Política

 

Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.

Por Roque Pérez para NLI

Un caso que estalló dentro del propio organismo

La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.

El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.

Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.

La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron

La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.

La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.

Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.

El contexto del ajuste y el significado político del escándalo

El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.

En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.

Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.

El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.

De la polémica al ascenso

Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.

Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.

Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.

La “casta” que nunca desaparece

Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.

Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.

En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.

Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?

 

 

El origen del nombre “Europa” no es un dato menor ni una simple curiosidad etimológica: condensa siglos de mitología, intercambios culturales entre Oriente y Occidente y debates académicos aún abiertos. Desde una princesa fenicia raptada por Zeus hasta raíces lingüísticas semíticas vinculadas al “ocaso”, el término revela cómo se construyó una identidad geográfica mucho antes de que existiera el continente tal como lo conocemos hoy.

Por Alcides Blanco para NLI

El mito fundacional: una princesa fenicia en manos de Zeus

El relato más difundido sobre el origen del nombre remite a la mitología griega. Según la tradición, Europa era una princesa fenicia —es decir, proveniente de la región del actual Líbano— hija del rey Agenor. El dios Zeus, enamorado de su belleza, se transformó en un toro blanco para acercarse a ella y finalmente raptarla, llevándola hasta la isla de Creta.

Este mito no es un detalle anecdótico: fue central para que los griegos nombraran regiones y territorios. La propia Asia, por ejemplo, también aparece en la mitología como una figura femenina vinculada a linajes divinos; Libia era tanto una región como una personaje mitológica; y Peloponeso deriva de Pélops, un héroe legendario. Incluso ciudades como Atenas toman su nombre de la diosa Atenea, y Tebas se vincula a relatos míticos sobre su fundación.

En ese marco, Europa no fue la excepción: el nombre de la princesa terminó trascendiendo el relato para convertirse en una referencia geográfica concreta. Como señalan diversos estudios históricos, la geografía antigua estaba profundamente atravesada por narrativas míticas que funcionaban como formas de explicación del mundo.

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La explicación griega: “la de mirada amplia”

Desde el punto de vista lingüístico, una de las interpretaciones clásicas sostiene que “Europa” proviene del griego antiguo. La palabra sería una combinación de eurys (“ancho” o “amplio”) y ops (“ojo” o “rostro”), lo que podría traducirse como “la de amplia mirada” o “rostro ancho”.

Esta lectura no es menor: en el pensamiento griego, la idea de amplitud estaba asociada tanto al territorio como a la capacidad de ver o comprender el mundo. Algunos autores incluso vinculan este sentido con la percepción de la tierra firme frente al mar, como un espacio “abierto” y extenso.

Sin embargo, esta explicación —aunque difundida— no es la única ni necesariamente la más aceptada hoy.

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La hipótesis semítica: Europa como “el occidente”

Una segunda línea de investigación, cada vez más considerada por especialistas, sitúa el origen del nombre en lenguas semíticas del Cercano Oriente. En particular, se lo vincula con la raíz ereb o irib, que significa “ponerse el sol” o “ocaso”.

Desde esta perspectiva, “Europa” sería simplemente “la tierra del oeste”, es decir, el lugar donde el sol se oculta visto desde Asia. Esta interpretación tiene una enorme potencia histórica: sugiere que el nombre no nace en Europa misma, sino en la mirada oriental sobre ese territorio.

Investigaciones lingüísticas como las de Ernest Klein o Giovanni Semerano han explorado esta posibilidad, aunque no sin controversias. El propio historiador Martin L. West advierte que la relación fonética entre los términos griegos y semíticos no es completamente concluyente.

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Un concepto que cambia: de región mítica a continente

Otro elemento clave es que “Europa” no siempre designó un continente. En la antigüedad, el término se utilizaba de forma mucho más limitada, incluso para referirse a zonas específicas del mundo griego. Recién con el tiempo —y especialmente con el desarrollo de la geografía clásica— su significado se expandió.

