Política

 

Un artículo de Science traza un panorama inquietante sobre cómo ciertas intervenciones políticas profundas en el ámbito científico de Estados Unidos podrían dejar huellas duraderas en su ecosistema de investigación. Aunque gran parte del texto se centra en el contexto estadounidense, sus conclusiones ofrecen un espejo útil para analizar la situación de la ciencia en Argentina bajo el gobierno de Milei.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Una tormenta política sobre la ciencia estadounidense

Un artículo de Science titulado “Which of Trump’s upheavals in U.S. science are likely to stick”, destaca que, tras la asunción de Donald Trump, el sistema científico de Estados Unidos entró en una fase de “sacudidas” que afectan estructuras, financiación y la libertad académica. Aunque algunos cambios pueden revertirse con futuros gobiernos, varias medidas profundas tienen potencial para arraigarse —como la reorientación de la financiación y la politización de los procesos de evaluación de proyectos científicos— lo que podría transformar la manera en que se hace ciencia en ese país.

Estos cambios no surgen de manera aislada. En 2025, miles de científicos firmaron cartas de advertencia señalando la erosión de la ciencia independiente y la creciente interferencia política en decisiones académicas y de investigación; advierten que esta politización amenaza con “aniquilar” el ecosistema científico tal como ha existido en las últimas décadas.

Algunas de las principales transformaciones incluyen recortes y congelamientos en la financiación de organismos clave, revisión ideológica de proyectos de investigación, despidos masivos y purgas de datos científicos relacionados con temas como cambio climático, diversidad y salud pública.

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¿Qué cambios podrían “pegar” y no revertirse?

Según la reflexión de Science y del seguimiento de analistas internacionales, algunos efectos de estas políticas podrían perdurar incluso si cambian las administraciones:

• Reconfiguración de prioridades científicas: al condicionar financiamiento o investigación a criterios políticos, Estados Unidos corre el riesgo de institucionalizar sesgos que privilegian ciertos temas sobre otros, afectando la capacidad para generar conocimiento básico a largo plazo.
• Daño institucional: agencias con décadas de historia y estructuras robustas como la National Science Foundation (NSF) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) enfrentan transformaciones que —si se consolidan— podrían debilitar su independencia científica.
• Clima de incertidumbre académica: la politización del proceso de financiamiento y la inseguridad en el futuro de las investigaciones pueden desalentar a nuevas generaciones de científicos e impulsar la “fuga de cerebros”, un fenómeno ya observado en datos recientes de encuestas al personal científico.

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La situación de la ciencia en Argentina bajo Milei

En Argentina, la ciencia también ha estado bajo tensiones crecientes desde la llegada de Javier Milei al poder. Aunque el contexto es distinto al estadounidense (diferente estructura institucional, financiamiento y cultura política), existen paralelos preocupantes:

1. Financiamiento en retroceso: la ciencia argentina viene enfrentando años de subejecución presupuestaria, depreciación de subsidios y pérdida de competitividad para atraer y retener talento investigador.
2. Politización y recortes: decisiones gubernamentales recientes han priorizado ajustes fiscales por sobre la inversión sostenida en investigación y desarrollo, debilitando programas estratégicos en áreas como energía, salud y agricultura.
3. Fuga de cerebros acentuada: jóvenes científicos y técnicos han emigrado para buscar oportunidades más estables en Europa y América del Norte, un fenómeno que recuerda a las preocupaciones expresadas por científicos estadounidenses frente al panorama de Trump.

A diferencia de Estados Unidos, donde una parte de la comunidad científica aún puede apoyarse en redes y fondos privados o institucionales amplios, en Argentina la ciencia pública tiene un rol central y fiscalizaciones orientadas por prioridades macroeconómicas pueden resultar en daños estructurales difíciles de revertir si no se sostienen políticas claras de apoyo a largo plazo.

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¿Lecciones compartidas?

