le agrega una carga simbólica imposible de ignorar.

    Mientras en las tribunas y frente a los televisores resurgen los recuerdos de Rattín, la guerra de Malvinas, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, el Boletín Oficial publica una norma que habilita el inicio de un proceso para explorar petróleo en el Mar Argentino impulsado originalmente por una empresa británica y que contempla la posibilidad de resolver futuras controversias mediante arbitraje internacional.

    No se trata solamente de una coincidencia deportiva. Se trata del contraste entre dos formas muy distintas de entender la relación con el Reino Unido: una que mantiene viva la memoria histórica cada vez que rueda una pelota y otra que, desde la lógica económica del Gobierno de Milei, apuesta a profundizar la apertura a los capitales internacionales aun cuando ello implique que empresas británicas vuelvan a tener protagonismo en un área tan sensible como los recursos energéticos del Mar Argentino.

     

  • Ya se perdieron 44 mil empleos registrados en 2026 y alertan que el desempleo real es del 30%

     

    La crisis del empleo se espiralizó en el primer cuatrimestre de 2026. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre enero y abril cerraron 5.654 empresas con la desvinculación laboral de 43.680 trabajadores registrados.

    Muchas de estas empresas son de rubros golpeados directamente por la apertura de importaciones y el aumento exponencial de los costos de producción. Entre los sectores más golpeados, aparecen el textil, calzado, autopartes, neumático, metalúrgico, entre otras.

    En ese cuadro, especialistas advierten una mutación acelerada del mercado laboral que tiene como aspecto central un corrimiento del trabajo asalariado al cuentapropismo, las apps y múltiples actividades informales y precarias.

    Autopartista despide a más de la mitad del personal, golpeada por la baja producción en Peugeot

    Es ahí donde el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió que casi un millón de puestos de trabajo asalariados se perdieron durante la última década y que casi la mitad de ese número responde a los últimos tres años.

    «En situación de desempleo, la opción disponible es pasar a un autoempleo informal. No tenés un empleo formal asalariado disponible, entonces la primera reacción que tenés es pasar a un rebusque», dijo Salvia a Infobae.

    La desocupación crece en el conurbano y ya supera los dos dígitos en regiones de la provincia

    Según un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 29% de quienes salen del sistema de empleo formal se incorporan dentro de ese abanico de ocupaciones informales, un tendencia que -alertó- «se agravó notablemente».

    «La desocupación no es del 6%. Si sumás los trabajos de changa de distinta naturaleza, el desempleo en Argentina se acerca al 28 o 30%», agregó Salvia, que habló de un 30% de la fuerza de trabajo en Argentina de alta productividad frente a un70% de subproductividad.

     

  • Casal apoyó al Gobierno en la disputa con los intendentes por el cobro de tasas en boletas de luz

     

    La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la medida del gobierno de Javier Milei que prohibe a los municipios cobrar tasas municipales en las boletas de luz, resolución que está judicializada por varios intendentes desde 2024, cuando fue promovida por Toto Caputo.

    Con múltiples disputas judiciales abiertas y fallos a favor de las comunas, la polémica escaló a la Corte Suprema, que pasó vista al organismo a cargo de Eduardo Casal.

    Ahí, la Procuración sostuvo que la medida del Gobierno no ataca las autonomías municipales y advirtió que las comunas pueden cobrar las tasas por otra vía. Eso, a pesar de admitir que puede existir un impacto con esta modificación.

    Intendentes le advierten a Caputo que no podrán pagar el alumbrado público si no cobran las tasas en las boletas

    «En el caso no se ha demostrado que el actuar estatal cuestionado adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta», dice el dictamen de la Procuración firmado por Laura Monti, al que tuvo acceso LPO.

    Ese dictamen refiere al expediente donde tramita la demanda de la Municipalidad de José C. Paz contra el Ministerio de Economía pero también la Procutación los aplicó a las demandas presentadas por los municipios de Hurlingham, San Martín, Pilar e Ituzaingó.

