La tensión entre el gobierno provincial y los tribunales cordobeses alcanzó su punto de máxima ebullición. En una movida inédita, que quiebra la histórica diplomacia subterránea entre el poder político y el judicial, cerca de un millar de jueces, camaristas y fiscales presentaron formalmente una batería de recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.
De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal.
La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal
Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial.
La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.
La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales.
Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes
El debut bursátil de SpaceX dejó a Wall Street mirando hacia adelante. La empresa de Elon Musk cerró este viernes por encima de los USD 161 por acción y alcanzó una valuación superior a los 2 trillones de dólares. El volumen de capital movilizado pulverizó el récord de la petrolera Saudi Aramco en 2019 y de la tecnológica Alibaba en 2014.
Se estima que la colocación inicial dejó a la empresa de Elon Musk alrededor de USD 75.000 millones en efectivo fresco, con el porcentaje que se destinó a flotar en la bolsa con un valor inicial de USD 135 que rápidamente escaló a USD 161 la acción. Fue la IPO más grande de la historia.
El mayor estreno bursátil de la historia no solo convirtió a Musk en el primer trillonario del planeta, sino que abrió un debate global sobre la extrema desigualdad en el mundo actual, donde un hombre acumula meas riqueza que varios países. «El dato es que la riqueza de algunos y la desigualdad está creciendo a niveles que nunca vimos», le dijo Steven Durlauf, académico de la University of Chicago al NYT.
De hecho, el único antecedente de semejante riqueza en el mundo contemporáneo es John D. Rockefeller que en 1937 llegó. acumular una fortuna personal equivalente a 1.5 por ciento del PBI de Estados Unidos. Luego de la IPO de Space X, Musk alcanzó una fortuna equivalente al 3 por ciento del PBI de Estados Unidos. El empresario no vendió ni una de las acciones de la empresa espacial en su poder, que de manera inmediata pasaron a valer casi 900 mil millones de dólares, más de doble de la deuda externa de Argentina. «Si esto no es un ejemplo de oligarca, no se que es», afirmó el senador demócrata Bernie Sanders.
Como sea, el sismo que causó la irrupción bursatil de Space X, que de inmediato su hizo un lugar entre las siete magníficas abrió una pregunta más profunda: ¿estamos frente al nacimiento de una nueva camada de gigantes tecnológicos capaces de redefinir Silicon Valley?.
Nunca antes tres compañías con valuaciones cercanas o superiores al trillón de dólares habían apuntado a salir a bolsa en un mismo ciclo. Después de SpaceX, todas las miradas se concentran en OpenAI y Anthropic, las dos empresas que lideran la carrera global por la inteligencia artificial.
La respuesta que circula entre bancos de inversión y analistas es afirmativa. Nunca antes tres compañías con valuaciones cercanas o superiores al trillón de dólares habían apuntado a salir a bolsa en un mismo ciclo. Después de SpaceX, todas las miradas se concentran en OpenAI y Anthropic, las dos empresas que lideran la carrera global por la inteligencia artificial.
Según reconstruyó el diario The New York Times, ambas compañías aceleraron durante las últimas semanas sus preparativos para cotizar en los mercados de capitales. Anthropic presentó de manera confidencial su documentación ante la SEC el 1 de junio. OpenAI hizo lo mismo una semana después. El procedimiento permite que los reguladores revisen la información financiera sin exponer todavía los detalles al mercado.
El CEO de Open IA, Sam Altman.
Anthropic, pese a la batalla que mantiene con la administración Trump -o quizás gracias a ella- parece llevar ventaja. Los mercados financieros le asignan mayores probabilidades de convertirse en la próxima gran IPO. Las estimaciones ubican su estreno hacia octubre. OpenAI mantiene un calendario más flexible. Su directora financiera, Sarah Friar, insiste públicamente en que la prioridad es construir una empresa sostenible antes que acelerar los tiempos de cotización. Sin embargo, la presión del mercado se siente.
La pelea central pasa por las valuaciones. Anthropic fue impulsada por una sucesión de rondas privadas que la llevaron a valores cercanos a los USD 965.000 millones. Mientras que OpenAI, la compañía que creó ChatGPT, ya exhibe ingresos anualizados cercanos a los USD 25.000 millones. Los bancos que trabajan en la operación buscan sostener una valuación de referencia del trillón de dólares.
La magnitud del fenómeno obliga a mirar más allá de cada empresa. Analistas de mercado calculan que SpaceX, OpenAI y Anthropic podrían captar cerca de USD 200.000 millones en conjunto si colocan alrededor del 5% de su capital. La cifra supera todo lo recaudado por las grandes IPO estadounidenses entre 2022 y comienzos de 2026. Es un elefante entrando a una pileta que ya parece llena. El agua necesariamente se moverá.
Muchos esperan que OpenAI y Anthropic produzcan un fenómeno similar, pero esta vez sobre los nombres más pesados del sector tecnológico. Microsoft, Alphabet o Meta podrían sufrir ventas técnicas a medida que Wall Street reequilibre posiciones para incorporar a los nuevos jugadores puros de inteligencia artificial.
