La inflación volvió a ponerse picante justo cuando el Gobierno necesita mostrar una desaceleración, luego del escándalo de la intervención en el Indec, para evitar que se conociera el índice actualizado que ubicaba la inflación de enero por arriba del 3 por ciento.
Las estimaciones privadas muestran un consenso llamativo: aún el IPC desactualizado no logra perforar el piso del 2%. Equilibra proyectó una inflación de 2,3% para febrero. LCG la ubicó entre 2,5% y 2,6%, mientras que EcoGo se ubicó en la punta del mercado con proyecciones cercanas al 3% mensual. El mercado empieza a asumir que el nuevo piso inflacionario quedó instalado entre 2,5% y 3%, lejos del sendero descendente que buscaba Economía para el primer trimestre.
Detrás del número aparece el factor que más preocupa a economistas y empresas: las tarifas. A la persistencia de la suba de alimentos se suman los aumentos en electricidad, transporte y gas. Con un agravante, en el índice actual, que Milei y Caputo no quisieron actualizar, tienen un peso relativo bajo. Es decir, en la realidad del bolsillo la inflación pega más fuerta.
En términos de la estadística desactualizada del Indec, electricidad y gas explican una porción menor del IPC, pero en la economía cotidiana funcionan como gastos rígidos imposibles de postergar.
Esa tensión entre medición técnica y percepción social no es nueva: justamente la discusión por el rediseño del índice de precios y el peso de los servicios públicos fue determinante de la salida forzada de Marco Lavagna del Indec, cuando Milei y Caputo lo obligaron a esconder el nuevo índice a días de publicarlo. Un escándalo.
El nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras.
Ahora el nuevo esquema focalizado de subsidios implica que la tarifa eléctrica puede aumentar hasta 67% para hogares que mantienen asistencia estatal, según datos difundidos por las propias distribuidoras. El cambio no responde tanto a un aumento del costo de la energía sino a una redefinición del consumo subsidiado: el tope baja a 150 kwh mensuales, prácticamente la mitad de lo permitido durante el verano, tal como calculó el sitio especializado El Post Energético.
La explicación oficial tuvo un giro inesperado. Desde Energía aseguraron que el impacto «no se va a sentir» porque en marzo el consumo cae por razones estacionales. La frase circuló rápido entre analistas y empresarios: el ajuste existe, pero se apuesta a que el clima lo disimule. La lógica es simple: si los hogares consumen menos electricidad, la factura final podría bajar pese al aumento tarifario.
El argumento oficial combina economía y meteorología: marzo sería un mes templado que permitiría avanzar con la recomposición tarifaria sin provocar un salto visible en el gasto familiar.
La Libertad Avanza tensiona en la Legislatura y pretende quedarse con tres de las principales comisiones. Pidieron ocho comisiones, entre ellas Seguridad, Justicia y Asuntos Constitucionales.
El panorama no es sencillo para el oficialismo, que cuenta con 11 bancas a las que se pueden sumarse cinco del radicalismo. Pilar Ramírez consiguió sumar otro escaño con la partida del bloque larretista y tiene 14.
Todavía no está claro cuál es el alcance del acuerdo entre el PRO y los libertarios. Hasta ahora se comportaron como adversarios del gobierno y su acompañamiento estuvo casi siempre en duda.
Por una regla no escrita, la comisión de Presupuesto debería quedar para el PRO, pero LLA quiere discutir el resto. En total, la Legislatura tiene 27 comisiones y 2 juntas que se reparten según la cantidad de integrantes de cada bloque y según el equilibrio político que existe en el parlamento.
La comisión de Justicia estuvo en los últimos años en manos del radicalismo, pero LLA reclama la presidencia. En los próximos meses se convertirá en uno de los lugares más importantes de la Legislatura: por allí pasarán los acuerdos de decenas de magistrados. Lo mismo ocurre con la junta de Ética, que sería para el peronismo.
Como contó LPO, Karina quiere ganar influencia en la Justicia, un ámbito en dónde en la última década tallaron Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos.
Por el sistema D’Hont, a los libertarios les corresponderían 7 comisiones, pero aspiran a quedarse con 8. «Va a ser difícil que el PRO y aliados puedan manejar Seguridad, Justicia y Asuntos constitucionales. Van a tener que ceder una o más de una», explicó un veterano legislador.
El peronismo, primera minoría con 20 integrantes, podría manejar Educación, Salud y la junta de Ética además de otras menos relevantes.
«Está todo muy abierto, el lunes arranca todo, pero las discusiones van a seguir», dijo a LPO una fuente parlamentaria que no se animó a vaticinar cómo quedará el reparto de poder en la Legislatura.
Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.
Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».
Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.
El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.
Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.
La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.
La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo
En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.
Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.
En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».
La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.
El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.
El Congreso vuelve a ser escenario de un debate que lleva décadas en la Argentina. Pero esta vez, la discusión se produce bajo un formato inédito: Diputados lo trató en sesiones extraordinarias y sin convocar a audiencias públicas. En apenas 48 horas dio media sanción a un proyecto que reforma la ley vigente permitiendo que un adolescente pueda ser castigado penalmente a partir de los 14 años, con un tratamiento que en ciertos aspectos equipara y aún agrava los castigos a los adultos. Así llegó al proyecto al Senado.
El apuro, se argumenta, es generado por la emergencia de “menores homicidas” que ponen en riesgo la seguridad nacional. Así, se clausura de manera abrupta un debate social construido desde el regreso de la democracia y, especialmente, a partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño a la Constitución en 1994. Desde entonces, se presentaron más de 100 proyectos de reforma del régimen penal juvenil. Las controversias siempre se enfocaron en dos ejes: ¿qué sentido imprimirle a la reforma? ¿Cuál debería ser la edad de inicio de la responsabilidad penal, hasta ahora fijada en 16 años?
La escena legislativa actual no sólo desconoce y descarta esa trayectoria de discusiones, sino también los debates y argumentaciones que alojó ese mismo Palacio en la última década, cuando en 2017, 2019 y 2024 se realizaron sendas audiencias públicas sobre el tema. Entonces, por el Congreso desfilaron juristas, instituciones especializadas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, iglesias, sindicatos de maestras/os y trabajadores estatales de niñez, referentes de organizaciones territoriales, universidades y especialistas de distintas profesiones -pediatras, psicólogos, cientistas sociales y neurocientíficos-, así como también víctimas y familiares de hechos delictivos protagonizados por adolescentes. Los propios chicos y chicas, organizados en centros de estudiantes y organizaciones sociales y artísticas, llevaron al recinto lenguajes propios, por ejemplo, un rap contra de la baja de la edad penal cantado por ellos mismos. En cada presentación la mayoría fue rotunda: ninguna reforma debería incluir la baja de edad de punibilidad ni el endurecimiento de las penas. La manera más eficiente de abordar a los adolescentes de hasta 15 años que cometen delitos es trabajar comunitariamente y desde las áreas educativas y sociales del Estado, por fuera del sistema penal.
Esta vez, sólo los familiares de víctimas fueron convocados a último momento a dar su testimonio ante los legisladores. Pero no fueron todas las víctimas, sino sólo aquellas que están a favor del proyecto oficialista. Apelando a la exacerbación de la conmoción y el horror, se configura una escena con actores que parecen contrapuestos: “las víctimas” (y la identificación de todas las personas “de bien” con esta posición) versus los “menores homicidas”, al acecho de la sociedad. Como si los derechos de unos y otros fueran incompatibles, la escena se inscribe en una larga gramática histórica y la actualiza: la criminalización de las infancias populares y su exclusión de la infancia “normal”.
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En la Argentina, los delitos cometidos por personas menores de edad vienen bajando de manera sostenida. Según un relevamiento de Unicef y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el total de adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas penales en todo el país pasó de 7.169 en 2015 a 4.068 en 2024, lo que representa en la actualidad el 0,06 por ciento del total de los adolescentes argentinos. El porcentaje de hechos cometidos en relación a la cantidad total de delitos también desciende de manera permanente y pronunciada: en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor población de niños y adolescentes, el Ministerio Público indica que las investigaciones penales a personas de 16 y 17 años (hoy punibles) constituían el 4,34 por ciento en 2009 , mientras que en 2024 representaron el 2,05 por ciento del total de delitos investigados. Además, la mayoría de estos delitos (el 84 por ciento) son contra la propiedad; por ende, de menor violencia y gravedad.
La incidencia de los adolescentes de 15 años o menos sobre los delitos graves, es aún más baja: por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo un solo homicidio cometido por una persona de menos de 16 años según un informe realizado por el Consejo de la Magistratura, y en provincias como Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego no hubo ni un caso entre el 2017 y el 2024, según la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una mirada al contexto internacional completa el panorama: en América Latina, según datos de Unicef, los países que bajaron la edad de punibilidad hace décadas son los que cuentan actualmente con mayor tasa de homicidios; la Argentina en cambio, manteniendo la edad en 16 años, presenta una de las tasas más bajas: es decir, tiene un nivel mayor de seguridad.
