La quiebra de Bioceres, una de las empresas biotecnológicas más emblemáticas del país, encendió interrogantes en Santa Fe sobre el futuro del fondo SF500, el ambicioso plan de inversión público-privado que se lanzó durante la gestión del peronista Perotti y fue continuado por el radical Maximiliano Pullaro para financiar startups científicas, una de las pocas continuidades entre los mandatos que quedó afuera de la chicana.
En 2021, cuando la pandemia había puesto en valor la importancia de la ciencia y la tecnología, el gobierno provincial junto a los directivos de Bioceres presentaron este proyecto como uno de los más ambiciosos del ecosistema tecnológico argentino. El objetivo era movilizar hasta USD 300 millones para financiar 500 empresas de base científica en los próximos años, con foco en biotecnología, agtech, alimentos y nuevas tecnologías aplicadas al agro.
Bioceres fue uno de los actores centrales del proyecto junto al gobierno provincial y a inversores privados. La idea era replicar el modelo de venture capital que permitió el desarrollo de startups tecnológicas en otros países, apoyándose en el ecosistema científico de Rosario y la región.
Con el cambio de gobierno, la iniciativa no se discontinuó. La gestión de Pullaro decidió sostener el vehículo de inversión que había sido lanzado por Perotti, con la provincia, empresas privadas y aseguradoras participando como fiduciantes del fideicomiso.
Además, a principios del año pasado apareció como como inversor privado del fondo La Segunda Seguros, una de las principales aseguradoras del interior del país, cuando ya se rumoreaban problemas financieros en Bioceres.
El fondo tampoco estuvo exento de tensiones internas. En el ecosistema biotech circularon críticas hacia la conducción del SF500, encabezada por su CEO Francisco Buchara, por la gestión y la dinámica de las inversiones. Con el cambio de gobierno algunos inversores esperaban modificaciones en la estructura del fondo, pero la administración de Pullaro decidió mantener el esquema heredado de Perotti.
Buchara es de San Nicolas muy cercano a la familia Passaglia y fue funcionario de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Luego se acercó al albertismo hasta llegar al directorio del fondo inversor en Santa Fe.
A principios del año pasado apareció como como inversor privado del fondo la Segunda Seguros, una de las principales aseguradoras del interior del país, cuando ya se rumoreaban problemas financieros en Bioceres
Sus detractores en el mundo de las startups le cuestionan que, en vez de haber abrazado a todos los proyectos como una especie de plataforma colaborativa para potenciarlos entre sí, utilizado el cargo de manager para promocionarse.
Sin embargo, fue la quiebra del unicornio lo que volvió a poner bajo la lupa el esquema. La empresa era uno de los impulsores originales del proyecto y su derrumbe financiero generó dudas en el ecosistema tecnológico sobre su continuidad.
En el gobierno provincial evitaron hacer comentarios sobre el impacto que podría tener la crisis de la biotecnológica rosarina sobre el SF500. Fuentes del sector aseguraron que el vehículo continúa operativo y que incluso busca sumar nuevos inversores, aunque admiten que la caída de uno de sus principales promotores inevitablemente abre interrogantes sobre su evolución.
El ruido político aparece además en un contexto de fuerte deterioro del negocio agropecuario, con empresas del sector golpeadas por el atraso cambiario, el aumento de costos y la caída de la rentabilidad, factores que también afectan el financiamiento de proyectos tecnológicos vinculados al agro.
La incertidumbre sobre el fondo se da en paralelo al derrumbe bursátil de Bioceres en Wall Street. La acción de Bioceres Crop Solutions, la compañía del grupo que cotiza en el Nasdaq, se desplomó cerca de 90 por ciento en el último año y cayó por debajo de un dólar, lo que la ubica en la categoría de penny stock y la expone al riesgo de ser excluida del mercado tecnológico de Nueva York.
El deterioro financiero fue acompañado por un fuerte desequilibrio patrimonial. La empresa registró un patrimonio neto negativo superior a los USD 110 millones, una situación que terminó derivando en la quiebra de Bioceres S.A., la firma original del grupo fundada en Rosario.
La crisis ocurre en medio de una dura pelea por el control de la compañía entre su fundador y ex CEO Federico Trucco y el empresario uruguayo Juan Sartori, que en los últimos meses ganó influencia en la estructura accionaria del grupo.
El conflicto entre ambos sectores escaló dentro del directorio y terminó trasladándose al terreno judicial, con acusaciones cruzadas de vaciamiento por el manejo de la empresa y la responsabilidad por el deterioro financiero.
Francisco Buchara CEO de SF500
El indicio del colapso fue el default de pagarés bursátiles por unos USD 36 millones que la empresa no logró refinanciar, lo que disparó las alarmas en el mercado y precipitó su ingreso en convocatoria de acreedores.
Ese episodio expuso además las tensiones internas en torno a la reestructuración societaria del grupo. En los últimos años, Bioceres reorganizó su estructura corporativa separando la empresa argentina de la firma que cotiza en Wall Street, un movimiento que generó cuestionamientos entre accionistas sobre la distribución de activos y pasivos dentro del holding.
Lo que durante años fue presentado como uno de los proyectos más prometedores de la biotecnología agropecuaria argentina terminó así envuelto en una combinación explosiva de crisis financiera, guerra empresaria e interrogantes políticos sobre el ecosistema tecnológico que se pretendió construir en Santa Fe.
