Política

 

Mientras crecen las tensiones internacionales y el gobierno estadounidense profundiza su agenda militar en distintos frentes del mundo, una imagen inesperada sacudió la escena política y deportiva: Lionel Messi visitó la Casa Blanca y participó de un acto junto a Donald Trump. La postal generó polémica y reavivó el debate sobre el vínculo entre el deporte, el poder y la política global.

Por Ignacio Elfrantini para NLI

Una visita que no pasó desapercibida

El capitán argentino Lionel Messi participó este jueves en Washington de una ceremonia oficial en la que el presidente estadounidense Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami CF para homenajear al equipo campeón de la Major League Soccer 2025.

El encuentro forma parte de una tradición estadounidense: los campeones de las principales ligas deportivas suelen ser invitados a la Casa Blanca para recibir un reconocimiento institucional.

Sin embargo, el contexto político convirtió la escena en mucho más que un acto deportivo.

El contexto internacional que vuelve incómoda la foto

La visita ocurre en un momento en que el gobierno de Estados Unidos atraviesa un período de fuerte tensión internacional y escalada militar en diversos conflictos, lo que ha llevado a numerosos analistas a hablar de una nueva fase de confrontación global impulsada desde Washington.

En ese marco, la imagen del máximo ídolo del fútbol argentino compartiendo una ceremonia con Trump generó incomodidad y debate en redes sociales y medios políticos, especialmente en América Latina.

Para muchos, la postal exhibe cómo el deporte de élite termina orbitando inevitablemente alrededor del poder político y económico global, incluso cuando se trata de figuras que suelen mantenerse al margen de posicionamientos públicos.

Donald Trump hablando sobre IRÁN Y MILITARES con LIONEL MESSI DE FONDO.pic.twitter.com/JZ7O7TaZCb https://t.co/euYiivv6xt

— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 5, 2026

El motivo formal del encuentro

Desde el punto de vista institucional, el evento fue organizado para celebrar el título que Inter Miami conquistó en diciembre de 2025, cuando venció 3-1 al Vancouver Whitecaps y levantó por primera vez la MLS Cup.

Messi fue además una de las grandes figuras de esa final y terminó siendo elegido jugador más valioso del partido, consolidando su impacto en el fútbol estadounidense desde su llegada al club de Florida.

La visita a Washington también coincidió con el viaje del equipo a la capital estadounidense para disputar un partido de la liga contra D.C. United en los próximos días.

Una primera vez en la Casa Blanca

La ceremonia marcó la primera visita oficial de Messi a la Casa Blanca, algo que ya había quedado pendiente anteriormente. En 2025, el rosarino había sido invitado a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad durante la administración de Joe Biden, pero no pudo asistir por cuestiones de agenda.

Esta vez sí se concretó la visita, aunque el contexto político hizo que la escena adquiriera una dimensión mucho más polémica de la que suele tener este tipo de eventos deportivos.

Cuando el fútbol se cruza con la geopolítica

La visita vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿puede el deporte mantenerse neutral cuando entra en contacto con el poder político?

A lo largo de la historia, las grandes figuras deportivas han sido utilizadas como símbolos de prestigio internacional por gobiernos de todo signo. En Estados Unidos, la Casa Blanca convirtió esos encuentros con atletas y equipos campeones en una herramienta de soft power.

Pero en tiempos de polarización global y tensiones geopolíticas, incluso una ceremonia protocolar puede transformarse en un gesto político.

Y por eso la imagen de Messi junto a Trump —en medio de un escenario internacional cada vez más convulsionado— ya no es solo una anécdota deportiva. Para muchos, es también una postal del vínculo inevitable entre espectáculo, poder y geopolítica.

