Sociedad

 

En la ciudad de General Pico, una nena de 13 años intenta llevarse útiles escolares de un negocio para el inicio de clases. Dos patrulleros, dos policías en moto y otros a pie la rodean y la detienen para llevarla a la comisaría. En Chimbas, un hombre de 80 años es detenido y trasladado a la comisaría por guardarse, en un mercado de comidas, un paquete de 200 gramos de manteca entre sus pertenencias; ahora afronta un juicio penal por hurto en grado de tentativa.

Estos dos sucesos dramáticos, ocurridos a principios de 2024, revelan el clima de época que se inauguró con la llegada de Javier Milei a la presidencia. El acelerado deterioro de las condiciones de vida viene acompañado de estrategias desesperadas para sobrevivir, que encuentran como respuesta del Estado un recrudecimiento de la represión y violencia institucional contra la protesta social. En el primer semestre de 2024, 7 de cada 10 niños vivían en la pobreza y un millón de chicos se iban a dormir sin cenar. Y en los primeros tres meses de gobierno de La Libertad Avanza, los haberes jubilatorios se desplomaron un 30 por ciento.

En el libro Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Neoliberalismo y derechos humanos en Argentina (Editorial UNLP) —que acaba de ser publicado y puede leerse acá—, proponemos un marco teórico y pruebas empíricas para entender el sesgo de clase de las políticas económicas implementadas por el actual gobierno, así como el deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, reconstruyendo de qué modo una amplia gama de derechos humanos es sacrificada en el altar del neoliberalismo en Argentina. La foto de tapa fue tomada por el reportero gráfico Pablo Grillo, el 12 de marzo de 2025, momentos antes de que un gendarme le disparara con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

El rumbo impuesto por el gobierno no es solo económico, sino que busca reformar a la sociedad en su conjunto, donde medidas económicas ortodoxas con evidente sesgo de clase sitúan al mercado como la respuesta a todas las necesidades de las personas y el ambiente. Esta avanzada libertaria se da también en el plano de la cultura, evidenciada no solo por el cierre y estrangulamiento financiero de las agencias estatales que están/estaban para promover la cultura, sino también por los esfuerzos proactivos por promover valores y creencias libremercadistas, antiestatales y antiuniversitarias entre las infancias, tal como lo evidencia la nueva programación iliberal de la grilla del canal infantil Pakapaka.

El ajuste fiscal implementado desde inicios de 2024, y profundizado en 2025, recayó principalmente en áreas altamente sensibles a los derechos humanos. Las medidas de ortodoxia económica implementadas han sido regresivas y discriminatorias: afectan de una manera desproporcionada los derechos humanos de los grupos expuestos a mayor vulnerabilidad social, como las infancias, adultos mayores, mujeres, disidencias sexuales, personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de pobreza y minorías raciales. El gobierno ni siquiera hizo un esfuerzo por superar el test que exigen el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para evaluar la legalidad de las medidas regresivas. La obligación de evaluar ex ante y ex post los efectos de las medidas económicas sobre los derechos humanos no es un dato que esté en el radar libertario.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional anima y congratula al gobierno por “sobre-cumplir” las metas fiscales. Más recientemente, en septiembre de 2025, el Tesoro de Estados Unidos anunció la negociación de un swap de monedas por 20 mil millones de dólares, a pesar de la reconocida inviabilidad de la política cambiaria del gobierno. El rol de estos acreedores externos en Argentina es un caso de manual en materia de responsabilidad por complicidad financiera con la violación de derechos humanos.

Una mirada más meticulosa sobre los efectos de las medidas implementadas demuestra que no todos pierden. La austeridad registra un marcado sesgo de clase, dados sus profundos y regresivos efectos distributivos sobre la sociedad. En otras palabras, estas medidas logran empobrecer más a las poblaciones pobres y enriquecer a las ricas, a la vez que suelen tener consecuencias negativas sobre el crecimiento y la estabilidad financiera. El saldo del aumento de esta brecha es un deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, la erosión del tejido social, un debilitamiento de las instituciones democráticas y la expansión de la protesta social y violencia a causa de la desigualdad.

