Persiste la caída de las ventas minoristas pyme que, en mayo, registraron una contracción interanual del 1,2%, acumulando un desplome de 3,1% en lo que va del año, según expuso un informe dado a conocer este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Came.
Alimentos y Bebidas registró una moderada variación positiva, del 0,2%, mientras que la mayor expansión interanual fue en Farmacia (8,2%). La contracara estuvo en los bloques de Textil e indumentaria (-5,2%) y Bazar, decoración y muebles (-8,9%).
Con estos números, en la Came advierten que el ingreso disponible de los hogares está focalizado «casi con exclusividad» en sostener la canasta básica y que los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo.
En materia de inversión, casi el 60% de las pymes abarcadas en el informe evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital y solo un 12,5% lo consideró oportuno.
«Ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos», señalaron en la entidad pyme.
En materia de inversión, casi el 60% de las pymes abarcadas en el informe evaluó el contexto como adverso para la inyección de capital y solo un 12,5% lo consideró oportuno.
Desde la perspectiva de la oferta, en Came señalaron que la tracción del volumen de ventas dependió estrictamente de la inyección de herramientas financieras, liquidaciones forzadas y eventos masivos de comercio electrónico.
«Esta dinámica comercial, combinada con el incremento de los costos operativos fijos y las actualizaciones tarifarias, generó una severa compresión en los márgenes de rentabilidad», agregaron.
El capital emprendedor volvió a acelerarse en Argentina. Después de un 2025 marcado por rondas más frecuentes pero de menor tamaño, las startups locales ya captaron más de USD 400 millones en los primeros cinco meses de 2026, una cifra que supera ampliamente los USD 270 millones registrados durante todo el año pasado.
Los datos surgen del informe Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026 elaborado por Arcap, la cámara que reúne a los fondos de venture capital del país. El reporte muestra que, pese a un contexto global todavía desafiante para la industria tecnológica, el ecosistema local recuperó dinamismo y volvió a atraer capital internacional.
Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, el renovado interés de los fondos extranjeros tiene una explicación clara. Según sostuvo, las startups argentinas que nacen hoy ya no están pensadas para el mercado local sino para competir globalmente desde el primer día, una característica que vuelve a poner al país en el radar de Silicon Valley.
«Dentro del ecosistema emprendedor, las startups de biotecnología lideraron la captación de fondos, seguidas muy de cerca por las fintech. Para entender este fenómeno y el interés de Silicon Valley, hay que mirar el ADN de estos proyectos: las empresas que nacen hoy en Argentina se diseñan desde el primer día para exportar y competir globalmente», explicó.
El ejecutivo agregó que el principal diferencial sigue siendo el capital humano. «El talento argentino destaca en el mundo por su flexibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación», afirmó. Según su visión, esa combinación entre empresas globales y recursos humanos calificados explica por qué los inversores internacionales volvieron a mirar al ecosistema local luego de varios años de menor actividad.
El talento argentino destaca en el mundo por su flexibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación.
La paradoja de 2025 fue que hubo más operaciones, pero menos dinero. Durante ese año se concretaron 73 transacciones, aunque el monto total quedó por debajo de los USD 422 millones registrados en 2024.
La explicación está en el perfil de las empresas financiadas. Más de la mitad de las rondas correspondieron a startups en etapa pre-seed y casi nueve de cada diez operaciones fueron inferiores a USD 5 millones. En otras palabras, ingresaron más emprendedores al circuito de financiamiento, aunque con tickets más pequeños.
Marcelo Cavazzoli de Lemon.
Según explicó el director ejecutivo de Arcap, Diego Páez Solchaga, se trató de una dinámica típica de la industria de venture capital, donde las empresas más jóvenes reciben montos reducidos y las grandes rondas suelen concentrarse en compañías más desarrolladas.
Aun así, el mercado siguió mostrando una fuerte concentración. Las nueve rondas más grandes representaron el 75,7 por ciento de toda la inversión realizada en el país durante 2025. Entre las compañías destacadas aparecieron Ualá, Mendel, Lemon, Remitee y N5 Now.
Ese fenómeno ayuda a entender por qué 2026 arrancó con tanta fuerza. Buena parte de los más de USD 400 millones captados hasta ahora corresponde a empresas más maduras que continúan ampliando rondas iniciadas en años anteriores.
El informe también muestra cambios estructurales dentro del ecosistema. Por segundo año consecutivo, la biotecnología desplazó a las fintech como el sector con mayor actividad.
