Política

 

Después de meses de dilaciones, excusas presupuestarias y reclamos de organizaciones, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Lo hizo mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y con anexos clave, pero no por voluntad política: fue empujado por la Justicia.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El Decreto publicado este martes reglamenta por fin la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial, pero que permanecía virtualmente congelada por decisión del Ejecutivo. La reglamentación llega tarde y bajo presión, luego de una orden judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la ley vigente.

Una ley vigente que el Gobierno se negaba a aplicar

La ley de emergencia en discapacidad se encuentra plenamente vigente desde el año pasado. Sin embargo, el Gobierno había optado por no reglamentarla, argumentando supuestas dificultades fiscales y administrativas. Esa omisión tuvo consecuencias concretas: prestaciones demoradas, pensiones paralizadas y miles de personas con discapacidad sin respuestas del Estado.

La falta de reglamentación derivó en acciones judiciales impulsadas por organizaciones y familias, hasta que un juzgado federal ordenó al Ejecutivo reglamentar la ley en un plazo perentorio. Recién entonces el Gobierno avanzó con el decreto.

Qué establece el decreto reglamentario

El decreto reglamenta la ley mediante dos anexos centrales que definen la estructura operativa del sistema. Entre los puntos más relevantes, se dispone:

• La puesta en marcha del régimen de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.
• La reorganización del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, bajo la denominación de pensiones para la protección social.
• La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda a cargo de la aplicación, fiscalización y dictado de normas complementarias.

Además, se instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad, con participación de las provincias, para coordinar criterios y políticas comunes.

Auditorías y controles: el eje del enfoque oficial

Uno de los aspectos centrales del decreto es la insistencia en auditorías, controles y evaluaciones socioeconómicas. El texto establece que se deberán implementar mecanismos periódicos de revisión sobre las prestaciones otorgadas.

Si bien el control estatal es una obligación, organizaciones del sector advierten que el énfasis casi exclusivo en auditorías genera preocupación, especialmente en un contexto donde ya se denunciaron recortes encubiertos, demoras administrativas y obstáculos para acceder a derechos adquiridos.

Reglamentación tardía y sin debate presupuestario

El decreto reglamenta la ley, pero no resuelve el problema de fondo: el financiamiento. El Gobierno sigue sin detallar cómo se garantizarán los recursos necesarios para sostener las prestaciones en un contexto de ajuste generalizado.

La emergencia en discapacidad implica mayor presencia del Estado, algo que choca con la lógica de recorte que impulsa Milei desde el inicio de su gestión. Por eso, la reglamentación aparece más como una respuesta obligada que como una decisión política genuina.

Un avance formal que no despeja las dudas

La reglamentación representa un paso necesario para que la ley pueda empezar a aplicarse. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación real, sin recortes encubiertos ni trabas administrativas que vacíen de contenido la norma.

Después de meses de incumplimiento, el Gobierno reglamentó la ley porque no le quedó otra. Ahora, la atención está puesta en si garantizará efectivamente los derechos de las personas con discapacidad o si la emergencia quedará, una vez más, solo en el papel.

 

 

Lejos de ser un marino británico al servicio del Imperio, Enrique Jones fue un comerciante y capitán dedicado a la actividad privada, protestante de origen, que se integró plenamente a la sociedad porteña tras la Revolución. Casado dos veces en Buenos Aires, dedicado a la pesca lobera y al comercio marítimo en la Patagonia y el Atlántico Sur, su nombre quedó ligado a Malvinas por un documento clave de 1813 que hoy incomoda al relato colonial británico.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

Un inglés común, no un agente imperial

Enrique Libanus Jones —también citado como Henry Jones en documentos de época— no fue un oficial de la Corona ni un aventurero enviado por Londres, sino un comerciante privado que se declaró nacido en Londres (aunque algunos investigadores lo dan nacido en Gales), hijo legítimo de William (Guillermo) Jones y Mary (María) Tildesley o Tisley, de religión protestante, como él mismo declaró formalmente ante la Iglesia Católica en Buenos Aires en 1817.

Del Atlántico Norte al sur del mundo

Para comienzos de la década de 1810, Jones ya estaba instalado en Buenos Aires y participaba activamente del circuito marítimo y comercial del Atlántico Sur, especialmente en la pesca de lobos marinos, una actividad lucrativa en la época por el valor del cuero y la grasa.

