La vicepresidenta 1ª de la UCR, Inés Brizuela y Doria, denunció este viernes que la Policía de La Rioja la detuvo en la noche del jueves por defender a un vocal de la asamblea del Colegio de Farmacéuticos en la capital de su provincia. «Me subieron al patrullero y me llevaron a la comisaría pero, cuando me bajaron del auto, vino corriendo el jefe policial a aclarar que yo seguía en libertad», dijo a LPO la dirigenta radical.
Brizuela y Doria fue a la sede del colegio porque la llamaron por teléfono avisando que la Policía había irrumpido en la asamblea sin orden de allanamiento. Lo primero que vio fue a uno de sus vocales, Jorge Bordón, que además es cliente suyo, esposado y contra la pared. «Una escena espantosa, con detenidos en una asamblea», expresó.
La pelea obedece a un conflicto institucional entre la presidenta de la entidad, Silvia Brizuela Ledesma, vinculada al peronismo riojano, y un grupo de radicales.
Según fuentes de la provincia, Brizuela Ledesma debió convocar a la asamblea para renovar autoridades en marzo y, como no lo hizo, el llamado fue efectuado por el vicepresidente, Hernán Bianchi.
Por eso, unos 80 miembros del colegio se manifestaban en contra de la conducción este jueves. La sospecha de los opositores a la presidenta es que ella misma mandó a llamar a la Policía, que llegó al Colegio de Farmacéuticos y esposó a Bordón y otros tantos integrantes de la institución.
La ex senadora Brizuela y Doria enfureció cuando vio a su cliente reducido. Se dirigió a la oficial a cargo del operativo y le pidió explicaciones: «muéstreme la orden de detención», reclamó. La uniformada le contestó de la peor manera: «No tengo orden de detención, hay una orden verbal del fiscal».
Como abogada juré defender la Constitución.Y anoche, por hacer exactamente eso, terminé siendo detenida y llevada en un patrullero junto a mi cliente a la Comisaría Primera, por una «orden verbal» del fiscal de turno.Increíble…%u2935%uFE0F
Brizuela y Doria trató de explicarle a la mujer policía que es el juez quien labra una orden de detención, porque todavía no está vigente el sistema acusatorio. El intercambio escaló y la oficial retrucó con una exigencia insólita: «muéstreme su designación como abogada».
La vicepresidenta de la UCR se irritó y planteó «que dé la cara el fiscal». Los policías le advirtieron a la ex legisladora que, si insistía, también la detendrían y la terminaron subiendo al patrullero junto a Bordón.
Cuando llegamos a la comisaría, el jefe me atajó en la puerta y me aclaró que el fiscal ya había dado la contraorden y yo no estaba detenida.
Brizuela y Doria cree que, en el trayecto del colegio a la Comisaría 1ª, «alguien del gobierno levantó el teléfono». «Cuando llegamos a la comisaría, el jefe me atajó en la puerta y me aclaró que el fiscal ya había dado la contraorden y yo no estaba detenida», resumió.
Fuentes de la oposición en La Rioja admitieron ante la consulta de LPO que el gobernador Ricardo Quintela mantiene un férreo control político de la provincia. «No hay mucho margen para oponerse, te persiguen por repartir volantes o tuitear», comentaron.
Al cierre de esta nota, Bordón cumplía arresto domiciliario. Desde el peronismo riojano minimizaban lo ocurrido.
La corrupción ornamental es solamente una sensación estética: el adorno a funcionarios está en tu mente.
Por Alfonsina Madry para NLI
Algunos quisquillosos afirman que así como existió y existe la corrupción estructural, también existe la ornamental. Es decir: adornar a los funcionarios para que con disimulo tuerzan el brazo en favor de tal o cual interés. O se les dé como adorno una mordida por acelerar o apadrinar lo que por naturaleza burocrática y legal sería lento o inviable.
Funcionario adornado, entonces, patrimonio abultado y bien ornamentado con inmuebles, rodados y consumos variados. Además, ¡a cuenta del Estado! Todo esto, claro, lo pregona el mal pensado, el comunardo, el woke apestado o el progre izquierdizado.
Pero en el éter, señor, abundan los bien pensados que hablan de abnegados ministros deslomados. Los progres catequizados por izquierdistas redomados los tildan de trols bien pagados y, para colmo, apoyados por servicios de bots contratados por el ahora cooptado Estado.
El periodista pautado, por natural mesurado, si le hablan de adornados, da siempre un paso al costado. Pero los babys, desbocados, los revuelcan por el lodo: hablan hasta por los codos -¡y de cualquier modo!- del deslomado Manolo, mimado pero envidiado. ¡Amalaya con la suerte que les ha tocado a los presuntos adornados!
