Política

 

Un nuevo relevamiento nacional confirma un dato que ya se venía insinuando en distintos estudios: Axel Kicillof emerge como el dirigente opositor mejor posicionado frente al desgaste del gobierno de Milei, en un contexto de creciente malestar social y caída de la imagen oficial.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La política argentina empieza a acomodarse, otra vez, alrededor de un eje clásico: oficialismo en retroceso y oposición en reconstrucción. En ese escenario, una encuesta difundida en las últimas horas de la consultora Trends muestra que Axel Kicillof se ubica como el principal referente opositor, consolidando un liderazgo que trasciende la provincia de Buenos Aires y se proyecta a nivel nacional.

El dato no aparece en el vacío. En paralelo, distintos relevamientos coinciden en señalar un deterioro sostenido en la percepción social del gobierno. Un informe reciente indica que el 59% evalúa negativamente la gestión nacional, mientras que apenas un 39% la considera positiva, reflejando un diferencial claramente adverso . En ese clima, la figura de Kicillof gana centralidad.

El desgaste de Milei y el crecimiento opositor

El ascenso del gobernador bonaerense no puede explicarse sin el contexto económico y social. La pérdida de poder adquisitivo, la persistencia de la inflación y la caída del consumo impactan directamente en la imagen del oficialismo, generando un escenario propicio para el crecimiento de alternativas políticas.

Incluso estudios recientes muestran que la desaprobación de Milei supera ampliamente a su aprobación, con indicadores que en algunos casos rozan o superan el 55% de rechazo . Este desgaste no solo erosiona al gobierno, sino que también abre un vacío de representación que empieza a ser ocupado por figuras opositoras con mayor volumen político.

En ese marco, Kicillof aparece como una síntesis: gestión territorial, estructura política y capacidad de disputar agenda. No es casual que otros sondeos ya lo ubicaran con la mejor imagen dentro del espacio opositor, incluso por encima de otras figuras del peronismo .

Liderazgo en construcción y disputa interna

El crecimiento de Kicillof también reconfigura el mapa interno del peronismo. Tras la derrota de 2023, el espacio atraviesa una etapa de reordenamiento donde distintos sectores buscan posicionarse de cara al futuro electoral.

En ese proceso, el gobernador bonaerense no solo se consolida como opositor a Milei, sino que además empieza a perfilarse como uno de los principales articuladores de una nueva etapa del peronismo, con eje en la gestión, el territorio y una narrativa que vuelve a poner en el centro el rol del Estado.

Su fortaleza no es menor: gobierna la provincia más poblada del país, con peso electoral decisivo, y viene de consolidar su liderazgo tras imponerse en las elecciones bonaerenses y fortalecer su armado político propio .

La encuesta difundida ahora confirma lo que en la práctica ya se venía verificando: la oposición comienza a ordenarse alrededor de una figura con capacidad real de disputar poder, mientras el oficialismo enfrenta un escenario cada vez más complejo.

En definitiva, el dato político es claro. Mientras Milei pierde consenso social, Kicillof gana centralidad y se posiciona como el principal referente de una oposición que busca reconstruirse para volver a ser alternativa de gobierno.

 

 

Una investigación reciente reveló los costos, destinos e invitados de las giras internacionales de Milei y expuso un patrón incómodo: gran parte de los viajes oficiales no estuvieron orientados a atraer inversiones o fortalecer vínculos estratégicos, sino a actividades personales, ideológicas o de autopromoción.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Por detrás de la intensa agenda internacional que el Gobierno exhibe como señal de “inserción en el mundo”, comienza a consolidarse otra lectura: la de un uso sistemático de recursos públicos para sostener una agenda que, en muchos casos, parece responder más a intereses personales de Milei que a necesidades estructurales de la Argentina.