Brasil devaluó y la Argentina tembló. El dólar volvió a cruzar los 1.400 pesos, en la suba más fuerte desde el 9 de febrero. En medio del tembladeral de los mercados globales por la guerra en Medio Oriente, el Citi advirtió que Argentina está en la lista corta de los cuatro países más expuestos a una devaluación.
«Países con bajas reservas de divisas, como la Argentina, Sri Lanka, Pakistán y Turquía, enfrentan mayores riesgos de salidas repentinas de capital y depreciación de sus monedas», advirtió el Citi, en un informe elaborado en su casa central.
El dólar sintió el golpe de la devaluación del 2% que instrumentó Brasil. El oficial cerró en $1.435, el Tarjeta en $1.865,50, el blue en $1.425, el MEP en $1.438 y el contado con liqui en $1.481. El Central compró apenas USD 17 millones, cuando venía con un promedio diario superior a los USD 70 millones desde que arrancó el año. Y el dato más delicado fue otro: las reservas brutas cayeron USD 378 millones en una sola rueda.
El impacto externo encontró al equipo económico sin reacción. El real brasileño se devaluó 2%, el peso chileno 3,5%. Fue un día de ajuste general en monedas emergentes, pero la diferencia aparece en la respuesta local. El equipo de Caputo intervino en los mercados para frenar el dólar, en lugar de aprovechar para corregir en parte el atraso cambiario, pero el mercado no parece creer que el esquema sea sostenible.
El equipo de Caputo y Bausili intervino en los mercados para frenar el dólar, en lugar de aprovechar para corregir en parte el atraso cambiario.
En el Rofex se operaron cerca de USD 750 millones en la posición marzo. Además, el bono dólar linked D30A6 movió alrededor de USD 300 millones. Son instrumentos para cubrirse ante una devaluación futura. Cuando el Banco Central vende contratos de dólar futuro, busca contener expectativas y ponerle un techo al precio implícito. Es una intervención directa sobre el mercado. El economista Sergio Chouza de la consultora Sarandí lo sintetizó con ironía: «Vendieron rofex y la D30A6 como si no hubiera mañana».
Caputo afirmó que la Argentina está blindada. Que el mejor escudo frente a un shock externo es una macro ordenada. Que el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel fortalece la posición del país. Y habló de un «blindaje» que crea una «macro sólida».
«El mejor escudo frente a un shock externo es tener la macroeconomía lo más ordenada posible, esa es la mejor manera de defenderse y eso es lo que estamos haciendo. También, estar del lado correcto a nivel mundial, afortunadamente el presidente ha determinado desde el día uno que es un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel», argumentó.
Sin embargo, los hechos muestran otra dinámica. Si el blindaje fuera tan sólido, no haría falta una intervención de semejante magnitud para contener expectativas. El gobierno opera en el mercado en dirección opuesta a su discurso
El mejor escudo frente a un shock externo es tener la macroeconomía lo más ordenada posible, esa es la mejor manera de defenderse y eso es lo que estamos haciendo. También, estar del lado correcto a nivel mundial, afortunadamente el presidente ha determinado desde el día uno que es un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel.
La economía argentina, con reservas negativas, fuerte exposición a deuda en pesos indexada y necesidad constante de refinanciar vencimientos en dólares, es hipersensible a los shock externos, como quedó en evidencia este martes, ante una oscilación en la moneda de Brasil.
Una fuerza de élite para la prevención del delito. Tecnología de última generación, armas no letales, cámaras corporales, vehículos de respuesta rápida y formación en artes marciales, derecho y procedimientos.
Con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente municipal, Jorge Ferraresi, comenzó el ciclo lectivo de la Escuela de Policía Municipal. La fuerza de seguridad, presentada por Ferraresi durante la campaña de las legislativas 2025, viene a reforzar la prevención del delito en las calles avellanedenses.
Esta primera promoción está formada por 124 cadetes que aprobaron los exámenes de admisión entre 3.800 inscriptos tras la convocatoria inicial que realizó el municipio.
La Policía Municipal de Avellaneda es una fuerza de cercanía con el vecino, que nace para la prevención del delito en la ciudad, y la articulación con las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia para el seguimiento de los sucesos delictivos.
Está provista de equipamiento de última tecnología, vehículos de respuesta rápida, armas no letales y su formación está orientada a las técnicas de defensa personal, artes marciales, resolución inmediata de conflictos, operaciones policiales, Derecho Penal y Procesal, bioseguridad y primeros auxilios, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Género y diversidad y Tecnologías de la seguridad.
En la inauguración de la escuela, Ferraresi sostuvo que «queremos formar una fuerza que sea querida y respetada que sea complementaria con la policía bonaerense». Además, resaltó que la política municipal buscará complementar y fortalecer el sistema de seguridad provincial.
El municipio informó que el trabajo será plenamente articulado con las demás fuerzas de seguridad y con la Justicia, para lo cual firmó un convenio de asistencia técnica con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El intendente centró su discurso en la reconstrucción de la administración municipal, la mejora de la calidad de vida de los vecinos y la rejerarquización de la ciudad como capital provincial, con el orden público como concepto rector. Anuncios de obras y proyectos clave.
El intendente de La Plata, Julio Alak, dio comienzo este martes al 83° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso enfocado en la reconstrucción del Estado municipal, la mejora de la calidad de vida de los vecinos y el fortalecimiento del rol de la ciudad como capital bonaerense con el orden público como eje transversal de gestión.
