Política

 

Otro round entre Milei y la Vice.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tensar la relación con Milei y abrió un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Esta vez apuntó directamente contra el Ministerio de Defensa por la compra de un avión “en mal estado” para la Fuerza Aérea y lanzó una frase demoledora: “Años atrás renunciaban todos los implicados”. La declaración no sólo dejó expuesta la gravedad de la denuncia, sino también el nivel de ruptura política dentro del propio gobierno libertario.

La frase cayó como una bomba en un contexto donde la interna entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un rumor de pasillos para convertirse en una guerra pública y permanente. Desde hace meses, la vicepresidenta viene marcando diferencias con el rumbo del gobierno, cuestionando decisiones presupuestarias, políticas de Defensa y hasta el funcionamiento del Senado bajo presión de la Casa Rosada.

Según trascendió, el eje del nuevo conflicto es la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea que habría presentado severos problemas técnicos. Villarruel no sólo cuestionó la operación sino también el silencio oficial frente al escándalo. En sus declaraciones dejó entrever que existe un nivel de irresponsabilidad institucional incompatible con la gravedad del hecho.

La guerra interna ya es inocultable

El vínculo entre Milei y Villarruel atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumieron. La vicepresidenta pasó de ser una figura central del armado libertario a convertirse en una dirigente cada vez más aislada por el núcleo duro del oficialismo. En distintos episodios recientes, funcionarios cercanos a Milei la acusaron de “desalinearse” del Gobierno e incluso deslizaron operaciones para empujar su salida política.

Villarruel, sin embargo, eligió responder públicamente y endurecer su postura. La crítica por el avión militar no fue un hecho aislado: también cuestionó la situación salarial de las Fuerzas Armadas y denunció el deterioro de la obra social militar. En otras palabras, expuso una crisis estructural en el área de Defensa mientras el Gobierno insiste con el ajuste sobre el Estado y los trabajadores.

La escena es políticamente incómoda para Milei. Porque la crítica no proviene de la oposición ni de sectores sindicales o universitarios, sino de su propia vicepresidenta. Y porque Villarruel toca un tema especialmente sensible para el universo ideológico libertario: las Fuerzas Armadas y el aparato de Defensa.

Un gobierno atravesado por las disputas de poder

Detrás del episodio aparece también la pelea por el control político del oficialismo. Desde comienzos de 2026 la relación entre la Casa Rosada y Villarruel se degradó aceleradamente. Hubo cruces por el presupuesto del Senado, acusaciones cruzadas de “traición”, diferencias por proyectos legislativos y una creciente campaña de desgaste impulsada desde sectores cercanos al Presidente.

La vicepresidenta intenta construir un perfil propio y diferenciarse de algunas decisiones de Milei, especialmente aquellas vinculadas al ajuste extremo y a la gestión interna del Estado. En paralelo, el mileísmo duro busca disciplinarla y reducir su margen de autonomía.

La consecuencia es un oficialismo cada vez más fracturado, con ministros enfrentados, operaciones mediáticas cruzadas y funcionarios que se desautorizan públicamente. En cualquier otro gobierno, una denuncia de este tenor sobre equipamiento militar habría derivado en investigaciones internas inmediatas. Pero en la administración libertaria parece imponerse otra lógica: negar, minimizar o desplazar el foco hacia la pelea política.

Mientras tanto, Villarruel eligió dejar una frase que resonó fuerte dentro y fuera del Gobierno: “Por mucho menos renunciaban todos los implicados”. Una definición que no sólo cuestiona una compra puntual, sino que instala la idea de un Estado manejado con improvisación, internas permanentes y ausencia total de responsabilidad política.

 

 

Durante décadas, la arqueología tuvo un límite técnico casi infranqueable: la orilla. Allí donde terminaban los métodos terrestres y comenzaban las dificultades del trabajo subacuático, enormes fragmentos de la historia humana quedaban literalmente sumergidos en una “zona ciega”. Ahora, un equipo de investigadores británicos logró desarrollar una técnica capaz de reconstruir con precisión milimétrica esos espacios híbridos entre tierra y agua, abriendo una nueva etapa para la arqueología mundial.

Por Alcides Blanco para NLI

El avance fue publicado recientemente en la revista científica Advances in Archaeological Practice (Cambridge University Press) bajo el título At the Water’s Edge: Photogrammetry in Extreme Shallow-Water Environments, firmado por los investigadores Stephanie Blankshein, Felix Pedrotti, Fraser Sturt y Duncan Garrow. El trabajo se centra en un viejo problema arqueológico: cómo estudiar zonas de aguas extremadamente bajas donde ni los métodos terrestres ni las tecnologías marinas tradicionales funcionan correctamente.

