El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois encabezó un masivo encuentro político en Villa María, Córdoba, donde convocó a fortalecer la organización popular frente al ajuste y a construir una alternativa de justicia social con anclaje territorial y protagonismo juvenil.
Por Roque Pérez para NLI
El encuentro se realizó en el Teatrino del Parque de la Vida y reunió a más de 500 personas, entre militantes, vecinos y vecinas de la ciudad. Sin estructura política local y con una convocatoria impulsada casi exclusivamente desde redes sociales, el espacio Argentina Humana volvió a mostrar capacidad de movilización en el interior del país.
Organización popular frente al ajuste
Durante su exposición, Grabois fue contundente: “frente al ajuste y la crueldad, es necesario construir una alternativa de justicia social”. El mensaje apuntó directamente contra el rumbo económico del gobierno de Milei, al que responsabilizó por el deterioro social y la falta de respuestas ante conflictos urgentes.
El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires —electo en 2025— viene recorriendo distintas provincias con el objetivo de afianzar su construcción nacional, ahora bajo el nombre Argentina Humana, el espacio que antes se conocía como Patria Grande y que en las últimas legislativas integró Unión por la Patria, con Cristina Fernández de Kirchner como principal referencia.
En Villa María, Grabois estuvo acompañado por la referente provincial y local del espacio, Constanza “Coti” San Pedro, con quien coincidió en la necesidad de construir una fuerza política con identidad cordobesa para “dar la batalla contra el gobierno de Milei”.
Críticas a milei y recorrido federal
El acto comenzó cerca de las 20 horas. Grabois ingresó al Teatrino saludando con la V de la victoria, entre aplausos sostenidos, mientras dialogaba brevemente con la prensa antes de dedicar un largo tramo a hablar ante la militancia, en especial a los y las jóvenes.
En paralelo, el dirigente volvió a marcar posición en sus redes sociales con críticas directas al oficialismo. Por los incendios en el sur del país, denunció: “Destruyeron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y ahora boludean mientras se incendia la Patagonia”. También apuntó contra Milei por la situación del gendarme argentino detenido en Venezuela, cuestionando la política exterior del gobierno.
Grabois explicó que eligió Villa María porque la conoce desde chico y destacó el potencial productivo de Córdoba. En ese marco, recordó luchas históricas como el Cordobazo, subrayando que aquellas gestas populares fueron protagonizadas por trabajadores que hoy “cobrarían cerca de 12 palos”, en una crítica directa a la pérdida del poder adquisitivo.
Antes de cerrar, adelantó que continuará su recorrido federal por provincias como Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, con la mira puesta en consolidar un proyecto político de cara a 2027. Sin aparatos, con discurso coherente y presencia territorial, Grabois busca disputar de igual a igual dentro del peronismo y convertirse en una referencia central de la etapa que viene.
La Secretaría de Industria y Comercio abrió una investigación por presunto dumping en lavarropas importados desde China. Aunque el expediente se apoya en datos técnicos sólidos, la decisión despierta una pregunta inevitable: ¿protección de la industria nacional o señal política hacia Estados Unidos en medio de la presión de Donald Trump para aislar a Beijing?
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Gobierno nacional dispuso la apertura de una investigación antidumping contra las importaciones de lavarropas de origen chino, a partir de un pedido de la empresa Drean S.A.. La medida, formalizada a través de la resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se apoya en informes técnicos que detectan precios artificialmente bajos y una amenaza concreta de daño a la producción local.
Sin embargo, en el contexto político actual, la decisión no puede leerse de manera aislada ni ingenua. Mucho menos cuando proviene de una administración que ha demostrado escaso interés en defender la industria nacional y que ha hecho del alineamiento automático con Estados Unidos una de sus banderas internacionales.
Dumping probado y una amenaza en ascenso
Desde el punto de vista técnico, el expediente es consistente. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó la existencia de un margen de dumping del 10,43 % en las exportaciones chinas de lavarropas hacia la Argentina. En términos simples, los productos ingresan al país a precios más bajos que los considerados normales, incluso por debajo de los valores del propio mercado chino.
Al mismo tiempo, la CNCE aclaró que todavía no existe un daño importante consumado a la industria nacional. Las dificultades atravesadas por la empresa solicitante se explican, en buena medida, por la caída del consumo interno y no exclusivamente por el ingreso de importaciones.
El problema aparece cuando se observa la dinámica reciente. China pasó de representar el 50 % del total importado en 2022 al 66 % en 2024, y durante los primeros nueve meses de 2025 los envíos hacia la Argentina se dispararon un 590 %. La amenaza ya no es teórica: es estadística.
