El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.
Por Tomás Palazzo para NLI
El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.
En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.
Genéricos bajo presión y monopolios extendidos
Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.
El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.
Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.
PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado
El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.
Si los genéricos tardan más en ingresar:
Sube el precio promedio de los tratamientos.
Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.
En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.
El espejo regional: cuando el libre comercio encarece la salud
La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.
El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.
Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.
Conclusión
El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos. Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.
El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo? Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.
—Llegué demasiado temprano. Viajé a la madrugada desde Oberá. No dormí nada. Estoy bastante nerviosa. Es mi primera vez. Voy con fe.
Son casi las seis de la mañana. Ya clareó. El sol naciente se espeja en el río Uruguay anticipando otra jornada de un brutal calorón. Enero es así. Misiones es así. Recostada contra la baranda, Dana fuma un Bill y observa vagamente cómo el vapor matinal se va disipando sobre la superficie del río. Es la única persona visible a esta hora en la breve costanera de Alba Posse, un pequeño municipio fronterizo desde cuyo puerto zarpa, cada día, la balsa hacia Porto Mauá, el poblado brasileño que queda “del otro lado”, como dicen los lugareños para referirse al Brasil.
Dana aplasta la colilla del pucho contra el piso. Junto a sus pies descansa un carry-on rosado junto a una mochila pequeña. Ese es todo su equipaje. Le esperan tres meses de trabajo en un viñedo de Caxias do Sul, ciudad del nordeste de Rio Grande do Sul. La primera lancha del día sale a las ocho de la mañana.
—Tengo 26 años y me costó bastante encontrar una fazenda que acepte mujeres solas en la cosecha. La mayoría de las ofertas de trabajo en la recolección de uva es solo para varones o, a lo sumo, parejas. Lo que más me duele es mi hija; tiene 4 años y se va a quedar con su abuela y su tía. Pero es por ella que hago esto. Para mí es como entrar a un Gran Hermano pero donde se trabaja.
Cuando la lancha encalla en el puerto de Alba Posse, Dana junta sus cosas y se dirige hacia la casilla de Migraciones, donde ya hay más de un centenar de personas, entre pasajeros y acompañantes. La gran mayoría son varones jóvenes que, al igual que ella, cruzarán a Brasil para trabajar en las cosechas, principalmente de uva y de manzana.
En fila, los pasajeros van subiendo a la lancha. Llega la hora de partir. La embarcación se aleja lentamente de la orilla misionera. Es un viaje breve, de unos pocos minutos. Llantos, manos que se agitan, murmullos. Los que permanecen en la costa capturan con la mirada la silueta de esos otros y otras que migran, a quienes no volverán a ver por un buen tiempo. La foto de esta partida se repetirá luego en diarios y portales de noticias que, a coro, reportarán el “éxodo masivo” de trabajadores rurales en Misiones. Un fenómeno que suele aparecer bastante simplificado en los medios, pero que acumula tras de sí, una atendible maraña de causales y elementos a considerar.
¿Oportunidad de progreso o sacrificio de supervivencia? ¿Novedad mediática o tradición fronteriza? ¿Quiénes y cuántos son estos migrantes? ¿Qué les ofrece el Brasil de Lula? ¿Huyen de la recesión libertaria o sólo buscan aprovechar asimetrías esporádicas? ¿Por qué se van los que se van?
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—¡Juitagüira, mi gente! Acá no es para cualquier uno; no es para los débiles; no es para los bebés de mami. Acá los únicos que aguantan son estos misioneros que están acostumbrados a trabajar diez, doce horas, en la yerba, esos si aguantan; pero esos que están todo el día culo para arriba, difícil que aguanten acá en Brasil. Esos vienen una o dos semanas y después inflan chaleco.
Debajo de un parral, con sombrero y guantes, Emanuel “Yoni” Vallejos llena de uvas el canasto de cosecha atado a su cuerpo a la altura del abdomen. Este influencer, que se hizo popular mostrando en Tik Tok y en clave humorística la vida laboral en los yerbales y colonias del norte misionero, se encuentra, como miles de sus coterráneos este verano, en un viñedo riograndense. Allí graba sus videos, sencillos y alejados por completo de las narrativas sufrientes que muchas veces circundan el abordaje mediático en torno a los trabajadores “golondrinas”.