En base a estos datos, un visitante ajeno a las discusiones locales podría tomar el caso argentino como un modelo exitoso en relación al delito adolescente. ¿Por qué entonces prospera esta reforma bajo la muletilla “delito de adulto, pena de adulto”? ¿Qué concepciones acerca de la infancia se ponen en juego para que se acepte excluir a los más chicos que delinquen del tratamiento específico social y jurídico reconocido actualmente a los niños por su condición de tales?
La avanzada antiderechos del gobieno actual explica, en gran parte, el cambio de escena. Desde 2024 asistimos a una arremetida integral contra las infancias y adolescencias vehiculizada a través de la desarticulación de dependencias públicas y equipos profesionales ocupados de esos grupos etarios, el desfinanciamiento de instituciones educativas, sanitarias y de cuidado, el recorte de programas de promoción de derechos y becas y de la falta de inversión en infraestructura social.
Sin embargo, el avance del proyecto de baja de la edad de punibilidad no puede explicarse solo como una expresión más de ese ataque. Sus condiciones de posibilidad y las figuras atemorizantes que invoca tienen raíces en una larga historia de estigmatización y criminalización de las infancias populares, basada en la división de las niñeces argentinas en dos conjuntos antagónicos: los “niños” y los “menores” peligrosos.
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Las características de la infancia y la adolescencia varían en cada momento histórico y en cada sociedad. Los rasgos, duración y formas de pasaje entre las edades no surgen de la condición biológica ni natural de las personas, sino de construcciones históricas, sociales y culturales asociadas a cómo esa edad es interpretada, regulada y experimentada social, cultural y subjetivamente. Las infancias y las adolescencias son siempre heterogéneas porque están atravesadas por diversidades y desigualdades de clase, género, étnicas. Por eso es más apropiado hablar de infancias y de adolescencias, en plural.
A lo largo del siglo XX, dos procesos paralelos y articulados generaron la ilusión de que existe una única forma correcta de vivir esta etapa. Desde las instituciones y políticas públicas, los discursos profesionales y las industrias culturales se difundieron definiciones modélicas de la infancia “normal”, según experiencias y espacios de socialización propios de los sectores medios y altos urbanos. “Niños” eran quienes podían sostener la condición de “alumnos” de la escuela y ser parte de una “familia normal”, con padre y madre unidos en matrimonio. La infancia argentina también fue definida como blanca y heterosexual.
¿Y los que no se adecuaban a estas representaciones hegemónicas y aspiracionales? Legisladores, médicos, criminólogos y educadores las caracterizaron según los parámetros de la patología y el desvío. Para prevenir a la sociedad de los males que esos “menores peligrosos” podrían desatar contra ella, en 1919 se sancionó la Ley de Patronato de Menores (vigente hasta 2005), que habilitó la suspensión o la pérdida de la patria potestad de los progenitores de los “menores moral o materialmente abandonados y/o delincuentes” cuando las autoridades lo creyeran conveniente, y su derivación a reformatorios, asilos o familias “decentes”. Se equiparaba, así, pobreza con delincuencia y se establecía una divisoria institucional llamada a atravesar los tiempos: para los niños, escuelas, para los menores, encierro.
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La distinción entre “niños” y “menores peligrosos” es la gramática que organiza las discusiones sobre la edad de responsabilidad penal en nuestro país desde hace 150 años. Sin embargo, sólo en contextos socio-políticos muy específicos esa forma dicotómica de imaginar a las infancias cataliza en transformaciones legislativas. En 1919, luego de la Semana Trágica, la Ley de Patronato estableció que los “menores moral o materialmente abandonados” -presuntos miembros de las “bandas anarquistas”- podían quedar a disposición de un juez, hubieran o no cometido un delito, mientras el Código Penal de 1921 estableció en los 14 años el piso etario para su tratamiento penal. En 1954, en un contexto de expansión de derechos (“Los únicos privilegiados son los niños”), la edad mínima de punibilidad se elevó a los 16 años. Durante la última dictadura militar, en un marco de criminalización de los adolescentes y jóvenes considerados “subversivos” y “enemigos internos”, se volvió a establecer en 14 años.
Con la transición democrática y la recuperación de derechos de la población, la edad de ingreso al sistema penal quedó definida en los 16 años. La progresiva expansión de derechos en relación con el tratamiento de las infancias y adolescencias llegó a un momento culminante en 2005, con la derogación de la Ley del Patronato, andamiaje jurídico institucional que permitía la “minorización” de las infancias y adolescencias populares, y la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que iguala a todos los niñas, niños y adolescentes en su condición de “sujetos de derechos”.
