Un día después de la conferencia de Adorni, el piloto del vuelo privado a Punta del Este contradijo al jefe de Gabinete y aseguró que la empresa de Marcelo Grandío pagó la factura del viaje. La PSA allanó la TV Pública para buscar el contrato con el conductor.
La conferencia que organizó el gobierno para cerrar el tema terminó complicando al ex vocero presidencial. Adorni terminó admitiendo que tenía un departamento que no aparecía en su declaración jurada y volvió a afirmar que él había pagado la factura por el vuelo privado a Uruguay.
«Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial», dijo Adorni en uno de los tramos más calientes de su conferencia.
El jueves, el gobierno intentó blindar al jefe de Gabinete con fotos con Patricia Bullrich, Juan Mahiques y Diego Santilli, pero la tranquilidad duró unas horas.
El piloto del vuelo declaró ante Ariel Lijo que la productora de Grandío pagó el vuelo de ida a Punta del Este y terminó con la coartada de Adorni. Sobre la vuelta confirmó que había sido parte de un paquete de diez vuelos facturado directamente a Grandío.
Como Adorni tuvo bajo su órbita la TV Pública, que Grandío haya pagado el viaje podría encuadrarse dentro del delito de dádivas. Por eso, en las últimas horas del jueves la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la TV Pública para buscar los contratos con el periodista.
El Gobierno ordenó retirar una histórica imagen de Juan Domingo Perón y Eva Perón de la Casa Rosada y ya analiza reemplazarla por otras figuras, entre ellas Lionel Messi. La decisión, impulsada por Karina Milei, vuelve a encender la polémica por la “batalla cultural” libertaria.
Por Roque Pérez para NLI
La escena es tan simbólica como provocadora. En pleno corazón de la Casa Rosada, el gobierno de Milei decidió descolgar un cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Perón, dos de las figuras más representativas de la historia política argentina. La orden partió de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.
La explicación oficial y las dudas
Según la versión oficial, el retiro del cuadro responde a “problemas estructurales” en la obra, que habría sido enviada a restauración junto a otras piezas retiradas del mismo sector.
La imagen en cuestión no era menor: se trataba de una réplica del histórico óleo pintado en 1948 por Numa Ayrinhac, que muestra a Perón con la banda presidencial junto a Evita, una obra que incluso sobrevivió a la persecución simbólica del peronismo tras el golpe de 1955.
Pero la explicación técnica convive con un contexto político evidente. La decisión se inscribe en una serie de medidas impulsadas por el oficialismo que apuntan a reconfigurar la iconografía estatal, como ya ocurrió con el cambio de nombre del Salón de las Mujeres o el retiro de imágenes de figuras históricas vinculadas al peronismo.
Del peronismo a Messi: la nueva estética oficial
Lo más llamativo no es solo lo que se sacó, sino lo que podría venir. Entre las opciones que analiza el Gobierno para ocupar el espacio vacío aparecen próceres tradicionales… pero también un nombre inesperado: Lionel Messi.
Sí, el capitán de la Selección campeona del mundo podría reemplazar a Perón y Evita en uno de los edificios más emblemáticos del país. La sola posibilidad grafica el rumbo simbólico que busca imprimir el oficialismo: desplazar referencias políticas históricas y reemplazarlas por íconos “neutrales” o populares.
Una decisión que no es aislada
El retiro del cuadro no ocurre en el vacío. Forma parte de una política más amplia que desde el inicio de la gestión Milei apunta a disputar el sentido de la historia y los símbolos nacionales.
En ese marco, la figura de Karina Milei —considerada la persona de mayor influencia dentro del gobierno— vuelve a quedar en el centro de la escena, no solo por la decisión administrativa sino por su peso en la orientación política del oficialismo.
La disputa por la memoria
Más allá de los argumentos técnicos, la medida reabre una discusión profunda: ¿qué lugar ocupan Perón y Evita en la identidad argentina actual?
La remoción de su imagen de la Casa Rosada no es un hecho menor ni meramente decorativo. Se trata de una decisión cargada de sentido político que, para muchos, evoca etapas de la historia en las que se intentó borrar la simbología peronista del espacio público.
