El clima político que rodea la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo episodio de tensión en la Patagonia: el diputado libertario Jairo Guzmán fue escrachado en El Calafate luego de lanzar declaraciones ofensivas contra quienes se movilizan en defensa del ambiente. La escena —huevazos, insultos y repudio popular— expone no solo el rechazo a sus palabras, sino el creciente malestar frente a una política que muchos sectores identifican como un retroceso ambiental.
Por Roque Pñerez para NLI
Un insulto que encendió la mecha
El detonante del conflicto fue una frase que sintetiza el tono con el que sectores del oficialismo vienen abordando el debate. Guzmán se refirió a quienes participaron de un abrazo simbólico al Glaciar Perito Moreno asegurando que “no desarrollaron mucho conocimiento o les faltó ácido fólico cuando eran chiquitos”, un comentario que fue rápidamente repudiado por amplios sectores sociales.
La respuesta no tardó en llegar. Vecinos autoconvocados, junto a organizaciones sindicales y culturales, se concentraron frente a un local partidario en El Calafate, donde el legislador tenía previsto participar de una actividad. Allí, el rechazo se expresó con insultos, cánticos y el lanzamiento de huevos, obligando al dirigente a esquivar la protesta en un contexto de fuerte tensión.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es, en todo caso, la manifestación concreta de un conflicto político más profundo: el choque entre un modelo de desarrollo basado en la expansión minera y una sociedad que percibe esa avanzada como una amenaza directa sobre recursos estratégicos como el agua.
El diputado libertario Jairo Guzmán votó a favor de la ley de Glaciares y no había vuelto aún a El Calafate; pero un día iba a tener que volver… Parece que va a tener que pasar su estadía recluido en su casa y sin poder ni asomarse a la vereda… pic.twitter.com/TznosASq42
El trasfondo del episodio es la reciente modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Milei, que fue aprobada en Diputados tras una sesión marcada por insultos, cruces y una fuerte polarización política.
La reforma redefine la protección de las zonas periglaciares, habilitando actividades productivas —principalmente mineras— en áreas que antes estaban restringidas. El argumento oficial gira en torno al “desarrollo” y al “federalismo”, pero desde la oposición, el ámbito científico y organizaciones ambientales advierten que se trata de un retroceso en la protección de reservas hídricas clave para millones de argentinos.
No es menor el dato de que más de 100 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas, en una muestra clara del interés social que despierta el tema, aunque con mecanismos de participación fuertemente limitados por el oficialismo.
En ese contexto, las declaraciones de Guzmán no solo resultan ofensivas, sino también reveladoras de una lógica política: deslegitimar la protesta social y minimizar la preocupación ambiental.
Un conflicto que recién empieza
El escrache en El Calafate anticipa lo que puede venir. La reforma ya enfrenta cuestionamientos judiciales y, en algunas provincias, incluso fue frenada de manera provisoria.
Pero más allá de lo institucional, lo que está en juego es un debate estructural: quién decide sobre los bienes comunes y en función de qué intereses. La reacción social frente a Guzmán muestra que, lejos de apagarse, el conflicto por la Ley de Glaciares está entrando en una nueva fase, donde la disputa ya no es solo parlamentaria, sino también territorial.
Porque cuando la política responde con insultos a una demanda social masiva, lo que se profundiza no es el consenso, sino la crisis. Y en ese terreno, el oficialismo empieza a mostrar una dificultad creciente para sostener su relato frente a una realidad que —como quedó claro en El Calafate— ya no está dispuesta a callarse.
Un descubrimiento arqueológico en el extremo sur de América permitió confirmar con precisión la ubicación de una de las experiencias más trágicas de la colonización española: la ciudad Rey Don Felipe, conocida como “Puerto del Hambre”, donde más de 300 personas murieron abandonadas en el siglo XVI.
Por Alcides Blanco para NLI
El hallazgo que cerró una discusión histórica
Durante décadas, historiadores y arqueólogos debatieron la ubicación exacta de la efímera colonia española fundada en 1584 en el estrecho de Magallanes. Esa incertidumbre comenzó a resolverse con un hallazgo tan pequeño como contundente: una moneda de plata enterrada hace más de cuatro siglos en los cimientos de una iglesia.
El objeto, un “real de a ocho” acuñado en tiempos de Felipe II, fue encontrado exactamente en el lugar que había descrito el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa en sus crónicas. La coincidencia entre documento histórico y evidencia material no solo valida las fuentes de la época, sino que permite reconstruir con precisión el asentamiento.