Precios bajos, stocks acumulados y presión futura
China no es un actor más en el comercio global. Concentra casi la mitad de las exportaciones mundiales de lavarropas, posee una capacidad productiva descomunal y enfrenta medidas antidumping en otros mercados relevantes. En ese contexto, la Argentina aparece como un destino cada vez más atractivo para colocar excedentes a bajo precio.
La CNCE detectó además que los lavarropas chinos ingresaron al país a precios inferiores a los nacionales, incluso luego de su nacionalización. Esa subvaloración presiona directamente sobre la industria local, que compite en condiciones claramente desiguales.
Más inquietante aún es otro dato del informe: más del 60 % de los lavarropas importados desde China en 2025 no se vendieron, sino que quedaron acumulados como stock. Esto sugiere una presión latente sobre el mercado interno, con riesgo de caída de precios y deterioro de la producción nacional en el corto plazo.
Milei, Trump y el trasfondo geopolítico
Hasta aquí, los datos técnicos. Pero la política nunca es neutra.
La apertura de la investigación se produce en un momento en el que Donald Trump vuelve a presionar a terceros países para que limiten su vínculo comercial con China, y cuando el Gobierno argentino busca respaldo externo, financiamiento y aval político. En ese marco, activar un expediente antidumping contra China resulta funcional: no implica ruptura ni sanción inmediata, pero envía una señal clara.
La paradoja es evidente. Un Gobierno que promueve la apertura importadora, la desregulación y el repliegue del Estado termina habilitando una herramienta clásica de defensa del mercado interno. No lo hace desde un discurso industrialista ni desde la protección del empleo, sino desde una combinación de obligación técnica y conveniencia política.
La pregunta que queda flotando es incómoda: si el caso no involucrara a China, y si no existiera este contexto geopolítico, ¿la investigación se habría abierto igual? La experiencia reciente invita a dudar.
La líder de la Coalición Cívica deberá presentarse mañana ante la Justicia luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara haber sido intimidado tras ordenar allanamientos en una causa sensible. El expediente expone audios, llamados y un patrón de aprietes que vuelve a poner a Carrió en el centro de la escena judicial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Justicia citó para este martes a Elisa Carrió para que dé explicaciones luego de la denuncia presentada por el fiscal Germán Camafreita, quien aseguró haber sido amenazado por la exdiputada nacional tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, en el marco de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a denuncias falsas y extorsiones.
Según consta en el informe elevado por el funcionario judicial, Carrió lo llamó telefónicamente el 2 de enero, pocas horas después de los procedimientos realizados en una vivienda ubicada en Pilar, y lanzó una serie de advertencias que quedaron asentadas en el expediente.
“No sabés en qué te estás metiendo”
De acuerdo al relato de Camafreita, durante esa primera comunicación Carrió le dijo que “no sabía en qué me estaba metiendo”, que “iba a terminar preso” y que ella avanzaría “en forma despiadada” contra él. Incluso, según el fiscal, la exlegisladora aseguró que al día siguiente sería “portada de todos los medios nacionales”.
En el mismo llamado, Carrió cuestionó el allanamiento, afirmó que “se violaban derechos fundamentales” y sostuvo que se trataba de una “causa armada”, en un tono que el fiscal describió como intimidante.
Minutos después, siempre según el informe judicial, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse, esta vez a los gritos, para advertirle que lo denunciaría en el Juzgado Federal.
Llamados, disculpas a medias y nuevas amenazas
El episodio no terminó ahí. Dos horas más tarde, luego de que se le facilitara el número de expediente para que pudiera interiorizarse formalmente de la causa, Carrió volvió a llamar. En esa comunicación ensayó una especie de disculpa, pero inmediatamente retomó el tono confrontativo.
Camafreita dejó asentado que la exdiputada le dijo que Prefectura Naval Argentina radicaría una denuncia por el allanamiento ilegal, insistiendo en la supuesta irregularidad del procedimiento y reforzando la presión sobre el fiscal interviniente.
Denuncia formal y un posible “modus operandi”
La escalada derivó en una presentación formal. La semana pasada, la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, por las amenazas y presiones sufridas durante el desarrollo del procedimiento judicial.
En el oficio, el fiscal puso a disposición todas las actuaciones labradas para que el Colegio evalúe la conducta profesional de ambas letradas durante los hechos denunciados.
En paralelo, en tribunales se investiga algo todavía más delicado: la posible existencia de un “modus operandi” por parte de dirigentes políticos que, ante causas que los incomodan, recurrirían a amenazas, aprietes y denuncias cruzadas para condicionar el accionar de fiscales y jueces.
La citación judicial a Carrió abre un capítulo incómodo para una dirigente que construyó su figura pública enarbolando banderas de ética y transparencia. Esta vez, sin discursos ni micrófonos, deberá responder ante la Justicia.