Vallejos es originalmente tarefero —cosechador manual de yerba mate— y es oriundo del municipio de Comandante Andresito, uno de los principales polos yerbateros en una provincia que condensa el 90 por ciento de la producción total de este cultivo en Argentina. Un núcleo importante de productores de esta localidad apoyó abiertamente la candidatura a presidente de Javier Milei en 2023. Hoy, abrumado por los efectos de la desregulación, todo el sector productivo de la yerba mate atraviesa una crisis solo equiparable a la debacle histórica de la década del noventa. Los precios irrisorios que la industria paga por la hoja verde, castigan a los colonos y empujan al éxodo a miles de tareferos que, como Emanuel, encuentran en el Brasil sospechado de socialismo una panacea inmediata a la penuria económica que les ofrece la Argentina del libre mercado.
Yoni manda un audio al final de su jornada, ya en la habitación de la vivienda en la que se aloja, en el municipio de Bento Gonçalves, zona media de la Sierra Gaucha, a 125 kilómetros de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul.
—Es lindo acá. Todo libre. Comida, casa, ropa limpia. Es buen laburo. Está lleno de misioneros y correntinos acá. Es que allá está feo, no arranca el tema de la yerba y eso nos complica a los tareferos. Acá los patrones te tratan bien. El trabajo es duro, se hace ocho horas, cargando canastos de 20 kilos, pero se gana cerca de 175 reales por día, limpitos y todo en regla, con seguro y todo. Además podés hacer horas extras. Muchos se quedan solo los tres meses que dura la cosecha de uva; otros enganchan otra changa y se quedan. Algunos hasta a vivir se quedan o traen a su familia.
Sin embargo, hay un aspecto de este fenómeno migratorio que preocupa especialmente a Yoni.
—Todos los hombres de Andresito estamos laburando acá en Brasil. Nuestras mujeres quedan solas allá. Andresito va a pasar a ser la capital nacional de la guampa.
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Aunque representa una masa importante a la hora de explicar la migración de trabajadores rurales hacia los campos de la Serra Gaúcha, no es solamente el sector relegado de la yerba mate el que nutre el éxodo sobre el cual hoy posa su mirada la llamada prensa nacional.
Otro influencer misionero, el comunicador y licenciado en Marketing Leandro Frank, realizó en los últimos meses una serie de entrevistas a personas de Misiones y otros lugares que decidieron migrar a Brasil en busca de trabajo.
—Si bien el fenómeno siempre existió en las fronteras misioneras, sobre todo con el trabajo rural, en esta temporada estamos viendo una profundización sin precedentes. Se amplificó mucho el perfil de las personas que migran buscando trabajo en Brasil. Ya no son solo jóvenes, ni son solo changarines rurales, ni tampoco solo misioneros. Hoy vemos hombres y mujeres de diferentes edades, profesionales de distintos rubros y gente que viene de Chaco, Santa Fe, Córdoba, de todos lados.
Existe un desbalance innegable y cada vez más evidente entre ambos lados de la frontera. Mientras en Argentina la recesión achica el trabajo y pulveriza ingresos, en Brasil la economía atraviesa una etapa expansiva que demanda mano de obra y ofrece condiciones difíciles de igualar.
Como bien indica Frank, más allá de aquellos que apuntan de lleno a la oferta laboral rural, hoy también cruzan el río albañiles, técnicos, profesionales e idóneos de distintos oficios. Allá encuentran salarios más altos, gastos cubiertos, alojamiento, comida y una posibilidad concreta de proyectar a futuro. Esa combinación tracciona una migración que ya no distingue edades ni perfiles y que empieza a volverse estructural.
