Un reciente artículo de El País expone con crudeza una dinámica que ya no puede ocultarse: frente a los escándalos de corrupción que rodean a su gobierno, Milei no explica, no responde y, en muchos casos, directamente niega o distorsiona los hechos.
Por la Redacción de NLI
Un silencio cada vez más ruidoso
El texto de Hugo Alconada Mon publicado por El País pone el foco en un fenómeno central: el silencio selectivo de Milei. Mientras el presidente mantiene un estilo confrontativo para atacar opositores o periodistas, opta por el mutismo cuando las preguntas apuntan a los escándalos que salpican a su entorno.
Según describe el artículo, ese silencio no es casual sino estratégico: evitar conferencias incómodas, elegir entrevistas sin repreguntas y esquivar ámbitos institucionales como el Congreso. En otras palabras, controlar el escenario para no dar explicaciones.
El caso $Libra y la trama de fondo
Uno de los episodios más graves señalados es el colapso del criptoactivo $Libra, promovido públicamente y que terminó generando pérdidas millonarias. Lejos de aclarar su rol, Milei habría minimizado o negado su participación, pese a las evidencias de su impulso inicial.
Investigaciones previas ya habían advertido que el esquema presentaba características típicas de maniobras especulativas, donde unos pocos ganan mientras miles pierden sus ahorros.
A esto se suman sospechas de vínculos con los impulsores del proyecto y posibles beneficios económicos indirectos, lo que agrava el cuadro político y judicial.
Discapacidad, audios y denuncias
El otro eje crítico es la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), atravesada por denuncias de corrupción en la compra de medicamentos. Audios filtrados de funcionarios cercanos al presidente describen un presunto sistema de sobornos que, según distintas denuncias, podría haber escalado hasta niveles altos del poder.
Frente a esto, la respuesta oficial volvió a ser la misma: desmentidas genéricas, desplazamientos puntuales y ausencia de explicaciones de fondo.
Mentiras, evasivas y construcción de relato
El artículo también apunta a un patrón discursivo: cuando Milei habla, muchas veces no aclara sino que desvía, insulta o desacredita. En lugar de asumir responsabilidades, recurre a teorías de persecución política o directamente a negar los hechos.
Esta lógica no es nueva. En episodios anteriores, el presidente ya había respondido a denuncias de corrupción calificándolas como “mentiras” sin aportar pruebas contundentes en sentido contrario.
Una estrategia que erosiona la democracia
El punto más fuerte del análisis es político: el problema no es solo la corrupción, sino la falta de rendición de cuentas. El silencio sistemático y las respuestas evasivas debilitan los mecanismos básicos de control democrático.
El País advierte que este modelo —silencio ante lo incómodo, agresividad ante lo crítico— se parece a estrategias vistas en otros liderazgos globales, donde la verdad pierde centralidad y la comunicación se vuelve una herramienta de poder más que de transparencia.
Cuando el silencio ya no alcanza
La acumulación de escándalos, denuncias y contradicciones empieza a configurar un escenario complejo para el gobierno. Porque el silencio puede servir como táctica momentánea, pero no resuelve las preguntas de fondo.
Y esas preguntas siguen abiertas: qué pasó con $Libra, qué ocurrió en la ANDIS, qué responsabilidades existen y, sobre todo, por qué el presidente elige no responder.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dejó una frase que rápidamente se volvió símbolo de algo más profundo que un simple error: al referirse a la guerra de Guerra de Malvinas, la ubicó “allá por el ochenta y pico”, sin poder precisar el año exacto. No se trata de una trivia ni de un dato menor: hablamos de 1982, uno de los hitos más dolorosos y determinantes de la historia argentina reciente.
Por Roque Pérez para NLI
La escena, ocurrida hoy en el marco del 2 de abril, no sólo generó incomodidad. Encendió una alarma concreta sobre el nivel de formación de quienes hoy ocupan los cargos más altos del Estado. Porque no es lo mismo un furcio en una charla informal que una imprecisión histórica desde la presidencia de la Cámara baja.
Una seguidilla de papelones que ya no sorprende
Lo de Menem no es un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en una cadena de errores que empieza a configurar un patrón dentro del gobierno de Javier Milei: dirigentes que exhiben una preocupante falta de conocimientos básicos en historia, política internacional y cultura general.
Uno de los casos más resonantes de los últimos días fue el de la diputada Juliana Santillán, quien aseguró haberse reunido con el “embajador de Checoslovaquia”. El problema es que Checoslovaquia dejó de existir hace más de tres décadas, tras su división en República Checa y Eslovaquia.
El dato no es anecdótico: Santillán preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Es decir, tiene entre sus responsabilidades centrales el vínculo diplomático con otros países. El error, en ese contexto, adquiere una gravedad institucional evidente.
Pero no es el único caso. En distintos niveles del oficialismo se repiten declaraciones erráticas, confusiones históricas y fallas conceptuales que, acumuladas, empiezan a delinear una imagen de improvisación estructural más que de simples deslices individuales.