 

 

Un decreto publicado en el Boletín Oficial modificó una norma vigente desde 1995 y fijó un orden automático para reemplazar al jefe de Gabinete en caso de ausencia temporal. La decisión elimina la discrecionalidad presidencial y consolida una línea interna de poder dentro del Ejecutivo.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno nacional oficializó este 4 de marzo el Decreto 130/2026, mediante el cual modificó el artículo 9° del Decreto 977/1995 y estableció un orden fijo para reemplazar al jefe de Gabinete en caso de ausencia transitoria. La medida impacta directamente en la situación de Manuel Adorni, actual titular del área, y ordena una cuestión que hasta ahora quedaba sujeta a decisión puntual del Presidente.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cuando el jefe de Gabinete se ausente por viajes oficiales, misiones o cualquier impedimento temporal, será reemplazado en primer término por el titular del Ministerio de Capital Humano y, en caso de que también esté ausente, por el titular del Ministerio de Defensa.

La modificación sustituye el mecanismo anterior previsto en el Decreto 977/1995, que permitía que el Presidente designara en cada ocasión al ministro que asumiría interinamente. Es decir, no existía un orden automático ni jerárquico preestablecido: la decisión era discrecional.

Así, el Gobierno definió formalmente quién será jefe de Gabinete interino ante una eventual ausencia temporal de Adorni, despejando así una zona gris administrativa que se arrastraba desde los años noventa.

Un cambio administrativo con lectura política

Aunque se presenta como una decisión técnica, el decreto tiene una dimensión política ineludible. La Jefatura de Gabinete es el área encargada de coordinar la administración general del país y de articular el vínculo formal con el Congreso. No se trata de un cargo menor ni meramente protocolar.

En el esquema actual de poder, la figura de Manuel Adorni concentra exposición pública y peso interno. Definir quién lo reemplaza no es un dato accesorio: implica establecer quién queda al mando de la coordinación ministerial en momentos de ausencia, incluso si esa ausencia es breve.

El decreto aclara además que el ministro que asuma interinamente no dejará de ejercer las funciones propias de su cartera. Es decir, no habrá reemplazo en cadena: el funcionario sumará atribuciones temporales sin abandonar su ministerio.

Qué cambia respecto del régimen anterior

Hasta ahora, el artículo 9° del Decreto 977/1995 establecía que el reemplazo del jefe de Gabinete sería ejercido por el ministro que designara el Poder Ejecutivo. Esa redacción abierta permitía flexibilidad, pero también discrecionalidad total.

Con el Decreto 130/2026, esa posibilidad desaparece. El orden queda fijado por norma y sólo podría modificarse con otro decreto. La decisión apunta a garantizar continuidad administrativa y evitar improvisaciones formales ante viajes o licencias.

En términos institucionales, no se altera la línea de sucesión presidencial —que sigue siendo la prevista por la Constitución Nacional— sino únicamente la suplencia interna dentro del gabinete.

Continuidad sin vacíos

El mensaje oficial es claro: evitar vacíos de coordinación en la estructura ejecutiva. En un contexto de alta centralización de decisiones, la previsibilidad en la cadena interna de mando se vuelve un elemento estratégico.

La medida no modifica políticas públicas ni introduce cambios económicos, pero sí consolida un esquema de poder dentro del Ejecutivo. Y en política, la definición de jerarquías nunca es un dato neutro.

 

 

La tragedia alimentaria argentina no es una desgracia aislada ni transitoria: la voluntad política de profundizarla es evidente y sus efectos empobrecedores se siguen multiplicando.

Por Nerio Corello para NLI

En el artículo anterior nos referimos a los aspectos básicos de un tema subvalorado, cuando no excluido, de la discusión pública. En su inserción sistémica, el problema del precio de los alimentos implica relaciones entre actores de peso en nuestro escenario económico y la pertenencia a un contexto definido.

No se trata, lamentablemente, de un accidente o desvió que con voluntad política se intentará corregir. La evolución del problema muestra una escalada de efectos multiplicadores de empobrecimiento que satisface las expectativas de los poderes reales.

Hemos llegado al punto en el que individuos y familias se endeudan para proveerse de alimentos. Con tasas de interés usurarias, la morosidad aumenta al ritmo que disminuye la cantidad de integrantes de las clases medias y las esperanzas de ascenso social desaparecen tanto en la  realidad como en el imaginario colectivo.

