Colaboración

 

Un neuquino de 44 años recuperó finalmente su documento de identidad tras atravesar casi una década de complicaciones administrativas que lo dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad. El hombre vivió un verdadero calvario luego de que se detectara una “duplicación” de identidad: otra persona figuraba en los registros oficiales con su mismo nombre y número de DNI.

La historia comenzó en 2015, cuando la Dirección Provincial de Registro Civil de Neuquén le informó que existía una persona con sus mismos datos. Desde entonces, sus trámites quedaron en suspenso y, tras varios reclamos, en enero de 2024 debió entregar el documento que lo identificaba. A cambio, recibió un certificado provisorio que venció sin que se emitiera otro, lo que lo dejó indocumentado por completo.

Las consecuencias fueron graves: sin DNI, el hombre perdió la posibilidad de acreditar su identidad ante cualquier organismo público o privado. Lo más crítico fue la dificultad para acceder a la medicación que requiere por una enfermedad crónica. La situación fue descripta en la Justicia como un estado de “muerte civil”, ya que se encontraba impedido de ejercer derechos básicos.

Ante el riesgo de que su tratamiento retroviral se interrumpiera, la Defensora Pública Civil N° 7, Verónica Lazzaro, presentó una medida cautelar que garantizó la provisión de medicamentos en el Hospital Castro Rendón. Paralelamente, se desarrolló un proceso judicial en el que se aportaron pruebas periciales y testimoniales que confirmaron su nacimiento en Tartagal, Salta, el 25 de diciembre de 1980.

La jueza Adriana Luna resolvió ordenar la reinscripción tardía del nacimiento en el Registro Civil de Neuquén y dispuso la emisión de un nuevo documento, asegurando además la continuidad del acceso a la medicación hasta que finalice el trámite.

De esta manera, el hombre pudo recuperar su identidad tras años de incertidumbre y dificultades, luego de convivir con un “doble” que figuraba en los registros oficiales de Buenos Aires.

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Claudia Soledad Silva, la joven acusada de provocar la muerte de Elizabeth Martínez al atropellarla con su vehículo continuará detenida bajo prisión preventiva. Así lo resolvió este miércoles un tribunal revisor en una audiencia desarrollada en Ciudad Judicial, donde por unanimidad se confirmó la medida impuesta la semana pasada por la jueza de garantías Carina Álvarez.

La imputada circulaba aquel día en un Volkswagen Vento gris a una velocidad superior a la permitida y sin estar habilitada para conducir. Según la investigación, luego del hecho habría dañado de manera intencional los frenos del auto y, tras la formulación de cargos, abandonó el domicilio informado inicialmente, siendo detenida en otra localidad.

La defensa había solicitado modificar la modalidad de la medida cautelar y que se le otorgara arresto domiciliario. Sin embargo, el pedido fue rechazado tras los argumentos de la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, y la asistente letrada Agustina Jarry, quienes señalaron que persisten los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El tribunal integrado por la jueza Natalia Pelosso y los jueces Luis Giorgetti y Eduardo Egea coincidió en mantener la preventiva por cuatro meses, destacando que la acusada podría enfrentar una pena de prisión efectiva en caso de ser hallada responsable.

La querella particular, en representación de la familia de la víctima, acompañó el planteo de la fiscalía y reclamó que se garantice el normal avance del proceso.

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El caso de Alison Calfunao, la joven neuquina que debió ser trasplantada de corazón y sufrió la amputación de una pierna tras una cirugía de ligadura de trompas, continúa sumando capítulos en el ámbito judicial. La investigación por presunta mala praxis que se sigue en torno a lo ocurrido en la clínica San Lucas tiene en la mira al anestesista que participó de la intervención.

Según la querella, el profesional señalado ya cuenta con representación legal y se perfila como el acusado principal dentro del expediente. La estrategia judicial de la familia apunta a que la fiscalía avance sobre esta responsabilidad directa, aunque denuncian que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no ha mostrado la firmeza necesaria en el proceso.