Era propietario y capitán del bergantín El Rastrero, una nave de uso comercial, típica de la navegación lobera. En 1812, El Rastrero realizó un viaje exitoso a bahía San José, en la actual Península Valdés, de donde regresó con miles de cueros de lobo marino. Ese antecedente explica el paso siguiente.

El documento de 1813 y el vínculo con Malvinas

El 30 de enero de 1813, Enrique Jones presentó una solicitud formal ante el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que su bergantín pudiera dirigirse a las Islas Malvinas y las costas del sur con fines de pesca lobera.

Estos barcos eran típicos del comercio marítimo de fines del siglo XVIII y principios del XIX: de vela, relativamente pequeños, rápidos y maniobrables, adecuados para faenas en costas agrestes y abiertas como las de la Patagonia y el Atlántico Sur, alejadas de rutas comerciales regulares.

El dato es central: Jones pidió permiso, reconoció autoridad y actuó dentro del marco administrativo del Estado rioplatense. No navegó “por su cuenta” ni bajo respaldo británico.

Ese documento, conservado en el Archivo General de la Nación, es una de las pruebas históricas más incómodas para el discurso colonial posterior: un súbdito británico solicitando autorización a Buenos Aires para operar en Malvinas, veinte años antes de la ocupación militar inglesa de 1833.

Comerciante

Toda la trayectoria conocida de Jones lo muestra como un empresario marítimo, no como un actor político ni militar. Tras sus viajes con El Rastrero, continuó participando en emprendimientos comerciales vinculados a la Patagonia, incluso asociándose con otros comerciantes del período.

Algunas de sus expediciones terminaron en naufragios y pérdidas, algo habitual en una actividad riesgosa y sin respaldo estatal. Aun así, su figura aparece reiteradamente en documentos locales, lo que refuerza su condición de vecino conocido y tolerado por las autoridades.

La continuidad de la actividad económica de Enrique Jones después de 1813 puede seguirse con bastante precisión en los registros del período. En 1814, su nombre aparece asociado al naufragio de la goleta Bella Elisa (o Lovely Eliza) en el golfo San Jorge, cuando la nave se dirigía hacia la Patagonia en una nueva expedición vinculada a la pesca de lobos marinos, un episodio que ilustra tanto la persistencia de Jones en el negocio como los riesgos extremos de esa navegación. Lejos de retirarse, en 1815 volvió a emprender viajes comerciales, esta vez en sociedad con otros comerciantes, entre ellos Carleton Allsopp, operando embarcaciones como el bergantín Antílope en tareas combinadas de pesca y transporte marítimo.

Al año siguiente, en 1816, amplió aún más el alcance de sus operaciones, participando en expediciones que incluían el traslado de caballos y peones a la Patagonia para la captura de ganado cimarrón, una actividad complementaria destinada a abastecer y sostener las tripulaciones de los buques loberos. En ese mismo entramado de negocios, Jones se integró en sociedades comerciales con otros empresarios y colonos de la región, entre ellos Luis Vernet, figura que años más tarde tendría un rol central en los intentos de colonización y regulación de la pesca en las Islas Malvinas, lo que vuelve a situar a Jones dentro de un circuito económico plenamente inserto en la órbita rioplatense y previo a cualquier pretensión británica sobre el archipiélago.

La conversión religiosa y el arraigo porteño

El 11 de abril de 1817, Enrique Jones firmó un acto de reconciliación con la Iglesia Católica Romana en la entonces Catedral de Buenos Aires. Allí declaró:

• ser protestante,
• haber nacido en Londres,
• ser hijo legítimo de Guillermo Jones y María Tildesley.

El motivo era claro y habitual en la época: contraer matrimonio con una mujer católica porteña.

El 1.º de mayo de 1817, Jones se casó con Bonifacia Falcón Martínez Fontes, su primera esposa. Este paso marca un punto de inflexión: Jones deja de ser solo un comerciante extranjero y se integra formalmente a la sociedad local.

Tras quedar viudo, Enrique Jones volvió a casarse, esta vez con María Isabel de Elía Warnes, también porteña. Con ella tuvo descendencia en Buenos Aires que llega hasta nuestros días, consolidando su arraigo definitivo.

