Caputo proyecta timbear en 2027 más de 113 mil millones del fondo para obras hídricas

Luego de revelarse que el Gobierno colocó en bonos más de 300 mil millones de pesos que debería haberlos utilizado en infraestructura hidráulica, los números del presupuesto 2027 ratifican que Toto Caputo seguirá destinando a instrumentos financieros una buena porción de esos recursos.

Según consta en las planillas presentadas en las últimas horas al Congreso, el Gobierno proyecta girar 113.130 millones del Fondo de Infraestructura Hídrica al «aumento de la inversión financiera».

Se trata de poco más del 22% de los 510.724 millones que prevé recaudar para ese destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos, recursos que, por ley, deberían dirigirse a obras viales e hídricas pero que la administración Milei se guardó para maquillar el superávit.

Diputada de Monzó acusó a Caputo de poner «en la timba financiera» 354 mil millones para obras hídricas

El dato surge en medio de los reclamos de entidades del campo y legisladores para que el gobierno libertario abra la canilla de ese fondo fiduciario para obras troncales para paliar el efecto de fuertes lluvias en un contexto donde se extreman las alertas por el impacto del fenómeno climatológico «Súper Niño» que se aproxima.

Días atrás, la diputada provincial Silvina Vaccarezza expuso, tras un pedido de acceso a la informacion pública, que la gran mayoría del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (303.370 millones) está colocado en Letras del Tesoro Nacional, mientras que 47,2 millones están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional.

 Se trata de poco más del 22% de los 510.724 millones que prevé recaudar para ese destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos, recursos que, por ley, deberían dirigirse a obras viales e hídricas pero que la administración Milei se guardó para maquillar el superávit. 

«El Consejo del Salado viene denunciando hace más de un año el manejo de los recursos del Fondo Hídrico y su utilización financiera con fines ajenos al objeto para lo que están legalmente afectados», dijo a LPO Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado que integran Carbap, Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y la Unión Industrial Argentina.

Y agregó: «Este año, sin perjuicio de valorar la reactivación de las obras del Tramo IV.2, donde actualmente trabaja una decena de dragas, continuamos el reclamo por herramientas de control de los ingresos y egresos de los recursos del Fideicomiso».

 El Consejo del Salado viene denunciando hace más de un año el manejo de los recursos del Fondo Hídrico y su utilización financiera con fines ajenos al objeto para lo que están legalmente afectados 

En ese punto, Larrañaga detalló que en el Consejo del Salado reclaman «la publicación de los ingresos y egresos del Fideicomiso de Infraestructura Hïdrica en un sitio web de libre acceso para garantizar el derecho a la información pública».

En Carbap vienen focalizando en la necesidad de dinamizar con parte de esos recursos la obra troncal en materia hidráulica en la provincia: «Ese fondo se tiene que utilizar para obras hídricas y claramente la obra del Salado necesita recursos para poder ser finalizada», dijo a LPO en titular de Carbap, Pablo Ginestet.

Más allá de eso, Ginestet consideró que ya no hay tiempo para obras de magnitud ante la inminencia del Súper Niño: «Lo que no se hizo ahora ya es tarde. Las obras hidráulicas que se tienen que hacer demandan mucho tiempo. El reclamo ahora es a los intendentes, que todo lo que recauden de tasa vial lo gasten en acomodar los caminos en los puntos críticos», sostuvo.

 Demorar o desviar estos fondos de afectación específica frente a una emergencia anunciada es una omisión imperdonable en materia de prevención 

En tanto, en el marco del Parlamento Federal del Clima realizado en Salta, la senadora bonaerense Emilia Subiza (Hechos) exigió al gobierno libertario la transferencia de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica.

«Demorar o desviar estos fondos de afectación específica frente a una emergencia anunciada es una omisión imperdonable en materia de prevención», dijo Subiza. 

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    La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), administrada actualmente por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), ingresó en la etapa de sumar inversores privados para su puesta en marcha. Así lo informó el gobierno neuquino con la “convocatoria a potenciales inversores y entidades financieras con el objetivo de participar en forma parcial o total para lograr los fondos necesarios para la puesta en marcha, modernización y operación inicial” de la PIAP.

    La búsqueda está dirigida a bancos, fondos de inversión, organismos de crédito e inversores privados, tanto del país como del exterior. La planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y ENSI es la encargada de su operación.

    La PIAP es una de las instalaciones más importantes del mundo para la producción de agua pesada, un insumo esencial para ciertos tipos de reactores nucleares. Su reactivación permitiría que Argentina vuelva a producir y exportar este recurso estratégico, generando empleo, desarrollo tecnológico y divisas.

    En una convocatoria previa, varias empresas internacionales ya habían manifestado interés en comprar agua pesada argentina durante los próximos años. Para responder a esa demanda, sería necesario poner en marcha las dos líneas de producción de la planta, lo que requiere una fuerte inversión inicial.

    El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, explicó que esta convocatoria “no es todavía un compromiso contractual, sino un paso para conocer qué opciones de financiamiento existen y bajo qué condiciones”.

    Los interesados deberán presentar información sobre el tipo de financiamiento que ofrecen, plazos, tasas, formas de participación y experiencia en proyectos industriales o energéticos. Las propuestas y consultas deben enviarse a [email protected]

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  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

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  • Consenso político: Nación y provincias avanzan en un acuerdo para las reformas

     

    El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó un mensaje institucional en nombre del gobierno nacional, luego del encuentro entre el presidente Javier Milei y con los gobernadores de las provincias. Durante su intervención, reafirmó la intención del Ejecutivo de avanzar en acuerdos legislativos que permitan concretar el paquete de reformas estructurales previstas para la segunda mitad del mandato.

    El mensaje se emitió este jueves por la noche a través del canal oficial de YouTube de la Vocería de Prensa. Adorni explicó que las tres prioridades legislativas estarán enfocadas en las reformas: laboral, fiscal y penal, con el objetivo de generar empleo, aliviar la presión sobre el sector privado y fortalecer el sistema judicial.

    Además, destacó que el reciente encuentro entre Milei y los gobernadores, realizado tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, marcó el inicio de una etapa de mayor diálogo y consenso político para garantizar la aprobación de las reformas en el nuevo Congreso.

    Tres ejes de cambio: laboral, fiscal y penal

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    Según detalló el vocero, las prioridades legislativas estarán centradas en tres grandes reformas: laboral, fiscal y penal. “La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un Estado sobredimensionado, y la reforma penal es para que el que la hace, la paga”, sintetizó.

    Adorni también aseguró que el próximo Congreso “será el más reformista de la historia” y que los resultados de las últimas elecciones ratificaron “el camino de cambio y reforma”.

    Reunión con gobernadores y apertura al diálogo

    El encuentro entre Javier Milei y los gobernadores se produjo en un contexto de mayor apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, tras los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la reunión participaron mandatarios de distintas fuerzas políticas, y el gobierno nacional considera clave su acompañamiento para viabilizar las reformas en el Congreso.

    Adorni resaltó que la postura del oficialismo para esta nueva etapa estará marcada por una mayor vocación de consenso y un trabajo coordinado con los legisladores.

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