Frank aporta casos concretos. Un topógrafo de Eldorado que después de dos meses volvió para llevarse a su familia a vivir allá. Una estudiante de 25 de Mayo que se fue cuatro meses y volvió con once mil reales limpios. Un muchacho que renunció a su trabajo en un taller y en tres meses juntó en Brasil dinero para montar su propio emprendimiento. Gente que va para saldar sus deudas. Otros, para cambiar el auto. Y muchos, para no pasar hambre en Misiones.
¿Cuántas personas están involucradas en este flujo migratorio creciente?
Lo primero que hay que saber es que Misiones cuenta con ocho pasos internacionales habilitados hacia Brasil. Entre los terrestres se encuentran Puerto Iguazú–Foz de Iguazú, Bernardo de Irigoyen–Dionisio Cerqueira, Comandante Andresito–Capanema y San Antonio–Santo Antônio. A ellos se suman los fluviales: El Soberbio–Porto Soberbo, Aurora–Pratos, Panambí–Porto Vera Cruz, Alba Posse–Porto Mauá y Paso de la Barca–Porto Xavier. En todos estos puntos fronterizos, el cruce cotidiano y turístico de personas, se ve en los últimos meses colapsado por la repentina afluencia de migrantes laborales.
En ese entramado de idas y vueltas, los números comienzan a ofrecer una dimensión más precisa del fenómeno. Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, 1.213 trabajadores de Comandante Andresito se trasladaron de manera legal a Brasil durante el último semestre. En Bernardo de Irigoyen, su intendente declaró recientemente que de las aproximadamente 8 mil personas que cruzan a diario la frontera en esta época del año, al menos la mitad lo hace con fines laborales, principalmente para emplearse en distintas actividades del otro lado de la línea internacional. En Alba Posse, autoridades locales estiman que unas 400 personas cruzan cada día hacia Porto Mauá para trabajar. El alcalde de San Antonio, Fausto Rojas, declaró que al menos dos mil jóvenes cruzaron la frontera por su municipio, con fines laborales, en los últimos tres meses. Hablamos de distritos en crisis declaradas, castigados por recortes presupuestarios, incapaces de contener el éxodo y desprovistos de oportunidades.
Aunque se trata de cifras parciales, dinámicas y difíciles de consolidar en un registro único, todas las fuentes coinciden que la migración laboral hacia Brasil dejó de ser un episodio marginal para transformarse en un movimiento masivo, sostenido en el tiempo, que involucra a miles de personas e involucra a todos los pasos fronterizos de la provincia. Y esto es algo que a simple vista corroboran también los turistas que llegan hasta duplicar el tiempo habitual de espera en los pasos fronterizos, porque ahora al flujo de veraneantes hacia las praias se le suma el cúmulo de migrantes laborales.
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Desde 1972, el proyecto de la represa hidroeléctrica Garabí amenaza con dejar bajo el agua al menos a veinte pueblos rurales en Misiones y parte del Brasil. Hasta el momento, la movilización popular y ciertas acciones judiciales contra la construcción de ese dique sobre el río Uruguay, evitaron que el desastre se consumara. Por su cercanía al emplazamiento proyectado para la represa, uno de los primeros parajes que se inundaría por completo es Puerto Azara, agreste orilla sureña del Río de los Pájaros. Viven allí, apenas setenta familias.
Doña Elvira Prestes, 66 años, lleva toda una vida en Puerto Azara. Un camino de 10 kilómetros de tierra la separa de la urbanidad más próxima. En la orilla, la corriente avanza veloz, liberada de canoas: hay veda de pesca todo enero. Mientras las chicharras de la siesta estridulan enloquecidas, como implorando lluvia, Elvira se acomoda en su silleta, cerca del barranco, guarecida bajo la generosa sombra de un lapacho. Por las dudas, se trajo su abanico de paja. Suspira profundamente. El perfume del río marrón confluye en el aire con el vaho de las guayabas que se pudren, de a cientos, en los guayabales y los suelos ribereños. Nadie aquí las codicia. Dicen que traen gusanos adentro. En Brasil, en cambio, por esta época se cosecha la fruta para la elaboración industrial de mermelada. Elvira mira la pantalla de su celular. Abre el grupo de Whatsapp que tiene con Julio y Cleyton, sus dos hijos menores, de 20 y 22 años. Toca la pantalla y comienza a sonar No dia em que eu saí de casa, de Zezé di Camargo y Luciano.