Heródoto, por ejemplo, ya empleaba el término para diferenciar grandes regiones del mundo conocido, aunque sin los límites actuales. Esto muestra que el nombre fue adquiriendo sentido geopolítico de manera progresiva, en paralelo al crecimiento de las redes comerciales y culturales entre pueblos.

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Una identidad en disputa

Lejos de ser un dato cerrado, el origen del nombre Europa sigue siendo objeto de debate académico. La coexistencia de explicaciones mitológicas, griegas y semíticas revela algo más profundo: el continente no tiene un origen “puro”, sino que es producto de múltiples influencias culturales.

En ese sentido, el propio nombre Europa funciona como síntesis de un proceso histórico mayor: el contacto —muchas veces conflictivo— entre Oriente y Occidente. La princesa fenicia del mito no es casualidad, sino un símbolo de ese cruce de mundos.

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Conclusión: un nombre que cuenta una historia

El nombre Europa no es simplemente una etiqueta geográfica. Es el resultado de una construcción histórica donde confluyen mitos, lenguas y miradas sobre el mundo.

Ya sea como “la de amplia mirada” en la tradición griega o como “la tierra del ocaso” en la interpretación semítica, el término expresa una idea clave: Europa siempre fue definida en relación con otros. Y esa tensión —entre identidad propia y mirada ajena— sigue siendo parte central de su historia hasta hoy.

 

 

La decisión del gobierno de Milei de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud no puede leerse como un gesto aislado ni como una mera diferencia técnica. Se trata de un movimiento político de alto impacto que redefine el posicionamiento internacional del país y abre interrogantes profundos sobre el rumbo del sistema sanitario nacional.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Una salida que excede lo sanitario

La oficialización del retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud marca un punto de inflexión en la política exterior y sanitaria del país. No se trata simplemente de abandonar un organismo internacional, sino de romper con un entramado de cooperación global construido durante décadas, en el que la Argentina había tenido una participación activa, tanto en la articulación de políticas como en el acceso a recursos estratégicos.

La OMS no es una estructura burocrática más dentro del sistema internacional. Es el espacio donde se coordinan respuestas ante emergencias sanitarias, donde se comparten datos epidemiológicos en tiempo real y donde se definen estrategias conjuntas frente a amenazas que, como quedó demostrado durante la pandemia, no reconocen fronteras. Salir de ese esquema implica, en los hechos, correrse de una red de contención global en materia de salud.

Lo que queda expuesto, entonces, es que la decisión no responde únicamente a cuestionamientos técnicos o a diferencias puntuales, sino a una concepción más amplia sobre el rol del Estado y el lugar de la Argentina en el mundo.

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Alineamiento internacional y lógica ideológica

En este punto es donde la medida adquiere una dimensión más profunda. La salida de la OMS no ocurre en el vacío, sino en un contexto de redefinición de alianzas internacionales donde el gobierno de Milei ha mostrado una clara inclinación hacia ciertos liderazgos globales. En particular, la coincidencia con la postura adoptada previamente por Donald Trump no pasa desapercibida y funciona como una clave interpretativa central.

Más que una decisión autónoma basada en un diagnóstico sanitario propio, la medida parece inscribirse en una lógica de alineamiento político-ideológico con corrientes que cuestionan los organismos multilaterales y promueven una visión más unilateral de las relaciones internacionales. En ese marco, la salud pública queda subordinada a una narrativa más amplia que prioriza la ruptura con estructuras globales en nombre de una supuesta soberanía.

Sin embargo, la paradoja es evidente. En un mundo interdependiente, donde los virus circulan con la misma velocidad que las personas y los bienes, la cooperación internacional no debilita la soberanía: la fortalece. Renunciar a esos espacios no implica ganar autonomía, sino perder herramientas.