La otra señal que entusiasma al mercado es el regreso de los fondos internacionales. En los últimos meses reaparecieron inversores de Silicon Valley y comenzaron a concretarse nuevas operaciones de salida para quienes habían ingresado en etapas tempranas. Entre los casos recientes aparecen Humand, que recibió inversión de Goodwater Capital, y Skyloom, donde se concretó una salida para Draper Cygnus.
Irán lanzó misiles sobre Israel y generó una alerta máxima en Medio Oriente. Con la guerra cumpliendo 100 días y las negociaciones para alanzar un alto al fuego más cerca del fracaso que del éxito, la región puede entrar nuevamente en una escalada.
Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron un ataque contra los suburbios de Beirut, provocando una represalia iraní que amenaza con involucrar también a objetivos estadounidenses en la región.
La escalada comenzó a última hora de la noche, cuando Irán lanzó varias oleadas de misiles que activaron las sirenas antiaéreas por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego.
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, advirtió que «Teherán debe arder», mientras aviones de combate israelíes despegaban para responder con ataques sobre territorio iraní.
Informado de inmediato sobre la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump intentó rebajar la tensión durante una entrevista con Fox News. «Ya lanzaron sus misiles, basta de eso», dijo dirigiéndose a Irán, al que instó a regresar a la mesa de negociaciones y alcanzar un acuerdo.
«El ataque contra Beirut hizo que Israel cruzara todas las líneas rojas», afirmó el mando militar iraní al reivindicar la operación como respuesta al bombardeo israelí contra la periferia sur de la capital libanesa. El ataque alcanzó apartamentos en dos edificios situados en el barrio de Dahiyeh, considerado uno de los principales bastiones de Hezbolá respaldado por Irán.
Ya lanzaron sus misiles, basta de eso
Hasta ahora, esa zona había permanecido relativamente al margen de los ataques, habiendo sido alcanzada solo en dos ocasiones desde mediados de abril. Trump aseguró previamente haber pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que realizara operaciones «más quirúrgicas» contra Hezbolá. Sin embargo, poco después del ataque, medios saudíes informaron que Israel había notificado previamente a Estados Unidos sobre la operación.
Antes de la represalia iraní, el diputado iraní Ebrahim Rezaei había advertido en la red social X: «Daremos una respuesta firme y dolorosa al ataque del régimen sionista contra Dahiyeh. Estos perros rabiosos deben ser castigados y puestos en su lugar. Esta noche observen el cielo de los territorios ocupados». Horas después, Irán lanzó su respuesta militar.
Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, también había amenazado a Washington, acusando a Estados Unidos de respaldar la ofensiva israelí.
La nueva crisis se produce mientras Trump insiste en que un acuerdo con Teherán está «muy cerca». No obstante, sigue sin ceder en una de las principales exigencias iraníes: el desbloqueo inmediato de 24.000 millones de dólares en activos congelados. «Eso ocurrirá más adelante», afirmó el mandatario estadounidense. «Si se comportan bien y hacen un buen trabajo, entonces comenzaremos a hablar de ello», añadió.
Irán condiciona cualquier acuerdo a la liberación de esos fondos, exigiendo que al menos la mitad sea desbloqueada en el momento de la firma. Según la prensa internacional, Washington también estudia la posibilidad de redirigir parte de los recursos iraníes hacia aliados del Golfo afectados por ataques de Teherán.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, habría encargado una evaluación de los daños causados por Irán, aunque sin especificar qué activos estarían implicados. Teherán rechazó de inmediato esa posibilidad, afirmando que sus bienes «no son un botín de guerra de Washington ni un fondo de compensación para sus aliados».
Trump también volvió a referirse al programa nuclear iraní y reiteró que está dispuesto a colaborar con Teherán para retirar y destruir su uranio enriquecido. «Si alcanzamos un acuerdo y mantenemos buenas relaciones, retiraremos el uranio y lo destruiremos, ya sea en el lugar o en otro sitio», declaró. «Lo haremos con ellos o sin ellos. Pero no permitiremos que nos disparen, ¿queda claro?», afirmó
Asimismo, advirtió que, si fracasan las negociaciones, Estados Unidos estaría dispuesto a destruir las instalaciones nucleares iraníes «con extrema dureza». «Nos retiraremos antes de hacerlo, de modo que nuestra seguridad quede garantizada», concluyó.
La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.
No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.
De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.
Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.
La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.
Una interna libertaria que asoma detrás del expediente
La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.
La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.
Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?
La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.
Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.
El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?
La prórroga que agravó las sospechas
La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.
Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.
La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.
Un funcionario bajo la lupa
En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.
La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.
Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.
El costo de predicar una cosa y hacer otra
La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.
Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.
Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.
La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.
El espejo de la casta
El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.
El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.
Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.
