En el gobierno ahora no descartan que este mismo fin de semana Manuel Adorni sea desplazado de la jefatura de gabinete, luego de tres meses de crisis en los que sobrevivió bajo el amparo de los hermanos Milei.
El propio Milei dijo que le «chupa un huevo» (sic) la caída de su imagen por el caso Adorni, que se estima entre 10 y 20 puntos. Pero Adorni se convirtió en un virus autoinmune de la gestión libertaria que se expandió al Congreso y le impide al presidente avanzar con leyes que le permitan reactivar la economía.
Por eso a los funcionarios sensatos que pedían correr a Adorni para salir de ese pozo, ya se les sumaron hasta los insensatos. Con la presión de Patricia Bullrich y el PRO, en la Rosada saben que no pueden extender la agonía por mucho tiempo más.
Más aún porque, como quedó en evidencia en la sesión fallida de este jueves en el Senado, el peronismo no parece dispuesto a sacarle el problema de encima a Milei con una moción de censura que le permita victimizarse.
Pablo Quirno es quien tiene mayores chances de pegar el salto desde la Cancillería a la Rosada, pero tiene un problema que no sospechaba meses atrás, cuando gozaba de la simpatía de Karina Milei.
Pablo Quirno es quien tiene mayores chances de pegar el salto desde la Cancillería a la Rosada, pero tiene un problema que no sospechaba meses atrás, cuando gozaba de la simpatía de Karina Milei.
El canciller se ganó a la hermana presidencial con sus buenos modales durante un viaje a Canadá, pero entró en la lista de sospechosos cuando, en medio del escándalo Rufus, tuiteó a favor de Las Fuerzas del Cielo, lanzadas como nunca contra Martín Menem.
Desde entonces, reavivó las suspicacias del karinismo que se pregunta: ¿y si Quirno siempre trabajó para el sector de Santiago Caputo? Razones no faltan: en las huestes karineas saben que la cuenta de Twitter del canciller, picante en exceso, la maneja la gente de Santiago, el especialista en redes.
Karina entonces tiene dudas en dejarle la jefatura de gabinete a alguien cercano a Santiago. Pero el otro contra que tiene el canciller es que viene del equipo de Luis «Toto» Caputo. El ministro de Economía, que tiene una competencia de egos con Quirno, preferiría sin dudar que la jefatura de gabinete quede en manos de su ex secretario de Finanzas antes de que recale en las garras de su enemigo Federico Sturzenegger.
El nombre de Santiago Caputo vuelve a mencionarse, según adelantaron fuentes del gobierno a LPO. El líder de los Peaky Blinders sería de ese modo tentado por tercera vez para hacerse cargo del gabinete y dejar de ser un asesor. La última vez fue antes de las elecciones de octubre, cuando parecía que el gobierno iba al naufragio y las urnas le dieron un espaldarazo a la estrategia de Karina y los Menem. El ascenso de Santiago, sin embargo, significaría un golpe de final impredecible contra la propia hermana del presidente.
Fuentes cercanas a Santiago Caputo negaron enfáticamente a LPO que «Santiago vaya a ser jefe de Gabiente o quiera serlo».
El nombre de Diego Santilli aparece entonces como un punto de equilibrio. Al ministro del Interior ahora parece tentarlo la idea de subir un piso en la Rosada. Y si bien se plegó bajo el ala de Karina, su llegada a la jefatura podría servir como un armisticio entre los dos sectores del gobierno.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
En el gobierno apuntan a Martín Menem por la dura derrota política que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades y creen que le sobrevendió a Javier Milei un acuerdo con los jueces que no pudo garantizar.
En diciembre de 2025, un sector del gobierno buscó un acuerdo con los rectores luego de que el Congreso insistiera por primera vez en la historia contra un veto presidencial. Milei ya había vetado la ley de financiamiento universitario en 2024 y había logrado que 85 «héroes» le sostuvieran el veto en octubre de ese año.
