El acuerdo comercial firmado por Milei con Estados Unidos no es neutro ni técnico: en materia de propiedad intelectual, puede impactar de lleno en el precio de los medicamentos y en la sustentabilidad del sistema de salud argentino. PAMI, obras sociales y hospitales públicos aparecen entre los principales afectados, en un escenario que ya tuvo antecedentes alarmantes en otros países de la región.
Por Tomás Palazzo para NLI
El capítulo de propiedad intelectual del acuerdo es, probablemente, uno de los más sensibles y menos debatidos públicamente. Bajo fórmulas como “alinear estándares internacionales” y “fortalecer la protección”, se esconden compromisos que benefician a los grandes laboratorios farmacéuticos y tensionan el acceso a medicamentos esenciales.
En términos concretos, el acuerdo abre la puerta a mecanismos que retrasan la entrada de medicamentos genéricos, aun cuando las patentes hayan vencido. Esto no implica prohibirlos de forma directa, pero sí postergar su llegada al mercado, lo que en la práctica significa precios más altos durante más tiempo.
Genéricos bajo presión y monopolios extendidos
Uno de los puntos más críticos es la posible incorporación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta habitual en los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Este mecanismo impide que la autoridad sanitaria utilice los estudios clínicos originales para aprobar genéricos durante varios años, aunque la patente ya no esté vigente.
El resultado es claro: un monopolio artificial, que no protege innovación sino rentabilidad. A esto se suma el riesgo de extensiones de patentes por demoras administrativas y el uso de patentes secundarias —cambios menores en un medicamento— para bloquear competidores locales.
Para un país como Argentina, con una industria nacional de genéricos fuerte y con el medicamento como insumo central de la política sanitaria, el impacto puede ser profundo y regresivo.
PAMI y obras sociales: la cuenta la paga el Estado
El principal comprador de medicamentos del país es el PAMI. Cada peso adicional en precios se traduce en más gasto público o menos cobertura. Lo mismo ocurre con las obras sociales sindicales y provinciales, que ya operan con presupuestos ajustados.
Si los genéricos tardan más en ingresar:
Sube el precio promedio de los tratamientos.
Se reduce la capacidad de negociación del Estado.
Se compromete la continuidad de programas de provisión gratuita.
Aumenta el riesgo de recortes o restricciones en prestaciones.
En otras palabras, el acuerdo no solo afecta a la industria farmacéutica: golpea directamente al corazón del sistema de salud.
El espejo regional: cuando el libre comercio encarece la salud
La experiencia regional es un llamado de atención. En Chile, tras acuerdos con cláusulas TRIPS-plus, se verificaron demoras sistemáticas en la entrada de genéricos y aumentos sostenidos en los precios de medicamentos de uso crónico. En Perú, organizaciones sanitarias documentaron mayor gasto estatal en compras públicas y menor competencia. En Colombia, la presión de los laboratorios derivó en conflictos judiciales cada vez que el Estado intentó regular precios o usar licencias obligatorias.
El patrón se repite: más protección para patentes, menos margen para políticas públicas de salud.
Argentina, que históricamente defendió las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para garantizar acceso, corre el riesgo de retroceder hacia un modelo donde la salud queda subordinada a compromisos comerciales.
Conclusión
El impacto del acuerdo sobre medicamentos no es una hipótesis alarmista: es una consecuencia previsible si se implementan los compromisos de propiedad intelectual sin resguardos. Más monopolios, menos genéricos, medicamentos más caros y un sistema de salud tensionado hasta el límite.
El interrogante ya no es técnico, sino político: ¿quién va a pagar el costo de este acuerdo? Todo indica que, una vez más, la cuenta la terminarán pagando los jubilados, los trabajadores y el Estado argentino.
El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.
Por Roque Pérez para NLI
Un nuevo organismo para disciplinar el relato público
A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.
El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.
La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.
Quién está a cargo y cómo funciona
La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.
No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.