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El impacto real: un sistema más expuesto

La discusión pública ha estado atravesada por argumentos oficiales que apelan a la crítica de la gestión internacional de la pandemia y a la necesidad de recuperar márgenes de decisión propios. Pero más allá del discurso, lo cierto es que la salida de la OMS tiene consecuencias concretas que no pueden soslayarse.

El sistema de salud argentino, ya tensionado por recortes presupuestarios y reconfiguraciones institucionales, pierde con esta decisión acceso a circuitos clave de cooperación, financiamiento y provisión de insumos. En contextos de emergencia, donde la rapidez en la respuesta es determinante, quedar fuera de esos canales puede significar una diferencia sustancial en términos de capacidad de acción.

La experiencia reciente del dengue, con brotes de magnitud histórica, dejó en evidencia la importancia de contar con redes de información y coordinación internacional. En ese escenario, la salida de la OMS no aparece como un gesto abstracto, sino como una decisión que puede tener efectos tangibles sobre la vida cotidiana de la población.

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Un modelo de país en discusión

Lejos de ser un hecho aislado, el retiro de la OMS se inscribe en un proceso más amplio de transformación del rol del Estado. La reducción de políticas públicas, la desarticulación de programas sanitarios y el ajuste sobre áreas sensibles configuran un escenario en el que la salud deja de ser concebida como un derecho garantizado colectivamente para pasar a depender, cada vez más, de lógicas individuales o de mercado.

En ese contexto, la ruptura con organismos multilaterales refuerza una tendencia hacia el aislamiento, no sólo en términos diplomáticos, sino también en términos de capacidades concretas. La Argentina no sólo se aleja de un espacio de cooperación, sino que lo hace en un momento histórico en el que el resto del mundo, tras el impacto del COVID-19, avanza en sentido contrario, fortaleciendo los mecanismos de articulación global.

La pregunta que subyace es qué modelo de país se está construyendo. Uno que se integra a redes internacionales para potenciar sus capacidades, o uno que opta por retraerse en nombre de una autonomía que, en la práctica, puede traducirse en mayor vulnerabilidad.

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Más que un gesto, una señal de rumbo

La salida de la Organización Mundial de la Salud funciona, en definitiva, como un síntoma de un cambio de época en la política argentina. No es sólo una decisión administrativa ni un desacuerdo puntual, sino una señal clara de hacia dónde se orienta el proyecto de país que impulsa el gobierno.

En ese marco, la salud pública queda atravesada por una tensión cada vez más evidente entre la lógica del derecho y la lógica del alineamiento político. Y cuando esa tensión se resuelve en favor de esta última, las consecuencias no se miden únicamente en términos diplomáticos, sino en la capacidad concreta del Estado para proteger a su población.

El retroceso no es sólo institucional. Es, sobre todo, una advertencia sobre los riesgos de tomar decisiones estratégicas en función de afinidades ideológicas antes que de las necesidades reales de la sociedad.

 

 

El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..

La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.

Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo

El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.

En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.

El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.

Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas

Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.

El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.

En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.

El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.

Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas

El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.

Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.

La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.

La expansión de la seguridad digital

El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.

En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.

El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.

¿Puede usarse políticamente?

La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.

Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.

En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.

Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.

Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.

 

 

La Resolución 68/2026 publicada este lunes creó un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente de ANSES. Aunque se presenta como una salida voluntaria con compensación económica, el anexo del programa revela condiciones duras: renunciar a reclamos laborales, abandonar cargos sindicales y aceptar la prohibición de volver al Estado durante cinco años. Para sindicatos y especialistas, el plan aparece como otro paso en el proceso de desmantelamiento del organismo previsional.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo programa de retiros laborales destinado a su personal de planta permanente. La medida fue oficializada mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece un Régimen de Retiro de Voluntad Recíproca (RVR) que estará abierto hasta el 5 de abril.

En términos formales, el programa propone una salida “de mutuo acuerdo” entre el organismo y el trabajador. Sin embargo, el extenso anexo que acompaña la resolución deja claro que la decisión final queda en manos de ANSES, que puede aceptar o rechazar cada solicitud por “razones operativas o de servicio”.