Un año después y tras una serie de marchas multitudinarias, el Congreso votó una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. Tras voltear el veto en ambas cámaras, el gobierno puso condiciones para cumplir la ley, por lo que los universitarios elevaron una demanda que llegó a la Corte.
En ese escenario, Santiago Caputo y Diego Santilli iniciaron negociaciones con Emiliano Yacobbitti, el hombre fuerte de la UBA, para llevar al Congreso una ley que dejara satisfechos tanto al sector universitario como al ministro de Economía, cuyo argumento es que financiar universidades atenta contra el superávit fiscal.
Emiliano Yacobitti, el hombre fuerte de la UBA.
La negociación consistía en que en febrero de 2026, en las sesiones extraordinarias, se votaría una ley nueva para acercar las partes con un financiamiento superior al que ofrecía el Ejecutivo en el Presupuesto 2026 pero que no comprometiera el superávit de Toto Caputo.
Pero Martin Menem pisó ese proyecto convencido de que tenía un acuerdo con la Corte, mecanizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para planchar el fallo ad eternum. El presidente de la Cámara de Diputados le vendió al propio Milei que, gracias a sus vínculos con Horacio Rosatti, la Corte no fallaría en contra si les pagaban a los universitarios un aumento salarial este año y se comprometían a resolver las partidas en disputa en el Presupuesto 2027 que se trata a fin de este año.
La suma que proponía Menem era de 850 mil millones de pesos y el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con los universitarios para pagar un aumento del 21% en julio y otra cuota de 3% en octubre. Pero los rectores se reservaron un detalle que ahora cobra mucha mayor relevancia: no desistieron de la demanda en la Corte pese a las presiones del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro «Galleguito» Álvarez.
El gobierno aceptó cerrar esa paritaria pese a ese asterisco peligroso porque creía que, como vendía Menem, la Corte no fallaría en el corto plazo o quizás nunca.
Pero, como explicó LPO, la decisión de la Corte terminó de dejar en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y Toto Caputo. Rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica.
Al intento de Javier Milei de eliminar el régimen de tarifas diferenciales de gas por Zona Fría se expuso un fuerte rechazo en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró que hasta el bloque del PRO ponga de manifiesto su repudio al proyecto del Gobierno nacional que pretende dar de baja ese beneficio.
El proyecto de declaración aprobado por mayoría este miércoles en el Senado bonaerense (solo el bloque de La Libertad Avanza lo rechazó) fue presentado por la camporista Fernanda Raverta.
«En el capítulo uno eliminan la Zona Fría y en el capítulo dos les condonan una deuda multimillonaria a las empresas energéticas. Entonces no se trata de que nos ajustemos todos. Se ajustan siempre los mismos», dijo Raverta al asegurar existe una decisión política en el proyecto del Gobierno que tiene media sanción en el Congreso.
La senadora y ex candidata a la intendencia de Mar del Plata advirtió que miles de familias de esa ciudad balnearia dependen de este régimen para afrontar el costo de la calefacción durante el invierno.
Para este proyecto de declaración, se solicitó una votación nominal que deje en claro el posicionamiento de cada senador.
«Hay un particular ensañamiento con Mar del Plata. Cuando a la Argentina le va mal, a los marplatenses nos va peor. Tenemos una matriz productiva muy diversa y hoy todos los sectores están siendo golpeados por este modelo económico «, añadió Raverta.
Para este proyecto de declaración, se solicitó una votación nominal que deje en claro el posicionamiento de cada senador.
Ahí, se expuso que el apoyo a la iniciativa por parte de todos los senadores del PRO, incluido el intendente en uso de licencia de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que muestra distancia política de los libertarios luego de quedar afuera del gabinete de Milei. También acompañaron el proyecto de Raverta el bloque de Carlos Kikuchi, la UCR y Hechos.
«Estamos a tiempo de revertir algo que es profundamente injusto. Espero que los legisladores nacionales hagan lo suyo para que en Mar del Plata podamos sufrir un poquitito menos», dijo Raverta.