Entre 2005 y 2020, niños, niñas y adolescentes fueron beneficiarios de la ampliación de derechos: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional de Educación que reconoce la Educación Intercultural, la de Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (que elevó la edad de ingreso al mercado de trabajo de los 14 a los 16 años), la Ley de Ciudadanía Argentina (que extendió los derechos políticos, entre ellos el del sufragio, a partir de los 16), la Ley de Identidad de Género y la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Las transformaciones del escenario legal argentino de los últimos 20 años son radicales, y fijan consenso en torno al pasaje del estatus jurídico de las personas alrededor de los 16 años. Sin embargo, cada vez que la mirada punitiva avanza por sobre la de los derechos de la población, la operación social, política y cultural que distingue entre la “infancia normal” y la “minoridad peligrosa” vuelve a desplegarse, se aggiorna y se amplía, más allá de su derogación normativa.
Desde fines del siglo XX, a medida que la “inseguridad” se fue consolidando como problema público, en contextos de avance de modelos económicos y de políticas neoliberales que entronizan los mercados y desarticulan las áreas sociales del Estado y los derechos de los ciudadanos, se reinstala la alerta moral por los “menores peligrosos” como supuestos causantes de los peores males sociales. Esta vez, bajo la figura de los “pibes chorros” y últimamente, la de los “menores homicidas”.
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¿Estamos frente a una ola de menores delincuentes que amenazan la seguridad nacional? Los datos son categóricos en desmentir este supuesto. La construcción de la oposición entre la infancia normal y los menores peligrosos cristalizó, en cada época, distintas figuras de la niñez-juventud peligrosa. Estas figuras no causan los problemas sociales con los que se las asocia sino que, como señala Rossana Reguillo, son el resultado de un “proceso de antropoformización” de las emociones, que supone atribuir un cuerpo y una figura concreta a los miedos y ansiedades sociales.
Hoy, nuevamente, una categoría socio-etaria de una minoridad peligrosa aparece en escena y es canal expresivo de temores y discusiones sobre los derechos de la población, el rol del Estado y el proyecto de país que se quiere construir. En un contexto en el que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza y el 10,2% no cubre las necesidades calóricas diarias indispensables para su desarrollo, en lugar de habilitarse discusiones sobre políticas que mejoren sus condiciones, en vez de replicar experiencias exitosas de trabajo desde las áreas sociales y educativas del Estado para desandar y prevenir las causas que genera la comisión de delitos, ciertos niños y adolescentes de la Argentina se convierten en chivos expiatorios de los problemas sociales, especialmente quienes se encuentran en condiciones de pobreza, viven en barrios segregados y son varones racializados.
Actualizando el viejo sentido anclado en la distinción entre “niños” y “menores”, se los erige como enemigos públicos y se los excluye del universo de la niñez (“delito de adulto, pena de adulto”) configurándolos como otredad de la infancia “normal”, proponiendo su escisión del resto de la sociedad y su encierro. Operación que tranquiliza miedos sociales sin abordar las condiciones reales de sus trayectorias, ni atender las causas para un mejoramiento real que posibilite una vida democrática en común.
Miguel Ángel Pichetto visitó a Cristina Kirchner en San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena, y concretaron una reunión de alto impacto para la unidad del peronismo.
La reunión se realizó el martes pasado, según confirmaron fuentes del peronismo a LPO. El diputado nacional llevaba años distanciado de la presidenta del PJ, pero siempre la defendió en los temas judiciales. En su entorno dicen que pese a las diferencias, respeta a Cristina.
Para no entrar en rispideces, Pichetto y Cristina acordaron «no hablar del pasado» y concentrarse en el armado futuro del peronismo. El diputado suele decir que para hacer política en Argentina hay que tener un poco de amnesia.
Pichetto fue el jefe de bloque de senadores durante los gobiernos de Cristina, pero tras la derrota de 2015 se alejó del kirchnerismo y terminó siendo candidato a vicepresidente de Macri en 2019. En las últimas presidenciales, apoyó a Larreta y terminó siendo electo en la lista de Patricia Bullrich.
Pero en los últimos meses Pichetto empezó a hablar de la unidad del peronismo y comenzó a acercarse a un sector del bloque de diputados de Fuerza Patria. En ese sentido, sostiene que hay que buscar un acuerdo entre el peronismo bonaerense y el
del interior, que es lo mismo que decir entre el kirchnerismo y los no kirchneristas.
En ese sentido, el hecho de que Pichetto haya apostado a reunirse con Cristina es una desautorización fuerte para Axel Kicillof, que es el nuevo presidente del PJ bonaerense. Pero evidentemente el poder y la representación sigue siendo de la expresidenta y Pichetto eligió visitarla primero.
