Política

 

Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.

Por Alcides Blanco para NLI

Una superstición que llegó al Boletín Oficial

Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.

Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.

De la leyenda al Estado

Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.

El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.

Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.

Del mito rural al Congreso Nacional

Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.

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Europa: mitos sí, leyes no

En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.

En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.

Una rareza jurídica con raíz popular

Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.

Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.

Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.

 

 

Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.

Por Walter Onorato para NLI

Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.

El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.

Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.

El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.

Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.

Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.

No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.

El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.

La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.

¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.

La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.

 

 

En pleno drama por los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional busca tratar en el Congreso un proyecto que modifica de manera drástica la Ley de Tierras (26.737): habilita la producción en zonas arrasadas por el fuego y libera la venta de suelo argentino a extranjeros. La iniciativa aparece en sintonía con la ofensiva de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina. Un relevamiento científico del Observatorio de Tierras revela datos alarmantes sobre quiénes controlan el territorio, el agua y los minerales del país.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La discusión va más allá de consignas y slogans. Mientras la administración de Milei impulsa cambios que debilitan los límites a la propiedad extranjera, un trabajo del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el Conicet— puso cifras y mapas a un proceso silencioso: la constante entrega de territorios estratégicos a manos foráneas.

El mapa interactivo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, muestra que aproximadamente el 5% del territorio nacional ya está en manos de firmas o Estados extranjeros. En términos concretos, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, escaparon al control nacional.

El truco del promedio y los distritos en rojo

Los investigadores advierten que el discurso oficial —según el cual ninguna provincia supera el límite legal del 15%— es engañoso. El promedio provincial oculta realidades críticas: 36 departamentos del país ya exceden ese tope, lo que vulnera el espíritu de la ley.

Entre Ríos aparece como uno de los casos más graves. Los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización (más de 56 mil y 57 mil hectáreas, respectivamente), mientras Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso emblemático es Garay, donde el 16% de sus 391 mil hectáreas está en manos extranjeras, por encima del límite legal.

Agua, minería y fronteras: nada es casual

El relevamiento demuestra que la extranjerización no es aleatoria: sigue el rastro de recursos estratégicos en un mundo atravesado por la crisis climática y energética. Hay departamentos que superan el 50% de su superficie extranjerizada, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).

Las zonas con agua dulce y nodos logísticos también concentran cifras alarmantes. Localidades ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, superan el 30%. En cuanto a nacionalidades, Estados Unidos lidera con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Entre las tres concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen más superficie que la provincia de Tucumán.

“No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: los casos más críticos están en zonas de frontera y con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.

De Menem a Milei: una historia de flexibilización

El informe recuerda que el quiebre contemporáneo se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior, que habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas protegidas desde 1944 por un decreto que reservaba esas tierras a ciudadanos argentinos.

Esa normativa fue sistemáticamente vulnerada con ventas irregulares y triangulaciones. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por Luciano Benetton, son parte de ese proceso.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el boom de los commodities, fue desde entonces blanco de intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 por un amparo del CECIM La Plata, el Ejecutivo de Milei avanzó por la vía política a través del Consejo de Mayo, que avaló cambios sustanciales.

Para los especialistas, la reforma no busca inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. El caso de Malargüe, en Mendoza —donde la extranjerización del 15% convive con 18 nuevos proyectos mineros— anticipa mayor conflictividad social si el Estado renuncia a su rol de control. “Cruzar estos datos con las inversiones mineras permite entender por qué el mapa es una herramienta de alerta”, señaló Oberlin.

En un contexto de avance de Donald Trump sobre los recursos de América Latina y reimpulso de la doctrina Monroe, el informe advierte que desarmar las protecciones existentes redefine quién decide, quién accede y quién queda afuera. Cuando el agua dulce y la energía son ejes del conflicto global, ceder territorio es ceder soberanía.

 

 

Vuelos privados sin declarar, valijas que pasan sin control, contratos millonarios con el Estado y nombres que se repiten en todas las causas sensibles. Una trama que cruza narcotráfico, espionaje, estafas y financiamiento político vuelve a poner en el centro de la escena al entorno de Milei.

Por Tomás Palazzo para NLI

Los aviones privados se convirtieron en el símbolo más explícito de los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Milei. No se trata de hechos aislados ni de simples irregularidades administrativas: detrás hay narcotráfico, lavado de dinero, campañas electorales financiadas por fuera de la ley y vínculos con los servicios de inteligencia, tanto locales como extranjeros.

Uno de los focos más sensibles está en Texas, donde el narco Fred Machado afrontó una audiencia clave ante el juez Bill Davis. En manos del magistrado hay dos celulares, una laptop y cinco pendrives secuestrados al empresario, dueño de una megaestructura de vuelos privados utilizada —según la acusación— para transportar cocaína y lavar dinero. Ese material podría ser explosivo para la política argentina.

Los 38 vuelos de Espert y los dólares que no cierran

Entre los datos que sobrevuelan la causa aparece un nombre conocido: José Luis Espert, exdiputado y primer candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Según consta en la investigación, realizó 38 vuelos privados nunca declarados en aviones de Machado durante su campaña electoral y recibió 200.000 dólares cuya justificación es, como mínimo, inverosímil.

