Sociedad

  • Hidrovía: sin impugnaciones, avanza la privatización

     

     El gobierno de Javier Milei dio otro paso en la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y confirmó que el proceso avanza sin impugnaciones formales. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó la segunda etapa de la licitación y ratificó la continuidad de las dos empresas que siguen en carrera: las belga Jan De Nul  y DEME.

    La resolución oficial establece que el próximo 19 de mayo se abrirá el Sobre N°3 con las ofertas económicas, una instancia clave porque terminará de definir quién se quedará con la concesión del dragado y balizamiento de la principal vía de exportación de la Argentina.

    Como reveló LPO, Jan De Nul logró una ventaja importante en la evaluación técnica y de antecedentes. En la compañía destacan que le sacaron 24 puntos de diferencia a DEME sobre un total de 80 puntos posibles en esa etapa, un margen que consideran determinante teniendo en cuenta que las propuestas económicas podrían ser muy ajustadas.

    En la resolución difundida este viernes, el Gobierno resaltó que el proceso avanzó «sin impugnaciones», aunque reconoció que ambas empresas realizaron presentaciones cuestionando aspectos de la evaluación técnica. Sin embargo, la comisión evaluadora concluyó que esos planteos no constituían impugnaciones formales porque no fueron acompañados por la garantía exigida en el pliego.

    Además, el organismo sostuvo que los cuestionamientos «no aportan nuevos elementos técnicos» que justifiquen modificar las calificaciones asignadas y ratificó íntegramente el orden de mérito definido en la evaluación.

    La licitación abarca la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal desde Confluencia hasta la salida al Río de la Plata. El proceso quedó en el centro de fuertes tensiones empresarias y políticas por tratarse de una concesión estratégica para el comercio exterior argentino.

     

  • Narrar las ciudades

     

    Durante gran parte del siglo XX, las ciudades pudieron narrarse a sí mismas como promesa. El progreso, la planificación, la expansión de derechos y la modernización ofrecían un horizonte que ordenaba el tiempo urbano. Había un pasado que explicaba, un presente que transformaba y un futuro que justificaba el esfuerzo colectivo. Es decir, identidad, comunidad y un horizonte compartido.

    Hoy, sin embargo, ese hilo narrativo aparece fracturado, o al menos deshilachado. En tiempos acelerados, se vuelve difícil contar una historia de manera continua. La experiencia urbana suele presentarse como escenas fragmentadas sin correlato histórico y sin integración, como si la ciudad se contase en un presente continuo, donde lo vivido pierde densidad y lo cotidiano ya no se enmarca en una trama más extensa. La ciudad que no se recuerda, se acumula. Se trata de experiencias intensas pero tan breves como historias de instagram que no logran dejar huella en una memoria compartida.

    La Plata, nacida como promesa moderna, como ciudad del porvenir, también es atravesada por la fragmentación que diluye el relato de futuro. El espíritu fundacional persiste como fantasma urbano. Está en el trazado, en los edificios, en la memoria institucional, pero ya no ordena por sí solo el horizonte colectivo, ni garantiza una proyección compartida.

    Alguien podría decir que estamos en presencia de otra manera de contar las cosas. Pero esa fragmentación y esos saltos desdibujan y atentan contra la necesaria construcción de un relato gubernamental que cuente con la también necesaria complicidad ciudadana.

    Cuando se observan las rupturas y continuidades en los proyectos de ciudad que expresan los sucesivos gobiernos locales, la ausencia de una narrativa que ordene juega un rol determinante, porque es esa ausencia la que dificulta la durabilidad de un proyecto más allá de los períodos de gestión.

    La Plata ciudad compacta o ciudad extendida. Ciudad que sostiene a los espacios públicos como identidad o avanza hacia mayor cantidad de barrios cerrados. Un cordón verde productivo que se defiende y estimula o que retrocede frente a la urbanización. 

    Esta tensión se manifiesta no solo en la práctica sino también en los discursos: los propios gobiernos locales, cuando describen el modelo de ciudad que imaginan, revelan esas contradicciones. Byung-Chul Han habla de una verdadera crisis de la narración. Ese relato, que durante siglos permitió a las sociedades articular pasado, presente y futuro en una historia compartida, ha sido desplazado por el flujo incesante y enloquecido de información. Mientras una narración construye sentido, continuidad e identidad, la información fragmenta, acelera y disuelve la trama. Donde no hay relato, no hay experiencia histórica, sino un presente perpetuo o desorientación temporal. Esta mutación cultural afecta de lleno a la vida urbana, donde la ciudad se vuelve escenario de acontecimientos sucesivos y simultáneos, pero donde cuesta pensarse como proceso y como proyecto.