Uno de los datos que considerábamos en la primera nota era el del salario promedio pretendido, es decir: la cifra media que se supone declaran querer ganar aquellos que acceden a una entrevista o aspiran a un puesto.  Las compulsas de enero de 2026 lo ubicaron en $ 1.699.284 mensuales, un 1,87% por debajo del número del mes anterior.

El endeudamiento implica cercanía o caída en la marginalidad financiera, resignación de pretensiones salariales y tácita naturalización de la precariedad laboral en múltiples aspectos. Las tropelías legislativas refuerzan el panorama de orfandad normativa que presiona a los que aún trabajan y a los que buscan empleo: sufrir más, ganar menos y comer mal.

El ejército de desocupados que contribuye a la baja de aspiraciones se oculta estadísticamente al considerar ocupados a monotributistas con agua al cuello, plataformistas eventuales y mujeres y hombres que mal viven de la changa esquiva. Esta y otras hipocresías es de esperar que se pretendan mantener hasta que la configuración en extremo inequitativa del país sea irreversible.

En tanto, clases medias y bajas participan cada vez menos en el reparto de esa torta que llamamos riqueza: solo migajas rancias, cada día más difíciles de canjear por verdadera comida. La brecha de ingresos entre élites y menesterosos se agranda, lo que ha llevado a que desaparezcan de la faz pública los datos oficiales al respecto.

En semejante contexto, la centralidad del precio de los alimentos es insoslayable porque, además de su evidente incidencia cotidiana, es clave para sostener una transferencia de ingresos tan regresiva como constante, en ligazón al costo de servicios esenciales.

Sin embargo, el debate económico nacional ha dejado de lado la microeconomía: quienes pueden hacer escuchar su voz siguen encandilados con los artificios de nuestro castillo de naipes macroeconómico basado en el endeudamiento y los premios a la especulación en el mercado de capitales, al tiempo que festejan o lamentan los vaivenes del Riesgo País.

Al padecer los argentinos inflación en pesos e inflación en dólares, ni siquuiera la importación de alimentos modifica la situación penosa del costo de nutrirse lo mejor posible. La apertura indiscriminada puede destruir PyMES, pero el espejismo de la variedad no favorece el bolsillo de consumidores que ya no aspiran ni a la más ínfima sofisticación en la mesa.

Nos enfrentamos no solo a las restricciones informativas propias de un tema tabú, sino también a una bruma que envuelve los precios e impide evaluar el panorama con claridad. A mantener esta bruma contribuyen, en penosa sinergia, la impostura del INDEC, la indolencia de los economistas y las oscuridades del supermercadismo.

No es necesario abundar en las malas artes estadísticas que justifican los muchos cuestionamientos al INDEC ni en la pusilánime actitud del grueso  de nuestros economistas mediáticos, temerosos del apodo o la ridiculización oficial.

Pero lo del supermercadismo es camaleónico e inquietante porque con una infinita combinación de estrategias de venta y promociones, en diversos canales o modalidades de compra, logra hacer imposible la determinación del precio regular de los productos, un laberinto al que los consumidores ingresan con racionalidad pero pronto se resignan a atravesarlo solo confiados en la suerte del azar.

En el brumoso  supermercadismo confluyen intereses empresariales, políticos y del mundillo financiero. Un combo siniestro para cualquier sistema digestivo. Recordemos la farsa del rechazo de listas de precios a monopolios de la industria alimentaria, las promociones bancarias repletas de exclusiones, los diálogos constructivos con Toto, las promociones gancheras que casi siempre son un faltante a la hora de entrega de las compras virtuales…

Algunos influencers intentaron mantener “carritos modelo” en los sitios virtuales de supermercados y registrar los incrementos del costo final. Casi nada lograron esclarecer. La ruleta de ofertas, segundo al X% y afines, días de descuentos extraordinarios, medios de pago privilegiados o castigados, etc., arrojaban cifras que, por tan cambiantes en composición y resultado, poco decían como referencia.