Este dato es clave para entender su figura: Jones no regresó a Inglaterra, no fue un aventurero ocasional y no actuó como emisario de ningún poder colonial. Su vida familiar, su descendencia y sus vínculos sociales quedaron en el Río de la Plata.

Tal vez nacido en Londres, británico sin dudas, reconoció al Estado argentino en formación, se convirtió al catolicismo para casarse, formó familia en Buenos Aires y desarrolló su actividad económica bajo reglas locales.

Cuando Gran Bretaña ocupó Malvinas en 1833, Enrique Jones llevaba años de vida porteña, matrimonios locales y descendencia argentina. Su pedido de 1813 queda así como una prueba documental previa, incómoda y concreta, de que las islas eran administradas desde Buenos Aires y reconocidas como tales incluso por súbditos británicos.

Fuentes y bibliografía consultadas

• Archivo General de la Nación (Argentina)
  Solicitud presentada por Enrique (Henry) Jones ante el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que el bergantín El Rastrero pueda dirigirse a las Islas Malvinas y costas del sur con fines de pesca lobera, 30 de enero de 1813.
• Registros parroquiales de Buenos Aires

• Harambour, Alberto
  Lobos, pieles y capitales. La economía lobera en el Atlántico Sur (siglos XVIII y XIX).
  Publicaciones académicas sobre la explotación lobera en Patagonia y el Atlántico Sur.
• Destéfani, Laurio H.
  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur: antecedentes históricos y jurídicos.
  Análisis documental sobre la administración rioplatense previa a 1833.
• Bonicatto, Carolina; Canclini, Arnoldo
  Estudios sobre comerciantes y navegantes extranjeros en Buenos Aires durante el período revolucionario.
• CONICET – Repositorio Digital
  Trabajos académicos sobre la pesca lobera, comerciantes británicos y circuitos económicos en la Patagonia oriental y el Atlántico Sur durante las primeras décadas del siglo XIX.
• Observatorio Malvinas – Universidad Nacional de Lanús
  Compilaciones documentales y análisis históricos sobre soberanía argentina en Malvinas y antecedentes administrativos previos a la ocupación británica de 1833.

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El diputado salió al cruce de del Jefe de Gobierno con un artículo contundente en el que no sólo rechazó las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, sino que puso en discusión algo más profundo: el uso deliberado de la calumnia como herramienta política, la liviandad institucional con la que se lanzan imputaciones públicas y la persistente estigmatización de las organizaciones sociales.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Una acusación lanzada al aire

El punto de partida del conflicto fue una serie de declaraciones de Jorge Macri en las que vinculó a Grabois con supuestas irregularidades en comedores comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sin denuncia judicial previa, sin expediente identificado y sin notificación formal a las organizaciones involucradas, el jefe de Gobierno optó por el camino más corto: la acusación mediática.

Ese dato no es menor. En su artículo publicado en Infobae, Grabois remarca que ninguna de las estructuras mencionadas depende de él ni de las organizaciones que integra, y que jamás fue informado oficialmente de las supuestas irregularidades. La pregunta que queda flotando es evidente: si existían pruebas, ¿por qué no se presentaron ante la Justicia antes de amplificarlas en los medios?

El límite entre la gestión y la difamación

Uno de los ejes más sólidos del planteo de Grabois es la distinción entre crítica política y atribución concreta de delitos. No se trata —plantea— de un debate ideológico ni de diferencias sobre el rol del Estado, sino de imputar hechos penalmente reprochables sin respaldo probatorio.

Desde ese lugar, el dirigente social señala que acusar públicamente a una persona de corrupción o fraude sin pruebas no es una opinión, sino una conducta tipificada por la ley. Y pone el foco en una práctica cada vez más extendida: funcionarios que reemplazan la denuncia judicial por el golpe mediático, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho aunque luego no puedan sostener lo dicho.

El trasfondo: disciplinar a las organizaciones

Más allá del cruce personal, el texto deja entrever una lectura política más amplia. Para Grabois, este tipo de operaciones no buscan transparencia sino disciplinamiento: desacreditar a las organizaciones sociales que denuncian el ajuste, el vaciamiento de políticas alimentarias y el corrimiento del Estado en los barrios populares.