    Para Alejandro Galliano, el capitalismo contemporáneo no sólo reorganizó la economía y la cultura, sino también la experiencia del tiempo. Así, el futuro dejó de funcionar como promesa estructurante y el presente se impuso como un continuo sin horizonte. Esta dificultad para proyectar y para inscribir la experiencia en una trama histórica afecta de manera directa a las ciudades, que ya no se perciben como procesos sino como superficies de acontecimientos. La ciudad se vive, se recorre, se consume, pero se vuelve muy difícil narrarla como una historia que articule sentido y dirección.

    La ciudad como texto, mito y fantasma

    Walter Benjamin advirtió, tempranamente, que la modernidad urbana se manifiesta en constelaciones, ruinas y fantasmas. El pasado no desaparece, sino que irrumpe de manera fragmentaria, espectral, exigiendo ser leído e interpretado. Las ciudades son archivos vivos donde se superponen capas de sentido, proyectos inconclusos, promesas truncas y mitos persistentes que retornan bajo nuevas formas.

    Aparece, entonces, la idea de los mitos. Roland Barthes pensó la ciudad como un sistema de signos. El mito, para él, no es una fábula arcaica sino un dispositivo que naturaliza construcciones históricas, que vuelve “evidente” lo que en realidad es producto de determinadas relaciones de poder y de sentido. Las ciudades están atravesadas por mitologías urbanas, relatos que organizan identidades, expectativas y jerarquías, muchas veces de manera silenciosa y transformando en “naturales” determinadas formas de habitar, de circular y de imaginar el futuro.

    Desde el campo de la comunicación política, Mario Riorda ha insistido en que la narrativa no es un adorno ni una técnica de difusión, sino la arquitectura que ordena una gestión. Los mitos de gobierno no son ficciones, son relatos que construyen horizonte, producen legitimidad y articulan decisiones en torno a una idea de futuro. Sin narrativa gubernamental no hay proyecto, no hay conducción de un proceso histórico; hay administración de lo dado.

    Esto implica que gobernar no es sólo gestionar servicios o ejecutar obras, sino producir un relato que vuelva inteligible el tiempo urbano: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La narrativa no reemplaza a la política pública, pero le da sentido, dirección y coherencia estratégica.

    Riorda es, precisamente, quien más indaga en la idea de mito de gobierno como un proyecto que debe ser apropiado por la sociedad, e implica coherencia entre relato y políticas públicas a nivel institucional y, a la vez, compartido por la comunidad. Si no hay complicidad social, no hay posibilidad de trascender la gestión. O ni siquiera de que el mito funcione.

    La Plata, espíritu fundacional

    La Plata, ciudad planificada, capital administrativa y universitaria, encarna de modo singular esta tensión entre mito, tiempo y proyecto. La ciudad funciona, crece, se transforma, y requiere de una narrativa integradora que articule su pasado planificado con un proyecto capaz de convocar a la comunidad, a la dirigencia y a las instituciones en torno a un mismo horizonte. Garantía de no ser víctima de rupturas permanentes.

    Francisco Colom González recuerda que las ciudades no sólo se habitan, sino que son construcciones narrativas que articulan memoria, experiencia y promesa. Cuando esa capacidad de relato se debilita, el espacio urbano pierde espesor histórico y se reduce a una suma de fragmentos funcionales. Narrar una ciudad es, en este sentido, un acto político que define qué pasado se recuerda, qué presente se interpreta y qué futuro se imagina como posible.

    Hay instancias en que las ciudades se ven en ese tiempo de redefinición, como les pasó a Barcelona y a Bilbao. Cuando su mito fundacional se ve agotado y da paso a una transformación con otro horizonte. Pero se narra un proceso que, sin desentenderse de su historia, explica el cambio e intenta otorgar un sentido compartido. 

    Barcelona tuvo su momento de quiebre en los Juegos Olímpicos de 1992, aunque ya a fines de la década del 70 había iniciado un proceso de cambio. A partir de entonces logró construir una narrativa de ciudad innovadora, creativa y mediterránea. 

    Bilbao, por su parte, tuvo una reconversión postindustrial. Un caso un tanto más traumático producto de la crisis de los años 70 y 80 con la caída de la industria pesada. Asociada a las chimeneas, el humo industrial, el color gris, y cierta decadencia, tuvo también un giro notable. Al principio, con muchos reparos por parte de sus habitantes. 

    El giro llegó hacia fines del siglo XX con el llamado “efecto Guggenheim”: el museo se instaló en el marco de una estrategia urbana previa que ya venía transformando la ciudad.