Lejos de ser un detalle menor, este tipo de hallazgos “in situ” constituye una de las pruebas más sólidas en arqueología histórica: la confirmación directa entre relato escrito y registro material.
Una colonia estratégica condenada al fracaso
La ciudad Rey Don Felipe fue parte de un ambicioso proyecto del Imperio español para controlar el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, en un contexto de disputa global por las rutas marítimas.
Ubicada en la costa norte del estrecho de Magallanes —una región inhóspita, aislada y de clima extremo—, la colonia nunca logró consolidarse. La combinación de factores fue letal: dificultades para el abastecimiento, condiciones climáticas severas y una planificación que subestimó el entorno.
De los aproximadamente 350 colonos que llegaron, la mayoría murió por hambre, enfermedades y abandono en pocos años. El episodio quedó grabado en la historia como una de las mayores tragedias coloniales en América.
“Puerto del Hambre”: el nombre que selló la tragedia
Tres años después de la fundación, en 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish llegó al lugar y encontró una escena devastadora: un asentamiento organizado, pero repleto de cadáveres. Fue él quien lo rebautizó como “Port Famine” —Puerto del Hambre—, nombre que sintetiza el destino de la colonia.
La denominación no fue exagerada. Investigaciones actuales estiman que al menos 337 personas murieron por inanición, incluyendo soldados, colonos y religiosos.
Ese fracaso no solo marcó un límite para la expansión española en la región, sino que evidenció las dificultades reales de imponer enclaves coloniales en territorios extremos sin conocimiento del ambiente ni vínculos sólidos con las poblaciones originarias.
La arqueología como puente entre pasado y presente
El hallazgo de la moneda no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto interdisciplinario que combina documentos históricos, tecnología de geolocalización y excavaciones de precisión milimétrica.
Gracias a este avance, hoy es posible proyectar la distribución del asentamiento: iglesia, viviendas, bodegas y estructuras defensivas mencionadas en mapas del siglo XVI.
Más aún, el descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre los colonizadores y los pueblos originarios de la región, como los aonikenk y kawésqar, claves para comprender el contexto humano de la experiencia colonial.
Una moneda, una historia, una advertencia
El “real de a ocho” enterrado en 1584 no fue solo un gesto simbólico de fundación. Cuatro siglos después, se convirtió en una pieza clave para reconstruir una historia de ambición imperial, error estratégico y tragedia humana.
La colonia Rey Don Felipe —ese proyecto que pretendía dominar el extremo sur del mundo— terminó convertida en un recordatorio brutal de los límites del poder colonial.
Porque en el fin del continente, donde el clima, el aislamiento y la geografía imponen sus reglas, la historia no se escribe solo con decisiones políticas o militares, sino también con la capacidad —o incapacidad— de sobrevivir. Y esa lección, enterrada bajo una piedra durante siglos, recién ahora volvió a salir a la luz.
El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que encendió alarmas en todo el sistema democrático: prohibir el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados, una medida sin antecedentes en la historia reciente del país y que expone un patrón cada vez más evidente de autoritarismo e intolerancia frente a la prensa crítica.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La decisión, confirmada por fuentes oficiales, implicó dejar sin efecto las acreditaciones vigentes y bloquear el acceso de cronistas a la sede del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de una supuesta investigación por “espionaje ilegal”. Sin embargo, no se estableció un plazo ni criterios claros para revertir la medida, lo que profundiza la preocupación sobre su carácter discrecional.
Un gobierno que responde con castigo
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la medida se inscribe en una lógica de confrontación sistemática del gobierno con el periodismo. En este caso, la restricción surge tras denuncias vinculadas a investigaciones mediáticas que incomodaron al oficialismo, lo que refuerza la lectura de que la respuesta estatal fue castigar a quienes informan.
El propio Ejecutivo justificó la decisión como “preventiva”, pero evitó detallar a quiénes alcanza exactamente y bajo qué criterios. Ese nivel de opacidad no es menor: implica que el acceso a la información pública —un derecho básico en democracia— queda sujeto a la voluntad política del gobierno de turno.
Más grave aún, distintas reconstrucciones periodísticas señalan que la medida se tomó directamente desde Casa Militar y que implica, en los hechos, cerrar las puertas de la Casa Rosada a la prensa hasta nuevo aviso.
