Política

 

En menos de 48 horas, el Boletín Oficial nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires publicaron resoluciones que, leídas en conjunto, revelan un cambio estructural en la cobertura de riesgos laborales del Estado. Bajo el rótulo técnico del “autoseguro público”, se consolida un esquema que transfiere miles de millones de pesos a un mismo grupo empresario, reduce derechos laborales y anticipa una ola de litigios que pagará, otra vez, el erario público.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

Autoseguro: cuando el Estado deja de asegurar y empieza a tercerizar el riesgo

Ayer, 15 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicó la Resolución 58/2025, mediante la cual autorizó al Gobierno de la Provincia del Chubut a incorporarse al régimen de Autoseguro Público Provincial previsto en la Ley 27.348. Formalmente, el argumento es la “gestión más eficiente” de los riesgos del trabajo. En la práctica, se trata de romper el esquema tradicional de ART integrales.

Hasta ahora, una ART debía cubrir tres pilares:

1. Prestaciones médicas
2. Pago de salarios durante la licencia
3. Indemnizaciones o litigios por incapacidad

Con el nuevo modelo, el Estado sólo contrata servicios médicos, dejando fuera las prestaciones dinerarias. Esto no elimina el riesgo: lo traslada. Los salarios caídos y las indemnizaciones pasan a depender de partidas presupuestarias futuras o, directamente, de los tribunales laborales.

El resultado es previsible: menos cobertura real para el trabajador y más juicios contra el propio Estado.

Chubut como laboratorio: menos derechos, más juicios y un solo ganador

En Chubut, el discurso oficial de Nacho Torres habló de terminar con “el curro de los seguros” y anunció un ahorro superior a los mil millones de pesos. Sin embargo, fuentes del sector asegurador advierten que la atención médica contratada bajo el nuevo esquema es incluso más cara que la que brindaban las ART integrales.

La diferencia es otra:

• El costo inmediato baja artificialmente
• El costo judicial y fiscal se patea hacia adelante

La provincia dejó afuera a Prevención ART, del Grupo Sancor, que llevaba más de una década brindando el servicio, aun cuando había presentado una de las ofertas más económicas. En su lugar, se impuso Colonia Suiza ART, una firma vinculada al Grupo Varadero.

Chubut no es una excepción: es el ensayo general.

---

CABA y los $36.000 millones: la licitación hecha a medida

Un día después, el Gobierno porteño de Jorge Macri, en un hermetismo total, amplía la jugada. Mediante la Resolución 5322/MHFGC/25, el Ministerio de Hacienda y Finanzas preseleccionó a Río Varadero S.A. para una licitación multimillonaria: $36.000 millones destinados a la “cobertura de prestaciones en especie” bajo el régimen de autoseguro.

El proceso eliminó a cuatro competidores —incluidas Provincia ART, OMINT ART y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos— por supuestas falencias contables. El único oferente que quedó en pie fue Río Varadero S.A.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede fallar toda la competencia en requisitos básicos y sobrevivir sólo una empresa?

Marcos Podestá, el hombre detrás del autoseguro

Detrás de Río Varadero aparece un nombre conocido en los pasillos del poder: Marcos Podestá. Médico de formación, construyó un holding que combina droguerías, prestadores médicos, ART, servicios financieros y empresas vinculadas a la energía y los residuos industriales.

El Grupo Varadero creció de la mano del Estado, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del PRO. Droguería Varadero, Instituto Biológico Contemporáneo, Gemepe y ahora Río Varadero S.A. aparecen reiteradamente como proveedoras públicas.

No es un actor aislado: es un engranaje estable del poder.

---

Santilli, préstamos milagrosos y sociedades incómodas

La trama se vuelve más oscura cuando se revisan antecedentes patrimoniales. En 2015, el actual ministro del Interior de Milei, Diego Santilli, declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares con Marcos Podestá. Un año después, la deuda desapareció sin explicación económica plausible, mientras el entonces vicejefe porteño mantenía un salario de funcionario público.

El vínculo empresarial tampoco es menor. Río Varadero S.A. fue constituida junto a Juan Carlos Loureiro, un nombre mencionado en el expediente del triple crimen de General Rodríguez. Loureiro figuró como presidente de la sociedad, con Podestá como director suplente.

Nada de esto impidió que la empresa creciera como proveedora estatal.

---

Cenzón, Vaca Muerta y el mismo patrón

El esquema se repite con Edgardo Cenzón, el recaudador histórico del macrismo. Tras su salida de la función pública, apareció presidiendo empresas vinculadas al Grupo Varadero en Vaca Muerta, como Treater, denunciada por Greenpeace por malas prácticas ambientales.