El abogado de la joven, Mariano Mansilla, expresó fuertes críticas hacia la actuación de la fiscalía, señalando que durante las audiencias realizadas el fin de semana hubo ausencias importantes, tanto de testigos como del propio fiscal, lo que a su criterio obstaculiza el avance del caso. Además, advirtió que no se autorizaron testimoniales que consideran claves para esclarecer los hechos.

Cómo fueron las audiencias

El viernes declaró el médico cardiólogo que realizó el estudio prequirúrgico en la Clínica San Lucas y una enfermera de piso que recibió a Alison cuando se internó y otra que asistió en la operación.

También se recibió el testimonio de un médico auxiliar en la intervención quirúrgica, mientras que durante el sábado se debió suspender la instancia ante la ausencia de quienes fueron citados como testigos.

Entre quienes están citados en estas audiencias donde se estudiará la posible mala praxis profesional en la intervención quirúrgica se encuentran quienes participaron en el quirófano de la clínica, además de personal de enfermería, administrativos y otros.

Se estima que durante el resto de esta semana continuarán las declaraciones y luego se citará al ginecólogo que dirigió la operación. Finalmente se decidirá citar al anestesista, el principal acusado, que fue quien quedó a solas con la joven neuquina cuando se registró el primer paro cardíaco. Tras ese incidente cardiovascular le siguió otro, mientras el profesional estaba en el proceso de despertar a la joven y finalmente la reanimó.

Tal como establece la ley y para garantizar su derecho a defensa, luego de los testimonios de estas audiencias preliminares, la Fiscalía decidirá la citación del profesional interviniente.

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La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresariales del sector acordaron una serie de aumentos salariales que se extenderán hasta marzo de 2026. El convenio busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la construcción, uno de los gremios más afectados por la inflación y la caída de la actividad en los últimos meses.

El acuerdo, sellado el 11 de julio y aplicado a nivel nacional, establece subas escalonadas que comenzaron en julio y agosto con un 1,1% acumulativo, y que continuarán con nuevas actualizaciones en septiembre y en distintos tramos hasta 2026.

Las mejoras impactan en todas las categorías y regiones del país, con valores diferenciados por zona, y se complementan con ajustes en la asignación vianda, gratificaciones extraordinarias y beneficios no remunerativos que se incorporarán progresivamente a la base salarial.

El nuevo aumento salarial de la construcción llega en un escenario económico adverso, donde los ingresos, a pesar de las mejoras interanuales, siguen quedando rezagados frente a la inflación. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en julio la inflación anual superó el 44%, cifra que continúa por encima de los incrementos acordados y que provoca una merma constante en el poder adquisitivo de los trabajadores.

La pérdida de ingresos reales se arrastra desde la devaluación de diciembre de 2023, que fue superior al 118% y dejó un fuerte impacto en el sector. Según el último relevamiento del IERIC, en La Rioja el salario promedio nominal alcanzó los $823.288, con una suba interanual del 36,9%.

Sin embargo, al compararlo con la inflación del 44,7%, se observa una caída real del 7,8%. A nivel nacional, el salario promedio se ubicó en $1.067.001, aunque persisten las desigualdades entre provincias, lo que representa un desafío para la equidad y el desarrollo regional.

Este panorama golpea directamente a la dinámica laboral y productiva, en un sector que aún no logra una recuperación plena tras las últimas crisis y que tiene en la preservación del poder adquisitivo una condición clave para sostener el empleo y la demanda interna.

Los principales puntos del acuerdo firmado por UOCRA

1. Incremento en la Asignación Vianda Complementaria (Art. 41 bis)

• Se eleva en $100.000 el componente fijo, alcanzando un total de $335.000 a partir de marzo de 2025.
• Las diferencias generadas entre marzo y julio se abonarán en la segunda quincena de agosto de 2025.
• El monto quedará sujeto a revisión en próximas paritarias.