En los primeros tres meses del Gobierno, la pobreza pasó del 41,7 al 55,5 por ciento, mientras que la indigencia ascendió del 11,9 al 17,5. Este devastador efecto de la mega-devaluación a comienzos de 2024 se profundizó con un ajuste fiscal que recayó de manera desproporcionada sobre los grupos más vulnerables. Más tarde, con la desaceleración de la inflación a costa de deprimir salarios y jubilaciones (deteriorando aún más las condiciones materiales de vida de una gran parte de la población), con la apreciación de un tipo de cambio apreciado sostenido por el sobreendeudamiento público, y con el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la pobreza e indigencia se ubicaron en 38,1 y 8,2 por ciento respectivamente hacia finales del segundo semestre de 2024.  Sin embargo, este sistema de medición de la pobreza subestima los factores reales que impactan en los gastos de las familias (por ejemplo, en los hogares de ingresos medios) y ha sido duramente criticado. De todos modos —y más allá de que la AUH no puede funcionar de manera aislada en un mar de riesgos sociales frente a los que el Estado no solo se retrae sino que exacerba—, la pobreza multidimensional continuó en aumento, marcado por una creciente inseguridad alimentaria, por la imposibilidad de acceder a medicamentos o servicios de salud, crisis de salud mental, impagos de deudas de los hogares y por la imposibilidad de reparar las viviendas, entre otros indicadores de calidad de vida. Incluso con los números de pobreza en baja, es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Esto no sorprende: el salario promedio del sector privado no alcanza a cubrir la canasta de pobreza, algo que es incluso peor para quienes trabajan en el sector público y para los que reciben jubilaciones y pensiones.

En todo caso, la profundización de la regresividad en la distribución primaria del ingreso, el peso desproporcionado del ajuste fiscal sobre los grupos expuestos a mayor vulnerabilidad, así como una mayor gravitación relativa de sectores del capital vinculados con los sectores financieros, primario-exportadores y prestadores de servicios públicos, sazonado con una sobre-apreciación del peso, una política fiscal regresiva y una fuerte caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y salarios —sobre todo del sector público y privado informal—, explican tanto el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población, como el hecho de que algunos sectores sí se estén beneficiando con este modelo. La baja de retenciones en julio de 2025, su posterior eliminación para todos los granos y las carnes avícola y bovina hasta el 31 de octubre de 2025 y el simultáneo veto a un magro aumento de las jubilaciones mínimas epitomizan la política económica gubernamental con un claro sesgo de clase.

Este tipo de fenómeno de rápida pauperización socio-económica explica por qué se realizan esfuerzos narrativos gubernamentales y mediáticos por invisibilizar el hecho de que ciertos sectores privilegiados (dentro y fuera de los países deudores) sí se benefician —y de manera deliberada— a partir de las políticas económicas ortodoxas. Esto tiene que ver, también, con que la austeridad es una idea muy peligrosa porque permanece inmune a la refutación empírica y, más genéricamente, con el anti-intelectualismo del neoliberalismo rampante, que a su vez presenta un sesgo particular contra las ciencias sociales, que pueden cuestionar estas políticas con argumentos sólidos.

Hay grupos para los que la crisis no se nota. A los acreedores financieros se les sigue pagando en tiempo y forma. Es decir, para ellos no hay riesgo ni ajuste. El sistema financiero argentino mostró en el primer trimestre de 2024 ganancias récord respecto de los últimos 14 años. Otros sectores económicos concentrados, domésticos y externos, incluidos los de la industria extractiva, se benefician con un estatus de súper-protección jurídica que los inmuniza por 30 años frente a cualquier cambio regulatorio tributario, cambiario, aduanero o ambiental, aún cuando ese cambio fuera necesario para proteger el interés general de la población, según el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En cuanto a la regulación de las relaciones capital-trabajo, existe un claro sesgo que beneficia a los grandes empleadores: con la Ley Bases (2024) se ampliaron los períodos de prueba, se incluyó la posibilidad de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, se condonaron multas por trabajo no registrado y se permitió pasar como “socios” cuentapropistas a empleados en MiPyMEs.