En ese marco, la ofensiva discursiva del Gobierno porteño aparece menos como una auditoría genuina y más como una estrategia de construcción de enemigos internos, donde los comedores y movimientos sociales vuelven a ser presentados como sospechosos por default, mientras se evita discutir el impacto real de los recortes y la subejecución presupuestaria.

Una respuesta que incomoda

Grabois no sólo negó las acusaciones, sino que las devolvió con una advertencia política y jurídica: si se demuestra la falsedad de lo dicho, avanzará en acciones legales y destinará cualquier resarcimiento a fortalecer espacios comunitarios. El gesto no es casual: busca contrastar dos formas de hacer política, una basada en el señalamiento fácil y otra en la rendición de cuentas.

En el fondo, el episodio deja una postal incómoda para Jorge Macri. Un jefe de Gobierno que acusa sin pruebas queda expuesto no sólo a un conflicto judicial, sino a una pregunta más difícil de esquivar: ¿qué tan responsable puede ser un funcionario que confunde gestión con difamación y comunicación política con imputación penal?

Lo vamos a hacer papilla en tribunales a Macri. Este tipo no es más que un garca con el cerebro de una babosa que está más sucio que las fotitos que, según Lilia, anduvo mandando.

Acá está nuestra intimación, ahora que muestre él la denuncia que hizo contra mí, porque no figura… pic.twitter.com/EZl1K8J7ew

— Juan Grabois (@JuanGrabois) February 3, 2026

N. de R.: Estaría bueno que dirigentes que tanto han bregado contra la concentración de medios, a la hora de hacer una nota de opinión, no caigan en la tentación de dársela a los mismos.

 

 

Lo que a fines de enero era una maniobra en ciernes, hoy quedó formalizado por decreto. El Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la norma que ordena el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión confirma, profundiza y legaliza una operación política sobre los símbolos fundacionales de la Argentina.

Por Alcides Blanco para NLI

La nota publicada por NLI el pasado 28 de enero advertía que el Gobierno avanzaba sobre el sable corvo no como un gesto administrativo menor, sino como parte de una estrategia deliberada de apropiación simbólica del pasado. A apenas días de aquella publicación, el Ejecutivo decidió blanquear la jugada y convertirla en norma.

El Decreto 81/2026, publicado este 3 de febrero, dispone de manera expresa que el sable corvo deje de estar bajo la órbita del Museo Histórico Nacional y pase a la custodia directa del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en su cuartel de Palermo. La medida no solo ordena el traslado físico del objeto, sino que deroga el decreto de 2015 que había fijado su permanencia en el museo como patrimonio histórico de acceso público.

Un decreto que confirma la maniobra

El texto oficial sostiene que el traslado se realiza por “razones de seguridad” y menciona antecedentes de hechos ilícitos ocurridos cuando el sable se encontraba en el museo. Bajo ese argumento, el Gobierno establece que la custodia, preservación y resguardo queden en manos del Regimiento de Granaderos, fuerza que históricamente actuó como guardia del Libertador.

Sin embargo, el decreto omite cualquier referencia al derecho ciudadano al acceso al patrimonio histórico, al rol de los museos nacionales como espacios de memoria colectiva o a la dimensión civil del legado sanmartiniano. La lógica es clara: militarizar el símbolo y reubicarlo en un espacio institucional alineado con el relato que Milei intenta construir.

Tal como anticipó NLI, no se trata de una decisión neutra. El sable corvo no es un objeto más: es uno de los emblemas centrales de la independencia, cargado de significados políticos, históricos y populares que exceden largamente el ámbito castrense.

De patrimonio público a símbolo regimentado

Con este decreto, el sable deja de estar en un museo nacional —espacio civil, educativo y abierto— para quedar alojado en un cuartel militar con acceso restringido. El mensaje es contundente: el pasado se ordena desde arriba y se encuadra en una narrativa de autoridad, disciplina y verticalidad.

No es casual que esta decisión se inscriba en una secuencia más amplia. Milei viene utilizando la figura de San Martín, los Granaderos y los símbolos patrios como elementos de legitimación política, vaciándolos de su complejidad histórica y resignificándolos al servicio de su propio proyecto ideológico.

La historia, así, deja de ser un campo de debate y memoria para convertirse en escenografía de poder. El decreto no hace más que confirmar que el Gobierno concibe los símbolos nacionales como piezas de un relato oficial, no como patrimonio plural del pueblo argentino.

