La fuerte caída del consumo profundiza la crisis de la ya castigada actividad industrial y se siente en los datos de la producción y el empleo a pesar de que el gobierno de Milei trata de maquillar el panorama con números de la macro.
Pero la crisis de consumo fue la principal conclusión a la que llegaron empresarios e intendentes del Gran Rosario que se reunieron en la localidad de Pérez para analizar el problema.
El vicepresidente de la Unión Industrial Región Rosario, Mariano Ferrazzini, advirtió a LPO que «hay una gran preocupación, no mejora el consumo, se pierden puestos de trabajo y los que se generan son de menor calidad, por lo tanto, pareciera un contrapunto pensar un cambio de tendencia». La preocupación de los industriales coincide con los datos del último informe de la entidad que muestran un deterioro generalizado de la industria y el comercio.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
Además, casi la mitad de las firmas admitió haber tenido dificultades para afrontar alguno de sus pagos durante abril, ya sea impuestos, proveedores, salarios o compromisos financieros.
El informe también muestra que la caída de la demanda interna se consolidó como el principal problema para la industria: una de cada dos empresas la ubicó como su mayor preocupación, muy por encima del aumento de costos o de la competencia de los productos importados.
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), el indicador que anticipa la evolución de la actividad fabril, se ubicó en 43,5 puntos, por debajo del umbral que marca expansión, confirmando que el sector continúa en retroceso.
El encuentro se realizó en la planta de Sacchi Hnos., ubicada en el parque industrial de Pérez, y reunió además al secretario de Industria de Santa Fe, Guillermo Beccani; al intendente anfitrión, Pablo Corsalini; al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; al presidente comunal de Alvear, Carlos Pighin; y representantes de otras localidades del Gran Rosario. El objetivo fue comenzar a coordinar una agenda común para enfrentar el deterioro de la actividad y sostener el entramado productivo de la región.
El intendente de Pérez Pablo Corsalini
«Pérez es una ciudad con perfil industrial, hoy tiene 162 pymes que sostienen la actividad económica de la región», señaló Corsalini a LPO. El intendente sostuvo que «las pymes son el sostén del empleo en Santa Fe, el gobierno nacional está destruyéndolas y desde la provincia no se desarrollan políticas que las contengan».
En ese sentido, afirmó que son los gobiernos locales los que hoy acompañan a las empresas «en su reclamo para sostener uno de los sectores claves de nuestra provincia».
Como conclusión del encuentro, industriales e intendentes acordaron darle continuidad a la mesa de trabajo para monitorear la evolución de la actividad y coordinar acciones entre los municipios y el sector privado en un contexto que, según admiten los propios empresarios, sigue sin mostrar señales claras de recuperación.
El gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario celebraron que el Departamento de Estado de Estados Unidos eliminara la alerta especial de seguridad que regía para la ciudad y la incorporara a la clasificación general de Argentina, catalogada como Nivel 1: «Tome las precauciones normales».
Hasta ahora, Rosario tenía una recomendación diferenciada de Nivel 2, que instaba a los ciudadanos estadounidenses a «extremar las precauciones» al visitar la ciudad. Con la actualización, esa advertencia dejó de existir.
Desde la Casa Gris atribuyeron la decisión a la mejora de los indicadores de seguridad registrada durante el último año, en el marco del operativo conjunto entre la Provincia, el Gobierno nacional, las fuerzas federales, la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal.
Pullaro sostuvo que la medida representa «un reconocimiento muy importante» al cambio de estrategia en materia de seguridad y afirmó que «Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado». Además, destacó que la nueva clasificación puede favorecer la llegada de inversiones, turistas y eventos internacionales.
En el mismo sentido, Javkin consideró que la decisión confirma que «el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos». El intendente señaló que la mejora de la imagen internacional de Rosario contribuirá a fortalecer el turismo, la organización de congresos y espectáculos, además de generar mayor confianza para nuevas inversiones.
Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
¿Qué significa realmente «república bananera»?
La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.
Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.
Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.
Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.
A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.
Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.
La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.
La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas
Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.
Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.
Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.
Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto
La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.
En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.
Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.
Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.
La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.
La paradoja de llamar «bananero» al país
El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.
Por eso la polémica excede una frase desafortunada.
Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.
En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».
Un mensaje publicado por el vocero presidencial Adrián Ravier volvió a colocar al Gobierno de Milei en el centro de la controversia. En medio del debate por la soberanía de las Islas Malvinas, el funcionario calificó a la Argentina como un «país bananero», una expresión que generó críticas por considerar que degrada al propio país al que representa.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El tuit que encendió la polémica
La discusión se originó luego de que el presidente Javier Milei asegurara que las Islas Malvinas serán recuperadas «por la vía diplomática», una afirmación que despertó fuertes cuestionamientos luego de distintos gestos del Gobierno considerados de acercamiento al Reino Unido.