    Por caso, recrear una narrativa para La Plata no significaría, entonces, repetir nostálgicamente su mito de origen, sino reescribirlo a la luz de sus desafíos contemporáneos, como su expansión y metropolización, las desigualdades territoriales, la cuestión ambiental, la economía del conocimiento, los cambios y tendencias demográficas, la identidad bonaerense y la inserción regional, entre otras tantas dimensiones que impactan en su devenir.  

    Aunque todavía no se presenta como tal, está cada vez más presente la idea de pensar a La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires. Navega en la tensión de quedar asociada al conurbano —con todas las connotaciones que eso conlleva— o construir su identidad de región capital junto a Berisso y Ensenada.  

    Significa, entonces, volver a articular pasado, presente y futuro en una trama que permita pensarla como proyecto histórico y no sólo como administración de lo existente. Pero es cierto también que el presente de una ciudad está atravesado por sus espectros: ideales fundacionales, promesas de progreso, traumas sociales y modelos de futuro que no se cumplieron, pero que siguen ordenando el imaginario. Esos fantasmas no son decorativos sino que estructuran el modo en que se gobierna, se planifica y se legitima el poder. El pasado no está detrás, camina al lado, como una sombra que orienta y condiciona el rumbo. Dardo Rocha y el proyecto fundacional acompañan, de algún modo, a cada gestión de gobierno y a la propia comunidad.  

    Cuando el tiempo parece haberse vuelto plano y el futuro incierto, la narrativa urbana se convierte en una herramienta central de gobierno. No como propaganda, sino como construcción de sentido y de horizonte. Porque una ciudad sin relato es apenas un territorio que funciona; una ciudad con narrativa es una comunidad que se reconoce en su historia, interpreta su presente y se anima a proyectarse hacia un futuro compartido.Sin narrativa no hay proyecto. Y sin proyecto, no hay ciudad como comunidad histórica capaz de pensarse a sí misma en el tiempo.

    La entrada Narrar las ciudades se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    El Gobierno convierte al Estado en garante de financieras: salarios públicos cada vez más hipotecados

     

    El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.

    El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.

    La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.

    En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Un Estado al servicio del cobro automático

    El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.

    Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.

    El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.

    La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.

    En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.

    Salarios débiles, deuda fuerte

    La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.

    Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.

    En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.

    El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.

    El trasfondo silencioso del modelo Milei

    La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.

    En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.

    Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.

    Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.

     

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    Privatizan AySA: Milei avanza con la entrega del agua y abre una licitación internacional para vender el 90% de la empresa

     

    Las pocas joyas de la abuela que quedan…

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.

    La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

    Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.

    El regreso del modelo de los ‘90

    La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.

    Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.

    Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.

    Tarifas, negocios y control social

    El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.

    La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.

    El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.

    Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.

     

  • Los plazos fijos UVA crecieron 80% en abril por la baja de tasas fijas y el salto de la inflación

     

    En un contexto marcado por el repunte inflacionario y la caída de las tasas tradicionales, los plazos fijos UVA crecieron más de 80% durante abril y superaron el billón de pesos en el sistema financiero.

    El fenómeno refleja un cambio de comportamiento entre los ahorristas, que buscan alternativas para no perder poder adquisitivo frente a una inflación que volvió a acelerarse.

    Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el stock de depósitos UVA pasó de unos $555.000 millones en marzo a más de $1 billón en abril, impulsado por la necesidad de cobertura frente a la suba de precios.

    El atractivo principal de estos instrumentos es que ajustan por inflación a través del coeficiente CER, por lo que el dinero mantiene su valor real durante el plazo de inversión. Además, los bancos suelen agregar una tasa extra, aunque actualmente esa rentabilidad adicional es reducida.

    Sin embargo, detrás del boom aparecen dudas importantes para los ahorristas e inversores: ¿conviene realmente inmovilizar el dinero en un plazo fijo UVA o existen alternativas mejores?

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    De acuerdo al asesor financiero Fernando Villar, el instrumento puede servir, pero tiene limitaciones claras. «La opción de plazo fijo UVA en general es una alternativa para un público conservador que no necesite liquidez», explicó. El especialista remarcó que estos depósitos suelen exigir inmovilizar el dinero durante al menos 90 días y que, en caso de cancelación anticipada, las condiciones son poco convenientes.

    «El rendimiento real que uno tiene es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación», sostuvo Villar. Según indicó, muchos bancos están pagando apenas «inflación más 1%» e incluso algunos ofrecen menos que eso.

    El rendimiento real del plazo fijo UVA es muy escaso. En general, uno con suerte se cubre de la inflación

    Ese punto es central para entender el debate actual. El plazo fijo UVA no está pensado para generar grandes ganancias, sino para preservar el valor del ahorro en pesos. Es decir, funciona más como una herramienta defensiva que como una inversión de rendimiento.

