Política

 

El nacimiento de Jesús de Nazaret es uno de los hechos fundacionales de la cultura occidental, pero también uno de los más problemáticos desde el punto de vista histórico. Aunque el calendario actual se organiza en torno a ese acontecimiento, ni los evangelios ni las fuentes contemporáneas permiten fijar una fecha exacta. A lo largo de los siglos, distintos calendarios, cálculos teológicos y estudios históricos fueron construyendo una cronología que hoy es puesta en revisión.

Por Alcides Blanco para NLI

Los calendarios de occidente antes de Cristo

Durante la Antigüedad no existía un sistema universal para contar los años. En el mundo romano, los acontecimientos se fechaban según los nombres de los cónsules en funciones, por el año de reinado de un emperador o desde la supuesta fundación de Roma (Ab Urbe Condita) [1]. Esta diversidad hacía muy difícil establecer una cronología uniforme y comparar hechos ocurridos en distintos territorios del Imperio.

Los primeros cristianos tampoco utilizaron una “era cristiana”. Durante siglos continuaron fechando documentos según los calendarios romanos vigentes, sin otorgar una centralidad cronológica al nacimiento de Jesús. La preocupación por fijar un año preciso aparecería recién cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse y a organizar su liturgia.

El cálculo cristiano del tiempo y el error original

Recién en el siglo VI, el monje Dionisio el Exiguo propuso un nuevo sistema de cómputo de los años basado en el nacimiento de Jesús [2]. Su objetivo era reemplazar la era de Diocleciano —asociada a persecuciones contra los cristianos— por una cronología cristiana. Así nació la era Anno Domini, que con el tiempo se impondría en Europa.

Dionisio intentó reconstruir el año del nacimiento de Jesús a partir de datos bíblicos, en particular el Evangelio de Lucas, que señala que Jesús tenía “alrededor de treinta años” al comenzar su predicación, durante el reinado de Tiberio [3]. A partir de ese cálculo, fijó el nacimiento en el año que luego sería conocido como 1 después de Cristo.

El problema es que ese cálculo se realizó sin un conocimiento preciso de la cronología política romana ni de los reinados locales en Judea. Además, el sistema carece de año cero: el año 1 d.C. sigue directamente al 1 a.C., lo que introduce errores adicionales al reconstruir fechas hacia atrás.

Lo que dicen la historia y los estudios modernos

Los evangelios de Mateo y Lucas coinciden en ubicar el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande. La historiografía romana y judía permite establecer con bastante certeza que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo [4]. Si este dato es correcto, Jesús debió haber nacido necesariamente antes de esa fecha.

A partir de este cruce de fuentes, la mayoría de los historiadores contemporáneos sitúa el nacimiento de Jesús entre los años 7 y 4 antes de Cristo [5]. Algunos estudios proponen incluso fechas levemente posteriores, basándose en interpretaciones alternativas de censos romanos y fenómenos astronómicos mencionados en la tradición cristiana.

En cualquier caso, existe un consenso amplio en que Jesús no nació en el año 1 de nuestra era y que el calendario occidental se apoya en un error de cálculo arrastrado durante más de quince siglos.

Una convención más que una certeza

El 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad, tampoco tiene sustento histórico. Fue establecida varios siglos después, probablemente para superponerse con festividades solares paganas del Imperio Romano tardío y facilitar la expansión del cristianismo [6].

Así, tanto el año como el día del nacimiento de Jesús responden más a decisiones teológicas, políticas y culturales que a certezas históricas. El calendario que estructura nuestra vida cotidiana es, en ese sentido, una construcción simbólica poderosa, pero no una cronología exacta de los hechos.

Lejos de restarle importancia, esta constatación revela hasta qué punto la historia, la fe y el poder se entrelazaron para organizar el tiempo mismo en Occidente.

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Notas al pie

1. En la Roma antigua era habitual fechar los años por el nombre de los cónsules o desde la fundación mítica de la ciudad, sin un sistema numérico continuo.
2. Dionisio el Exiguo elaboró la era Anno Domini en el año 525, al confeccionar tablas para el cálculo de la Pascua.
3. El Evangelio de Lucas sitúa el inicio de la vida pública de Jesús en el año quince del reinado de Tiberio.
4. La muerte de Herodes el Grande es fechada por la mayoría de los historiadores en el año 4 a.C., a partir de fuentes romanas y judías.
5. Estudios históricos y astronómicos modernos coinciden en ubicar el nacimiento de Jesús entre los años 7 y 4 a.C., aunque no existe unanimidad absoluta.
6. La fijación del 25 de diciembre como fecha litúrgica se documenta por primera vez en el siglo IV.