    Como contó LPO, desde que Caputo dio a conocer esta prohibición los intendentes salieron en bloque con presentaciones judiciales, alertando sobre el impacto de la medida en la recaudación del tributo por Alumbrado Público, que en los distritos del conurbano mayoritariamente está integrado a la boleta de energía eléctrica para garantizarse una mayor cobrabilidad.

    Si la Corte sigue la línea de la Procuración, en varios municipios advierten que está en riesgo el alumbrado publico.

    «En los municipios primero vamos a pagar los remedios, segundo la guardia de los médicos, tercero los sueldos, cuarto el alimento que entrega Desarrollo Social y quinto el combustible. Lo último será la factura del alumbrado público. Hay prioridades. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cortar la luz en las ciudades?», dijo un intendente a LPO apenas se disparó la polémica.

    Intendente aliado de Milei desafía a Caputo y quiere cobrar el alumbrado en las boletas de luz

    Además del caso de José C. Paz, la Procuración sacó un dictamen de similar tenor en el expediente donde tramite la demanda del municipio de Río Grande.

    Ahí, sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo y descartó una afectación de la autonomía municipal.

    En el caso de los municipios del Conurbano, la Procuración advirtió que existe legislación que establece que la factura de energía eléctrica «no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados». 

     

  • Macri quiere aprovechar que los libertarios se bajaron de Marcos Juárez para recuperar el kilómetro 0 de Cambiemos

     

    El cierre de la presentación de alianzas para la elección de septiembre en la localidad cordobesa de Marcos Juárez confirmó que avanza el entendimiento o, al menos, una nueva fase en la relación entre el presidente Javier Milei y el peronista Martín Llaryora. Porque el mismo día en el que se oficializó el auxilio financiero de 400 mil millones de pesos de la Nación para Córdoba, los libertarios decidieron correrse de las coaliciones para los comicios en Marcos Juárez.

    Quien siguió de manera atenta la forma en la que el libertario cordobés Gabriel Bornoroni acató la orden de Balcarce 50 y sacó al oficialismo nacional de la contienda es el expresidente Mauricio Macri. Sobre todo, porque el líder del PRO observa que se presenta como una buena oportunidad para recuperar el famoso ‘kilómetro 0′ de Cambiemos y volver a controlar el bastión en el corazón productivo cordobés.

    «Mauricio va a jugar si o sí con Pedro. Lo va a respaldar y lo alienta a que sea candidato. Con o sin el PRO, más allá de cualquier traba administrativa que le pueda presentar Oscar (Agost Carreño)», dijo una persona que conoce los movimientos del macrismo en suelo cordobés.

    Lo del impedimento es correcto. Agost Carreño le ganó una pelea de varios capítulos al macrismo por el control del sello del PRO en Córdoba y no quiere ceder tan fácilmente para que Dellarossa sea candidato amarillo con la bendición de Macri. Situación que, en caso de victoria, podría hacer estallar al bullrichismo que también prestó aparato a Agost Carreño para que voltease en la batalla al macrismo.

    «Si Agost Carreño cede fácil y le da el sello a Dellarossa, le explota la relación con Laura Rodríguez Machado que lo acompañó para que se quedara con el partido hace un par de meses», reflexionó una persona que tuvo el teléfono ocupado todo el día con el cierre de alianzas.

    Lo que viene es la carrera contrarreloj para presentación de candidaturas que vence el 7 de agosto, con miras a la elección del 6 de septiembre. Para la primera semana de agosto, Dellarossa está convencido de que irá con o sin el respaldo del sello del PRO. Decisión que también observa el cordobesismo que, en caso de victoria del exintendente, se subirá a la foto con el argumento de que Dellarossa fue un ‘extracomunitario’ que Llaryora repatrió para su primera etapa del Partido Cordobés.

    Con lo cual, la decisión de Agost Carreño con el control del partido amarillo -cuyo presidente en realidad es Oscar Tamis- también tiene impacto en la inquietud del cordobesismo. «A lo mejor, Oscar sabe que si pisa el sello también mantiene incómoda a la relación que une a Macri con el cordobesismo», dijo otra persona.