    En paralelo, las tasas de los plazos fijos tradicionales quedaron rezagadas frente a la inflación y ahora rondan el 20% nominal anual. Durante abril, varias entidades financieras redujeron los rendimientos de las colocaciones a tasa fija, lo que empujó a muchos ahorristas hacia alternativas indexadas.

    En este marco, Joaquín Arregui, fundador y director de la consultora, coincidió en que existen opciones más eficientes dentro del mercado de capitales. «Los bonos CER surgen como una alternativa claramente superior», afirmó Arregui. Estos títulos también ajustan por inflación, pero suman una tasa adicional que hoy ronda el 4% anual para vencimientos superiores a un año.

    Además, tienen otra ventaja clave: la liquidez. «Pueden venderse en el mercado secundario en cualquier momento sin penalidades», sostuvo el ejecutivo. En cambio, el plazo fijo UVA obliga a esperar hasta el vencimiento para recuperar el capital sin pérdidas.

    Villar también destacó ese aspecto. «En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios», señaló. Según detalló, algunos bonos CER están ofreciendo rendimientos de «inflación más 3% o más 5%», algo considerablemente más atractivo que el rendimiento bancario.

    En el mercado de capitales hay bonos atados a inflación que en general uno puede vender en cualquier momento, con lo cual tiene liquidez, y hasta hay pagos de renta intermedios

    De todos modos, ambos especialistas advierten que ninguna inversión en pesos está exenta de riesgos. Villar recordó que siempre existe el peligro de una suba del tipo de cambio superior a la inflación, lo que podría licuar las ganancias reales en dólares.

    «Dentro de una cartera diversificada, tener algo atado a inflación está muy bien. Ahora, el plazo fijo UVA, si bien es lo más fácil de obtener en el banco, no es lo más conveniente», resumió.

     

  • Un informe de las FFAA revela que el salario de los militares cayó 80% desde que asumió Milei

     

    Las Fuerzas Armadas atraviesan una situación crítica que combina la falta de cobertura por la crisis de la obra social, el ajuste salvaje que se oficializó con el último decreto del Gobierno para el Presupuesto, y los bajos salarios. 

    Este último ítem ha sido motivo de análisis tras un informe

    interno

    que revela que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes del personal militar registraron una suba acumulada del 139,03%, muy por debajo del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 219,14% en el mismo período. Es decir, una caída del 80 por ciento.  

    El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados.

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    Los datos reflejan una marcada pérdida del salario real del personal militar frente al costo de vida. Mientras en diciembre de 2023 los haberes partían de una base de 100 puntos -igual que el resto de los indicadores-, para marzo de 2026 alcanzaron 239,03 puntos. En contraste, el IPC llegó a 319,14 puntos; alimentos y bebidas no alcohólicas, a 289,91; y vivienda y servicios básicos, a 517,41 puntos. 

    El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados

    La mayor brecha se observa en el rubro de servicios esenciales. El costo de vivienda, agua, electricidad y gas más que quintuplicó su valor inicial, mientras que los ingresos militares apenas lograron duplicarse. Esta diferencia impacta de manera directa en la capacidad de sostener gastos fijos del hogar y en el acceso a bienes básicos. En alimentos, aunque la suba fue menor que en servicios, también superó ampliamente la recomposición salarial. 

    El exministro de Defensa Luis Petri

    El índice pasó de 100 a 289,91 puntos, casi 51 puntos por encima de los haberes militares. Una fuente militar que sigue de cerca todo este proceso explicó a LPO que «este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales». 

    Este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales

    «La comparación deja en evidencia que, pese a los incrementos otorgados en el período, la actualización de haberes no logró acompañar el ritmo de la inflación general ni el fuerte encarecimiento de los servicios básicos, consolidando una pérdida sostenida del ingreso real», agregó.

    La crisis en la obra social de los militares aumenta el malestar de las FFAA con Presti 

    La situación salarial también aumenta el malestar con el ministro Carlos Presti que no pudo dar respuestas a las demandas de sus compañeros de armas desde que llegó al ministerio. Fuentes militares consultadas por LPO hablan de «desazón general» y afirman que «el 99 por ciento de las Fuerzas Armadas no tiene un concepto de Presti peor que el de Petri pero sí considera que no es la voz de las FFAA en el gobierno sino que es el gobierno de uniforme dando ordenes directamente». 

    La crisis salarial en las Fuerzas Armadas es un problema de arrastre. Durante el gobierno de Alberto Fernandez, con Sergio Massa en Economía y Jorge Taiana en Defensa, se empezó un plan de jerarquización de los haberes para que el personal militar cobre igual que las fuerzas de seguridad. Eso fue interrumpido tras la asunción de Javier Milei y la situación se agravó a punto tal que muchos militares activos tiene que buscar otro trabajo para sobrevivir.