Como si el país hubiera entrado al otro lado de Hawkins, una seguidilla de hechos insólitos, climáticos y políticos parece confirmar que algo raro está pasando en la Argentina. Olas gigantes donde no deberían existir, diluvios urbanos, accidentes tan improbables que rozan lo fantástico y un relato económico que no cierra ni con luces de Navidad.
Por Tomás Palazzo para NLI
Desde hace semanas, la sensación es la de estar mirando una temporada nueva de Stranger Things, pero con mate, empanadas y conferencias de prensa. En el pueblo imaginario de Hawkins había portales; acá, los portales se abren en la costa, en las autopistas y en los informes oficiales.
El clima como mensaje del “otro lado”
Por un lado la ola gigante en la costa bonaerense, un meteotsunami que dejó víctimas, heridos y una pregunta flotando en el aire: ¿qué hace una ola de ese tipo en un balneario familiar? El mar avanzó como si alguien hubiera abierto una grieta invisible entre dimensiones, recordando que la naturaleza no suele pedir permiso cuando se la ignora.
No olvidemos el diluvio en el AMBA, con autos flotando en la Panamericana, shoppings anegados y barrios convertidos en lagunas improvisadas. No fue ciencia ficción: fue agua, granizo y caos real. Pero el clima, como en las mejores series, parecía insistir con una advertencia que algunos prefieren no escuchar.
Señales pequeñas, rarezas gigantes
En medio de ese escenario, apareció una escena digna de guion surrealista: un vidrio que cae desde lo alto y le pega en la cabeza a un hombre que tomaba café tranquilamente. Nada sobrenatural, dirán algunos. Pero en tiempos extraños, incluso lo cotidiano parece cargado de un simbolismo inquietante: nadie está del todo a salvo cuando el mundo pierde estabilidad.
En Stranger Things, el mal no siempre aparece de golpe. A veces se manifiesta en detalles mínimos, en ruidos extraños, en objetos que caen sin explicación. La Argentina de hoy parece moverse en ese mismo registro.
La economía como el monstruo invisible
Y entonces llega el capítulo final, el más político de todos. El nuevo IPC de diciembre marcó 2,8% y volvió a subir, mientras desde el Gobierno insisten en que la inflación “está bajando”. El problema es que, en el mundo real, los precios subieron mucho más del 30% anual, aunque el relato oficial intente vender otra historia.
Como Henry Creel antes de convertirse en algo más oscuro, hay personajes que niegan la realidad que tienen enfrente. Negar el cambio climático, negar los datos que no convienen, negar lo que la gente siente en el bolsillo. En Hawkins eso abría portales. En la Argentina, abre una brecha cada vez más grande entre el discurso y la vida cotidiana.
No hace falta decirlo explícitamente. Las analogías están ahí, flotando en el aire, como las luces titilando cuando algo del otro lado se acerca. Cuando la realidad se niega sistemáticamente, lo extraño deja de ser excepción y se vuelve norma.
La pregunta no es si estamos viviendo una versión local de Stranger Things. La pregunta es cuánto más va a durar esta temporada y quién va a animarse, de una vez, a cerrar el portal.
Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.
Por Alcides Blanco para NLI
Una superstición que llegó al Boletín Oficial
Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.
Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.
De la leyenda al Estado
Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.
El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.
Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.
Del mito rural al Congreso Nacional
Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.
En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.
En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.
Una rareza jurídica con raíz popular
Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.
Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.
Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.
Durante décadas, una acusación se repite con una seguridad que contrasta brutalmente con la fragilidad de sus pruebas: que la Argentina fue refugio del llamado “oro nazi”, que el Banco Central actuó como engranaje financiero del saqueo del Tercer Reich y que el país habría sido cómplice silencioso de uno de los mayores crímenes económicos del siglo XX. La afirmación circula como verdad revelada, pero cuando se la somete al examen de la documentación histórica, el relato empieza a resquebrajarse.
Eso es exactamente lo que demuestra la investigación “Transacciones del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas con países del Eje y neutrales”, realizada por los historiadores Mario Rapoport y Andrés Musacchio en el marco de la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). No se trata de una defensa política ni de una opinión ideológica, sino de un estudio riguroso basado en archivos oficiales del Banco Central, balances contables, libros de oro en custodia, documentación diplomática argentina y extranjera y el cruce sistemático con los informes de las comisiones investigadoras de Suiza y de Estados Unidos. La conclusión a la que llegan es tan clara como incómoda para los cultores del mito: no existen evidencias documentales de que el Banco Central argentino haya recibido oro nazi.
