El presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, encabezó un encuentro en Almirante Brown junto con Axel Kicillof, unos diez intendentes peronistas del conurbano, media docena de obispos y más de 500 dirigentes.
Fue un encuentro transversal a la que se sumaron además rectores de Universidades y representantes de la Justicia. La cumbre fue en el Pequeño Cottolengo de Don Orione y la Pastoral Social redactó un documento en el que advierte sobre «el profundo proceso de polarización» que atraviesa la Argentina y donde se reafirma la necesidad de fortalecer el diálogo social.
«Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida», dice el documento final que lleva la firma de la Pastoral Social.
El texto agrega que «ante semejante cuadro de situación, debemos poner a la política como la forma más alta de caridad, como nos indica Francisco, recuperando su rol de servicio al bien común, y no a grupos de poder».
Además, destaca que la jornada sirvió para «reafirmar a la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización» al tiempo que pide «dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo».
Estuvieron Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Ariel Sujarchuk (Escobar), Pablo y Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariel Fernández (Moreno) y los referentes de Brown y San Martín, Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis.
También participaron Axel Kicillof, Verónica Magario y los obispos Carlos José Tissea (Quilmes); Oscar Ojeda (San Isidro); Maximiliano Margni (Avellaneda-Lanús); Juan José Chaparro (Merlo-Moreno); Pedro Cannavo (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Buenos Aires) y Eduardo García (San Justo).
Marcelo Colombo y Axel Kicillof.
El encuentro cobró importancia por la transversalidad de los funcionarios que participaron. Además de la política y la Iglesia, también participaron importantes funcionarios judiciales como el juez de Casación Federal Alejandro Skolar, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand.
El primer encuentro multisectorial nació luego de una reunión que mantuvo un grupo de intendentes con Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino en mayo pasado.
En representación de las Universidades participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); Carlos Greco (San Martin); Pablo Domenichini (UNAB); Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodriguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).
Finalmente estuvieron representantes de CAME, de la CTA, de la CGT, FEBA y UTEP, así como legisladores provinciales y nacionales de diversas fuerzas políticas.
La interna de la Sociedad Rural Argentina empezó a filtrarse en el Gobierno luego de que Patricia Bullrich desembarcara este viernes en la Exposición Rural de Palermo para mostrarse junto a Marcos Pereda y Santos Zuberbühler, la fórmula de Renovación con Unidad, que enfrentará al oficialismo de Nicolás Pino en las elecciones de la entidad del próximo 9 de septiembre.
Karina Milei mantiene una excelente relación con Pino que no ha escatimado gestos con los hermanos presidenciales. En la entidad descuentan que la Casa Rosada vea con simpatía la continuidad del actual presidente de la Sociedad Rural.
Sin embargo, Bullrich aprovechó para volver a tensar con el ejecutivo y se mostró a los abrazos y risas con los integrantes de la lista opositora durante la recorrida por la muestra. Los mismos candidatos se encargaron de viralizar el apoyo por las redes.
El reel de Bullrich con la lista opositora terminó de nacionalizar una elección que hasta ahora transcurría puertas adentro de la entidad agropecuaria. Con Milei previsto para el acto inaugural de la Exposición Rural, la pulseada entre Karina y Bullrich sumó un nuevo capítulo, esta vez con la conducción de la principal organización del campo como escenario.
Esta semana la senadora había sobreactuado una pelea con la vicepresidenta Victoria Villarruel por el fracaso de la sesión donde el oficialismo esperaba aprobar la ley de tierras pero el escándalo en el que se vio envuelto el gobierno por pelearse con la Scaloneta dilató la cuestión y Bullrich filtró un áspero cruce por wasap para congraciarse con Karina.
La fuerte caída del consumo profundiza la crisis de la ya castigada actividad industrial y se siente en los datos de la producción y el empleo a pesar de que el gobierno de Milei trata de maquillar el panorama con números de la macro.
Pero la crisis de consumo fue la principal conclusión a la que llegaron empresarios e intendentes del Gran Rosario que se reunieron en la localidad de Pérez para analizar el problema.
El vicepresidente de la Unión Industrial Región Rosario, Mariano Ferrazzini, advirtió a LPO que «hay una gran preocupación, no mejora el consumo, se pierden puestos de trabajo y los que se generan son de menor calidad, por lo tanto, pareciera un contrapunto pensar un cambio de tendencia». La preocupación de los industriales coincide con los datos del último informe de la entidad que muestran un deterioro generalizado de la industria y el comercio.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
Además, casi la mitad de las firmas admitió haber tenido dificultades para afrontar alguno de sus pagos durante abril, ya sea impuestos, proveedores, salarios o compromisos financieros.
