Política

 

Axel Kicillof acusó al presidente Javier Milei de liderar un modelo “destructivo” que podría afectar industria, empleo y comercio y advirtió que podría convertir a Argentina en un esquema similar al peruano sin clase media y con menor capacidad productiva.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El conflicto político que preocupa al sector comercio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió públicamente contra el presidente Javier Milei, al calificar su modelo económico como “destructivo” y pronosticar un retroceso estructural en la economía nacional. Estas declaraciones se inscriben en una disputa política más amplia que, a juicio de sectores del comercio y la industria, podría tener implicancias directas en la actividad productiva, el empleo y la capacidad competitiva de las pymes argentinas.

Kicillof sostuvo que la orientación del Gobierno nacional tiende a “volver al modelo agroexportador”, en detrimento de una economía diversificada donde el comercio y la producción industrial juegan un papel central. En ese sentido, advirtió que la clase media está en riesgo bajo el rumbo actual, comparando el escenario con la realidad peruana, donde existe una mayor precariedad social sin una base industrial fuerte.

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Críticas al modelo económico y efectos en la industria nacional

Una de las principales preocupaciones explícitas por Kicillof es lo que denominó un “plan de exterminio de la industria nacional”. Según el mandatario provincial, el actual Gobierno no ha reaccionado ante cierres de empresas emblemáticas como FATE, situación que debería generar respuestas activas para sostener la producción y mantener el empleo dentro de cadenas de valor comerciales consolidadas.

Para el sector comercio, donde muchas pymes comprenden insumos y mercados interconectados con la industria, una política que favorezca un giro primario-exportador —sin protección a los eslabones productivos locales— puede traducirse en:

• Menor demanda de bienes intermedios
• Disminución de las compras locales de insumos
• Reducción de consumo interno por pérdida de capacidad adquisitiva de empleados industriales

Estas tendencias agravarían la ya frágil dinámica comercial de muchas regiones fuera del AMBA, donde la producción y el consumo están estrechamente conectados.

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Implicancias para empleo, comercio minorista y cadenas de valor

El diagnóstico político de Kicillof sugiere que la combinación de políticas económicas desreguladoras con apertura sin mecanismos de apoyo productivo puede profundizar desequilibrios:

• Caída de empleo formal industrial, impactando directamente en el poder de compra de hogares y, por ende, en el comercio minorista.
• Migración de capital y recursos hacia sectores financieros o extractivos, reduciendo inversiones en actividades de alto empleo intensivo.
• Mayor desigualdad estructural, traducida en un consumo orientado a bienes esenciales de bajo valor agregado.

Este escenario, vinculado al cruce político entre dos modelos opuestos —uno que prioriza el rol del Estado y la protección industrial, y otro que apuesta por la apertura sin contrapesos— genera incertidumbre en comerciantes y fabricantes que dependen de estabilidad para planificar inversiones y contratos.

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Perspectiva sectorial: comercio, industria y políticas públicas

Para analistas del sector comercio, el debate político va más allá de una disputa retórica: entra en la esfera de decisiones públicas que afectan la competitividad y la sustentabilidad de negocios. Un enfoque excesivo en la apertura sin políticas activas de integración productiva puede empujar a una economía más dependiente de importaciones de bajo costo, debilitando las cadenas de valor locales que sostienen a miles de comercios y pymes.

Las tensiones políticas recientes, donde Kicillof advierte sobre un rumbo que considera “a contramano del mundo”, reflejan un choque de visiones que tendrá consecuencias prácticas en variables clave como:

• Tipo de cambio real y competitividad exportadora
• Nivel de aranceles y barreras para proteger industria y comercio
• Incentivos fiscales para pymes manufactureras y comercializadoras

Este debate será central en los próximos meses, en especial si se recrudece la disputa por recursos, inversiones y estrategias de desarrollo industrial.