Los autores llaman a ese espacio la “white ribbon” o “franja blanca”: un territorio lleno de restos históricos, estructuras humanas y sedimentos culturales, pero difícil de registrar con exactitud. En lagos, costas y márgenes fluviales, esas áreas fueron fundamentales para las sociedades antiguas. Allí se construyeron aldeas, puertos, islas artificiales y sistemas de explotación económica. Sin embargo, durante años quedaron parcialmente fuera del alcance científico.

El laboratorio arqueológico oculto bajo el agua

La investigación tomó como caso de estudio los crannogs escoceses, antiguas islas artificiales construidas hace siglos en lagos de Escocia. Estos sitios arqueológicos presentan una complejidad particular: una parte de las estructuras permanece sobre el nivel del agua y otra continúa sumergida, obligando a combinar tecnologías aéreas, terrestres y submarinas.

El equipo desarrolló una metodología basada en fotogrametría estereoscópica de alta resolución. En términos simples, utilizaron cámaras sincronizadas capaces de tomar miles de fotografías desde distintos ángulos para reconstruir modelos tridimensionales extremadamente precisos. Lo notable es que lograron hacerlo en condiciones consideradas muy difíciles: aguas turbias, vegetación acuática, sedimentos en suspensión y distorsiones ópticas provocadas por la luz sobre la superficie del agua.

Lejos de recurrir a equipamiento inaccesible o multimillonario, los investigadores eligieron cámaras GoPro Hero 9 montadas sobre una estructura liviana de doble lente. Esa decisión no fue menor: demostraron que es posible alcanzar niveles de precisión comparables a los relevamientos terrestres profesionales utilizando herramientas relativamente económicas y adaptables.

Los resultados sorprendieron incluso dentro del campo especializado. Según el artículo, el margen interno de error alcanzó apenas entre 1 y 5 milímetros, un estándar que cumple con los requisitos de precisión arqueológica de alta escala utilizados en relevamientos científicos avanzados.

Una nueva manera de reconstruir la historia humana

La importancia del hallazgo va mucho más allá de Escocia. Más de la mitad de la población mundial vive cerca de ambientes acuáticos y gran parte de las civilizaciones históricas se desarrollaron precisamente en esas fronteras entre tierra y agua. Eso significa que miles de sitios arqueológicos alrededor del planeta podrían beneficiarse de este nuevo sistema de documentación.

La técnica permite integrar relevamientos submarinos con drones aéreos y sistemas GPS de alta precisión, generando modelos 3D continuos que unen lo emergido con lo sumergido. En otras palabras: por primera vez se puede estudiar un sitio arqueológico anfibio como una sola unidad espacial coherente y no como dos mundos separados.

El artículo también destaca un aspecto político y económico pocas veces mencionado en la ciencia arqueológica: la accesibilidad tecnológica. Las soluciones tradicionales para estudiar ambientes subacuáticos suelen depender de equipamiento extremadamente costoso, reservado para universidades o centros de investigación con presupuestos millonarios. El método presentado por el equipo británico busca romper esa barrera mediante herramientas más baratas, reproducibles y fáciles de implementar.

En tiempos donde el cambio climático y la erosión costera amenazan innumerables patrimonios históricos alrededor del mundo, la posibilidad de documentar rápidamente estas zonas vulnerables adquiere una relevancia enorme. La arqueología del futuro, parece, ya no tendrá que detenerse en la orilla.

 

 

El Tigre de la Malasia se ha reconvertido.

Por Nilda Limones para NLI

La noche caía espesa sobre las aguas pútridas del Golfo del Ajuste cuando el bergantín Anarcocapital apareció entre la bruma. Sus velas negras, remendadas con retazos de bonos impagos y decretos de necesidad, flameaban como alas de cuervo sobre el mar hambriento. En la proa, erguido como un profeta delirante, estaba el temido León de la Malaria.

Nadie conocía ya su verdadero nombre. Algunos afirmaban que había sido un oscuro escribiente de mercados; otros, un iluminado surgido de las catacumbas televisivas. Pero en todos los puertos del continente se lo nombraba igual: el León. El hombre que juraba destruir el Estado mientras saqueaba hasta el último mendrugo de los pueblos costeros.

Sus ojos ardían con un fulgor febril. La melena, azotada por el viento, parecía una llamarada enferma bajo la luna tropical.