Lo que advertía NLI y hoy se confirma

Cuando NLI publicó la nota del 28 de enero, aún no existía norma vigente. Había versiones, trascendidos y una fuerte señal política. Hoy, con el decreto ya publicado, queda claro que no era una hipótesis exagerada, sino la antesala de una decisión consumada.

La derogación del decreto de 2015, la reasignación de la custodia y la argumentación centrada exclusivamente en criterios de seguridad confirman que el Gobierno eligió avanzar sin debate público, sin consulta a especialistas en patrimonio y sin consideración por el sentido democrático de la memoria histórica.

El sable corvo, legado de San Martín al pueblo argentino, pasa así a ser una pieza más en la política de símbolos de Milei, donde el pasado se ordena, se encuadra y se utiliza como herramienta de construcción de poder en el presente.

 

 

Pese a estar bajo investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos retornos ilegales, el Gobierno volvió a habilitar a la droguería Suizo-Argentina para hacer negocios con el Estado. La empresa está en el centro del escándalo de la ANDIS y es señalada por un esquema de coimas que salpica de lleno al entorno más íntimo de Milei.

Por Tomás Palazzo para NLI

Mientras Milei repite su discurso contra “la casta” y promete transparencia, la realidad vuelve a mostrar otra cosa. El Estado nacional reactivó contrataciones con la droguería Suizo-Argentina S.A., una de las firmas más beneficiadas durante el actual gobierno y que se encuentra bajo investigación por una trama de sobreprecios, contratos amañados y presuntos retornos del 3% en el marco de las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La decisión de volver a contratar a la empresa se tomó cuando la causa judicial sigue abierta, los audios que dieron origen al escándalo no fueron desmentidos y las sospechas de corrupción alcanzan directamente a Karina Milei, hermana del Presidente y figura central del armado libertario.

El escándalo de la ANDIS y el circuito del “3%”

La investigación judicial se inició a partir de audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe con crudeza un esquema de contratación irregular con Suizo-Argentina. En esas grabaciones se habla de licitaciones armadas, sobreprecios sistemáticos y un retorno del 3% del monto de los contratos.

Según la denuncia, ese dinero habría sido canalizado hacia funcionarios y operadores políticos del oficialismo. El nombre de Karina Milei aparece mencionado como destinataria final de esos retornos, junto a otros integrantes del círculo de poder que rodea al Presidente.

Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por no dar explicaciones públicas, desplazar silenciosamente a algunos funcionarios y, ahora, volver a habilitar a la empresa sospechada para seguir contratando con el Estado.

Contratos millonarios que continúan pese a la causa judicial

Los números son elocuentes. Más de 600 contratos firmados entre la ANDIS y Suizo-Argentina, por montos que superan los 55 mil millones de pesos, se encuentran bajo la lupa judicial. A eso se suman compras realizadas por otros organismos nacionales, como el Ministerio de Salud, el PAMI y obras sociales estatales.

Pese a este escenario, la droguería volvió a presentar ofertas en nuevas licitaciones, incluyendo provisión de insumos médicos de alta complejidad para hospitales públicos. En algunos casos, los procesos administrativos ya quedaron listos para adjudicar, como si la investigación en curso no existiera.

No hubo suspensión preventiva, ni inhabilitación, ni siquiera un gesto mínimo de prudencia institucional.

Un crecimiento explosivo bajo el gobierno de Milei

Otro dato que refuerza las sospechas es el crecimiento exponencial de los contratos de Suizo-Argentina desde la llegada de Milei al poder. En apenas un año, la facturación de la empresa con el Estado se multiplicó de manera abrupta, alcanzando cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.

Este salto contrasta brutalmente con el ajuste que el propio Gobierno aplica sobre jubilaciones, prestaciones por discapacidad, salarios estatales y el sistema de salud pública. Mientras se recortan derechos, los negocios amigos siguen intactos.

El relato anticasta que se derrumba

La reapertura de las contrataciones con una empresa bajo investigación judicial deja en evidencia una doble vara escandalosa. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero cuando las sospechas tocan a su propia familia, el discurso se desvanece.

No hay transparencia, no hay explicaciones y no hay sanciones. Hay continuidad de negocios, encubrimiento político y una sensación de impunidad que se profundiza.

