Sociedad

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de un blanqueo permanente orientado a evasores de alto patrimonio, presentado bajo un relato que intenta interpelar a la clase media sin ofrecerle beneficios concretos.

«Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos», afirmó Girard en declaraciones radiales.

Según explicó, el discurso oficial asocia la medida con valores como la libertad individual y el incentivo a la iniciativa privada, pero el diseño concreto del régimen deja en claro a quiénes beneficia. «No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso», señaló.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la confusión deliberada que el gobierno de Javier Milei instala en torno al delito de evasión fiscal. «Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo», advirtió.

Reglamentan la ley de inocencia fiscal y ARCA festeja: «evadir ya no es un delito penal»

En ese sentido, Girard remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. «Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando», subrayó.

El titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. «Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias», sostuvo.

«Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía», agregó.

Por último, Girard enmarcó la discusión en un debate de fondo sobre el sistema tributario argentino. «La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos», explicó.

«El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado», concluyó.

Patricia Bullrich anunció este martes que el proyecto de reforma laboral mantiene la eliminación de la ultraactividad, invierte la prelación de las negociaciones colectivas colocando los acuerdos por empresa encima de los que se hagan por rama y deroga los estatutos. Esos tres puntos formaban parte del listado de artículos que la CGT pretendía voltear, pero la jefa del bloque libertario los expuso, entre otros, como «un cambio estratégico en las relaciones laborales argentinas».

En conferencia de prensa, la exministra de Seguridad defendió la «prelación de convenios de empresa». «Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional», explicó.

Ese cambio debilita a los sindicatos en las negociaciones paritarias por salario y condiciones laborales, acrecentando el peso de la patronal sobre las comisiones internas.

Bullrich aclaró también que se mantendrá tal como está previsto en el dictamen firmado en diciembre el artículo referido a la ultraactividad, el concepto que garantiza la continuidad de los convenios hasta que aparezca uno nuevo en cada actividad. Tanto la CGT como la CAC, la CAME y ADIMRA peleaban porque no cayera esa cláusula porque, tal como informó LPO, la necesidad de volver a conveniar todos los años se torna inoperativa en términos administrativos y productivos hasta para los dueños de las firmas.

Los gobernadores se impusieron y Toto Caputo sacó Ganancias de la reforma laboral

La argumentación de la senadora fue que «en la redacción del artículo sobre ultraactividad se aclara que los convenios pueden seguir siempre que las partes acuerden eso», una manera ingeniosa de habilitar la disolución del instrumento salvo que empresarios y delegados pacten sistemáticamente la vigencia de los convenios.

Por otro lado, se pavoneó con la derogación de los estatutos de profesionales, como el del periodista o el viajante de comercio. «Los estatutos son previos a los convenios y no va a quedar ninguno», dijo con tono marcial.

Bullrich, junto a senadores del PRO, la UCR y LLA.

Alrededor suyo se ubicaron senadores aliados en representación de la UCR, el PRO y la bancada de La Libertad Avanza. Estaban los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, Martín Göerling en representación del partido amarillo y Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta, entre otros, por los libertarios.

Las únicas dos concesiones a la CGT anunciadas por Bullrich fueron la continuidad de las patronales como «agentes de retención» de los aportes para la «cuota sindical», con un tope de 2 por ciento, y el sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, cuando el dictamen original reducía esa cifra a 5 puntos y le comía a los sindicatos alrededor de 800 millones de pesos. «Lo dejamos en 6 puntos porque consideramos que la salud es importante», dijo la senadora.

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.

Los anuncios de Bullrich contra las conquistas del movimiento obrero no fueron conversados con representantes de la central de la calle Azopardo, pese a que fuentes del gobierno le anticiparon a LPO que el gobierno no daría el brazo a torcer en esos puntos. «Todo eso que dijo Bullrich habrá que verlo, está muy rosqueado», contestaron desde la CGT en medio de los preparativos para la marcha de este miércoles al Congreso.

La exministra había dicho que «una ley no es la imposición de una parte sobre la otra sino un acuerdo», cuando tuvo que explayarse sobre las razones que llevaron al gobierno a declinar el capítulo de ganancias por la resistencia de los gobernadores. «No hay ganadores y perdedores, sino un acuerdo y en ese acuerdo se respetan las miradas», abundó para justificar un entendimiento que no se estaría produciendo con la CGT.