Al comenzar su alocución, y acompañado por concejales, ministros, legisladores, el obispo auxiliar Jorge González, dirigentes sindicales y vecinos, el jefe comunal expresó: «Quiero en primer lugar agradecer a este Concejo Deliberante el valiosísimo aporte que ha hecho a la ciudad sancionando, con inteligencia y valentía, diversas normas de enorme valor que mejorarán y protegerán el desarrollo urbano de la ciudad».
En ese sentido, Alak mencionó el Plan de Ordenamiento Urbano y agradeció a los nuevos concejales, a los integrantes del departamento ejecutivo, a los trabajadores y trabajadoras municipales y al gobernador Axel Kicillof.
«Venimos hoy a ratificar nuestra voluntad de trabajar con todos los sectores políticos y sociales, valorando y respetando la diversidad, pero priorizando siempre el interés superior de la ciudad», subrayó el mandatario, y agregó: «Nuestros principios fundamentales son dos: el orden público y el progreso social».
En la misma línea, Alak recalcó: «A partir de un espíritu de unidad y de los principios de orden y progreso, nos planteamos tres objetivos fundamentales: la reconstrucción de la administración municipal, la mejora de la calidad de vida de todos los platenses y la rejerarquización de la ciudad como capital de todos los bonaerenses».
Al referirse a la reconstrucción de la administración municipal, Alak remarcó: «En dos años de gestión, le devolvimos al Estado municipal la capacidad operativa que le permite ser una herramienta eficiente y poderosa de transformación».
Más tarde, hizo alusión a la deuda flotante y consolidada de $20.105 millones que recibió al asumir en diciembre de 2023 y resaltó: «Esa deuda fue cancelada en un año; de esa manera, saneamos las finanzas municipales y dejamos de pagar intereses y redeterminaciones de obras públicas».
«La gestión nos permitió fortalecer nuestra autonomía financiera. Aumentamos los recursos propios del 45 % al 57 % del presupuesto municipal y superamos, por primera vez en muchos años, los recursos coparticipables», continuó, y afirmó: «Gracias al orden en las cuentas públicas, fuimos una de las pocas administraciones que en el último año lograron superávit financiero y económico».
En ese sentido, destacó que La Plata no solo tuvo equilibrio fiscal, sino que logró «superávit fiscal que se invirtió en obras públicas», y señaló que esto permitió alcanzar «el máximo reconocimiento otorgado por la consultora internacional Fix». Además, precisó que la calificación «A» posicionó a la capital bonaerense como el municipio mejor ponderado del país.
Más adelante, el intendente platense aseguró que «la transformación del Estado municipal en una herramienta eficiente permitió mejorar la atención al vecino y la prestación de servicios» y destacó que «el Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en 48 y diagonal 80, constituye un hito en el proceso de modernización de la gestión local».
«En el marco de este proceso de mejorar las condiciones de trabajo, el mes próximo inauguraremos las obras de puesta en valor de los cuatro pisos de la torre gubernamental 1 y el subsuelo del Palacio Municipal», anunció.
Conjuntamente, afirmó que «en asociación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNLP, elaboramos un Plan Maestro de Modernización y Transformación Digital» y agregó que «con una inversión de $ 2.300 millones, construimos el Centro de Datos Municipal, el data center más grande de los municipios argentinos». Su inauguración está prevista para abril.
En ese sentido, indicó que el Plan Estratégico de Modernización de la Gestión Pública contempla la construcción de un edificio que «podría financiarse con la venta de propiedades obsoletas y los ahorros de 70 alquileres que hoy paga el Municipio». «Para ello, solicitamos a la Administración de Bienes del Estado Nacional la compra de un sector del predio de Gambier ubicado en 52 y 131. Planificaremos, en la prolongación del eje fundacional, un nuevo Edificio Inteligente para la Administración Municipal», aseguró.
En materia de seguridad, tras señalar que el sistema de control y operaciones estaba atomizado en tres edificios y dificultaba una supervisión integral, destacó la creación del Centro de Operaciones Municipal (COM) y adelantó: «A partir de mayo, el COM ampliará su capacidad operativa con la incorporación de seis drones, una unidad de monitoreo móvil, 1200 cámaras nuevas de última generación y 100 lectoras de patentes, actualmente en proceso de implementación».
Asimismo, en el marco del Plan Integral de Seguridad, recordó la creación de «un área específica de análisis criminal» y la adopción de «una estrategia de abordaje interagencial». Además, señaló que se conformó la Mesa de Política Criminal y que el Programa Municipal de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados ya superó los 2.850 rodados retirados de la vía pública.
En otro apartado de su discurso, el intendente hizo referencia a la crítica situación en la que fue hallado el cementerio municipal al momento de su asunción y señaló que, para revertirla, se construyó un memorial y se impulsó la creación del Ente del Cementerio.
«El orden de las cuentas públicas, de la planificación territorial y del espacio público es la base del progreso social», continuó Alak, y explicó que «en los últimos años, La Plata creció sin planificación» y «se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de asentamientos y villas de emergencia de Argentina».
Además, cuestionó el avance desordenado de la urbanización y la pérdida de patrimonio. «La falta de reglas claras impactó en la calidad de vida, en la inversión privada y en el cuidado del ambiente», enfatizó, y agregó: «Para desandar ese camino, dimos un paso histórico: con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, las universidades y los colegios profesionales, y en un todo de acuerdo con la ley 8912, asumimos la decisión política de volver a planificar el territorio y en diciembre de 2025 logramos la sanción del Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial».