La medida se inscribe en el marco de la política de reducción del Estado impulsada por el gobierno de Milei, que desde su llegada al poder viene aplicando recortes y reestructuraciones en numerosos organismos públicos.

Un retiro con condiciones estrictas

El plan alcanza a trabajadores de planta permanente con al menos dos años de antigüedad, bajo el Convenio Colectivo 395/98. Pero el anexo establece múltiples exclusiones y condiciones para quienes quieran adherir.

Entre otras restricciones, no pueden participar quienes tengan causas judiciales contra ANSES, salvo que acepten desistir de ellas. Es decir, el trabajador que decida retirarse deberá renunciar a cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado con su empleo.

También quedan excluidos quienes estén en procesos disciplinarios, quienes hayan iniciado su trámite jubilatorio o quienes superen los 62 años.

Además, el acuerdo implica la extinción definitiva del vínculo laboral, lo que en términos jurídicos se denomina “distracto laboral por mutuo consentimiento”.

Renunciar al sindicato para poder irse

Uno de los puntos más polémicos del anexo aparece en el artículo 4. Allí se establece que los trabajadores que tengan cargos sindicales deberán renunciar a ellos para poder adherir al retiro.

La norma también exige que quienes se hayan postulado como candidatos a delegados gremiales abandonen esa condición y renuncien a la llamada tutela sindical, es decir, la protección especial que impide su despido.

Para especialistas en derecho laboral, esta cláusula busca evitar conflictos legales con trabajadores protegidos por la legislación sindical, pero al mismo tiempo pone en evidencia el carácter condicionado del supuesto retiro voluntario.

La compensación económica

El incentivo económico consiste en una gratificación extraordinaria de egreso calculada en función de la antigüedad.

El esquema prevé el pago del 90% de un salario por cada año trabajado en ANSES, con un límite máximo de 24 sueldos.

En términos de dinero, el programa fija un tope de 80 millones de pesos para el pago en una sola cuota. Si el monto supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales.

La base de cálculo se determina a partir de los conceptos salariales brutos habituales y permanentes del trabajador.

Prohibido volver al Estado

El anexo incluye además una cláusula que refuerza el carácter definitivo de la salida.

Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante cinco años, ya sea mediante cargos políticos, contratos, asesorías o cualquier otro tipo de vínculo laboral.

La prohibición abarca incluso proyectos financiados por organismos internacionales o multilaterales de crédito.

Un plazo corto y control centralizado

El período para adherir al programa es extremadamente breve: vence el 5 de abril de 2026, menos de tres semanas después de su publicación.

El procedimiento también está completamente centralizado. Primero Recursos Humanos verifica los requisitos, luego las áreas jerárquicas evalúan si pueden prescindir del trabajador y finalmente se dicta la resolución aprobando o rechazando la solicitud.

Una vez aprobado, el acuerdo debe ser homologado ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

El trasfondo político: reducción del organismo previsional

Más allá del lenguaje técnico de la resolución, el programa aparece como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema previsional y reducción de estructuras estatales.

ANSES es uno de los organismos más grandes del Estado argentino, con miles de trabajadores distribuidos en todo el país y un rol central en la administración de jubilaciones, pensiones y programas sociales.

En ese contexto, los programas de retiro voluntario suelen funcionar como la primera etapa de procesos de achicamiento institucional, permitiendo reducir personal sin recurrir a despidos masivos que podrían generar conflictos políticos o judiciales.

Las condiciones fijadas en el anexo —renuncia a juicios, abandono de cargos sindicales y prohibición de volver al Estado— refuerzan la idea de que el objetivo no es solo facilitar retiros individuales, sino acelerar una reducción estructural del organismo previsional.