Los enroques societarios, las licitaciones estatales, los negocios cruzados entre salud, seguros, finanzas y residuos peligrosos muestran un patrón: privatizar ganancias, estatizar riesgos.

---

El saldo real: trabajadores expuestos y un Estado rehén

El autoseguro no elimina costos: los esconde.

• Reduce prestaciones
• Aumenta litigios
• Consolida grupos empresarios amigos
• Convierte al Estado en cliente cautivo de prestadores privados

Mientras tanto, decenas de miles de trabajadores estatales de Chubut y la Ciudad de Buenos Aires quedan con una cobertura fragmentada y una incertidumbre jurídica total.

El negocio ya está en marcha. La factura, como siempre, llegará después.

 

 

Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.

Por Roque Pérez para NLI

El backend del control

La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.

El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.

De la excepción a la rutina

El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.

Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.

Sin contrapesos democráticos

Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.

En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.

El Gran Hermano del siglo XXI

No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.

La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.

 

 

Mientras rechaza aranceles para proteger a la industria nacional en nombre de la “libertad”, el Gobierno acaba de aplicar una bonificación selectiva y retroactiva en un peaje clave de la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, beneficia a grandes operadores del comercio exterior y expone una intervención estatal quirúrgica, lejos del discurso oficial.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó este lunes, mediante la Resolución 65/2025, una bonificación del 16,7% en la tarifa de peaje para los buques que utilicen el Canal Martín García, en el tramo comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal. La decisión no solo es temporal, sino también retroactiva: se aplica desde el 5 de diciembre y rige por 30 días corridos.

El texto firmado por Iñaki Miguel Arreseygor repite, casi sin cambios, una bonificación idéntica dispuesta en noviembre, lo que deja en evidencia que no se trata de un hecho excepcional sino de una política de parche reiterada, aplicada en plena transición del esquema de concesiones.

---

Una bonificación selectiva, no una política general

El primer dato político es claro: no hay una rebaja general de peajes, ni un alivio para todo el sistema portuario. El beneficio es puntual y direccionado: solo alcanza a los buques que eligen el Canal Martín García, una traza que en los últimos años perdió competitividad frente a otras rutas por mayores costos de mantenimiento y dragado.

En los hechos, el Estado absorbe parte del costo operativo para que ese canal siga siendo utilizado. El porcentaje elegido —16,7%— no es caprichoso: equivale a compensar el diferencial que hoy empuja a muchos operadores a evitar esa vía. Sin la bonificación, el tráfico tendería a desviarse.

La retroactividad agrega un elemento sensible: no incentiva conductas futuras, sino que premia operaciones ya realizadas, reduciendo ingresos que el Estado ya había devengado.

---

Quiénes ganan y quiénes pierden

Los principales beneficiados por la medida son actores altamente concentrados del comercio exterior:

• Navieras internacionales de ultramar, como MSC, Maersk y CMA CGM, para quienes una baja de peaje impacta directamente en el costo por viaje y en la planificación de rutas.
• El complejo agroexportador, principal usuario estructural de la Vía Navegable Troncal, que ve reducido un costo logístico sin que eso se traduzca en mejores precios internos ni en estímulos a la producción nacional.
• El tráfico fluvial internacional proveniente de Paraguay y Bolivia, que utiliza el canal para barcazas de granos, minerales y combustibles.

Del otro lado quedan los perjudicados:

• El Estado, que resigna recaudación sin debate público ni una estrategia de largo plazo.
• El principio de neutralidad tarifaria, ya que se favorece una traza específica frente a otras.
• La industria nacional y las pymes, que no reciben ningún alivio comparable cuando compiten con importaciones.

---

La contradicción: liberalismo para algunos, intervención para otros

Aquí aparece el núcleo político de la resolución. El mismo Gobierno que se niega a aplicar aranceles o medidas de protección para sectores industriales golpeados por importaciones —porque eso “distorsiona el mercado”— interviene sin pudor cuando se trata de sostener la rentabilidad y el flujo del comercio exterior concentrado.

No es ausencia de Estado: es intervención selectiva.
No es libertad económica: es priorización de intereses.

La bonificación al Canal Martín García no responde a una política industrial ni a un plan de desarrollo. Es una herramienta transitoria para llegar sin sobresaltos al nuevo esquema concesionario, aun a costa de resignar recursos públicos y de profundizar asimetrías.

---

Un Estado presente, pero para los de siempre

La Resolución 65/2025 muestra que el problema no es si el Estado interviene o no. La pregunta real es para quién interviene. Mientras la industria nacional queda librada a la “libre competencia” con productos importados, los grandes jugadores del comercio exterior reciben alivios tarifarios hechos a medida, discretos y retroactivos.