No asistieron los senadores provinciales que comprometieron su respaldo a la reforma, como la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo, los dos misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, y los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano. En total, serían 10 legisladores determinantes para que salgan los artículos durante la votación en particular o no pero, al cierre de esta nota, el oficialismo confiaba que rondaría los 40 votos por la afirmativa.

Tras la firma de un convenio por el traspaso del fuero nacional laboral a la órbita porteña, una maniobra de Villarruel podría dilatar la transferencia.

Para que el convenio se apruebe hace falta la ratificación del Senado y de la legislatura porteña. Milei quiso apurar los tiempos y envió el convenio como si fuera una modificación del artículo 91 de la reforma laboral que se vota el miércoles en la cámara alta.

La intención del gobierno era que la modificación se resolviera en las bancas, pero el secretario parlamentario del Senado, que responde a Villarruel, decidió que siguiera el camino ordinario de cualquier ley propuesta por el Ejecutivo: tratamiento en comisiones y luego votación en el recinto. Las sesiones ordinarias comienzan en marzo y pueden pasar varias semanas antes de completar el ciclo.

El traspaso del fuero nacional es resistido por los propios jueces que perciben como un menoscabo a su investidura ser considerados jueces provinciales y también por los abogados laboralistas. Lo cierto es que, si la transferencia se efectiviza, pasarán a rendir cuentas ante el consejo de la magistratura porteño.

Milei coló en la reforma el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, un paso clave contra la industria del juicio

Hay quienes señalan a Villarruel como la responsable de la maniobra dilatoria, pero Agustín Giustinian también tiene buen vínculo con Patricia Bullrich y sospechan que la senadora, de excelente relación con los jueces laborales, estuvo detrás del ardid.

Por la mañana del martes el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que había firmado un convenio con Nación para traspasar el fuero laboral. Horas más tarde comenzaron los rumores de que el traspaso podía trabarse en el Senado.

El trámite habitual para los traspasos de competencias de Nación a La Ciudad es la firma de un convenio que luego debe ser ratificado por la Legislatura y por el Senado.

Hay sospechas de que Bullrich fue una de las artífices de la maniobra que demora el traspaso.

Por el momento los jueces nacionales trabaron la transferencia con una cautelar, pero la medida podría caerse. Hasta ahora la última instancia de apelaciones de la justicia Nacional es la Corte.

Si el fuero laboral pasa a la Ciudad, esos expedientes tendrán una instancia anterior, el Tribunal Superior de Justicia. Desde el fallo Levinas, donde el panelista Gabriel Levinas fue juzgado por el robo de obras del artista León Ferrari, el TSJ se convirtió en el tribunal de alzada de la Justicia Nacional.

La Corte tiene especial interés en que el fuero pase a la Ciudad: eso implicaría dejar de lidiar con miles de expedientes que ingresan al máximo tribunal año tras año.

Si el convenio es ratificado por el Senado y la Legislatura, el consejo de la magistratura porteño tendrá una oportunidad única: designará 17 de los 30 camaristas del fuero y al menos 30 de los 80 juzgados que están subrogados. Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici serán quienes lideren ese proceso.

El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.

El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.

Ante la presión de los empresarios, el gobierno busca volver atrás la maniobra de Giustinian y no pierden la esperanza de que el convenio se apruebe mañana. El acuerdo se firmó después de un largo debate del que participaron además de los ministerio de justicia nacional y porteño, ONGs y organismos internacionales como la OISS. Cerca de Milei saben que es difícil que un escenario tan favorable como el actual se repita en el Senado y por eso buscan ratificar el convenio lo antes posible.

El municipio de San Isidro cerró el balance de seguridad de enero con 2.219 operativos que permitieron identificar a más de 23.000 ciudadanos.

En la comuna a cargo de Ramón Lanús informaron que durante los trabajos en calle se detuvieron a 400 delincuentes que fueron capturados «in fraganti» o que tenían causas pendientes.