«El plan establece hacia dónde y cómo puede expandirse la ciudad», sostuvo, y precisó: «No hay progreso sin orden, y no hay orden sostenible sin una mirada estratégica sobre el territorio».
Acto seguido, Alak destacó: «Estamos mejorando la vida en los barrios con el Plan 1.000 Cuadras. En ese marco, ya ejecutamos 363 obras con pavimento, 1.038 reparaciones de cuadras pavimentadas y 298 de tierra con trabajos de mejorado y consolidación, una base para futuras pavimentaciones».
En ese marco, precisó algunas de las obras viales, hidráulicas, educativas y de recuperación de espacios públicos realizadas por la Municipalidad en localidades como Villa Elvira, Arana, Sicardi – Garibaldi, Ignacio Correas, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Lisandro Olmos, Ángel Etcheverry, Abasto, Melchor Romero, San Carlos, El Peligro, Arturo Seguí, Villa Elisa, El Rincón, City Bell, Gonnet, Villa Castells, Hernández, Gorina, Ringuelet, Tolosa y el casco urbano.
Asimismo, hizo hincapié en importantes mejoras hidráulicas como la construcción de 2.300 metros lineales de conductos pluviales, 70 nuevos sumideros, siete puentes vehiculares y uno peatonal. También mencionó las mejoras en la red pluvial en 652 cuadras de zanjeos, la construcción de 412 cruces de calles y la finalización del conducto hidráulico del arroyo Regimiento y los desagües pluviales de la cuenca del arroyo Maldonado.
Más adelante, se refirió a las emblemáticas plazas y espacios verdes de la ciudad: «Los espacios públicos y las plazas estaban muy deteriorados. Esto mereció la relocalización de la venta ambulante, con consenso, escuchando al otro. Y logramos relocalizar sin ninguna acción policial a 1.800 vendedores ambulantes».
«A principios de 2025 inauguramos las plazas del eje de Avenida 7: San Martín, Rocha e Italia», continuó, y enfatizó: «Ya finalizamos la primera etapa del Parque San Martín, donde recuperamos espacio público, y ahora necesitamos lograr que Obras Sanitarias relocalice su estacionamiento, que hoy está ocupando una hectárea y media en el corazón del parque; ya iniciamos la gestión».
Por otra parte, mencionó la finalización de los trabajos en la Plaza de la Madre en Los Hornos, la nueva plaza Juan Manuel de Rosas en El Peligro, la Plaza República del Perú en El Mondongo y la Plaza Nuestra Señora de Copacabana en Tolosa. Y agregó: «Este año vamos a iniciar la obra de reconstrucción de Plaza España, que es la última del eje de 7, y el parque Mercante en Los Hornos».
Además, recordó que avanza el proceso de renovación del Parque Saavedra y que se licitó la obra de restauración del Teatro del Lago en el Paseo del Bosque.
Asimismo, hizo mención a la recuperación del espacio público a partir de la limpieza de grafitis con el programa «Ciudad Limpia». «En un año se hicieron 14.255 limpiezas de frentes de viviendas, comercios, templos religiosos, escuelas, instituciones, clubes y edificios de valor patrimonial», detalló, y adelantó: «Para los próximos seis meses, el plan contempla 4.800 nuevas intervenciones».
En el eje educativo, el intendente señaló que avanza un proceso de puesta en valor de 200 escuelas en la ciudad. «Se terminaron algunas escuelas y otras se están proyectando», sostuvo, y enumeró algunas de las obras más destacadas, como la Escuela Especial 503 de Gonnet y la primera Secundaria de Ignacio Correas.
Por otra parte, en materia de salud, el intendente valoró el fortalecimiento integral del primer nivel de atención con avances en la digitalización del sistema, la prevención territorial, la ampliación del acceso a derechos sanitarios y la inversión en infraestructura, producción pública de insumos, campañas epidemiológicas y mejoras en la gestión administrativa.
«Pusimos en valor los CAPS N° 2, N° 7, N° 15, N° 20 y N° 42 y vamos a iniciar la construcción del nuevo CAPS N° 22 en Ignacio Correas y del Centro de Atención de Salud Municipal ubicado en avenida 60 entre 10 y 11, que concentrará servicios estratégicos».
Al referirse al alumbrado público, Alak recordó que «al inicio de la gestión el índice de apagado era del 20%». En este marco, y bajo la premisa de que más iluminación pública es más seguridad y mejor calidad de vida, destacó: «Queremos llegar al 3% este año, con la incorporación de 30 mil nuevas luminarias».
«Al mismo tiempo, mejoramos la red de semáforos con la adquisición de 200 nuevos controladores inteligentes que estamos colocando y monitoreando desde el COM», continuó Alak. Además, recalcó los buenos resultados de la «onda verde» en avenida 44 y adelantó que el sistema se implementará en otros accesos y avenidas.
Por otra parte, hizo referencia al nuevo Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial para garantizar mayores estándares de eficiencia, regularidad y cobertura del servicio.
«Ya concretamos la reconstrucción integral de la avenida 44, con la reparación de 380 losas, entre 131 y Ruta Provincial 2, y la puesta en valor de la rotonda de la Ruta 36 y la rambla central. Y este año recambiaremos otras 150 losas que mejorarán aún más la transitabilidad», enumeró Alak.
Además, el intendente mencionó otras obras estratégicas de infraestructura vial, como la mejora integral del nuevo acceso a la ciudad por diagonal 74 y la nueva bajada de la autopista en 520, a la que se sumará el nuevo distribuidor de tránsito que conectará la autopista con City Bell.