Y en ese contraste, la posible irrupción de Messi —ídolo indiscutido pero ajeno a la política— funciona como un signo de época: la sustitución de la memoria política por la lógica del espectáculo y la despolitización simbólica del Estado.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Milei eliminó el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), un organismo clave en el estudio de la alimentación y la salud pública. La medida, presentada como una “reorganización”, despierta fuertes críticas por el impacto en la ciencia y en un contexto de creciente deterioro social.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un cierre que no es técnico, sino político
La decisión de disolver el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) quedó formalizada hopy mediante el Decreto 192/2026, en el marco de una reestructuración más amplia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS–Malbrán).
Según el texto oficial, las funciones del organismo serían absorbidas por otras áreas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia y evitar superposiciones. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se esconde una realidad más profunda: el avance de un modelo de ajuste que recorta capacidades estratégicas del Estado en áreas sensibles.
No se trata de una oficina más. El CNIN era un espacio especializado en el estudio de la nutrición, la calidad alimentaria y su impacto en la salud de la población argentina.
Reorganización o desmantelamiento encubierto
El decreto no solo elimina el CNIN, sino que también fusiona otros institutos dentro de la ANLIS, en una lógica de concentración que ya se repite en distintas áreas del Estado.
El Gobierno sostiene que busca “optimizar recursos”. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos suelen derivar en menos equipos, menos investigación y menor capacidad operativa. En otras palabras: menos Estado donde más se lo necesita.
En el campo de la salud pública, esto no es un detalle menor. Es un cambio estructural que puede afectar la capacidad del país para producir conocimiento propio y diseñar políticas basadas en evidencia.
En un país con hambre, se elimina investigación sobre nutrición
La medida resulta especialmente preocupante si se la analiza en contexto. Argentina atraviesa un escenario donde:
Crece la pobreza
Se deteriora el acceso a alimentos de calidad
Aumentan los problemas de malnutrición
En ese marco, cerrar un organismo dedicado específicamente a estudiar la alimentación de la población no parece una decisión casual, sino profundamente ideológica.
El CNIN no solo producía investigaciones: también aportaba datos clave para políticas públicas, diagnósticos sanitarios y estrategias de intervención.
Eliminarlo implica dejar al Estado con menos herramientas para entender qué comen —y qué dejan de comer— millones de argentinos.
El modelo Milei: ajuste, ciencia en retroceso y Estado mínimo
La disolución del CNIN se inscribe en una política más amplia del gobierno de Milei: reducir el tamaño del Estado incluso en áreas críticas como salud y ciencia.
El problema es que estas decisiones no son fácilmente reversibles. Desarmar equipos de investigación, interrumpir líneas de trabajo y dispersar profesionales tiene efectos que pueden durar años o décadas.
Mientras tanto, las problemáticas que esos organismos abordaban —como la nutrición y la salud alimentaria— no desaparecen. Al contrario: se agravan.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse que adquirió un nuevo departamento en Caballito sin vender la propiedad que ya tenía en Parque Chacabuco. El dato, revelado por la prensa y confirmado con registros oficiales, reavivó las sospechas sobre su evolución patrimonial desde que llegó al Gobierno.
Por Tomás Palazzo para NLI
Un nuevo inmueble bajo la lupa
Según la información publicada por Clarín, Adorni sumó un departamento en Caballito mientras aún conserva el que tenía previamente en Parque Chacabuco. La operación genera ruido político porque ocurre en paralelo a otras controversias vinculadas a su patrimonio.
De acuerdo con registros oficiales citados por distintos medios, el nuevo inmueble está ubicado en la calle Miró al 500 y figura a nombre del funcionario junto a su esposa.
Lo llamativo no es solo la adquisición, sino que no se desprendió de su propiedad anterior, lo que plantea interrogantes sobre la evolución de sus bienes desde su ingreso a la función pública.
Declaraciones juradas bajo cuestionamiento
Otro punto clave del escándalo es que el departamento de Caballito no aparece en su última declaración jurada pública, lo que alimenta sospechas sobre posibles inconsistencias o demoras en la actualización de su patrimonio.