El análisis de Science nos recuerda que la ciencia no es un sector aislado: es una infraestructura social e intelectual que requiere estabilidad, financiamiento adecuado y autonomía respecto de ciclos políticos. La evidencia internacional —tanto en Estados Unidos como en Argentina— sugiere que cuando el conocimiento se subordina a lógicas exclusivamente ideológicas o de ajuste cortoplacista, el impacto no se siente solo en laboratorios, sino en generaciones de innovación, salud pública y soberanía tecnológica.

Si los cambios impulsados bajo administraciones como la de Trump o la de Milei arraigan profundamente, el retorno a prácticas de apoyo estable a la ciencia puede demandar años de reconstrucción y reconfiguración institucional.

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El artículo de Science sobre las sacudidas en la ciencia estadounidense no es solo una advertencia sobre la situación de Estados Unidos, sino también un llamado de atención global: cuando la política invade la ciencia sin resguardar su independencia y sustentabilidad, las sociedades enteras pierden capacidad para enfrentar sus propios desafíos técnicos, sociales y productivos. Argentina, con una comunidad científica valiosa pero frágil frente a recortes y restricciones, debe tomar nota de que la defensa de la ciencia es también la defensa del futuro colectivo.

 

 

Un descubrimiento arqueológico en una cueva de Indonesia reveló una pintura de al menos 67.800 años de antigüedad, anterior a cualquier expresión artística conocida en Europa. El hallazgo derriba mitos eurocéntricos sobre el origen del arte y confirma que la capacidad simbólica humana es mucho más antigua y diversa de lo que se enseñó durante décadas.

Por Alcides Blanco para NLI

Durante más de un siglo, la historia oficial del arte sostuvo que las primeras manifestaciones simbólicas complejas surgieron en Europa, con ejemplos emblemáticos como Altamira o Lascaux. Sin embargo, un hallazgo reciente en la isla de Sulawesi, en Indonesia, desmonta esa narrativa: científicos confirmaron que una pintura rupestre hallada en una cueva de la región tiene al menos 67.800 años, convirtiéndose en la obra de arte figurativo más antigua conocida hasta hoy.

Un hallazgo que cambia los manuales

La pintura representa una escena con figuras humanas estilizadas interactuando con un animal, posiblemente un cerdo salvaje, una especie recurrente en el arte rupestre del sudeste asiático. Lo relevante no es solo la antigüedad, sino su complejidad narrativa: no se trata de simples marcas o manos estampadas, sino de una escena con intención simbólica y social.

La datación se realizó mediante un método avanzado que analiza las capas minerales formadas sobre la pintura, lo que permitió establecer una edad mínima con alto grado de precisión. El resultado fue contundente: esta obra es miles de años más antigua que cualquier pintura rupestre europea conocida.

El mito del origen europeo del arte

Durante décadas, la arqueología dominante sostuvo que el arte surgió como un “salto cognitivo” asociado a poblaciones humanas que habitaron Europa hace unos 40.000 años. Este descubrimiento confirma lo que muchos investigadores venían señalando: la capacidad simbólica y artística no nació en un único lugar, ni fue patrimonio exclusivo de una región del mundo.

El sudeste asiático, África y otras zonas no europeas ya habían aportado indicios de arte antiguo, pero este hallazgo coloca definitivamente a Indonesia en el centro de la historia cultural de la humanidad, desplazando a Europa del lugar exclusivo que se le asignó durante años.

Arte, pensamiento y comunidad

El arte rupestre no era decoración. Estas pinturas cumplían funciones sociales, rituales y comunicacionales. Implicaban pensamiento abstracto, transmisión cultural y organización comunitaria, rasgos que definen a las sociedades humanas complejas.

Que estas capacidades estén documentadas hace casi 70.000 años obliga a replantear cuándo y cómo los seres humanos comenzaron a pensarse a sí mismos, a su entorno y a los otros. El arte aparece así como un elemento constitutivo de la humanidad, no como un lujo tardío.