2. Gratificaciones extraordinarias no remunerativas
Se pactaron cuatro tramos de aumentos del 3% cada uno:

• Primer tramo: mayo y junio de 2025 (a pagarse en agosto).
• Segundo tramo: julio, agosto y septiembre de 2025.
• Tercer tramo: octubre, noviembre y diciembre de 2025.
• Cuarto tramo: enero, febrero y marzo de 2026.
  Estas gratificaciones se calcularán sobre la base salarial de abril de 2025 y pasarán a ser remunerativas tras su pago, incorporándose al salario básico.

3. Base de cálculo y exclusiones

• Se aplican sobre conceptos remunerativos y no remunerativos, viandas y ayuda alimentaria.
• Quedan excluidos los bonos de facturación, la ayuda para vivienda y la ayuda para vehículo.

Cuánto cobrarán por hora y por mes en septiembre 2025

Los aumentos acordados impactan en todas las categorías y regiones del país consideradas en el convenio colectivo de la construcción. Los valores vigentes para septiembre de 2025, expresados en jornales básicos por hora y en el caso particular de los trabajadores serenos en salarios mensuales, muestran una distribución diferencial según zonas:

Zona A: que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones y otras provincias.

Oficial especializado: $5.050 por hora

Oficial: $4.325 por hora

Medio oficial: $3.995 por hora

Ayudante: $3.670 por hora

Sereno: $666.325 por mes

Zona B: que comprende Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $5.603 por hora

Oficial: $4.793 por hora

Medio oficial: $4.420 por hora

Ayudante: $4.095 por hora

Sereno: $742.704 por mes

Zona C: para la provincia de Santa Cruz

Oficial especializado: $7.730 por hora

Oficial: $7.240 por hora

Medio oficial: $6.989 por hora

Ayudante: $6.787 por hora

Sereno: $1.110.600 por mes

Zona C Austral: Tierra del Fuego

Oficial especializado: $10.006 por hora

Oficial: $8.570 por hora

Medio oficial: $7.910 por hora

Ayudante: $7.279 por hora

Sereno: $1.328.216 por mes

Esta estructura salarial refleja no solo la evolución acordada en las paritarias, sino también la tradicional diferenciación que existe en el país entre regiones, donde las jurisdicciones del sur presentan remuneraciones más elevadas debido a la mayor complejidad y condiciones particulares de trabajo.

El impacto del aumento salarial en el costo de la construcción

Más allá de los ingresos de los trabajadores, estos incrementos salariales tienen una repercusión directa en el costo general de la construcción, un factor crucial para el desarrollo económico y la inversión en infraestructura y vivienda.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que, en el Gran Buenos Aires, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en julio un aumento mensual del 1,6%. Así, la variación acumulada en lo que va del año asciende al 10,9%, con una suba interanual del 31%, cifras que reflejan la significativa presión inflacionaria sobre el sector.

De este aumento, la mano de obra representa uno de los principales motores: el costo laboral subió un 1,7% solo durante el mes, en línea con los incrementos salariales pactados en las paritarias. Además, factores externos como las nuevas tarifas autorizadas por los entes reguladores ENRE y ENARGAS para servicios esenciales como electricidad, gas y agua también han aportado a la escalada del costo en servicios conexos.

En cuanto a los materiales de construcción, se registró un incremento del 1,5% en julio. Si bien algunos insumos metálicos y de hormigón experimentaron leves bajas, estas no fueron suficientes para contrarrestar el fuerte aumento en artefactos eléctricos y de iluminación, que encarecieron aún más el presupuesto general.

El acuerdo paritario logrado por la UOCRA con las empresas marca una continuidad en las negociaciones salariales del sector para ajustar sueldos en un contexto inflacionario persistente y desafiante. Aunque los aumentos son importantes para atenuar la pérdida del poder adquisitivo, el desafío reside en mantenerlos en sintonía con la evolución de los precios para evitar empeorar la situación social y económica de los trabajadores de la construcción.