“¡Bienhaiga, niña Argentina, todos los adornados que tienes, millares de manolitos viajados y propietarios!” cantan los impenitentes comunistas en streaming y reeles, ofendiendo la memoria de Rosarito Vera. Y hasta se acuerdan de los aspirantes a la primera mansión por la bondad del Nación.
Mabel y Raúl, azorados, a San Manuel Bueno, mártir, le rezan esperanzados: “Que la corrupción ornamental sea solo sensación, como fuera la inflación mental en los tiempos de Tetaz. Nunca hubo estructural, ¡que no haya ornamental!”.
El encuentro entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente colombiano Gustavo Petro en España dejó una señal política de alto impacto regional: el mandatario sudamericano no sólo destacó el rol del dirigente argentino, sino que lo proyectó abiertamente como una figura presidencial capaz de revertir la crisis que atraviesa el país.
La reunión se dio en el marco de la Movilización Progresista Mundial, convocada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un espacio que reúne a líderes y referentes del campo popular con el objetivo de articular respuestas comunes frente al avance de las derechas en distintos puntos del planeta. Allí, Kicillof participó como uno de los exponentes más relevantes del progresismo argentino.
Un respaldo explícito desde Colombia
El gesto más contundente llegó pocas horas después del encuentro, cuando Petro publicó en su cuenta oficial un mensaje que rápidamente generó repercusión política y mediática. En ese posteo, el presidente colombiano afirmó que se reunió con “el alcalde de Buenos Aires @Kicillofok, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso”, y agregó que “la unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo”.
La referencia no es menor: Petro no sólo valida el liderazgo de Kicillof dentro del espacio opositor, sino que además enmarca la situación argentina en una crisis de magnitud, alineando su diagnóstico con una mirada crítica sobre el rumbo económico y social del gobierno de Milei.
Kicillof en el tablero internacional
La presencia del gobernador bonaerense en este tipo de foros internacionales consolida su perfil como dirigente con proyección más allá de las fronteras nacionales. En un contexto donde Milei se alinea con sectores ultraliberales y de derecha a nivel global, Kicillof aparece como una contraparte que articula con líderes que promueven modelos de desarrollo con inclusión social y mayor intervención estatal.
Durante la Movilización Progresista Mundial, los ejes giraron en torno a la defensa de la democracia, la justicia social y la necesidad de construir alternativas frente al ajuste y la desigualdad. En ese marco, la experiencia de la provincia de Buenos Aires fue presentada como un caso de resistencia a las políticas de recorte impulsadas por el gobierno nacional.
El respaldo de Petro se suma a una serie de gestos internacionales que posicionan a Kicillof como una figura clave dentro del mapa político regional, en un momento en el que la oposición argentina debate liderazgos y estrategias de cara al futuro.
La disputa por el liderazgo opositor
El mensaje del presidente colombiano también impacta en la interna del peronismo y del campo popular, donde la discusión por la conducción política sigue abierta. La mención directa a Kicillof como posible presidente introduce un elemento externo que fortalece su figura en medio de ese debate.
En paralelo, el llamado a la unidad del progresismo argentino refuerza una idea que viene ganando terreno: sin cohesión interna, no habrá posibilidad de construir una alternativa sólida frente al modelo de Milei. En ese sentido, el gesto de Petro funciona como un llamado de atención, pero también como un espaldarazo.
En un escenario de crisis económica, deterioro social y tensiones políticas, la proyección internacional de Kicillof y los apoyos que comienza a cosechar no son un dato menor. Por el contrario, empiezan a configurar una narrativa donde su figura trasciende lo local y se inscribe en una disputa más amplia, con impacto regional.
El tuit de Petro, breve pero contundente, sintetiza esa mirada: Argentina necesita salir del colapso y, para eso, el progresismo debe unirse. Y en ese esquema, Kicillof aparece, cada vez más, como una pieza central.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar con dureza contra el rumbo del gobierno nacional y dejó una definición que resume el clima político actual: “en cada fracaso dicen que entramos en una nueva etapa”, en referencia directa a la gestión de Milei.
La crítica no fue aislada ni casual. Desde España, donde participa de la Movilización Progresista Mundial convocada por el presidente Pedro Sánchez, Kicillof trazó un diagnóstico demoledor sobre el modelo libertario, al que acusó de cambiar de rumbo permanentemente para justificar sus propios errores.
Un modelo que se contradice
Durante una entrevista radial, el mandatario bonaerense profundizó su cuestionamiento y aseguró que Milei “cambia de teoría como de campera”, en una frase que apunta a la falta de coherencia del programa económico oficial.
El ejemplo que utilizó no es menor: recordó que el propio Milei sostenía que los precios no debían moverse ante shocks externos, pero ahora el Gobierno atribuye la inflación a factores internacionales como conflictos bélicos. Un giro discursivo que expone la fragilidad del relato libertario.