Espert sostuvo que el dinero correspondía a trabajos de consultoría para una mina en Guatemala, Minas del Pueblo, una firma que, según la fiscalía, no tenía actividad real y es señalada como posible pantalla para el lavado de dinero. El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, ya tiene el contenido del celular de Espert y espera informes internacionales que podrían terminar de derrumbar la coartada.

La hipótesis judicial es clara: resulta increíble que alguien se suba casi cuarenta veces a los aviones de un narco sin preguntar nada, reciba préstamos de vehículos blindados y comparta viajes al exterior sin conocer el origen de los fondos.

Texas, el arrepentido y lo que puede salir a la luz

La audiencia en Estados Unidos se realizó bajo un llamativo hermetismo. Para los investigadores, ese silencio indica una posibilidad concreta: Machado podría negociar con la fiscalía y convertirse en arrepentido. De hacerlo, no sólo hablaría de los vuelos y del dinero, sino también de quiénes fueron beneficiarios políticos del esquema.

La acusación en su contra es demoledora: conspiración para fabricar y distribuir cocaína, lavar dinero, cometer fraude, violar normas federales y manipular la registración de aeronaves. Si no colabora, enfrenta una condena similar a la de su socia Debbie Mercer-Edwin, sentenciada a 16 años de prisión.

El presentador: Mastropietro y el 3 por ciento para Karina

En esta trama aparece un personaje clave: Sergio Daniel Mastropietro, quien presentó a Machado con Espert. Mastropietro no es un desconocido: fue accionista de empresas de vuelos privados junto al narco, presidió Avian Líneas Aéreas —continuadora de Macair, la aerolínea de la familia Macri— y aparece en innumerables causas de corrupción.

Hoy está imputado en el expediente de Discapacidad, donde se investiga el robo sistemático de fondos públicos mediante sobreprecios y facturación falsa de vuelos privados, el famoso “3 por ciento para Karina”. En esa causa, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello documentaron maniobras para esconder dinero antes de allanamientos, utilizando justamente empresas aéreas.

Cuando Casanello ordenó secuestrar su celular, Mastropietro protagonizó una escena digna de película: venía de Miami en vuelo privado, desvió el avión a Tucumán y, al llegar a Aeroparque, el celular ya no estaba. Dijo haberlo “perdido”.

Scatturice, valijas, espías y una cancillería paralela

Otro nombre central es el del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, dueño de Royal Class y operador de vuelos privados que ingresaron valijas sin control al país, con apagón de transponder incluido. Scatturice no sólo mueve aviones: también acumula contratos con la SIDE, el Ministerio de Economía, ARCA y Anses, se quedó con Flybondi y ahora con OCA, tras una refinanciación escandalosa de deudas con el Estado.

Quiénes están detrás de la adquisición de OCA (el entramado que nadie te muestra)

Scatturice incluso registró en la Argentina una empresa vinculada a la CPAC, la organización ultraderechista que lidera Donald Trump. Desde allí, según se investiga, habría montado algo parecido a una cancillería paralela, actuando como nexo informal entre Milei y sectores del poder estadounidense.

Tampoco hay que pasar por alto el delgado hilo que une a Scatturice con el ex agente de la CIA Frank Holder, devenido sospechosamente en el nuevo empleado del hijo del Fiscal Eduardo Taiano, el mismo que investiga la causa $LIBRA.

Libra, estafas y los mismos aviones

Los aviones de Scatturice también aparecen en la estafa de la criptomoneda Libra. En uno de ellos recorrió el país Hayden Davis, el armador del fraude que tuvo como partícipe indispensable a Milei. El fiscal Domínguez detectó además facturas de Espert a nombre de Mauricio Novelli, el operador que articuló Libra desde la Casa Rosada.

Las piezas empiezan a encajar: aviones privados, vuelos opacos, valijas sin control, narcos, espionaje y negocios con el Estado. Todo bajo un mismo patrón.

Un hilo conductor imposible de disimular

Como expuso el periodista Raúl Kollmann, nada parece casual. Los nombres se repiten, los métodos también. Aviones que despegan sin control, dinero que viaja sin declarar, empresarios que pasan de ser desconocidos a manejar sectores estratégicos y un gobierno que mira para otro lado.

Aviones, vuelos privados, el gobierno de Milei y la corrupción. A veces el hilo es visible. Otras, apenas disimulado. Pero siempre está ahí.

 

 

El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi lanzó una dura advertencia contra el DNU 941, mediante el cual el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el ex ministro de Defensa, la norma representa un retroceso institucional de enorme gravedad y abre la puerta a prácticas propias de los años más oscuros de la Argentina.

Por la Redacción de NLI

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rossi afirmó sin rodeos que “estamos en presencia del intento de convertir a la SIDE en una policía secreta”, al tiempo que confirmó que la oposición buscará rechazar el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar al inicio de las sesiones ordinarias.