Una investigación publicada por La Nación detalla los costos, destinos e integrantes de las comitivas que acompañaron al Presidente durante el primer semestre de gestión fuera del país, y pone en evidencia una dinámica repetida: viajes frecuentes, gastos elevados y objetivos difusos o directamente ajenos a la política exterior clásica.

Viajes caros, objetivos difusos

El relevamiento muestra una sucesión de destinos internacionales —Estados Unidos, España, Hungría, Chile, entre otros— que, lejos de responder a una estrategia diplomática coherente, parecen estar vinculados a eventos específicos como conferencias, foros ideológicos o entregas de premios.

No se trata de una percepción aislada. Datos oficiales y análisis independientes coinciden en que el gasto en viajes se disparó: el presupuesto en viáticos y giras al exterior creció un 62,5%, alcanzando más de $4.100 millones proyectados para 2026.

Ese aumento no sólo contrasta con el discurso de ajuste, sino que además coincide con una agenda internacional donde muchas giras carecieron de reuniones bilaterales relevantes o acuerdos concretos para la economía argentina, algo que distintos sectores políticos comenzaron a cuestionar abiertamente.

Premios, conferencias y afinidad ideológica

Al analizar en detalle los objetivos de los viajes —como exige cualquier política exterior seria— aparece un patrón claro: la centralidad de actividades de carácter personal o ideológico.

Por ejemplo, Milei participó reiteradamente en eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), foros empresariales o encuentros organizados por sectores afines a su ideología, además de viajes destinados a recibir distinciones individuales o protagonizar conferencias.

Incluso en 2025, uno de los viajes tuvo como finalidad recibir el denominado “Lion of Liberty Award”, mientras que otros incluyeron galas, foros privados o actos partidarios en el exterior.

Los datos son elocuentes: casi un tercio del gasto en vuelos oficiales en los primeros meses de gestión se destinó a viajes con fines personales o partidarios, como premios o conferencias, sin impacto directo en la economía nacional.

La ausencia de resultados concretos

El problema de fondo no es sólo el gasto, sino la falta de resultados. En términos de política internacional, los viajes presidenciales suelen tener objetivos claros: cerrar acuerdos comerciales, atraer inversiones, fortalecer alianzas estratégicas o negociar financiamiento.

Sin embargo, en muchos de los destinos visitados por Milei no se registraron avances significativos en esos planos. Incluso en casos donde se esperaban reuniones de alto nivel —como encuentros con líderes internacionales— estas no se concretaron o quedaron en contactos informales sin consecuencias tangibles.

En paralelo, el propio diseño de las comitivas también generó polémica: la presencia de invitados sin rol institucional claro o vinculados al círculo personal del oficialismo refuerza la idea de que los viajes funcionaron más como plataformas de construcción política y mediática que como herramientas de gestión estatal.

Una política exterior personalizada

Lo que emerge de este conjunto de datos no es sólo una crítica coyuntural, sino un rasgo estructural del gobierno de Milei: la personalización extrema de la política exterior.

Lejos de responder a una estrategia nacional articulada, las giras parecen organizadas en función de la agenda, las afinidades ideológicas y los intereses individuales del Presidente. La recurrencia de viajes a espacios como CPAC, encuentros libertarios o foros privados refuerza esa lógica.

En ese marco, la política internacional deja de ser una herramienta para el desarrollo y pasa a convertirse en un escenario de validación personal, donde el reconocimiento simbólico —premios, discursos, fotos— adquiere más peso que los resultados concretos.

Entre el ajuste interno y el gasto externo

La contradicción política es evidente. Mientras el Gobierno impulsa un ajuste sin precedentes sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el gasto en viajes presidenciales crece de manera sostenida y sin justificación clara en términos de beneficios para el país.

La investigación de La Nación no hace más que poner números y nombres a una realidad que ya se percibía: una política exterior que privilegia la exposición personal de Milei por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.

En un contexto de crisis económica y necesidad urgente de inversiones productivas, la pregunta que queda flotando es tan simple como incómoda: ¿para qué viaja Milei?