 

 

El gobernador bonaerense apuntó contra el atraso cambiario y advirtió que la sangría de dólares por viajes al exterior es una postal más de una economía que se enfría. Los datos del INDEC confirmaron la caída del turismo receptivo y el fuerte aumento de argentinos que viajan fuera del país.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Axel Kicillof volvió a poner en palabras lo que en la provincia de Buenos Aires ya se siente en la calle. Tras la difusión de los últimos datos del INDEC sobre la balanza turística, el gobernador calificó como “un desastre” la gestión de Milei y señaló que el problema no es cultural ni aspiracional, sino estrictamente económico: atraso cambiario y recesión.

Según explicó el mandatario bonaerense, la lectura de los números oficiales desmiente cualquier relato optimista. “No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, ironizó en declaraciones radiales, para luego subrayar que el fenómeno responde a una moneda artificialmente cara que expulsa turistas y empuja a los argentinos a gastar afuera.

Un déficit que crece y se lleva dólares

Los datos publicados por el INDEC fueron contundentes. En noviembre, la cantidad de turistas que ingresaron al país cayó 2,7%, mientras que los viajes de argentinos al exterior se dispararon un 15,3%. El resultado fue un déficit de 224 mil turistas en un solo mes, con el consecuente impacto negativo en la salida de divisas.

En números absolutos, durante noviembre ingresaron a la Argentina 491.400 turistas, mientras que salieron 763.800. La diferencia no solo refleja un desequilibrio turístico, sino también una presión adicional sobre las reservas, en un contexto donde el propio gobierno nacional hace del ajuste y la escasez de dólares su bandera.

Para Kicillof, estos indicadores no pueden analizarse de manera aislada. Forman parte de una política económica que encarece el país en dólares, enfría el consumo interno y castiga a las economías regionales, particularmente a aquellas que dependen del turismo.

La provincia en crisis

El gobernador fue más allá del turismo y trazó un diagnóstico general de la situación productiva bonaerense. “No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir”, advirtió.

La caída del turismo receptivo impacta de lleno en la costa atlántica, en los destinos rurales y en los polos gastronómicos, que ven reducirse la demanda justo en un contexto de costos en alza y consumo deprimido. Menos visitantes implica menos trabajo, menos ingresos y más cierre de comercios.

En ese marco, Kicillof volvió a diferenciar dos modelos. De un lado, un esquema que apuesta al atraso cambiario y al ajuste como ancla; del otro, la necesidad de una política económica que proteja la producción, el empleo y el mercado interno. Los números del INDEC, lejos de ser una estadística más, funcionan como una señal de alerta temprana de un rumbo que, según el gobernador, conduce a una crisis cada vez más profunda.

 

 

Hannah Arendt describió al burócrata moderno como alguien capaz de producir un daño inmenso sin odio ni pasión, apenas cumpliendo órdenes. En la Argentina de las últimas décadas, Federico Sturzenegger encarna como pocos esa figura: el técnico que, gobierno tras gobierno, pone su saber al servicio de un mismo proyecto de poder.

Por Tomás Palazzo para NLI

Hay figuras que atraviesan la historia política sin necesidad de ganar elecciones ni dar discursos encendidos. No seducen multitudes ni bajan a la arena con consignas épicas. Su poder es otro: el del expediente, el decreto, la planilla de Excel. Hannah Arendt, al analizar el juicio a Adolf Eichmann, formuló una de las ideas más incómodas del siglo XX: la banalidad del mal. No hacía falta un monstruo para causar estragos; bastaba un burócrata eficiente, obediente y convencido de que solo “hacía su trabajo”.

Federico Sturzenegger no es, claro, un criminal de guerra. El paralelismo no apunta a los hechos sino a la lógica. La del funcionario que se concibe a sí mismo como neutral, técnico, inevitable. El que no decide: ejecuta. El que no es responsable: administra. En nombre de esa supuesta asepsia, se despliegan políticas que arrasan con derechos, salarios, ahorros y soberanía, mientras el ejecutor se declara ajeno a las consecuencias.