En ese contexto, el vocero presidencial Adrián Ravier publicó un mensaje en su cuenta de X en el que escribió:
«Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas.»
La publicación fue rápidamente viralizada y despertó una ola de críticas por el uso de la expresión «país bananero», utilizada históricamente de manera despectiva para describir a naciones políticamente débiles, dependientes y con instituciones frágiles.
Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.
La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional…
Las repercusiones no tardaron en llegar. Desde distintos sectores políticos y sociales cuestionaron que sea un funcionario nacional quien describa a la Argentina con un calificativo peyorativo, especialmente cuando ocupa el cargo de vocero del Presidente.
Las críticas también recordaron que, durante los últimos meses, el propio Gobierno fue acusado de sostener una política exterior de acercamiento al Reino Unido y de haber relativizado distintos reclamos históricos vinculados con la causa Malvinas.
Para numerosos dirigentes y excombatientes, la defensa de la soberanía nacional requiere fortalecer la posición diplomática argentina, pero sin descalificar al propio país ni menospreciar a sus instituciones.
La contradicción con el discurso oficial
La frase de Ravier aparece apenas días después de que Milei reafirmara públicamente que «las Malvinas son argentinas» y prometiera avanzar por la vía diplomática para recuperar el ejercicio de la soberanía.
Sin embargo, distintos analistas señalaron que el mensaje del vocero introduce una contradicción llamativa: mientras el Presidente sostiene que busca fortalecer el reclamo argentino, uno de sus principales funcionarios define al país como un «país bananero», una expresión que difícilmente contribuya a construir la imagen internacional que el propio Gobierno dice perseguir.
Un nuevo foco de conflicto
La declaración vuelve a instalar el debate sobre el tono utilizado por los funcionarios libertarios y sobre el impacto que tienen sus expresiones cuando provienen de quienes representan institucionalmente al Estado argentino.
En un tema de enorme sensibilidad histórica como la cuestión Malvinas, las palabras adquieren un peso político particular. Por eso, la frase del vocero presidencial no pasó inadvertida y terminó alimentando una nueva controversia para una administración que, desde su llegada al poder, ya protagonizó múltiples episodios de tensión en torno a la política exterior y la defensa de la soberanía nacional.
El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó el pedido de Milei para visitar a su amigo Jair Bolsonaro durante el viaje que el presidente argentino tenía previsto realizar la próxima semana.
La autorización había sido solicitada por la defensa del ex mandatario brasileño para el sábado 25 de julio, señalaron fuentes de Cancillería brasileña. La comitiva argentina estaría integrada además por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno y la hermana presidencial Karina Milei.
Sin embargo, Moraes rechazó el planteo al recordar que Bolsonaro tiene suspendidas todas las visitas por un plazo de 30 días, con excepción de médicos, fisioterapeutas y abogados. «Salvo las visitas permanentes médicas, fisioterapéuticas y de los abogados, las demás visitas permanecen suspendidas por el plazo de 30 días», argumentó el magistrado.
Bolsonaro impulsa la candidatura de su hijo Flavio
La decisión llegó 24 horas después de que el juez endureciera las restricciones impuestas al ex presidente por considerar que incumplió las medidas cautelares que le prohíben utilizar las redes sociales, incluso a través de terceros.
Según Moraes, Bolsonaro violó esa prohibición al escribir una carta de respaldo a la precandidatura presidencial de su hijo quien luego difundió el mensaje en un video publicado en internet. Para el magistrado, el ex mandatario utilizó las redes sociales de un tercero para comunicarse con sus seguidores.
Bolsonaro violó esa prohibición al escribir una carta de respaldo a la precandidatura presidencial de su hijo quien luego difundió el mensaje en un video publicado en internet.
Como consecuencia de ese episodio, además de suspender las visitas generales por un mes, el juez también prohibió durante 90 días las visitas de Flávio Bolsonaro a su padre.
Por su parte, los abogados del ex presidente sostuvieron que la visita de Milei debía autorizarse porque las razones médicas que habían motivado originalmente las limitaciones de visitas tenían un carácter transitorio pero el planteo fue rechazado.
Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado y otros delitos vinculados al ataque contra las instituciones democráticas. Aunque permanece bajo prisión domiciliaria, Moraes mantuvo las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de utilizar redes sociales.
