Sociedad

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    El gigante olvidado que alimentó a millones: cómo nació el Mercado Central y por qué sigue siendo una pieza clave de la mesa de los argentinos

     

    Cada vez que aumenta el precio de las frutas y las verduras, el nombre del Mercado Central vuelve a aparecer en los medios. Sin embargo, pocas personas conocen la historia de este gigantesco centro de abastecimiento que, desde hace más de cuatro décadas, organiza buena parte de la distribución de alimentos frescos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Su creación respondió a una idea que hoy vuelve a generar debate: que el Estado también podía intervenir en la comercialización para evitar abusos, transparentar precios y acercar alimentos a millones de consumidores.

    Por Redacción de NLI

    Cada madrugada, cuando la mayor parte de Buenos Aires todavía duerme, una ciudad paralela comienza a ponerse en movimiento a pocos kilómetros de la General Paz. Cientos de camiones provenientes de todas las regiones productivas del país ingresan cargados de frutas, verduras y hortalizas. En cuestión de horas, miles de toneladas cambian de manos, se negocian precios, se organizan cargas y vuelven a salir con destino a verdulerías, supermercados, comercios de barrio y ferias de toda el Área Metropolitana. Ese movimiento cotidiano, que para la mayoría de los consumidores permanece invisible, convierte al Mercado Central de Buenos Aires en uno de los principales nodos alimentarios de la Argentina.

    Aunque suele aparecer en las noticias cuando se realizan operativos de control de precios o cuando alguna crisis económica impacta sobre el costo de los alimentos, el Mercado Central cumple una función mucho más amplia que la de un gran mercado mayorista. Desde su inauguración en 1984 fue concebido como una herramienta para ordenar la comercialización de productos frescos, reducir costos logísticos y transparentar un circuito donde históricamente convivieron pequeños productores, grandes intermediarios y miles de comerciantes minoristas. Su existencia expresa una discusión que atraviesa buena parte de la historia económica argentina: hasta dónde debe intervenir el Estado cuando se trata de garantizar el acceso de la población a bienes esenciales.

    La decisión de construir un mercado concentrador de escala metropolitana comenzó a tomar forma durante la década de 1970, cuando el crecimiento urbano había vuelto insuficientes los antiguos mercados que abastecían a Buenos Aires. La expansión demográfica, el aumento del consumo y la necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y logísticas impulsaron la creación de un espacio capaz de concentrar buena parte del comercio mayorista de alimentos frescos. El resultado fue un predio de más de quinientas hectáreas ubicado estratégicamente en La Matanza, con acceso directo a las principales rutas del país y preparado para recibir producción proveniente de todas las economías regionales.

    Mucho más que un lugar donde se venden frutas y verduras

    Con el paso del tiempo, el Mercado Central se convirtió en una pieza fundamental para comprender cómo funcionan los precios de los alimentos en la Argentina. Allí confluyen productores de Mendoza, Río Negro, Misiones, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, el cinturón hortícola bonaerense y prácticamente todas las regiones agrícolas del país. La enorme concentración de oferta permite observar, casi en tiempo real, cómo influyen las condiciones climáticas, los costos del transporte, las variaciones estacionales y los cambios económicos sobre el valor de los productos que luego llegan a la mesa de los consumidores.

    Sin embargo, entre el productor y quien finalmente compra un tomate o una naranja suele existir una extensa cadena de intermediación. Transporte, almacenamiento, distribución y comercialización agregan costos que muchas veces multiplican el precio original varias veces antes de llegar a una verdulería. Por esa razón, el Mercado Central también fue pensado como un espacio donde los valores mayoristas pudieran servir como referencia para evitar distorsiones excesivas y ofrecer información pública sobre la evolución de los precios.

    A lo largo de su historia, distintas administraciones utilizaron esa herramienta de maneras diferentes. En algunos períodos se impulsaron programas destinados a acercar productos directamente al consumidor, mientras que en otros predominó una lógica de menor intervención estatal. Ese vaivén refleja una discusión mucho más amplia sobre el papel que debe asumir el Estado frente a la inflación alimentaria y la concentración económica.

    Un termómetro de la economía cotidiana

    Pocas instituciones muestran con tanta claridad los efectos de una crisis económica como el Mercado Central. Cuando una sequía reduce la producción, cuando una helada destruye cultivos o cuando aumentan los costos del combustible, el impacto suele reflejarse rápidamente en las operaciones que allí se realizan. Pero también ocurre lo contrario: cuando la demanda cae porque las familias pierden poder adquisitivo, los operadores mayoristas son de los primeros en advertir el cambio.

