Colaboración

 

En un contexto de inflación persistente en Argentina, administrar los recursos familiares se convirtió en un desafío cotidiano. En una entrevista con AM Cumbre 1400, la licenciada en Economía Débora Mollón ofreció consejos prácticos para proteger el poder adquisitivo.

La economista indicó que guardar dinero en efectivo no es una opción viable debido a la pérdida de valor. “La plata no hay que guardarla porque todavía seguimos teniendo inflación, se deteriora mes a mes”, afirmó. Mollón subrayó que, aunque la inflación ha disminuido, sigue siendo alta y afecta el poder adquisitivo. Por ello, es crucial buscar alternativas que permitan al menos mantener el valor del dinero frente a la suba de precios.

Plazos fijos: una opción para preservar el capital

Una de las herramientas destacadas por Mollón es el plazo fijo, que actualmente ofrece tasas positivas. “Hoy hay bancos que tienen tasas arriba del 40%, con lo cual ya estamos empatados o ganamos unos puntos por encima de la inflación”, explicó. Esto convierte al plazo fijo en una alternativa atractiva para quienes buscan bajo riesgo. Sin embargo, advirtió que, en caso de una devaluación, el dinero inmovilizado por 30 días podría perder valor frente al dólar, lo que requiere una planificación cuidadosa.

Fondos comunes de inversión: flexibilidad y rendimientos

Para quienes buscan alternativas más flexibles, Mollón recomendó los fondos comunes de inversión de liquidez, disponibles en bancos y billeteras virtuales. “Tienen una tasa parecida al plazo fijo y lo podés rescatar de manera inmediata, no tenés que esperar los 30 días”, destacó. Estos fondos ofrecen rendimientos similares al plazo fijo, pero con la ventaja de la liquidez inmediata, lo que los hace ideales para quienes temen una suba abrupta del dólar.

La importancia de definir objetivos y plazos

La economista enfatizó la importancia de establecer metas claras antes de invertir. “Primero, tenés que tener bien presente cuál es el objetivo de esta inversión”, afirmó. Por ejemplo, si el ahorro está destinado a un gasto en dólares, como un viaje al exterior o la compra de herramientas que siguen el precio del dólar, lo ideal es dolarizar parte del capital. En cambio, para objetivos a largo plazo o para mantener el poder adquisitivo, los plazos fijos o fondos comunes son opciones viables.

Mollón también abordó la inversión en acciones, pero advirtió que son más adecuadas para el largo plazo. “Si necesito la plata en tres meses y no entiendo nada del mercado de capitales, puede ser que gane, pero puede ser que pierda”, señaló. Para quienes deseen diversificar, los fondos comunes de inversión que incluyen acciones o bonos son una buena opción, ya que ofrecen una cartera administrada por profesionales, con comisiones que suelen oscilar entre el 1,5% y el 3%. “El rendimiento que te muestran ya está neto de la comisión”, aclaró.

Finalmente, Mollón instó a los ahorristas a informarse antes de invertir. “En internet podés empezar a investigar, por ejemplo, cómo comprar letras o lecades, que suelen tener tasas atractivas”, recomendó. La economista también advirtió sobre las ofertas de inversión rápidas que circulan en redes, sugiriendo prudencia. Con objetivos claros, plazos definidos y una estrategia adaptada a la moneda del gasto, los argentinos pueden proteger sus recursos en un contexto económico complejo.

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La Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones.

La iniciativa había sido impulsada por distintos sectores de la oposición y se convirtió en uno de los ejes centrales de la sesión especial convocada para revisar los vetos del presidente Javier Milei.

La jornada comenzó poco después del mediodía, cuando la oposición logró reunir el quórum necesario para habilitar el debate. Con el apoyo de 136 diputados —siete más de los requeridos—, bloques como el kirchnerismo, la UCR disidente y Encuentro Federal avanzaron con la discusión de tres iniciativas claves: la movilidad jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

El tratamiento de estos vetos colocó al oficialismo en una posición incómoda, debido al fuerte impacto social y fiscal que implican las leyes en cuestión. Finalmente, el rechazo al veto sobre la discapacidad marcó el primer resultado concreto de la sesión, aunque todavía restan por definirse los otros expedientes.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada previamente en el Congreso con amplio respaldo, al considerar la necesidad de reforzar políticas públicas destinadas a un sector especialmente vulnerable.

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El gobierno nacional avanza con la venta de acciones de las represas del Comahue al convocar a licitación y disponer la tasación del paquete accionario por un banco público, mediante la Resolución 1200/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa del ministerio de Economía inicia formalmente el procedimiento de privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la región del Comahue.

La cartera que encabeza Luis Caputo autorizó el llamado a Concurso Público de alcance Nacional e Internacional para la operación privada de las centrales hidroeléctricas e instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar todas las acciones del proceso y a encargar la tasación de las acciones a una entidad bancaria del sector público.

El plazo para realizar consultas a los pliegos es hasta el 13 de octubre a las 17 horas. Mientras que el límite para la presentación de ofertas por parte de los interesados es el 23 de octubre a las 16 horas. La apertura de ofertas se realizará inmediatamente finalizado el periodo estipulado.