 

 

Análisis crítico pedagógico del plan Secundaria Aprende en la Ciudad de Buenos Aires. Debilitamiento disciplinar, riesgo de superficialidad, sobrecarga docente y reforma sin consenso.

Por Tomás Palazzo para NLI

La implementación de Secundaria Aprende, oficializada hoy mediante la Resolución 223-26 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, introduce una transformación profunda en la organización de la escuela secundaria. El gobierno porteño la presenta como una modernización necesaria. Sin embargo, desde una mirada pedagógica rigurosa, la reforma exhibe debilidades estructurales, epistemológicas y organizativas que abren interrogantes serios sobre el futuro del aprendizaje en el nivel medio.

El punto más controvertido no es la innovación en sí misma, sino la ausencia de construcción colectiva con docentes y comunidades educativas, sumada a cambios curriculares que alteran la identidad disciplinar histórica de la secundaria argentina.

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Debilitamiento de las disciplinas y riesgo de superficialidad conceptual

El eje más sensible del plan es la reorganización curricular en torno a laboratorios, talleres y espacios integrados que reemplazan la estructura clásica de materias como Historia, Geografía, Biología o Física.

Aunque formalmente no se eliminan campos de conocimiento, la pérdida de asignaturas autónomas con carga horaria definida sensiblemente menor produce un efecto pedagógico concreto: disminuye el espesor conceptual sistemático de cada disciplina.

La enseñanza disciplinar no es un capricho tradicional. La Historia, por ejemplo, requiere:

• Trabajo con fuentes
• Construcción de periodización
• Análisis de procesos estructurales
• Comprensión de categorías como Estado, capitalismo o imperialismo

Cuando estos contenidos se diluyen en proyectos transversales, existe el riesgo de que se aborden de manera episódica o fragmentaria. La interdisciplinariedad es valiosa, pero sin una base disciplinar sólida se convierte en transversalidad superficial.

En Ciencias Naturales ocurre algo similar: la Biología no es simplemente “trabajo por proyectos”, sino comprensión acumulativa de sistemas complejos. Si la integración curricular reduce la progresión conceptual, el aprendizaje pierde profundidad.

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Eliminación de la repitencia tradicional sin sistema robusto de acompañamiento

Otro punto crítico es la sustitución del modelo de repitencia anual por un esquema de avance por niveles.

Desde una perspectiva pedagógica progresista, la repitencia masiva no mejora aprendizajes. Sin embargo, su eliminación exige:

• Evaluaciones diagnósticas rigurosas
• Seguimiento personalizado real
• Recursos humanos suficientes
• Formación docente específica

El problema es que el plan no garantiza que el sistema tenga la estructura material necesaria para sostener ese acompañamiento intensivo.

Sin esos recursos, el avance continuo puede transformarse en promoción fragmentada sin consolidación cognitiva.

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Sobrecarga y redefinición del rol docente sin condiciones estructurales claras

La personalización de trayectorias y los planes individuales de aprendizaje suponen:

• Más planificación
• Más evaluación continua
• Más reuniones interdisciplinarias
• Más seguimiento individual

Esto redefine el trabajo docente, pero no se explicitan con claridad:

• Nuevos tiempos institucionales pagos
• Reducción de carga administrativa
• Formación específica masiva
• Recursos adicionales

Una reforma pedagógica ambiciosa sin inversión estructural termina recayendo en la voluntad individual del docente. Y eso no es política educativa: es delegación de responsabilidad.

Y con menos plata…

A este rediseño estructural se le suma un dato imposible de ignorar: la inversión educativa en la Ciudad viene perdiendo peso dentro del presupuesto desde hace casi dos décadas. Mientras en 2007 el área de Educación representaba alrededor del 27–29 % del presupuesto total porteño y en 2010 todavía alcanzaba el 26,6 %, la participación cayó de manera sostenida hasta tocar un piso cercano al 17,8 % en 2021. Recién en los presupuestos 2024–2026 se observa una leve recuperación hasta la zona del 20 %, aunque aún muy por debajo de los niveles de la década anterior. Es decir, la reforma “Secundaria Aprende” no llega en un contexto de expansión presupuestaria robusta sino después de una pérdida de casi nueve puntos porcentuales del esfuerzo relativo en educación, lo que vuelve legítima la pregunta pedagógica de fondo: ¿cómo se sostiene una transformación estructural ambiciosa cuando el sistema viene funcionando con menor prioridad presupuestaria dentro del esquema general de la Ciudad?