El informe también muestra que la caída de la demanda interna se consolidó como el principal problema para la industria: una de cada dos empresas la ubicó como su mayor preocupación, muy por encima del aumento de costos o de la competencia de los productos importados.
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), el indicador que anticipa la evolución de la actividad fabril, se ubicó en 43,5 puntos, por debajo del umbral que marca expansión, confirmando que el sector continúa en retroceso.
El encuentro se realizó en la planta de Sacchi Hnos., ubicada en el parque industrial de Pérez, y reunió además al secretario de Industria de Santa Fe, Guillermo Beccani; al intendente anfitrión, Pablo Corsalini; al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; al presidente comunal de Alvear, Carlos Pighin; y representantes de otras localidades del Gran Rosario. El objetivo fue comenzar a coordinar una agenda común para enfrentar el deterioro de la actividad y sostener el entramado productivo de la región.
El intendente de Pérez Pablo Corsalini
«Pérez es una ciudad con perfil industrial, hoy tiene 162 pymes que sostienen la actividad económica de la región», señaló Corsalini a LPO. El intendente sostuvo que «las pymes son el sostén del empleo en Santa Fe, el gobierno nacional está destruyéndolas y desde la provincia no se desarrollan políticas que las contengan».
En ese sentido, afirmó que son los gobiernos locales los que hoy acompañan a las empresas «en su reclamo para sostener uno de los sectores claves de nuestra provincia».
Como conclusión del encuentro, industriales e intendentes acordaron darle continuidad a la mesa de trabajo para monitorear la evolución de la actividad y coordinar acciones entre los municipios y el sector privado en un contexto que, según admiten los propios empresarios, sigue sin mostrar señales claras de recuperación.
El gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario celebraron que el Departamento de Estado de Estados Unidos eliminara la alerta especial de seguridad que regía para la ciudad y la incorporara a la clasificación general de Argentina, catalogada como Nivel 1: «Tome las precauciones normales».
Hasta ahora, Rosario tenía una recomendación diferenciada de Nivel 2, que instaba a los ciudadanos estadounidenses a «extremar las precauciones» al visitar la ciudad. Con la actualización, esa advertencia dejó de existir.
Desde la Casa Gris atribuyeron la decisión a la mejora de los indicadores de seguridad registrada durante el último año, en el marco del operativo conjunto entre la Provincia, el Gobierno nacional, las fuerzas federales, la Municipalidad, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal.
Pullaro sostuvo que la medida representa «un reconocimiento muy importante» al cambio de estrategia en materia de seguridad y afirmó que «Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado». Además, destacó que la nueva clasificación puede favorecer la llegada de inversiones, turistas y eventos internacionales.
En el mismo sentido, Javkin consideró que la decisión confirma que «el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos». El intendente señaló que la mejora de la imagen internacional de Rosario contribuirá a fortalecer el turismo, la organización de congresos y espectáculos, además de generar mayor confianza para nuevas inversiones.
Cuando el vocero presidencial calificó a la Argentina como un «país bananero», desató una fuerte polémica. Sin embargo, la mayor contradicción no estaría en la frase en sí, sino en que el propio gobierno de Javier Milei impulsa políticas que, para sus críticos, acercan al país a la definición histórica de una «república bananera»: exportación primaria, extranjerización de los recursos estratégicos, dependencia de intereses foráneos y pérdida de soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
¿Qué significa realmente «república bananera»?
La expresión «república bananera» fue acuñada en 1904 por el escritor estadounidense O. Henry para describir a países centroamericanos cuya economía dependía casi exclusivamente de la exportación de bananas y cuyo funcionamiento político estaba condicionado por grandes corporaciones extranjeras, especialmente la United Fruit Company.
Con el tiempo, el concepto dejó de referirse únicamente al monocultivo para transformarse en una categoría política. Hoy suele describir a Estados caracterizados por instituciones débiles, corrupción, dependencia económica, primarización de la economía y una fuerte influencia de potencias extranjeras sobre sus decisiones soberanas.
Precisamente por ese significado histórico fue que la frase del vocero presidencial generó rechazo. Porque si existe un debate abierto en la Argentina actual es si las políticas del Gobierno están fortaleciendo o debilitando la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos estratégicos.