Una vez más, el discurso va por un carril y las decisiones reales por otro. Y el peaje, como casi siempre, lo termina pagando el mismo de siempre.

 

 

Si hay algo que Javier Milei ha logrado —más allá de polémicas, motosierras y epítetos virales en redes— es instalar una metáfora económica que, como buen chiste de vendedor de autos usados, suena pintoresca y eficaz: el “modelo bicicleta”. Esa máquina de dos ruedas que en la Argentina gira en el mismo lugar y siempre te lleva al mismo destino.

Por Tomás Palazzo para NLI

Una bicicleta que gira sin avanzar

En el argot financiero argentino, la bicicleta financiera no es un paseo campestre, sino un mecanismo de especulación que ha venido creciendo desde que Milei y su equipo impulsan altas tasas de interés y reglas que favorecen al carry trade —el “ir y volver” rápido de divisas para ganar jugosas tasas en pesos antes de regresar al dólar—. Este esquema permite que quienes tienen acceso a crédito y mercado cambien dólares por pesos, obtengan altos réditos y vuelvan a dólares con ganancias. El dilema es que no genera producción real, empleo ni infraestructura; alimenta un timba sin freno.

Para el Gobierno, ese crecimiento financiero es celebrable: “la economía estará volando”, afirmó Milei reiterando su convicción de que menos Estado significa más riqueza. La paradoja es que esa bicicleta rara vez lleva pan a la mesa del laburante promedio.

Cuando la metáfora se convierte en diagnóstico social

Mientras los números financieros puedan mostrar un PBI ligeramente favorecido por la intermediación especulativa, la economía real —la que produce bienes tangibles, empleo y salarios— sigue en terreno débil. Sectores industriales y comerciales vienen sufriendo bajas, con caída del empleo y cierre de locales, según comentarios de quienes viven día a día esa cruda realidad urbana.

Y hablando de calles, la otra bicicleta en la escena —el delivery— parece ser más tangible para muchos argentinos: más personas pedaleando para ganarse un mango a fin de mes que viendo crecer inversiones productivas. Si la economía fuera un paseo en bicicleta, mucha gente estaría en la vereda, sin casco, tratando de llegar a destino, mientras el Gobierno aplaude al ciclista de elite que pedalea en la pista VIP del circuito financiero.

La ironía del “milagro” económico

Los defensores oficiales se explayan en cifras macro: inflación descendiendo desde niveles inconcebibles, riesgo país más bajo y un sendero de equilibrio fiscal que, en teoría, deja atrás décadas de desequilibrios. Pero hay truco estadístico en la curva, porque hoy el pueblo sigue teniendo que pedalear cuesta arriba para llegar a fin de mes, con ingresos que no acompañan los precios y pobreza resistente aunque menores que en algún pico del año.

La “bicicleta” aquí funciona más como un simulacro de estabilidad: si el manillar está firme y las ruedas giran bien, todo parece en orden aunque el cuadro esté oxidado y las cubiertas gastadas. El modelo ha generado tinta digital —y debates encendidos— sobre si es sostenible o una ilusión contable que explota cuando la música se detiene.

Del mito a la calle

Al fin y al cabo, la bicicleta financiera mileista es como esos viejos triciclos con los que jugaban los pibes: puede hacer ruido, puede moverse, puede hasta dar vueltas… pero no siempre te lleva a ninguna parte que valga la pena. Mientras tanto, la otra bicicleta —esa de los trabajadores que cargan pedidos de supermercado o juguetes— sigue siendo mucho más real para millones de argentinos. En ese contraste se revela la fina ironía del momento: un modelo económico que presume estabilidad mientras muchos apenas pueden sostener el equilibrio.

¿Será hora de bajar de la bicicleta y exigir caminos que realmente conecten con la vida cotidiana? La respuesta todavía pedalea, con más fuerza en las calles que en los libros de economía.

 

 

Representantes de la comunidad científica en el directorio del Conicet salieron a cuestionar la decisión del Gobierno de eliminar convocatorias clave de financiamiento y alertaron que sin inversión pública sostenida no hay desarrollo científico posible.

Por Alina C. Galifante para NLI

La tensión entre el Gobierno y el sistema científico argentino sumó esta semana un nuevo capítulo. Cinco integrantes del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades, firmaron un documento en el que rechazan la eliminación de la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y defienden el financiamiento público de la ciencia.