    Por eso, recorrer el Mercado Central es también recorrer una parte de la economía real argentina. Allí no se habla únicamente de estadísticas o indicadores macroeconómicos. Se habla de cosechas, de pequeños productores que intentan sostener su actividad, de comerciantes que calculan cuánto podrá pagar el cliente del barrio y de consumidores que cada vez deben mirar con más atención el precio de los alimentos básicos.

    En los últimos años, esa realidad volvió a adquirir una fuerte dimensión política. El incremento sostenido del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y las sucesivas discusiones sobre el rol del Estado en la regulación de los mercados alimentarios colocaron nuevamente al Mercado Central en el centro del debate público. Para algunos sectores, debe limitarse a cumplir una función logística; para otros, constituye una herramienta estratégica para garantizar el acceso a alimentos en condiciones razonables y reducir el poder de negociación de los grandes grupos concentrados.

    Una discusión que excede a un mercado

    La experiencia internacional demuestra que prácticamente todas las grandes ciudades cuentan con mercados concentradores destinados a organizar el abastecimiento de alimentos frescos. La diferencia radica en el papel que cada Estado decide asignarles. Algunos funcionan exclusivamente como centros privados de comercialización; otros cumplen además funciones de regulación, generación de información y promoción de pequeños productores.

    La Argentina todavía mantiene abierto ese debate. En un país productor de alimentos, donde periódicamente resurgen discusiones sobre inflación, concentración económica y seguridad alimentaria, el Mercado Central representa mucho más que un enorme predio lleno de camiones y galpones. Es el punto donde confluyen el trabajo de miles de productores, las necesidades de millones de consumidores y una vieja pregunta sobre el modelo económico: quién fija el precio de los alimentos y qué herramientas tiene la sociedad para evitar que un bien esencial quede exclusivamente librado a la lógica de la especulación.

    Cada madrugada, cuando los primeros camiones cruzan sus portones, el Mercado Central vuelve a poner en marcha una maquinaria silenciosa que alimenta a millones de personas. Su historia demuestra que detrás de cada fruta y cada verdura existe una compleja red de trabajo, producción y distribución. También recuerda que discutir cómo llegan los alimentos a la mesa de los argentinos nunca fue solamente una cuestión comercial: es, ante todo, una discusión sobre el derecho a una alimentación accesible y sobre el papel que el Estado decide asumir para garantizarla.

     

  • Los aliados rechazan la ley de tierras y el gobierno se expone a otro fracaso con el proyecto de Propiedad Privada

     

    Patricia Bullrich comprobó este viernes, tras una reunión por zoom con los senadores aliados, que sigue sin contar con los votos necesarios para aprobar la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, por el rechazo al capítulo de la venta de tierras. «Así como está, no la votamos», dijo a LPO un senador que integra el pelotón de los que conversa con la jefa del bloque libertario.

    La pelea es porque las bancadas que colaboran con la Casa Rosada pretenden «un tope» al porcentaje de tierras habilitado para su venta a personas o empresas extranjeras en cada provincia, cuando el dictamen impulsado por Federico Sturzenegger deja librado casi totalmente el territorio a la enajenación. En la actualidad, solo se admite que pueda entregarse hasta el 15 por ciento del territorio a extranjeros y los senadores que responden a gobernadores cercanos al gobierno aspiran a fijar un límite en 20 o 30 por ciento, según fuentes al tanto de la negociación.

    Por lo demás, la resistencia de los aliados no es tan firme como la tozudez del gobierno frente a las modificaciones que reclaman los legisladores de la Cámara Alta. El tratamiento de la ley ya fracasó en tres ocasiones y el próximo 6 de agosto podría volver a frustrarse, advierten miembros de la bancada de LLA, si Sturzenegger no se allana a los pedidos del Senado.

    En efecto, los senadores que discutieron este viernes con Bullrich bajo modalidad telemática para no interrumpir sus vacaciones esperan una respuesta del ministro de Desregulación para el próximo lunes. «Veremos qué mandan», contestaron desde el entorno de una legisladora que no firmó el dictamen de mayoría pero participa de las deliberaciones con el oficialismo.

    Un senador libertario admitió ante LPO que «el problema principal es el capítulo de tierras». «Si no estuviera eso, la ley ya se habría aprobado», reconoció.