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Falta de evidencia empírica local que respalde la transformación

El discurso oficial apela a modelos internacionales de flexibilidad curricular. Sin embargo:

• No existe evaluación pública de pilotos locales sostenidos en el tiempo.
• No se presentan estudios longitudinales que demuestren mejora de aprendizajes en contextos similares al sistema porteño.
• Los resultados nacionales en matemática y lengua muestran déficits estructurales que requieren fortalecimiento disciplinar, no dilución.

La pregunta pedagógica es incómoda pero necesaria:

¿Es prudente flexibilizar la estructura curricular cuando los aprendizajes básicos ya muestran fragilidad?

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Ambigüedad en la definición de contenidos mínimos y estándares

En el modelo tradicional, los programas disciplinares fijaban contenidos claros por año. En el nuevo esquema:

• Se priorizan capacidades
• Se habla de saberes fundamentales
• Se promueve evaluación formativa

Pero la falta de explicitación pública detallada de contenidos mínimos por nivel puede generar:

• Desigualdades entre escuelas
• Interpretaciones heterogéneas
• Brechas internas según capacidad institucional

La autonomía sin estándares claros profundiza desigualdades.

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Riesgo de aumento de inequidad educativa

Paradójicamente, una reforma que dice buscar inclusión puede generar el efecto contrario.

Las escuelas con:

• Mayor estabilidad docente
• Equipos directivos consolidados
• Recursos tecnológicos

Podrán implementar mejor la personalización.

Las escuelas con mayor vulnerabilidad social podrían enfrentar:

• Dificultades de seguimiento
• Fragmentación organizativa
• Mayor desorientación pedagógica

Sin políticas compensatorias explícitas, la flexibilidad tiende a amplificar desigualdades preexistentes.

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Reforma inconsulta y debilitamiento de la legitimidad pedagógica

Uno de los aspectos más cuestionados es el procedimiento.

Una transformación de esta magnitud debería incluir:

• Debate público amplio
• Participación de docentes
• Consulta a institutos de formación
• Espacios reales de construcción curricular colectiva

La pedagogía no se impone por resolución administrativa. La escuela secundaria tiene una tradición histórica que no puede rediseñarse unilateralmente sin generar resistencia y desconfianza.

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El debate de fondo: modernización o desestructuración

La discusión no es entre innovación y conservadurismo.

La pregunta central es otra:

¿La secundaria necesita más flexibilidad o más profundidad disciplinar para enfrentar la crisis de aprendizaje?

Si la reorganización curricular:

• Reduce horas disciplinares explícitas
• Debilita identidad de materias
• Aumenta carga docente
• No garantiza inversión

entonces la reforma puede convertirse en una modernización formal sin fortalecimiento cognitivo real.

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Conclusión: cambio estructural con riesgos pedagógicos concretos

Secundaria Aprende propone una transformación ambiciosa. Pero desde un análisis pedagógico crítico emergen debilidades claras:

• Posible superficialización de contenidos.
• Dilución disciplinar.
• Sobrecarga docente.
• Falta de evidencia local robusta.
• Riesgo de inequidad.
• Ausencia de consenso amplio.

La innovación educativa requiere más que rediseño curricular: exige planificación estructural, financiamiento y legitimidad colectiva.

Sin esos pilares, la reforma puede alterar la arquitectura histórica de la secundaria sin garantizar mejores aprendizajes.