Malvinas: memoria, soberanía y responsabilidad
La Guerra de Malvinas no admite aproximaciones vagas. No es “ochenta y pico”. Es 1982. Es dictadura, es jóvenes soldados enviados al frío extremo, y es también el inicio del fin del régimen. Es, además, una causa de soberanía que atraviesa generaciones y gobiernos.
Desde la ocupación británica de 1833, la Argentina sostiene un reclamo histórico que se convirtió en política de Estado. Cada 2 de abril no es una formalidad: es memoria, identidad y respeto. Por eso, la liviandad con la que se la menciona desde un cargo institucional no puede leerse como un simple error.
El mito del outsider y la realidad del desconocimiento
El gobierno de Milei construyó gran parte de su identidad sobre la idea del “outsider”, del dirigente ajeno a la política tradicional. Sin embargo, esa narrativa empieza a mostrar su contracara: la falta de formación en áreas clave para la gestión pública.
Porque gestionar el Estado no es opinar en televisión ni viralizar consignas en redes. Requiere conocimiento, preparación y una comprensión básica de la historia y del mundo. Cuando eso falta, lo que aparece no es frescura ni renovación, sino improvisación.
En ese sentido, los episodios de Menem y Santillán no son excepciones: son síntomas de un modelo que privilegió la exposición mediática por sobre la idoneidad.
Entre la ignorancia y el desprecio
Hay una pregunta incómoda que sobrevuela estos episodios: ¿es ignorancia o es desinterés? Porque ambas opciones son problemáticas, pero implican cosas distintas. La primera habla de falta de preparación; la segunda, de algo más grave: desprecio por la historia y por lo que representa.
Cuando un presidente de la Cámara de Diputados no puede ubicar en el tiempo la guerra de Malvinas, no solo queda expuesto él. Se expone la calidad institucional de todo un gobierno.
Y cuando una diputada que maneja relaciones exteriores confunde países que dejaron de existir hace más de 30 años, el problema deja de ser anecdótico.
Un gobierno que subestima la historia
Tal vez lo más preocupante no sea el error en sí, sino lo que revela: una dirigencia que parece no dimensionar el peso de la historia argentina. Que habla de soberanía sin precisión, de diplomacia sin rigor y de memoria sin conocimiento.
En política, los símbolos importan. Y Malvinas es uno de los más profundos que tiene el país. Reducirlo a un “ochenta y pico” no es solo un error: es una señal de época. Una en la que el poder parece cada vez más desconectado de la historia que debería representar.
Un hallazgo arqueológico en el sur de Italia sacó a la luz una necrópolis de más de 2.300 años con un detalle que desconcertó a los investigadores: al menos 15 niños fueron enterrados con objetos propios de guerreros adultos. El descubrimiento reabre preguntas sobre el rol de la infancia en las sociedades antiguas y el peso del linaje en la construcción del poder.
Por Alcides Blanco para NLI
Un cementerio antiguo que escondía algo más
En la localidad de Pontecagnano Faiano, al sur de Italia, un equipo de arqueólogos encontró una necrópolis datada entre los siglos IV y III antes de Cristo, en pleno período de expansión de Roma sobre la península itálica. Allí se identificaron 34 tumbas pertenecientes a la cultura samnita, uno de los pueblos más duros que enfrentó la República romana.
Pero el dato más impactante no fue la cantidad de enterramientos ni su antigüedad, sino quiénes estaban allí: 15 de esas tumbas correspondían a niños de entre dos y diez años.
El detalle que desconcertó a los arqueólogos
Lo que transformó el hallazgo en un caso excepcional fue un elemento inesperado: varios de esos niños estaban enterrados con cinturones de bronce de gran tamaño, un objeto que en esa cultura estaba reservado casi exclusivamente para los guerreros adultos.
Estos cinturones no eran un simple accesorio. En la sociedad samnita, funcionaban como un símbolo claro de identidad: indicaban pertenencia a la clase combatiente, una especie de marca de estatus dentro de una comunidad profundamente militarizada.
Que aparezcan en tumbas infantiles rompe con todas las interpretaciones tradicionales.
Los samnitas: los enemigos más temidos de Roma
Para entender la dimensión del hallazgo, hay que mirar el contexto. Los samnitas fueron uno de los pueblos itálicos más resistentes frente a la expansión romana, protagonizando las llamadas guerras samnitas entre los siglos IV y III a.C., conflictos decisivos en la consolidación de Roma como potencia.
Sin embargo, a diferencia de otras civilizaciones, dejaron pocos monumentos o registros escritos. Por eso, gran parte de lo que hoy se sabe sobre ellos proviene de sus cementerios.
Y es justamente allí donde aparece este dato inquietante.
¿Niños guerreros o herederos del poder?
Las hipótesis que manejan los especialistas abren un abanico de interpretaciones.