Un modelo basado en materias primas y apertura irrestricta
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei sostiene que la Argentina debe especializarse en aquellas actividades donde posee ventajas comparativas: agro, minería, petróleo y gas, relegando cualquier estrategia activa de industrialización.
A esa orientación económica se suma el impulso para modificar la legislación sobre tierras rurales. El proyecto promovido por el oficialismo elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y delega esa regulación en las provincias, además de flexibilizar otras restricciones vigentes. Diversos sectores políticos, académicos y ambientales advierten que esos cambios facilitarían una mayor extranjerización de recursos estratégicos y zonas con importantes reservas de agua y minerales.
Para los defensores del proyecto se trata de atraer inversiones. Para sus detractores, representa un paso más hacia un modelo donde los activos estratégicos nacionales quedan crecientemente bajo control de capitales extranjeros.
La discusión remite, justamente, al origen del concepto de «república bananera»: países cuya riqueza natural termina administrada por grandes intereses privados externos mientras el Estado reduce su capacidad de regulación.
La otra característica: corrupción e instituciones debilitadas
Otra de las características históricas asociadas al concepto de «país bananero» es la debilidad institucional acompañada por sospechas permanentes de corrupción.
Paradójicamente, el Gobierno que utilizó esa expresión enfrenta desde hace meses distintos cuestionamientos públicos. Entre ellos aparecen las denuncias derivadas del caso $LIBRA, las investigaciones periodísticas sobre supuestos pedidos de retornos conocidos mediáticamente como el «3%», las polémicas vinculadas con funcionarios del Ejecutivo, los gastos de Adorni, los vínculos de Espert y diversas causas que aún continúan en distintas instancias judiciales.
Más allá del resultado que finalmente tengan esas investigaciones, la contradicción política resulta evidente: mientras se descalifica al país utilizando un concepto asociado históricamente a corrupción y captura del Estado, el propio oficialismo convive con denuncias que alimentan ese mismo debate público.
Soberanía exterior: Washington, Tel Aviv y el alineamiento absoluto
La definición clásica de «república bananera» también incluía otro elemento central: la subordinación política frente a potencias extranjeras.
En ese aspecto, la política exterior de Javier Milei ha marcado un giro sin precedentes. El Presidente ha manifestado reiteradamente que sus principales aliados son Estados Unidos e Israel, alineando la política internacional argentina con las posiciones de Donald Trump y del gobierno israelí prácticamente sin matices.
Ese alineamiento se expresó en votaciones internacionales, acuerdos diplomáticos, cambios en la política exterior e incluso en decisiones simbólicas que modificaron décadas de tradición diplomática argentina.
Los críticos sostienen que ese esquema reduce los márgenes de autonomía estratégica del país y condiciona decisiones soberanas en función de intereses geopolíticos externos.
La reacción oficial también contrasta con la actitud que el propio Gobierno mostró frente a la reivindicación de la causa Malvinas durante el Mundial. Mientras la Selección Argentina posó orgullosamente junto a una bandera en defensa de la soberanía nacional antes del encuentro frente a Inglaterra, desde el oficialismo surgieron voces que cuestionaron ese gesto y buscaron desalentar la presencia de símbolos vinculados a las islas en los estadios, en línea con las restricciones impulsadas por la FIFA. La contradicción resulta difícil de disimular: se intenta exhibir firmeza frente a un buque británico después de haber quedado expuesto por una actitud que muchos interpretaron como complaciente con las exigencias internacionales y distante del histórico reclamo argentino sobre Malvinas.
La paradoja de llamar «bananero» al país
El término utilizado por el vocero presidencial nació hace más de un siglo para describir economías dependientes, con Estados débiles y gobiernos condicionados por grandes intereses extranjeros.
Por eso la polémica excede una frase desafortunada.
Porque mientras desde la Casa Rosada se utiliza «país bananero» como un insulto dirigido hacia la Argentina, la orientación económica del Gobierno apuesta a profundizar la especialización en materias primas, flexibilizar los límites para la compra de tierras por capitales extranjeros, reducir la intervención estatal sobre sectores estratégicos y sostener un alineamiento internacional casi automático con Washington y Tel Aviv.
En definitiva, la mayor contradicción no parece estar en la utilización del término, sino en que muchas de las políticas impulsadas por la propia administración libertaria son presentadas por sus críticos como rasgos que históricamente definieron precisamente aquello que el vocero pretendió utilizar como descalificación: una auténtica «república bananera».