Ante las preguntas, Adorni evitó dar precisiones y se limitó a afirmar que todo está declarado o que será informado cuando corresponda, argumentando que los plazos administrativos aún no vencieron.
Sin embargo, el contexto complica su defensa:
Ya poseía al menos dos inmuebles antes de asumir
Sumó un vehículo y nuevas deudas siendo funcionario
Su entorno familiar también incorporó propiedades, como una casa en un country
Respuestas evasivas y tensión con la prensa
Lejos de aclarar la situación, el jefe de Gabinete adoptó una postura confrontativa. En conferencia de prensa, rechazó brindar detalles y llegó a responder que no tenía por qué dar explicaciones a periodistas.
Incluso argumentó que existe una investigación judicial en curso y que dar información podría “entorpecerla”, aunque no explicó de qué manera.
Esa actitud no hizo más que profundizar las dudas: cuanto más evita responder, más crecen las sospechas sobre el origen y la evolución de su patrimonio.
Un escándalo que se agranda
El episodio del departamento no aparece aislado. Se suma a una serie de controversias recientes:
Un viaje en avión privado a Punta del Este con financiamiento poco claro
La compra de una casa en un country a nombre de su esposa
Denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito
En ese marco, la adquisición en Caballito funciona como una pieza más de un rompecabezas que incomoda al Gobierno.
El problema político de fondo
Más allá de la legalidad formal, el caso expone una contradicción central: mientras el oficialismo construyó su discurso contra “la casta”, uno de sus principales funcionarios enfrenta cuestionamientos por incremento patrimonial, opacidad y falta de explicaciones.
La pregunta que queda flotando es simple pero potente: ¿cómo evoluciona el patrimonio de un funcionario que, según sus propias declaraciones iniciales, no tenía grandes niveles de riqueza?
Por ahora, lejos de despejar dudas, el caso Adorni parece recién empezar.
Tras el triunfo en el PJ local, Lucas Ghi profudizó su pelea con Martin Sabbatella y rearmó el bloque oficialista en Morón rompiendo con los concejales de Nuevo Encuentro y, también, con los del Frente Renovador alineados al ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci.
El intendente encuadrado en el axelismo ordenó la creación de la bancada PJ-MDF, integrada por cinco concejales que vienen de Unión por la Patria, más Adrián Colonna, un ex PRO que se venía mostrando cercano a la gestión municipal.
Con ese movimiento, Ghi pierde la mayoría, ya que el bloque oficialista pasa de doce a seis concejales. Unión por la Patria, que ahora es integrado por concejales de Nuevo Encuentro y el Frente Renovador, queda con siete bancas.
Se trata de un reordenamiento que expone la guerra creciente con el sabbatellismo y que clarifica la disputa por el municipio a 2027 dentro del esquema pan-peronista de Morón, donde Sabbatella ya se muestra lanzado y donde el massismo busca posicionar a Marinucci.
Cerca del municipio sostienen que se trata de una «consecuencia lógica» de la falta de diálogo evidenciada en la «desarticulación» del bloque y acusaron al sabbatellismo de ser un «oficialismo opositor». Frente a eso, dicen que el nuevo bloque oficialista integra «concejales que defienden» la gestión local y provincial.
En el sabbatellismo aseguran que en la elección del PJ quedó expuesto «un giro ideológico» del intendente que -sostienen – «se recostó en el viejo rousselotismo que estaba en la casa».
Las tensiones internas en el Concejo ya se habían expresado con la designación de autoridades el año pasado. Ahí, el FR (con dos concejales) y Nuevo Encuentro (con cinco) avanzaron a un acuerdo que puso a la massista Sibila Botti en la presidencia y al sabbatellista Diego Spina como jefe de bloque.
Ahora, Ghi busca volver a poner en debate la relación de fuerzas en el Concejo y, para eso, puso como bisagra la elección del PJ, donde el candidato del intendente, Claudio Román, se impuso 70 a 30 a Paula Majdanski, que contaba con apoyo del sabbatellismo.