Por un lado, se cree que estos cinturones podrían haber sido colocados como una proyección simbólica del futuro del niño, una especie de “investidura anticipada” que lo identificaba como futuro guerrero, incluso antes de haber alcanzado la edad adulta.
Otra posibilidad apunta a una cuestión más estructural: el prestigio social de la familia. En ese caso, los objetos no representarían al niño en sí, sino al linaje al que pertenecía, marcando su lugar dentro de la comunidad incluso después de la muerte.
En ambos casos, el mensaje es fuerte: la identidad no se construía solo en vida, sino que podía estar determinada desde el nacimiento.
Una sociedad donde el destino parecía estar escrito
El hallazgo refuerza una idea que cada vez toma más fuerza en la arqueología: en muchas sociedades antiguas, la infancia no era entendida como una etapa separada o protegida, sino como parte de una estructura social rígida.
Los objetos encontrados en estas tumbas no hablan solo de rituales funerarios, sino de cómo esas comunidades concebían el poder, la pertenencia y el destino.
En ese sentido, estos niños no fueron enterrados como lo que eran, sino como lo que se esperaba que fueran.
Un descubrimiento que reescribe la historia en silencio
Aunque no se trata de un “tesoro” en el sentido clásico, el impacto de este hallazgo es profundo. No revela riquezas materiales, sino algo más importante: cómo pensaban y se organizaban las sociedades que enfrentaron a Roma.
En un campo donde muchas certezas todavía dependen de interpretaciones, cada tumba es una pieza clave. Y en este caso, esos pequeños cuerpos con cinturones de guerrero abren una pregunta incómoda: ¿cuánto del destino humano, incluso hoy, sigue estando marcado antes de nacer?
Un impresionante despliegue policial con decenas de efectivos y más de 20 móviles rodeó el departamento no declarado de Manuel Adorni en Caballito, en simultáneo con el anuncio de una protesta inédita: docentes universitarios que decidieron llevar el aula a la calle para denunciar el ajuste. La escena expone una postal brutal de prioridades del gobierno.
Un operativo que generó más preguntas que respuestas
Según distintas crónicas y registros que circularon durante la jornada, el gobierno montó un fuerte operativo policial con más de 20 móviles y una presencia masiva de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio. La magnitud del despliegue no pasó desapercibida: vecinos, estudiantes y docentes lo interpretaron como un intento de blindar políticamente a un funcionario en medio de un escándalo patrimonial.
Así cuida la Policía Federal a Manuel Adorni de una clase pública pacífica que haremos los estudiantes y docentes universitarios. Sin la guita del Estado son muy cagones. pic.twitter.com/71A20Wtn0i
El dato no es menor. El departamento en cuestión había salido a la luz recientemente, en medio de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. El propio Adorni reconoció la propiedad en una conferencia, luego de que trascendiera su existencia.
Clases públicas frente al poder
En paralelo, docentes y estudiantes universitarios llevarán adelante una medida tan simbólica como contundente: clases públicas frente al domicilio del funcionario. La iniciativa fue impulsada como forma de visibilizar el impacto del ajuste sobre la educación superior.
La protesta no surgió de la nada. Según datos difundidos por organizaciones docentes, el sector perdió cerca de un 36% del poder adquisitivo, en un contexto de congelamiento salarial y crisis presupuestaria.
La consigna fue clara: exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el vaciamiento del sistema. En ese marco, la elección del lugar —la casa de uno de los principales voceros del gobierno— no fue casual.
La postal del ajuste
La escena que se vive en Caballito sintetiza una tensión que atraviesa toda la coyuntura: recursos estatales destinados a la seguridad de funcionarios, mientras la educación pública se moviliza para sobrevivir.
Parece un operativo para atrapar al narcotraficante más buscado del mundo. Pero no, es un operativo de seguridad personal con más de 20 CAMIONETAS de la Policía Federal en la casa de ADORNI para que los estudiantes de Filosofía y Letras no lo molesten. La casta tiene miedo pic.twitter.com/5LPgrydDQp
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 30, 2026
Mientras los docentes daban clases abiertas —en muchos casos con contenidos sobre economía, política y derechos sociales—, detrás se desplegaba un cordón policial que recordaba más a un operativo de alto riesgo que a una manifestación pacífica.
Un conflicto que escala
La protesta frente al domicilio de Adorni no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de conflictividad en el ámbito universitario, que incluye paros, movilizaciones y renuncias masivas en distintas instituciones.
En ese contexto, la decisión de responder con un operativo de gran escala agrega un nuevo elemento: la securitización del conflicto social, incluso cuando se trata de manifestaciones docentes.
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.
El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.
Negociaciones en las sombras
Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.
Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.
Presiones internacionales y aliados inesperados
Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.
Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.
En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.
El giro forzado del oficialismo
La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.
Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.
Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.
Mucho más que un juicio
El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.
Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.
Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.
