Sociedad

 

El principal saldo de la reunión de los senadores libertarios con Manuel Adorni fue la decisión del gobierno de intervenirle el bloque a Patricia Bullrich a cuatro manos. La definición fue que se arme un grupo de WhatsApp con los legisladores oficialistas, controlado por Karina Milei y Diego Santilli pero con la incorporación también de la ex ministra, para hacerle sentir el rigor de la conducción de la Casa Rosada.

Dos fuentes del Congreso confirmaron a LPO que el tema formó parte de las conversaciones que animó el jefe de gabinete, en las tres tandas de senadores que lo visitaron este martes. «Le intervinieron el bloque a Patricia», confesaron.

LPO había revelado que Lule Menem y Santilli habían empezado a meterse en las negociaciones con los aliados en el Senado ya durante las sesiones extraordinarias y la discusión de la reforma laboral. La incursión de esos funcionarios se produjo a pesar que la jefa de la bancada oficialista se había plantado ni bien asumió: «Al Senado no entran», les dijo.

Sin embargo, nada los detuvo. Acaso porque no podían fiarse de la destreza política del riojano Juan Carlos Pagotto para expresar y concretar los deseos de Karina en la Cámara Alta.

Bullrich en el Senado con Bartolomé Abdala.

La iniciativa de lubricar la articulación entre el bloque libertario y Balcarce 50 entusiasmó al subsecretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que habría comentado en los pasillos de la Casa de Gobierno que habría que hacer lo mismo con los aliados. 

«Devitt quiere hacer lo mismo que Karina con el bloque libertario pero con los aliados, para coordinar por WhatsApp», dijo un funcionario a LPO en referencia al micromanagement que le aplicaron a Patricia desde la Rosada.

En rigor, los senadores libertarios ya cuentan con un grupo de chat. La suposición de uno de los que acudió a la cita con Adorni es que «tendrían que pedirle a Patricia que los sume al que ya tenemos porque». «Si arman otro por afuera, ya es demasiado», expresó.

Lo mejor que hice en estos 25 años fue evadir impuestos.

Con todo, la ex ministra no se quedó de brazos cruzados. Ante la avanzada de la Rosada, Patricia buscó blindarse este miércoles con una demostración de respaldos de Federico Sturzenegger y Luis Petri, que la bancaron públicamente.

En las reuniones que mantuvieron los libertarios y los aliados este miércoles para tratar de evitar que la oposición alcance los dos tercios para interpelar a Adorni, otro de los asuntos comentados fue la autoinculpatoria confesión del jefe de gabinete sobre la elusión de impuestos, ante la escucha atenta de los legisladores de LLA que asistieron a la Casa Rosada. «Lo mejor que hice en estos 25 años fue evadir impuestos», dijo como si se reivindicara.

Uno de los senadores más leales fue enfático: «Manuel, no me interesa escuchar esto, yo te voy a bancar, no interpelo a los ministros de mi gobierno». Otro de los presentes fue menos condescendiente: «es el jefe de los ministros y me hizo sentir como si estuviera comiendo en una fonda para que no se me ocurra pedirle factura», dijo a su colega después de la reunión.

  

 

 

La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.

La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.

Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.

El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum descartó riesgos al sistema financiero tras sanciones a CIBanco, Vector e Intercam

Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.

Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.

Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.

El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.

Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.

La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.

La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.

Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.

Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.

La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.

 

 

Ricardo Lorenzetti apuró a Javier Milei para que nombre «ahora» a los jueces que faltan para completar la Corte Suprema y defendió a los candidatos que le propuso en la reunión que reveló LPO en exclusiva.

Algo incómodo, el juez de Rafaela no pudo desmentir de manera tajante el encuentro con el Presidente y dijo de modo general que siempre «hay rumores» cuando deben designarse a jueces en el máximo tribunal. Pero al mismo tiempo confirmó la información de LPO sobre su idea de que las vacantes se cubran ahora y no en 2027 como sostienen en el gobierno. 

Y también defendió a los candidatos que le propuso a Milei para designar en la Corte:

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. «Son dos candidatos muy buenos», afirmó.

Lorenzetti también sostuvo que entre los postulantes debería haber al menos una mujer y que ambos sean parte del sistema judicial, como Borinsky y Perilli. «La opinión nuestra, en eso coincidimos en la Corte, es que tiene que ser alguien del Poder Judicial», afirmó y agregó que si se designa a alguien de afuera se corre el riesgo de que esté «partidizado» o sea «amigo» de algún sector.

Milei se juntó con Lorenzetti para sumar dos jueces a la Corte

«Ahora, ahora»,

respondió Lorenzetti cuando le consultaron en TN sobre cuándo cree que Milei debería cubrir las vacantes. «No es normal que tengamos tres miembros en la Corte», agregó el juez, que dijo que tiene muchos viajes al exterior donde le cuesta explicar que son apenas tres los integrantes. 

Son dos candidatos muy buenos, dijo Lorenzetti sobre Mariano Borinsky y Karina Perilli, los nombres que le propuso a Javier Milei

Lorenzetti no negó que le haya propuesto a Borinsky y Perilli a Milei para que los designe en la Corte, pero aclaró que «es una decisión del presidente». «Como son decisiones importantes, siempre se generan rumores de todo tipo, de sectores interesados, esa es la parte oscura», agregó.

«Todas esas cosas tienden en primer lugar a deslegitimar al Presidente en su decisión, en segundo lugar a los candidatos, y en tercer lugar a nosotros», dijo y recordó que en la gestión de Macri se atribuyó la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz al operador y exprófugo Pepín Rodríguez Simón. «Ahora ocurrió lo mismo. Empezaron los rumores de que había reuniones mías, de que yo estaba sugiriendo a tal o cual candidato», argumentó.

«Pero no es serio, nosotros no le damos ninguna importancia en la Corte, no tiene ninguna relevancia. Lo que importa acá es el presidente. Es una decisión muy seria, no hay manera de influir sobre eso», aseguró Lorenzetti.