El primer problema del relato conspirativo es conceptual. El llamado “oro nazi” no es una categoría homogénea. Puede referirse al oro saqueado a las víctimas del nazismo, a las reservas de los bancos centrales de países ocupados, a las fortunas personales de jerarcas nazis en fuga o a depósitos bloqueados en países neutrales. Rapoport y Musacchio parten de esa distinción básica —habitualmente omitida— y siguen el rastro del oro allí donde necesariamente debería aparecer si la acusación fuera cierta: en los registros contables del Banco Central de la República Argentina.
Lo que encuentran es exactamente lo contrario de lo que promete la leyenda. Entre 1942 y 1948, los libros de “oro en custodia” y “oro en barras” del BCRA muestran que la Argentina no fue receptora, sino expulsora de oro. Las principales operaciones con bancos de países neutrales, especialmente Suiza y Portugal —señalados durante años como intermediarios privilegiados del oro nazi— registran salidas de oro desde Buenos Aires hacia el exterior, en particular hacia la Reserva Federal de Nueva York o hacia las casas centrales de esos bancos. Si la Argentina hubiera sido un destino del oro nazi, los registros mostrarían ingresos físicos relevantes. No los hay.
El caso suizo es especialmente revelador. Contra lo que sugiere el imaginario popular, los datos de la propia banca helvética, analizados por la Comisión Bergier, indican que durante la guerra Suiza fue compradora neta de oro argentino y que las transacciones con la Argentina representaron una fracción ínfima del total de sus operaciones. Más aún: la Argentina no compró oro a Suiza durante el período bélico, lo vendió. Es decir, el flujo va en sentido inverso al que exigiría cualquier hipótesis de “lavado” de oro nazi.
Con Portugal ocurre algo similar. Los registros del Banco de Portugal muestran que las operaciones consistieron básicamente en compras de oro argentino para su posterior traslado a la Reserva Federal estadounidense. Tampoco aquí aparece la Argentina como receptora de oro, sino como país del que el oro sale. Ninguna de estas operatorias responde al patrón esperable de un país que está recibiendo oro malhabido.
Otro dato que incomoda a los defensores del mito es el comercio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el intercambio entre Argentina y Alemania se interrumpió por completo. Sin comercio regular, Alemania no tenía razón económica alguna para transferir oro a la Argentina. La hipótesis de una triangulación sistemática a través de países neutrales también se derrumba: la investigación sólo encuentra episodios marginales de contrabando, de escala reducida y sin participación de las máximas autoridades del Estado argentino. No hubo comercio triangular regular y, por lo tanto, no hubo financiamiento sistemático mediante oro.
No es casual que el mito del “oro nazi” haya sido dirigido casi exclusivamente contra el peronismo. La acusación no nació de una investigación histórica, sino de una necesidad política: construir un Perón ilegítimo, inmoral y criminal, incapaz de ser derrotado en el plano social pero vulnerable en el plano simbólico. El gorilismo necesitó presentar al primer gobierno peronista no como un proyecto de justicia social y soberanía económica, sino como una anomalía oscura, vinculada al fascismo europeo y financiada con riquezas malhabidas. En ese marco, el “oro nazi” funcionó como un arma narrativa perfecta: imposible de probar, pero fácil de repetir.
El trabajo de Rapoport y Musacchio deja al descubierto ese mecanismo con claridad demoledora. Cuando se revisan los archivos del Banco Central, el relato se cae. No aparece el oro, no aparece el flujo, no aparece la complicidad. Lo que sí aparece es una operación política clásica del antiperonismo: transformar la sospecha en certeza y la mentira en sentido común histórico.
La investigación no elude los puntos grises. Analiza los depósitos de ciudadanos alemanes incautados por el Estado argentino, los fondos de la embajada alemana tras la ruptura de relaciones y el célebre depósito de 40 lingotes vinculado a la empresa SAFU de Fritz Mandl. En ninguno de esos casos se encuentran pruebas de que se trate de “oro nazi”. En algunos, el origen no puede reconstruirse con precisión, pero el criterio metodológico es claro: la falta de información no equivale a culpabilidad. La historia no se escribe con conjeturas.
¿Por qué, entonces, el mito del oro nazi en la Argentina sigue circulando con tanta fuerza? Porque es funcional. Permite simplificar la historia, demonizar un proyecto político popular, justificar odios de clase y evitar discusiones más profundas sobre soberanía económica, distribución del ingreso y poder real. Es más cómodo repetir una acusación que revisar archivos.
La investigación de Rapoport y Musacchio demuestra que cuando se abandona la mitología y se entra en el terreno de la documentación, el relato se desinfla. No hubo un Banco Central argentino actuando como lavadora del saqueo nazi. No hubo un flujo sistemático de oro nazi hacia la Argentina. Hubo, sí, una mentira persistente, útil y gorila, que durante años intentó reemplazar a la historia. Y que, una vez más, no resiste el archivo.