Un golpe al relato colonial del conocimiento

No es un dato menor que este descubrimiento vuelva a poner en cuestión la mirada colonial que organizó el saber histórico durante siglos. La idea de que la “civilización” y la “cultura” nacen en determinados centros y luego se expanden es cada vez menos sostenible frente a la evidencia científica.

Este hallazgo confirma que las periferias del relato occidental fueron, en realidad, núcleos fundamentales de la experiencia humana, invisibilizados por una historiografía funcional al poder colonial y académico del norte global.

 

 

El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.

La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.

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Menos Estado, más castigo

Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.

La derogación implica un cambio de paradigma:
el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.

En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.

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Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie

Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.

El capítulo contemplaba:

• Diferencias de escala
• Modalidades productivas específicas
• Volúmenes reducidos
• Condiciones territoriales y sociales propias

Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.

El resultado es previsible:
más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.

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Modernización sin reemplazo

La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular:
no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.

No hay:

• Nuevo régimen para agricultura familiar
• Nuevo esquema de asesoramiento digital
• Nuevas herramientas de acompañamiento técnico

Solo hay vacío normativo.

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Responsabilidad individual y retirada estatal

La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.

El mensaje es claro:
cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.

Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.

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Una decisión técnica con consecuencias políticas

Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida:
debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.

No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.

Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.

 

 

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Milei expone una decisión de enorme gravedad política y geopolítica

Por Tomás Palazzo para NLI

La intervención del Puerto de Ushuaia ordenada por la Resolución 4/2026 no puede leerse sólo como un conflicto administrativo entre Nación y provincia: es parte de una redefinición geoestratégica que alinea a la Argentina más cerca de los intereses militares de Estados Unidos, en detrimento de la soberanía nacional histórica sobre su extremo austral y la Antártida. Lo que está en juego no es un muelle, sino el control de rutas marítimas, nodos logísticos y posiciones geopolíticas clave en el Atlántico Sur y el continente blanco.

Antecedentes históricos: puertos, soberanía y el Atlántico Sur

Desde la consolidación del Estado argentino en el siglo XIX, la punta sur del continente fue concebida como una pieza estratégica de defensa y desarrollo nacional. El Puerto de Ushuaia no es un simple aeropuerto marítimo: desde su transferencia de dominio de Nación a la Provincia en 1992, fue administrado con autonomía, con recursos que debían destinarse exclusivamente a su mantenimiento, operación e inversión, tal como estableció el convenio firmado ese año y ratificado por el Poder Ejecutivo provincial. Esa cláusula buscaba asegurar que los ingresos portuarios no se convirtieran en caja fiscal general, sino en un instrumento de soberanía logística en uno de los extremos del territorio argentino.

Pero desde comienzos del siglo XXI, el valor estratégico de Ushuaia fue adquiriendo nuevas dimensiones: no sólo como puerta de salida al Pasaje de Drake y acceso a la Antártida para turismo, ciencia y pesca, sino como punto de interés geoestratégico global, en una región donde los Estados Unidos, China y potencias europeas mantienen vigilancia constante de rutas marítimas y presencia científica o militar.

La Antártida, en particular, es un escenario geopolítico complejo. El Tratado Antártico lo establece como zona de investigación pacífica y prohibe reclamaciones soberanas nuevas, pero la ubicación de bases logísticas en la Patagonia y Tierra del Fuego influye directamente en la capacidad de proyectar presencia en el continente blanco. Incluso iniciativas de cooperación científica y logística antártica han sido utilizadas en discursos oficiales para justificar mayor presencia extranjera en el extremo sur.

La visita de la general Laura Richardson en abril de 2024: un hito político

En abril de 2024, el entonces presidente Milei viajó expresamente a Ushuaia para recibir a la general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos —una de las estructuras militares más relevantes del Pentágono para América Latina— en lo que constituyó un gesto político de alto valor simbólico y estratégico para Washington y para la agenda de defensa del gobierno argentino.