 

 

La AFA convocó un paro de partidos entre el 5 y 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva impulsada por el gobierno de Javier Milei y organismos fiscales; el conflicto entre deporte y políticas públicas avanza con fuerte impacto en clubes y economía del sector.

Por Ignacio Elfrantini para NLI

Paro y protesta estructural del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender los partidos oficiales entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026 como forma de protesta contra la acusación de evasión impositiva impulsada por organismos fiscales vinculados al gobierno de Javier Milei y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión fue votada por unanimidad en el Comité Ejecutivo y se presenta como un gesto de rechazo explícito a la presión judicial y fiscal que enfrenta el fútbol argentino.

El presidente de Vélez Sarsfield sostuvo que “se está declarando una guerra contra el fútbol”, destacando que el paro no responde solo a una causa deportiva sino a una fractura política más amplia entre el mundo del deporte y las políticas estatales.

Conflicto fiscal y acusaciones de evasión impositiva

El trasfondo del paro es un conflicto fiscal de alta gravedad, donde la Dirección General Impositiva (DGI) y la ARCA ampliaron denuncias penales contra la AFA por presuntas irregularidades impositivas que superan ampliamente los $11.700 millones en retenciones de impuestos y aportes previsionales que, según el fisco, no habrían sido ingresados en tiempo y forma.

Esta denuncia se inscribe en una perspectiva de intervención estatal más agresiva, donde el organismo recaudador busca aplicar la Ley 27.430 y calificar la conducta fiscal de la AFA como apropiación indebida de tributos. El monto investigado oscila incluso por encima de los $19.300 millones cuando se suman las ampliaciones presentadas por el propio gobierno, lo que incrementa la magnitud del conflicto fiscal y político.

Impacto en clubes, economía del fútbol y debate público

La medida adoptada por la AFA no solo tiene implicancias deportivas, sino económicas y de comercio para los clubes y el ecosistema del fútbol profesional en Argentina. La suspensión de partidos interrumpe la agenda comercial de la liga, afecta contratos televisivos, impacta en ventas de entradas y merchandising y genera incertidumbre en los sponsors. Esto podría traducirse en pérdidas significativas para entidades que ya operan con márgenes ajustados y dependen de los ingresos por espectáculo y derechos.

Además, el paro expone el conflicto entre las políticas impositivas del Estado y el modelo económico y organizativo del fútbol argentino, tradicionalmente basado en clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. La presión fiscal y el foco en las retenciones no ingresadas han añadido un elemento de inseguridad jurídica que complica la planificación financiera de los clubes.

Tensión política y percepción pública

La disputa entre la AFA y el gobierno de Milei excede lo técnico: se ha politizado fuertemente y se percibe como un choque de modelos. Sectores del deporte consideran que la acusación fiscal obedece a un intento de socavar la autonomía del fútbol argentino y, en algunos casos, de forzar modelos de gestión más privatizados, como las sociedades anónimas deportivas (SAD) promovidas por algunos sectores del gobierno en el pasado reciente.

Este clima de tensión se refleja incluso en la opinión pública y en el mercado, ya que la posibilidad de interrupciones de torneos genera incertidumbre en inversores, clubes y fanáticos, y coloca al fútbol como un actor relevante en el debate político nacional. El asunto fiscal y la protesta deportiva podrían influir también en la agenda de discusiones económicas más amplias en el país, donde la relación entre el Estado y los sectores productivos continúa siendo un tema central.

 

 

En la Argentina retrógrada se agolpan las preguntas sin respuesta: nuestro reino del revés es el imperio de la duda constante.

Por Jorgelina Áster para NLI

A medida que el espíritu autocrático se consolida en Argentina, se multiplican los decretos y en el Congreso se aprueban, con aplauso cerrado  de nuestros tribunos de la plebe, leyes antediluvianas, crecen interrogantes que hasta hace no mucho tiempo atrás hubiésemos descartado de plano por ridículos.