La convocatoria será publicada en el portal del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMarket del Banco Mundial. El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto 416/2025, y tendrá como fecha límite para su finalización el 31 de diciembre de 2025.

De esta manera, la intención gubernamental es adjudicar las nuevas concesiones antes de fin de año, cuando caduca la extensión de la operatoria a las actuales empresas, que tienen los contratos vencidos desde hace dos años.

Los nuevos concesionarios tendrán la posibilidad de disponer libremente de un porcentaje creciente de la energía generada en las centrales, contratando en el mercado a término o en el mercado spot, en línea con los lineamientos de normalización fijados por la Secretaría de Energía.

Desde Economía remarcaron que “el proceso fue consensuado en estrecha colaboración con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro; los pliegos de condiciones y los nuevos contratos de concesión incorporan una serie de modificaciones solicitadas por las provincias que atienden demandas históricas sobre la operación de los últimos 30 años”.

Además, puntualizaron que “esta medida forma parte de la segunda etapa del proceso de privatización de ENARSA, establecido por el Decreto 286/2025, que contempla la venta por etapas de sus activos con el objetivo de promover un esquema energético más eficiente, competitivo y con mayor participación del sector privado”.

Al valorar la decisión, destacaron que “el Gobierno Nacional avanza en la transformación del sector energético, priorizando la inversión privada, la transparencia en los procesos licitatorios y la eficiencia en la gestión de los recursos estratégicos del país”.

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La Policía detuvo este miércoles en Cipolletti a la joven imputada por el choque en el que murió la motociclista Elizabeth Martínez, ocurrido el pasado 1 de agosto sobre la Ruta 7, en Centenario. La captura se concretó a pedido de la fiscal de Neuquén, Guadalupe Inaudi, quien consideró que se incrementaron los riesgos procesales desde la formulación de cargos.

El operativo fue llevado adelante por la División Tránsito Centenario, que logró ubicar a la acusada en un domicilio de la ciudad rionegrina. Ahora será la Justicia de Río Negro la que deberá resolver la extradición para que la mujer comparezca ante los tribunales neuquinos. El plazo máximo para concretar el traslado es de diez días.

El caso está caratulado como homicidio culposo agravado. Según la imputación, la joven cruzó un semáforo en rojo y embistió a Martínez, quien circulaba en motocicleta. La víctima murió en el lugar.

Durante la audiencia realizada en Ciudad Judicial, la fiscal Inaudi remarcó que la conductora manejaba de manera imprudente, sin estar habilitada, y que tras el impacto huyó sin auxiliar a la víctima. Además, sostuvieron que actuó con “culpa temeraria”.

El Ministerio Público Fiscal presentó testimonios de testigos y el informe preliminar de la autopsia, mientras se aguardan pericias toxicológicas y accidentológicas. En esa instancia, el juez Raúl Aufranc dispuso medidas cautelares: la prohibición de conducir y la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría durante seis meses. El plazo de investigación se fijó en cuatro meses.

Un antecedente con su hijo

La imputada ya había protagonizado otro episodio grave el 27 de junio de 2024, también sobre la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario. Viajaba con su hijo de un año cuando perdió el control del auto y chocó contra una rotonda y un poste de alumbrado. El niño sufrió politraumatismos y fracturas. En un primer momento el MPF informó erróneamente que había fallecido, aunque luego aclaró que, pese a las graves lesiones, sobrevivió.

Las pericias posteriores revelaron que la mujer manejaba a 91,4 km/h, bajo los efectos del alcohol —ella misma admitió haber tomado vodka—, sin cinturón de seguridad y con la silla infantil mal instalada. Sin embargo, la Justicia resolvió no avanzar penalmente en su contra y aplicó el criterio de “pena natural”, al considerar que las heridas de su hijo constituían un castigo suficiente.

Rechazo vecinal y tensión social

En los últimos días, la acusada había vuelto a ser identificada en Centenario como acompañante de un vehículo conducido por un hombre alcoholizado. El episodio generó la reacción de vecinos, que la increparon y la agredieron, reprochándole tanto la reciente muerte de Martínez como el accidente en el que resultó herido su hijo.

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María Sol Báez, madre de Giovanni Tanoni -un niño de 5 años con discapacidad- denunció que la obra social de la Policía Federal le suspendió el servicio de transporte por falta de pago, lo que impide que su hijo pueda asistir a la escuela y a las terapias de rehabilitación. La mujer reclama también por la falta de cobertura en medicación, pañales y tratamientos que son indispensables para la evolución del pequeño.

El reclamo se reactivó esta semana en Neuquén, cuando la familia recibió la notificación de la suspensión del traslado escolar y sanitario. Ante la deuda de la obra social con la empresa de transporte, el servicio dejó de prestarse y la madre presentó una nueva nota exigiendo la reactivación.

Mientras tanto, Báez busca visibilizar la situación en los medios locales y en la Justicia, ya que, sin el transporte ni la cobertura completa, Giovanni queda aislado de los espacios educativos y de salud que necesita para sostener su desarrollo.