Más allá de la bruma pero con cautela, no pocas consultoras consideran que en febrero se registró otra suba significativa para los productos que aspiramos a llevar a la mesa. LCG, por ejemplo, calculó un incremento  en  alimentos superior al 3%. El 12 de este mes el INDEC dará cifras oficiales.

Cabe esperar más dietas desequilibradas, más enfermedad, más morosos y mucho silencio cómplice en torno a la tragedia alimentaria argentina.

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El costo de alimentarse en Argentina es tan disparatado como ignorado en el debate político y económico actual.

Por Nerio Corello para NLI

Aunque parezca  inverosímil, el precio de los alimentos es un tema tabú. El grueso de los políticos, empresarios y economistas lo elude. Aunque se trate de la base fundamental de la economía doméstica del ciudadano común, se soslaya con la hipócrita elegancia de la referencia fugaz. En los medios aparece con intermitencia, como escándalo del día o indicador de inestabilidad transitoria.

Las personas públicas que se animan a poner el tema en primer plano sufren descalificaciones o son blanco de la falacia ad hominem. La estacionalidad,  los malos hábitos alimentarios y la deficiente educación de los consumidores suelen ser argumentos que permiten a políticos y economistas acorralados salir por la tangente.

El elevado precio de los alimentos es un problema mundial, pero en Argentina un verdadero  calvario. Si ya se conoce que nuestro país lidera el ranking mundial de estrés y ansiedad cotidianos 2025 (según Statista Consumer Insights), habría que averiguar cuánto incide en estos padecimientos psíquicos la dificultad para parar la olla.

Mientras el índice de precios de alimentos de la FAO mantiene una tendencia sostenida  a la baja desde fines de 2025 y comienzos de 2026, según los datos de nuestro ficcional INDEC –que Marco abandonó por falta de vocación literaria-, para alimentarse en Argentina hubo que sobrellevar un incremento de más del 35% en los últimos doce meses.

Con las referencias de un SMVM de $ 352.400,-, un salario promedio pretendido (nada más que pretendido) de $1.699.284 mensuales para enero de 2026 pero un sufrido ingreso promedio per cápita del total de la población urbana de $ 956.283,-, y una Canasta Básica Alimentaria subvaluada por el INDEC en $ 453.384,-, es suficiente para encender todas las alarmas.

Sin embargo, dejarse llevar únicamente por indicadores, índices y estadísticas en general significa las más de las veces abonar discusiones bizantinas. El discurso sesgado, con datos elegidos y omitidos a discreción, suele estar a la orden del día en cualquier tema conflictivo y ganar la partida de las justificaciones o llevarnos directo, sin escalas realistas, a Narnia.

Los cálculos propios suelen dar mejores pautas de orientación aunque, claro, incrementan el estrés.

Si, por ejemplo, usted compra a estos precios promedio: un kilo de arroz $ 2.000,-. uno de harina $ 1.300,-, uno de azúcar $ 1.000,-, uno de pollo $ 4.100,-, una docena de huevos $ 7.000,-, una lata de tomates $ 1.500,  unos fideos secos de medio kilo $ 1,000,-, 900 ml de aceite de girasol $ 4.200,-, medio kilo de picada $ 5.000,-, uno de paleta $ 14.000,-, un litro de leche $ 1.500,- y un kilo de pan $ 3.400,-, se gastó en esta comprita mísera bastante más del 10% de un SMVM.

Las economías individuales o familiares no pueden sostenerse con relaciones tan dispares entre ingresos y precios  de alimentos. Es un punto de partida absolutamente viciado e ineludible que se agrava con los alocados costos de alquileres, servicios, salud, educación y transporte.

El destino del endeudamiento y la posterior bancarrota de las economías domésticas ya está siendo realidad.

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La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.

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El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria

El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.

Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.

Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.

El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.

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La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad

Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.

Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.

En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.

El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.

La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.

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El caso argentino: justicia social como pacto democrático

En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.

Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.

El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.

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Una consigna más ideológica que aplicable

La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.

La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.

Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.

La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.

El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.