    Juez, Zimmerman y Camau Espínola

    Para colmo, ya se perdió la cuenta sobre el número de la versión que acredita el proyecto sometido a negociación. Mientras que un aliado deslizó que ya van por la vigésima reescritura del capítulo de tierras, algo que ocurre por fuera del trabajo en comisiones y se corrige bajo la coordinación del ex senador radical Víctor Zimmermann, un miembro del bloque oficialista confesó: «dejamos de ponerle números para no estigmatizar las versiones».

    A esta altura, el proyecto de Sturzenegger funciona casi como un elemento de martirio de la Casa Rosada contra Bullrich, como si el gobierno le exigiera a la senadora que consiga un objetivo casi imposible. Algo similar ocurre con la intención de eliminar las PASO; encargo que no pesa solo sobre los hombros de la ex ministra, que avisó incansablemente en las reuniones de mesa política que no prosperaría, sino que ahora también recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

    De hecho, el ministro coordinador imitó a Bullrich en la sobreactuación de karinismo cuando cargó en las últimas 48 horas contra Victoria Villarruel, pidiéndole que renuncie. La jefa de bloque libertario, que también tuvo sus horas de furia contra la Vicepresidenta cuando ventiló en el grupo de WhatsApp del oficialismo las discusiones que mantuvieron en privado ambas mujeres, había intentado desescalar el conflicto en una reunión a solas.

    Fuentes del Senado comentaron que, en ese encuentro, Bullrich habría asumido que había quedado en un lugar «incómodo», algo que Villarruel disfruta en medio del congelamiento que Karina Milei le aplica a ella.

    Como sea, no sería una casualidad la coincidencia de Santilli y Bullrich, dos conversos provenientes de Juntos por el Cambio, contra la Vicepresidenta en la previa del cuarto intento por aprobar la ley de tierras. En el Senado se especula con que Villarruel podría desempatar contra el gobierno si los votos se empardan en el recinto.

    Por el momento, el interbloque de José Mayans y el de Carolina Moisés juntan 28 senadores en el rechazo pero a ese grupo se sumarían, si no se modifica el capítulo de tierras como pretenden, tres radicales, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Un piso de 33 legisladores en contra, con los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce en duda y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano más allá de los cálculos, dejaría a los libertarios al borde de un nuevo fracaso. 

     

  • Se profundiza la crisis en Granja Tres Arroyos, que paralizará plantas durante agosto

     

    La situación crítica que cruza a Granja Tres Arroyos (GTA) llegó a su punto de máxima tensión esta semana, cuando la empresa notificó en algunas de sus plantas que paralizará la actividad durante todo agosto. Eso, en medio de conflictos salariales sin resolver, entre ellos el pago del aguinaldo.

    En Pilar, este viernes los 150 trabajadores fueron informados de la suspensión de la jornada laboral desde el lunes 3 al domingo 30 de agosto inclusive. «No se desarrollarán actividades operativas ni de faena», dice el comunicado de la empresa.

    De acuerdo a lo detallado por El Diario de Pilar, al momento muchos empleados no percibieron los salarios de junio y julio, ni el aguinaldo y que recién días atrás terminaron de cobrar mayo, mes que fue liquidado en hasta 10 cuotas. Esa foto lleva a varios trabajadores a realizar changas y, también, a endeudarse.

     «Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores de la ex Crest Roja a los que «le dieron vacaciones forzadas». 

    Lo mismo pasa en la planta de la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría que hoy controla la firma Wade, subsidiaria de GTA. «Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores a los que «le dieron vacaciones forzadas».

    En mayo, LPO contó que esa planta pasó de faenar 110 mil pollos por día a 80 mil. Ahora, la situación empeoró en medio de la profundización de las importaciones de pollo de Brasil promovidas por el gobierno libertario.

    La crisis en Granja Tres Arroyos arrastra a la ex Cresta Roja, que bajó 30% su producción

    Ya en mayo, Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos al derrumbarse la faena diaria, que pasó de 700 mil a 200 mil pollos.

    La grave crisis que cruza a la principal empresa avícola del país genera una fuerte incertidumbre en trabajadores de plantas bonaerenses como Brandsen, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Pergamino y otras.

     

  • Los viajes en taxi se desploman y en La Plata la recaudación está 43% abajo de 2023

     

    En medio del debate que crece en numerosas ciudades de la provincia en torno a la regulación del servicio de transporte por aplicaciones, los taxistas alertan un derrumbe drástico en la cantidad de viajes que los pone muy por debajo del piso mínimo para la subsistencia.