Mientras la Justicia avanza a paso lento y el Gobierno hace equilibrio para despegarse del escándalo, los contratos siguen firmándose y el dinero público sigue fluyendo, incluso cuando las denuncias ya no son versiones periodísticas sino una causa judicial en marcha.

 

 

La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, justo antes de la publicación de un nuevo índice de inflación, dejó al descubierto una situación tan delicada como inquietante: los números que debía mostrar el organismo no coincidían con el relato económico del gobierno de Milei. La decisión oficial de postergar la nueva metodología y cambiar a su máxima autoridad reavivó las sospechas sobre la intervención política en las estadísticas públicas, en un contexto donde la inflación real sigue golpeando los bolsillos mientras el Ejecutivo necesita vender un éxito que los datos no confirman.

Por Roque Pérez para NLI

La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, a pocos días de que se conociera un nuevo índice de inflación con metodología actualizada, encendió todas las alarmas políticas. No se trata de un cambio administrativo más: el movimiento ocurre en un momento clave para el relato económico del gobierno de Milei, que necesita mostrar una desaceleración sostenida de precios para justificar el ajuste brutal que atraviesan los hogares argentinos.

Lavagna, que había sostenido un perfil técnico y de bajo ruido político desde su llegada al organismo, dejó su cargo justo cuando el Indec estaba en condiciones de publicar los primeros datos con una nueva fórmula de medición del IPC, basada en una canasta más actualizada y representativa del consumo real. La coincidencia temporal es demasiado evidente como para ser ignorada.

Una salida en el peor momento para el relato oficial

Según distintas reconstrucciones periodísticas, el nuevo índice no mostraba el resultado que el Gobierno esperaba. La inflación medida con la nueva metodología daba más alta de lo que Milei y el ministro Luis Caputo venían prometiendo, lo que implicaba un golpe directo al discurso de “desinflación exitosa” que el oficialismo intenta instalar.

En ese contexto, la continuidad de Lavagna se volvió incómoda. El ahora ex titular del Indec habría insistido en publicar los datos tal como estaban previstos, respetando los criterios técnicos y los tiempos ya trabajados por el organismo. Del otro lado, el Ejecutivo optó por patear la implementación del nuevo índice, una decisión que, lejos de ser inocua, tiene impacto político inmediato.

La versión oficial habló de “diferencias de criterio” y de la necesidad de esperar “condiciones más estables”. Sin embargo, puertas adentro del propio Estado nadie logra explicar por qué un índice terminado, probado y listo para difundirse debe ser guardado en un cajón justo cuando los números dejan de acompañar.

Postergar datos también es una forma de intervenir

Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Indec y que la nueva fórmula de medición de la inflación será postergada. En los hechos, se seguirá utilizando un índice que subestima consumos actuales, mientras los precios de alimentos, transporte, servicios y alquileres siguen golpeando el bolsillo real.

La decisión no es técnica, es política. Medir distinto cambia el resultado, y cambiar el resultado altera el clima social. Milei necesita mostrar una inflación en baja para sostener el ajuste, contener el malhumor y negociar con el poder financiero. Publicar un dato que contradiga ese relato sería admitir que el sacrificio no está dando los frutos prometidos.

El problema es que el Indec no es una consultora del Gobierno: es un organismo público cuya credibilidad fue duramente dañada en el pasado y que había logrado recomponer prestigio con criterios profesionales. Forzar salidas, demorar índices y acomodar tiempos vuelve a sembrar dudas que el país ya conoce demasiado bien.

Cuando la estadística molesta

La inflación no es una cifra abstracta: es el precio de comer, viajar, calefaccionarse y vivir. Si los números oficiales no reflejan esa realidad, el problema no es la gente, sino la estadística. Y cuando un director técnico se va justo porque los datos no cierran con el discurso presidencial, la sospecha deja de ser una hipótesis para transformarse en una señal política.

La renuncia de Lavagna expone una tensión de fondo: entre la necesidad del Gobierno de sostener su relato y la obligación del Estado de decir la verdad, aunque incomode. En esa disputa, Milei parece haber elegido priorizar la narrativa antes que la transparencia.

Porque cuando los números no le dan, el problema no es el índice. El problema es la realidad.