—¡La libertad avanza sobre los débiles! —rugió desde cubierta—. ¡Y el mercado elegirá quién merece comer!

Detrás de él apareció su inseparable lugarteniente: Manuel de Adorno, llamado por la tripulación “el Vocero Negro”. Delgado, impecable y sonriente aun en medio de la peste, llevaba siempre bajo el brazo un pergamino donde escribía comunicados para justificar cada pillaje.

—Capitán —dijo inclinándose—. El pueblo de Santísima Jubilación ha quedado sin medicinas, sin pan y sin energía. La operación fue un éxito.

El León sonrió satisfecho.

—Excelente. Ahora dirán que estaban mejor así.

La tripulación celebró entre carcajadas. Eran los célebres Leones de Virgocem, corsarios fanáticos que se jactaban de una castidad heroica y de no haber conocido jamás abrazo humano fuera del de sus perros mastines y sus manuales de economía inglesa. Vestían chaquetas violetas, lucían ojeras profundas y repetían, como salmos religiosos, frases incomprensibles sobre el derrame de riquezas.

Desde la popa descendió entonces Karinna de Hierro, la mujer más temida de todo el archipiélago financiero. Sus dedos largos sostenían cofres rebosantes de monedas arrancadas a hospitales, escuelas y ancianos.

—Mi León —susurró acercándose—. Hemos capturado otro convoy de alimentos populares. ¿Qué hacemos con él?

El capitán levantó lentamente el sable.

—Arrojadlo al mar. Si el hambre aumenta, aprenderán a competir.

Un trueno rasgó el horizonte.

A lo lejos, en las aldeas miserables de la costa, las fogatas comenzaban a apagarse una por una. Los niños observaban desde los muelles cómo el Anarcocapital se alejaba cargado de riquezas mientras detrás quedaban fábricas vacías, puertos silenciosos y hospitales convertidos en ruinas.

Pero sobre la cubierta del barco nadie parecía escuchar los llantos.

Los Leones de Virgocem brindaban con champagne importado.

Y en medio de ellos, contemplando el océano negro como si fuese el dueño del mundo, el León de la Malaria lanzó una carcajada salvaje que se perdió entre las tormentas del Caribe del Sur.

 

 

El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

Por Roque Pérez para NLI

El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.

El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.

La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.

En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

Un Estado al servicio del cobro automático

El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.

Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.

El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.

La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.

En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.

Salarios débiles, deuda fuerte

La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.

Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.

En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.

El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.

El trasfondo silencioso del modelo Milei

La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.

En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.

Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.

Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.

 

 

Las pocas joyas de la abuela que quedan…

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de AySA y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones que todavía permanecían bajo control estatal. La decisión convierte a la empresa de agua potable y saneamiento en la primera gran compañía pública prácticamente desmantelada durante la gestión de Milei, en una medida que vuelve a poner en discusión el acceso al agua como derecho social y no como mercancía.

La resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el Ejecutivo buscará transferir el control operativo de la empresa a capitales privados mediante un esquema dividido en dos etapas. Primero ingresará un “operador estratégico” que manejará la compañía y luego se avanzará con una colocación de acciones en Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió la medida con el argumento habitual del ajuste libertario: el Estado “deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas” y apuesta por la inversión privada. El discurso oficial promete más obras, mayor eficiencia y expansión del servicio, aunque la historia reciente de las privatizaciones argentinas muestra un recorrido muy distinto: aumentos tarifarios, deterioro del control público y concentración empresaria.

El regreso del modelo de los ‘90

La decisión reabre inevitablemente el recuerdo de la privatización de Obras Sanitarias y la concesión otorgada en los años noventa a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Aquella experiencia terminó en medio de denuncias por incumplimientos, subas tarifarias y deterioro del servicio, hasta que en 2006 el Estado recuperó la compañía y creó AySA.

Ahora, bajo el paraguas de la Ley Bases, el Gobierno vuelve a poner en venta un servicio esencial que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato aprobado semanas atrás prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otra década adicional.

Detrás del argumento de “modernización” aparece además una necesidad financiera urgente. Diversos análisis económicos coinciden en que el Ejecutivo busca acelerar privatizaciones para conseguir dólares frescos en medio de las tensiones por deuda externa, vencimientos con el FMI y dificultades para sostener el esquema económico actual.

Tarifas, negocios y control social

El caso AySA tiene una dimensión especialmente sensible porque no se trata de una empresa cualquiera. Se trata del acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas en el AMBA. En ese contexto, distintas organizaciones sociales y sindicales vienen alertando que la lógica privada tiende a priorizar rentabilidad sobre universalización del servicio, particularmente en zonas populares donde las inversiones suelen ser menos atractivas para los concesionarios.