Pero con una década mucho más signada por la infamia que la históricamente llamada infame, con una pandemia -nada aleccionadora por cierto, aunque quién sabe…-  entre medio,  y claros retrocesos civilizatorios, ya no es ridícula ninguna pregunta. En el reino del revés se activan todas las dudas.

Querer saber, por ejemplo, si la ciudadanía en verdad ansiaba extenderle el certificado de defunción a la democracia e instaurar el vale todo, el sálvese quien pueda, hoy tiene pleno sentido. La vida precaria, la inequidad y la iniquidad en díada, el despojo a cielo abierto de recursos y derechos llevan a preguntarse, incluso, si no estaremos en las fauces de una pesadilla que se estira en la noche.

¿La precaria vida material y espiritual que padecemos las personas de a pie proviene del triunfo pírrico de una demostración de desprecio absoluto e irrevocable a las imposturas representativas que antaño sufrimos hasta el hartazgo? ¿Fue intencional entregarle las llaves del reino a la peor caterva, se trató de un escarmiento simbólico pero tan placentero que justificaba la inmolación?

Aunque parezca mentira, hubo un hombre, un escritor galardonado con el Nobel, que imaginó un brote pandémico, primero, y un brote de lucidez, poco después. El broche de oro del segundo brilló en las urnas: un 83% de votos en blanco. ¿Será el nuestro un estado intermedio entre los efectos psicológicos inconscientes de una pandemia cercana, de evocación reprimida, y un inminente brote de lucidez plena?

Aunque José Saramago presentó ambas obras como ficciones, usó en el título de las dos novelas la palabra ensayo: Ensayo sobre la ceguera y Ensayo sobre la lucidez. Las concibió, sí, como textos ficcionales, pero daría la impresión de que le resultaron excesivamente verosímiles, mucho más cercanas a la reflexión ensayística que a los placeres estéticos que caracterizan la buena narrativa.

A medida que lo que aparenta ser una abulia cívica crece en occidente, nunca falta quien nos recuerde la premonitoria imaginación del portugués universal. Suele darse por sentado que la actitud de los votantes de Ensayo sobre la lucidez es digna e implacable, que desespera a los indignos politiqueros por cuestionar su representatividad.

Sin embargo, tras el cachetazo cívico, no hay beneficios duraderos para la innominada localidad rebelde. La lucidez que representaría el voto, contracara del brote de “ceguera blanca” del “otro ensayo”, finalmente, se convertirá en un boomerang para la ciudadanía: el cuestionado poder político toma revancha con autoritarismo justificado en interpretaciones baladíes del voto en blanco.

Si pensáramos, entonces, con muchas dudas pero cierta esperanza, que estuviéramos a medio camino pero en marcha hacia la lucidez, deberíamos conformarnos con la promesa de un futuro acto de dignidad que engalanase la ruina por venir, previsiblemente más dura que la actual. Sería quizá bastante para el espíritu, pero poco para el cuerpo. Sería, al menos, algo, podría decirse.

Pero si, con realismo exacerbado, creyéramos que la necedad convirtió en masoquistas a los electores habilitados, que la frustración orientó su venganza hacia los inocentes y multiplicó el poder de los impostores, que hay un placer morboso en consentir la inequidad programada, ya no nos quedaría siquiera el consuelo de pensar en una lucidez que nos espera a la vuelta de la esquina.

Podría esgrimirse, por otro lado,  que la idea de un archipiélago de individualidades que, de acuerdo con la triunfante cháchara economicista, configura el país, también alimenta la ficción mental del ego blindado, invulnerable mientras vele por sí mismo y se libere de empatías, rémoras sentimentales, solidarias y justicieras.

Todas estas cursilerías desaparecerían cuando al fin volviésemos a la Edad de Piedra: darle el poder a los más retrógrados, entonces, valdría la pena. Los caminos del abstencionismo, en las antípodas del voto en blanco, serían tan efectivos como la transitoria asociación de retrógrados que, mientras haya que tolerar al estado, se encargaría de capturarlo con el mínimo de sufragios.