A todo esto se le sumó el Régimen de Regularización de Activos, que ofrecía una amnistía fiscal más beneficiosa que cualquier otra en la historia reciente, beneficiando a los sectores de mayores ingresos, y una mayor regresividad del Impuesto a los Bienes Personales. Entre los beneficiarios de la política fiscal y los cambios institucionales, están algunos pocos sectores asociados a la exportación —agroindustria, minería e hidrocarburos—, que se han expandido en un año signado por la recesión y aumento de la pobreza. Aun así, el gobierno insiste en la necesidad de impulsar estos sectores, una obsesión que solo se explica por su interés en pagar deuda, incluso a costa del hambre.

La pregunta acerca de cómo enmarcar jurídicamente las políticas estructurales de empobrecimiento de la población ha sido una constante en los estudios del derecho de las últimas décadas. En Europa se analizó si la ola de austeridad que sobrevino a la crisis del 2008 podía equivaler a tratos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos por el derecho internacional. Podríamos estar frente a un caso de tortura cuando los Estados se revelan incapaces de asegurar la satisfacción de necesidades básicas de las personas mientras esos mismos Estados permanecen indiferentes frente a ese sufrimiento. Si sumamos que las violaciones de derechos humanos constituyen un resultado previsible de las medidas de austeridad y que el discurso político oficial puede volverse cruel, descargando las culpas en las propias víctimas discriminadas y vulnerabilizadas, amedrentándolas, estigmatizándolas, reprimiéndolas, resulta un movimiento obvio empezar a ver de reojo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ecuación jurídica de la tortura es evidente en el campo de la salud física y la salud mental en Argentina. La necropolítica debe ser leída en clave jurídica. 

Si no hay derechos económicos y sociales sino solo demandas mercantilizables, y si el “Dios Mercado” se convierte en un dogma en todos los ámbitos de la vida, éste necesita mantenerse inmune frente a la refutación empírica para poder perpetuarse. El neoliberalismo odia a las ciencias —en particular a las sociales— porque pueden probar los efectos perjudiciales de sus políticas sobre las condiciones de vida de las personas y sus subjetividades, así como sobre la naturaleza. También odia el arte, porque es capaz de imaginar y postular otra realidad. El neoliberalismo también necesita vigilar y reprimir cuando la gente reconfigura su visión acerca de las causas de la pobreza y la desigualdad, empoderándose así contra los ricos y poderosos. Por eso las garantías civiles y políticas también son un obstáculo para la profundización del modelo neoliberal.

En el libro explicamos los canales de transmisión mediante los cuales se profundiza la regresividad en la distribución de los ingresos y en el deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población, reconstruyendo de qué modo las medidas socavan de manera directa y duradera una amplia gama de derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud mental, a la salud física, a la protección social, a la alimentación, a un ambiente sano, a la educación y la ciencia, a la protesta social, los derechos laborales y la igualdad de género.

Por ejemplo, un informe presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación por altas autoridades distintos organismos de salud mental y adicciones de once provincias argentinas revela que en 2024 incrementaron un 10 por ciento las internaciones por motivos de salud mental respecto de 2023, mientras que las consultas ambulatorias en este ámbito tuvieron un aumento promedio del 78,5. Los impactos de las políticas de austeridad en la salud mental de la población argentina son evidentes: dicho informe refiere un incremento en los síntomas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y un mayor consumo de sustancias psicoactivas, así como un aumento de autolesiones, intentos de suicidio y suicidios consumados.