    En La Plata, un estudio reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad local reveló que la cantidad de viajes durante julio registró una caída de 8,3% en la comparativa interanual.

    Con un promedio de 11 viajes diarios, el poder adquisitivo de la recaudación mensual de los taxistas platenses se posiciona un 43% por debajo de 2023.

    La cantidad promedio de viajes por hora pasó de 1,71 en julio de 2023 a 1,27 en julio de este año. 

    El informe expone que, mientras la cantidad de horas trabajadas en julio 2026 se mantuvieron respecto al mismo mes de 2025, la recaudación diaria real promedio de los taxistas disminuyó 9,4% interanual.

    En tanto, la cantidad promedio de viajes por hora pasó de 1,71 en julio de 2023 a 1,27 en julio de este año.

    La crisis de los taxistas en la capital bonaerense se monta al conflicto que tuvieron durante gran parte de julio por la escasez de GNC. Incluso, el gremio de taxistas había llegado a solicitar una asistencia financiera al municipio para capear la crisis.

    Recién en los últimos días se despejaron las complicaciones cuando se habilitaron 11 estaciones de servicio para la carga, ampliando la oferta tras las restricciones por durante los días de bajas temperaturas.

     Esto es una pizza de ocho porciones. Si comen dos o tres personas alcanza, pero si van 25 nadie come. La torta de los viajes es exactamente lo mismo. Hay cada vez menos viajes y más gente dispuesta a transportar pasajeros 

    En Mar del Plata, donde el mes pasado el Concejo aprobó un registro para conductores de apps que la comuna está terminando de reglamentar, los taxistas advierten que el incremento de la oferta se da en plena caída de la demanda.

    «Esto es una pizza de ocho porciones. Si comen dos o tres personas alcanza, pero si van 25 nadie come. La torta de los viajes es exactamente lo mismo. Hay cada vez menos viajes y más gente dispuesta a transportar pasajeros», dijo a Extra Radio el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis local, Pablo Sánchez.

    En ese sentido, Sánchez sostuvo que para tener «un sueldo digno» se necesitan 26 viajes por día, cuando hoy en Mar del Plata los taxistas están haciendo «14, 15 o 16».

    «Nos quedamos hasta 14 horas trabajando para intentar hacer alguno más, pero cada vez va a ser peor porque somos más prestando el servicio», dijo.

     

  • Villarruel dijo que Santilli conspira contra la República y lo trató de parásito

     

    Victoria Villarruel saló a responderle a Diego Santilli luego de que el jefe de Gabinete la invitara a renunciar. La vicepresidenta lo trató de parásito y dijo que conspiraba contra el orden de la República.

    Diego Santilli se sumó a los enfrentamientos de la vice, que hasta ahora tenía como interlocutores a protagonistas de menor fuste en el esquema libertario como Lilia Lemoine o Agustín Romo.

    El conflicto comenzó cuando Lemoine sugirió que «kukacruel», como llama a la vice, estaba aliada con Axel Kicillof y el Chiqui Tapia. Villarruel dijo que la diputada tenía cerebro de microbio y que se dedicaba a «llorar cariño presidencial». Pero la tensión subió cuando Milei compartió el tweet de Lemoine.

    Villarruel dijo estar preocupada por el estado de salud de Milei y sostuvo que el presidente tiene «persecuciones imaginarias» que lo llevan a tuitear estupideces y delirios, en referencia a posteos de Lilia Lemoine que replicó.

    Santilli le pidió la renuncia a Villarruel y abre un conflicto institucional

    Allí se sumó Santilli, que hasta hace un tiempo mantenía reuniones periódicas con Villarruel. Con el PRO en declive, esos encuentros fueron el atajo que encontró el ex diputado para abrirse paso en el mundo libertario. En ese momento aún no había estallado la relación entre Milei y su vice.

    Más allá de las chicanas públicas, Santilli y Villarruel tienen un rol clave para avanzar con el proyecto que más preocupa a Javier Milei: la eliminación de las Paso.

    Santilli viene negociando con los gobernadores el cambio en la normativa, pero aún no logró la mayoría necesaria para avanzar.

    Si logra juntar los votos, deberá terminar de instrumentar el acuerdo con Villarruel, que controla la agenda del Senado y a su vez mantiene una relación zigzagueante con Patricia Bullrich. Una de las preguntas que se hacen los legisladores libertarios es si la escalada del conflicto no terminará por complicar los planes del Gobierno.

    «Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular», escribió Villarruel luego de que Santilli le sugiriera dar «un paso al costado».