La visita de Richardson no fue un evento menor o ceremonial: se extendió por varios días en Argentina e incluyó:

• encuentros con las máximas autoridades del Ministerio de Defensa;
• participación en una ceremonia de donación de un avión C-130H Hercules financiado por Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina (valorado en decenas de millones de dólares);
• la estancia en Ushuaia, donde se definió públicamente la idea de una “Base Naval Integrada” que “convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, según declaraciones oficiales del gobierno argentino al recibir a Richardson.

Ese gesto fue interpretado por analistas y sectores críticos como una señal de subordinación geopolítica, en tanto la reunión no fue simplemente bilateral, sino destinada a consolidar una asociación estratégica ampliada con Estados Unidos en materia militar y logística en el extremo sur.

Ushuaia y el contexto global del Atlántico Sur

La presencia periódica de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos en Ushuaia y la Patagonia —no solo de Richardson sino de su sucesor, el almirante Alvin Holsey— responde a la creciente competencia global por el control de rutas marítimas, recursos naturales y posiciones estratégicas frente al avance de China y otras potencias. El Comando Sur estadounidense ha declarado en múltiples ocasiones la importancia de la región y la necesidad de fortalecer alianzas para contrarrestar lo que perciben como desafíos de actores externos.

Esa estrategia geopolítica tiene múltiples aristas:

1. Control y monitoreo de rutas marítimas del Atlántico Sur, esenciales para comercio global y acceso antártico.
2. Posicionamiento logístico y militar en latitudes australes, frente a las crecientes capacidades de otras potencias en la región.
3. Influencia sobre agendas científicas y de recursos naturales en regiones remotas pero ricas en potencial energético y pesquero.

Todo esto ocurre mientras, en paralelo, potencias como China también han mostrado interés en ampliar su presencia marítima, científica y comercial en la Patagonia y el Atlántico Sur —lo que Washington percibe como una amenaza estratégica.

Una redefinición peligrosa de soberanía

La decisión de intervenir y potencialmente suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia mediante una resolución administrativa, en lugar de un debate político federal o una ley con participación de las provincias, debe leerse como parte de un proceso más amplio de subordinación de la estrategia argentina a agendas de seguridad ajenas. Esto quedó exacerbado por gestos simbólicos durante la visita de Richardson, incluyendo discursos oficiales que enmarcaron la cooperación militar dentro de narrativas de afinidad cultural y geopolítica con Estados Unidos más que de soberanía argentina autónoma.

Conclusión: más que un puerto, una pieza de ajedrez geopolítico

La intervención del Puerto de Ushuaia no es un simple reacomodo administrativo: es la materialización de una geopolítica que redefine el rol de la Argentina en su propio extremo sur. En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida son cada vez más objeto de interés estratégico, energético y militar de potencias globales, la soberanía se ejerce no solo con discursos, sino con políticas públicas que no pueden ser dictadas por decretos o resoluciones bajo presión de actores externos.

Lo que está ocurriendo en Ushuaia explica por qué sectores políticos, sociales y estratégicos sostienen que esta decisión no sólo constituye un antecedente peligroso en términos constitucionales y federales, sino que pone en cuestión el control soberano de la Argentina sobre posiciones geopolíticas clave del Atlántico Sur y la Antártida.

 

 

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional no es una decisión técnica ni administrativa: es un movimiento político de alto voltaje, con implicancias geopolíticas directas y un mensaje disciplinador a las provincias. Bajo el pretexto de “reordenar” la operatoria portuaria, Milei avanzó sobre una jurisdicción provincial estratégica y dejó servido en bandeja uno de los enclaves clave del Atlántico Sur.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses y su intervención administrativa directa por parte del Estado nacional, quitándole a la Provincia de Tierra del Fuego el control efectivo del principal puerto austral del país. La medida se dictó a horas de la reunión de Milei en Davos con Donald Trump.