De hecho, el primer efecto ya apareció. El estreno de SpaceX provocó ventas en compañías vinculadas al sector espacial y satelital. Fondos y ETFs tuvieron que liberar espacio en sus carteras para incorporar al nuevo gigante, la cotización de varias «espaciales» caía, mientras Space X se disparaba. Muchos esperan que OpenAI y Anthropic produzcan un fenómeno similar, pero esta vez sobre los nombres más pesados del sector tecnológico. Microsoft, Alphabet o Meta podrían sufrir ventas técnicas a medida que Wall Street reequilibre posiciones para incorporar a los nuevos jugadores puros de inteligencia artificial.
Los optimistas sostienen que las métricas tradicionales ya no alcanzan para evaluar compañías que aspiran a controlar la infraestructura tecnológica del siglo XXI. Argumentan que SpaceX domina sectores estratégicos como los lanzamientos espaciales y las comunicaciones satelitales, mientras que OpenAI y Anthropic compiten por desarrollar inteligencia artificial general. Para este grupo, la IA será la nueva electricidad: una plataforma transversal sobre la que funcionará buena parte de la economía global. Bajo esa lógica, las valuaciones actuales serían apenas una estación de paso.
Los escépticos observan otra escena. Recuerdan que OpenAI y Anthropic consumen miles de millones de dólares en chips, centros de datos y energía. El problema no es la innovación sino la rentabilidad. Nadie sabe todavía si los ingresos futuros podrán compensar semejante nivel de gasto. La gran incógnita es si estas compañías venden una autopista o simplemente el peaje de una promesa.
El CEO de Space X, Elon Musk.
Las advertencias se multiplican. Ali Ghodsi, CEO de Databricks, advirtió días antes de la salida de SpaceX que 2026 podía convertirse en «un año terrible para salir a bolsa» debido a la feroz competencia por captar liquidez. Ivan Cosovic, director gerente de Breakout Point, describió el clima de época en Wall Street: «Ven el juego que se está jugando, se burlan abiertamente de él y luego planean jugarlo de todos modos».
Incluso dentro de OpenAI existen dudas. En el sector se conocen las tensiones entre Sarah Friar y Sam Altman respecto al momento adecuado para cotizar. La preocupación gira alrededor de los compromisos multimillonarios de inversión en infraestructura y la velocidad real a la que crecerán los ingresos. El debate es simple: cuánto tiempo puede sostenerse una carrera donde el combustible cuesta decenas de miles de millones de dólares.
Desde la política también llegaron cuestionamientos. La senadora demócrata Elizabeth Warren criticó duramente el debut de SpaceX y puso bajo sospecha las proyecciones que justifican semejantes valuaciones. Para sus detractores, el entusiasmo actual recuerda otros momentos de euforia tecnológica donde el mercado terminó descubriendo que el futuro llegaba más lento de lo prometido.
De hecho, las ganancias de Space X vienen en picada, debido a las monumentales inversiones que está haciendo en mega campus de IA. Las inversiones masivas en inteligencia artificial de casi todas las tecnológicas están drenando sus ganancias, bajo la promesa de rentabilidades futuras. Una apuesta que inquieta a varios inversores.
Pero por ahora, SpaceX cotiza a múltiplos que hace pocos años hubieran parecido delirantes. Los inversores los aceptan porque creen estar comprando algo más que ingresos o ganancias: una porción del futuro, que se supone ofrecerá la «economía espacial». OpenAI y Anthropic generan expectativa bajo la misma lógica. Ya no se trata de cuánto ganan hoy, sino de la pelea por quién controlará las herramientas con las que f-se supone- funcionará la economía de mañana. Cuanto hay de burbuja y cuanto de pronóstico fundado es la pregunta que contestará el tiempo.
Donald Trump anunció este sábado que el domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.
«El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS», aseguró el líder republicano en su red Truth Social.
El mensaje de Trump llega después de que el gobierno de Pakistán confirmara que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas.
No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní había descartado que la firma tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en los próximos días.
En su mensaje, Trump aseguró haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares:»Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición», afirmó.
El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS
Según el líder republicano, el acuerdo no incluye ningún «intercambio de dinero» con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.
Primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.
«Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos», declaró.
El viernes, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo en X que «estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (…) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana».
Luego, tras una conversación telefónica entre Sharif y su homólogo de Qatar, otro país mediador, su oficina publicó más tarde un comunicado que menciona una firma «muy pronto».
El Gobierno modificó el decreto para la designación de jueces en la Corte Sumprema, para barrera la mayoría de los controles de la sociedad civil que tenía el proceso. La modificación, que representa otro retroceso institucional del gobierno libertario, se instrumentó cuando el caso Adorni toca otro pico de indignación libertaria.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces del máximo tribunal. Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.
El decreto agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.