 

 

El diputado nacional Máximo Kirchner lanzó una advertencia directa al gobierno y sostuvo que Milei “va a tener que revisar su estrategia política”, en un contexto marcado por tensiones internas, errores de gestión y escándalos que empiezan a impactar en la estabilidad del oficialismo.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La definición se da en medio de un escenario donde el desgaste ya no es sólo económico sino también político. Desde la oposición, crece la lectura de que el experimento libertario comenzó a mostrar límites concretos, tanto en su capacidad de gestión como en su construcción de poder. En ese marco, las palabras de Kirchner no aparecen como una crítica aislada, sino como parte de una ofensiva discursiva que busca exponer las contradicciones del modelo.

Una estrategia que empieza a crujir

El dirigente peronista, en los estudios de Argentina|12 en el programa “1111″, apuntó contra el núcleo del poder libertario y trazó un paralelismo directo entre Javier Milei y Mauricio Macri, al afirmar que ambos representan “dos caras de una misma moneda”. La frase no es menor: implica ubicar al actual gobierno dentro de una continuidad histórica de políticas que ya fracasaron y que dejaron consecuencias sociales profundas.

En esa línea, Kirchner cuestionó la combinación de “soberbia” e “ineficiencia” que, según su mirada, caracteriza a la gestión actual. No se trata únicamente de una crítica al estilo presidencial, sino de una advertencia sobre la forma en que se toman decisiones en la Casa Rosada, muchas veces sin articulación política ni capacidad de anticipar conflictos.

La acumulación de errores, en este sentido, empieza a tener efectos visibles. Lo que en los primeros meses podía leerse como parte de una lógica disruptiva, hoy comienza a ser interpretado como falta de rumbo. El problema ya no es sólo lo que el gobierno hace, sino lo que no logra sostener en el tiempo.

Escándalos, tensiones y costo institucional

El señalamiento de Kirchner se da en paralelo a una serie de episodios que golpean al oficialismo y que exponen fisuras en su estructura. La situación del vocero presidencial Manuel Adorni, envuelto en cuestionamientos judiciales y políticos, se convirtió en un caso emblemático del deterioro interno.

En ese contexto, el diputado advirtió sobre el “costo político institucional” de estos conflictos, remarcando que no se trata de hechos aislados sino de una dinámica que erosiona la credibilidad del gobierno. La falta de respuestas claras y la tendencia a minimizar los problemas terminan amplificando su impacto.

El oficialismo, además, enfrenta tensiones crecientes dentro de su propia coalición, donde empiezan a aparecer diferencias tácticas y estratégicas. La dificultad para ordenar ese frente interno se suma a los problemas externos, configurando un escenario cada vez más inestable.

Una advertencia que excede la coyuntura

La frase de Kirchner, lejos de ser un comentario pasajero, funciona como una lectura de mediano plazo. Al sostener que Milei deberá revisar su estrategia, lo que pone en discusión es la viabilidad del rumbo actual en términos políticos, económicos e institucionales.

Desde esta perspectiva, el planteo también busca reordenar el tablero opositor, instalando la idea de que el gobierno atraviesa un punto de inflexión. Cuando los errores se acumulan y dejan de ser tolerados socialmente, el margen de maniobra se reduce y las decisiones empiezan a tener un costo inmediato.

En ese escenario, la advertencia del dirigente peronista adquiere un peso particular: no sólo interpela al gobierno, sino que anticipa un clima político donde la disputa por el rumbo del país se vuelve cada vez más intensa. Y donde, como sugiere el propio Kirchner, seguir por el mismo camino puede dejar de ser una opción viable para Milei.

 

 

Una expedición científica volvió a poner en el centro del mapa a la Isla de los Estados, un territorio clave para entender cómo se construyeron —y cómo se disputan— las fronteras argentinas en el Atlántico Sur. Entre restos de naufragios, viejos aserraderos y huellas humanas, emerge una historia profunda que conecta directamente con Malvinas.

