Política

 

El costo de alimentarse en Argentina es tan disparatado como ignorado en el debate político y económico actual.

Por Nerio Corello para NLI

Aunque parezca  inverosímil, el precio de los alimentos es un tema tabú. El grueso de los políticos, empresarios y economistas lo elude. Aunque se trate de la base fundamental de la economía doméstica del ciudadano común, se soslaya con la hipócrita elegancia de la referencia fugaz. En los medios aparece con intermitencia, como escándalo del día o indicador de inestabilidad transitoria.

Las personas públicas que se animan a poner el tema en primer plano sufren descalificaciones o son blanco de la falacia ad hominem. La estacionalidad,  los malos hábitos alimentarios y la deficiente educación de los consumidores suelen ser argumentos que permiten a políticos y economistas acorralados salir por la tangente.

El elevado precio de los alimentos es un problema mundial, pero en Argentina un verdadero  calvario. Si ya se conoce que nuestro país lidera el ranking mundial de estrés y ansiedad cotidianos 2025 (según Statista Consumer Insights), habría que averiguar cuánto incide en estos padecimientos psíquicos la dificultad para parar la olla.

Mientras el índice de precios de alimentos de la FAO mantiene una tendencia sostenida  a la baja desde fines de 2025 y comienzos de 2026, según los datos de nuestro ficcional INDEC –que Marco abandonó por falta de vocación literaria-, para alimentarse en Argentina hubo que sobrellevar un incremento de más del 35% en los últimos doce meses.

Con las referencias de un SMVM de $ 352.400,-, un salario promedio pretendido (nada más que pretendido) de $1.699.284 mensuales para enero de 2026 pero un sufrido ingreso promedio per cápita del total de la población urbana de $ 956.283,-, y una Canasta Básica Alimentaria subvaluada por el INDEC en $ 453.384,-, es suficiente para encender todas las alarmas.

Sin embargo, dejarse llevar únicamente por indicadores, índices y estadísticas en general significa las más de las veces abonar discusiones bizantinas. El discurso sesgado, con datos elegidos y omitidos a discreción, suele estar a la orden del día en cualquier tema conflictivo y ganar la partida de las justificaciones o llevarnos directo, sin escalas realistas, a Narnia.

Los cálculos propios suelen dar mejores pautas de orientación aunque, claro, incrementan el estrés.

Si, por ejemplo, usted compra a estos precios promedio: un kilo de arroz $ 2.000,-. uno de harina $ 1.300,-, uno de azúcar $ 1.000,-, uno de pollo $ 4.100,-, una docena de huevos $ 7.000,-, una lata de tomates $ 1.500,  unos fideos secos de medio kilo $ 1,000,-, 900 ml de aceite de girasol $ 4.200,-, medio kilo de picada $ 5.000,-, uno de paleta $ 14.000,-, un litro de leche $ 1.500,- y un kilo de pan $ 3.400,-, se gastó en esta comprita mísera bastante más del 10% de un SMVM.

Las economías individuales o familiares no pueden sostenerse con relaciones tan dispares entre ingresos y precios  de alimentos. Es un punto de partida absolutamente viciado e ineludible que se agrava con los alocados costos de alquileres, servicios, salud, educación y transporte.

El destino del endeudamiento y la posterior bancarrota de las economías domésticas ya está siendo realidad.

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La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.

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El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria

El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.

Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.

Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.

El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.

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La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad

Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.

Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.

En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.

El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.

La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.

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El caso argentino: justicia social como pacto democrático

En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.

Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.

El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.

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Una consigna más ideológica que aplicable

La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.

La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.

Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.

La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.

El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.

 

 

El propio oficialismo reconoció que desconocía que el gendarme Nahuel Gallo iba a ser liberado tras 448 días detenido en Venezuela. La gestión que permitió su regreso no fue impulsada por la Casa Rosada sino por la AFA, dejando al desnudo la falta de conducción diplomática de Milei.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela, debería haber sido una noticia exclusivamente positiva. Sin embargo, el episodio terminó revelando algo mucho más grave: el gobierno de Milei ni siquiera sabía que el operativo que permitió su regreso estaba en marcha.

Mientras el discurso oficial intentaba capitalizar políticamente el retorno del uniformado, la propia Patricia Bullrich terminó confirmando lo que expone el fondo del problema. El Ejecutivo no estaba al tanto de la gestión que destrabó la situación. La negociación decisiva que permitió la liberación no fue conducida por el Estado argentino, sino que se desarrolló por fuera de los canales oficiales.