Aunque la producción de conocimiento científico es clave para desenmascarar los mecanismos del neoliberalismo —y a quienes se benefician con ese sistema— la realidad actual nos indica que las palabras, los libros, no son suficientes para la acción política. Así, basado en los hallazgos y argumentos presentados en el libro mencionado más arriba, acabamos de estrenar una película animada titulada La grieta y la libertad. Tres tesis atraviesan su guión. Primero, no se puede ser libre con hambre y sin techo; segundo políticas neoliberales incrementan las desigualdades extremas y producen un deterioro de las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población; y tercero, la grieta nos hace ladrar al árbol equivocado, mientras la verdadera casta de millonarios sigue intacta.

También forma parte del libro una colección de fotos conceptuales utópicas, titulada “Más allá de la deuda”, que proponen, visualmente, cómo sería un mundo sin deuda, o al menos un sistema de deuda que no esté basado en la explotación de la mayoría de la población del mundo. La consigna es interpelar conciencias para la acción política a través de las ciencias, el arte y los derechos humanos.

En el marco de esa interpelación contracultural (contra el individualismo, potenciado por las finanzas), es imperioso recuperar la idea de solidaridad, que a su vez es un principio transversal de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Este principio hace que no solo los Estados sean sujetos de obligaciones en este campo sino también las personas físicas y otras personas jurídicas, como las corporaciones. La solidaridad es un principio que también funciona hacia el interior de las sociedades, y determina el alcance, por ejemplo, de los derechos (y obligaciones) de las personas en el campo de la política tributaria y la propiedad privada a los fines de asegurar el cumplimiento progresivo de los DESCA. El principio de solidaridad tiene a su vez una profunda interrelación y exigencia de armonización con la garantía de libertad: ¿cómo se puede ser libre sin poder acceder a bienes y servicios básicos?

Así, la piedra de toque es la centralidad o predominancia del derecho de propiedad privada —que excluye, no compatibiliza con el resto de los derechos humanos— en los ordenamientos jurídicos modernos. En efecto, es el reconocimiento y protección absoluta del derecho a la propiedad privada el anclaje jurídico que permite y exacerba un modelo específico de producción y distribución del valor que legitima y perpetúa la explotación, la pobreza y las desigualdades radicales. Esto nos indica que el derecho no está disociado de la economía, sino que, muy por el contrario, representa su arquitectura institucional. De ello se sigue que los cuestionamientos jurídicos desde un enfoque de derechos contra el capitalismo —tal como éste funciona en la práctica, donde el derecho de propiedad individual prevalece en la competencia con otros derechos—, se tornan ineludibles si pretendemos pensar y accionar por una sociedad inclusiva en un mundo sustentable. La regulación económica de la propiedad privada debe ser modelada por los derechos humanos.

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1. La carroña mediática otra vez: la banalización de las vidas populares y la construcción de la indiferencia

La indiferencia con la que suele castigarse a las personas más acuciadas por las políticas de desmantelamiento de la vida como las que hoy se reivindican, cada tanto se ve sacudida.

En estas semanas la participación expresada en contra del proyecto político que reivindica la crueldad, la criminalización de la solidaridad y el saqueo de recursos como todo horizonte, fue burlada bajo la apreciación “ojalá caguen en un balde toda la vida”. Un cliché violento que banaliza la vida de los sectores populares y les refriega lo que les deben y les quitan a diario, mientras les niegan atributos suficientes para discutir sobre el rumbo del país.

Ahora, el asesinato múltiple, cruel y despiadado de tres jóvenes mujeres genera atención mediática. Y, otra vez, la profundización del estigma se vuelve el deporte comunicacional favorito. El crimen -cruel, irrumpe- hace fosforecer la precariedad y la desesperación con que se emprende la vida cuando ocurre lejos de las necesidades más elementales satisfechas. Pero no para comprender mejor o revisar cuánto del no reconocimiento de esas vidas explica estos desenlaces, sino para reforzar las interpretaciones que insisten en afirmar que hechos tan espantosos como ser víctimas de un femicidio feroz se explican pura y exclusivamente por lo que las víctimas eran, hacían o no hacían.