No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse: Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos, começou falar Por onde você for, eu sigo Com meu pensamento sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus
Elvira sonríe. Sus ojos se impregnan de un brillo entre alegre y nostálgico.
—Ellos se fueron el 2 de enero ya. Están en Vacaría, acá a setecientos kilómetros de la frontera más o menos. Ese lugar es el que produce más manzana en todo Brasil. Así dijo el gringo que vino a ofrecerles ese trabajo, un cuadrillero que vive en Apóstoles. Y bueno, ellos están bien, allá, juntando su platita, ¿qué va a hacer? Otra no hay. Nosotros vivimos los tres juntos, solitos, y ellos estaban en la tarefa, pero este año ya el patrón le había dicho que no va haber nada de trabajo porque la yerba está sin precio. Por suerte allá tienen internet y me escriben todos los días. Ellos cargan crédito en mi celular y así nos comunicamos.
Elvira enviudó hace siete años. Su marido, Lino, era pescador. Le dio un ACV. Además de Julio y Cleyton, tuvieron otros dos hijos antes, que hace rato se fueron del pueblo rumbo a Buenos Aires.
La historia de Julio y Cleyton se repite bastante en estos poblados. Jóvenes que no logran terminar la escuela secundaria y que ya en la adolescencia empiezan a trabajar en los yerbales de la zona.
—Ninguno de los dos quiso entrar a la Policía o la Prefectura. Y ese es el único trabajo seguro que hay acá. La fuerza. Quisieron quedarse. Pero bueno, ahora la vida les llevó para allá. Esa canción que me mandan es una que siempre escuchamos juntos, pero nunca pensé que me iba a llegar a mí lo que dice la letra. Yo les cantaba a ellos. Habla de un muchacho que tiene que irse de su casa, sin querer hacerlo, y su madre le pasa la mano por el cabello y le dice que los hijos son como pajaritos, que un día crecen y quieren volar. Pero van a volver. Ellos dicen que van a estar unos meses y después van a volver con plata para agrandar un poco nuestra casita y comprar para mi otra cocina a leña. Una nuevita.
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Quienes deciden cruzar a Brasil en busca de trabajo necesitan, como primer requisito, tramitar el CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), un número de identificación fiscal brasileño equivalente al CUIT o CUIL en Argentina. Se obtiene mediante un trámite ante la Receita Federal y es indispensable para firmar contratos laborales, cobrar salarios, abrir cuentas bancarias y realizar cualquier gestión formal en el país vecino.
A eso se suma la presentación de un certificado de antecedentes penales, exigido por empleadores y agencias que intermedian la contratación.
En la localidad misionera de San Javier, el legislador y militante social Cristian Castro acompaña a trabajadores y trabajadoras de la zona en estos trámites. Desde ese lugar obtiene una aproximación concreta al volumen del flujo migratorio: la cantidad de personas que, semana a semana, se preparan para cruzar el río en busca de empleo.
—Años atrás eran solo algunas pocas personas las que completaban los trámites para irse Brasil. Estos últimos meses, tengo diez o veinte por día pidiéndome orientación para tramitar el CPF. Los pueblos se van vaciando de jóvenes; esto va creciendo, todos se quieren ir a trabajar a Brasil. Y aunque es triste tiene lógica: allá hay futuro, acá no.
La urgencia por conseguir trabajo y la promesa de ingresos en reales abren un terreno fértil para estafas y engaños. En las últimas semanas, por ejemplo, se detectó un grupo que captaba mujeres y varones en localidades como Leandro N. Alem y Oberá a través de redes sociales, ofreciendo empleos en la cosecha de uva y manzana en el sur de Brasil, con sueldos elevados, comida y alojamiento incluidos. Para avanzar, exigían transferencias previas bajo el argumento de cubrir trámites, documentación o gastos de traslado; luego, simplemente desaparecían.