 

 

El propio oficialismo reconoció que desconocía que el gendarme Nahuel Gallo iba a ser liberado tras 448 días detenido en Venezuela. La gestión que permitió su regreso no fue impulsada por la Casa Rosada sino por la AFA, dejando al desnudo la falta de conducción diplomática de Milei.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde diciembre de 2024 en Venezuela, debería haber sido una noticia exclusivamente positiva. Sin embargo, el episodio terminó revelando algo mucho más grave: el gobierno de Milei ni siquiera sabía que el operativo que permitió su regreso estaba en marcha.

Mientras el discurso oficial intentaba capitalizar políticamente el retorno del uniformado, la propia Patricia Bullrich terminó confirmando lo que expone el fondo del problema. El Ejecutivo no estaba al tanto de la gestión que destrabó la situación. La negociación decisiva que permitió la liberación no fue conducida por el Estado argentino, sino que se desarrolló por fuera de los canales oficiales.

El dato resulta demoledor desde el punto de vista institucional: la salida de Gallo no fue consecuencia de la política exterior argentina, sino de una vía alternativa impulsada desde el fútbol.

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Diplomacia paralela ante un gobierno ausente

Después de 448 días detenido bajo acusaciones de espionaje, Gallo regresó al país en un vuelo vinculado a gestiones que no fueron coordinadas por la Cancillería ni por la Casa Rosada. La intervención de la AFA como puente humanitario operó sin que el propio gobierno tuviera conocimiento del desenlace inminente.

Así, el episodio dejó en evidencia una situación tan inusual como alarmante: el Ejecutivo nacional no participó del tramo decisivo de la negociación, no coordinó el traslado y ni siquiera fue informado del operativo que resolvería uno de los conflictos diplomáticos más sensibles de su gestión.

Mientras desde el oficialismo se insistía en que se habían realizado gestiones formales a través de terceros países, la resolución concreta terminó llegando por otra vía. En términos políticos, el resultado es elocuente: Argentina logró recuperar a un agente de seguridad detenido en el exterior sin que su propio gobierno supiera cómo ni cuándo ocurriría.

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El síntoma de una política exterior sin rumbo

El caso Gallo había sido presentado durante más de un año como una prioridad diplomática, desde su detención el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela. Sin embargo, el desenlace dejó al descubierto la fragilidad de la estrategia oficial.

La relación política con Caracas permanecía bloqueada y las gestiones estatales no habían logrado avances concretos. La resolución, en cambio, apareció por fuera del esquema institucional, confirmando que el éxito no fue producto de la conducción gubernamental sino que se produjo a pesar de ella.

En ese contexto, el episodio deja de ser una anécdota aislada para transformarse en un síntoma. Lo que aparece es una política exterior desarticulada, sin canales eficaces de negociación y sin capacidad de conducción real.

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Cuando el fútbol reemplaza al Estado

La liberación terminó concretándose gracias a una gestión humanitaria canalizada desde el ámbito del fútbol, que actuó como puente informal en medio de la tensión política entre Buenos Aires y Caracas.

La postal que queda es incómoda: un conflicto internacional de alto nivel fue resuelto por actores no estatales mientras la administración nacional se enteraba del desenlace prácticamente en simultáneo con la opinión pública.

La propia reconstrucción oficial de los hechos deja entrever el nivel de desorden. Gallo ni siquiera sabía que estaba regresando al país cuando subió al avión que lo traería de vuelta.

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Impericia como política de Estado

Lo ocurrido excede el caso puntual y expone un problema estructural. La falta de coordinación diplomática, el aislamiento político y la ausencia de canales formales eficaces terminan delineando un patrón que atraviesa la gestión.

Se trata de un gobierno que proclama firmeza pero que no logra conducir los procesos que afirma encabezar. Cuando las resoluciones llegan por fuera del Estado y el Ejecutivo se entera después, lo que queda no es estrategia sino improvisación.

Y cuando la improvisación se vuelve constante, la impericia deja de ser un error.

Pasa a convertirse en un método.