    Por último, sobre el final del lunes, una persona al tanto de todas las conversaciones que hubo para el cierre de alianzas en Marcos Juárez reconoció que la negociación también esmeriló el vínculo entre Bornoroni y el senador Luis Juez. «Los socios le volvieron a creer a Bornoroni con algunas encuestas que no caminaban de (Germán) Pascquali, el candidato violeta, hasta que se dieron cuenta que no iban a ningún lado y quisieron forzar algo. Después, Juez vio rara la cosa y se corrió. Por eso están saliendo a argumentar que, así como los libertarios no se inscribieron en alianzas, el PJ de Llaryora tampoco. No se ve tan claro el panorama, parece», dijo.  

     

  • Berni quiere que la Legislatura controle el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina

     

    Sergio Berni busca crear una comisión bilateral para que la Legislatura bonaerense haga un seguimiento del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país.

    El jefe de los senadores peronistas en la Legislatura presentó un proyecto de Ley para garantizar la participación de la provincia en el proceso iniciado por el gobierno libertario.

    La iniciativa propone la creación de una comisión integrada por cinco senadores y cinco diputados, con representación proporcional de los distintos bloques políticos. La idea es que esa comisión pueda intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la defensa de los intereses de la provincia y del país.

    «Cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar ese derecho y que no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional», dijo Berni.

    Reidel pagó deudas personales por 800 millones y Karina trata de convencer a Milei que lo eche 

    El senador tiene su armado político en Zárate, donde funcionan las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25. Por eso, rápidamente brotaron las críticas del PRO -que gobierna ese municipio del norte bonaerense- a la iniciativa.

    «Tendría más sentido que sobre el tema legisle su mujer (Agustina Propato) que es diputada nacional y es en la órbita donde funciona Nucleoeléctrica Argentina. Sin embargo, a Berni le gana el personaje», dijo la diputada provincial Natalia Blanco que tiene asiento en Zárate y responde a Cristian Ritondo.

    Según el proyecto, la omisión de esa participación provincial por parte del Poder Ejecutivo Nacional configuraría el incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento administrativo, lo que podría afectar la validez del proceso de privatización y dar lugar a las acciones administrativas y judiciales correspondientes.

    Rebelión atómica: suspendieron a los gerentes de Reidel, que se brotó en plena reunión

    Por estas horas, el gobierno se prepara para vender casi la mitad de Nucleoeléctrica Argentina. El plan es desprenderse del 49% de las acciones, en un movimiento que promete cambiar el tablero energético.

    NASA controla 1.763 MW de potencia instalada, lo que equivale al 4,1% de la capacidad bruta del país, y genera el 7,35% de la energía del SADI. Además, es una rara avis entre las estatales: fue superavitaria. En el primer trimestre declaró ganancias por $17.234 millones de pesos.

    El negocio tiene también un trasfondo geopolítico: en paralelo se firmó un acuerdo con Estados Unidos por el uranio argentino, con potencial para cambiar la matriz energética del país. Argentina tiene 34.000 toneladas de reservas y consume unas 220 toneladas anuales; el resto puede exportarse.

     

  • Cornejo destrozó a su vice por tratar a Francia de «equipo africano»: «No representa a mi gobierno»

     

    Alfredo Cornejo salió a despegarse de su propia vicegobernadora con una nota enviada a la embajada de Francia en la que aclaró que las declaraciones racistas de Hebe Casado contra la selección de Mbappé no representan al gobierno provincial.

    Casado fue declarada persona no grata por la embajada de Francia por referirse a la selección como «el equipo africano».

    Ahora, con motivo del aniversario de la revolución francesa, Cornejo le mandó una carta a la embajada francesa para destrozar a su propia vice.

    «Deseo transmitirle con total claridad que las expresiones individuales y de carácter personal que no reflejan el respeto universal a la diversidad, de ninguna manera representan el sentir de la comunidad mendocina ni la política de integración de este territorio, ni mucho menos del Gobierno que me toca conducir», dijo Cornejo.

    Hebe Casado con la motosierra de Milei

    «Mendoza ha sido, es y seguirá siendo una tierra de apertura, que celebra la riqueza de la convivencia cultural y rechaza plenamente toda manifestación de carácter discriminatorio», aclaró el gobernador.