En la misma línea, sostuvo que «hay una obra que la ciudad se debe a sí misma» y afirmó: «Estamos planificando con la Facultad de Ingeniería de la UNLP la traza para completar el anillo de circunvalación del casco fundacional». «Esa vía, que conecta las avenidas 32, 31 y 72, proyectamos que quede completada con la construcción de la nueva estructura de la avenida 120», amplió, y reflexionó: «Son decisiones de impacto estructural; proyectos que no se agotan en una obra ni en una gestión. Son bases para las próximas décadas».
En materia productiva, el intendente enfatizó: «Luego de 19 años, regularizamos la situación del Parque Industrial II, avance que permitió entregar en noviembre las primeras escrituras a empresas que llevaban años esperando una definición».
La tragedia alimentaria argentina no es una desgracia aislada ni transitoria: la voluntad política de profundizarla es evidente y sus efectos empobrecedores se siguen multiplicando.
Por Nerio Corello para NLI
En el artículo anterior nos referimos a los aspectos básicos de un tema subvalorado, cuando no excluido, de la discusión pública. En su inserción sistémica, el problema del precio de los alimentos implica relaciones entre actores de peso en nuestro escenario económico y la pertenencia a un contexto definido.
No se trata, lamentablemente, de un accidente o desvió que con voluntad política se intentará corregir. La evolución del problema muestra una escalada de efectos multiplicadores de empobrecimiento que satisface las expectativas de los poderes reales.
Hemos llegado al punto en el que individuos y familias se endeudan para proveerse de alimentos. Con tasas de interés usurarias, la morosidad aumenta al ritmo que disminuye la cantidad de integrantes de las clases medias y las esperanzas de ascenso social desaparecen tanto en la realidad como en el imaginario colectivo.
Uno de los datos que considerábamos en la primera nota era el del salario promedio pretendido, es decir: la cifra media que se supone declaran querer ganar aquellos que acceden a una entrevista o aspiran a un puesto. Las compulsas de enero de 2026 lo ubicaron en $ 1.699.284 mensuales, un 1,87% por debajo del número del mes anterior.
El endeudamiento implica cercanía o caída en la marginalidad financiera, resignación de pretensiones salariales y tácita naturalización de la precariedad laboral en múltiples aspectos. Las tropelías legislativas refuerzan el panorama de orfandad normativa que presiona a los que aún trabajan y a los que buscan empleo: sufrir más, ganar menos y comer mal.
El ejército de desocupados que contribuye a la baja de aspiraciones se oculta estadísticamente al considerar ocupados a monotributistas con agua al cuello, plataformistas eventuales y mujeres y hombres que mal viven de la changa esquiva. Esta y otras hipocresías es de esperar que se pretendan mantener hasta que la configuración en extremo inequitativa del país sea irreversible.
En tanto, clases medias y bajas participan cada vez menos en el reparto de esa torta que llamamos riqueza: solo migajas rancias, cada día más difíciles de canjear por verdadera comida. La brecha de ingresos entre élites y menesterosos se agranda, lo que ha llevado a que desaparezcan de la faz pública los datos oficiales al respecto.
En semejante contexto, la centralidad del precio de los alimentos es insoslayable porque, además de su evidente incidencia cotidiana, es clave para sostener una transferencia de ingresos tan regresiva como constante, en ligazón al costo de servicios esenciales.
Sin embargo, el debate económico nacional ha dejado de lado la microeconomía: quienes pueden hacer escuchar su voz siguen encandilados con los artificios de nuestro castillo de naipes macroeconómico basado en el endeudamiento y los premios a la especulación en el mercado de capitales, al tiempo que festejan o lamentan los vaivenes del Riesgo País.
Al padecer los argentinos inflación en pesos e inflación en dólares, ni siquuiera la importación de alimentos modifica la situación penosa del costo de nutrirse lo mejor posible. La apertura indiscriminada puede destruir PyMES, pero el espejismo de la variedad no favorece el bolsillo de consumidores que ya no aspiran ni a la más ínfima sofisticación en la mesa.
Nos enfrentamos no solo a las restricciones informativas propias de un tema tabú, sino también a una bruma que envuelve los precios e impide evaluar el panorama con claridad. A mantener esta bruma contribuyen, en penosa sinergia, la impostura del INDEC, la indolencia de los economistas y las oscuridades del supermercadismo.
No es necesario abundar en las malas artes estadísticas que justifican los muchos cuestionamientos al INDEC ni en la pusilánime actitud del grueso de nuestros economistas mediáticos, temerosos del apodo o la ridiculización oficial.
Pero lo del supermercadismo es camaleónico e inquietante porque con una infinita combinación de estrategias de venta y promociones, en diversos canales o modalidades de compra, logra hacer imposible la determinación del precio regular de los productos, un laberinto al que los consumidores ingresan con racionalidad pero pronto se resignan a atravesarlo solo confiados en la suerte del azar.
En el brumoso supermercadismo confluyen intereses empresariales, políticos y del mundillo financiero. Un combo siniestro para cualquier sistema digestivo. Recordemos la farsa del rechazo de listas de precios a monopolios de la industria alimentaria, las promociones bancarias repletas de exclusiones, los diálogos constructivos con Toto, las promociones gancheras que casi siempre son un faltante a la hora de entrega de las compras virtuales…
Algunos influencers intentaron mantener “carritos modelo” en los sitios virtuales de supermercados y registrar los incrementos del costo final. Casi nada lograron esclarecer. La ruleta de ofertas, segundo al X% y afines, días de descuentos extraordinarios, medios de pago privilegiados o castigados, etc., arrojaban cifras que, por tan cambiantes en composición y resultado, poco decían como referencia.