Para no entrar en rispideces, Pichetto y Cristina acordaron «no hablar del pasado» y concentrarse en el armado futuro del peronismo. El diputado suele decir que para hacer política en Argentina hay que tener un poco de amnesia
El exsenador siempre fue muy reacio a Kicillof y muy crítico de sus postulados económicos. «Si quiere realmente reordenar su proyecto presidencial y tener alternativa en la política argentina, tiene que cambiar la visión y las ideas», le recomendó recientemente.
Pichetto cree que el peronismo tiene que apostar a un proyecto que se concentre en la defensa de la industria nacional, ante el desastre que están sufriendo las pymes y las grandes empresas especialmente por la avalancha de importaciones chinas. Además, sostiene que tiene que posicionarse en defensa de los grandes empresarios nacionales atacados por Milei.
Axel Kicillof sufrió un durísimo revés en la Legislatura bonaerense. Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que el gobernador considera clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión y quería tener esa posición cubierta cuando empiece a recorrer el país para su campaña presidencial.
Durante todo el jueves, el Senado bonaerense fue epicentro de docenas de reuniones en un clima de alta tensión política. Pero la definición llegó alrededor de las 22.30 cuando Verónica Magario bajó los brazos y aceptó que el intendente de José C. Paz ocupara el cargo en disputa. Durante la tarde, se llegó a mencionar incluso la posibilidad de un acuerdo de Kicillof con los libertarios y el PRO para bloquear a Ishii y correr a La Cámpora de los cargos en el Senado.
Kicillof jugó muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.
La vicepresidencia primera del Senado quedó vacante cuando Luis Vivona no pudo renovar su banca por la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas y en septiembre pasado fue elegido diputado provincial.
Kicillof jugó muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Pero perdió. Cristina logró imponer a Ishii y habilitó que Sergio Berni ocupara la presidencia de bloque.
Cuando en diciembre pasado hubo que elegir un nuevo vicepresidente el peronismo entró en crisis. Kicillof no quiso saber nada con que Ishii ocupara ese lugar. Es curioso porque el intendente de José C. Paz supo ser uno de los alcaldes más cercanos al gobernador en los primeros meses de mandato, pero luego terminó distanciado del gobernador.
El intendente Mario Ishii.
Se sabe que el grupo de ministros con perfil técnico más cercano al gobernador se refugió en la universidad de José C. Paz en 2015 cuando el PRO se quedó con el gobierno nacional y provincial. Fueron años duros para el equipo de Kicillof, sin embargo, Ishii fue clave para que puedan acceder a cátedras en esa universidad.
Ya con Kicillof en el gobierno, la relación se fue desgastando y el vínculo se quebró completamente en julio del año pasado cuando Ishii encabezó una cumbre de intendentes en su distrito con el objetivo de presionar al gobernador, en sintonía con Cristina, para que retroceda con el desdoblamiento de la elección provincial.
Además de la vicepresidencia primera, también se acordó que la jefatura del bloque Fuerza Patria quede para Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad no tiene terminales en el axelismo y mantiene sus puentes con Cristina Kirchner.
La discusión por la vicepresidencia primera del Senado significó un costo político para el gobernador. El tema estuvo en agenda durante dos meses y se coronó con una derrota total frente a Cristina.
Fuentes del kicillofista Movimiento Derecho al Futuro aseguran que ese desgaste se podría haber evitado si asumía su banca Gabriel Katopodis, quien ocupó el primer lugar en la lista por el norte del conurbano. Su trayectoria y su rol en las últimas negociaciones del peronismo lo convertían en un candidato incuestionable para la vicepresidencia. Sin embargo, Kicillof decidió que siga en el ministerio de Infraestructura, permitiendo además con esa decisión que asuma una senadora de La Cámpora.
Además de la vicepresidencia primera, también se acordó que la jefatura del bloque Fuerza Patria quede para Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad no tiene terminales en el axelismo y mantiene sus puentes con Cristina Kirchner. La derrota política del gobernador lo golpea en un momento complicado, cuando su gabinete está atravesado por internas y enfrenta roces con otros aliados como el intendente de La Plata, Julio Alak.
También se votaron el resto de las vicepresidencias. La segunda quedó para Durán; la tercera para Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza); la cuarta para la massista Valeria Arata; la quinta para Alex Campbell (PRO) y la sexta para el axelista Germán Lago.
En tanto, Gustavo Soos un ex senador cercano a Cristina asumió como pro secretario Administrativo. Y Mariano Ríos Ordoñez -un referente de Magario- asumió como pro secretario Legislativo.