Antecedentes que marcan un patrón
Lo ocurrido no es un episodio aislado sino parte de una escalada. Ya en abril, el gobierno había restringido el ingreso a periodistas de medios críticos, en el marco de una polémica por supuestas campañas internacionales contra Milei.
A esto se suman otras decisiones que consolidan un clima hostil hacia el periodismo: desde la creación de oficinas estatales para “desenmascarar” medios hasta propuestas para silenciar preguntas incómodas en conferencias de prensa.
Incluso organismos internacionales y entidades como Amnistía Internacional ya habían advertido sobre un deterioro en la libertad de expresión y un patrón de hostigamiento desde el poder.
Intolerancia, relato único y disciplinamiento
La decisión de impedir el ingreso a periodistas acreditados no solo limita el trabajo profesional: busca disciplinar el flujo de información y consolidar un esquema donde solo circulen voces afines.
En ese contexto, el gobierno de Milei parece avanzar hacia un modelo donde el periodismo independiente es visto como enemigo, no como un actor esencial del sistema democrático. La lógica es clara: quien investiga, incomoda o cuestiona, queda afuera.
El problema de fondo no es únicamente la medida en sí, sino lo que representa: la construcción de un poder cada vez más cerrado, intolerante y reacio al control público.
Una señal de alerta para la democracia
La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando el poder político decide controlar o limitar la prensa. Por eso, la gravedad de esta decisión trasciende el hecho puntual: marca un precedente peligroso.
Porque cuando un gobierno decide quién puede entrar, preguntar y contar lo que pasa, no solo restringe a periodistas: restringe el derecho de toda la sociedad a estar informada.
Y en ese punto, la discusión deja de ser sectorial para convertirse en una cuestión central: qué tipo de democracia se está construyendo bajo la gestión de Milei.
La Resolución 531/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, elimina el antidumping para el calzado deportivo desmontado y expone el rumbo de un modelo que resigna producción nacional. Bajo el argumento de reducir precios y modernizar la industria, el Gobierno avanza en un esquema que reemplaza fabricación por ensamblaje, profundiza la dependencia tecnológica y redefine el trabajo industrial en la Argentina.
El Gobierno de Javier Milei acaba de dar un paso que, lejos de ser técnico o neutro, expone con crudeza el rumbo económico que eligió transitar: menos industria, más dependencia y una peligrosa resignación productiva. La Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 21 de abril de 2026 y firmada por el ministro Luis Caputo, no es solo una norma administrativa; es una declaración ideológica en estado puro. Bajo la excusa de “modernizar” el sector del calzado, se decidió excluir del régimen antidumping al calzado deportivo desmontado proveniente de China, es decir, zapatillas que llegan en partes para ser ensambladas en el país.
El dato puede parecer menor, casi burocrático, pero esconde una transformación profunda. Lo que antes ingresaba como producto terminado y pagaba un derecho antidumping para proteger a la industria local, ahora entra desarmado, eludiendo ese recargo. En términos prácticos, el Estado argentino deja de defender la producción nacional en nombre de una supuesta eficiencia que, en realidad, se apoya en una lógica de importación encubierta.
El argumento oficial suena prolijo: abaratar costos, facilitar el acceso a insumos tecnológicos y, en última instancia, bajar los precios al consumidor. Una narrativa seductora en tiempos de bolsillos golpeados. Sin embargo, cuando se corre el velo, aparece la tensión estructural que atraviesa toda la medida. Porque lo que el Gobierno presenta como una estrategia de competitividad no es otra cosa que la aceptación explícita de una derrota industrial.
La propia resolución lo admite sin rodeos: existe una “brecha tecnológica significativa” en el segmento de calzado deportivo de alta performance. Traducido: Argentina no produce los materiales ni las tecnologías necesarias para competir en ese nicho. Frente a ese diagnóstico, el camino elegido no es invertir, desarrollar o proteger capacidades locales, sino directamente importar la tecnología en forma de piezas y limitarse a ensamblarlas.
Ahí está el corazón del problema. El modelo que se promueve no es industrial en sentido pleno. Es un esquema híbrido, donde el país aporta mano de obra y procesos básicos —pegado, armado, terminación— mientras el valor estratégico queda en el exterior. Según los datos oficiales, este sistema genera apenas un 20% de valor agregado local. El resto, el núcleo tecnológico y económico del producto, sigue estando afuera.