Para muchos analistas, el plan se inscribe dentro de la lógica de “motosierra” que el propio Milei prometió durante su campaña y que ahora comienza a impactar también en una de las piezas centrales del sistema de seguridad social argentino.

 

 

La investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nombre inesperado: la panelista y conductora Yanina Latorre. Chats filtrados con uno de los principales investigados del caso revelan conversaciones sobre promociones en redes y hasta referencias directas a Milei.

Por Leticia Graciani Fainel para NLI

La causa judicial que investiga la promoción y el colapso de la criptomoneda $LIBRA, el escándalo financiero que salpica al entorno político y mediático de Javier Milei, acaba de sumar un nombre que nadie esperaba: Yanina Latorre. La aparición de la mediática en el expediente se conoció luego de que circularan chats con Mauricio Novelli, empresario señalado como uno de los nexos centrales del proyecto cripto.

El dato no es menor. El caso $LIBRA ya es considerado uno de los mayores escándalos políticos y financieros de la actual gestión: la criptomoneda fue promocionada en redes por Milei en 2025, su valor se disparó en cuestión de minutos y luego se desplomó abruptamente, generando pérdidas millonarias para miles de inversores mientras un pequeño grupo obtuvo enormes ganancias.

Los chats que la conectan con la trama

Las conversaciones difundidas muestran a Yanina Latorre intercambiando mensajes con Novelli sobre posibles publicaciones promocionales en Instagram vinculadas a contenidos que él quería difundir. Según las capturas, el empresario (amigo de Milei y uno de los impulsores de la estafa) le propuso realizar varias “historias” pagas en redes sociales, un formato típico de publicidad encubierta que suele utilizarse en campañas digitales.

En uno de los mensajes, Novelli le plantea directamente avanzar con tres publicaciones durante el mes. Latorre responde afirmativamente y pregunta si se trataba de posteos separados. En el intercambio también se menciona la posibilidad de registrarse en una plataforma de criptomonedas para obtener una recompensa económica.

Las capturas muestran incluso un tramo que agrega combustible a la polémica: Novelli le comenta que acababa de regresar de la Casa Rosada y menciona haber hablado con el presidente. Ante eso, la propia Latorre pregunta si el tema estaba relacionado con Milei, porque —según el chat— el mandatario la habría llamado días antes.

De los influencers a la política

El episodio reabre una sospecha que atraviesa toda la investigación: la utilización de influencers y figuras mediáticas para amplificar proyectos financieros de dudosa transparencia.

La lógica es conocida en el ecosistema cripto: cuentas con gran cantidad de seguidores promocionan tokens o plataformas con mensajes aparentemente espontáneos, lo que impulsa inversiones rápidas antes de que el precio colapse. En el caso de $LIBRA, ese mecanismo habría funcionado a gran escala luego de la promoción inicial desde las redes del propio Milei.

La causa judicial busca determinar justamente si existió instigación a la inversión o manipulación del mercado, además de establecer quiénes se beneficiaron con el colapso posterior del token.

Un escándalo que no deja de crecer

La irrupción de Yanina Latorre en el expediente no implica, por ahora, una imputación judicial directa. Sin embargo, el simple hecho de que su nombre aparezca en chats con uno de los investigados vuelve a mostrar hasta qué punto la trama del caso $LIBRA se extendía más allá del mundo financiero.

Desde empresarios cripto hasta funcionarios, pasando por operadores políticos y figuras mediáticas, el escándalo parece seguir ampliando su radio de alcance. Y cada nueva filtración confirma algo que la oposición repite desde el inicio del llamado “criptogate”: que el proyecto que Milei difundió como una oportunidad de inversión terminó transformándose en una de las mayores controversias políticas y económicas de su gestión.

Mientras la Justicia sigue analizando teléfonos, billeteras virtuales y mensajes privados, el expediente suma nombres y conexiones. Y ahora, para sorpresa de muchos, también aparece en escena una de las voces más ruidosas de la televisión argentina.