Más allá del resultado, en Nuevo Encuentro hacen un balance positivo de la elección del PJ. «Pasamos de no tener nada a tener la minoría», señalaron a LPO cerca de Sabbatella, donde de todas formas relativizan la gravitación del PJ en Morón. «Lucas prendió un PJ apagado hace 30 años para pelear con nosotros», acusaron.
Además, aseguran que en la elección del PJ quedó expuesto «un giro ideológico» del intendente que -sostienen en el sabbatellismo- «se recostó en el viejo rousselotismo que estaba en la casa».
Ahí, señalaron que la lista de Ghi para el PJ llevó como secretario General a Néstor Achinelli, quien fue secretario de Obras Públicas de Juan Carlos Rousselot, ex intendente dos veces destituído por causas de corrupción, siendo la más recordada el contrato por obras de cloacas con Socma, del Grupo Macri.
Aquellos casos tuvieron a Martín Sabbatella como uno de los principales denunciantes. Por una de esas causas, Achinelli fue condenado por la Justicia junto con Rousselot.
Precisamente la «conexión Rousselot» es la que eligen subrayar cerca de Sabbatella para descartar cualquier posibilidad de conformar un interbloque con la nueva bancada oficialista, versión que circuló en las últimas horas por el Concejo.
En el sabbatellismo también ubican en el viejo rousselotismo al nuevo concejal oficialista Adrián Colonna, al que incluyen como parte del acuerdo de Ghi con Oscar Álvarez, otrora presidente del Concejo en tiempos de Rousselot que trabajó fuerte en la interna del PJ para inclinar la balanza en El Palomar para la lista de Román.
Precisamente la «conexión Rousselot» es la que eligen subrayar cerca de Sabbatella para descartar cualquier posibilidad de conformar un interbloque con la nueva bancada oficialista, versión que circuló en las últimas horas por el Concejo.
«Cómo vamos a integrar un interbloque con un ex rousselotista que entró por el PRO, un integrante central de la estafa Rousselot-Macri», señalaron.
De todos modos, en Nuevo Encuentro rechazan los argumentos del luquismo para la ruptura del bloque y aseguran que los concejales del espacio «le votamos todo» a Ghi, a pesar de las críticas a cielo abierto.
Más allá de este reordenamiento que los excluye del bloque oficial, en el sabbatellismo aseguran que mantendrán un perfil de «oficialistas críticos, entendiendo el esquema de coalición. No vamos a ser opositores».
«El problema es que Lucas en vez de asumir la crítica, persigue y expulsa», agregaron para recordar que, desde que comenzó la pelea con Sabbatella, «echó a toda la estructura de Nuevo Encuentro» y hablan de alrededor de 200 desplazamientos en el organigrama municipal.
En este contexto, se recrucen las tensiones internas de cara a 2027, donde, de no modificarse la ley que pone tope a las reelecciones indefinidas, Ghi no podrá volver a presentarse.
En Morón hay quienes ven como posible candidata del luquismo a la actual jefa de Gabinete, Estefanía Franco, a la cual en el sabbatellismo ven como una figura de fuerte ascendencia sobre Ghi y a la que le atribuyen un rol central en el quiebre con el intendente.
Abundan en la Argentina las lecturas apresuradas sobre como la guerra en Irán abre una oportunidad única a Vaca Muerta para proveer de gas vía barcos de GNL a Europa y Asia, ante el cierre del estrecho de Hormuz y la destrucción de parte de la infraestructura gasífera de los países del golfo.
Sin embargo, a la hora de bajar esos análisis geopolíticos ligeros a la realidad de los números, los empresarios observan que la macroeconomía argentina todavía tiene límites que le impiden atraer inversiones de las dimensiones que necesita un proyecto grande para exportar GNL.
Así, varios de los empresarios más importantes del país bajan la expectativa y miran la geografía más cercana. El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, decidió correrse de la carrera por el gas natural licuado a gran escala. Y expuso los límites del modelo.
Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint de Paolo Rocca, tomó distancia de la euforia por el GNL. Markous lo dejó claro: hoy no están dadas las condiciones para producir GNL en volumen. No es una discusión técnica. Es financiera.
