Política

 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa decidieron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias mientras la Justicia investiga el crecimiento de su patrimonio. La decisión reavivó una contradicción política incómoda: el mismo gobierno que hizo de la honestidad una bandera impulsó un mecanismo que limita los controles fiscales y que ahora utiliza uno de sus principales funcionarios.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La construcción política de Milei se apoyó desde el primer día en una idea tan simple como efectiva: ellos eran distintos. Frente a una «casta» señalada como corrupta y privilegiada, La Libertad Avanza se presentó como la expresión de una nueva moral pública, donde la transparencia sería un valor irrenunciable y la ejemplaridad una obligación de cada funcionario.

Por eso la decisión de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias trasciende ampliamente una cuestión tributaria. Ocurre en medio de una investigación judicial sobre el origen y la evolución de su patrimonio y pone en evidencia una paradoja política difícil de explicar: el principal vocero de la honestidad oficial eligió una herramienta que reduce la capacidad del Estado para revisar patrimonios anteriores.

Un blanqueo impulsado por el propio oficialismo

La contradicción es todavía más llamativa porque el mecanismo utilizado por Adorni no proviene de una gestión anterior ni de una legislación heredada.

Fue este mismo Gobierno el que promovió un amplio esquema de regularización fiscal destinado a captar dólares no declarados y reducir controles sobre los contribuyentes. La iniciativa fue defendida públicamente por el oficialismo y tuvo entre sus principales impulsores al diputado José Luis Espert, quien sostuvo que era necesario abandonar la lógica de persecución fiscal para incentivar el ingreso de capitales al circuito formal.

El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias incorporó además un beneficio central: el denominado «tapón fiscal», que limita las facultades de ARCA para revisar determinados períodos fiscales de quienes adhieran al sistema.

En otras palabras, el Gobierno creó un instrumento pensado para brindar mayor seguridad fiscal a los contribuyentes y uno de los primeros dirigentes de máxima relevancia en aprovecharlo es justamente el jefe de Gabinete, mientras debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio.

La investigación sigue abierta

La causa judicial analiza operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, viajes y gastos que podrían no guardar relación con los ingresos declarados por Adorni y su núcleo familiar.

Entre los elementos bajo análisis aparecen compras de inmuebles, vacaciones internacionales y diversas erogaciones realizadas en dólares cuya trazabilidad intenta reconstruir la Justicia. El expediente todavía no tiene una conclusión y rige plenamente el principio de inocencia, por lo que no existe ninguna imputación firme ni condena contra el funcionario.

Sin embargo, la utilización del nuevo régimen tributario agrega un componente político imposible de ignorar: aunque la adhesión sea completamente legal, el mensaje público resulta difícil de conciliar con el discurso oficial de transparencia absoluta y superioridad moral.

La vara de la moralidad

Durante meses el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de que no todos los políticos eran iguales. Se cuestionaron patrimonios, declaraciones juradas, privilegios y mecanismos de regularización utilizados por otros dirigentes.

Ahora la escena es distinta. El mismo Gobierno que promovió un régimen pensado para facilitar la regularización patrimonial y reducir controles ve cómo ese beneficio es utilizado por su propio jefe de Gabinete, precisamente cuando la Justicia intenta determinar el origen de parte de su fortuna.

No se trata solamente de una discusión tributaria ni de una controversia jurídica. Se trata de una cuestión de coherencia política. Cuando una administración convierte la moralidad en su principal activo, cualquier excepción deja de ser un trámite administrativo para transformarse en una prueba sobre la consistencia de su propio relato.

 

 

Un contador venezolano que ocupaba un lugar estratégico en una empresa fundada por Martín Menem apareció muerto en su departamento de Almagro. La Justicia abrió una investigación por «muerte dudosa» y el hecho desató una ola de interrogantes políticos que vuelven a poner el foco sobre los negocios privados de uno de los hombres más poderosos del oficialismo.

Por Roque Pérez para NLI

La escena parece salida de un thriller político. Un directivo de una empresa creada por Martín Menem aparece sin vida en su departamento porteño después de varios días sin responder llamados. No hay signos visibles de violencia, pero la Justicia decide iniciar una causa por «muerte dudosa», una figura que implica que todavía no existen certezas sobre las causas del fallecimiento y que obliga a realizar todas las pericias correspondientes.

La víctima fue identificada como Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años que se desempeñaba como gerente general y director suplente de Gen Tech Argentina S.A., una firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios fundada por el actual presidente de la Cámara de Diputados. Su cuerpo fue hallado en un departamento de la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro, luego de que allegados alertaran que llevaba varios días sin contestar mensajes ni llamadas.

Una muerte que llega en un momento político sensible

La noticia no tardó en generar conmoción porque no se trata de un empleado cualquiera. Osorio Peñaloza integraba la conducción de una empresa estrechamente vinculada a Martín Menem, uno de los dirigentes de mayor peso dentro del esquema libertario y hombre de absoluta confianza de Milei.

De acuerdo con la información que trascendió, Martín Menem estuvo presente en el edificio mientras se desarrollaban las primeras actuaciones policiales y periciales, un dato que incrementó el interés mediático sobre el caso aunque, pues habría ingresado al lugar del hecho antes que la policía.

Los primeros informes indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones externas compatibles con un ataque. Sin embargo, la ausencia de una explicación inmediata llevó a la fiscalía a preservar todas las hipótesis hasta conocer el resultado de la autopsia y de los estudios toxicológicos.

El misterio alimenta las especulaciones

En la política argentina, las muertes inesperadas de personas vinculadas a figuras de poder suelen abrir un terreno fértil para las especulaciones. En este caso, la combinación de un alto directivo, una empresa asociada al presidente de la Cámara de Diputados y una investigación por muerte dudosa convirtió rápidamente el episodio en tema de debate público.

Mientras tanto, la Justicia deberá responder preguntas elementales: qué ocurrió durante los días previos al fallecimiento, cuál fue la causa médica de la muerte, si hubo intervención de terceros y si existen elementos que permitan reconstruir las últimas horas de Osorio Peñaloza.

Lo que hoy aparece como un episodio rodeado de misterio podría terminar siendo una muerte por causas naturales o derivar en una investigación de mayor complejidad. Hasta que las pericias concluyan, lo único cierto es que la muerte de un hombre que ocupaba un cargo estratégico en una empresa fundada por Martín Menem volvió a colocar al oficialismo bajo una atención pública incómoda, donde cada dato, cada silencio y cada demora alimentan nuevas preguntas.

 

 

Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.

Por Roque Pérez para NLI

La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.

En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.

Un viaje técnico en medio de una tormenta política

El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.

Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.

Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.

El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados

Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.

La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.

Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.

La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.