Clarín, el primer blanco del nuevo “desmentidor oficial”
El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.
Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.
El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.
El Estado como Ministerio de la Verdad
Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.
Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.
Más propaganda que información
Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.
En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.
Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.
En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.
Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.
La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.
En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.
Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.
En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.
En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.
El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.
La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.
En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.
Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.
La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.
La trama que rodea a José Luis Espert suma un capítulo internacional explosivo: Fred Machado, el financista condenado por narcotráfico que aparece ligado al economista libertario, mantuvo vínculos comerciales y sociales con Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual. Aviones, dinero negro, fiestas privadas y un entramado que vuelve a salpicar al entorno político que hoy orbita a Milei.
Por Roque Pérez para NLI
Imagen modificada digitalmente por NLI
Desde hace meses, Noticias La Insuperable viene reconstruyendo la red de negocios, vuelos, transferencias y favores cruzados entre José Luis Espert y Fred Machado, un financista con condena en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico. Ahora, una investigación difundida este martes por medios nacionales suma un dato inquietante: Machado también aparece vinculado a Jeffrey Epstein, el financista estadounidense señalado como uno de los mayores depredadores sexuales del poder global.
EL VÍNCULO MACHADO–EPSTEIN: AVIONES, DINERO Y LUJO
Según documentación y testimonios relevados en Estados Unidos, Fred Machado compartió circuitos de negocios, vuelos privados y encuentros sociales con Epstein, en un esquema donde el dinero fluía sin demasiadas preguntas y los aviones privados funcionaban como moneda de intercambio. No se trata de una amistad casual, sino de coincidencias reiteradas en operaciones financieras y uso de aeronaves de lujo.
Epstein, hoy muerto en una cárcel federal en circunstancias nunca aclaradas del todo, utilizaba empresas pantalla, jets privados y cuentas offshore para mover fondos y personas. El nombre de Machado aparece en ese mismo ecosistema, lo que refuerza el perfil de un financista habituado a los márgenes más oscuros del sistema financiero internacional.
ESPERT, LOS LIBROS CONTABLES Y LOS 200 MIL DÓLARES
En Argentina, el nombre de Machado ya era conocido gracias a una investigación de Noticias La Insuperable, que reveló documentación contable donde figura un pago de 200.000 dólares a nombre de José Luis Espert, registrado en los libros de un narco condenado en Estados Unidos. No es una denuncia mediática: es un documento concreto que forma parte de causas judiciales en curso.
Lejos de aclarar el origen de esos fondos, Espert optó por el silencio y la victimización, mientras la Justicia avanzaba con medidas que incluyeron allanamientos en su domicilio por presunto lavado de dinero vinculado a Machado.
VUELOS, COCAÍNA Y UNA RED QUE NO SE EXPLICA
Otra investigación de este medio detalló la existencia de vuelos privados, vínculos con empresarios ligados al narcotráfico y un circuito de favores que conecta a Espert, Machado y el grupo Bada Vázquez. Aviones que entran y salen, dinero sin trazabilidad clara y relaciones políticas que garantizan protección.
El dato nuevo —la conexión Machado–Epstein— no hace más que reforzar el patrón: personajes que se mueven entre el delito financiero, el narcotráfico y las redes de poder internacional, con ramificaciones directas en la política argentina.
EL SILENCIO DE MILEI Y EL PODER QUE MIRA PARA OTRO LADO
Mientras estas revelaciones se acumulan, Milei evita cualquier explicación pública sobre el entramado de relaciones que rodea a uno de los referentes históricos del liberalismo local. Ni una aclaración, ni un repudio, ni una distancia política clara frente a un caso que mezcla narcotráfico, lavado y ahora también vínculos con un abusador serial de menores.
En una Argentina golpeada por el ajuste, el dinero libertario vuelve a mostrar su verdadera cara: no la del mérito ni la libertad, sino la de los negocios turbios, los aviones privados y las redes que operan en las sombras. Lo que antes eran “operaciones” hoy son documentos, causas judiciales y conexiones internacionales imposibles de ignorar.