Por otro lado, el constante incremento en el costo de la mano de obra y los materiales impone presiones al sector de la construcción, afectando el precio final de las obras y la capacidad de inversión tanto del ámbito privado como público. En un país donde la necesidad de vivienda y obras de infraestructura es prioritaria, el equilibrio entre salarios justos y costos sostenibles será clave para el desarrollo.

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Un oficial de la Policía de Río Negro fue acusado en Roca por intentar besar a una agente subordinada y por presionar a la misma utilizando su rol jerárquico dentro de la fuerza. El caso, denunciado el año pasado, quedó formalmente imputado tras la decisión del juez de Garantías Julio Martínez Vivot.

El hecho ocurrió en septiembre de 2022, cuando el acusado, que entonces ocupaba el cargo de tercer jefe en la comisaría 21, intentó forzar un acercamiento físico con una compañera de trabajo. La mujer logró evitar el contacto, pero posteriormente recibió mensajes del superior en los que reconocía lo sucedido e incluso vinculaba permisos laborales con favores personales.

La fiscalía, calificó la conducta como abuso sexual simple en grado de tentativa, señalando que el contexto laboral y la relación jerárquica agravaron la situación. A su vez, se agregó el delito de coacción, ya que el oficial tenía influencia en la asignación de licencias y en la organización del personal, lo que, según la investigación, utilizó como forma de presión hacia la víctima.

Durante la audiencia, el magistrado dispuso una serie de medidas cautelares: el imputado no podrá acercarse a menos de 50 metros de la denunciante ni contactarla por ninguna vía, incluidas llamadas, mensajes o redes sociales. El proceso judicial tendrá un plazo de cuatro meses de investigación, hasta el 20 de diciembre.

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Un gran despliegue de naves, que incluyen portaaviones y un submarino nuclear, realizó Estados Unidos en las últimas horas en el mar Caribe, rumbo a la costa de Venezuela. En tanto, el ejército y la armada del país latinoamericano fue puesta en alerta ante una posible invasión.

El despliegue norteamericano, ordenado por el presidente Donald Trump, apunta a reforzar la ofensiva contra los cárteles de droga latinoamericanos y ya generó una dura reacción del gobierno de Nicolás Maduro.

El Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima partió el domingo desde el puerto de Norfolk, Virginia, tras esquivar el huracán Erin, y ya navega en el mar Caribe, cerca de Curazao.

El grupo está integrado por el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el de transporte USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale. En total, transportan unos 4500 efectivos, incluyendo a la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con 2200 infantes de marina listos para cualquier operación.

El Departamento de Defensa de EE.UU. publicó fotos del USS Iwo Jima liderando la avanzada, pero hasta ahora no detalló qué tipo de ejercicios o acciones planea realizar en la zona.

El movimiento responde a una orden ejecutiva de Trump que autoriza el uso de recursos militares para combatir a cárteles de droga considerados “terroristas”, como el venezolano Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, al que el propio Trump vinculó con Maduro.

Denuncia de Venezuela en la ONU

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este martes la «escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de Estados Unidos», que incluye el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, y exigió el cese de las maniobras.

En un comunicado, alertaron sobre el despliegue en el Caribe del «USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana».

«Constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales», advirtió, al tiempo que sostuvo que «la presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias».

De esta manera, la Misión argumentó que el ingreso de un submarino nuclear a la región vulnera el Tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, en el que se declara a la región como Zonas Libres de Armas Nucleares.

Asimismo, resaltó que representa un acto de intimidación que contradice la Carta de la ONU, que obliga a los Estados miembros a abstenerse de las amenazas y el uso de la fuerza contra la integridad o la independencia, y reiteró su compromiso «con la consecución de un mundo libre de armas nucleares».

Finalmente, llamó al cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe y el respeto, por parte de los países de la ONU, a los acuerdos y en defensa de la región como Zona de Paz.

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