Más allá de la bruma pero con cautela, no pocas consultoras consideran que en febrero se registró otra suba significativa para los productos que aspiramos a llevar a la mesa. LCG, por ejemplo, calculó un incremento en alimentos superior al 3%. El 12 de este mes el INDEC dará cifras oficiales.
Cabe esperar más dietas desequilibradas, más enfermedad, más morosos y mucho silencio cómplice en torno a la tragedia alimentaria argentina.
El apellido Chocobar se viralizó en Argentina por el policía que disparó siete veces contra un ladrón en Buenos Aires en 2017. Con la reproducción de la escena hasta el infinito, el abrazo del autor de la balacera con el entonces presidente Macri y el apoyo ferviente de Patricia Bullrich, su ministra, el crimen se convirtió en una forma de pensar la seguridad y la justicia: la doctrina Chocobar. Parte de la crueldad del símbolo es borrar las aristas hasta volverse meme. Un nombre devenido en adjetivo, sinónimo de una manera de entender la vida y la muerte de las personas, oculta que hay miles de personas con ese apellido en todo el norte argentino y la región andina que no tienen nada que ver con balear gente por la espalda.
Y en particular hay un hombre que se llamó Javier Chocobar y que fue asesinado en 2009 en Tucumán. Tenía 68 años y era una autoridad indígena del pueblo Chuschagasta. Los asesinos fueron un vecino terrateniente y emprendedor minero, y dos policías retirados que pretendían desalojar a la comunidad indígena Chuschagasta de sus tierras.
El crimen, que quedó grabado en video, es el puntapié de Nuestra Tierra, el primer documental de la directora Lucrecia Martel.
No hay un consenso claro de qué significa ni de dónde viene la palabra Chocobar: hay quienes intentan traducirlo del quechua o del aymara, pero sus raíces se pierden en la previa de la conquista, cuando muchos de los nombres originales fueron trastocados por el conquistador. Sí hay registro de que es un nombre que se extendió por toda la región cuando todavía no había países ni fronteras.
Los Chuschagasta, el pueblo al que pertenecía, quizás tampoco tengan ese nombre desde siempre. En algunos registros coloniales se los anota como Chuchingasta, Chachagasta, Chuchagasti, Chugasta, Chuscas o Chujchas.
Lo que es claro, como señala una comunera en la película, es que «el papel permite lo que le quieran poner».
Lucrecia Martel dice que la violencia de la gramática es de las primeras dificultades para contar esta historia. Escribir «El Capitán Sotomayor trasladó a 40 indios», dice, es darle voluntad y nombre al poderoso y convertir a las víctimas en un número, despojadas de voluntad y poder, forzadas a estas circunstancias por muchas estrategias de las que los mismos conquistadores se jactan, como secuestros y hambrunas.
Quizás por eso Martel tardó catorce años en terminar el documental: narrar sin violencia en una época de sobreabundancia de crueldad es intentar deconstruir el lenguaje de una época.
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Javier Chocobar, el Chocobar de esta historia, las noches de luna llena salía de madrugada para cortar cañas de azúcar, un trabajo duro y mucho más cuando se escarchan o está oscuro. Solía llevar una lapicera en el bolsillo de la camisa. Quizá porque nunca se sabía cuándo habría que anotar algo nuevo para defender los derechos de su comunidad. O tal vez porque funcionaba como contraseña para que a simple vista se notara que sabía leer y escribir.
El conflicto que enfrenta su pueblo no es fácil: los Chuschas fueron trasladados al Valle de Choromoros desde los Valles Calchaquíes hace más de 350 años, forzados por las autoridades coloniales locales luego de las guerras calchaquíes, un intento de resistencia de los pueblos de la región contra los invasores.
Y allí viven desde entonces: sobre los animales que crían y sus cultivos pasó una maraña de papeles, desde los tributos que les cobraban sus encomenderos, hasta los arriendos que les impusieron otros vecinos estancieros y funcionarios, descendientes también de aquellas familias beneficiadas por la colonia, y más tarde beneficiadas por el nuevo orden, que los declararon extinguidos en 1808 para hacerse de sus tierras.
En los censos nacionales de medio siglo más tarde, los ancestros con los mismos apellidos que tiene la comunidad hoy, están registrados con oficios de servicio, como peones, lavanderas, etc, dependientes de una de estas familias estancieras a la que le debieron pagar arriendos y cumplir con «obligaciones», una forma de trabajo servil muy difundida en el norte, bajo la amenaza latente de desalojo.
En dos siglos de estancias queriendo acaparar su territorio están los Molina, los Cobo, los Alurralde, los Colombres –que terminaron expropiados por el Estado provincial– y finalmente los Amín, que llegaron en 1959 con la misma intención. A esa familia pertenecía Darío Amín, uno de los condenados por el crimen de Chocobar.
Pero con todas esas idas y vueltas, los habitantes nunca jamás se fueron del Valle de Choromoro.
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«Hoy a las 11 es el operativo, no le digas nada a la mamá, me tiembla todo, pero confío en Luis, y van 4 policías más. No digas nada a nadie. Vos y yo lo sabemos». El mensaje de texto lo mandó Darío Amín unas horas antes del crimen.