La madre Giovanni comentó que «nadie emite respuesta, si mi hijo no tiene traslado no podemos llegar a la escuela y como tampoco a las terapias. Y sin rehabilitación y otras terapias tenemos retroceso». Además, presentó una nueva nota para reclamar por la reactivación del transporte, clave para sostener la evolución del niño.

Situación crítica

Tanoni padece Mielomeningocele (MMC), una malformación congénita del sistema nervioso central. Desde los 3 años, su familia recurrió a la Justicia porque la obra social, que debería cubrir su medicación y tratamiento, no lo hace o lo hace de manera parcial.

La situación se agravó tras la suspensión del transporte por falta de pago. Frente a ello, Báez presentó una nueva nota y buscó visibilizar su reclamo para recuperar las prestaciones. Según relató en el escrito, la empresa continuó trasladando a Giovanni incluso cuando la obra social mantenía deudas de varios meses. «Actuaron con compromiso y buena voluntad, pero lamentablemente esta situación se ha vuelto insostenible para ellos«, afirmó.

Sin terapias ni espacios de socialización, la evolución del niño se ve cada vez más comprometida. A esa realidad se suman otras carencias derivadas de la falta de cobertura. «Tenemos la obra social de Policía Federal, que constantemente tiene un incumplimiento con todo lo que tiene que ver con la discapacidad de mi hijo, no cubre los tratamientos, que están autorizados al 100%, pero no se les paga a los prestadores la medicación. Hubo varios meses que no nos entregaron la medicación. Hoy actualmente nos están entregando la medicación», explicó su mamá en diálogo con LMNeuquén.

Costos y sacrificios

Báez agregó que «tenemos las terapias cortadas por falta de pago, no de un mes, sino que llevan ocho meses de deuda». Y reclamó con urgencia la reactivación del traslado: «Estamos pidiendo la cobertura al traslado, que es lo más importante, si no se paga la deuda a los prestadores sin el traslado Gio no tiene acceso a nada, porque él tiene una discapacidad motriz, camina con un andador. Las distancias que él puede caminar no son largas y las paradas de colectivo que nosotros tenemos son lejanas, no están las condiciones para que yo pueda manejarlo solito arriba de un colectivo», lamentó.

El reclamo persiste. Giovanni tiene una lesión sacrolumbar que le genera múltiples complicaciones de salud. Solo puede caminar cortas distancias con ayuda de un andador y requiere medicación para el funcionamiento de sus órganos. Además, cada seis horas su madre debe cambiarle sondas intermitentes y realizar cuidados de higiene.

Las necesidades económicas son enormes: además de los medicamentos, el niño utiliza pañales —»por mes, unos 240″—, guantes descartables y unas 180 sondas especiales. «Solo en sondas, gastamos un millón de pesos», detalló Báez.

Las dificultades con la obra social de la Policía Federal se profundizaron desde fines del año pasado, cuando dejaron de cubrir las terapias diarias y los traslados a la Escuela Primaria 2. «Desde octubre pasado que no le pagan a la prestadora del transporte para mi hijo. También hay deuda con la kinesióloga», explicó.

Desesperada, la madre llama todos los días a Buenos Aires para exigir que se atienda el reclamo. «Estuvimos diciembre y enero sin medicación», comentó. La familia incluso debió afrontar por su cuenta la compra de sondas más económicas que terminaron lesionando al niño. «Sangra cuando orina. Lo estoy lastimando», expresó con la voz quebrada.

También tuvieron que reemplazar los pañales habituales por otros de menor calidad, hasta que la obra social regularice la situación. «Actualmente, el servicio está cortado nuevamente», concluyó.

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó este lunes 19 de agosto la detección de un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en la ciudad bonaerense de Los Toldos.

El diagnóstico se realizó a partir de muestras analizadas en laboratorio, tras la notificación de síntomas compatibles con la enfermedad. Con el resultado positivo, el organismo activó de inmediato el protocolo de contención: informó la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspendió temporalmente las exportaciones de productos aviares a los países con los que Argentina mantiene acuerdos sanitarios como libre de la enfermedad.

Impacto económico limitado

Según datos oficiales, durante 2024 Argentina exportó 185.800 toneladas de productos avícolas por un valor de 222,2 millones de dólares. En lo que va de 2025, entre enero y junio, ya se enviaron al exterior 82.271 toneladas por 101,8 millones de dólares.

No obstante, desde Senasa aclararon que el caso detectado no afecta a una zona de gran producción avícola, lo que reduce el impacto directo sobre la actividad.

Medidas de control

Para frenar la propagación del virus, el organismo estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS). Esta abarca un radio de 3 kilómetros alrededor del predio afectado, donde se aplican medidas de bioseguridad, restricción de movimientos y controles sanitarios, y una zona de vigilancia extendida a 7 kilómetros, con monitoreos y rastrillajes epidemiológicos.

Las acciones incluyen además el despoblamiento del establecimiento y la disposición final de las aves, junto con la desinfección integral de las instalaciones.

“Por la vigilancia epidemiológica realizada, la región en la que se detectó el brote no representa un área de producción avícola significativa”, remarcaron desde Senasa.

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