Se trata de operativos clave. La semana pasada, uno de estos operativos permitió el esclarecimiento de un homicidio por robo en la calle Jacinto Díaz.

El despliegue de enero incluyó patrullajes en móviles y motos, y controles en puestos estáticos. Entre los detenidos, 106 personas fueron capturadas en flagrancia y otras 282 tenían impedimentos legales. En total, se identificaron 23.124 personas y 8.715 vehículos en diversos puntos estratégicos.

Los operativos se ramificaron por las principales arterias y calles internas, cubriendo zonas de alto tránsito y los límites con distritos vecinos. Entre los puntos de mayor vigilancia se destacaron las avenidas Santa Fe, Centenario, Fleming, Del Libertador, Márquez, Andrés Rolón y Unidad Nacional. 

 Actualmente, el distrito cuenta con 2.646 cámaras de seguridad con IA y tecnología 4k, distribuidas en todas las localidades 

También calles claves como Perito Moreno, Thames, Blanco Encalada, Roque Sáenz Peña, General Pueyrredón, Paraná, Tomkinson y Uruguay, además de intervenciones en las arterias paralelas para evitar vías de escape.Todo en coordinación con la Policía Bonaerense.

Los controles cuentan con el apoyo tecnológico del Centro de Operaciones Municipal (COM). Actualmente, el distrito cuenta con 2.646 cámaras de seguridad con IA y tecnología 4k, distribuidas en todas las localidades, que funcionan como el «ojo» preventivo para coordinar las persecuciones y los cierres de zona. 

Ni el volantazo de Toto Caputo para que el Indec no publique el nuevo índice de precios logró frenar a la inflación que marcó un altísimo 2,9 por ciento en enero y  acumula ocho meses consecutivos al alza. Un dato letal para el relato libertario de la «desinflación» y las promesa de Milei que en agosto el IPC comenzará con cero.

El ministro de Economía había asegurado la semana pasada que la inflación de enero estaría en torno al 2,5 por ciento, pero la realidad fue mucho más áspera. El índice manipulado por Caputo dio casi medio punto más y el gobierno solo pudo zafar de que empiece con 3, un fantasma que recorría la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.

LPO había revelado la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.

El ministro y sus voceros oficiosos aseguraron que el nuevo índice hubiese dado una décima menos que el actual, pero la realidad es que todos los analistas serios explican que por la mayor ponderación de los servicios la cifra daría más alta. El 2,9% con el índice viejo confirma la primicia de LPO, que luego fue replicada por otros medios. 

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Es obvio que con la nueva ponderación el IPC se iba a ubicar por encima del 3%, una bomba neutrónica para Milei y Caputo, que justifican el fenomenal ajuste que castiga el consumo, el empleo y el poder adquisitivo, en el logro estratégico de bajar la inflación a niveles regionales, esto es alrededor del 5% anual. Ahora, para hablar de un proceso de desinflación, la inflación tiene que bajar, no subir ni acelerarse como está ocurriendo.

LPO reveló la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.

El papelón de Caputo fue múltiple. Primero porque forzó la renuncia de Lavagna y detonó la credibilidad del Indec al frenar la actualización de un índice anunciado varios meses atrás, con el único objetivo de que no el índice no empezara con 3 y terminó apenas una décima abajo. En el medio, violó el secreto estadístico del Indec anunciando que daría 2,5% y terminó casi medio punto arriba, dando una señal de incertidumbre total.

El ridículo también fue grosero de las consultoras amigas del gobierno que salieron a coro a anunciar que la inflación sería de 2,4 por ciento, en un intento burdo por legitimar la intervención de Caputo en el Indec. El analista Fernando Marull, por ejemplo, sostuvo que si el índice daba más de 2,5 o 2,6 «estás siendo operado». 

Un dato alarmante del índice de enero es que alimentos dio 4,7 por ciento, lo que golpea de lleno a los sectores más postergados de la economía y hará repuntar la canasta de pobreza. En el Conurbano bonaerense los alimentos subieron 5,5 por ciento, casi el doble que el promedio general de inflación.

Además, también burla a los analistas caputistas que sostenían que el índice porteño, que dio 3,1 por ciento, estuvo empujado por productos estacionales como el turismo y no por la inflación núcleo.