Los riesgos no se agotan ahí. En temporadas anteriores hubo casos de trabajadores argentinos que, tras aceptar propuestas laborales engañosas, terminaron en establecimientos rurales donde las condiciones distaban mucho de lo prometido: jornadas extenuantes, restricciones para circular y condiciones de vida degradantes, situaciones de las que algunos lograron escapar y otros debieron ser asistidos por organismos de control.
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Después de una semana intensa, Dana tiene su primer día libre en la finca. Temprano, la pareja de encargados la invitó a dar un paseo por la ondulante y húmeda Serra Gaúcha. Antes de salir, hace una videollamada con su hija y con su madre. Llora, pero se siente aliviada. Les cuenta que el trabajo le resultó menos duro de lo que temía, que tiene una habitación para ella sola, y que se siente cuidada y respetada. Les habla de su fascinación por el caldo de cana, un jugo espeso y dulce que probó por primera vez, hecho con caña de azúcar recién triturada y unas gotas de limón. Les dice también que ya incorporó algunas palabras en portugués y que en pocos días cobrará su primera paga. El plan es claro: juntar lo suficiente para comprar los insumos que necesita para su emprendimiento de uñas y pestañas, un proyecto que mantiene en pausa hace un par de años.
El sur de Brasil avanza hacia una de las mayores cosechas de uva de las últimas décadas. En Río Grande do Sul, la vendimia 2026 se proyecta con una producción estimada de 957 mil toneladas, impulsada por condiciones climáticas favorables y por la expansión de variedades destinadas a espumantes. Las bodegas más grandes calculan producir entre diez y doce millones de litros, en un estado que concentra el liderazgo nacional en uvas y vinos y donde unas 60 mil familias agricultoras sostienen la actividad. Durante la temporada, la vendimia moviliza una economía que supera los mil millones de dólares y empuja una demanda laboral que no se limita a la uva: también la manzana, el tabaco y otras cosechas absorben mano de obra con rapidez y ofrecen ingresos difíciles de equiparar del otro lado de la frontera.
Dana, Yon, Julio, Clayton y miles más transitan este movimiento con objetivos inmediatos y cuentas precisas. Viven el presente lejos de las consignas y de los debates que se repiten en los estudios de televisión. Para estos misioneros, la migración se mide en días trabajados, en reales ahorrados, en proyectos de futuro. Para muchos de ellos y ellas, lo personal no es político: es urgente. Así, al menos en esta temporada, desde este lado del río, entre tanta incertidumbre asoma una certeza: hoy, para muchos argentinos, Dios atiende en Brasil.
El Gobierno disolvió el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) que arrastra deudas millonarias y viene cortando las coberturas en todo el país por falta de pago.
La medida fue oficializada mediante un decreto y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Un militar en actividad dijo a LPO que «hay expectativa y cautela con la decisión. Los jefes miliares habían hablado con Presti y estaban presionando para que el decreto saliera publicado esta semana, tras haberlo estado puliendo».
En el Gobierno lo ven como la solución definitiva a esta crisis que acumula más de 200 mil millones de dólares de pesos y afectó severamente a la cobertura de militares activos y retirados.
LPO reveló en exclusivo el caso de Mar del Plata, donde el Hospital Privado de la Comunidad de ese ciudad cortó el servicio por una deuda de 800 millones de pesos y que hay casos en donde los militares tienen que poner hasta 400 mil pesos de su bolsillo para una tomografía o 100 mil para un análisis de sangre.
Hay expectativa y cautela con la decisión. Los jefes miliares habían hablado con Presti y estaban presionando para que el decreto saliera publicado esta semana, tras haberlo estado puliendo
Por eso, más allá del entusiasmo de los ministros, los militares entienden que el proceso es delicado y complicado con un año de transición hasta la implementación nueva. «El impacto en los afiliados será el verdadero desafío, ya que en papel todo parece muy bien pero hay que ponerlo en funcionamiento», agrega.