Empresas como Topper Argentina o Puma Sports Argentina ya operan bajo este formato. Importan kits desmontados, los ensamblan en plantas locales y colocan el producto en el mercado. El Gobierno utiliza estos casos como ejemplo de “integración productiva”. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿esto es industria o simplemente una maquila sofisticada?
El crecimiento de este esquema no deja lugar a dudas sobre la dirección del sector. Entre 2015 y 2019, el calzado desmontado representaba el 28% de las importaciones. Entre 2021 y 2023, esa cifra saltó al 59%. Es decir, el modelo ya no es marginal: se está convirtiendo en la regla. Y la decisión oficial no hace más que consolidarlo.
El problema es que esta transformación ocurre en un contexto de debilidad estructural. El empleo en el sector del calzado viene en caída desde hace más de una década y la producción está lejos de sus niveles históricos. En ese escenario, flexibilizar las barreras a la importación —aunque sea de manera indirecta— no parece una política inocua. Más bien, funciona como un acelerador de esa tendencia regresiva.
Desde el Gobierno insisten en que no se destruye industria, sino que se la reconvierte. Una palabra elegante para describir un proceso mucho más áspero: el pasaje de un modelo productivo integral a uno fragmentado, dependiente y vulnerable. Porque ensamblar no es lo mismo que fabricar. Y en esa diferencia se juega algo más que una discusión técnica: se juega la soberanía económica.
La medida también se alinea con otra decisión clave: la reducción del Derecho de Importación Extrazona al 0% para estos insumos. En otras palabras, se construye un andamiaje normativo que facilita, abarata y estimula la importación de partes. El resultado es una ecuación clara: producir localmente cada vez menos y ensamblar cada vez más.
El discurso oficial promete que esa reducción de costos se trasladará a los precios. Pero la experiencia histórica invita a la cautela. No hay garantías reales de que esa baja llegue al consumidor. Lo que sí es seguro es que las empresas verán reducidos sus costos. El resto, como tantas veces, quedará librado a la lógica del mercado.
Mientras tanto, el sector productivo vive una tensión cada vez más evidente. Las pymes reclaman protección frente a la competencia externa, mientras las grandes marcas empujan por un acceso más flexible a insumos importados. La resolución, lejos de equilibrar esas posiciones, toma partido de manera implícita por uno de los actores.
En ese sentido, la exclusión del calzado desmontado del régimen antidumping funciona como una suerte de “zona liberada” dentro del sistema comercial. Un espacio donde la lógica de la apertura se impone sin matices, aun cuando el costo sea profundizar la fragilidad industrial.
El trasfondo es ideológico. La medida responde a una visión que desconfía del Estado como herramienta de desarrollo y apuesta a la desregulación como solución universal. En esa lógica, la industria deja de ser un objetivo estratégico y pasa a ser una variable de ajuste.
Pero la realidad es más compleja. La economía no es un laboratorio donde las teorías se aplican sin consecuencias. Detrás de cada decisión hay trabajadores, empresas, territorios. Y en este caso, lo que está en juego es el futuro de un sector que ya viene golpeado.
Aceptar que Argentina no puede producir calzado deportivo de alta tecnología puede ser un diagnóstico honesto. Convertir esa limitación en política permanente es otra cosa. Es resignar la posibilidad de desarrollar capacidades propias, de generar conocimiento, de construir un entramado productivo más robusto.
En ese escenario, hablar de “industria nacional” ya no es una consigna abstracta sino una realidad cada vez más acotada y, en muchos casos, al borde de la asfixia. Porque mientras el discurso oficial celebra la apertura y la baja de costos, lo que queda del entramado productivo local sobrevive como puede, lejos de las grandes marcas globales y sin el respaldo de políticas sostenidas. Existen, sí, fábricas que todavía producen en serio, que no se limitan a ensamblar piezas importadas, pero son cada vez menos y operan en condiciones desiguales.
Ahí aparecen casos como Raptor, una experiencia nacida en plena pandemia que decidió fabricar botines y calzado deportivo con procesos locales en su propia planta, apostando a un modelo productivo que parece ir a contramano del rumbo general. También está Unitec Blue, una pyme con base industrial que sostiene producción nacional en un mercado cada vez más hostil, o Bando, que mantiene una lógica fabril clásica aunque con escala reducida. En un registro similar se ubica Signia, que conserva procesos productivos propios y presencia en segmentos técnicos, mientras que Gaelle representa ese híbrido entre diseño local y fabricación que aún intenta sostenerse dentro del país.