No hay nada de azaroso en la vigencia de la estigmatización disfrazada de noticia frente a algunas muertes, las de las mujeres, las de los pobres, las de las atrevidas que se atreven a gozar de bienes y consumos que no están pensados para ellas, las de quienes son construidas como responsables exclusivas de la forma en que son asesinadas.

Así como el mito clasista de que cagar en un balde explicaría las decisiones políticas de los sectores más castigados por la profundidad destructiva de las políticas del momento y no esas mismas políticas explícitamente dañinas, muertes como las de Brenda, Morena y Lara siguen habilitando discursos que echan mano del trillado “algo habrán hecho, en algo habrán andado”. Ante sus muertes, la carroñera mediática se empeña en explicar la falta de competencia de sus víctimas para evitarlas: nunca es suficiente cuidado, nunca se está en el lugar adecuado.

Otra línea narrativa al servicio de la impunidad es la que opera adjudicándoles la condición de víctimas propiciatorias, víctimas que “se lo buscaron”, maximizado por el encuadre en la figura criminalizante del momento, “las viudas negras”, una expresión con potencial peyorativo sin igual. 

Todas esas caracterizaciones prejuiciosas no esclarecen nada sobre lo que ocurrió, sólo explican cuánta impunidad es capaz de proveer una discursividad construida de espalda a las preguntas que importan, una mueca de periodismo que se rehúsa a hacer su tarea cada vez que deja de lado preguntas que nos podrían acercar otras explicaciones.

Las preguntas que faltan son las que explican porqué otra vez estamos con el gastado cuento en torno a las víctimas. Tampoco será muy productivo ni transformador limitarnos a señalar la incorrección misógina de esas narrativas.

La irrupción de un crimen tan cruel y extremo no deja de ser una oportunidad para hacernos preguntas distintas.

Hay que politizar, rescatar en toda su dimensión estos cuerpos que la necropolítica reduce a cosas, a lo sumo a noticias, negando la humanidad que portaron y pulverizando con ello muchas otras vidas a las que se les recuerda a diario que no importan. Como lúcidamente propone Sayak Valencia: “La importancia de un cuerpo muerto no se reduce a una imagen de dos segundos en una tarde de zapping televisivo. La carne y sus heridas son reales, generan dolor físico a quien las padece (…). Necesitamos liberar al cuerpo de los discursos mediales que lo espectralizan” y pensar cómo activar más allá de las expresiones rabiosas.

2. Lo complejo no quita lo sexista

Existe también una urgencia en invitarnos a “complejizar” advirtiendo que aquí hay otros elementos -el narco  (por cierto, reducido a expresiones racistas y sesgadas), las nuevas subjetividades, la cultura del consumo, la catástrofe social, etcétera etcétera– como si reclamar que la violencia sexo–genérica del caso sea considerada, fuera un problema.

Es al revés, no es necesario renunciar a la dimensión de género y la consideración de esas formas de violencia para asumir todas las cuestiones en juego que concurren a este verdadero escenario del horror. Es insuficiente pensar en el asesinato de Brenda, Morena y Lara solo como un crimen de género, pero sin esa dimensión tampoco es cierto que vamos a comprender todo lo que hay en juego.

El femicidio es hoy una figura legal. Y aunque socialmente se suele asociar con la muerte de una mujer, eso no es exactamente así. Lo que lo caracteriza es la mediación de violencia de género, algo que puede concurrir con muchos otros móviles o formas de ejecutar –que no son lo mismo– que un crimen pueda tener y que, vale la pena insistir, es contextual, no se reduce al vínculo entre víctima y victimario.

De allí que descartar la figura de femicidio con argumentos del tipo “el móvil fue un robo previo”, no ayuda a comprender. De hecho, los protocolos y recomendaciones internacionales sí exigen encuadrar como femicidios las muertes de mujeres por razones que ya deberían ser obvias. Eso no significa que siempre haya femicidio cuando matan a una mujer, pero sí que hay que considerar esa posibilidad.