En ese marco, Kicillof dejó en evidencia una de las principales tensiones del presente económico: la distancia entre lo que el Gobierno prometía y lo que efectivamente está ocurriendo.
Sin consumo, sin inversión y con salarios planchados
El gobernador fue más allá del plano discursivo y puso el foco en los efectos concretos del ajuste. Señaló que el modelo actual se caracteriza por la caída del consumo, la retracción de la producción y la ausencia total de inversión pública, un combo que, según su mirada, va a contramano de cualquier estrategia de crecimiento.
Incluso reveló que en el exterior le consultan cómo puede funcionar una economía en esas condiciones: “cómo puede crecer un país sin consumo, con salarios que no suben y sin obra pública”, sintetizó, dejando al descubierto el desconcierto que genera el experimento libertario.
La disputa política que se viene
Las declaraciones de Kicillof no sólo apuntan a marcar errores de gestión: también consolidan su posicionamiento como uno de los principales referentes opositores al gobierno de Milei.
En un contexto de ajuste, recesión y tensiones internas dentro del oficialismo, el mensaje del gobernador bonaerense busca instalar una idea clara: no hay “nueva etapa”, hay un modelo que no funciona y que intenta reinventarse para sobrevivir políticamente.
Y en esa disputa, el peronismo empieza a ordenar su discurso alrededor de una crítica que gana fuerza: el problema no es la etapa, es el rumbo.
Javier Milei salió a festejar la difusión de un informe sobre las estrategias de distintos países para bajar la inflación que hicieron en Neura. Sin embargo, el autor de ese paper lo cruzó y le pidió que lea directamente el texto.
Las periodistas Julieta Tarrés y Malena de los Ríos desarrollaron el contenido de un paper de la Universidad de La Plata que explica la estrategia de 108 países para bajar la inflación.
Tarrés cerraba el bloque diciendo que Argentina debe seguir el camino de Chile y Colombia y que esos dos países lograron financiarse en el mercado de capitales y dejó de tener que emitir deuda o de financiarse en el mercado local con el Banco Central. «Ésto lo hizo en Argentina recientemente» dijo y reflexionó: «no digo que falten 11 años (como en los casos de Chile y Colombia), pero sí que en dos años se logró mucho más que lo que lo la mayoría de los países de la región lograron en una década».
Milei reposteó el video de Neura y lo calificó como una «tremenda clase empírica» y dijo que «se nota la diferencia entre los que trabajan seriamente, buscando datos y material riguroso y los brutos que opinan sin fundamento alguno».
«Una bestia decía que si la inflación sube por caída en la demanda de dinero es negar la naturaleza monetaria de la inflación y que es prueba de multicausalidad», dijo.
Pero quien salió a cruzar a Milei fue Fernando Morra, economista y autor del informe en el que se basaron las conductoras de Neura. «Estimado Presidente. Como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que ‘sólo monetario’: desinflaciones exitosas combinaron tipo de cambio inicial, dinámica externa, políticas de ingresos con aumentos de salarios y crecimiento. Quizás valga la pena leerlo», le respondió.
El paper llevá como título «Inflación crónica: patrones macroeconómicos y procesos de desinflación» y fue la tesis doctoral de Morra, quien luego fuera viceministro de Economía de Javier Guzmán.
El texto analiza 108 países de los cuales 76 tenían inflación moderada entre 1960 y 2011. De esos, el 54% logró bajar la inflación de forma gradual, el 31% sufrieron reversiones breves y un 15% derribó el índice de precios al consumidor en corto plazo. Además, marca que los casos a tener en cuenta para la Argentina son Chile y Colombia.
Durante el texto se analiza la distribución, magnitud y duración de los estados de inflación crónica desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.
Además, se analiza con mayor precisión los procesos inflacionarios de 11 países de América Latina. Allí se destacan algunos patrones que suelen considerarse conceptualmente relevantes para estas situaciones como la naturaleza del proceso inflacionario, la asociación de las fluctuaciones cambiarias con los precios internos y las interacciones entre la política monetaria y la política fiscal. A través de estos patrones, se analizan los procesos de desinflación a lo largo de la historia de estos países con el fin de establecer elementos comunes en las transiciones.
Más adelante se realiza un estudio de caso sobre cinco procesos de desinflación donde se observan estrategias graduales, con el fin de observar posibles elementos comunes entre las mismas.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.
Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.
Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.
Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.
Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.
Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.
En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.
Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.
Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.
En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.
Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.
Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.
El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.
«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.
En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.
Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.
Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.
En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.
Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.
Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.
«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.
Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.
Los jueces Borinsky y Hornos.
El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».
Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».