El burócrata sin odio

Arendt observó que Eichmann no actuaba movido por un odio explícito ni por un fanatismo profundo. Su rasgo distintivo era la incapacidad de pensar críticamente lo que hacía. El mal se volvía banal porque se integraba a la rutina administrativa. Algo de eso aparece cada vez que Sturzenegger explica sus decisiones con un lenguaje deshumanizado, donde las personas se transforman en “distorsiones”, “ineficiencias” o simples “costos a corregir”.

Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, fue parte del equipo económico que sostuvo un esquema que terminó en una catástrofe social, institucional y económica. Más tarde, bajo Mauricio Macri, como presidente del Banco Central, su gestión quedó asociada a tasas de interés exorbitantes, bicicleta financiera y endeudamiento acelerado, un combo que benefició a los sectores concentrados y dejó una herencia explosiva.

Hoy, con Milei, Sturzenegger reaparece como ideólogo del desguace estatal, celebrando despidos, recortes y privatizaciones como si fueran simples movimientos técnicos. El discurso se repite: no hay alternativa. La técnica reemplaza a la política y la obediencia a la reflexión ética.

El servil perfecto del poder real

Sturzenegger no responde a un partido ni a una identidad popular. Su lealtad es otra: el poder económico concentrado y la ortodoxia liberal que, desde hace décadas, busca achicar el Estado solo para los de abajo. Su principal talento consiste en adaptarse a distintos gobiernos siempre que la dirección sea la misma. Cambian los presidentes, cambia el clima político, pero el programa permanece intacto.

Esa continuidad es clave para entender el paralelismo con Arendt. El burócrata no se pregunta por las consecuencias humanas de sus actos. No mira a los ojos a los despedidos, ni a los jubilados que pierden poder adquisitivo, ni a las universidades desfinanciadas, ni a los científicos expulsados. Cumple funciones. Firma papeles. Optimiza procesos.

Noticias La Insuperable ha mostrado en distintas coberturas cómo este libreto se repite: el ajuste presentado como modernización, la pérdida de derechos narrada como valentía reformista, el sufrimiento social reducido a una variable secundaria.

Pensar, la tarea que incomoda

Para Arendt, el verdadero antídoto contra la banalidad del mal no era la moral abstracta sino el pensamiento. Pensar implica detenerse, dudar, hacerse cargo. Justamente lo que el burócrata evita. En ese sentido, Sturzenegger representa una forma extrema de irresponsabilidad política: la del que se escuda en la técnica para no responder por el daño que provoca.

No hay neutralidad posible cuando se decide quién paga una crisis y quién se beneficia. No hay inocencia en el ajuste sistemático sobre los mismos sectores. La obediencia automática deja de ser excusa y se transforma en complicidad.

El problema no es solo Sturzenegger como individuo, sino lo que simboliza: una élite tecnocrática que se cree por encima de la democracia, que reduce la política a gestión y convierte el sufrimiento social en una externalidad aceptable. Arendt advertía que este tipo de funcionarios no necesita ser malvado para ser peligroso. Basta con que renuncie a pensar.

 

 

Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.

Un decreto para vaciar una ley

En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.

Salarios licuados y derechos vulnerados

El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.

En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.

El falso argumento del “ahorro fiscal”

La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.

En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.

Un límite judicial al ajuste

Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.

 

 

El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.

La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.

Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.

Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.

Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.

La batalla por la información

La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.

El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Qué deberá explicar el Gobierno

El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.

Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.

Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.

 

 

Un acuerdo confidencial, firmado en la Casa Rosada y oculto durante semanas, vinculó formalmente al Gobierno con el impulsor de una memecoin que terminó en derrumbe y sospechas de estafa. Pagos millonarios en cripto, lobistas libertarios y una causa judicial marcada por demoras y conflictos de interés.

Por Tomás Palazzo para NLI

El 30 de enero de 2025, dos semanas antes de que estallara el escándalo por el lanzamiento del token $LIBRA, Milei firmó en la Casa Rosada un acuerdo confidencial con Hayden Davis, impulsor de la criptomoneda. El contrato, revelado por Clarín y hoy bajo análisis judicial, lo designó como “asesor ad honorem” del Estado argentino en temas de blockchain e inteligencia artificial, con estrictas cláusulas de confidencialidad.

Según los registros oficiales, Davis ingresó a las 13.56 por el acceso lateral de Rivadavia 250, reservado para visitas destacadas. Lo acompañaron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes actuaron como nexo con el entorno local. En la misma fila llegó el entonces diputado José Luis Espert.