El telón de fondo de esta decisión está vinculada la reunión secreta que Milei tuvo con Ricardo Lorenzetti esta semana, revelada en exclusiva por LPO. En ese encuentro el magistrado y el presidente acordaron impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte Suprema, que en caso de concretarle le permitiría a Lorenzetti consolidar una nueva mayoría en el máximo tribunal.
El decreto firmado agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación
La reunión se realizó el martes en la Quinta de Olivos y no estuvieron ni Karina Milei ni Juan Bautista Mahiques. LPO reveló hace tiempo que el presidente tiene diálogo directo con el juez de la Corte, con quien chatea bastante seguido.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti se aprovechó de ese contacto directo y convenció a Milei de que hay que avanzar ahora con la integración de la Corte.
Mahiques dijo públicamente que la designación de los dos jueces que hay que nombrar para completar la Corte quedarían para el segundo mandato. Fue un gesto al actual presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, con quien el ministro estableció una alianza que favoreció su desembarco en el Ministerio de Justicia.
Pero Lorenzetti le hizo cambiar de idea a Milei, en una jugada extraña porque no incluye al peronismo que tiene los votos en el Senado para facilitar o voltear la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema.
El otro dato extraño es que los dos jueces que le llevó Lorenzetti como candidatos son muy cercanos a él, pero no tienen mayor afinidad al Presidente. Es decir, Milei pondría la firma para que Lorenzetti consolide y amplíe su poder en el máximo tribunal del país.
Los candidatos son el camarista Mariano Borinsky, experimentado integrante de la Cámara de Casación Penal: y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, muy cercana a Lorenzetti.
La Liga Naval Argentina elevó una nota formal a la Embajada de Estados Unidos en la que expresa su preocupación por las iniciativas de desregulación del transporte marítimo y fluvial en el país impulsada por Federico Sturzenegger.
El organismo dice que estas políticas podrían favorecer el avance de intereses extranjeros -particularmente chinos- sobre sectores estratégicos de la navegación nacional.
En el documento sostiene que una apertura amplia del cabotaje podría provocar un fuerte deterioro de la marina mercante argentina y alterar el equilibrio geopolítico en el Atlántico Sur.
Según el planteo, la medida permitiría que empresas vinculadas al Estado chino operen en rutas marítimas y fluviales argentinas sin exigencias equivalentes a las que enfrentan los actores locales.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos.
En ese sentido, señalan que mientras las Fuerzas Armadas impulsan acciones destinadas a fortalecer la vigilancia y el control del mar argentino frente a la actividad de flotas extranjeras, especialmente pesqueras, una apertura del cabotaje facilitaría el ingreso de actores vinculados al gobierno chino a sectores considerados sensibles.
La nota advierte que una eventual participación de navieras chinas en el comercio de cargas a través del mar territorial argentino y de la Hidrovía Paraná-Paraguay podría derivar en una posición dominante de ese país en la región, afectando tanto la actividad económica nacional como los intereses estratégicos vinculados al control de los espacios marítimos
El documento también cuestiona la efectividad de las medidas anunciadas para exigir la contratación de tripulaciones del Mercosur en embarcaciones extranjeras. Según la entidad, esa condición resultaría insuficiente para garantizar una participación real de intereses nacionales, ya que los armadores mantendrían el control operativo y comercial de los buques.
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos.
Bajo ese diagnóstico, la Liga Naval Argentina solicitó formalmente una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos para ampliar los argumentos expuestos y analizar las implicancias que, a su juicio, tendría la reforma para la seguridad hemisférica, el comercio regional y la presencia estratégica en el Atlántico Sur.
La gestión se produce en medio del debate abierto en torno a la desregulación del sector marítimo argentino y refleja la preocupación de sectores vinculados a la marina mercante y la defensa nacional por el impacto que podrían tener los cambios regulatorios sobre la soberanía económica y el posicionamiento geopolítico del país.
En la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo
Un militar al tanto de la situación afirmó a LPO que el informe ya está en manos de Peter Lamelas y reveló que «en la embajada hay preocupación porque Sturzenegger les prometió que para evitar la presencia de marinos chinos a través de una obligación que cualquier buque extranjero que venga tenga que ser tripulado por marinos del Mercosur y eso no se está cumpliendo».
En este contexto, especialistas de la Liga Naval han confeccionado un minucioso informe sobre los perjuicios que tendría para la soberanía nacional y la defensa, la presencia, la desaparición de una marina mercante de bandera y su reemplazo por una flota extranjera.
«Esti es un problema, sea cual sea la bandera. Porque acá es lo mismo que sean chinos, turcos o rusos. La diferencia es que los chinos no tienen problema en perder plata. Los alemanes no van a venir a perder plata acá porque no les interesa. A los chinos sí», concluyó.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.
«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».
La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.
El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.
El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.
El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.
Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.
El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.
El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.
El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.
Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.
El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.
La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.
El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.
Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.
La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.
Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.
La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles.
El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.
Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.
El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza.
La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.