El dato resulta demoledor desde el punto de vista institucional: la salida de Gallo no fue consecuencia de la política exterior argentina, sino de una vía alternativa impulsada desde el fútbol.

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Diplomacia paralela ante un gobierno ausente

Después de 448 días detenido bajo acusaciones de espionaje, Gallo regresó al país en un vuelo vinculado a gestiones que no fueron coordinadas por la Cancillería ni por la Casa Rosada. La intervención de la AFA como puente humanitario operó sin que el propio gobierno tuviera conocimiento del desenlace inminente.

Así, el episodio dejó en evidencia una situación tan inusual como alarmante: el Ejecutivo nacional no participó del tramo decisivo de la negociación, no coordinó el traslado y ni siquiera fue informado del operativo que resolvería uno de los conflictos diplomáticos más sensibles de su gestión.

Mientras desde el oficialismo se insistía en que se habían realizado gestiones formales a través de terceros países, la resolución concreta terminó llegando por otra vía. En términos políticos, el resultado es elocuente: Argentina logró recuperar a un agente de seguridad detenido en el exterior sin que su propio gobierno supiera cómo ni cuándo ocurriría.

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El síntoma de una política exterior sin rumbo

El caso Gallo había sido presentado durante más de un año como una prioridad diplomática, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela. Sin embargo, el desenlace dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia oficial.

La relación política con Caracas permanecía bloqueada y las gestiones estatales no habían logrado avances concretos. La resolución, en cambio, apareció por fuera del esquema institucional, confirmando que el éxito no fue producto de la conducción gubernamental sino que se produjo a pesar de ella.

En ese contexto, el episodio deja de ser una anécdota aislada para transformarse en un síntoma. Lo que aparece es una política exterior desarticulada, sin canales eficaces de negociación y sin capacidad de conducción real.

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Cuando el fútbol reemplaza al Estado

La liberación terminó concretándose gracias a una gestión humanitaria canalizada desde el ámbito del fútbol, que actuó como puente informal en medio de la tensión política entre Buenos Aires y Caracas.

La postal que queda es incómoda: un conflicto internacional de alto nivel fue resuelto por actores no estatales mientras la administración nacional se enteraba del desenlace prácticamente en simultáneo con la opinión pública.

La propia reconstrucción oficial de los hechos deja entrever el nivel de desorden. Gallo ni siquiera sabía que estaba regresando al país cuando subió al avión que lo traería de vuelta.

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Impericia como política de Estado

Lo ocurrido excede el caso puntual y expone un problema estructural. La falta de coordinación diplomática, el aislamiento político y la ausencia de canales formales eficaces terminan delineando un patrón que atraviesa la gestión.

Se trata de un gobierno que proclama firmeza pero que no logra conducir los procesos que afirma encabezar. Cuando las resoluciones llegan por fuera del Estado y el Ejecutivo se entera después, lo que queda no es estrategia sino improvisación.

Y cuando la improvisación se vuelve constante, la impericia deja de ser un error.

Pasa a convertirse en un método.

 

 

La lamentable actualidad política en su máxima expresión.

Por Tomás Palazzo para NLI

El inicio del 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina quedó marcado por un espectáculo impropio de la investidura presidencial: gritos, insultos, descalificaciones permanentes y una puesta en escena que convirtió el mensaje institucional en una tribuna de confrontación personal. Lejos de presentar un balance serio de gestión, Milei protagonizó una noche de tensión constante con la oposición, a la que atacó de manera reiterada mientras balbuceaba partes de un discurso que evidenció improvisación, furcios y afirmaciones políticamente explosivas.

Desde el inicio mismo de su intervención, el mandatario abandonó la lectura para responder a viva voz a legisladores opositores, en un clima de máxima tensión dentro del recinto. El tono fue subiendo rápidamente hasta derivar en insultos directos: trató a diputados y referentes del campo nacional como “delincuentes”, “ignorantes” y “manga de ladrones”, en medio de interrupciones y gritos cruzados que desnaturalizaron por completo el carácter institucional de la ceremonia .

Un discurso a los gritos y contra la oposición

Lejos de limitarse a defender su programa, Milei convirtió la apertura legislativa en un escenario de combate verbal. Interrumpió en múltiples ocasiones su propio texto para girar hacia las bancas opositoras y responder con agravios personales.