Pero incluso en estos casos, la realidad impone límites difíciles de esquivar. La mayoría depende, en mayor o menor medida, de insumos importados, enfrenta costos estructurales elevados y compite contra cadenas globales que operan con otra escala, otra tecnología y otro respaldo financiero. No se trata de empresas ineficientes, como muchas veces se intenta instalar, sino de actores que juegan en una cancha inclinada.
Y ahí es donde la medida del Gobierno deja de ser un simple ajuste técnico para convertirse en un factor decisivo. Porque cuando se facilita la importación —aunque sea en forma de piezas “desmontadas”— no se está generando una competencia virtuosa, sino profundizando una desigualdad estructural. Lo que queda en pie no es una industria robusta que se adapta, sino un puñado de fábricas que resisten. Y la pregunta, otra vez, es cuánto tiempo más podrán hacerlo.
En definitiva, la Resolución 531/2026 firmada por Luis Caputo no es solo una medida sobre zapatillas. Es una pieza más de un modelo económico que prioriza el corto plazo, la baja de costos y la apertura comercial por sobre cualquier estrategia de desarrollo industrial. Un modelo que, en nombre de la eficiencia, corre el riesgo de vaciar de contenido a la propia idea de producción nacional.
Y en ese camino, la pregunta que queda flotando —incómoda, persistente— es si el país está eligiendo competir en el mundo o simplemente resignarse a ensamblarlo.
Un equipo del CONICET logró identificar una nueva especie que vivió hace unos 70 millones de años en el sur argentino. El hallazgo no solo completa un vacío científico, sino que revela cómo era la vida en el final de la era de los dinosaurios.
Por Alina C. Galifante para NLI
Reconstrucción del cráneo dePaleoteius por el técnico Santiago Miner.
En la inmensidad de la Patagonia, donde el viento parece arrastrar ecos de otro tiempo, un grupo de científicos argentinos acaba de reescribir una parte clave de la historia natural. A partir de restos fósiles dispersos y estudiados durante décadas, investigadores del CONICET lograron identificar una nueva especie de reptil prehistórico que habitó la región hace unos 70 millones de años, en el tramo final del período Cretácico.
Lo que durante años fueron piezas sueltas —huesos aislados, fragmentos de armadura, registros incompletos— hoy se convirtió en una historia coherente: la de un animal único que ayuda a entender cómo evolucionaban las especies en el extremo sur del planeta justo antes de la gran extinción.
Un rompecabezas armado con décadas de ciencia
El descubrimiento no fue producto de un hallazgo repentino, sino de algo mucho más profundo: la reinterpretación de material acumulado desde la década del ’80.
Los restos provenían de la zona de Salitral Moreno, en Río Negro, y habían sido recolectados por distintos equipos a lo largo de los años. Sin embargo, recién ahora, gracias a nuevas técnicas y comparaciones, los especialistas pudieron determinar que pertenecían a una especie completamente nueva.
Ese proceso revela algo clave sobre la ciencia: no siempre avanza con explosiones espectaculares, sino muchas veces con paciencia, revisión crítica y acumulación de conocimiento.
Un animal pequeño en un mundo de gigantes
La nueva especie —un reptil acorazado emparentado con los dinosaurios— presentaba una característica llamativa: su tamaño era inusualmente reducido.
Mientras otros animales similares alcanzaban entre cuatro y cinco metros de largo, este ejemplar medía apenas entre dos y tres metros. Ese dato no es menor. Para los investigadores, podría tratarse de un caso de “enanismo insular”, un fenómeno evolutivo que ocurre cuando los recursos son escasos y favorecen a individuos más pequeños.
En aquel entonces, gran parte de la Patagonia estaba fragmentada por brazos del mar, lo que generaba ecosistemas aislados, casi como islas, donde las especies debían adaptarse para sobrevivir.
En otras palabras, no era un animal “pequeño” por casualidad: era el resultado de un ambiente hostil que moldeaba la vida a su medida.
La Patagonia, un laboratorio del pasado
Este descubrimiento también confirma algo que la paleontología viene señalando hace años: la Patagonia no es solo un territorio rico en fósiles, sino un verdadero laboratorio natural para entender la evolución global.
