Caputo le aviso al banco de los bonistas que el viernes paga: el Central compró USD 83 millones

Caputo le aviso al banco de los bonistas que el viernes paga: el Central compró USD 83 millones

 

El Gobierno formalizó el aviso de pago a los bonistas que deberá concretarse el próximo viernes. Cumplió con el trámite administrativo, pero todavía no tiene todos los USD 4.300 millones que deberá depositar.. 

 Este martes el Banco Central volvió a comprar dólares, esta vez por una suma importante: USD 83 millones. Las estimaciones del mercado dan cuenta de un volumen de USD 578 millones operados, por lo que el BCRA compró en forma directa alrededor de un 7% del total, en línea con la nueva política monetaria que impuso el FMI.

 El aviso de pago de Economía fue presentado ante el Bank New York Mellon, representante de los acreedores. Con esa decisión, el Palacio de Hacienda buscó despejar cualquier duda de pago. Pero es una señal al mercado, no una transferencia efectiva. 

La verdadera historia no está en el anuncio sino en la ingeniería financiera contrarreloj para llegar a los USD 4.300 millones. Por eso las miradas de la City se corrieron de inmediato hacia las fuentes de financiamiento. 

El Congreso de EEUU advierte que Argentina se enfrenta a un default o una devaluación

Al cierre de 2025, según los registros oficiales, el Tesoro tenía depositados en el Banco Central USD 1.963 millones. Menos de la mitad de lo necesario para cubrir el vencimiento.  Pero esos depósitos muestran una dinámica inestable. En las últimas semanas del año crecieron con fuerza y luego volvieron a caer. Hubo fuertes variaciones diarias producto de compras y ventas de divisas realizadas por Caputo para frenar el dólar. 

En el Palacio Hacienda esperan ahora otro ingreso clave. Este martes deberían entrar USD 703 millones por la privatización de las represas del Comahue. Ese monto ayudaría a achicar el bache, pero no lo elimina. 

Parte del monto se explica por la colocación del bono en dólares AN29, lanzado el 10 de diciembre. Esa fallida emisión permitió captar apenas USD 910 millones a una tasa superior al 9%. Caputo esperaba juntar un piso de USD 1.500 millones. Además tuvo un costo político y financiero: tensó aún más la relación del Gobierno con los bancos locales. En el sistema financiero local admiten que el AN29 fue leído como una señal incómoda. No solo por el esfuerzo que implicó absorberlo, sino porque profundizó los reclamos cruzados.  

En el Palacio de Hacienda esperan ahora otro ingreso clave. Este martes deberían entrar USD 703 millones por la privatización de las represas del Comahue. Ese monto ayudaría a achicar el bache, pero no lo elimina. Incluso sumando todo, queda un faltante cercano a los USD 2.000 millones. Ahí aparece el tramo más delicado. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Una de las opciones en danza es el swap del Tesoro norteamericano, pero esa vía quedó bajo una lupa incómoda tras un informe del Congreso de Estados Unidos. El documento fue lapidario: cuestiona la discrecionalidad en el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria y sugiere acortar plazos, exigir reportes casi inmediatos y reforzar el control legislativo sobre este tipo de financiamiento. El mensaje de Washington es inequívoco. Menos margen para acuerdos opacos y más exigencias de transparencia. Incluso se plantea la posibilidad de divulgar los términos y condiciones de los acuerdos con gobiernos extranjeros y evaluar los riesgos que esos programas implican para los fondos involucrados. 

Sospechan que el Banco Central pagó el vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas

Con ese telón de fondo, el escenario que gana terreno es un repo con bancos internacionales. Se habla de unos USD 2.000 millones, a tasas muy elevadas y con garantías todavía poco claras. En los despachos circula la versión de un bono bajo legislación local, aunque justamente ese punto genera dudas entre los potenciales prestamistas. 

En Economía repiten que nadie duda del pago. Y el mercado coincide. El default no está en el escenario base. El problema es el costo. 

El peor resultado es seguir drenando reservas, que ya acumulan un rojo superior a los USD 16.000 millones. En ese caso, el pago se haría igual, pero a costa de profundizar el deterioro del Banco Central. Ya ocurrió con el Bopreal, cuando se usaron depósitos de la gente

 Los números lo confirman. Las reservas brutas cerraron este lunes en USD USD 44.187  millones, pero las reservas netas siguen en negativo, cerca de los USD 16.000 millones. La diferencia no es contable: es estructural. De ese total, USD 14.000 millones pertenecen al FMI y están bloqueados para uso doméstico; otros USD 18.000 millones corresponden al swap con China, del cual una tercera parte ya fue utilizada. El resto, lo que queda disponible, son los encajes, es decir depósitos en dólares de la gente, que el Central inmoviliza. 

 

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    Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.

    La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.

    Los jueces santafesinos se sublevan contra la ley jubilatoria de Pullaro con una protesta inédita 

    En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.

    Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. 

    Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.

    El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.

    El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.

    Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido. 

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    «Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.

    En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.

    Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.

    Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.

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