En uno de los momentos más tensos, desafió a los legisladores que no lo aplaudían: aseguró que “no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”, profundizando un intercambio que escaló rápidamente en tono y virulencia .

El clima se volvió aún más áspero cuando, ante cuestionamientos desde las bancas, redobló la apuesta con insultos directos, calificando a la oposición como “manga de ladrones” y “chorros”, en una secuencia que obligó a pausas reiteradas en la lectura formal del discurso .

La escena dejó una imagen inquietante: un Presidente que abandonó la institucionalidad del mensaje a la Asamblea Legislativa para responder con gritos desde el estrado, transformando el acto republicano en una confrontación personal.

Intromisión judicial y persecución política

El momento más grave llegó cuando Milei cruzó una línea institucional peligrosa: anticipó —sin disimulo— el futuro judicial de Cristina Kirchner.

En medio de su diatriba contra el kirchnerismo, afirmó que la ex presidenta “va a seguir presa” y enumeró causas en las que, según su propia visión, sería condenada .

No se trató de un análisis político ni de una opinión abstracta: fue una intervención directa sobre procesos judiciales en curso, enunciada desde el Poder Ejecutivo y ante la Asamblea Legislativa. La afirmación implicó una presión institucional explícita sobre el Poder Judicial, en abierta contradicción con el principio republicano de división de poderes.

El modelo que propone: del país industrial al extractivismo

En otro tramo del mensaje, Milei dejó en claro el rumbo estructural que pretende imponer: un giro definitivo hacia un modelo primario.

Anunció reformas destinadas a construir un “marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos” . Traducido en términos económicos: el abandono del proyecto de industrialización para regresar a una lógica extractiva basada en recursos naturales y apertura comercial irrestricta.

La definición no fue menor. Implicó asumir públicamente que el horizonte del gobierno no es el fortalecimiento del aparato productivo nacional sino la profundización de un esquema dependiente.

Furcios, cifras dudosas y un discurso deshilachado

A lo largo de la exposición, Milei también evidenció dificultades para sostener el hilo argumental del texto que leía. La sucesión de pausas, interrupciones y respuestas improvisadas dejó al descubierto inconsistencias y errores.

El Presidente interrumpió varias veces la lectura para responder a gritos, lo que desordenó la exposición y derivó en afirmaciones poco claras, datos discutibles y comparaciones económicas simplificadas, como al cuestionar los precios del acero o de productos industriales sin contextualización productiva .

Lejos de consolidar una narrativa coherente, el mensaje terminó exhibiendo un tono errático que alternó entre la agresión política y la improvisación técnica.

Una apertura que degradó la institucionalidad

La apertura de sesiones ordinarias es, por definición, el momento en que el Poder Ejecutivo rinde cuentas y presenta su agenda ante el Parlamento . Sin embargo, lo ocurrido este 1° de marzo distó de ese espíritu.

Entre insultos, descalificaciones, anticipos judiciales y definiciones estructurales sobre el abandono del desarrollo industrial, Milei convirtió un acto republicano en un show de confrontación.

El saldo político fue tan claro como preocupante: una inauguración del año legislativo dominada por el grito, la agresión y la desmesura presidencial.

 

 

Hoy como en los 90 se vende una ilusión que no es más que eso, y que sólo puede sostenerse con un creciente disciplinamiento y una feroz represión que se festeja sin tapujos.

Por Ariel Fernández para NLI

Creer que bajar la edad de imputabilidad puede ser algo positivo en un país que se hunde en la desocupación y es atravesado por los más violentos discursos sociales, es al menos, ingenuo.

Está claro que las penas no resuelven nada, menos aún si hablamos de menores. Van a ser enviados a la cárcel, no para ayudarlos, sino para desecharlos. Hay una sociedad que prefiere no mirarse, que fomenta la eliminación de niños que no tienen escapatoria y que no son más que un producto neto de la misma sociedad que los señala.

Estamos en peligro, no hay dudas de eso, especialmente porque las respuestas a lo que nos pasa están tan cerca de nosotros que se nos hace imposible verlas.

Los pibes y las pibas arrastran nuestros dolores, nuestros despidos, la perversión de un estado que cada vez los empuja más a los márgenes, a un futuro devastado.

La muerte se los lleva cada vez más rápido o los condena sin la sentencia de un juez. La aleja de su naturaleza, de los colegios, de jugar a la mancha o de saborear un dulce. Desde las altas cumbres que se erigen en el dinero, son quienes ocupan los tronos principales los que definen a esos pibes y pibas, los que determinan cómo son y cuáles son sus derechos.