Para descartar hipótesis hay tiempo.

Pero hay más: es muchísimo lo que desconocemos acerca de lo que alguien ha dado en llamar “los sexismos en el submundo”, en referencia a la forma en que las asimetrías y desigualdades de género operan también allí donde las desigualdades son brutales -y por qué no– en el ámbito del delito organizado.

Las economías ilegalizadas, sin matices ni anclaje en sus condiciones reales, facilitan la asimetría y hacen que el sometimiento y la esclavitud sean recursos del sector de los que nos desentendemos (porque total quienes están inmersos son alcanzados por las etiquetas de lo delictivo y reducidos a ese universo).

Así, se subrayan asimetrías propias de los regímenes de estatus, asegurando que quienes padecen ciertas intemperies estén disponibles a bajo costo y con una funcionalidad que excede largamente la dimensión económica.

En su informe sobre Crimen Organizado y violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en Centroamérica (2023), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce la incidencia directa de la desigualdad de género al sostener que “mujeres, niñas y adolescentes están en riesgo acentuado de ser víctimas de violencia de género por parte de pandillas, maras y otros actores del crimen organizado, o como consecuencia de las políticas de lucha contra el crimen (…) Se ven particularmente expuestas a ser captadas, son llevadas a cabo por estructuras criminales dominadas por hombres, con jerarquías machistas y prácticas de extrema violencia”. Y agregan que a pesar de esa evidente incidencia del género en las conductas de los grupos criminales, esa relación sigue sin analizarse en profundidad y que “no existe un marco conceptual desarrollado que esclarezca una relación entre la violencia contra las mujeres y el crimen organizado”. En otras palabras, no hay razones para desalentar la inclusión de las dimensiones de género para comprender qué pasó.

Entre nosotros, estaría muy bien mirar hacia Rosario, habitualmente enfocado por sus conflictividades ligadas a la criminalidad organizada. Enfoque que suele contentarse con la militarización del territorio como respuesta a todo. Sin embargo, este triple femicidio horrendo que puede parecernos novedoso por su irrupción en los medios nacionales, no es una novedad en lugares donde ya existen múltiples investigaciones de muertes de mujeres en contexto de crimen organizado encuadradas bajo la figura de femicidio. En Rosario entre 2014 y 2024 hubo 172 muertes de mujeres en contexto de crimen organizado. De hecho, las escaladas en las estadísticas de muertes violentas se explican también por el ensañamiento hacia el cuerpo de las mujeres, algo que ni los análisis periodísticos ni las políticas de demagogia punitiva suelen considerar.

3. La crueldad es desigual

Estado social ausente y crimen organizado: alianza letal

Las escenas que vemos en la tele y que nos conmueven y atraviesan a través del horror tienen que ver con el reflejo de la ruptura del tejido social. Mataron a tres. Hoy hay tres menos, tres familias que están rotas y va a haber muchas más si no componemos el tejido social que está quebrado y, a la vez, si no nos hacemos cargo de que algo así no le pasa a cualquier mujer. Acá no hay buenas o malas víctimas, acá hay femicidios. Pero las pobres son los sujetos descartables. Sus vidas están arrasadas por la precariedad, hacen lo que pueden con lo que tienen a su alcance. 

La destrucción de las tramas sociales que hacían de lo común una condición de posibilidad de la vida, asumiendo umbrales mínimos de dignidad atados a la sencilla razón de que más allá o más acá todos y todas somos personas, no es un fenómeno nuevo. No perdamos de vista que la profundización de esos daños sea una política de Estado porque no es lo mismo ver el problema de un Estado inútil, incluso un Estado corrupto o torpe, que considerar al Estado como promotor explícito de la destrucción. No es lo mismo un gobierno inoperante, que un gobierno con vocación de asfixia y exterminio.