Un acuerdo firmado y una salida exprés

La reunión con Milei duró poco más de veinte minutos y quedó asentada en el Registro Único de Audiencias bajo el motivo “analizar las tecnologías descentralizadas y blockchain”. Sin embargo, fuentes con conocimiento directo del encuentro confirmaron que en ese breve lapso se firmó un acuerdo confidencial de dos páginas, redactado en español —idioma que Davis apenas maneja— y con las firmas de ambos.

El documento establece tareas de asesoramiento en digitalización de documentos, smart contracts y capacitación, incluye una renuncia expresa a honorarios y obliga a guardar absoluto secreto. Esa misma noche del viernes 31, Davis dejó el país rumbo a Miami.

Transferencias cripto y compras anticipadas

Durante las horas que Davis pasó en la Argentina se registraron transferencias en criptomonedas a intermediarios locales que, según sospecha la Justicia, están directamente vinculadas al proyecto $LIBRA. El día de la reunión, billeteras asociadas al empresario enviaron más de un millón de dólares y, en total, se detectaron pagos por unos 5,7 millones de dólares antes del lanzamiento del token.

La fiscalía también identificó compras anticipadas de $LIBRA realizadas por cuentas ligadas a un divulgador cripto, con ganancias estimadas en 180 mil dólares, un dato que refuerza la hipótesis de información privilegiada.

Antecedentes, festejos y mensajes comprometedores

Davis ya había visitado el país en noviembre de 2024, cuando realizó una gira por Ushuaia, Vaca Muerta, Salta y Catamarca, antes de viajar a Paraguay. A su regreso, el 21 de noviembre, volvió a ingresar a la Casa Rosada con autorización de Karina Milei.

Según publicó La Nación, esa noche celebró con su equipo en el Hotel Four Seasons que “Milei les había firmado todo”. Semanas después, Davis envió un mensaje de texto a un conocido en el que se jactó de su influencia sobre el Presidente, afirmando que podía hacerlo tuitear, reunirse y promocionar proyectos, y mencionando transferencias de dinero a su entorno familiar. Ese intercambio, al que accedió The New York Times, se convirtió en una de las piezas más sensibles del expediente.

$LIBRA se lanzó el 14 de febrero de 2025 en Dallas. Tras un tuit de Milei, el precio se disparó y luego se desplomó. El Presidente borró el mensaje y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto.

Memecoins, empresas opacas y antecedentes judiciales

Davis, especializado en memecoins —activos de extrema volatilidad—, operaba a través de Kelsier Ventures, señalada en una causa del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York por desarrollar esquemas “extractivos” en lanzamientos previos, como la memecoin M3M3 o la asociada a Melania Trump.

La reunión del 30 de enero fue solicitada formalmente por Novelli. Ese mismo día, Milei y Davis se tomaron la selfie que el Presidente publicó en X, asegurando que había mantenido una “muy interesante charla” con el empresario, quien lo estaba asesorando en blockchain e inteligencia artificial. Detrás de esa foto, hoy bajo la lupa judicial, se selló un vínculo formal entre el Gobierno y el impulsor de $LIBRA.

Una causa lenta y conexiones incómodas

La investigación judicial avanza con demoras llamativas bajo la conducción del fiscal Eduardo Taiano, cuyo apartamiento fue solicitado por el querellante Martín Romeo, representado por el abogado Nicolás Ozsust. La recusación se basó en la falta de diligencia y en el rechazo sistemático de medidas de prueba solicitadas por la querella.

Más allá del rechazo formal, persiste un punto sensible que Noticias La Insuperable adelantó oportunamente: el nuevo rol profesional del hijo del fiscal. Federico Taiano dejó su puesto en la estructura del gobierno de Milei y pasó a trabajar para Holder Partners LLC, dirigida por Frank Holder.

El entramado final

Holder es una figura reconocida en el mundo de la due diligence, el compliance y las investigaciones sensibles, con trayectoria en litigios complejos y auditorías forenses en América Latina. La conexión se vuelve aún más delicada cuando ese entramado se cruza con Leonardo Scatturice, empresario con contratos con el Estado y presencia en el negocio aeronáutico, señalado en reconstrucciones periodísticas por la logística aérea utilizada por Hayden Davis.

Viajes en aeronaves privadas, operadores locales, contratos estatales y transferencias cripto completan un mapa que enlaza política, finanzas y negocios. Un entramado que expone, una vez más, cómo detrás del discurso libertario contra “la casta” se multiplican los pactos secretos, los intermediarios y las sombras que hoy ponen contra las cuerdas al propio Milei.