Un hecho político inusual y profundamente revelador tuvo lugar este miércoles frente a la Casa Rosada: un efectivo de la Policía Federal Argentina decidió encadenarse esposado a la reja perimetral del Palacio de Gobierno para visibilizar el descontento y el sufrimiento real que atraviesan las fuerzas de seguridad bajo la gestión actual.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El protagonista de la protesta individual fue el cabo Miguel Ángel Montiel, quien se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a Balcarce 50. Con una pancarta en mano, denunció irregularidades dentro de la institución, maniobras de corrupción y el deterioro de su salario y condiciones laborales.
“Nos sacan la plata del bolsillo”: reclamos que estallan en plena Casa Rosada
Según explicó Montiel, su reclamo no se limitó a la cuestión salarial, aunque ésta fue eje central: señaló que la quita de derechos, la existencia de “planillas fantasmas” y maniobras irregulares con adicionales que no se cumplen terminan perjudicando directamente el bolsillo de los efectivos.
Además, el propio cabo denunció que en su Comisaría, la del Ferrocarril Belgrano Norte, existen prácticas que favorecen la corrupción, especialmente en servicios adicionales que no se efectivizan pero igual aparecen en los registros.
Lo más llamativo es que Montiel decidió canalizar su protesta en pleno frente de la sede del Poder Ejecutivo, obligando a la Casa Militar y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos especiales para contener la situación.
Un acto con mensaje político claro: el salario como conflicto estructural
La protesta del cabo Montiel es más que una acción aislada: pone en evidencia el profundo malestar dentro de las fuerzas de seguridad federales ante la precarización salarial y las condiciones de vida que enfrentan miles de agentes en un contexto de creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo.
Mientras el Gobierno insiste en discursos de “orden y seguridad”, la realidad que viven los trabajadores de las fuerzas de seguridad —que también pagan alquileres, comida, transporte y educación— es otra: salarios que no alcanzan, condiciones laborales desactualizadas y ausencia de canales institucionales efectivos para resolver conflictos internos.
Montiel incluso admitió que los policías no están autorizados a protestar de esta forma, pero aseguró que ya no podía seguir callado frente a lo que calificó como un evidente deterioro de derechos y justicia interna.
«No podemos manifestarnos de esta manera, pero demuestro que soy camarada»
Un cabo de la Policía Federal Argentina se encadenó a la reja de la Casa Rosada para denunciar «corrupción en la Superintendencia de Transporte» y pidió que el Gobierno «no se olvide de lo sueldos». pic.twitter.com/lW3gXIckak
Este episodio, ocurrido en el corazón del poder estatal, desnuda una realidad incómoda para el gobierno: el descontento salarial trasciende a los sectores tradicionalmente alineados con la autoridad estatal, como son las fuerzas de seguridad, y cuestiona directamente la gestión en materia de políticas de ingresos y transparencia institucional.
La protesta se da en un contexto social donde los reclamos por salarios dignos, condiciones laborales justas y el fin de prácticas corruptas se multiplican en distintos sectores de trabajadores y trabajadoras. La decisión de Montiel de esposarse frente a la Casa Rosada no es un mero acto simbólico, sino un llamado de atención tan político como la reivindicación de derechos que merece una discusión pública profunda.
El 8 de enero de 2026, Milei recibió en la Casa Rosada a un grupo de militantes libertarios, influencers y activistas de la llamada “batalla cultural”. La audiencia fue presentada oficialmente como un “saludo protocolar”, pero el detalle de los asistentes y sus trayectorias deja al descubierto algo más profundo: un armado político-cultural sostenido por personas que, mientras demonizan al Estado en el discurso, mantienen o mantuvieron vínculos concretos con él.
No se trata solo de contradicciones individuales. El encuentro expone el ADN del mileísmo: un proyecto que necesita del Estado para legitimarse, aunque lo niegue públicamente.