En el texto expresaron su “profunda preocupación” por una serie de medidas que consideran gravísimas: la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una nueva modalidad que, según denuncian, desconoce a amplias áreas del conocimiento y excluye particularmente a la investigación en ciencia básica.

El pronunciamiento no fue acompañado por los otros tres miembros del directorio que representan al agro, la industria y las provincias. No por desinterés, aclaran los firmantes, sino porque el documento nació como un eco directo de la alarma que recorre hoy a investigadores, becarios y equipos científicos frente al futuro inmediato de su trabajo en Argentina.

Fondos básicos, investigación paralizada

El sociólogo Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio, explicó que desde 2023 no se abrían nuevas convocatorias PICT y que la última, prorrogada durante meses, fue finalmente cancelada esta semana. En declaraciones al diario Página/12, detalló que los fondos destinados al grueso de los proyectos de investigación de todo el país quedaron directamente sin convocatoria.

La situación es especialmente grave porque esa última convocatoria había sido evaluada y adjudicada. Es decir, los proyectos ya estaban aprobados, pero nunca llegaron los recursos. El resultado es inmediato: investigadores, equipos universitarios y el propio Conicet se quedan sin insumos, sin infraestructura y sin posibilidades materiales de investigar.

Los PICT se financian a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que históricamente funcionó como la principal fuente de recursos para la investigación científica. Mientras los salarios —magros y atrasados— los pagan el Conicet o las universidades, es la agencia la que permite sostener los gastos reales de investigar: equipos, materiales, viajes, trabajo de campo y funcionamiento cotidiano de los laboratorios.

Pecheny subrayó además que el impacto fiscal de estos programas es mínimo. El porcentaje del PBI destinado a los PICT es ínfimo, pero su efecto multiplicador sobre la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos y el desarrollo nacional es enorme. Por eso, el documento funciona como un reclamo político claro: sin presupuesto, la ciencia simplemente no existe.

Ciencia o mercado: un modelo en disputa

La alternativa que impulsa hoy la agencia, según explicaron desde el directorio, está orientada casi exclusivamente a proyectos con participación empresarial y resultados de corto plazo. Se trata de una lógica de mercado que prioriza desarrollos con utilidad inmediata y rentabilidad rápida, dejando de lado la investigación básica y de largo aliento.

El problema, advierten, es estructural. La investigación científica es, por definición, incierta y lenta. Si se supiera de antemano cuál será el resultado, no sería investigación. Muchas de las aplicaciones que hoy sostienen economías enteras nacieron de descubrimientos que parecían inútiles durante décadas, desde avances matemáticos hasta estudios sociales que luego permitieron mejorar políticas públicas, sistemas de salud o acceso a derechos básicos como la vivienda.

Para los científicos, la colaboración con empresas es parte necesaria del ecosistema, pero no puede transformarse en el único motor del sistema. Cuando el Estado se retira y deja todo en manos del interés privado, el resultado no es eficiencia sino desarticulación. Se rompe el equilibrio entre lo público y lo privado y se condena al país a depender de conocimientos producidos afuera.

En esa línea, Pecheny fue contundente: el modelo de desarrollo que impulsa Milei reduce al mínimo el rol del Estado y desconoce la existencia de bienes públicos esenciales. La ciencia, al igual que una ruta, un hospital infantil o el cuidado del agua, no puede quedar librada a intereses particulares sin consecuencias devastadoras para el bienestar colectivo.

Becarios congelados y un futuro en riesgo

El ajuste también golpea con fuerza a los sectores más jóvenes del sistema científico. Los becarios financiados por la agencia —doctorandos y posdoctorandos— tienen sus estipendios congelados desde hace dos años. Mientras tanto, los becarios del Conicet y de las universidades apenas lograron actualizaciones parciales, siempre por detrás de la inflación.

El impacto no es solo individual. Los científicos advierten que la investigación debe pensarse de manera intergeneracional y federal. Sin universidades fuertes no habrá futuros investigadores, y sin financiamiento distribuido en todo el país la ciencia quedará concentrada en dos o tres grandes centros urbanos, dejando al resto de las provincias fuera del mapa del conocimiento.

Por eso, el documento cierra con una advertencia política de fondo. Los cinco miembros científicos del directorio instaron a revertir de manera urgente estas decisiones que, aseguran, atentan contra el desarrollo científico, el pluralismo académico y un crecimiento equitativo del país. Sin ciencia pública, advierten, no hay soberanía ni futuro posible.

 

 

La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Una derrota judicial que desnuda el método Milei

La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.

Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.

La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista

La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.

Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.

La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.

El ataque sistemático a la prensa crítica

La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.

Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.

El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.

Un patrón preocupante

Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.

La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.

En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.