Por Amparo Lestienne para NLI

En el extremo más inhóspito del territorio argentino, allí donde el mar se vuelve hostil y el viento parece no dar tregua, la Isla de los Estados vuelve a hablar. No lo hace a través de documentos oficiales ni discursos políticos, sino mediante restos materiales: cadenas corroídas, balas, estructuras olvidadas y huellas de una vida que fue decisiva para la historia nacional. Esa es la materia prima con la que un equipo del CONICET y la Universidad de Buenos Aires intenta reconstruir un pasado que, lejos de ser anecdótico, resulta central para comprender la cuestión Malvinas.

Investigadores argentinos llevaron adelante la primera campaña arqueológica histórica sistemática en la isla, un territorio al que solo se accede tras atravesar las aguas violentas del estrecho de Le Maire. El objetivo fue claro: reconstruir el papel estratégico que este enclave tuvo en el siglo XIX como soporte logístico, económico y soberano del proyecto argentino en las Islas Malvinas .

Un enclave clave en la geopolítica del siglo XIX

Lejos de ser un territorio marginal, la Isla de los Estados fue durante el siglo XIX un nodo central en la arquitectura territorial argentina. En tiempos de Luis Vernet, primer comandante político y militar argentino en Malvinas, la isla funcionó como base de aprovisionamiento de recursos, especialmente madera, indispensable para sostener la colonia en el archipiélago .

Ese vínculo no era casual. Ambas islas integraban un mismo sistema de ocupación y circulación en el Atlántico Sur, en el que la Isla de los Estados operaba como retaguardia económica y logística. Desde allí partían recursos, trabajadores y rutas comerciales que conectaban con Malvinas, consolidando una presencia efectiva del Estado argentino en la región.

La arqueología, en este sentido, no solo recupera objetos: permite reconstruir circuitos de producción, redes de intercambio y dinámicas sociales que evidencian una ocupación concreta y organizada del territorio. Según los investigadores, el cruce entre documentación histórica y hallazgos materiales busca precisamente demostrar cómo funcionaba esa red en la práctica .

Restos materiales, memoria y soberanía

La expedición relevó faros, presidios, asentamientos, naufragios y estructuras productivas, todos elementos que hablan de una ocupación sostenida en el tiempo . Entre los hallazgos se destacan restos de embarcaciones, objetos cotidianos y vestigios de actividades económicas como la explotación de recursos marinos y forestales.

Pero el valor de estos descubrimientos no es únicamente científico. También es profundamente político: cada objeto encontrado constituye una evidencia material de la presencia argentina en un territorio clave del Atlántico Sur, en un contexto histórico atravesado por disputas de soberanía.

En ese sentido, la investigación se inscribe en una línea de trabajo más amplia que busca fortalecer la memoria histórica y la conciencia territorial, especialmente en relación con Malvinas. No se trata solo de mirar el pasado, sino de entender cómo ese pasado sigue operando en el presente.

Una isla con historia milenaria y disputas modernas

Aunque el foco de la expedición está puesto en la etapa posterior a la llegada europea, la isla tiene una historia mucho más antigua. Estudios previos han demostrado la presencia de pueblos canoeros hace al menos tres mil años, lo que da cuenta de una ocupación humana prolongada en el tiempo .

Con la expansión colonial y luego con la formación del Estado argentino, la isla adquirió un nuevo significado. Fue explorada, explotada y habitada en distintos momentos, integrándose formalmente a la estructura administrativa de Malvinas durante la gobernación de Vernet en 1829 .

Sin embargo, tras la ocupación británica de las islas en 1833, ese entramado territorial se vio interrumpido. La Isla de los Estados, como otras posiciones estratégicas, quedó relegada, aunque nunca perdió su valor geopolítico ni su carga simbólica.