La privatización además llega después de una larga serie de aumentos tarifarios impulsados por el propio Gobierno. Durante el último año, las boletas de agua registraron fuertes incrementos mientras se redujeron subsidios y se flexibilizó el marco regulatorio para facilitar el ingreso de capital privado.

El cronograma oficial establece que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 27 de agosto a través de la plataforma CONTRAT.AR. Las consultas sobre pliegos y condiciones estarán habilitadas hasta el 12 de agosto.

Con AySA, Milei no sólo profundiza su programa de privatizaciones. También coloca en el centro del negocio privado uno de los servicios más estratégicos y sensibles de cualquier sociedad: el control del agua.

 

 

El relato de “la casta”, la motosierra y la promesa de una transformación económica rápida empiezan a mostrar señales de agotamiento social. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos reveló que Milei perdió casi la mitad de sus votantes originales y que el rechazo a una eventual reelección ya alcanza a siete de cada diez argentinos.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El estudio, realizado sobre 1.500 casos en todo el país, expone un dato políticamente sensible para el oficialismo: el 48% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no volverían a acompañarlo. Pero el fenómeno no termina ahí. Según el relevamiento, también se alejó el 50% de quienes habían apoyado a Patricia Bullrich en primera vuelta y luego se alinearon detrás del experimento libertario en el ballotage.

La encuesta aparece en un momento complejo para el Gobierno. Aunque el oficialismo sigue intentando mostrar como logro central la desaceleración inflacionaria, el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento cotidiano y la caída del consumo empiezan a erosionar el vínculo emocional que Milei había construido con parte de la sociedad. Incluso el propio Presidente admitió esta semana que “el único dato que nos va a dejar cómodos es 0%” de inflación, en una señal de que el Ejecutivo necesita sostener expectativas frente a una situación económica todavía crítica.

La promesa libertaria empieza a perder potencia

El informe de Sentimientos Públicos define el momento político actual como un “quiebre de la promesa libertaria”. La idea de que el ajuste iba a ser breve y conducir rápidamente a una mejora material parece haber perdido credibilidad en amplios sectores sociales. Según la encuesta, 6 de cada 10 personas aseguran no tener esperanzas en la gestión, mientras que apenas un núcleo cercano al 27% mantiene un respaldo firme al oficialismo.

La investigación también detectó cambios sociológicos importantes. El apoyo a Milei ya no aparece únicamente asociado a jóvenes varones urbanos, como ocurría en 2023. El oficialismo logró conservar cierta adhesión en franjas juveniles y sectores de ingresos altos, pero perdió fuerza entre millennials y en grandes centros urbanos, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Ese desgaste convive con una realidad social cada vez más áspera. El mismo informe señala que más del 45% de los argentinos tuvo que recortar gastos básicos durante el último año, mientras que el 40% reconoce haberse endeudado para sostener consumos cotidianos. Además, un 15% afirmó haber comenzado tratamientos vinculados a salud mental.

Del “aguante” ideológico al cansancio económico

El dato más delicado para el oficialismo es quizás el que atraviesa el clima social. Durante buena parte de 2024 y 2025, el Gobierno consiguió sostener apoyo incluso en medio del ajuste gracias a una narrativa basada en la herencia recibida y en la expectativa de un futuro mejor. Pero las encuestas empiezan a mostrar que ese crédito político se consume.

En paralelo, crecen las escenas de exclusión social y deterioro económico que contradicen el discurso triunfalista del Gobierno. En las últimas horas se conoció el caso de un herrero de 63 años de Temperley que podría quedar en situación de calle junto a sus cinco perros tras perder trabajo y no poder pagar el alquiler de su taller-vivienda. Historias de ese tipo comienzan a multiplicarse en distintos puntos del país y funcionan como síntoma concreto del impacto social del modelo económico.

El director de la consultora, Hernán Vanoli, planteó que el debilitamiento del apoyo no implica necesariamente una derrota electoral automática para Milei, pero sí deja una marca política profunda. Según explicó, en una sociedad atravesada por expectativas de ascenso rápido y consumo aspiracional, la sensación de que “la promesa libertaria” se quebró puede convertirse en un problema estructural para el oficialismo.

Mientras tanto, el Gobierno insiste con la idea de que la inflación es el único termómetro válido. Pero la encuesta parece mostrar otra cosa: para una parte creciente de la sociedad, el problema ya no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se deterioró la vida cotidiana en nombre del ajuste.