No se trata de una coincidencia. El ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez lo dijo sin rodeos: Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump. No es una denuncia liviana ni una exageración retórica. El propio texto de la resolución reconoce el carácter estratégico, geopolítico y militarmente sensible del puerto, subrayando su rol en el abastecimiento antártico, la custodia de aguas australes y la logística regional.

MILEI MANOTEÓ EL PUERTO DE USHUAIA Y HOY LO PONDRÁ AL SERVICIO DE TRUMP

Antes de encontrarse con Donald Trump en Davos, el Presidente @JMilei hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el… pic.twitter.com/yJETqVDVWH

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 22, 2026

Un “castigo ejemplar” a una provincia

El gobierno nacional justifica la intervención alegando desvío de fondos portuarios, deterioro de infraestructura y fallas de seguridad. Sin embargo, el remedio elegido no es la coordinación ni la asistencia: es la toma directa del control, mediante una resolución administrativa de un organismo creado por DNU, sin debate federal ni instancia política previa.

El mensaje es claro: las provincias no gobiernan recursos estratégicos si esos recursos resultan útiles al proyecto nacional de Milei. Tierra del Fuego es el caso testigo, pero el antecedente es extensible a cualquier jurisdicción que administre puertos, vías navegables o nodos logísticos relevantes.

La resolución no solo suspende la habilitación, sino que habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación —con apoyo de la ex AGP y fuerzas federales— a administrar fondos, infraestructura, equipamiento y operación, desplazando en los hechos a la autoridad provincial.

Puerto, Antártida y alineamiento externo

El punto más grave no está solo en la forma, sino en el sentido político de la decisión. En los fundamentos de la resolución, Milei hizo consignar expresamente que Ushuaia es clave por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida, destacando su valor estratégico para campañas científicas, logística y control territorial.

Ese párrafo, lejos de ser técnico, es una confesión política. Milei no está pensando el puerto desde una lógica de desarrollo nacional soberano, sino como activo geopolítico negociable en el marco de su alineamiento automático con Estados Unidos. En Davos, Milei no va a hablar de federalismo ni de soberanía: va a ofrecer “seguridad jurídica” y activos estratégicos.

La advertencia de Rodríguez apunta al corazón del problema: el riesgo de que el Puerto de Ushuaia sea ofrecido para uso militar y comercial extranjero, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, una región donde la disputa de poder global es cada vez más explícita.

Milei, Estados Unidos y Ushuaia: geopolítica de una entrega estratégica

Un precedente peligroso

La decisión de Milei sienta un precedente temerario. Si el Poder Ejecutivo puede intervenir un puerto provincial estratégico mediante una resolución administrativa, invocando “interés público”, entonces el federalismo queda reducido a una formalidad vacía.

Hoy es Ushuaia. Mañana puede ser cualquier puerto, aeropuerto o infraestructura clave. La lógica es siempre la misma: centralizar, disciplinar y poner al servicio de intereses externos lo que debería ser política de Estado nacional y federal.

Por eso la pregunta no es solo qué hará Tierra del Fuego. La pregunta es qué harán los demás gobernadores frente a una avanzada que no distingue signos políticos cuando se trata de concentrar poder y recursos estratégicos.

El Puerto de Ushuaia no es una caja, no es una ficha de negociación y no es un botín de guerra ideológica. Es una pieza central de la soberanía argentina. Y Milei acaba de moverla sin pedir permiso.

 

 

Milei y su costumbre de subordinarnos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

En su discurso de hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei volvió a desplegar una narrativa que excede largamente la economía y se adentra en una concepción ideológica de la historia, la cultura y la civilización. Más allá de las reiteradas defensas del capitalismo de libre mercado, hubo un eje particularmente revelador: la idea de que América arrastra una supuesta “deuda civilizatoria” con Occidente y que su misión histórica sería saldarla regresando a la filosofía griega, el derecho grecorromano y los valores judeocristianos.

Lejos de ser una simple reflexión cultural, este planteo condensa una visión profundamente política, excluyente y funcional a un proyecto de poder.