Durante el Cretácico tardío, los continentes aún estaban conectados de formas diferentes a las actuales. Eso permitió intercambios biológicos entre el norte y el sur, con especies que migraban y se adaptaban a nuevos ambientes.
Así, animales que evolucionaron originalmente en el hemisferio norte terminaron llegando a Sudamérica, donde desarrollaron características propias. El nuevo reptil identificado es, precisamente, una pieza clave en ese rompecabezas biogeográfico.
Más que un fósil: una ventana a la extinción
El valor del hallazgo no se limita a sumar una especie nueva al catálogo científico. Lo verdaderamente relevante es que permite reconstruir cómo eran los ecosistemas poco antes del evento que cambió la historia del planeta: la extinción masiva que acabó con los dinosaurios.
Cada hueso, cada fragmento de armadura, cada detalle anatómico aporta información sobre cómo vivían, se alimentaban y sobrevivían estos animales en un mundo que estaba a punto de desaparecer.
En ese sentido, el descubrimiento funciona como una advertencia silenciosa: la vida en la Tierra siempre está en transformación, y las condiciones ambientales pueden redefinirla por completo.
Ciencia argentina en tiempos de ajuste
En un contexto donde la ciencia suele ser blanco de recortes y cuestionamientos, este tipo de hallazgos pone en evidencia algo difícil de negar: la investigación sostenida en el tiempo genera conocimiento estratégico, incluso décadas después de iniciado un trabajo.
El propio estudio demuestra que sin inversión constante, sin equipos formados y sin continuidad institucional, muchos de estos descubrimientos simplemente no existirían.
Porque lo que hoy aparece como un “nuevo reptil” no es solo un fósil: es el resultado de años de trabajo silencioso, muchas veces invisibilizado, pero fundamental para comprender nuestro lugar en la historia del planeta.
La actriz cuestionó con dureza el proyecto oficial para modificar la ley de discapacidad y denunció un “retroceso histórico” que, según advirtió, pone en riesgo la vida de miles de personas.
Por Lola Santacreta para NLI
La actriz Lola Berthet lanzó una de las críticas más contundentes contra el Gobierno tras conocerse el avance de una nueva iniciativa sobre discapacidad. En declaraciones públicas, sostuvo que “el objetivo es que la gente se muera”, en referencia a lo que considera un recorte sistemático de derechos y prestaciones esenciales para el sector.
El planteo no fue aislado ni improvisado. Berthet, que además es madre de un niño con autismo, viene siguiendo de cerca las políticas oficiales y alertó que el proyecto implica dejar afuera a muchas personas del sistema, profundizando una situación ya crítica. En ese sentido, advirtió que las modificaciones impulsadas por el oficialismo representan un “retroceso histórico” en materia de inclusión.
Un sistema bajo presión
El eje del conflicto gira en torno a la reforma del sistema de discapacidad, que regula prestaciones médicas, terapéuticas y asistenciales. En la Argentina, ese entramado se sostiene sobre leyes como la 24.901, que establece la cobertura integral para personas con discapacidad, incluyendo tratamientos, educación y asistencia social.
Sin embargo, distintos sectores denuncian que el Gobierno busca redefinir criterios de acceso y financiamiento, lo que en la práctica implicaría menos cobertura y más exclusión. Para Berthet, esto no es una discusión técnica sino política: “Hay un corrimiento deliberado del Estado”, viene señalando en sus intervenciones públicas.
La actriz también apuntó contra el clima social que rodea estas medidas. Según sostuvo, desde el oficialismo se instaló un discurso que estigmatiza a las personas con discapacidad, generando un contexto de mayor vulnerabilidad.
“Hay que parar esto”
El rechazo al proyecto no se limita al ámbito artístico. Organizaciones, familias y profesionales del sector vienen manifestándose contra los cambios, denunciando recortes en prestaciones, demoras en pagos y pérdida de derechos adquiridos.
En ese marco, Berthet se sumó activamente a los reclamos y llamó a frenar el avance de la iniciativa. Su frase más dura —“el objetivo es que la gente se muera”— sintetiza el nivel de alarma que atraviesa al colectivo.
Detrás de esa expresión hay una acusación de fondo: que el ajuste impulsado por el Gobierno no es neutro, sino que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables. En un país donde millones de personas dependen del sistema de discapacidad, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en un debate urgente sobre el rol del Estado.