Por su parte, este miércoles Axel Kicillof reiteró su rechazo a la avanzada de Milei para eliminar Zona Fría. Lo hizo al visitar Bahía Blanca, una de las ciudades que se vería fuertemente afectada de concretarse la eliminación de este beneficio.
«Es difícil comprender cómo el Gobierno nacional no tiene ni siquiera un termómetro», dijo Kicillof junto al intendente bahiense Federico Susbielles.
En ese sentido, sostuvo que la decisión de quitar la zona fría es absurda. «Va a ser un invierno para discutir este tipo de cosas que tienen que ver con los costos en general de la energía», dijo.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el pago de USD 171 millones a los holdouts Attestor y Brainbridge, los fondos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, y le dio media sanción al Super RIGI, una versión recargada del régimen de inversiones votado en la Ley Bases de 2024.
El oficialismo juntó una mayoría aplastante para el acuerdo con los buitres, superando a la oposición por 40 votos, con 138 por la afirmativa y 98 por la negativa. El respaldo provino del PRO, la UCR, el MID, los legisladores de Innovación Federal que responden a Gustavo Sáenz y Rubén Passalacqua, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los cordobeses de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, el santacruceño José Garrido y la bonaerense Karina Banfi.
En contra, se agruparon los peronistas, la izquierda, Miguel Pichetto, Natalia De la Sota, Marcela Pagano y el catamarqueño Fernando Monguillot.
Durante el debate, se trenzaron con fervor los libertarios y los kirchneristas. Bertie Benegas Lynch, miembro informante del proyecto de acuerdo con los holdouts, tildó de «irresponsables y sinvergüenzas» a los que empujaron al país a la cesación de pagos, y admitió que «la urgencia» por aprobarlo se debía a que la prórroga se vence el próximo 30 de junio.
Según el diputado oficialista, «se negoció una condición de quita de un 30% de este remanente, se nos exime de pagar honorarios legales y los acreedores se comprometen a no hacer nuevas acciones legales». Antes de cerrar su discurso, descontó que los opositores darían «discursos corrosivos porque son los apóstoles del default».
El encargado de contestarle fue Itai Hagman, quien explicó que «hoy gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó al país y lo llevó a sucesivas crisis». «El término holdouts suena mejor, parece más inofensivo, pero no tengan miedo de decir que lo que quieren es pagarle a los fondos buitre, como hace 10 años», planteó, y deslizó que el objetivo del gobierno es «bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina».
Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni.
Miguel Pichetto, por su parte, le contestó a Benegas Lynch que «esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios». Además, advirtió que la ley «carece de la asignación presupuestaria» que exige la Ley de Administración Financiera.
La peronista Graciela de la Rosa, ex auditora, señaló que el proyecto consistía en dos «acuerdos transaccionales con dos sociedades constituidas en las Islas Caimán y en Bahamas». Después de aclarar que «el peronismo no tuvo nada que ver con la crisis del 2001», la formoseña precisó que «así como el gobierno de Macri incrementó la deuda externa en más de USD 100 mil millones, el de Milei ya lo hizo antes de terminar y ha endeudado en más de USD 100 mil millones nuevamente a todos los argentinos».
(El Super RIGI) es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios.
Por otra parte, el Súper RIGI obtuvo media sanción con 130 votos a favor, 105 en contra y siete abstenciones. La iniciativa, según el gobierno, es atraer «grandes inversiones», que deberán ejecutarse en un 20% durante los primeros dos años desde la puesta en marcha del proyecto.
Las críticas de la oposición se centraron en los beneficios impositivos que van desde alícuotas especiales en contribuciones patronales hasta exenciones en los derechos de exportación. También apuntaron a las modificaciones introducidas durante el trabajo en comisiones, donde se incorporó el incentivo al «desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina».
El diputado Maximiliano Ferraro señaló que la ley sería «un régimen de excepción quizás nunca visto». «Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica», consideró.