Luis es Luis Humberto Gómez, alias “El Niño”, un policía retirado. Junto con ellos estaba otro policía, José Valdivieso. El objetivo de Amín era explotar una cantera de piedra laja en el corazón de la comunidad. Para eso se había asociado con Gómez: la idea era ir 50 y 50. Le pusieron a la sociedad Campo Amigo, combinando sus apellidos. La misión de Gómez era “limpiar” el territorio apelando a la intimidación.
El operativo, como lo llamaron, se hizo el 12 de octubre de 2009. ¿Habrá sido casual la fecha? ¿Eligieron el día del aniversario de la conquista española como una cábala?
Quizás no se detuvieron en ese detalle, pero fueron preparados para una masacre. Amín llevó un revólver calibre 32 largo, Gómez una pistola marca Taurus calibre 40 y otra marca CZ calibre 6,35 mm. Valdivieso una pistola Beretta, calibre 9mm. En la camioneta en la que llegaron, también guardaron una escopeta.
Además de todo, llevaron una cámara digital. El de Chocobar fue un crimen registrado en una época donde el registro permanente de la violencia todavía no estaba tan normalizado.
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En la primera imagen del video hay un hombre vestido de color caqui que baja de una camioneta. Frente a él, un grupo de comuneros llega en silencio por el camino. Traen la mirada un poco gacha, pero avanzan firmes, todos juntos. Detrás de ellos viene Javier Chocobar.
El hombre vestido de caqui, el ex policía Gómez, avanza hacia ellos, parece sacar pecho. Todavía no muestra sus armas.
–¿Quién es el encargado de ustedes?– pregunta.
–Acá no hay encargados– responden los comuneros.
–¿No hay nadie? –repite Gómez, que vuelve hacia la camioneta– Hasta luego, que anden bien ustedes.
Lo dice con desprecio, con un tono de ‘ahora van a ver lo que les espera’.
En la camioneta hay respiraciones agitadas, discuten por dónde seguir. Del lado de afuera, los comuneros miran. Uno de ellos, Delfín Cata, tiene una cámara de rollo, de esas que antes se usaban para los cumpleaños. Toma una fotografía.
–No sé para qué toman fotos –masculla Amín–. Si en tribunales ya nadie les da bola.
En la siguiente escena, los comuneros y Gómez están frente a frente.
–Quiénes son ustedes, qué tienen que venir a meterse aquí.
–Los Amín –dice el hombre de caqui–. Nosotros somos los Amín.
–Nadie tiene que venir a hacer aquí.
–Usted dice que no, explíquenos quiénes son ustedes –dice Amín.
–Bueno, tranquilo, tranquilo, hablando nos vamos a entender. Si no, capaz que no nos entendemos –dice gesticulando Gómez–, usted sabe que hay una orden judicial… Si yo voy a denunciar lo que ustedes están haciendo, vamos a tener problemas todos.
–¿Qué es lo que estamos haciendo? –dice Andrés Mamaní. Da un paso al frente.
Está tranquilo, pero firme. Gómez lo empuja con las manos.
–Maestro, quedate piola –dice y saca la pistola que lleva en la cintura–. ¡Vos a mí no me vas a venir a prepiar, te estoy hablando por las buenas!
Delfín Cata levanta su cámara pocket y toma una foto. Gómez lo ve, le dispara a los pies y avanza para pegarle un culatazo en la cabeza.
–¡Qué te creés vos, qué te creés vos! – grita.
La cámara que filma la escena baja. El que la lleva también empuña un arma. Lo que sigue después es audio. Hay gritos, más disparos. «Qué pasa, te voy a hacer pingo, culeado», se escucha mientras la cámara rueda al suelo/a la tierra.
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En la reconstrucción judicial se supo que, tras el golpe y el disparo, Delfín forcejeó con Gómez, que seguía disparando. Con la ayuda de otros comuneros lograron reducirlo y le arrebataron su pistola Taurus calibre 40 y una cachiporra que llevaba encima.
Gómez intentó sacar la pistola CZ de una tobillera, pero Delfín lo derribó de un empujón, le sacó el arma y la tiró al monte. Y, una vez que desarmó a Gómez, corrió a auxiliar a otros compañeros que intentaban frenar a José Valdivieso. Tras un breve forcejeo, logró quitarle la Beretta 9 mm con la que también había disparado.
“Yo les quité las armas a los asesinos”, dijo tiempo después al medio La Palta. “Si yo hubiera sido otra persona, quizás con las mismas armas los habría liquidado”.
Parecía que la situación se calmaba, pero Amín siguió disparando: lo hizo primero contra Javier Chocobar y, cuando logró darle, siguió. Primero hirió a Emilio Mamaní en la pierna y luego a Andrés Mamaní en el abdomen. En el tambor de su arma quedaron seis vainas servidas.
—¡Turco hijo de puta, me ha baleado! —gritó Javier con las últimas fuerzas que le quedaban, recuerdan quienes estuvieron ahí.
Valdivieso, que había logrado zafarse, recuperó la pistola que se le había caído a Gómez y disparó contra los comuneros que escapaban cerro arriba por un sendero.
Los tres hombres subieron a la camioneta y escaparon mientras Javier Chocobar se desangraba frente a su familia.
Además de Chocobar, Andres Mamani recibió un disparo en el abdomen, y desde entonces vive en los cerros con una colostomía, incapacitado para trabajar con sus animales. Y a Emilio Mamani le dieron un disparo en la pierna. Todavía tiene el plomo clavado en el hueso.