Carlos Alberto Carosia
Productor y gestor político. Actúa como articulador entre el universo libertario digital y el poder formal. Es quien convierte militancia de redes en acceso real a la Casa Rosada. No discute ideas: ordena, conecta y habilita.
Aunque el espacio que integra rechaza la intermediación política y la “rosca”, Carosia cumple exactamente ese rol: intermediario político clásico, pero sin asumirlo públicamente. Aspiracional a «gente de bien», buscó hacer sus necesidades más alto de donde le daba residiendo en el exclusivo Club de Campo Haras San Pablo, allá por 2022, y por no pagar le subastaron sus bienes.
Marina Aldana Biagetti
Una de las voces más difundidas del libertarismo en redes. Construye identidad desde el rechazo a lo colectivo y la exaltación del mérito individual. Funciona como figura emocional, clave para captar adhesiones desde el relato personal.
Mientras reniega del Estado y cuestiona políticas públicas, solicitó y obtuvo una eximición del Impuesto al Automotor por su condición de persona con discapacidad, un beneficio otorgado por el mismo Estado que dice despreciar. El derecho estatal aparece legítimo cuando es propio, ilegítimo cuando es ajeno.
Eric Iván Acosta
Militante libertario con anclaje territorial. Aporta conocimiento práctico de la gestión local y funciona como puente entre el discurso libertario y realidades municipales.
Pese a su prédica contra el empleo público y “la casta”, trabajó para el municipio de Santa Fe, es decir, fue parte del aparato estatal que hoy denuncia como ineficiente y parasitario.
Con ganas de figurar, a su cuenta de Twitter la siguen 11 personas.
Walter Edgardo Díaz
Aporta una mirada disciplinada y de orden, muy valorada dentro del mileísmo. Su perfil encaja con sectores libertarios que reivindican fuerzas armadas y autoridad.
Fue parte integrante de la Armada Argentina hasta su baja en 2021 con el grado se Suboficial Principal, pasando a recibir su pensión del sistema estatal de retiros y pensiones. Mientras el discurso libertario cuestiona jubilaciones y sistemas previsionales, él formó parte de uno de los regímenes especiales del Estado.
Geraldine Mariana Prais
Figura provocadora y de alto impacto mediático. Su función es romper consensos, generar polémica y mantener al libertarismo en agenda a través del escándalo permanente.
Se presenta como antisistema, pero su visibilidad y capital simbólico se construyen gracias a la amplificación mediática y política que hoy le garantiza el poder estatal. Se postuló a Concejal en Esteban Echeverría y su posteo fue un cúmulo de faltas de ortografía (si así escriben los que comunican…).
Gabriel Nicolás Morel
Militante digital orgánico. Participa en campañas coordinadas de redes, ataques discursivos y operaciones de sentido. Es parte del aparato comunicacional informal del mileísmo.
Rechaza la militancia tradicional, pero opera como militante profesional, replicando lógicas de aparato político que el propio libertarismo dice combatir.
Leonardo Luis Antonio Griffo
Operador, se define como cristiano, maestro mayor de obras y personal trainer.
Se lo conoce en las redes como «Vikingo Liberal» y como parece ser la regla de estos comunicadores, escribe bastante mal.
Aspirante a Creador Digital, su página de Facebook tiene 8 seguidores.
Juan Manuel Uriarte Rinaldi
Militante con presencia territorial y digital. Funciona como engranaje entre el activismo online y la estructura partidaria de La Libertad Avanza. En sus posteos se lo ve militando en la Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires.
Denuncia a los partidos políticos tradicionales, pero milita activamente dentro de una estructura partidaria clásica, con jerarquías y lineamientos centrales.
Flavio Martín Arenales
Desde sus redes promueve un discurso anti-centralista, pero responde a una conducción hipercentralizada en la figura de Milei.