La “deuda civilizatoria”: una noción problemática desde el origen

Cuando Milei afirma que América debe “pagar una deuda civilizatoria” a Occidente, introduce una categoría que no es neutra ni inocente. Hablar de deuda implica subordinación, implica aceptar que existe un centro civilizatorio legítimo —Europa y su tradición occidental— y una periferia que debe agradecer, imitar y reparar.

Esta idea desconoce deliberadamente que América no es una hoja en blanco escrita por Grecia, Roma o el cristianismo europeo. Es un continente atravesado por civilizaciones milenarias, por procesos históricos propios, por luchas sociales, políticas y culturales que no pueden reducirse a una herencia importada. La noción de deuda borra de un plumazo a los pueblos originarios, las tradiciones populares, las experiencias emancipatorias y los proyectos políticos que disputaron —y disputan— el sentido mismo de la modernidad. Nos deja sin identidad.

Además, el concepto remite peligrosamente a las viejas justificaciones coloniales: Europa como portadora de civilización, América como territorio incompleto que debe “agradecer” lo recibido. No es una novedad discursiva: es un reciclaje ideológico con lenguaje contemporáneo.

Filosofía griega y derecho grecorromano: apropiación selectiva del pasado

El llamado de Milei a “inspirarse en la filosofía griega” y “abrazar el derecho grecorromano” opera como una selección interesada de la historia. No se trata de un análisis académico ni de una reivindicación crítica del pensamiento clásico, sino de una utilización simbólica para legitimar un orden político y económico actual.

La Grecia clásica y Roma no fueron paraísos de libertad universal: fueron sociedades atravesadas por la esclavitud, la exclusión política, la desigualdad estructural y la negación de derechos a amplios sectores de la población. Presentarlas como modelos morales sin esas contradicciones es falsear la historia.

Más aún, Milei invoca estas tradiciones como si condujeran de manera natural a un capitalismo desregulado y a un Estado mínimo, cuando buena parte de la filosofía clásica discutió justamente los límites del poder económico, la función de la comunidad y la centralidad de lo público. No hay herencia universal: hay recortes ideológicos.

Valores judeocristianos: moral selectiva y contradicción política

El tercer pilar del discurso fue el llamado a “retornar a los valores judeocristianos para salvar a Occidente”. Aquí la operación es doble. Por un lado, se construye un supuesto consenso moral único, invisibilizando otras tradiciones éticas, espirituales y culturales que forman parte tanto de América como del mundo occidental contemporáneo.

Por otro lado, se produce una contradicción evidente entre el discurso y la práctica política. Valores como la solidaridad, el cuidado del prójimo, la justicia social y la dignidad humana, históricamente asociados a la tradición judeocristiana, chocan de frente con políticas de ajuste, desprotección social y mercantilización extrema de la vida.

La apelación religiosa funciona así como un recurso retórico de legitimación, no como una guía ética real. Se invocan valores abstractos mientras se impulsan medidas concretas que profundizan la desigualdad y la exclusión.

Una idea de civilización que excluye

El discurso de Milei en Davos no propone una civilización plural ni un diálogo entre culturas. Propone una restauración: un Occidente idealizado, homogéneo, jerárquico y alineado con un modelo económico específico. Todo lo que queda fuera de ese canon —otras identidades, otros proyectos políticos, otras formas de organización social— aparece como desviación, amenaza o atraso.

La “deuda civilizatoria” no es, entonces, una reflexión histórica. Es una herramienta política que busca ordenar el mundo entre quienes encajan en ese relato y quienes deben ser corregidos, disciplinados o descartados.

En definitiva, el discurso de Milei en Davos revela con claridad que su proyecto no se limita a la economía: aspira a redefinir qué se entiende por civilización, quién tiene derecho a representarla y quién debe someterse a ella. Bajo una retórica grandilocuente sobre Grecia, Roma y los valores judeocristianos, se esconde una visión regresiva que empobrece el pasado, simplifica el presente y clausura la diversidad del futuro.