Después, cada cual seguiría atendiendo su juego. Al fin y al cabo así, desde la infancia, nos instruyó el sabio Antón, insanamente olvidado. En algún momento ya no habría que compartir nada, solamente una idea: las mejores islas serían las islas perdidas. La privacidad de la caverna estaría cerca, y con la IA allí haríamos la pata ancha.

Quizá, entre hipótesis, sospechas y conjeturas, nos alcance la nada. Una nada más cercana al tropo de La historia interminable que a las inasibles especulaciones filosóficas. El culto a los Gmork del presente puede estar repleto de espejismos para el ego y exacerbar morbos, pero no deja de ser destructivo. Michael Ende es claro: Gmork representa el poder que fortalece la nada.

Sin Áuryn ni Falcor, que igual de nada servirían porque nuestro Reino de Fantasía se volatilizó hace más de medio siglo –al tiempo que nuestras porciones en la torta de los ingresos se convertían en migajas-, Gmork es la realidad. Y aunque la nada sea difícil de imaginar, bien podría estar a la vuelta de la esquina en lugar de la lucidez.

Mientras tanto, en el limbo de las dudas, nos quedan tres lecturas –o relecturas- para matizar la espera de unas respuestas que, seguramente, no nos satisfarán.

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La Resolución 172/2026 elimina la protección antidumping al aluminio chino y deja expuestos 2.272 puestos de trabajo de Aluar. Análisis político y comercial del castigo de Milei a la industria nacional y su impacto en el comercio manufacturero.

Por Tomás Palazzo para NLI

La publicación de la Resolución 172/2026 en el Boletín Oficial no es un simple movimiento técnico de comercio exterior. Es una señal política directa. El Gobierno de Milei decidió eliminar la medida antidumping que protegía al aluminio laminado local frente a importaciones chinas, dejando sin efecto el arancel del 28% que regía desde 2020.

La decisión se conoce apenas días después del conflicto con el grupo empresario dueño de Aluar y de la planta de neumáticos FATE. El mensaje es claro: el que confronta, paga (y Milei está convencido de que cerraron FATE en pleno debate de reforma laboral a propósito). Y en este caso, el costo potencial de esta «venganza personal» que lejos está de ser una medida de gobierno meditada, no lo asume un empresario, sino 2.272 trabajadores argentinos.

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Apertura comercial en aluminio: impacto en el comercio manufacturero

La Resolución 172/2026 cierra el examen de la medida antidumping sin prorrogarla. En términos prácticos, significa que el aluminio laminado chino podrá ingresar sin el recargo que equilibraba precios frente a prácticas de dumping.

En el sector comercio e industria esto implica:

• Mayor presión competitiva para la producción nacional
• Riesgo de pérdida de participación de mercado interno
• Desplazamiento de proveedores locales en cadenas de valor

El aluminio laminado no es un producto marginal. Es insumo clave en envases de alimentos, medicamentos, construcción y múltiples rubros industriales. El golpe no es sólo para una empresa: es para todo el entramado manufacturero.

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Aluar y el empleo industrial en riesgo

Aluar emplea, según datos oficiales de la propia compañía, 2.272 trabajadores distribuidos en Puerto Madryn (1.561), Abasto (435) y Ciudad de Buenos Aires (276).

No estamos hablando de un holding financiero: hablamos de una empresa productiva con fuerte arraigo territorial, especialmente en Chubut.

Eliminar la protección comercial en un contexto de apertura importadora y caída del consumo interno implica:

• Compresión de márgenes
• Ajuste en turnos productivos
• Posible reducción de personal si se profundiza el ingreso masivo de aluminio asiático

En economías periféricas, la competencia no es simétrica. China produce con escala, subsidios energéticos y políticas industriales activas. Argentina, en cambio, desarma su defensa comercial.

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¿Decisión técnica o castigo político?