Ciencia, territorio y disputa

Lo que esta expedición pone en evidencia es algo más profundo que un conjunto de hallazgos arqueológicos: la ciencia también es una herramienta de soberanía. Al reconstruir con precisión cómo funcionaban estos espacios en el siglo XIX, los investigadores aportan elementos concretos para comprender —y sostener— los reclamos argentinos en el Atlántico Sur.

En un contexto donde la disputa por Malvinas sigue vigente, la recuperación de estas historias adquiere una dimensión estratégica. No se trata de nostalgia ni de romanticismo, sino de documentar con rigor científico una presencia histórica que muchas veces fue invisibilizada o fragmentada.

Así, en medio del viento austral y las aguas embravecidas, la Isla de los Estados deja de ser un punto perdido en el mapa para convertirse en lo que siempre fue: una pieza clave en la construcción —y en la disputa— de la soberanía argentina.

 

 

La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto los procesamientos contra tres militantes acusados por el escrache a la casa de José Luis Espert y dictó la falta de mérito. El fallo cuestiona con dureza a la jueza Sandra Arroyo Salgado y desarma una causa que había sido presentada como un caso de gravedad institucional.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar los procesamientos dictados contra Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, los tres militantes acusados por el escrache realizado en 2025 frente al domicilio de José Luis Espert. En su lugar, los jueces dictaron la falta de mérito, lo que implica que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones penales.

La decisión judicial representa un giro significativo en una causa que había sido inflada mediática y políticamente, y que había derivado incluso en detenciones con fuerte impacto público. Según surge del fallo, las imputaciones no lograron ser acreditadas y los hechos no encuadran en los delitos graves que se pretendían aplicar.

Un fallo que desarma la hipótesis de “sedición”

Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones fueron contundentes: no existió una organización destinada a imponer ideas por la fuerza, ni se configuraron los delitos de atentado al orden público o incitación al odio que había impulsado el juzgado de primera instancia.

En ese sentido, el fallo advierte que las acciones dirigidas contra Espert no alcanzan para poner en riesgo la estabilidad institucional ni la tranquilidad social, desmontando así el argumento central de la acusación.

Tampoco se probó la existencia de una asociación ilícita ni la intención de generar violencia política organizada, elementos que habían sido utilizados para justificar imputaciones de extrema gravedad.

Duras críticas a Arroyo Salgado

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el fuerte cuestionamiento a la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara le reprochó haber excedido el objeto procesal y avanzar con interpretaciones forzadas.

Los jueces señalaron que la magistrada amplió indebidamente el alcance de la investigación y utilizó figuras penales desproporcionadas para los hechos analizados.

Además, el fallo deja entrever críticas al tratamiento mediático inicial del caso, que acompañó la construcción de una narrativa judicial de alto impacto antes de contar con pruebas sólidas.

El origen del caso: un escrache político

El episodio ocurrió en junio de 2025, cuando un grupo de manifestantes realizó un escrache frente a la vivienda de Espert, colocando un pasacalle, panfletos y arrojando excremento en la vereda.

El hecho se produjo pocos días después de que el propio dirigente libertario realizara declaraciones insultantes contra Florencia Kirchner en un ámbito público, lo que generó repudio inmediato.

Desde el inicio, la defensa de los acusados sostuvo que se trataba de una acción política simbólica, sin violencia ni afectación de bienes, y que su criminalización implicaba un avance sobre el derecho a la protesta.

De “terrorismo” a falta de mérito

La causa había escalado rápidamente con acusaciones que incluían delitos como atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio, figuras que incluso suelen aplicarse en contextos de extrema gravedad institucional.

Sin embargo, la Cámara desmontó esa construcción: no hubo pruebas de que los hechos encuadraran en esos tipos penales, ni de que existiera un peligro real derivado de la protesta.

El contraste entre la imputación original y la resolución final expone una dinámica cada vez más frecuente en el actual contexto político: la utilización del aparato judicial para disciplinar la protesta social y luego su desarticulación en instancias superiores.