Estas organizaciones llevan un largo tiempo desplegándose en territorios empobrecidos, que van mutando y que hacen de la clandestinidad, la precarización de la vida, la ridiculización de la participación política y la deslegitimación de la intervención estatal en la garantización de necesidades básicas, activos claves para la expansión de sus negocios tan millonarios como criminales.

Los debates maniqueos no ayudan. Sobran las muestras de cuán funcional a la expansión de dinámicas cada vez más violentas son la clandestinidad y la criminalización, sin matiz alguno. Y la persistencia en azuzar el fantasma del narcotráfico como si las condiciones en que opera no tuvieran nada de apoyo en el prohibicionismo imperante, también demora la posibilidad de habilitar otras conversaciones. Por ejemplo, ¿cómo juegan categorías como la raza, la clase y el género en estas economías?

Colocar estas muertes violentas en un contexto más amplio de reflexión sobre lo que el mercado ilegalizado de drogas y otras economías criminalizadas implica en clave de género, clase y raza es urgente. ¿Qué nos dice otra vez un caso en el que velozmente se asocian narcotráfico y criminalidad sexista violenta?

El cemento de alianzas de este tipo es la criminalización como principal respuesta. Abandonada la dimensión social de la política, las muecas de ese Estado al que se dice querer destruir se concentran en avanzadas represivas  de las vidas. Sin criminalización y estigmatización no sería tan sencillo llevar adelante políticas de desemantelamiento de la vida como las que proponen.

Proclaman apuntar al crimen organizado pero se ensañan con la organización social y abandonan a la sociedad. Allí están las estadísticas oficiales de este país en materia de lucha de contra las drogas: un marginal número de procedimientos mediatizados frente al aluvión de casos de narcomenudeo y otras formas de criminalización de la susbistencia.

Allí están también las políticas de pánico moral y constante asedio a las trabajadoras sexuales que las condena a la exposición diferencial ante la violencia que siempre se fortalece con la ilegalidad y la clandestinidad: ni reconocimiento jurídico, ni amparo frente a la brutalidad y la corrupción policial. Este caso extremo de violencia no está desconectado de las persecuciones vecinales, de las burlas mediáticas, del hostigamiento policial que sufren a diario las personas expuestas a la clandestinidad. 

No podemos demorar mucho más una conversación sobre el trabajo sexual que considere las condiciones materiales y la voz de las involucradas, sin que la imposición dogmática ni la romantización dominen la escena.

Sabemos que la frontera entre legalidad/ilegalidad de los mercados es pura artificialidad. Las intensas y múltiples velocidades con que circula el capital borronean ese contorno. La insistencia en mantener esa distinción como si fuera ontológica –tal como ocurre a diario en los países que como la Argentina lanzan guerras al narcotráfico y al mismo tiempo incentivan la volatilidad del capital o el endeudamiento masivo-, se vuelve complicidad.

La forma banal en que se nos habla y se nos invita a discutir sobre mercados criminales suele operar como preludio a la militarización de nuestras ciudades y territorios. Más aún cuando el Estado Gendarme es la única respuesta de un Estado que reivindica la destrucción del tejido social al que sofoca con criminalización y hambre.

La preocupación declamada frente a las organizaciones criminales, rara vez encuentra eco en otra cosa que no sea más patrullas, más control social, los mismos resultados una y otra vez. En este punto, discutir los efectos del prohibicionismo es clave porque ese despliegue militar refuerza la dinámica criminal en la gestión de los territorios.

Solo es posible comprender la escala de este triple femicidio si lo conectamos con estos hechos de extrema violencia y ostentación sádica del poder de administrar la vida, con la destrucción de los lazos, la aniquilación de lo común y el ensañamiento con los más abandonados que se expresa en las formas de dirigirse a las personas, en el desfinanciamiento de las políticas de subsistencia y en la demonización de las formas de organización política articuladas en torno a la solidaridad y la asistencia mutua. Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas en ese entramado: nombrarlas es un modo de recordar que este tejido social desgarrado aún puede rehacerse si decidimos que sus vidas no fueron desechables.

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