El contexto político no puede omitirse. El conflicto con el grupo empresario que controla Aluar y FATE escaló públicamente en las últimas semanas. La quita de la protección se interpreta en el sector industrial como una respuesta disciplinadora.

El Gobierno sostiene que la medida apunta a bajar costos y fomentar competencia. Sin embargo, no hay un plan de reconversión productiva, ni financiamiento industrial compensatorio, ni esquema de transición para empleo.

La señal que reciben las empresas manufactureras es otra: si el mercado internacional presiona, el Estado no interviene; si hay conflicto político, la protección desaparece.

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Defensa comercial y soberanía productiva

Las medidas antidumping no son privilegios. Son instrumentos reconocidos por la Organización Mundial del Comercio para evitar competencia desleal.

Eliminar una protección de este tipo en medio de un escenario de sobreoferta global de aluminio y guerra comercial entre potencias implica:

• Debilitar la industria nacional.
• Exponer empleo estratégico.
• Profundizar la primarización de la economía.

La pregunta de fondo es política: ¿se gobierna para equilibrar el desarrollo productivo o para disciplinar sectores empresarios? Porque en este caso, el castigo no impacta en balances corporativos solamente, sino en familias trabajadoras concretas.

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Comercio exterior sin red: el costo social

La apertura comercial puede bajar precios en el corto plazo. Pero cuando se traduce en cierre de líneas productivas, la ecuación cambia:

• Menos empleo formal.
• Menos recaudación.
• Mayor dependencia importadora.

Si la protección industrial cae sin estrategia, el resultado no es competencia virtuosa, sino sustitución de producción nacional por importaciones.

Y cuando se reemplaza industria por contenedores, el que pierde no es un empresario: es el trabajador argentino.

 

 

El Gobierno de Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle de la U.S. Navy a operar en aguas del Atlántico Sur para “relevar datos estratégicos”. La decisión abre un debate intenso sobre soberanía, geopolítica y alineamientos externos, con efectos potenciales en sectores vulnerables como jubilados, PAMI y el sistema sanitario nacional.

Por la Redacción de NLI

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Un giro geopolítico con impacto político

El pasado 23 de febrero de 2026, el Gobierno argentino autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle, propiedad de la U.S. Navy, a ingresar y relevar información en aguas bajo jurisdicción nacional en el Atlántico Sur, bajo el argumentado propósito de una campaña científica internacional. Esta autorización, publicada por En Orsai, no sólo tuvo implicancias técnicas, sino que desató un debate político profundo en torno a la soberanía nacional y el alineamiento estratégico con Estados Unidos.

Según el artículo de En Orsai, la decisión fue tramitada a través de la Cancillería y aprobada por el Consejo Federal Pesquero, con condiciones mínimas de supervisión argentina y obligación de compartir datos antes de su publicación.

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Ciencia o geopolítica disfrazada

El Gobierno presentó la autorización como un ejercicio de cooperación científica —con estudios sobre clima y monitoreo oceánico— pero la propia plataforma, diseñada para campañas de larga duración y equipada con tecnología avanzada de hidroacústica, tiene aplicaciones duales, incluso en operaciones antisubmarinas y geoestratégicas.

Este contexto no es ajeno a otros despliegues internacionales en aguas regionales: ejercicios conjuntos como UNITAS y otras maniobras navales en el Atlántico Sur han reforzado la presencia militar extranjera en la región, con participación de fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.

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Alineamiento político y riesgos para la soberanía

La decisión del Gobierno se enmarca en una política exterior definida por una orientación marcadamente pro-estadounidense, con giros significativos respecto a la defensa de la soberanía marítima en áreas tradicionalmente disputadas, como el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.

Críticos de la medida señalan que, más allá de la ciencia, los datos recolectados por instrumentos de alta precisión pueden alimentar capacidades de inteligencia estratégica que exceden los supuestos fines cooperativos, y que el marco legal argentino carece de mecanismos robustos de control de contrainteligencia para proteger información sensible generada en estas campañas.