El decreto estipula una estructura de asignación rígida para ambas instituciones basado en el 80% de los ingresos destinado exclusivamente a la prestación de servicios médico-asistenciales, 8% (Máximo) reservado para gastos administrativos y de funcionamiento y 12% (Excedente) que podrá derivarse a otras prestaciones sociales.
En Defensa sostiene que la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios, pero la realidad es que IOSFA empezó a presentar problemas durante esta gestión.
Otro militar consultado pone el ojo en el año de transición dado que «la gente se sigue muriendo todos los días. nadie le dice por ejemplo a la gente de Mar del Plata quien los va a atender porque están sin servicio médico. La deuda sigue estando y por mucho que lo disuelvan, ningún prestador privado les va a dar a nada si no le pagan lo que les deben».
Presti busca con este decreto relanzar una gestión marcada por las críticas por esta crisis IOSFA pero también por los salarios bajos que ponen a los militares en una situación de extrema urgencia.
El enojo interno es grande porque consideran que las prioridades de Presti están desfasadas de estas necesidades. «Se preocupa más porque los militares de alto rango puedan tener cargos políticos sin pasar a disponibilidad en lugar de resolver estos problemas que son urgentes», reprochan.
Javier Milei sacó un decreto alevoso en la noche de este jueves para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis «Toto» Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.
El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.
El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.
Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.
La jueza Capuchetti.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.
Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».
La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.
La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».
Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.
Los analistas creen que la inflación lejos de bajar va a subir y el Banco Central admitió que el índice de enero es mayor al que esperaban a fin de año. Esto explica el zafarrancho que armó el ministro Luis Caputo en el Indec para que no de a conocer el nuevo índica, porque le daba arriba del tres por ciento. Un golpe letal al relato de la «desinflación».
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Central en base a consultas con las principales consultoras privadas del mercado pronosticó que la inflación de enero, que el gobierno tiene que anunciar la semana que viene, es del 2,4%.
Es un número que supera a la estimación que había hecho el propio REM el mes anterior, cuando para enero esperaba una inflación del 2%, es decir, que los analistas creen que la infalción no está retrocediendo como dice el Gobierno.
«Comienzan a desanclarse las expectativas de inflación y los primeros datos de alta frecuencia de febrero confirman una aceleración de los precios en la primera semana del mes. A esto habrá que sumarle la desconfianza por la falta de independencia del INDEC», afirmó el economista y ex diputado Martín Tetaz.
Esa información fue confirmada por el periodista Pablo Wende, que publicó un anticipo de la medición semanal de la consultora LGC que dio un número preocupante: estimó que sólo en los primeros cinco días de febrero subió un 2,5% la inflación de alimentos y bebidas.
Comienzan a desanclarse las expectativas de inflación y los primeros datos de alta frecuencia de febrero confirman una aceleración de los precios en la primera semana del mes. A esto habrá que sumarle la desconfianza por la falta de independencia del INDEC.
LPO reveló este jueves que en Córdoba los alimentos en enero subieron un 3,3%, contradiciendo el último de los relatos libertarios que consiste en afirmar que en el interior la inflación es más baja que en el área metropolitana.
Esta situación explica la desesperación de Caputo por impedir que el Indec publicara su nuevo índice, que provocó la escandalosa renuncia de Marco Lavagna. Luis «Toto» Caputo suspendió la aplicación del nuevo sistema de medición que iba a dar arriba del 3% y luego directamente lo eliminó bajo el argumento de que estaba desactualizado. Por eso decidió continuar con la canasta de 2004 que mide el precio del fax y los VHS.
La consultora LCG midió en la primer semana de febrero un repunte muy fuerte d elos precios de alimentos.
El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.
Por Roque Pérez para NLI
Un nuevo organismo para disciplinar el relato público
A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.
El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.
La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.
Quién está a cargo y cómo funciona
La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.
No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.
Clarín, el primer blanco del nuevo “desmentidor oficial”
El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.
Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.
El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.
El Estado como Ministerio de la Verdad
Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.
Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.
Más propaganda que información
Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.
En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.
Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.