En julio de 2024, dio una entrevista en el canal de streaming Carajo, en la que señaló que “Las Fuerzas del Cielo” nacieron la noche previa al balotaje presidencial de 2023, cuando él llevó a un acto un cartel de cartón con la leyenda “Las Fuerzas del Cielo – Virrey del Pino”. Este cartel fue alzado por Milei tras su discurso como presidente electo.
Tiene 50 años y hace menos de diez que vive en la zona rural de Virrey del Pino, con su pareja y un hijastro, aunque también tiene hijos de un matrimonio anterior. Es el casero de un predio de varios terrenos, cuyo patrón le dio el espacio en el que está construyendo su casa.
Votó a Néstor Kirchner en 2003, pero no a Cristina: “Nunca la quise; yo solamente con mirarla me doy cuenta que es una cínica”.
César Alberto Alejandro
Integrante del núcleo de acompañamiento. Perfil bajo, pero funcional al armado general
Vive en Agustín Roca, en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires. Trabaja, según su descripción en Facebook, como prensa y relator en Junín Moto Club, un complejo deportivo de moto y karting, y como auditor en la Asociación Mutual Amacar.
Dice ser autor del «Himno a Milei».
Cinthya Romina Laurencio
Difusora constante del mensaje libertario. Su función es la amplificación acrítica del discurso oficial.
Vive en Misiones, desde donde reproduce consignas contra el “adoctrinamiento”, pero milita un relato único sin matices ni debate interno.
Jimena Sabrina Etchevarría
Parte del armado femenino libertario. Aporta diversidad estética al espacio.
Residente en Villa Ballester, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Palermo y fue editora en La Nación +.
María Alejandra Morsicato
Defensora ideológica del programa económico libertario. Con 49 años, participa en debates justificando ajuste y desregulación.
Es abogada y estudió la Especialización en Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Córdoba, según su descripción en Facebook. En 2023 creó un emprendimiento de macetas y decoración.
Nicolás Ricardo Sosa
Militante joven, parte de la renovación generacional del libertarismo.
Aspirante a influencer, es de Almirante Brown y en su biografía escribió “UX/UI Specialist. Sueño con ver al conurbano libre de kirchnerismo”
Graciela Del Carmen Travaglini
Ejerció como docente antes de jubilarse. Con 70 años, ive en Loma Hermosa, Tres de Febrero. En sus publicaciones comparte opiniones sobre actualidad en apoyo a Milei y contra el kirchnerismo, y el mismo presidente (siempre tan ocupado) suele escribirle.
Diego Valenzuela la recibió en una visita oficial.
Damián Ezequiel Miguel Acosta
Conocido como “El Tío Tepa”, trabaja como director comercial de una empresa del rubro automotor, aunque es monotributista «C». En diálogo con Chequeado, Acosta contó cómo empezó a dar la “batalla cultural”: “Todo empezó hace 3 años. Mi hijo vino y me mostró un video de Javier Milei, y ahí encontré a una persona que gritaba y se expresaba como la mayoría de los que trabajamos y hacemos las cosas bien (sic). Dije: ‘¡Es él!’. Desde entonces aporto mi granito de arena y doy la batalla cultural desde las redes, a mi manera, como una persona común”.
Ángel Gabriel Kalenberg
Humorista y actor cultural. Su tarea es suavizar y banalizar ideas violentas mediante el humor.
Niega el rol cultural del Estado, pero se beneficia de circuitos culturales construidos históricamente con políticas públicas.
Samantha Ayelén Aquino Sosa
Militante joven y activista digital. Representa la captación de nuevas generaciones. Salteña, el año pasado fue candidata a diputada.
Un patrón que se repite
Lejos de ser excepciones, las contradicciones son el hilo conductor del encuentro. El mileísmo no rechaza al Estado: rechaza que el Estado funcione para otros. Para los propios, hay exenciones, cargos, trayectorias, legitimación y puertas abiertas en la Casa Rosada.