Después de la huida de los agresores, Delfín recogió la cámara y la guardó. Más tarde la entregó a un policía que, a pesar de recibir presiones de Hugo Sánchez, el entonces jefe de la policía provincial y cuñado de Gómez, no descartó esa evidencia fundamental para esclarecer el crimen.
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¿Cómo se recuerda al que murió defendiendo su tierra? ¿Con esa última escena, diciendo “Turco hijo de puta me has baleado”? ¿Con los brazos abiertos frente a una muerte que no esperaba? ¿Cómo se hace honor a su memoria?
La película de Martel parece hacerse esa pregunta y la responde metiéndose en la historia de la comunidad y del propio Chocobar. Hay algo muy amoroso en las dos horas de película que elige detenerse y poner el eje en la memoria de la comunidad.
El documental muestra sus fiestas, a Chocobar vestido de traje con toda la onda del mundo, peinado y firme para las muchas fotos de plaza que se tomó con fotógrafos minuteros. Habla de los que fueron a trabajar a las ciudades y volvieron, de los que se quedaron en su territorio a pesar de los papeles y las amenazas, de las cosechas, de las mujeres que trabajaron en fábricas, en la costura, limpiando casas con cama adentro cuando todavía eran niñas, pero que luego sintieron el llamado a volver a su tierra. “Trabajé en casas de jueces, de abogados, de doctores”, dice una de las comuneras, Isabel Cata. “Cuando ya he cumplido mi mayoría de edad he querido salir de ahí y trabajar por mi cuenta”.
Martel es conocida por construir en sus películas paisajes sonoros con varias capas superpuestas. Para esta producción, le pidieron a la comunidad los chips de sus teléfonos viejos. Allí descubrieron que, aunque la imagen de los celulares antiguos esté pixelada, el sonido de las fiestas familiares, los chistes, la forma de hablar sin inhibiciones, es un tesoro imposible de recrear con actores.
A esos archivos se suman los álbumes de fotos familiares de los comuneros. Y con ellos Martel no solo construye esa atmósfera onírica que envuelve sus películas, sino que también hace un prodigio de la mirada: pone el foco en las vidas subalternas. Nombra a aquellos que para la historia oficial no tienen ni siquiera rostro.
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Hay otra dramaturgia que contrasta con las fotografías en blanco y negro sobre la mesa: la narrativa judicial de los expedientes y los pasillos judiciales. Más allá del uso de cartas y títulos de propiedad para evidenciar la manipulación del lenguaje legal, el film se detiene en las contradicciones del juicio contra los acusados por el asesinato de Chocobar.
En una de las escenas, la defensa interroga a un testigo de la comunidad.
—¿Por qué estaban ahí?
—Nosotros estábamos cuidando nuestras tierras, que no vayan otras personas ajenas a quitárnoslas.
—¿Desde cuándo ustedes cuidan estas tierras en ese lugar?
—Nosotros vivíamos ahí, desde nuestros ancestros, los abuelos.
—¿Qué edad tiene usted?
—46 años.
—¿Hace 46 años que cuidan las tierras?
—No, de más antes.
El documental evidencia el contraste visual entre la inmensidad de los paisajes que habitan los Chuschas y el encierro de la sala de audiencias, con el kitsch burocrático de tonos marrones de los despachos, los jueces y abogados tomando jugo y café mientras los rostros indígenas observan en silencio absoluto.
Los acusados, vestidos de traje, parecen en su salsa.
La escena del testigo al que someten a un careo con el policía Valdivieso parece sacada de una película policial de cine negro.
Otro de los testigos convocado por Gómez para respaldarlo es su amigo y compañero policía, Justo Danielsen, da fe de su aptitud como comando:
–Yo puedo estar hablando –dice–, pensando y analizando, puedo unificar y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo…
Más tarde, Gómez se jacta de su puntería:
– Si hubiese querido matar era más fácil levantar el arma y disparar.
Y al final agrega, como una confesión de parte:
–El Estado me entrenó para hacer esto.
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Los tres responsables del crimen fueron condenados recién en 2018: 18 años de prisión para el expolicía Gómez, 10 para Valdivieso y 22 para Darío Amín, el hombre que apretó el gatillo. La libertad les llegó pronto gracias a los laberintos de las apelaciones. Recién el 23 de octubre de 2025 la Corte Suprema dejó firmes las penas, aunque para Amín el veredicto llegó tarde: murió por Covid-19 antes de volver a la cárcel.
Pero mientras los expedientes acumulaban tecnicismos que rechazaban la justicia, la comunidad de Chuschagasta hacía otro trabajo: el de la persistencia. La película de Martel no es solo un registro del horror, sino un acto de restitución. La primera vez que se proyectó el documental fue en el salón comunitario en el territorio, con la comunidad en pleno. Allí descubrieron que, aunque el Estado lo convierta en número, hay un registro que ninguna bala pudo destruir: el de un pueblo que, tras 350 años de asedio, sigue eligiendo no irse de su lugar en el mundo.
La historia, que el poder intentó reducir a un «operativo» de desalojo, se convirtió en otra cosa. Quizás el cine sirva para que Chocobar ya no sea solo ese eco violento que resuena en Buenos Aires. Quizás el cine nos permita darle el sentido que ese apellido tiene en la comunidad de los Chuschas: el de un hombre que murió defendiendo su tierra, con una lapicera en el bolsillo y los brazos abiertos.