Los pibes concebidos como desecho de una sociedad que está partida al medio, que los insulta, que les teme con un miedo sin ningún fundamento más allá del que construyeron desde hace años un sector político con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos.

Son los excluidos de los excluidos. La parte más vulnerable de un sistema que no vislumbra un futuro colectivo, sino una especie de evolución donde los mejores lograrán ser empresarios de sí mismos.

Hoy como en los 90 se vende una ilusión que no es más que eso, y que sólo puede sostenerse con un creciente disciplinamiento y una feroz represión que se festeja sin tapujos.

La pobreza es un fenómeno que no para (y no tenemos por qué creer que esto va a cambiar) y establece reglas cada vez más desiguales, cada vez más injustas.

Entonces, para la gente de “bien”, la ecuación termina siendo perfecta, esos pibes ya no van a estar, porque los mata una bala, la droga o el encierro.

Todo parece terminar en la fría y perversa sensación (maldita y estúpida sensación) de aceptar sin miramientos la vida que, a pesar de nuestra voluntad, nos toca.

 

 

Medios influyentes como The Guardian y The Wall Street Journal analizaron la reforma laboral impulsada por Milei y marcaron sus posibles efectos: desde una mayor flexibilización del mercado de trabajo hasta el riesgo de pérdida de derechos laborales.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

En las últimas horas, dos de los medios más influyentes del mundo —el británico The Guardian y el estadounidense The Wall Street Journal— pusieron el foco en la reforma laboral impulsada por Milei, dejando en claro que el impacto del nuevo esquema ya trasciende las fronteras argentinas y comienza a ser leído como un cambio estructural del modelo social del país.

Ambos coinciden en que no se trata de una modificación técnica sino de una transformación profunda en las relaciones laborales, aunque difieren en el enfoque: mientras uno advierte sobre el deterioro de derechos, el otro resalta la flexibilización como una señal pro-mercado.

Cómo ve The Guardian el nuevo escenario laboral

El análisis del diario británico se centra en el costo social potencial de la reforma. Desde su mirada, el nuevo esquema abre la puerta a un modelo donde el equilibrio entre capital y trabajo se desplaza de manera significativa hacia el empleador.

El medio describe el proceso como un intento de rediseñar el sistema laboral argentino reduciendo el peso histórico de la negociación colectiva y la capacidad de intervención sindical. En ese marco, interpreta que la reforma podría traducirse en un escenario de mayor presión sobre los trabajadores, con condiciones laborales más extensas y menor protección frente al despido.

La lectura es clara: el nuevo marco normativo no solo busca dinamizar la economía sino también modificar la arquitectura de derechos laborales construida durante décadas. En ese sentido, el énfasis está puesto en la posibilidad de que el resultado sea una mayor precarización en nombre de la competitividad.

La mirada del Wall Street Journal: flexibilización como señal al mercado

Desde Estados Unidos, el enfoque del Wall Street Journal se mueve en otra dirección. Su cobertura pone el acento en el impacto económico de la reforma, interpretándola como una señal de previsibilidad para inversores y empresas.

El análisis destaca que el nuevo régimen facilita los despidos, amplía la disponibilidad de jornadas laborales más extensas y reduce el peso de los sindicatos en la negociación estructural del mercado de trabajo. Todo ello aparece enmarcado como parte de un giro hacia políticas más amigables con la inversión privada.

En esa lectura, la reforma es presentada como una herramienta destinada a reducir el costo laboral y mejorar la competitividad, elementos que —según esta visión— podrían incentivar la creación de empleo en el mediano plazo.

Un cambio que ya es observado como estructural

Más allá de las diferencias de enfoque, ambos medios coinciden en un punto central: la reforma laboral impulsada por Milei no es percibida como un ajuste menor sino como una redefinición del modelo laboral argentino.

En el exterior, el debate ya no gira únicamente en torno a su eficacia económica inmediata, sino a sus consecuencias sociales de largo plazo. La discusión aparece planteada en términos de tensión entre eficiencia y derechos, entre atracción de inversiones y protección del trabajo.

En definitiva, la cobertura internacional refleja que Argentina vuelve a convertirse en un laboratorio observado desde el mundo: para algunos, una experiencia de modernización del mercado laboral; para otros, el inicio de un ciclo de debilitamiento del entramado social construido alrededor del trabajo.