El plan de la compañía apunta a ampliar la infraestructura para exportar gas por gasoductos hacia Brasil. Es decir, vender moléculas, no licuar y embarcar. Eso requiere obras. Gasoductos, plantas de compresión, interconexiones, pero de un costo mucho menor a las decenas de miles de millones de dólares que cuesta una planta de licuefacción de escala global.
Rocca y Total quieren exportar gas al corazón industrial de San Pablo vía gasoductos y Eurnekian a Chile.
En esa misma línea se empiezan a ubicar otros jugadores.
La francesa Total Energies también prioriza llegar por ducto al corazón industrial de San Pablo. Mientras que CGC, la firma de Eurnekian evalúa un proyecto con salida por Chile, en principio también basado en exportar gas como molécula, a través del gasoducto Transandino.
El giro es realista. Desarrollar GNL a escala implica inversiones gigantes. Muy por encima de lo que hoy puede absorber la Argentina. Ni siquiera si entraran todos los dólares prometidos por el RIGI alcanzaría. Producir, licuar, transportar y exportar en barcos demanda decenas de miles de millones de dólares. Es otra liga.
Por ahora sólo YPF mantiene la apuesta por el GNL a gran escala. Desde la caída del acuerdo con Petronas, la petrolera de mayoría estatal avanzó en un rediseño del esquema. Salió a buscar nuevos socios internacionales y estructuró un modelo en etapas, con plantas modulares y participación de distintas compañías. Pero el problema central sigue intacto: conseguir el financiamiento que permita escalar. Hasta ahora la apuesta más concreta es con la italiana ENI, pero falta el cierre financiero.
En este contexto, el único proyecto de GNL con algún grado de concreción es el de Southern Energy, impulsado por Pan American Energy junto a YPF, Pampa Energía, Harbor Energy y la noruega Golar. La iniciativa contempla en su primera etapa la instalación del buque de licuefacción Hilli Episeyo en Río Negro, con una capacidad de 2,45 millones de toneladas anuales, a partir de 2027. Ese proyecto ya tiene un ancla comercial concreta. El consorcio firmó con la alemana SEFE un contrato para exportar 2 millones de toneladas de GNL por año durante ocho años, lo que equivale a más del 80% de la capacidad del primer buque. Es decir, prácticamente toda la producción inicial ya está colocada. El acuerdo podría superar los USD 7.000 millones a lo largo de los ocho años que dura el contrato.
Es un primer paso importante, pero está lejos de los grandes proyectos como el de Petronas que planteaba inversiones superiores a los USD 30.000 millones y que contemplaba una planta de licuefacción, similar a la de los países del Golfo. Algo muy distinto a los buques.
Esto es apenas meter los pies en el agua.
El proyecto total de Southern Energy, con dos buques funcionando en 2029, apunta a unos 6 millones de toneladas anuales. Es una escala menor frente a los grandes jugadores globales. Fausto Caretta, director de la PAE, lo definió sin rodeos: «esto es apenas meter los pies en el agua». Y el dato es clave: hicieron falta cinco socios, de los cuales tres son locales, para llegar a un desarrollo que, en términos globales, sigue siendo chico.
La discusión de fondo ya está planteada: ¿Exportar gas como molécula por gasoducto a mercados regionales o apostar a jugar en el mercado mundial de GNL? El dilema no es técnico. Markous lo repite en cada foro. Para que el Vaca Muerta despegue a su máximo potencial, el país necesitaría invertir unos 20.000 millones de dólares por año.
El ex secretario de Energía Emilio Apud coincide que el principal escollo para el desarrollo de la cuenca hidrocarburífera es el financiamiento. «Las tasas para financiar proyectos en Argentina son altísimas», señaló Apud a LPO. De todas formas, según el ex secretario el país tiene que apostar a convertirse en un proveedor seguro de este insumo clave tan demandado por el mundo «El objetivo tiene que ser venderle a Asia y a Europa», afirma.
Flavia Royón, ex titular de la cartera y actual senadora salteña, coincide. Royón cree que el objetivo tiene que ser insertarse en el mercado global, aunque remarcó que la estrategia regional de Tecpetrol no es excluyente. «Bienvenidas las exportaciones, de la forma en que cada empresa lo considere mas beneficioso», afirmó Royón en diálogo con LPO.