Un mensaje político-judicial

Más allá de la situación procesal de los imputados, el fallo deja un mensaje claro: no todo conflicto político puede ser traducido en delito penal, y menos aún mediante interpretaciones expansivas que vulneren garantías básicas.

En un clima atravesado por la polarización y la persecución selectiva, la resolución de la Cámara Federal de San Martín funciona como un límite —al menos parcial— a los intentos de judicializar la militancia.

La causa seguirá abierta, pero con un dato central ya establecido: las acusaciones que pretendían convertir un escrache en un caso de gravedad institucional no pudieron sostenerse ante el mínimo rigor jurídico.

 

 

Un nuevo relevamiento profundiza el deterioro de la imagen del gobierno de Javier Milei: la desaprobación ya alcanza niveles críticos y confirma una tendencia sostenida de desgaste político, económico y social.

Por Roque Pérez para NLI

El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumió, y ya no se trata de percepciones aisladas sino de una tendencia consolidada. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, un dato que marca un quiebre en la relación entre el oficialismo y la sociedad.

La cifra no aparece en el vacío. Por el contrario, se inscribe en un contexto donde distintos estudios de opinión vienen mostrando un deterioro sostenido. Relevamientos recientes ubican la desaprobación en torno al 60% o más, mientras la aprobación cae por debajo del 40%, confirmando que el núcleo de apoyo libertario se achica mes a mes.

Un desgaste que ya no se puede disimular

El dato del 65% de rechazo refleja algo más profundo que una simple fluctuación estadística: evidencia un cambio de clima social. Incluso consultoras que inicialmente habían sido favorables al gobierno coinciden en que la imagen presidencial se encuentra en su punto más bajo desde el inicio de la gestión.

Este desgaste tiene múltiples causas. En primer lugar, la economía cotidiana no logra acompañar los indicadores macro que el oficialismo intenta exhibir. Aunque algunos datos muestran mejoras parciales, amplios sectores sociales perciben que el salario pierde poder adquisitivo, el empleo se precariza y el consumo sigue deprimido.

A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: la fragmentación social. Mientras ciertos sectores vinculados a actividades financieras o extractivas logran sostener niveles de consumo, la mayoría de la población enfrenta un deterioro en sus condiciones de vida, lo que alimenta el malestar generalizado.

Corrupción, crisis política y pérdida de credibilidad

El otro factor clave en la caída de la imagen oficial es la acumulación de escándalos. Las denuncias de corrupción —como el caso de la criptomoneda $LIBRA o las investigaciones que salpican a funcionarios cercanos— comenzaron a erosionar uno de los pilares discursivos del gobierno: su supuesta lucha contra “la casta”.

En ese marco, la percepción social se vuelve cada vez más crítica. Encuestas recientes señalan que la corrupción, el desempleo y la inflación encabezan las preocupaciones de la población, configurando un escenario adverso para el oficialismo.

Pero además, hay un elemento político central: el gobierno parece haber perdido el control de la agenda pública. La narrativa que en un inicio ordenaba el debate —basada en el shock económico y la promesa de cambio— hoy aparece desgastada y sin capacidad de generar expectativas positivas.

De la promesa al desencanto

El núcleo del problema es que el contrato electoral empieza a resquebrajarse. Milei llegó al poder prometiendo sacrificios temporales a cambio de una mejora rápida. Sin embargo, esa mejora no se materializa en la vida cotidiana de la mayoría.

La consecuencia es directa: las expectativas se deterioran y el humor social se vuelve cada vez más negativo. El rechazo ya no se limita a sectores opositores tradicionales, sino que empieza a expandirse hacia votantes que inicialmente acompañaron el proyecto libertario.

En ese contexto, el dato del 65% de desaprobación no es solo una cifra: es una señal política contundente. Marca el pasaje de un gobierno con respaldo significativo a uno que enfrenta una crisis de legitimidad en expansión.