Detenciones sin juez y reminiscencias de la dictadura

Uno de los puntos que Rossi calificó como “gravísimo” es la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial, algo que —según remarcó— ni siquiera aclara cuánto tiempo puede durar esa detención.

Pero el cuestionamiento no termina ahí. El diputado santafesino alertó que el decreto también habilita al jefe de la SIDE a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, con una simple solicitud administrativa. Para Rossi, esto remite directamente al funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura militar, cuando los militares realizaban inteligencia interna y la SIDE detenía personas.

En ese sentido, fue categórico: “Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”.

El Congreso puede actuar en pleno receso

Frente al argumento oficial de que el tratamiento parlamentario debería esperar a marzo, Rossi aclaró que no existe ningún impedimento legal para avanzar durante el receso. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Parlamento está obligado a abordarlo de manera inmediata.

Según detalló, la ley establece que el jefe de Gabinete debe remitir el DNU al Congreso dentro de los diez días hábiles de su firma. Una vez cumplido ese plazo, la comisión bicameral puede tratarlo, y aun si eso no ocurre, cualquiera de las cámaras queda habilitada para llevarlo al recinto.

“Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, anticipó Rossi, dejando en claro que la oposición buscará frenar en el Congreso una avanzada que consideran incompatible con el sistema democrático.

El cuestionamiento al DNU 941 se suma a una creciente preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de los controles institucionales bajo el gobierno de Milei, en un contexto donde las facultades extraordinarias parecen transformarse en regla y no en excepción.

 

 

Redefinirían el origen del Homo sapiens

Por Alcides Blanco para NLI

Un reciente descubrimiento arqueológico en Marruecos volvió a sacudir las bases de la historia evolutiva humana. Nuevos restos fósiles de homínidos, hallados en la cantera Thomas I, en las cercanías de Casablanca, aportan evidencia concreta de que la evolución del género Homo en África fue mucho más compleja, diversa y temprana de lo que durante décadas sostuvo el relato dominante de la paleoantropología.

Los fósiles, con una antigüedad estimada en alrededor de 773.000 años, corresponden a individuos que no encajan plenamente en ninguna de las especies humanas clásicamente aceptadas. No son Homo antecessor, no son Homo heidelbergensis, pero tampoco pueden clasificarse como una forma temprana de Homo sapiens. Justamente allí radica su enorme importancia histórica.

Un eslabón africano olvidado

Durante mucho tiempo, la narrativa científica estuvo fuertemente eurocentrada. Sitios como Atapuerca, en España, ocuparon el centro del escenario al momento de explicar los orígenes del linaje humano moderno. Sin embargo, este nuevo hallazgo en el norte de África refuerza una idea cada vez más sólida: África no fue sólo el lugar de origen de la humanidad, sino también el escenario de múltiples linajes humanos coexistiendo, mezclándose y desapareciendo.

Las mandíbulas, dientes y vértebras recuperadas presentan una combinación de rasgos primitivos y otros sorprendentemente avanzados para su antigüedad. Esa mezcla sugiere la existencia de poblaciones africanas arcaicas que podrían haber sido ancestros comunes tanto de los humanos modernos como de los neandertales y denisovanos, mucho antes de lo que indicaban los modelos tradicionales.

Datación precisa y contexto cultural

El contexto geológico del sitio permitió aplicar técnicas de datación altamente confiables, ubicando los restos cerca del límite Matuyama–Brunhes, un punto clave del Pleistoceno medio. Esta precisión temporal convierte al hallazgo en uno de los registros humanos mejor datados de ese período en África.

Junto a los restos humanos aparecieron herramientas líticas de tipo achelense, lo que demuestra que estos homínidos no sólo caminaban erguidos y tenían una anatomía compleja, sino que también dominaban tecnologías de fabricación de instrumentos, cazaban y se adaptaban activamente a su entorno.

El fin de una evolución lineal

Este descubrimiento golpea de lleno a una de las ideas más persistentes del siglo XX: la evolución humana como una línea recta, ordenada y progresiva. La evidencia muestra exactamente lo contrario: una historia hecha de ramificaciones, cruces, adaptaciones regionales y extinciones.

Lejos de ser una excepción, estos fósiles africanos confirman que el camino hacia Homo sapiens fue un proceso largo, caótico y profundamente colectivo, en el que distintas poblaciones humanas aportaron rasgos que, miles de años después, terminarían confluyendo en nuestra especie.

Marruecos, clave para entender quiénes somos

El norte de África vuelve a posicionarse como una región central para comprender los orígenes de la humanidad. Desde Jebel Irhoud hasta la cantera Thomas, Marruecos ofrece un registro fósil que desarma prejuicios, cuestiona dogmas y obliga a revisar los manuales de historia.

Cada nuevo hallazgo confirma que la historia humana no pertenece a un solo continente ni a una sola tradición académica. Es una construcción global, profundamente africana en sus raíces, y mucho más compleja de lo que el sentido común heredado quiso admitir.